La compraventa de viviendas cayó en marzo un 4,7%, cerrando un primer trimestre con descensos, mientras que el precio de la vivienda acentuó su subida al 7%, que en el caso de Canarias es de un 10%, y la concesión de préstamos para la compra de una casa aumentó ligeramente un 0,3%, un 11,9% en las islas, según el Consejo General del Notariado.

Con esta nueva caída, la compraventa de viviendas acumula seis meses consecutivos de retrocesos, que comenzaron en octubre de 2025 (-1,9%) y a los que siguieron los de noviembre (-2,4%), diciembre (-1%), enero (-11,4%), febrero (-7,7%) y marzo (-4,7%).

Al igual que los notarios, el Instituto Nacional de Estadística (INE) apunta que la compraventa de viviendas intensificó su caída en marzo al 2,2% interanual y contabilizó 61.295 operaciones, dejando un descenso acumulado en el año del 2,6%.

Todo ello, en un mercado que arrastra un déficit de vivienda en el mercado para atender a una demanda creciente, lo que está encareciendo los precios y dificultando el acceso, especialmente entre los jóvenes y aquellos con menos recursos.

El precio acentúa su subida al 7%

En marzo, el precio de la vivienda subió un 7% interanual, hasta los 2.009 euros/m². El mayor incremento lo registraron los pisos, con un ascenso del 9,7% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta los 2.332 euros/m². En el caso de las viviendas unifamiliares, el precio promedió los 1.454 euros/m², el 2,2% más.

El precio de la vivienda subió en todas las comunidades autónomas, salvo en La Rioja (-9,5%) y Navarra (-6,8%).

Los incrementos más acentuados, de dos dígitos, se dieron en Asturias (22,2%), Comunidad Valenciana (17,9%), Cantabria (14,5%), Comunidad de Madrid (12%), Murcia (11,2%) y las Islas Canarias (10%).

También crecieron en Cataluña (7,1%), País Vasco (6,7%), Galicia (6,4%), Castilla-La Mancha (5,6%), Islas Baleares (4,2%), Aragón (3,5%), Andalucía (3,1%), Castilla y León (2,1%) y Extremadura (1,9%).

65.725 transacciones de vivienda

En marzo, se contabilizaron 65.725 compraventas de vivienda, el 4,7% menos que un año antes.

Por tipo de vivienda, las compraventas de los pisos disminuyeron un 5,8% interanuales ,hasta las 49.751 unidades; mientras que las unifamiliares descendieron un 1,1%, con 15.974 operaciones.

La compraventa de vivienda experimentó descensos en trece comunidades autónomas, siendo los descensos más acusados los de Navarra (-33,4%), Islas Baleares (-17,8%), Cantabria (-13,7%), Andalucía (-8,5%), Comunidad Valenciana (-7,4%), Galicia (-7,2%), Murcia (-6,2%), Asturias (-5,6%) y La Rioja (-5,4%).

Los únicos aumentos se registraron en Castilla-La Mancha (8,2%), Extremadura (4,8%), Aragón (4%) y Comunidad de Madrid (0,1%).

Por su parte, la superficie media de la vivienda en España también experimentó en marzo un ligero descenso interanual, del 0,4%.

La cuantía de los préstamos sube un 10,3% con 182.170 euros

Según los notarios, en marzo los préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda crecieron un 0,3% interanual hasta las 35.388 operaciones.

La cuantía promedio de estos préstamos ascendió un 10,3% interanual, alcanzando los 182.170 euros en promedio.

El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 53,8%. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,1% del precio.

Las hipotecas de vivienda descendieron en once autonomías restantes y Navarra (-28,8%), Cantabria (-12,4%) y La Rioja (-12,3%) presentaron los mayores retrocesos.

Por el contrario, crecieron en seis comunidades: Islas Canarias (11,9%); Extremadura (10,8%); Cataluña (7%); Comunidad de Madrid (6,1%); País Vasco (4,1%) y Murcia (2%). 

Rosario Jiménez Rubio (Granada, 1977), decana del Colegio de Registradores de España desde diciembre, recibe a elDiario.es en la moderna sede de la entidad en Madrid, la misma a la que acude a diario desde hace semanas el expresidente del Gobierno Mariano Rajoy, que en marzo logró el traslado desde el Registro Mercantil 5 de la capital a su nuevo destino, Bienes Muebles Central I.

En esta entrevista, realizada el martes, Jiménez defiende el anteproyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública que aprobó el Consejo de Ministros en febrero. La norma está en un momento muy inicial y hay dudas de que llegue a aprobarse, dada la debilidad parlamentaria del Gobierno. Pero ha provocado un nuevo choque con otro colectivo de altos funcionarios, los notarios, que autorizan documentos como escrituras (de hipotecas, sociedades...) y asesoran a las partes (mientras, los registradores califican esos documentos y deciden si se inscriben o no). La norma también suscita el rechazo del Colegio de la Abogacía de Madrid.

El anteproyecto propone un cambio de gran calado: obliga a inscribir las participaciones de una sociedad limitada (las más pequeñas) en el Registro Mercantil, y exige presentar en formato electrónico el registro de socios actualizado. Con ello, todo el tráfico societario deberá pasar por los registros mercantiles. Jiménez defiende la propuesta y cree que España no puede quedar “como caso excepcional” desoyendo las recomendaciones del GAFI (Grupo de Acción Financiera Internacional), dedicado a desarrollar políticas antiblanqueo.

Los notarios dicen que el anteproyecto de ley debilita el sistema antiblanqueo. ¿Lo comparte?

En absoluto. El anteproyecto pone el acento en lo que verdaderamente interesa: que las participaciones de las sociedades de responsabilidad limitadas puedan ser conocidas por todo el mundo y tener efectos frente a terceros y frente a las administraciones, permitiendo que se inscriban en un registro público, el Registro Mercantil. No solo van a ser conocidas por todos. La Agencia Tributaria, la Seguridad Social y los acreedores van a poder utilizar esa publicidad para conocer y poder embargar las participaciones de aquellos socios con algún tipo de deuda con la Administración pública.

Los notarios dicen que la reforma abre la puerta a que la transmisión de participaciones se haga con documentos privados, sin firma digital y sin intervención notarial, que nadie verifica.

El anteproyecto incluye como forma de documentación el documento electrónico, siempre que reúna los requisitos estandarizados y verificados por el Reglamento Europeo eIDAS. Tiene la autenticidad, verificabilidad y trazabilidad propia de un documento electrónico con firma electrónica avanzada y cualificada, como cualquiera que el ciudadano utiliza para hacer la declaración de la Renta frente a Hacienda o pedir cita ante un centro de salud. 

Muy pocas sociedades de responsabilidad limitada comunican su accionariado en el Registro mercantil. ¿Por qué?

Actualmente, el sistema de transmisión de participaciones sociales en la responsabilidad limitada se anota en el llamado libro registro de socios, que es interno, de uso de cada sociedad. Solo lo legaliza un 8% de las sociedades, que lo traen al Registro Mercantil. La publicidad depende siempre del administrador, de la propia sociedad. La transmisión de participaciones se lleva a cabo a través de escritura pública o documento privado, indistintamente del sistema que actualmente está en vigor.

Consideran que las bases de datos de participaciones de los notarios no son fiables.

Las bases de datos notariales relativas a las transmisiones de participaciones se basan en las actas de manifestaciones que sus titulares efectúan cuando van a la notaría. Esa base de datos se puede utilizar y es útil a la hora de conocer los titulares de participaciones que lo son por documento público notarial. Pero es incompleta porque no recoge el resto: las participaciones sociales que se adquieren en notario extranjero, las que se adquieren por documento privado, que son perfectamente válidas, porque así lo ha dicho el Tribunal Supremo en reiteradas ocasiones; las que se adquieren en subasta pública o las que se adquieren a través de un convenio de divorcio.

Menciona las que se adquieren mediante documento privado. Es el caso famoso de Santos Cerdán y Servinabar.

Efectivamente. Actualmente, el sistema permite que, tanto se otorgue un documento público como se transmitan en documento privado, la transmisión de participaciones pueda ser ocultada. La única llave que permitiría la transparencia de todas esas transmisiones sería la inscripción constitutiva en el Registro Mercantil. De esta manera aflorarían esas transmisiones, se conocería quiénes son los verdaderos titulares de esas participaciones, por parte de los ciudadanos, las administraciones, pero también los socios, que evitarían la cantidad de pleitos que actualmente existen en cuanto, por ejemplo, a la legalidad de la celebración de las juntas de accionistas en este tipo de sociedades, que siempre crean muchísimo conflicto.

Detrás de todas estas quejas de los notarios, ¿puede haber un interés económico de este colectivo? Su base de datos la gestiona una empresa, Ancert, que factura cifras muy relevantes.

La base de datos notariales es privada. Se alimenta de los datos que efectivamente se contienen en los documentos públicos, fundamentalmente de las escrituras que ellos autorizan. Datos que también son privados. Y además no puede ser conocida por los ciudadanos, porque el único registro es el Registro Público de la Propiedad Mercantil y de Bienes Muebles de España.

¿Y cree que puede haber un interés económico detrás de esta polémica?

Puede haber intereses corporativos, claro, en las quejas en este sentido. Las corporaciones tenemos que orientarnos siempre hacia la colaboración interadministrativa, hacia la crítica constructiva y hacia la mejora del servicio público y del interés público y del interés general.

Este choque con los notarios es otro de una larga lista de fricciones entre estos dos colectivos de altos funcionarios.

Nosotros preferimos no visibilizar un conflicto. Entendemos que lo que hay es una diferencia en la interpretación de las normas. Y en este caso, claramente el anteproyecto no solamente pone el acento en la clave de la transparencia, porque la única llave de la transparencia es la inscripción en el Registro Mercantil, en el registro que puede ser conocido por todos los ciudadanos. Además, se obedece a unas recomendaciones internacionales del organismo internacional GAFI, que ha realizado recientemente, en diciembre, y que pone a España como un caso anómalo frente al resto de los Estados miembros de la Unión Europea. Y no podemos quedar a la cola ni como caso excepcional en un ámbito tan importante como la transparencia o la prevención de delitos de blanqueo de capitales.

La CNMC valora el anteproyecto por su efecto en la lucha contra la corrupción, pero pide reforzar la interconexión entre registros públicos, incluidas las prohibiciones de contratar por infracciones de la competencia.

Nosotros tenemos una comunicación con todas las instituciones. Nuestro registro es público y está conectado con todas las Administraciones. Las consultas que, por ejemplo, recibimos del registro de titularidades reales de las administraciones superaron el año pasado los 60 millones. En cuanto a la CNMC, compartimos la valoración positiva que realiza del anteproyecto.

Los registradores también tienen un relevante negocio con el acceso a la información del Registro Mercantil, como las cuentas de las empresas. Choca que en otros países como Luxemburgo o Reino Unido esta información sea de libre acceso. ¿Por qué aquí no?

Nosotros tenemos Open Data, un servicio absolutamente gratuito y de libre acceso para todo el mundo. Y existe otro tipo de información sometida a una verificación del propio registrador para evitar que esos datos puedan ser conocidos por cualquiera. Pueden ser conocidos teniendo en consideración el concepto de interés legítimo, de acuerdo a los parámetros del Reglamento Europeo de Protección de Datos. El acceso es público pero no puede ser indiscriminado. Hay intereses en juego: la privacidad de algunos datos. En el ámbito mercantil, con una relajación respecto del Registro de la Propiedad, donde el celo es mayor porque hay gran cantidad de datos sensibles, de datos personales. Pero aun así hay que valorar el interés justificado de la persona que accede.

Luxemburgo, miembro de la UE, tiene una web que permite acceder a todas las cuentas de una sociedad domiciliada allí. Eso no lo tenemos en España.

Aquí cumplimos la ley. Tenemos no solamente el reglamento de protección de datos, sino abundante jurisprudencia en ese sentido. Hay datos que se pueden ofrecer y hay que extremar las cautelas para no invadir los derechos de terceros. De hecho, una de las quejas más significativas al anteproyecto es que abriría la veda de lo que llaman la privacidad. Pero no hay que confundir privacidad con transparencia. Son diferentes. El derecho a la privacidad, que hay que controlar y verificar, se maneja por la Ley de Protección de Datos, por el reglamento, la jurisprudencia del TJUE, por eso está el profesional que tiene que hacerlo. Y la transparencia es absolutamente necesaria para que aflore el dinero negro, con lo que supone dentro del PIB de la Unión Europea y de España, y que va in crescendo.

El año pasado entró en vigor el registro único de alquiler turístico. ¿Qué tal está funcionando?

La UE mostró su preocupación hace tiempo por la proliferación de alojamientos turísticos, a veces sin excesivo control. Para permitirles la posibilidad de publicarse en las plataformas online, se dictó un reglamento que en España adoptó el Ministerio de Vivienda de forma pionera y que atribuía a los registradores de la propiedad esta obligación de conceder un número de registro a cada alojamiento. Tras trabajar intensamente durante el verano pasado, otorgamos prácticamente 400.000 números de alojamiento turístico. Posteriormente, la normativa establece la obligación de cada uno de los anfitriones de informar a través de unos modelos estandarizados de la actividad realizada en los últimos meses. Estos modelos se han depositado en los registros de la propiedad. En el mes de febrero se han incorporado 320.000 aproximadamente. Los números de alojamiento cuyo depósito no se ha efectuado, quedan fuera, no podrán seguir publicitándose dentro de las plataformas online.

¿El efecto es inmediato para esos 80.000 que se quedan fuera? 

Se ha comunicado a estos números de alojamiento y ya no pueden volver a publicarse en plataformas online. Sí en cualquier otro medio de difusión. Publicitarse, anunciar su servicio y por supuesto, seguir activos. Incluso pueden reactivar su número de alojamiento turístico. 

¿Cuáles son las razones para no cumplir los requisitos?

Los registradores han tenido que calificar la veracidad de las manifestaciones de los usos turísticos y no turísticos que se han ido declarando; que los arrendamientos o los alojamientos obedecían a fincas realmente existentes; que se publicitaban por aquella persona que tenía derecho a hacerlo como propietario o representante; que no existían prohibiciones dentro de la comunidad de propietarios; que no se trataba de viviendas de protección oficial; y que se cumplía la normativa exigida por cada comunidad autónoma. Por ejemplo, las preceptivas licencias de actividad.

Ustedes conocen de primera mano el funcionamiento del mercado inmobiliario. La vivienda es el gran problema de los españoles. ¿Qué recetas se les ocurren para tratar de reconducir esta situación?

Es un problema muy complejo, no solo en España, también afecta al resto de la UE. Existe un proyecto, European Affordable Housing [de la Comisión Europea], que trata de abordarlo de manera global y sería, creo, la mejor opción. No solamente en España, a través de un Pacto de Estado donde todos los grupos políticos cedieran en beneficio del interés común, aportando medidas que verdaderamente tuvieran efectividad, sino también a nivel europeo. Desde este punto, el Colegio de Registradores está colaborando intensamente con el Ministerio de Vivienda para ofrecer los datos que les permitan un adecuado planeamiento del problema, una buena gestión en materia de vivienda y la posibilidad de abordarlo desde una perspectiva rigurosa, técnica y jurídica. 

Hay cierta tradición de registradores que se han pasado la política. Rajoy, evidentemente, también Beatriz Corredor y otros ministros. ¿No le ha tentado la política?

A mí me interesa mucho el servicio público. Tengo una vocación como funcionaria y dedicada al servicio público. Me interesa mucho el interés general. Puede ser que por eso, en esta línea sí que he tenido actividad corporativa, siempre dentro de la corporación. Nunca en ningún partido político ni militando. Pero siempre he procurado aportar mi granito de arena en beneficio de la comunidad. Ahí sí me encuentro muy identificada con todos estos compañeros.

La compraventa de vivienda libre por parte de extranjeros cayó un 4,4 % interanual en la segunda mitad de 2025, pero no es una tendencia que se haya producido en Castilla-La Mancha, donde este tipo de compras aumentó un 21,5%, frene a la tendencia descendente en el conjunto de España.

De hecho, la compraventa de este tipo de vivienda aumentó en nueve comunidades autónomas y retrocedió en ocho de ellas. Cayó la cifra de las compraventas de extranjeros en la Comunidad de Madrid (-20,3 %); Islas Canarias (-10,8 %) e Islas Baleares (-10,2 %). Por su parte, los crecimientos más intensos se dieron en Castilla-La Mancha (21,5 %); Extremadura (13,8 %); Aragón (11 %) y Castilla y León (10,4 %).

En el segundo semestre del pasado año los extranjeros compraron 66.629 viviendas libres en España, el 18,4 % del total, frente al 19,5 % que se registró en el mismo periodo de 2024 y al 20,9 % de 2023, según el Consejo General del Notariado.

Los extranjeros residentes copan casi el 63% de las operaciones

Los extranjeros residentes concentraron el 62,8 % de las operaciones, el 3,3 % más. Sin embargo, las de los no residentes cayeron un 15,1 % y concentraron el 37,2 % restante en un contexto marcado por el fin de los visado de oro (golden visa) y el anuncio del Gobierno de penalizar fiscalmente las adquisiciones de los extracomunitarios no residentes.

Según los notarios, el volumen de compraventas de extranjeros cayó en el segundo semestre respecto al previo, tanto entre residentes como no residentes. En estos últimos, el ajuste se produce tras el fuerte crecimiento post pandemia, con un máximo en 2022.

Entre los extranjeros residentes, pese al leve retroceso frente a la primera mitad de 2025, alcanzaron el segundo mayor volumen histórico.

Además, en el segundo semestre de 2025, las compraventas realizadas por extranjeros no residentes se concentraron en Comunidad Valenciana, con 9.926 operaciones (40 % del total); Andalucía con 6.263 compraventas (25,3 %); Cataluña (2.151; 8,7 %); Murcia (1.933; 7,8 %) o Canarias (1.843; 7,4 %).

Pagan un 5 % más y los extranjeros no residentes 3.242 euros/m2

Las viviendas adquiridas por extranjeros tuvieron un precio medio de 2.479 euros/m², un 5 % más. Los no residentes desembolsaron los importes más elevados, 3.242 euros/m², frente a los 1.963 euros/m² de los extranjeros residentes y los 1.839 euros/m² de los españoles.

El precio medio pagado por los extranjeros no residentes aumentó un 5,8 %, el de extranjeros residentes lo hizo un 9,4 % y el de los españoles un 7,4 %.

Por comunidades, los precios crecieron en 16, especialmente en Cantabria (17,2 %); Murcia (14,1 %); La Rioja (13,4 %); Navarra (12,6 %); Comunidad de Madrid (11,6 %); Asturias (10,5 %) y Extremadura (10,3 %). Solo se redujeron en Galicia (-4,9 %).

Reino Unido y Marruecos lideran la demanda extranjera en España

El mayor número de operaciones correspondió a Reino Unido, 5.178, el 7,8 % del total, seguido de Marruecos con 5.154 (7,7 %); Italia (4.397; 6,6 %); Alemania (4.351; 6,5 %) y Rumanía (4.339; 6,5 %). El resto de compradores extracomunitarios realizó 8.213 operaciones, el 12,3 % del total.

Entre los extranjeros residentes, los marroquíes encabezaron las compraventas (12,1 % del total), seguidos de italianos y rumanos, mientras que entre los no residentes fueron los más destacados los de Países Bajos (12,6 %), Alemania (11,9 %) y Reino Unido (11,5 %).

Recibir una herencia suele verse como un beneficio, pero además de los bienes también incluye los derechos y obligaciones que una persona deja tras su muerte, y si no se gestiona con cuidado, puede llegar a comprometer seriamente el patrimonio personal. El abogado Xavi Abat, con más de 25 años de experiencia ejerciendo y que divulga en redes sobre temas legales, advierte de que la falta de información y la urgencia emocional son las principales causas de problemas legales y familiares en estas situaciones. Repasamos con él los errores más comunes y las claves para evitarlos. 

La aceptación tácita

“El error más habitual ,y de los más perjudiciales, que cometen los herederos justo después del fallecimiento es aceptar la herencia de forma tácita y sin conocer su contenido real, especialmente sin comprobar previamente si existen deudas”, asegura Abat.

Muchos herederos, por desconocimiento, realizan actos cotidianos como retirar dinero de las cuentas del fallecido, pagar recibos con esos fondos o usar su vehículo, cuando estos actos, explica el abogado, pueden considerarse una aceptación tácita. “Tenemos la falsa creencia de que si luego aparecen deudas, siempre se puede renunciar, pero no es del todo cierto porque una vez aceptada la herencia, la renuncia ya no es posible”, aclara.

Heredar deudas

En nuestro sistema jurídico, no solo se heredan los bienes, sino también las deudas, préstamos y avales. Si las deudas superan a los bienes y se acepta la herencia de manera pura y simple, el heredero deberá responder con su propio dinero, lo que puede provocar embargos de cuentas o nómina.

Para evitarlo, Abat es tajante: “Aceptar una herencia sin conocer las deudas es como firmar un cheque en blanco”. La solución, según el abogado, pasa por “actuar con cabeza, asesorarse jurídicamente y aceptar la herencia a beneficio de inventario, lo que permite pagar las deudas solo con los bienes heredados, protegiendo así el patrimonio personal del heredero”. Otra opción a la que apunta el experto “si claramente conocemos la situación y no tiene muy buena pinta” es optar directamente por renunciar a la herencia.

Las prisas y el caos fiscal

Otro error frecuente que apunta Abat es creer que, por ser un familiar directo, no hay que pagar impuestos o presentar documentación. “En casi todas las comunidades autónomas es obligatorio presentar el Impuesto de Sucesiones, aunque la cuota final sea cero; no hacerlo genera recargos, intereses y sanciones”, indica.

Además, el experto recuerda que “en materia sucesoria, la prisa es nuestro mayor enemigo”. No es necesario correr, pero sí actuar con orden: “El peor error no es tardar en hacer la herencia, sino hacer algo sin saber lo que se está haciendo”.

Los conflictos 

Por su experiencia en el sector, Abat afirma que la vivienda es, “con diferencia, la principal fuente de conflictos y problemas jurídicos en una herencia”. 

“Debemos ser conscientes de que una vivienda conlleva gastos constantes y silenciosos como el IBI, la comunidad, los seguros, reparaciones e incluso plusvalía municipal”, apunta el abogado, que reconoce que es muy habitual que los herederos no se pongan de acuerdo y surjan tensiones. Él apuesta por solucionar los conflictos de manera práctica y racional: “En herencias, lo emocional mal gestionado acaba en juzgados”. 

Las reglas de oro 

No hagas nada sin asesorarte. El experto insiste en no dar ningún paso, ni utilizar el dinero ni los bienes hasta conocer el estado real de las cuentas: “Debemos entender que una herencia bien llevada no es la más barata al principio, pero sí la menos costosa a medio y largo plazo, tanto económica como emocionalmente”.

Pide información completa. Antes de aceptar o firmar ningún documento, Abat recomienda tener los datos sobre el patrimonio y las deudas en bancos, Hacienda y Seguridad Social: “Es importante solicitar certificados, analizar patrimonio y deudas y estudiar la fiscalidad autonómica, que también puede dar complicaciones cuando ha habido cambios de residencias a lo largo de la vida del causante”.

Dejar por escrito. Si hay varios herederos, el abogado aconseja “pactar por escrito el uso de los bienes, el reparto de los gastos y acordar la intención de vender o adjudicar”.

Hacer testamento. Abat deja claro que la mejor forma de evitar problemas futuros es dejar un testamento bien definido y asesorado, especialmente si la herencia es compleja: “Con ello se evitan luego mil problemas”.

La Fiscalía espera que puedan recuperar sus propiedades la mayoría de víctimas de la macroestafa inmobiliaria de Barcelona, una de las mayores de España, consumada por una trama se quedó con más de un centenar de viviendas.

Lo solicitará el lunes en el juicio (que continúa para la parte civil), donde el fiscal Óscar Serrano ha avanzado también pedirá que los acusados indemnicen con el valor actual de mercado en los casos en que las víctimas no puedan recuperar el inmueble porque un tercero lo ha adquirido de buena fe. La Fiscalía se adhiere a las peticiones de las defensas y de las acusaciones particulares para que sean las aseguradoras quienes respondan de estas indemnizaciones.

En un pacto con la Fiscalía y las acusaciones, los miembros de la red se conformaron el lunes con una rebaja sustancial de las penas (inicialmente afrontaban más de 20 años de cárcel). Todavía queda pendiente fijar las indemnizaciones a las víctimas, muchas de las cuales acabaron desahuciadas a raíz del fraude.

El pacto permitió a los acusados rebajar sus penas, y a las víctimas acelerar la devolución de sus casas o el cobro de indemnizaciones, toda vez que, de haberse celebrado todo el juicio, la vista se hubiera alargado varios meses, y luego la sentencia se podría recurrir.

El caso se destapó en 2015, aunque en los últimos años familiares de víctimas, asociaciones, abogados y Fiscalía han advertido sobre los abusos económicos a las personas mayores, y del papel de profesionales como abogados y notarios en ellos. Hay un consenso en que faltan recursos para los servicios sociales, los procedimientos judiciales son demasiado largos y no existe suficiente sensibilización en las administraciones y algunos estamentos judiciales.

Las víctimas no podrán recuperar sus inmuebles ni cobrar las indemnizaciones hasta que haya una sentencia firme, momento en que el tribunal la enviará al Registro de la Propiedad para que anule las escrituras públicas fraudulentas.

La sentencia de conformidad alcanzada este lunes en lo relativo a la parte penal permitirá acelerar el proceso, aunque las indemnizaciones serán más rápidas que la recuperación de los inmuebles porque habrá que dar mandato al Registro de la Propiedad.

Los dos principales investigados del caso (en total había 14 procesados) son un abogado y un notario que aceptaron penas de hasta 4 años y 7 meses de prisión. El abogado Francisco Comitre aceptó una condena de 4 años y 7 meses de prisión, la pena más elevada, por delito de estafa agravada en concurso medial con falsedad documental, blanqueo de capitales y pertenencia a grupo criminal.

El notario Enrique Peña aceptó 3 años y 2 meses de prisión (1 año y 9 meses por estafa agravada y 1 año y 5 meses por blanqueo, lo que previsiblemente haga que evite el ingreso en la cárcel), así como la inhabilitación definitiva para ejercer su profesión.

En su caso no formaba parte del grupo criminal, puesto que lo que se le atribuye con responsabilidad criminal no es un lucro, sino “un incumplimiento ciertamente intenso” de sus deberes notariales, que propiciaron que el grupo criminal pudiese cometer las estafas, según la Fiscalía.

El Ministerio Público considera que el incumplimiento de Peña fue tan intenso que trascendió la imprudencia porque sabía que estaba ignorando su obligación de revisar las operaciones que autorizaba para evitar la comisión de delitos y que, además, lo hizo de forma masiva.

Los castellanomanchegos menores de 36 años serán los grandes beneficiados de las medidas que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha aprobado este martes para facilitar el acceso a la vivienda. ¿Qué precios se encontrarán aquellos jóvenes que acudan al mercado inmobiliario atraídos por estos incentivos?

Según los registros del Portal Estadístico del Notariado, que está impulsado por el Consejo General del Notariado, el precio medio de las compraventas de vivienda en Castilla-La Mancha firmadas en los últimos 12 meses ante notario fue de 110.919 euros. Se trata de un total de 36.549 operaciones que dejan un precio medio del metro cuadrado de 793 euros. Por otra parte, las residencias vendidas en la región el año pasado tuvieron una superficie media de 151 metros cuadrados.

En comparación con España, el importe medio de compra fue el doble que en Castilla-La Mancha: 213.522 euros con un precio medio de 1.895 euros el metro cuadrado a nivel nacional.

Además, los notarios han registrado un incremento de precios en las compraventas de viviendas en Castilla-La Mancha del 8,54% durante 2025. También recogen otros datos, como que la inmensa mayoría de vivienda comprada en la región el año pasado fue de segunda mano (93,9% frente al 6,1% de residencias de nueva construcción) o que la edad media de los compradores fue de 49 años.

¿Cuánto cuestan las casas en las 10 ciudades más pobladas?

Analizando las 10 ciudades más habitadas de la región, los datos muestran que, en 2025, el mayor precio medio de compra se dio en Illescas (Toledo), que se situó en 207.342 euros, para un precio medio de 1.396 euros el metro cuadrado. Siguiendo con la provincia de Toledo, las viviendas en la capital regional registraron un precio medio de venta de 174.380 euros, con una media de 1.189 euros el metro cuadrado. En cuanto a Talavera de la Reina, el precio medio del metro cuadrado fue de 808 euros, con un importe de venta de las viviendas 98.218 euros de media.

El metro cuadrado más caro de las ciudades analizadas hay que buscarlo en la provincia de Guadalajara. Concretamente, en la localidad de Azuqueca de Henares: 1.591 euros/m2, con un precio medio de venta de 172.056 euros. Por su parte, la ciudad de Guadalajara tiene el segundo metro cuadrado más caro según los registros de los notarios: 1.582 €/m2 y un coste promedio de las compraventas por valor de 175.685 euros.

El polo opuesto se dio en la provincia de Ciudad Real. Tanto Tomelloso (508 €/m2 y 74.557 euros de precio medio de compra) y Puertollano (519 €/m2 y 53.783 € de precio medio de compra) presentaron los registros más bajos en las diez ciudades más pobladas de Castilla-La Mancha.

Por su parte, Ciudad Real tuvo un precio medio de venta de 125.907 euros (1.158 € el metro cuadrado) y Cuenca de 132.011 euros (1.278 € el metro cuadrado).

Importantes diferencias entre el precio ofertado y el de compra

En una consulta realizada este lunes en la página web de uno de los principales portales inmobiliarios de España, se apreciaban importantes diferencias entre los precios que registra el Portal Estadístico del Notariado y los precios que piden actualmente los vendedores por sus viviendas.

El caso más extremo se da en Ciudad Real. De las 684 residencias que se anuncian en esta localidad, solo 69 tienen un precio inferior a los 155.747 euros que establecen los notarios como precio medio de compra en los últimos 12 meses. Es decir, un 90% de los vendedores de las viviendas ofertadas pide un precio superior al precio medio por el que se cerraron las compraventas durante el último año.

La tendencia se da en las diez ciudades analizadas. Sin salir de la provincia de Ciudad Real, en Tomelloso el 82,8% de las residencias publicitadas tienen un precio superior, mientras que en Puertollano son el 65,9%.

En Talavera de la Reina se pide un precio superior al precio medio de compraventa registrado por los notarios en el 75,8% de las ofertas. En Toledo, en el 72,8%; en Illescas, en el 85,1% y en Albacete en el 85,35% de los anuncios.

Por último, el 81,8% de las ofertas de la ciudad de Guadalajara piden un precio superior, algo que se da también en el 69% de los anuncios de Azuqueca de Henares y en el 65,9% de las viviendas anunciadas en la ciudad de Cuenca.

¿A qué se debe esta diferencia?

¿Cuál es la causa de una diferencia tan acusada entre el precio que piden actualmente los vendedores de viviendas en las principales ciudades de la región y el precio que se firmó ante notario en el último año? ¿Ha habido un importante incremento en los precios de las casas en los últimos meses? ¿O las expectativas de los vendedores son demasiado elevadas? Las fuentes consultadas indican que la segunda idea es la que más se corresponde con la realidad.

“Los precios ofertados son los precios de salida que los vendedores particulares hacen de sus viviendas, pero luego el precio real siempre suele rebajarse”, afirma Itziar Fernández, delegada de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) en Castilla-La Mancha.

Fernández añade que, según estudios realizados por la OCU a nivel nacional, el precio final de compra de las residencias suele rebajarse entre un 5 y un 10% con respecto al inicial.

“Creemos que puede deberse a una expectativa inicial demasiado alta de los propietarios que, viendo cómo está el mercado, lo que hacen es intentar incrementar el precio de su vivienda, sobrevalorándola”, concluye Fernández.

Por eso, la delegada regional de la OCU recomienda a las personas que se encuentren en proceso de compra de una vivienda que comparen “siempre”. “No podemos pretender, según está el mercado inmobiliario, obtener una rebaja significativa de más de un 25 o un 30 por ciento”, matiza Fernández, “pero sí que es habitual reducir el precio de la vivienda en torno a un 5 o un 10 por ciento”.

Para finalizar, también recomienda tener en cuenta “no solo el precio que nos va a costar la vivienda, sino todo lo que va aparejado a esta compraventa, como el coste de los impuestos o de las escrituras”.

El Colegio Notarial de La Rioja cuenta con dos nuevos notarios que han elegido ejercer en la comunidad tras haber aprobado recientemente la oposición. Así, Salvador Siracusa Sabaté ejercerá en la notaría de Cenicero, y Carmen Estevan Cuenca, en la de Cervera del Río Alhama. Ambos, en breve plazo abrirán sus notarías para atender a la ciudadanía y empresas de diferentes localidades de la comunidad. Con ellos, son 21 los notarios repartidos en La Rioja.

Con la incorporación de la nueva promoción, son 2.749 los notarios que ejercen en España, según los criterios que establece el Ministerio de Justicia, del que dependen en su condición de funcionarios públicos.

Datos de la última promoción

La última oposición al título de notario se celebró entre septiembre de 2023 y julio de 2024 en el Colegio Notarial de Cataluña y se presentaron 796 aspirantes, licenciados o graduados en Derecho. Superaron el proceso 92 opositores (50 mujeres y 42 hombres).

 La media de dedicación al estudio fue de más de cinco años, en la mayoría de los casos de forma exclusiva. Muchos de los nuevos notarios se han formado en las academias de opositores de los colegios notariales, que ofrecen preparación gratuita, y algunos candidatos han contado además con becas económicas. Además, han completado dos cursos prácticos organizados por los colegios notariales de Cataluña y Madrid para afianzar su formación antes de acudir a sus destinos.

 El temario de la oposición se centra en Derecho Mercantil, Hipotecario, Notarial y Procesal o Administrativo. Los opositores, además de demostrar sus conocimientos teóricos, tienen que resolver un caso práctico, conocido como dictamen (en un plazo máximo de seis horas); redactar una escritura pública, con su correspondiente liquidación de impuestos, y resolver un supuesto de contabilidad y matemáticas financieras. 

El precio del metro cuadrado de vivienda en Cantabria escaló un 13% durante el último año. Según el Consejo General del Notariado, una de las fuentes más fiables dado que trabaja sobre la base de escrituras públicas, entre febrero de 2024 y febrero 2025 se vendió un 8% más de pisos y casas unifamiliares, el 50% del total fue financiado en metálico.

Esto son algunos de los datos más significativos del informe interanual que acaba de hacer público los notarios del país, en donde las medias son superadas por Cantabria en cuanto a precio del metro cuadrado, superficie construida e hipotecas contratadas.

Según los datos disponibles en el Centro de Información Estadística del Notariado (www.cienotariado.org), en un año, la compraventa de viviendas se incrementó un 10,5% y la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 24,2%, en todo el país.

En el caso de Cantabria, la compraventa se cifró en 796 viviendas (8,3% más), a un precio medio de 1.561 euros el metro cuadrado (13,7%), con una superficie media construida de 122 metros cuadrados (8,7%) y la contratación de 405 hipotecas (36,5%). Con respecto a este último apartado, cabe indicar que los compradores solo recurrieron a la contratación en el 50,9% de los casos y de lo contratado, solo financiaba la compra en un 69,9%, el resto era asumido con patrimonio particular, lo que da indicio de la liquidez que presiden estas operaciones y el carácter de la vivienda como valor refugio, tanto del ahorro como de la inversión, tanto para la adquisición en propiedad como para la puesta en alquiler.

Más pisos vendidos y más caros

El número de compraventas aumentó en un 10,5% interanual en España, hasta alcanzar las 60.154 unidades y el precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.843 euros por metro cuadrado, registrándose un ascenso del 9,4% interanual.

Por tipo de vivienda, las compraventas de pisos aumentaron un 8% interanual, alcanzando las 45.963 unidades, mientras que las unifamiliares se incrementaron un 19,7% interanual, hasta llegar a las 14.191 unidades.

Los precios de los pisos tuvieron un ascenso del 12,2% con respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar los 2.094 euros por metro cuadrado en el conjunto del país, mientras que el precio de las viviendas tipo unifamiliar promedió los 1.388 euros por metro cuadrado, registrando un aumento del 5,9%.

La compraventa de vivienda creció en 16 autonomías y únicamente se redujo en Canarias (-2,6%). Las comunidades que registraron una evolución por encima de la media nacional fueron: País Vasco (30,3%), Asturias (27,7%), Extremadura (25,0%), Galicia (21,9%), Castilla y León (20,9%), Castilla-La Mancha (19,0%), La Rioja (18,0%), Andalucía (11,4%) y Madrid (10,6%). Los ascensos se situaron por debajo de la media nacional en Cataluña (9,3%), Cantabria (8,3%), Aragón (7,4%), Murcia (6,9%), Navarra (5,5%), Baleares (5,1%) y Comunidad Valenciana (1,2%).

En cuanto al precio del metro cuadrado subió un 9,4% interanual en España. En todas las autonomías se registró un encarecimiento en el precio de la vivienda. Por orden de magnitud se registraron subidas de dos dígitos en Madrid (19,2%), La Rioja (18,5%), Murcia (16,9%), Castilla-La Mancha (15,7%), Extremadura (14,6%), Cantabria (13,7%), Canarias (12,6%), y Aragón (11,1%).

La superficie media de la vivienda en España aumentó en un 1,8% interanual. Las comunidades donde se registraron incrementos en la variación interanual fueron: Cantabria (8,7%), Castilla y León (6,2%), Madrid (5,4%), Extremadura (2,1%), Cataluña (1,7%), Asturias (1,7%), Comunidad Valenciana (1,6%), Navarra (1,3%), Canarias (1,3%), Andalucía (1,0%), Murcia (0,3%), Castilla-La Mancha (0,3%) y Baleares (0,1%).

En febrero, los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda crecieron un 24,2% interanual en España, hasta las 29.953 operaciones. La cuantía promedio de estos préstamos ascendió un 9,8% interanual, alcanzando los 163.164 euros en promedio. El porcentaje de compras de viviendas financiadas mediante un préstamo hipotecario se situó en el 49,8% en España. Además, en este tipo de compras con financiación, la cuantía del préstamo supuso en media el 72,4% del precio.

Existen muchas dudas a la hora de realizar los trámites cuando recibes una herencia o cuando debes hacer una Declaración de Herederos. Este último se realiza cuando el fallecido no ha dejado testamento y debemos determinar tanto quiénes serán los herederos como qué herencia recibe cada uno. La declaración de herederos también se puede producir mediante la anulación o invalidación del testamento, siendo el proceso por el que se estipula quienes son los herederos de esos bienes y qué derechos tienes respecto a los mismos.

Sin embargo, son los interesados en la herencia los que deben visitar a un notario competente para saber qué ocurrirá con los bienes del fallecido tanto si hay o no testamento. En el caso de que el fallecido no dejase testamento, debes solicitar la iniciación del expediente de declaración de herederos, tratándose de un trámite obligatorio en caso de haber bienes.

Para solicitar este trámite debes de seguir una serie de requisitos, incluyendo la documentación necesaria para ello. Desde los Certificados de defunción del Registro Civil, pasando por el Documento Nacional de Identidad de la persona fallecida hasta el libro de familia de la misma, entre muchos otros documentos.

Cómo hacer la Declaración de Herederos

Para realizar el trámite de Declaración de Herederos debemos seguir una serie de pasos:

El coste para la realización de Declaración de Herederos puede rondar entre los 250 y 300 euros aproximadamente mientras que el coste de un testamento oscila entre los 40 y los 80 euros.

Orden de herederos

Cuando el fallecido no ha dejado testamento, la ley estipula un orden de herederos. En primer lugar, se encuentra la línea sucesoria del fallecido, siendo los primeros beneficiarios los hijos y nietos, los descendientes directos del fallecido. Si el fallecido no cuenta con descendientes, los beneficiarios serán los ascendientes, es decir, los padres o abuelos del fallecido. En caso de no tener descendientes ni ascendientes, la herencia la recibe el viudo o viuda. Cuando el fallecido no está casado y no cuenta con estos familiares nombramos, la herencia pasaría a los hermanos y sobrinos del fallecido.

En los casos en los que el fallecido no tenga ninguno de los familiares anteriores, la herencia pasaría a los parientes colaterales como primos o tíos. Si en última estancia el difunto no cuenta con ningún heredero familiar, los bienes de la persona fallecida pasarían al Estado.

El padre de Laura fue diagnosticado con Alzheimer cuando tenía 65 años. Por aquel entonces, todo lo que su hija sabía sobre estafas a ancianos era que procedían de llamadas telefónicas o falsos revisores del gas. Pero en su caso fue una persona de su entorno diario, y que se acabaría convirtiendo formalmente en su pareja de hecho, quien se quedó durante años con gran parte de su pensión. 

Las alarmas se encendieron para Laura cuando el banco le advirtió de impagos de su padre, primero, y más tarde cuando amigos suyos le avisaron de que les pedía dinero. “No paga alquiler, tiene una vida austera y cobra unos 2.000 euros de pensión. No podía ser”, relata la mujer. 

Fue entonces cuando comenzó a descubrir las transferencias y retiradas de efectivo que hacía su nueva pareja desde la cuenta de él, sobre todo los días posteriores al ingreso de la pensión. También pedía préstamos a su nombre. “Al principio empezó con cantidades pequeñas, pero como vio que no pasaba nada, al final ya iba a saco y se ha acabado quedando su pensión entera durante años”, explica. 

Los abusos económicos a ancianos como el padre de Laura, especialmente los que se dan desde el entorno inmediato, son una realidad tan extendida como invisibilizada, puesto que las víctimas son tan vulnerables que no pueden denunciar o no quieren abrir conflictos con familiares o conocidos. Así lo corroboran a elDiario.es afectados, entidades sociales, abogados especialistas, la Fiscalía y el departamento de Derechos Sociales de la Generalitat. 

En el caso de los abusos financieros, lo más habitual es que se trate de estafas y apropiaciones indebidas de patrimonio por parte de parientes, sobre todo, pero también cuidadores, vecinos o empleados de comercios habituales. “Es espectacular, cada vez hay más casos, pero también puede deberse a que se detectan mejor”, expresa Jordi Muñoz, abogado con 20 años de experiencia y que ha asesorado a administraciones y elaborado guías para prevenir malos tratos, como la de la Generalitat o la Diputación de Barcelona.

Lo mismo perciben desde la Alzheimer Catalunya Fundació. “Cuando el abuso económico viene de un familiar suele ser un goteo, como el que supone ir retirando parte de la pensión a la víctima; cuando es personal contratado, como un cuidador, puede ser más brusco, como retiradas de 20.000 o 30.000 euros o directamente casos en los que los acompañan al notario para que pongan el piso a su nombre”, explica Sara Albaladejo, responsable del área social de la entidad, que desde 2021 cuenta con un programa, el Proyecto Motor, para atender a ancianos en riesgo tanto por vía directa como a través de los Servicios Sociales y los juzgados. 

La Diputación de Barcelona tiene un grupo de trabajo en esta materia que en 2024 acompañó a 544 casos de malos tratos a ancianos que consideran “confirmados”. En casi la mitad, había un abuso económico y el causante era un hijo o una hija. El 33% de las víctimas sufría además un deterioro cognitivo acreditado. 

El alcance de esta problemática es difícil de calibrar más allá de los programas de entidades y administraciones concretas. Una encuesta publicada por el extinto Centro Reina Sofía para el Estudio de la Violencia de Género, en 2009, situó la prevalencia de los abusos a mayores en España entre el 0,8 y el 4,6% (los de carácter económico, entre el 0,2 y el 1,9%). A nivel poblacional, y con casi 10 millones de mayores de 65 años, afectaría a decenas de miles de personas. 

Aislamiento, retiradas de dinero y visita al notario

El padre de Laura, que era viudo, empezó una relación con una camarera de su bar habitual a finales de 2016, un año después de recibir en 2015 el diagnóstico de que padecía Alzheimer. Por aquel entonces, sus hijas no sospecharon nada, aunque pronto la nueva pareja inició la convivencia en el piso de él, en el Eixample de Barcelona, y comenzaron indicios de que algo no iba bien. “Mi padre salía mucho con los amigos, echaba la partida de dominó, salía a tomar el café… Pero ella poco a poco le fue aislando de su entorno”, señala la hija. 

Más tarde llegaron las advertencias del banco por deudas pendientes y las comprobaciones de que la nueva pareja se adueñaba de buena parte de su pensión, unos 2.000 euros sumando la de viudedad. “No se correspondía con los gastos del hogar, la nevera estaba casi siempre vacía, y mi padre se pasaba el día solo mientras ella trabajaba”, dice. En total, y durante más de cinco años, estima que se habría quedado con más de 160.000 euros. 

Pero el momento decisivo fue cuando Laura supo que en 2022 ambos habían acudido al notario a constituirse como pareja de hecho. “Hacía siete años que mi padre tenía el diagnóstico de Alzheimer, la enfermedad estaba muy avanzada y sobre todo con el covid había hecho un bajón muy importante”, explica la mujer, sorprendida por la aparente facilidad con que el notario dio fe de sus facultades. 

“Estuvo en total 14 minutos en el notario”, explica Laura, que podía comprobar la geolocalización del móvil de su padre. “Es imposible que en ese tiempo pudiese hacer todo el trámite además de las comprobaciones necesarias sobre el estado de mi padre”, se queja. 

Sin embargo, la denuncia por la vía penal contra la mujer no ha prosperado. El juez archivó el caso al considerar que los pagos y el efectivo usado desde la cuenta del padre se realizaron “en principio con consentimiento y conocimiento de ello”. También apeló al artículo 268 del Código Penal, que exime de responsabilidad criminal a los cónyuges, aunque este artículo se reformó en 2015 precisamente para introducir una excepción en caso de que la víctima sea vulnerable. 

De todos modos, Laura siguió su batalla y al menos ha conseguido la tutela de su padre, con lo que ha frenado la sangría económica. En paralelo a la denuncia, y tras otro largo proceso judicial, ha logrado que la juez la nombre asistente representativa de su padre, figura con funciones parecidas a la antes conocida como curatela o tutela. La actual pareja, que sigue viviendo en su casa a pesar de estar denunciada, renunció a ser la asistente. Según Laura, esto se debe a que esta figura debe rendir cuentas en sede judicial cada dos años, aportando entre otros documentos las justificaciones de gastos.  

Quejas sobre los recursos y los notarios

Ante la realidad poco conocida de los abusos a ancianos, algunos consejos comarcales han creado organismos de coordinación para acompañar a potenciales víctimas de malos tratos. E incluso la Fiscalía Provincial de Barcelona detectó hace unos años su crecimiento y a principios de 2024 creó la figura del Fiscal Delegado de la especialidad de Protección de Personas con Discapacidad y Mayores, cargo que ocupa Antoni Torres. 

Parte de su trabajo es hacer prevención en residencias de mayores. “Siempre les insistimos a los directores y trabajadores que si ven a personas sin apoyo, que no reciban visitas, y que si de repente se presenta un sobrino para llevarlas al notario, que nos avisen”, apunta el fiscal de esta nueva especialidad.

A menudo son los Servicios Sociales los que advierten a la Fiscalía del desamparo de los mayores a los que asisten y de los indicios de abusos. En estos supuestos, y sobre todo si hay familiares que lo piden, el juez puede decretar Medidas de Apoyo –igual que ocurre con las personas con discapacidad o trastornos severos– en favor de entidades como Alzheimer Catalunya, que a día de hoy asume la asistencia (antes conocida como tutela) de unas 150 personas. 

Pero aun así, todas las fuentes consultadas coinciden en que el sistema tiene varios defectos: faltan recursos para las entidades y los servicios sociales, los procedimientos judiciales son demasiado largos y no existe suficiente sensibilización en las administraciones y particularmente en algunos estamentos judiciales. “Estamos hablando de afectados que tienen 80 o 90 años. Sabiendo que una instrucción judicial puede durar dos o tres años, muchos renuncian o directamente mueren por el camino”, explican desde Alzheimer Catalunya. 

El abogado Jordi Muñoz pone como ejemplo que de las formaciones sobre el tema que han llevado a cabo en los últimos años entre políticos, que abarcan a 7.000 personas entre sanitarios, políticos o administrativos, “solo seis o siete han sido jueces”. “Algo está fallando”, afirma. 

Al mismo tiempo, el fiscal Torres advierte también de la complejidad de los casos y la dificultad de probar las denuncias. En primer lugar, porque hay que proteger la voluntad de las personas mayores, sobre todo si no hay enfermedades neurodegenerativas de por medio. “Hay que respetar la libertad de las personas y al mismo tiempo impedir que alguien se aproveche de su deterioro cognitivo, y la línea no es fácil de trazar”, reconoce. Otro problema, añade, es que se trata de presuntos delitos cometidos “en la intimidad de un hogar” y que a veces derivan de conflictos familiares enquistados. 

En lo que sí coinciden la mayoría de las fuentes consultadas es en que un eslabón débil de la cadena son los notarios, que deben dar fe de la aptitud y el discernimiento de quienes firman las actas. Entidades como Alzheimer Catalunya advierten que los estafadores suelen ir “de notario en notario” hasta encontrar el que no les pone pegas. 

“¿Cómo se comprueba esto en una conversación de 10 minutos? Alguien con demencia moderada puede responder a preguntas básicas y parecer normal”, señala Muñoz. “Deberían pedirse más pruebas, o informes médicos, pero hay miedo a parecer discriminatorio”, reconoce. Coincide el fiscal Torres, que directamente afirma que jueces y fiscales están “preocupados”. “Hemos visto casos que nos han chocado, como por ejemplo poderes otorgados ante notario por gente con demencias, Alzheimer o deterioros avanzados”, afirma. 

Pero los notarios rechazan de plano esta crítica. “Yo cuando tengo dudas de deterioro cognitivo hago un test o pido un informe, pero con un diálogo normal a menudo ya lo ves y no necesitas hacer demasiadas comprobaciones”, argumenta Albert Domingo, notario de Vilassar de Mar (Barcelona), en representación del Colegio Notarial de Catalunya. “Si le pregunto si quieren ser pareja, la hago algunas preguntas y me responde normalmente, no puedo dudar de su cognición solo por su edad”, insiste Domingo. 

El consejo de hacer poderes preventivos

Lidiar con una estafa de este tipo a un familiar lleva años y se puede convertir en una pesadilla. Los procesos judiciales se suelen solapar además con la necesaria relación con la persona denunciada, que no desaparece. 

“Es un proceso desgastador y triste, porque ves que se aprovechan de tu padre y ves que es muy fácil abusar económicamente de alguien mayor y muy difícil protegerle”, lamenta Laura, que además asegura que ha llegado a “descuidar” a su marido e hijos para entregarse a recabar información sobre el abuso de su padre para los procesos judiciales. 

Todas las fuentes consultadas coinciden en que tanto en los servicios sociales como en los juzgados faltan recursos y conciencia para hacer aflorar y gestionar estos casos en plazos razonables. Pero también advierten que la mejor forma de evitar los malos tratos económicos es proteger a las personas mayores con la firma de poderes preventivos, especialmente en enfermedades como el Alzheimer.

“Cuando una persona está recién diagnosticada, y es consciente de su estado, es recomendable firmar poderes preventivos en favor de alguien de su confianza por si pierde capacidades para ocuparse de su vida”, señala Albaladejo. “Eso evitaría muchos problemas, pero mucha gente no lo hace porque no lo conoce o porque no teme que pueda haber malos tratos”, añade. Muñoz, por su parte, recomienda también asesorarse en Servicios Sociales o Centros de Atención Primaria y contactar con entidades de gente mayor para ganar redes de apoyo.

Quedarse con el piso

Parecido al viacrucis de Laura ha sido el de Marcel (también nombre ficticio) desde que conoció los abusos que sufría su tía abuela a manos de una mujer que se presentaba como su cuidadora, pero que no ejercía como tal. Cuando la anciana tenía en torno a 90 años de edad, poco después de la pandemia, fueron al notario y firmó una donación en vida de su piso a la supuesta cuidadora. “Entonces mi tía abuela ya tenían un diagnóstico de deterioro cognitivo avanzado, pero no lo sabíamos”, expone este familiar.

Marcel no sabe exactamente cómo empezó todo, puesto que había perdido el contacto con la anciana, que no tenía descendencia. Cuando quiso retomarlo, se encontró con la que se identificaba como su cuidadora, algo que le pareció normal hasta que un vecino le avisó de que se la había encontrado “desorientada” por la calle. Entonces empezó a interesarse más por ella, y descubrió que su tía abuela estaba siendo víctima de manipulación y aislamiento por parte de la mujer.

Además, no era la cuidadora real, sino que había contratado a otra con el dinero de la anciana. “La coaccionaba y le decía mentiras para ponerla contra su familia… Si hubiese hecho un mínimo para cuidarla, quizás no hubiéramos dicho nada de la donación del piso, pero es que además de quedarse con su dinero, la maltrataba”, se lamenta Marcel.

Su caso también está denunciado en los juzgados en fase de instrucción. E igual que Laura, ha conseguido al menos protegerla de ahora en adelante gracias a que le han dado la asistencia representativa a la entidad Alzheimer Catalunya.

El precio de la vivienda en Cantabria prosigue su escalada y en un año, entre noviembre de 2023 y noviembre de 2024, se ha encarecido un 16%, según el Consejo General del Notariado de España. Se vende más y también más caro. Junto al incremento del precio, los datos notariales también constatan un incremento sustancial del número de operaciones de compraventa, con un alza del 18,1% en dicho mes.

El número de compraventas en Cantabria alcanzó las 888 en noviembre y el precio medio del metro cuadrado se situó en 1.585 euros. En concreto, se produjeron 702 compraventas de pisos, un 16,4 por ciento más que en el mismo mes de 2023; y 186 de unifamiliares, un 24,7 por ciento más.

El precio de los pisos aumentó un 18,8 por ciento, hasta los 1.900 euros el metro cuadrado de media, y el precio de las viviendas unifamiliares un 14,7 por ciento hasta los 1.106 euros.

La progresión ha sido continua. Entre enero y agosto de 2024, se firmaron en la comunidad 716 contratos de compraventa, 200 de ellos solo en Santander, mientras el resto se repartía por el territorio, lo que da indicio de que la presión inmobiliaria predomina en la capital, pero no es exclusivo de ella, ya que más de dos terceras partes se sitúa en otras localidades.

Hasta agosto pasado, un metro cuadrado de vivienda en Cantabria costaba 1.513,39 euros, mientras que el metro cuadrado de vivienda protegida (VPO) se situaba en 1.116,95 euros. El primero había subido desde enero, en que se situaba en 1.294 euros, más de 200 euros; mientras que el segundo había bajado, ya que a inicios de 2024 se situaba en 1.395 euros.

Por encima de la media nacional

La compraventa de viviendas se incrementó en Cantabria un 18,1 por ciento, el doble que la media nacional (9%) y el precio repuntó un 16%, la segunda alza más importante de las comunidades tras Canarias (18,8%), según datos del Consejo General del Notariado publicados este jueves.

En noviembre se concedieron en Cantabria 392 préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda, un 42% más, y la cuantía media aumentó un 3,5% hasta 129.860 euros.

El 44,1% de las compraventas se financió mediante un préstamo hipotecario, frente a un 48,4 por ciento en el conjunto de España. Según precisan los notarios, en este tipo de compras con financiación, la cuantía de los préstamos concedidos supuso de media el 71,8 por ciento del precio, por debajo del 72,1 por ciento de media nacional.

“Hay que prepararnos con convicción y con una sonrisa para lo que es inevitable”. Se refería así a la muerte el director Costa-Gavras durante la presentación de la película Le dernier soufflé (El último suspiro) en la reciente edición del Festival de Cine de San Sebastián. El nonagenario director pidió valentía política para facilitar la muerte. Allí estaba también el autor del libro en el que se basa este filme, Claude Granger, que afirmó no coincidir en absoluto con Gavras. Representaban las dos posiciones más generalizadas en nuestra sociedad sobre el abordaje de la muerte al final de la vida, cuya preocupación parece estar en aumento. La película se estrenará a principios de 2025 y recoge las reflexiones de un médico especialista en cuidados paliativos y un escritor.

Aunque construir una nueva cultura del final de la vida tiene un difícil abordaje, es uno de los objetivos de la Asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD), la gran impulsora de la aprobación de la Ley de Eutanasia en España hace tres años. El trabajo de sensibilización que desarrolla, lo realiza con equipos de activistas como Blanca Calvo (Villanueva de los Caballeros, 1948), directora de la Biblioteca pública de Guadalajara durante 32 años y muy conocida en la región por sus facetas cultural y política. Hablamos con ella en las horas previas a una jornada organizada en Guadalajara con motivo de los 40 años que cumple la asociación

“Llega un momento en que tienes que pensar en tu propia muerte y me he ido reafirmando en la idea, al ver morir a personas cercanas cuyos últimos momentos no han sido tan agradables como podrían haber sido. Animo a la gente a que sea libre hasta al final, es algo bonito, y eres libre de verdad cuando puedes elegir las cosas fundamentales de tu vida”. Se refiere así a la Declaración de Voluntades Anticipadas que es como se llama en Castilla-La mancha el Testamento Vital: la manifestación escrita de las instrucciones para la asistencia sanitaria que la persona desea recibir en situaciones que le impidan comunicar personalmente su voluntad, o sobre el destino de su cuerpo y sus órganos, una vez fallecida.

Llega un momento en que tienes que pensar en tu propia muerte y me he ido reafirmando en la idea, al ver morir a personas cercanas cuyos últimos momentos no han sido tan agradables como podrían haber sido. Animo a la gente a que sea libre hasta al final

Con satisfacción, esta activista, repasa las cuatro décadas que DMD ha hecho en España. “Creo que hemos llegado bastante lejos. Sin esta asociación hoy no tendríamos una ley de eutanasia y somos uno de los pocos países europeos que la tiene. Ahora estamos trabajando porque la ley se administre bien en todos los territorios porque hay comunidades que creen más que otras en los derechos al final de la vida. Navarra es nuestro modelo”, asegura, porque dice quue es allí donde hay más testamentos vitales, más formación y más conocimiento. “Nuestra asociación allí ha conseguido, en muchas ocasiones, reducir los plazos y ahí es donde nos tenemos que mirar”, añade.

Recuerda cómo las encuestas entre la población española, previas a la aprobación de la ley, eran mayoritariamente favorables y sin embargo a los poderes públicos les daba miedo afrontar ese tema. “También nos preocupa que el testamento vital sea mucho más conocido”.

Normalizar hablar de la muerte y pensar en ella

Una jornada hace unos días en el Palacio del Infantado de Gualajara proponía hacer una llamada de atención social para que el tema de la muerte entre en nuestras vidas con normalidad y sin tragedia. “Estamos tan preocupados por el día a día que no pensamos en cómo pueden ser nuestros últimos momentos, pero aconsejo a todos que pensemos y hablemos de nuestra propia muerte porque es bastante curativo”.

“Una amiga italiana me dijo una vez: últimamente cuando voy a algún funeral me vuelvo a casa pensando que algún día seré yo la que esté allí y serán otros los que vuelvan a su casa. No he podido olvidarlo porque esa evidencia tan clara la tenemos que asumir”.

Habla de la labor de la asociación. “En los talleres que impartimos, mucha gente tiene hecho el testamento ante notario porque le preocupa cómo van a quedar sus bienes y heredar sus hijos, pero no se plantea el testamento vital que es mucho más importante porque te afecta de una manera más íntima. Es una contradicción muy grande y creo que hay que luchar contra ella”.

La asociación hace un llamamiento a las instituciones para profundizar en los derechos que nos asisten al final de la vida y es necesario que aumenten los testamentos vitales en Castilla-La Mancha. “Estamos a la cola en número de registrados. Solo tenemos por detrás a Ceuta y Melilla, Extremadura y Murcia. Estamos muy lejos de Navarra que tiene 26 por mil de la población. Nuestra región solo el cinco por mil, aunque es muy fácil hacerlo. Solo hay que romper una cierta inercia a ignorar la muerte”.

Mucha gente tiene hecho el testamento ante notario porque le preocupa cómo van a quedar sus bienes y heredar sus hijos, pero no se plantea el testamento vital que es mucho más importante porque te afecta de una manera más íntima.

Se echan en falta más campañas de información, dice, “pero en nuestra región se van ampliando los puntos para registrar la Declaración de Voluntades Anticipadas y la Administración no ha puesto demasiadas dificultades. Ahora se puede hacer en muchos centros de salud y se ha formado a profesionales, mayoritariamente mujeres, que son las que la recogen. Cuantos más seamos más podemos pedir, de ahí la importancia del activismo”

La eutanasia y otros derechos en los que DMD cree que hay que avanzar

Preguntada por la situación actual del derecho a la eutanasia en Castilla-La Mancha, Blanca Calvo dice que “afortunadamente está bastante normalizado y funciona bastante bien”.

Según los datos facilitados por el Gobierno regional a elDiarioclm.es, la Comisión de Evaluación de la eutanasia ha analizado 80 peticiones desde su creación. “Mucha gente ha quedado por el camino y hay que mejorar los plazos. Esperamos a pedirla muchísimo, reflexiona, y lo hacemos tal vez con demasiado poco tiempo. En algunas comunidades sí se obstaculiza. Se ponen muchas trabas. El doctor Luis Montes decía que si mueres bien o mal, depende de tu médico. Le recuerdo mucho. Ahora depende de la comunidad autónoma en la que vivas”. 

La eutanasia es algo que solo puede pedir uno mismo. “Si a mí me pasara algo sin el testamento vital, no se me aplicaría la eutanasia. Por mucho que mis hijos lo sepan y yo se lo haya dicho mil veces, no podrían convencer a nadie. Desde que la ley existe es mucho más importante tenerlo hecho”.

El desafío: conseguir más socios en Castilla La mancha

Lo que si lamenta es que, aunque la asociación es federal y tiene representación autonómica en algunas comunidades, Castilla-La Mancha, con 109 socios, es una de las autonomías en las que la DMD tiene menos desarrollo. Solo funcionan grupos en Ciudad Real y Guadalajara, la que más socios tiene. El desafío es lograr una estructura más fuerte y que aparezcan grupos en otras provincias.

“La mejor forma de colaborar con la asociación es inscribirse -dice- porque para preservar nuestra independencia no tenemos ayudas públicas. Como solo nos nutrimos de las cuotas de los socios, cuantos más haya más fuertes seremos. Es muy fácil a través del formulario que se encuentra en la web de DMD”. 

Ahora la asociación está estudiando la relación de la enfermedad mental y la eutanasia y el suicidio por vida cumplida. Considera que el suicidio lúcido de personas mayores debe entenderse en sentido positivo, como una expresión de libertad de personas que no se resignan a soportar lo que para ellas es una pérdida de dignidad. “Puede ser que ya hayas cumplido tus deseos -dice Blanca- y quieras despedirte tranquilamente, pero es un tema que exige bastante reflexión y en ello estamos”.

Según los datos de la Consejería de Sanidad, desde que nuestra región puso en marcha el Registro de Voluntades Anticipadas en 2006, más de 11.500 castellanomanchegos han realizado y registrado sus ‘voluntades anticipadas’. En el primer semestre de 2024 se registraron 1.112 declaraciones.

De las personas inscritas, más del 63 por ciento han manifestado su deseo de donar y aproximadamente el 67 por ciento desean que, en los supuestos reconocidos por la ley, se les aplique la prestación de eutanasia.

Los notarios del Colegio Notarial de Madrid, que engloba a toda la Comunidad Autónoma, celebraron el pasado 17 de noviembre elecciones para renovar su Junta Directiva y elegir nuevo Decano, otorgando su confianza por una amplia mayoría a Concepción Pilar Barrio Del Olmo, según informa la organización en una nota de prensa.

Barrio Del Olmo, hasta la fecha vicedecana del Colegio Notarial de Madrid, estará acompañada en esta nueva etapa -un mandato de cuatro años- por los notarios Eduardo Hijas, que ejercerá de vicedecano, Mercedes Pérez Hereza, que renueva su cargo de secretaria de la Junta Directiva, Carmen Boulet, nueva tesorera, y los censores Pedro Armas, Carlos Huidobro, Gonzalo de la Mata, Gonzalo López Fando y María Isabel Cobos.

Con la elección de Concepción Barrio, los notarios de Madrid apuestan por el relevo generacional, eligiendo a una mujer con casi tres décadas de ejercicio profesional y una gran experiencia corporativa, tanto en el Colegio Notarial de Madrid, en el que ostenta el cargo de Archivera desde 2007 y en la Junta Directiva resultante de las elecciones de 2008 fue elegida censora. Además, en el Consejo General del Notariado ejerció el cargo de Secretaria General entre los años 2011 y 2013, ha sido secretaria de los Consejos de Administración de Ancert y de Serfides, así como de la Fundación Aequitas.

En la actualidad es patrona y vicepresidenta de la Fundación Notarial SIGNUM, miembro del consejo de dirección y del comité editorial de la Revista El notario del Siglo XI, de la Junta Directiva de Notesv, y de la comisión “Notariado, Mujer y Sociedad” de la Fundación Notariado.

Autora de numerosas publicaciones, ha participado en obras colectivas como Jurisdicción Voluntaria Notarial. Estudio práctico de los nuevos expedientes en la Ley de la Jurisdicción Voluntaria, Ley Hipotecaria y Ley de Navegación Marítima, de la que es coordinadora, Tratado de Sociedades de Capital. Comentario Judicial, Notarial, Registral y Doctrinal de la Ley de Sociedades de Capital, o Instituciones de Derecho Privado.

Ponente habitual en cursos y seminarios, ha impartido conferencias en instituciones y congresos como la Academia Matritense del Notariado, la Real Academia Gallega de Jurisprudencia y Legislación, la Academia Sevillana del Notariado, el Consejo General del Notariado, el Consejo General del Notariado, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, el XII Congreso Nacional de la Abogacía, el Congreso de la Unión Iberoamericana de Colegios y Agrupaciones de Abogados y el Ilustre Colegio de Abogados del Señorío de Bizkaia, entre otros.

Es reconocida por ser un referente para todas aquellas notarias que en los últimos años han compaginado labores corporativas con el ejercicio profesional en los despachos.La toma de posesión de la nueva Junta Directiva del Colegio Notarial de Madrid se llevará a cabo el lunes 25 de noviembre en una reunión que convocará a la Junta Directiva saliente y a la recién elegida.

El Colegio Notarial de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha medios telemáticos para que los afectados por la DANA no tengan que desplazarse a la notaría y puedan realizar telemáticamente las gestiones necesarias para disponer de las actas notariales de sus inmuebles ovehículos afectados.

Para poder realizarlo sólo tendrán que entrar en el Portal Notarial del Ciudadano. En esta plataforma se deberá realizar una petición por cada bien afectado, debiendo disponer del documento de identidad y la referencia catastral del inmueble afectado o la matrícula del vehículo. Tras incluir las fotografías del bien, hasta un máximo de 14 por cada petición, se solicitará un teléfono móvil y un correo electrónico donde se recibirá copia electrónica del acta notarial requerida. Este acta se podrá visualizar en el Portal Notarial del Ciudadano con el Código Seguro de Verificación que recibirá cada peticionario.

Aquellas personas que no puedan acceder a la plataforma, podrán acudir a cualquiera de las notarías de la región en las que “se les ayudará en todo lo posible para realizar el trámite necesario”. Igualmente, los afectados que necesiten copias de las escrituras públicas de sus bienes, podrán solicitar el servicio de búsqueda, expedición y entrega solicitando esta ayuda en el Colegio Notarial de Castilla-La Mancha.

Hace unos días ya anunció la puesta en marcha de un servicio gratuito para estos trámites.

El Colegio Notarial de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha un servicio gratuito para las personas afectadas por la DANA en la región y también, si fuera necesario, en la Comunidad Valenciana. “Debido a la gravedad de los acontecimientos”, la Junta Directiva del Colegio Notarial de Castilla-La Mancha se reunió ayer día 31 de octubre con carácter extraordinario con el fin de tomar medidas que, en la medida de lo posible, ayuden a paliar las terribles consecuencias de la DANA.

Entre ellas, se decidió que todos los afectados, personas físicas, dispongan de un servicio gratuito en lo referente a las actas de protocolización y notoriedad respecto a las viviendas afectadas. Este servicio también será gratuito para las que se soliciten vía telemática mediante el sistema habilitado al efecto por el Centro Tecnológico del Notariado.

Los notarios de Castilla-La Mancha también realizarán este servicio de forma gratuita en las zonas afectadas de la Comunidad Valenciana si fuesen requeridos por el Colegio Notarial de Valencia, donde el grado de afectación es mucho mayor y existen notarías que no podrán prestar su función pública a causa de los daños materiales sufridos.

Igualmente, los notarios de Castilla-La Mancha se ponen a disposición de los afectados para la búsqueda, expedición y entrega gratuita, para personas físicas, de las copias de las escrituras públicas de viviendas ubicadas en los términos municipales de Mira (Cuenca) y Letur (Albacete). Se puede acceder de forma presencial o, a través del correo electrónico colegio@castilla-lamancha-notariado.org.

Además, este servicio se hará extensivo en los mismos términos, a las escrituras públicas de viviendas ubicadas en la Comunidad Valenciana afectadas por el temporal y que hubieran sido otorgadas en notarías ubicadas en Castilla-La Mancha.

Los damnificados por la terrible DANA pueden obtener más información a través de la página web del Colegio.

Con estas medidas, los notarios de Castilla-La Mancha quieren mostrar su apoyo y solidaridad a “todas las personas afectadas, que están padeciendo unas circunstancias enormemente difíciles y tras las que necesitan el apoyo de toda la sociedad castellanomanchega”.

El Plan Municipal de Vivienda del Ayuntamiento de Logroño ha dado esta mañana otro avance importante con la firma del alcalde ante notario de una permuta por la que el municipio adquiere el 25% del número 28 de la calle Barriocepo, lo cual le permite completar la titularidad de la parcela. Conrado Escobar ha asegurado que “ello nos permite iniciar los trámites urbanísticos y administrativos para que esta parcela se destine a facilitar la vivienda joven y el alquiler social en un espacio que, según cálculos de técnicos municipales, podría albergar hasta 40 viviendas”.

El Ayuntamiento de Logroño es propietario, desde este mediodía, de la totalidad del inmueble situado en el número 28 de la calle Barriocepo, tras la firma del alcalde ante notario de una permuta en la que ha adquirido el 25% del mismo, hasta hoy en manos de particulares.

Completada la propiedad de la parcela, el Ayuntamiento está en condiciones de poner en marcha la tramitación urbanística y administrativa necesaria para destinarla a la finalidad con la que el equipo de Gobierno diseñó esta adquisición: “facilitar la vivienda joven y el alquiler social”, ha precisado el alcalde.

La intervención que se plantea en el terreno desde hoy propiedad municipal se enmarca igualmente en el proyecto ‘1521’ y es, según ha puesto de manifiesto Escobar, “una muestra evidente de la decisión firme de este equipo de que la vivienda sea también uno de los motores del mismo, al plantear el mantenimiento de las de la calle Norte, y la adquisición ahora de suelo, que culminará con la promoción de vivienda una vez se realicen las modificaciones necesarias en el PERI- Barriocepo”.

A la espera de la formulación del proyecto, una vez se definan los instrumentos urbanísticos para desarrollar este espacio de Barriocepo, 28, los cálculos de los servicios técnicos municipales apuntan a que podría albergar en torno a 40 viviendas.

Datos de la permuta

Los documentos de permuta firmados hoy por el alcalde contemplan, por un lado, la adquisición por parte del Ayuntamiento del citado 25% del número 28 de la calle Barriocepo a sus propietarios particulares (el otro 75% ya era formaba parte del patrimonio municipal).

En contrapartida, los citados propietarios adquieren dos viviendas hasta ahora propiedad del Ayuntamiento, situadas en el número 1 de la calle Albornoz y en el número 8 de la Travesía de San Juan respectivamente. Dado que las valoraciones de los bienes permutados arrojaban una diferencia de 20.700,19 euros favorable a los propietarios del terreno, éstos han abonado la misma en el momento de la firma de las escrituras.

La compraventa de viviendas experimentó en agosto en Cantabria una subida del 5,2%, hasta las 661 operaciones, mientras que los precios aumentaron un 7,7% interanual, con una media de 1.526 euros el metro cuadrado, según datos dados a conocer este jueves por el Colegio General del Notariado.

En concreto, las compraventas de pisos en Cantabria crecieron un 5,3% y las de unifamilares, un 4,7%, con 500 y 161 operaciones, respectivamente.

En cuanto a los precios, aumentaron un 13,7% en el caso de los pisos y un 1,9% en los unifamilares, hasta los 1.712 y los 1.233 euros.

Los mismos datos indican que en el octavo mes del año, los préstamos hipotecarios para adquisición de vivienda crecieron un 43,9%, incremento solo superado por Castilla y León con un 54%, y ascendieron a 327.

La cuantía promedio del préstamo para la adquisición de una vivienda fue de 125.188 euros, un 9,5% más que hace un año.

En toda España, la compraventa de viviendas subió un 6,2% en agosto respecto al mismo mes del año anterior, hasta alcanzar las 38.061 unidades, y la concesión de préstamos hipotecarios para la adquisición de vivienda subió un 12,2%, hasta las 19.795 operaciones.

El precio medio del metro cuadrado se situó en los 1.599 euros, lo que supone un encarecimiento del 4,3% interanual, con especial avance en Castilla-La Mancha (+62,9%), Navarra (+25,6%), Asturias (+17,1%) y Canarias (+13,4%).

La Autoridad Vasca de la Competencia (AVC) ha multado con 26.569 euros al Colegio Notarial vasco por recomendar precios de las escrituras y repartirse el mercado, lo que el organismo considera que se trata de dos infracciones “muy graves”. En concreto, las infracciones hacen referencia, en primer lugar, a la recomendación realizada desde el Colegio Notarial a sus colegiados sobre el importe del arancel a cobrar a la entidad bancaria Kutxabank por la autorización de las escrituras notariales de moratorias crediticias dentro de la normativa de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social de la COVID-19. En segundo lugar, Competencia sanciona el reparto igualitario de las escrituras a autorizar entre los notarios que se adhirieran a aplicar esta recomendación.

El Colegio Notarial emitió una circular entre sus asociados en enero de 2021 con la recomendación del importe de los aranceles a la cobrar a Kutxabank a través de la sociedad Gestión Documental de Euskadi -Gesdek- que es una sociedad 100% del colegio de notarios, así como el reparto igualitario de las escrituras. En dicha circular se establecía que “el coste arancelario recomendado por operación y por todos los conceptos, facturable a Kutxabank, es de 60 euros más IVA menos la retención legalmente aplicable”, -cuando la normativa fijaba una horquilla entre un arancel mínimo de 30 euros y un máximo de 75 euros-. Establecía además, que “verificado el número de notarios interesados”, se procedería al “reparto igualitario entre todos ellos de las moratorias”.

Esta circular, emitida el 29 de enero de 2021, dio lugar a un queja de un notario que se recibió en la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia en el mes de abril, lo que provocó que en el mes de mayo de ese año el Colegio de Notarios Vascos dejara sin efecto el acuerdo. Desde el Colegio argumentaron que el sistema que proponían se basaba en “la voluntariedad para todos los Notarios, el tratar de evitar la concentración de documentos y, en tercer lugar, salvaguardar el interés público al tratarse de documentos que, en última instancia su finalidad es la protección de las personas, empresas o autónomos más vulnerables y perjudicados por las consecuencias económicas de la pandemia, tratando de conseguir un sistema ágil para su gestión”. Señalaban en este sentido que la intención de la Junta Directiva no fue nunca que se entendiera “como una recomendación que pudiera afectar al mercado”.

En su investigación tras la apertura del expediente sancionador, la Autoridad Vasca de la Competencia constató que antes de que el Colegio de Notarios emitiera su circular con la recomendación de la tarifa a facturar a Kutxabank y con el objetivo de realizar un reparto igualitario de las moratorias entre los notarios, fueron 6 los notarios que otorgaron escrituras, dos de los cuales realizaron el 91,2 % de las mismas. En el periodo en el que estuvo en vigor la circular, se produjo un reparto de las escrituras entre prácticamente todos los notarios, y del total de 115 notarios que han otorgado escrituras de moratoria COVID-19, 111 realizaron alguna en dicho periodo, según señala el organismo en su resolución emitida este pasado mes de julio. Además, un total de 96 notarios otorgaron un número de escrituras que oscila entre 8 y 12, es decir un número muy similar, que además supone el 82,4% del total de escrituras otorgadas en ese periodo. A partir del mes de junio, cuando queda sin efecto la circular, se vuelven a concentrar las escrituras de moratoria en un número bastante más reducido de notarios, un total de 61, a pesar de que el número de operaciones fue superior al triple. Además, el 87,12 % de las escrituras son otorgadas por 31 notarios.

Durante la época en la que estuvo vigente la circular, la tarifa de 60 euros se aplicó en el 99,72 % de las moratorias gestionadas (3.873 de un total de 3.884 escrituras). Señala Competencia que la medida de las moratorias crediticias COVID-19 se aprobó en marzo de 2020 y hasta el 31 de marzo de 2023, fueron otorgadas 4.884 escrituras, lo que supuso una facturación a Kutxabank de 301.062,38. euros por parte de los notarios. Durante el período que estuvo en vigor la circular de 29 de enero de 2021, hasta junio de ese año el importe facturado a Kutxabank ascendió a 71.258,90.euros, por el otorgamiento de 1.130 escrituras. 

No implica a Kutxabank en las infracciones

La investigación de Competencia no implica a Kutxabank en las infracciones, porque no constata ningún acuerdo con el Colegio Notarial Vasco para el precio o el reparto del mercado. Kutxabank tenía en vigor entonces un contrato de prestación de servicios suscrito en 2013 con Gesdek. Tras analizar el contrato así como el procedimiento técnico específico para la tramitación de las escrituras de moratorias COVID-19, “no se desprende cláusula o directriz alguna que permita extraer la conclusión de que fue Kutxabank quien estableció el reparto igualitario de las escrituras entre dicho colectivo”, señala Competencia. En cuanto a Gesdek, sociedad 100% del Colegio de Notarios, la define como un “un mero ente instrumental, por lo que no se le considera responsable de la conducta”.

Un juzgado de Instrucción de Sevilla ha incoado diligencias previas por una presunta falsificación de documentos privados contra un notario de la capital hispalense por permitir otorgar un segundo testamento a una persona enferma de 79 años “claramente incapaz”, según la denuncia del representante legal de su viuda, a quien dejó “sin usufructo ni herencia” mientras de aquella modificación obtuvieron un “claro beneficio” los hijos del ahora fallecido, a la sazón hijastros de la viuda.

El auto que admite la denuncia dice que los hechos denunciados “presentan características que hacen presumir la posible existencia de una infracción penal”. El mismo juzgado ha remitido un oficio al Instituto de Medicina Legal para que un médico forense informe si la persona ahora fallecida, a la vista de la enfermedad que padecía por entonces, se hallaba con capacidad suficiente para poder otorgar en diciembre de 2020 un testamento que sustituía al emitido en 1996 y en el que su mujer, ahora viuda, resultaba usufructuaria de todos sus bienes.

El ahora fallecido se divorció en los noventa de la madre de sus tres hijos y en 1996 empezó una nueva relación sentimental con la que después sería su nueva esposa, a quien en testamento abierto le legó usufructo universal y vitalicio de su herencia. Una vez sobrevino la enfermedad en el año 2020, según el relato de la denuncia, el hombre acudió “pocos días antes de morir” a la Notaría “llevado por sus hijos” para otorgar su segundo testamento “enfermo grave (cáncer terminal de páncreas), medicado, desnutrido, sin articular palabra y sedado por la morfina, en tanto no movía la cabeza, no podía andar y no se movía de la silla de ruedas”. En esas condiciones, según el abogado la viuda y “otros testimonios”, el investigado “aceptó recoger las manifestaciones” del luego fallecido.

En la denuncia se relata que el hombre fue diagnosticado del cáncer en junio de 2020, muriendo a los pocos meses, en diciembre, advirtiendo que “no concuerda” que la persona fallecida “deje completamente desvalida a su esposa en sus últimos años de vida cuando en el anterior la nombraba usufructuaria de todos sus bienes”. La acusación se pregunta “si pudo ser fruto de abuso de influencia o influencia indebida y/o si podría tener mermadas sus capacidades cognitivas y volitivas para otorgar con plena eficacia el testamento de diciembre de 2020”.

“Capacidades cognitivas y volitivas gravemente mermadas”

El notario investigado, siempre de acuerdo a la denuncia que se investiga, refirió que “a mi juicio” que el testador tenía la “capacidad” para testar cuando “salta a la vista que no era dueño de sus actos, por cuanto era evidente que tenía sus capacidades cognitivas y volitivas gravemente mermadas por el tratamiento de la enfermedad terminal”.

En las disposiciones del nuevo legado dejó a la esposa sin usufructo ni herencia, con el notario como albacea y contador-partidor de la masa hereditaria. En la presunta última voluntad, el ahora fallecido sólo le otorgó pensión vitalicia de 300 euros a su viuda. El día de autos le otorgó ante el notario denunciado un poder amplio.

Tras su muerte, los poderes de la ya viuda artificiarían un contrato de alquiler sobre el piso que compartió el matrimonio, generándose impagos y una consiguiente demanda de desahucio, que no fue replicada en plazo. En tiempo récord, a la viuda la echaron del piso. En la actualidad está en la calle, en residencia provisoria y a cargo de los servicios sociales. Su defensa sumó a la denuncia penal una queja ante el Colegio de Notarios por la supuesta y probable mala praxis de uno de sus afiliados, cuya actuación ya investiga por el juzgado.

La representante legal de la viuda denunció los hechos a primeros del pasado mes de diciembre y el juzgado está realizando ya las diligencias oportunas, incorporando informes médicos aportados por esa parte de un par de clínicas de Sevilla que “acreditan” que el testador “se encontraba en el último estadio de la enfermedad terminal, por tanto, a la vista incapaz”.

Este periódico ha intentado insistentemente conocer la posición del denunciado al respecto, sin que hasta el momento haya atendido la petición de este medio.

“No es creíble que mantuviera su testamento durante 25 años para una vez enfermo y en silla de ruedas, sin poder moverse y apenas hablar, acudir al Notario de confianza de sus hijos para otorgar nuevo testamento en el que despoja a su esposa del usufructo vitalicio de sus bienes le niega ex novo sus derechos testamentarios y legales de viuda casada en gananciales a favor de sus hijos”, concluía la denuncia que investiga el juzgado.

Relevante sentencia para el sector de las notarías. El Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) ha fallado que el cambio de un notario por otro, un movimiento en el que es frecuente que el sucesor mantenga gran parte de su personal y de los recursos materiales de la notaría, puede considerarse “un cambio de empresario” y una “transmisión de empresa”, según la normativa europea, con la consiguiente garantía y protección de los derechos laborales de sus trabajadores. En este caso concreto, se prevé que aumente la antigüedad de varios trabajadores ante un despido por un notario.

La sentencia responde a una cuestión prejudicial emitida por la magistrada Amaya Olivas Díaz, titular del juzgado de lo Social número 1 de Madrid, a propósito de varios despidos de trabajadores de una notaría. Los afectados habían venido prestando servicios de manera ininterrumpida “desde el 24 de mayo de 2004 y en el mismo centro de trabajo, para los distintos notarios a quienes sucesivamente se nombró para dicha notaría y a los cuales estuvieron vinculados por una relación laboral ordinaria”, recoge la sentencia. En septiembre de 2019, el notario al frente de la notaría donde trabajaban se trasladó a un nuevo destino, por lo que estos trabajadores finalizaron su relación laboral.

Poco después, en enero de 2020, otro notario fue nombrado adjudicatario de esta plaza, que se hizo cargo de gran parte de los trabajadores que venían prestando sus servicios para el anterior titular de la plaza, “así como de la misma estructura material y prosiguió el ejercicio de la actividad notarial en el mismo centro de trabajo”, donde se guarda el llamado protocolo, el archivo de las actuaciones realizadas por la notaría que deben guardarse 25 años en caso de que le sean solicitadas por los interesados.

El caso analizado: un despido en la pandemia

Estos trabajadores volvieron a ser contratados por el nuevo notario en febrero de 2020, poco antes de la pandemia, con un contrato de prueba de seis meses. Cuando irrumpió el coronavirus, el 15 de marzo el Ministerio de Justicia adoptó una instrucción para evitar los contagios, con medidas como que “solo se celebrarían actuaciones de carácter urgente” y “que las notarías deberían adoptar las medidas de distanciamiento recomendadas por las autoridades y que se establecerían turnos para los empleados”.

Al día siguiente, tres trabajadores acudieron a la notaría para solicitar al notario “la aplicación de las mencionadas medidas” preventivas. El nuevo titular “se negó y, ese mismo día, entregó” a los tres y, poco después a otro empleado más, “sendas cartas de despido en las que indicaba que no habían superado el período de prueba”, recoge la sentencia.

Los trabajadores acudieron a los tribunales para recurrir sus despidos, que piden que se declaren nulos o en su defecto improcedentes, y además reclaman que “su antigüedad se calculase desde la fecha en que comenzaron a prestar sus servicios en la notaría”. El notario por su parte defiende que esta solo debe remontarse al 11 de febrero de 2020.

La magistrada del Juzgado de lo Social número 1 de Madrid, que juzga el caso, elevó una consulta prejudicial a tribunal con sede en Luxemburgo, para que respondiera a si el cambio de notario podía considerarse una “transmisión de empresas” en el sentido regulado en la Directiva europea 2001/23, relativa “al mantenimiento de los derechos de los trabajadores” en estas situaciones.

Esta directiva regula, entre otras cuestiones, que “los derechos y obligaciones que resulten para el cedente de un contrato de trabajo o de una relación laboral existente en la fecha [de la transmisión], serán transferidos al cesionario”, recuerdan los magistrados europeos.

Hay transmisión de empresas

Los magistrados del TJUE analizan el caso y la normativa nacional sobre los notarios, que expone la jueza de instancia. Estos son funcionarios públicos, autorizados “para dar fe, conforme a las leyes, de los contratos y demás actos extrajudiciales”, que acceden a esta función tras superar una oposición de ámbito nacional.

Este estatus público es al que se aferraba la defensa del notario, para rechazar la aplicación de esta Directiva europea, que recoge como excepción que “el traspaso de funciones administrativas entre autoridades públicas administrativas no constituirán” una transmisión de empresas.

Sin embargo, los magistrados consideran que los notarios “ejercen sus actividades en condiciones de competencia, lo cual no es propio del ejercicio de prerrogativas de poder público”. Es decir, que no se les debe excluir del cumplimiento de la directiva sobre transmisiones de empresas.

Además, aunque señala que debe ser la jueza nacional la que resuelva finalmente el caso, el TJUE también se inclina por que los notarios realizan una “actividad económica” y que esta puede mantener su “identidad” pese al cambio de titular el frente de la notaría. Por ejemplo, si mantiene a gran parte de su personal.

Los jueces recuerdan que, “si bien funciona bajo el control del notario, la notaría desarrolla a través de sus empleados tareas como las relativas a la organización de esta, la redacción de documentos y la comunicación con los clientes, en lo que en particular se refiere a las consultas jurídicas, aspectos estos que hacen de ella una organización autónoma”.

Por todo ello, y con el emplazamiento a la magistrada nacional a que examine el detalle del caso, el TJUE concluye que esta directiva europea “es aplicable” a los notarios. En concreto, precisa: a “una situación en la que un notario, funcionario público y empleador privado de los trabajadores de su notaría, sucede al anterior titular de esa notaría, asume su protocolo y una parte sustancial del personal que venía trabajando para este último y continúa desempeñando la misma actividad en los mismos locales con los mismos medios materiales, siempre y cuando se mantenga la identidad de dicha notaría, extremo que corresponde determinar al órgano jurisdiccional remitente considerando todas las circunstancias pertinentes”.