Solo tres de los 78 entornos escolares analizados en Euskadi cumplen con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo que supone que en el 96% de ellos se respira aire nocivo para la salud, según la quinta campaña estatal de ciencia ciudadana de medición de dióxido de nitrógeno (NO2) en entornos escolares de Ecologistas en Acción. La campaña, cuya prioridad principal es demandar entornos escolares sin humos ni ruidos, ha sido coordinada en Euskadi por Sagarrak Ekologista Taldea y Ekologistak Martxan, con el apoyo del Ayuntamiento de Barakaldo, el CIFP Tartanga LHII, Bizikleteroak y voluntarios, que han hecho públicos los resultados este miércoles.

El proyecto ha consistido en la colocación y análisis de 160 captadores pasivos de medición de NO2 en centros escolares y sus alrededores en Vitoria, Donostia, Errenteria, Oiartzun, Barakaldo, Bilbao y Erandio. Todas las medidas realizadas indican que “apenas unos pocos centros escolares” cumplen la recomendación de la OMS de no superar los 10 mg/m3, “ni tan siquiera en la mayoría de los interiores y patios de los centros escolares medidos”.

Ecologistak Martxan ha calificado de “preocupante” también el “elevado porcentaje” de centros escolares que no cumplen los límites de la nueva directiva aprobada en 2024, “en la que se exige elaborar 'hojas de ruta' para alcanzarlos en enero de 2030 como fecha límite. En las últimas mediciones, 54 de los 78 centros analizados, el 69%, superan el límite de 20 mg/m3.

Según ha recordado, la contaminación del aire afecta “muy gravemente” a la salud de la infancia, ya que producen alergias, asma infantil, enfermedades cardiorrespiratorias y trastornos neurocognitivos “que les acompañarán durante toda su vida”. Por ello, ha insistido en que para preservar la salud infantil y conseguir “entornos educativos saludables y seguros”, se deben implementar medidas para reducir la contaminación en las vías perimetrales en los centros escolares, como “pacificar los entornos escolares”, identificarlos según la normativa como espacios sensibles a proteger (Zonas de Bajas Emisiones) o monitorizar los niveles de contaminación atmosférica y acústica en los espacios escolares.

También sugiere “eliminar las plazas de parking de coches todavía existentes dentro de muchos centros escolares”, priorizar la movilidad activa --en bicicleta y peatonal--, así como el transporte público, y “naturalizar los entornos escolares para mejorar la calidad ambiental”.

Vitoria

En Vitoria se han tomado medidas en 17 entornos escolares, en los que todos, excepto el medidor situado en Ikasbidea, superan los 10 mg/m3 de NO2. La medición en el centro Gurutzmendi Haurreskola, situado colindante a la arteria Iturritxu, con tres carriles de circulación, muestra el dato más alto con 32,4 mg/m3. Las mediciones en 8 de los 17 puntos medidos en entornos escolares, el 47%, están por encima de 20 mg/m3. El entorno de la calle Iturritxu, donde, además de la Haurreskola, en la que se ha colocado el medidor, hay otros dos centros escolares con gran densidad de alumnado, es “un punto crítico demostrado”, al igual que el entorno de Abendaño, Toki Eder, y la Ikastola Arantzabela, que precisan de un plan para poder reducir la contaminación. Ekologistak Martxan inicite en que estas mediciones evidencian “la necesidad de vigilar mejor la calidad del aire en centros de especial sensibilidad, tanto escolares como sanitarios”.

Bizkaia

Por lo que respecta a Bizkaia se han analizado 40 centros escolares, todos situados en municipios de la zona del Bajo Nervión, una de las ocho zonas oficiales definidas en la Comunidad Autónoma Vasca para el seguimiento de la calidad del aire “e históricamente con niveles elevados de este contaminante”. Las conclusiones revelan que en Barakaldo, en todos los centros analizados y su entorno se superan los límites establecidos por la OMS, para el NO2 (10 mg/m3) y en el 58% el nivel más permisivo de la Nueva Directiva de Calidad del aire, que lo duplica (20 mg/m3).

Del “mapa de NO2 en Barakaldo”, realizado en base a 120 municipios, el foco mayor de contaminación sería el entorno del puente de Rontegi, mientras el año pasado la contaminación más relevante se detectaba en Cruces. En Erandio, en siete de los ocho centros analizados y sus entornos, se superan los límites establecidos por nueva directiva de calidad del aire y en ninguno de los ocho se cumple el límite marcado por la OMS “para considerar como no nociva la presencia de este contaminante”. Según Ekologistak Martxan, Erandio cuenta con “elevados niveles de contaminación atmosférica” derivados de la presencia de industrias “altamente contaminantes”.

En Bilbao, se seleccionaron 20 puntos de medición en 13 centros de educación primaria y secundaria ubicados tanto en vías con entornos de alta densidad de tráfico, como con media y baja exposición a los contaminantes emitidos por los vehículos. En todos los lugares analizados se superan los 20 mg/m3. El informe destaca la necesidad de una reducción “especialmente urgente” del tráfico en algunos entornos, como el de la calle General Concha ya que los niveles de NO2 se sitúan por encima de los 40 mg/m3. Este mismo entorno del centro situado en la calle Kontxa, ya superaba ese nivel en la campaña anterior. También cree preciso “abordar la problemática” en las calles, Alameda de Rekalde, Autonomía o Ribera de Botica Vieja.

Gipuzkoa

En el caso de Gipuzkoa, las muestras en Donostia han sido recogidas en los ámbitos de Ategorrieta, Centro y Amara Berri, lugares donde se asientan un total de 11 centros educativos. En Errenteria se han recogido datos en los alrededores de cuatro centros escolares, una residencia de ancianos y el ambulatorio de Iztieta, mientras que en el entorno de los dos centros escolares analizados en Oiartzun, que son los únicos donde no se superan los niveles de NO2 recomendados.

En la capital guipuzcoana se colocaron en la zona de Ategorrieta 15 captadores, a los que se suman otros tres captadores en el barrio de Amara Berri y otros dos captadores en el centro de la ciudad. Según los resultados de las mediciones, en 14 de los 20 captadores colocados “se superan 10 g/m3 de NO2, valores recomendados e indicados por la OMS”. Según los responsables del estudio, se libran los entornos de Ikastola Zurriola, los Jesuitas y Amara Berri en la plaza de Ferrerías. Ninguno de los espacios educativos arroja datos por encima de los 40g/m3, límite legal actualmente vigente, “aunque en algunos se llega a alcanzar los 38,5 g/m3”, como es el caso del colocado a la altura de la avenida Navarra. En Errenteria “las mediciones marcan valores en todos los casos superiores a los 10 g/m3 que recomienda la OMS”.

El Gobierno vasco afirma que Euskadi cumple con todos los estándares que fija la Unión Europea en materia de calidad de aire, y en muchos casos está por encima de lo que marca la normativa. “Hoy por hoy el aire que respiramos cumple con los estándares más exigentes que marca Europa”, ha señalado el consejero de Industria, Transición Energética y Sostenibilidad, Mikel Jauregi, que ha recordado que la legislación europea es la más estricta a nivel mundial. Ha indicado, además, que los datos indican que en las últimas décadas la calidad del aire que respiran los vascos ha mejorado y, aunque ha reconocido la necesidad de ser ambicioso, ha cuestionado que se compare la evolución de Euskadi en este ámbito con regiones que no son industriales. “No podemos compararnos con las Azores en las que no hay industria”, ha señalado. “No podemos olvidar que nuestro pasado, presente y futuro es industrial”, ha insistido.

Jauregi, que ha comparecido en el Parlamento Vasco a petición de EH Bildu, en una sesión en la que este partido ha sido el único de la oposición presente porque no han participado ni PP, ni Sumar ni tampoco Vox, ha señalado que la red de control de la calidad del aire de Euskadi “es probablemente la más densa y avanzada del Estado, y cuenta con 55 estaciones fijas y siete móviles”. Además, se dispone de tres laboratorios móviles equipados con cromatógrafos de gases capaces de identificar más de 170 compuestos orgánicos volátiles. “Son equipos únicos en el Estado y hay pocos similares en Europa, concretamente en Italia y en los Países Bajos. Gracias a ellos podemos detectar sustancias complejas, incluso desconocidas, algo clave cuando se trata de investigar episodios concretos, tanto en entornos industriales como urbanos”. En este sentido, ha señalado que “la tecnología que se utiliza no sólo permite medir, sino comprender lo que ocurre en el aire que nos rodea”. Además, ha destacado el consejero que se colabora con Euskalmet en el desarrollo de “modelos atmosféricos predictivos que nos ayudarán a pasar de una vigilancia pasiva a una gestión anticipada y científica de la calidad del aire”. “Y publicamos los datos en tiempo real, con total transparencia”, ha dicho.

Precisamente en la misma comisión sobre la calidad del aire han precedido al consejero representantes de Ekologistak Martxan, que han considerado que las estaciones de medición que existen en Euskadi “son insuficientes” para tener datos sobre la calidad de lo que respiramos y que en 2010 había 64 estaciones frente a las 55 actuales. Jauregi ha instado a “no generar alama social” y que se cuiden los mensajes que se lanzan: “Cuando se afirma que 1,3 millones de vascos respiran aire contaminado, conviene matizar. Porque ese dato, tal como se presenta, no refleja la realidad. Se basa en extrapolaciones que no distinguen entre una estación puntual y una comarca entera. Se toma el todo por la parte y, generalizar un problema puntual distorsiona el diagnóstico y debilita la confianza pública”.

Los datos muestran que Euskadi se sitúa hoy “por encima de la media comunitaria en calidad del aire urbano y se aproxima a los estándares de los países nórdicos, tradicionalmente referentes en sostenibilidad ambiental”, según afirma Jauregi, pero ha insistido en que hay que ser conscientes de que “Euskadi no es las Azores, que no tiene industria”. “No se puede comparar Euskadi con las Islas Azores. Aquí hay polígonos, fábricas, actividad productiva; allí, paisaje y viento atlántico. Pretender aplicar los mismos estándares de calidad del aire es una trampa argumental”, argumenta. Ha insistido en que desde el Gobierno se apuesta por una “Euskadi industrial, descarbonizada, productiva e inteligente”. “Pero pretender alcanzar los mismos niveles que regiones sin nada de industria es hacerse trampas al solitario”, ha insistido.

El consejero ha rebatido las críticas de la parlamentaria de EH Bildu Amancay Villalba, y ha afirmado que “la calidad del aire es buena” y que desde 2005 se han reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en un 38%. “Estamos convencidos de que el aire que respiramos continuará mejorando y que en el 2030 nadie respirará aire por encima de los límites”, ha indicado. Pero ha insistido en que ese camino se hará “de la mano de nuestra industria. Somos un oasis industrial y queremos seguir siéndolo. No queremos ser las Islas Azores. Nosotros lo tenemos claro”, ha dicho, y ha matizado que “más industria no significa peor calidad del aire tal y como lo hemos demostrado los últimos años”. 

El consejero ha destacado, en este sentido, la apuesta por la transición energética, el control de emisiones industriales y la movilidad sostenible, “demostrando que prosperidad económica e industria moderna pueden ir de la mano de la protección ambiental”, y se ha mostrado muy crítico con EH Bildu como grupo que ha pedido la comparecencia: “Resulta difícil entender la posición de EH Bildu cuando habla de industria y, al mismo tiempo, se lamenta por la calidad del aire. Establece una relación causa efecto que hoy en día no es real. Porque si realmente queremos una industria fuerte, capaz de mantener el empleo y la riqueza en Euskadi, debemos asumir también el compromiso de transformarla: hacerla más limpia, más innovadora, más competitiva. No se trata de elegir entre industria o aire limpio, sino de impulsar una industria que se descarbonice, que apueste por la tecnología y la sostenibilidad. Pero eso exige decisiones valientes, inversión, rigor… no titulares fáciles ni comparaciones que no se sostienen”. “La coherencia, en política, también se mide por la capacidad de conjugar desarrollo y sostenibilidad, no por reclamar imposibles desde la comodidad de la contradicción”.

1.270 muertes por la calidad del aire

De manera previa a la comparecencia del consejero, han participado en la comisión, también a instancia de EH Bildu representantes de Ekologistak Martxan, que han pedido que la Fiscalía y la Erzaintza “cumpla su papel” en casos medioambientales y que “se cumplan las leyes” que se ocupan de la materia. Los representantes de esta ONG han comparecido en el Parlamento Vasco para presentar un informe sobre la calidad de aire en Euskadi y han recordado la importancia que tiene esta cuestión para el medio ambiente y para la salud. De hecho, han señalado que en el último año con datos (2022) se produjeron 1.270 muertes atribuibles a la calidad del aire que se respira.

Los representantes de Ekologistak Martxan han señalado que hay 57 estaciones de medición en Euskadi, cuando en 2010 había 64. “Es necesario que el Gobierno vasco se esfuerce por mejorar la medición”, han señalado, sobre todo teniendo en cuenta que los ayuntamientos de más de 50.000 habitantes tienen que poner en marcha las zonas de bajas emisiones. “Esto hay que medirlo”, han indicado, porque hay un problema de contaminación y depende de la zona en la que estén las estaciones de medición se sacan unas conclusiones u otras. Es decir, una estación en María Díaz de Haro, en Bilbao, en ZBE, no puede extrapolarse a la contaminación que haya en otra calle en la que el tráfico no está restringido ha puesto como ejemplo.

Han pendido que “el transporte público no compita con el privado, si no que gane por goleada”. En este sentido han considerado que sería positivo “que haya metro a las 6 de la mañana para ir a trabajar, o que se cumplan las previsiones de la movilidad en los centros de trabajo”. “En definitiva, que no haya que tener un coche para ir a trabajar”.

No a un plan específico sobre el lindano

El consejero Jauregi ha comparecido también en otro de los puntos del orden del día para tratar el tema de los vertederos en desuso y el cumplimiento o no de las recomendaciones realizadas por el Ararteko sobre este tema. En dicha resolución, dictada el pasado mes de junio tras una denuncia de Ekologistak Martxan, el Ararteko emplaza el Gobierno vasco a impulsar un plan integral de actuación frente a la contaminación por lindano de estos vertederos y recalca que los poderes públicos “deben garantizar una restauración ambiental eficaz de los depósitos de residuos peligrosos que aún persisten en la actualidad”. Además de la puesta en marcha de un plan integral, pide la reactivación de una mesa de acción institucional y social frente al lindano, que, por cierto lleva sin reunirse desde 2022.

La parlamentaria Villalba ha cuestionado directamente a Jauregi si va a cumplir las recomendaciones del Ararteko. Al consejero le ha costado contestar de manera directa las preguntas de Villalba y no ha sido hasta el último turno de intervenciones cuando ha señalado que no ve necesario un plan global del lindano porque no hay vertidos incontrolados “sistemáticos”. Y respecto a la mesa de lindano ha reiterado, como ya hizo el pasado viernes en el Parlamento Vasco interpelado por la cuestión por el parlamentario del PP, Álvaro Gotxi, ausente en la comisión de este martes, que el Ejecutivo tiene intención de convocarla, “pero cuando haya novedades”, y ha confiado en que se reunirá en el primer semestre del próximo año.

Respecto a las cuestiones relativas al retraso de los sellados de estos vertederos -se estima que Euskadi tiene 1.558 vertederos que están sin sellar-, el consejero ha defendido que la normativa se rige por la máxima de que “el que contamina paga”, por lo que no corresponde al Gobierno vasco esa labor de sellado, sino a las empresas que han contaminado o los propietarios del terreno. Sí corresponde al Ejecutivo la inspección o las sanciones. En este sentido, ha reiterado que “todos estamos de acuerdo en lo que debe hacerse con ese lindano” que está en esos vertederos. Hay que responder “quién tiene que hacerlo, cómo y cuándo”. “Hay una normativa que da a cada cual un rol, si queremos hacerlo de forma diferente habrá que llegar a un acuerdo para cambiarlo”, ha señalado.

Euskadi tiene alrededor de 1.558 vertederos que están sin sellar y, por lo tanto, sin que se haya realizado sobre ellos ninguna actuación que evite que los diferentes contaminantes que se han arrojado en ellos a lo largo de los años se puedan filtrar al agua a través del suelo. El dato lo proporciona Ekologistak Martxan, pero se basa en el censo de vertederos elaborado por el propio Gobierno vasco, aunque fuentes del Ejecutivo puntualizan que son “mayoritariamente depósitos”, ya que la denominación de vertederos se aplica desde 1994 “y tiene su regulación propia”.

La organización ecologista acaba de recibir el respaldo a sus denuncias por parte del Ararteko, que en una resolución emitida la semana pasada emplaza el Gobierno vasco a impulsar un plan integral de actuación frente a la contaminación por lindano de estos vertederos y recalca que los poderes públicos “deben garantizar una restauración ambiental eficaz de los depósitos de residuos peligrosos que aún persisten en la actualidad”. Además de la puesta en marcha de un plan integral, pide la reactivación de una mesa de acción institucional y social frente al lindano.

La resolución del Ararteko se basa en seis vertederos de Bizkaia, en los que Ekologistak Martxan ha comprobado, y así ha trasladado en diferentes denuncias, que el lindano que han almacenado se ha filtrado a las aguas a través del suelo. En concreto, se refiere a los vertederos de Enekuri y de Santo Domingo, ambos en Bilbao; el vertedero de Jata, en Lemoiz; el vertedero de Modorreta de El Regato, en Barakaldo; el de Etxeuli y anejos en Santurtzi; y el de Premabi en Sondika. Vertederos en desuso en los que “la presencia de residuos peligrosos de Lindano-HCH en esos antiguos vertederos, sin ningún tipo de aislamiento ni tratamiento estaría generando lixiviados que percolaban a las aguas superficiales y subterráneas siendo susceptibles de provocar daños medioambientales de consideración al medio natural”, recoge la resolución del Ararteko.

“No es más que la punta del iceberg”, señala Javier Vázquez, de Ekologistak Martxan, que indica con ello que la dimensión y gravedad del problema va mucho más allá de estos seis vertederos. “Tenemos un problema de aguas en las que aparecen sustancias contaminantes, pero hasta que no se ataje el problema de dónde vienen esos contaminantes, es decir, sepas lo que contiene el vertedero y lo selles para llevar a cabo un cierre ordenado, el problema va a persistir”, dice.

En total, hay 1.558 vertederos en situación parecida a los seis que se contienen en la resolución de la Defensoría del Pueblo vasca, señalan. Es decir, vertederos sobre los que no se ha actuado, y, por lo tanto, está fuera de control las sustancias que se pueden estar filtrando al agua a través de sus suelos, porque ni siquiera se sabe lo que se ha arrojado en estos depósitos. Hay que tener en cuenta que esta resolución del Ararteko se basa en una reclamación presentada ante esta institución por la agrupación ecologista en 2021, pero que la situación se venía denunciado desde 2008.

Ahora se tienen más datos, dicen desde Ekologistak Martxan. “Por eso, es imprescindible que se cree una mesa en la que están presentes las administraciones, ayuntamientos y también miembros de organizaciones y la sociedad civil para hacer un seguimiento de todos los vertederos afectados, y se busquen fórmulas para atajar el problema”, señala Javier Vázquez. La organización ecologista se ha puesto en contacto con los grupos políticos en el Parlamento Vasco tras la resolución para “animarles a trabajar siguiendo la recomendación del Ararteko” y más teniendo en cuenta que, tanto en las reuniones mantenidas como en la comisión parlamentaria del 12 de noviembre de 2024, en la que participó la organización ecologista, “mostraron todos disposición a trabajar”. Por el momento, no han obtenido respuesta desde los partidos.

Ekologistak Martxan centró su queja al Ararteko en estos seis vertederos vizcaínos porque los tenían más controlados. “Dijimos que estos al menos se tienen que que mirar”, señala. Pero insiste en que el problema tiene una dimensión mucho mayor. Hasta ahora las administraciones siempre han defendido que “corresponde a la persona que llevó a cabo la actuación de depósito de residuos o, en su caso, a la persona propietaria del emplazamiento adoptar las medidas que fueran necesarias para evitar las afecciones de carácter ambiental en el entorno”.

En este marco, según se recoge en la resolución del Ararteko, “la actuación de la administración se circunscribía a exigir a las mencionadas personas responsables que adoptasen las medidas oportunas”. En este sentido, durante la tramitación del expediente del Arateko, el Gobierno vasco envió los requerimientos planteados a los propietarios de los vertederos para que solucionaran los problemas denunciados, sin que se avanzara en iniciativas concretas. Por ello, finalmente el Ararteko concluye que es necesario exigir a los órganos ambientales competentes “disponer de un plan de acción eficaz para hacer frente a una definitiva restauración medioambiental de esos depósitos de residuos peligrosos y de la persistencia del vertido de sus lixiviados”.

Además, apunta la resolución que, “sin perjuicio de la responsabilidad directa de las personas que en su momento generaron esos focos de contaminación dispersa por lindano-HCH de diversa entidad y del transcurso del tiempo, resulta insoslayable realizar una reflexión sobre la existencia de unos antiguos vertederos que, si bien están en desuso, continúan siendo una fuente de contaminación continua al medio natural por sus lixiviados a los ríos”. “Como demuestran con redundancia los informes de Azti elaborados para URA, a pesar de los importantes esfuerzos realizados por el Gobierno vasco para la localización y tratamiento o confinamiento de dichos residuos, persisten aún determinados focos que han provocado la superación de las actuales normas de calidad de HCH de algunas masas de agua superficiales, lo cual pueden llegar a suponer una afección al derecho al medioambiente de todas las personas”, agrega. Y considera en este sentido que “la falta de adopción de medidas por parte de las autoridades para controlar la contaminación de los vertederos puede llegar a constituir una vulneración de los derechos humanos”.

Por ello, refleja que “la obligación de actuar y de garantizar la descontaminación definitiva de los vertederos en desuso en Bizkaia tiene que estar dirigida por los poderes públicos vascos para lograr, cuanto antes, la restauración ambiental del medio ambiente alterado. Para ello, resulta necesario impulsar un plan de actuación que remedie definitivamente este problema, exigiendo que quién haya contaminado pague, pero sin ignorar la responsabilidad colectiva que refleja la propia Constitución ya que, llegado el caso, la persistencia de esa contaminación por el lindano-HCH -una sustancia persistente en el medio ambiente que se bioacumula en organismos vivos y es tóxica para la salud humana y el medio ambiente- podría llegar a afectar a otros derechos fundamentales como es el caso del derecho a la vida privada y familiar o, incluso, al derecho a la vida”.

“La administración tiene la obligación de actuar por partida doble: para proteger el medio ambiente, pero también porque se trata de una cuestión de salud pública, es un problema doble”, señala el representante de Ekologistak Martxan.

El Gobierno vasco recuerda en una respuesta parlamentaria a EH Bildu que, en función del periodo en el que se ha realizado la actividad de deposito de residuos, resultará de aplicación una norma y no otra, debiendo recordarse en este sentido que no está permitida la aplicación de normativa con carácter retroactivo. Las normativas respecto vertederos son de 1994 y posteriormente se aprobaron decretos en 2001, 2009 y 2020. Respecto a esto, Javier Vázquez insiste en que “el Gobierno dice que igual un vertedero no tiene por qué tocarlo porque es del año 1980, previo a la regulación de vertederos”. “Pero hasta que se vaya a actuar no puedes dejar que se te escape la mierda de la bolsa”, insiste Javier Vázquez. “Tendrás que arreglar la bolsa porque no se puede dispersar la contaminación”, zanja.

Recuerda además que la dispersión del lindano es enorme. “Esto lleva a que URA, la Agencia Vasca del Agua, contabilice 40.404 emplazamientos que están recibiendo presiones precisamente de los vertederos y los suelos de procedencia industrial, o sea, de suelos presuntamente contaminados. La cifra es tan elevada porque la dispersión lo lleva muy lejos y un mismo foco te puede estar contaminando 22 puntos”, apunta. Y lamenta que sólo se hayan preocupado de zonas que había que sanear para facilitar la instalación de una inversión, como ocurrió en la zona de actual Mega Park, cuando la multinacional Ikea anunció su intención de instalarse allí.

El responsable de Ekologistak Martxan advierte, además, de otro potencial peligro que se da en la zona de estos vertederos, además de la filtración a las aguas de los contaminantes. “Se trata de los árboles y la contaminación de la madera. Si esa madera la aprovechas, la conviertes en papel, la conviertes en mueble, o en madera para quemar en una estufa, estás quemando lindano. Uno de los peligros que todavía no ha atendido esta administración y lo hemos apuntado muchas veces, es esa madera. Ojo con un incendio en esos vertederos, porque no solamente es que ya es muy peligroso un incendio en un vertedero, porque cuesta mucho apagarlos. La contaminación por lindano al quemarse esos árboles afectaría directa y fatalmente a las brigadas de extinción”, advierte.

Fuentes del Gobierno vasco han señalado que analizarán la recomendación del Ararteko, aunque han puntualizado que hay que “conjugar esta solicitud con el plan de gestión de residuos, así como con la Proposición No de Ley (PNL) aprobada por el Parlamento en el mes de marzo”. En ella se insta al Gobierno vasco a “acelerar la minimización del vertido contemplada en la actuación clave 2 del Plan de Prevención y Gestión de Residuos Euskadi 2030, y facilitar el correcto sellado de los vertederos existentes mediante la aprobación de los proyectos de valorización y plantas de tratamiento necesarias”. Además, se urge al Gobierno a “seguir desarrollando y priorizando acciones para la remediación de suelos contaminados por el vertido de residuos”. Las mismas fuentes no han clarificado si hay intención de llevar el tema a una mesa abierta a diferentes instituciones y organizaciones.

Ekologistak Martxan ha denunciado la “divergencia de criterios” en la evaluación ambiental de proyectos eólicos en Euskadi, algo que, según ha afirmado, queda en evidencia con la reciente resolución de la declaración de impacto ambiental (DIA) del parque eólico de Larragorri, sobre el que la Diputación de Bizkaia ha emitido “informes técnicos contundentes en contra”, mientras que la de Álava “ha mostrado una actitud mucho más laxa”. La organización ecologista, a través de un comunicado, ha contrastado el criterio de ambos gobiernos forales respecto a este proyecto impulsado por Green Capital Development en los términos municipales de Orozko en Bizkaia y Llodio y Amurrio en Álava.

Ekologistak Martxan ha destacado que la Diputación de Bizkaia “ha emitido informes técnicos contundentes en contra del proyecto por su grave impacto” sobre especies protegidas y el Parque Natural de Gorbeia, mientras que la Diputación de Álava “ha mostrado una actitud mucho más laxa, limitándose a proponer medidas correctoras”, según recoge Europa Press.

La organización ha explicado que durante el estudio de impacto ambiental del parque eólico de Larragorri se registraron 1.134 individuos de 17 especies de aves planeadoras y de gran tamaño, incluyendo especies de alto valor ecológico como el alimoche común y el milano real, todas ellas con un riesgo moderado de colisión con los aerogeneradores. Además, se identificaron 12 especies distintas de murciélagos en la zona, dos de las cuales, Pipistrellus pipistrellus y Pipistrellus kuhlii, superando los 3.645 y los 2.325 registros, respectivamente, y que presentan un alto riesgo de mortalidad por impacto con las aspas.

Ante estos datos --ha añadido-- la Diputación de Bizkaia ha considerado que el proyecto es “manifiestamente inviable”, al argumentar que no existen garantías suficientes para evitar la pérdida de biodiversidad. En concreto, el Ejecutivo foral alerta del peligro que supone para el alimoche común, cuyo territorio de nidificación en Itxina (Bizkaia) podría verse afectado hasta el punto de provocar el abandono de la zona por parte de la especie. Además, avisa de que la construcción de la pista de acceso al parque afectaría a un arroyo con presencia de cangrejo autóctono, especie gravemente amenazada.

En el informe del servicio de Calidad Ambiental de la Diputación de Bizkaia se indica que no se puede asegurar que el proyecto no causará perjuicio a la integridad de la ZEC ES211009 Gorbeia, “algo que debería de suponer una DIA negativa”. Ekologistak Martxan ha indicado que sin embargo, la Dirección de Medio Natural de la Diputación de Álava, “a pesar de reconocer los impactos severos sobre la fauna, se limita a recomendar medidas de mitigación y seguimiento, sin cuestionar la viabilidad del proyecto”.

La organización ecologista ha denunciado que esta “disparidad de criterios” favorece la expansión eólica “sin garantías ambientales”. “Esta divergencia de criterios entre ambas diputaciones no es un hecho aislado, sino una tendencia reiterada”, ha afirmado este colectivo, que ha señalado que ya ocurrió algo similar con el proyecto del parque eólico de Itsaraz, en el que la Diputación de Álava apoyó su ejecución mientras que la de Bizkaia lo rechazó.

En aquel caso, la decisión final la tomó el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, que aplicó el principio de precaución y la prohibición de causar daños irreparables a especies protegidas, emitiendo una DIA negativa y bloqueando el proyecto. No obstante, ha explicado que en el caso de Larragorri, la decisión recae en el Gobierno Vasco, que es el promotor del Plan Territorial Sectorial de Energías Renovables “que avala la ubicación de estos dos proyectos”. Ekologistak Martxan ha criticado que esta situación “genera un conflicto de intereses”, ya que la institución responsable de evaluar el impacto ambiental “es la misma que ha impulsado el marco normativo que permite estos desarrollos, cuando no es incluso promotora de algunos de los proyectos”.

Ante esta situación, ha reclamado una armonización de criterios en la evaluación ambiental de los proyectos eólicos, apoyada en principios científicos y de precaución “que prioricen la conservación de la biodiversidad sobre los intereses de promotores privados”. “No se puede permitir que la viabilidad de un parque eólico dependa del territorio donde se proyecte, con diputaciones que actúan con criterios dispares y un Gobierno Vasco que antepone su planificación energética a la protección de la biodiversidad”, ha subrayado. Ekologistak Martxan ha instado a las administraciones públicas a garantizar que las energías renovables se desarrollen “de manera compatible con la biodiversidad, asegurando una evaluación ambiental rigurosa y transparente en todos los territorios de Euskadi”.

La asociación ecologista Ekologistak Martxan ha presentado de nuevo alegaciones a un plan urbanístico situado en los terrenos “inundables” de El Calero en Barakaldo y ha denunciado que el plan sigue adelante a pesar de que se encuentra recurrido ante la Sala de lo Contencioso - Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV). Según ha recordado en un comunicado, el pasado 10 de diciembre el Ayuntamiento de Barakaldo notificaba la aprobación del Decreto número 9216 del 31 de octubre de este año, referente al Programa de Actuación Urbanizadora del ámbito 04 El Calero, publicado en el Boletín Oficial de Bizkaia (BOB) el 28 de noviembre de 2024.

La asociación ha indicado que estando dicha aprobación sometida a información pública, Ekologistak Martxan ha presentado una batería de alegaciones, tal y como ya hizo en la fase de aprobación inicial en 2019. Según han denunciado, creen que dichas alegaciones y consideraciones “no han sido tenidas en cuenta”, en algún caso, “ni siquiera contestadas”, en el procedimiento administrativo y son aplicables al presente Plan de Actuación Urbanizadora, por lo que “las mantienen y reiteran ahora”.

En la margen izquierda de la ribera de la Ría del Kadagua, “ocupando en buena parte su llanura de inundación”, este proyecto se ubica en un área de Riesgo Potencial Significativo de Inundación (ARPSI Bilbao-Erandio ES17-BIZ-IBA-01), según ha advertido la plataforma ecologista. Han incidido en que el propio PGRI (Plan de Gestión del Riesgo de Inundación) considera la cuenca del Kadagua como una de las más conflictivas de Bizkaia en relación a las inundaciones.

En ese sentido, desde la organización ecologista han destacado “el riesgo de estos planes de urbanismo”, ya que “la devastación provocada recientemente en Valencia por la DANA en octubre 2024 y sus trágicas consecuencias, ponen en evidencia determinados modelos de planificación urbana y obligan a reflexionar a los responsables de las diferentes Administraciones sobre las causas que las han provocado y las medidas a implementar para evitarlas” .

Con respecto al cambio climático, el documento de alegaciones hace referencia al hecho de que, pese a su cita en diversos documentos, “siguen sin considerarse las necesarias medidas preventivas, correctoras y compensatorias, relativas a las consecuencias del cambio climático”. Según han dicho, los riesgos de inundación, según diversos informes, se incrementarán con los efectos del cambio climático, incluso en sus previsiones más optimistas y moderadas.

Un estudio del CSIC y AZTI (2012), por ejemplo, pronosticaba, han apuntado, que “el cambio climático triplicará las zonas inundables en la costa de Bizkaia”. Además de lo cual hay que tener en cuenta que la consolidación de los rellenos existentes, junto a la realización de nuevos rellenos y las defensas para alcanzar una cota que supere los niveles de inundación supone un mayor impacto sobre el antiguo cauce de avenida y una disminución de la capacidad de desagüe del río Kadagua en la zona.

En el documento de alegaciones presentado, también se hace referencia a la existencia de suelos recogidos en el “Inventario de suelos que soportan o han soportado actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo”, los cuales deberían ser descontaminados, independientemente del destino de los mismos.

Desde Ekologistak Martxan han llamado la atención igualmente sobre una posible repetición del mismo caso que se produjo con la implantación del Megapark, ya que una parte del ámbito era zona de marisma rellenada artificialmente, lo que constituye Dominio Público Marítimo-Terrestre.

Para la asociación, “no se puede jugar a conveniencia, retorciendo la interpretación de las normativas”, como se hizo para desecar las marismas de Zuloko - Ibarreta e implantar la construcción del Megapark y que a posteriori una Sentencia del Tribunal Supremo declare que la construcción incumplía la legislación de costas, pero “devenga inaplicable ante los hechos consumados”.

En este sentido, han recordado que el Plan de Actuación Urbanizadora (PAU) tiene su base en el Acuerdo del Ayuntamiento de Barakaldo de 24 de febrero de 2022 de Aprobación definitiva de la Modificación Puntual MP16 del PGOU de Barakaldo en el ámbito 04 Calero, que se encuentra recurrido ante la Sala de lo Contencioso - Administrativo del TSJPV.

De nuevo, siguiendo la misma forma de operar que en el caso Megapark, los ecologistas entiende que “no es adecuado y procedente continuar la tramitación del desarrollo urbanístico insistiendo en los mismos criterios, propuestas y determinaciones, sin dar oportunidad a los tribunales a pronunciarse sobre ello y esperar a las consecuencias de dicho pronunciamiento”.

Por ello, desde la asociación ecologista plantean que debería abrirse un proceso de reflexión y debate sobre el futuro urbanístico de esa área, basado en la recuperación de los espacios artificialmente ocupados al río y su re-naturalización con la posibilidad de retorno a su situación original de marisma intermareal y llanura de inundación y vega de contención de avenidas.

En ese sentido, desde Ekologistak Martxan han advertido de que no se puede “continuar transitando el mismo camino, como si nada hubiera ocurrido” y nada se supiera, para “lamentar años después las mismas desgracias”.

Ekologistak Martxan ha denunciado el “incumplimiento sistemático” en la elaboración del Plan de Mejora de la Calidad del Aire en zonas afectadas por contaminación por ozono y, en este sentido, ha destacado que el Ararteko ha pedido, en una resolución, que se responda “de forma expresa y motivada” a la solicitud de la asociación ecologista al Gobierno vasco. Según ha explicado en un comunicado, Ekologistak Martxan decidió solicitar la intervención del defensor del pueblo vasco ante “la falta de respuestas” del Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Ejecutivo vasco a las reclamaciones realizadas por “el incumplimiento sistemático en la elaboración del Plan de Mejora de la Calidad del Aire para la zona afectada por la contaminación por ozono, al rebasar en la misma los límites legales”.

Esta petición ha sido respondida desde la oficina del Ararteko el día 11 de junio con una recomendación en la que, según ha destacado Ekologistak Martxan, se pide que se “responda de forma expresa y motivada a la solicitud de la asociación reclamante dirigida a iniciar, a la mayor brevedad, la elaboración y aprobación de un plan de mejora de calidad de aire para la zona afectada por superación de los valores objetivo para el ozono, de conformidad con lo previsto en el artículo 16.2.a) de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera”. Desde la organización ecologista han esperado que, “a partir de esta recomendación del Ararteko, el Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente del Gobierno vasco cumpla la normativa vigente y desarrolle las herramientas apropiadas para la protección de la salud de las personas y daños en las plantas”, según recoge Europa Press.

Ekologistak Martxan considera “inaceptable la inacción del Ejecutivo vasco, tras una década de incumplimiento de la legislación ambiental en esta materia”. En este sentido, ha recordado que ha solicitado la adopción de un plan específico al Gobierno vasco hasta en tres ocasiones, la última en este mismo 2024, “sin obtener respuesta positiva”. La organización ecologista ha resaltado la importancia de estos planes y protocolos ya que, según ha alertado, la contaminación por ozono troposférico causa cada año 17.000 muertes prematuras en la Unión Europea, 1.800 de ellas en España. “Dos terceras partes de los cultivos y buena parte de nuestros bosques y espacios naturales soportan niveles de ozono que dañan la vegetación”, ha añadido. En el caso de Euskadi, Ekologistak Martxan ha denunciado que “casi la mitad de las estaciones que miden este contaminante registraron en 2023 más de 25 días de superación de la guía de la OMS, que son una referencia anual (en el promedio de tres años) para evaluarlo”. Los peores registros, ha precisado, se dieron en las estaciones de Valderejo, Jaizkibel, El Ciego y Urkiola.

La asociación ha explicado que “el origen del ozono se encuentra en las emisiones de otros contaminantes llamados 'precursores', producidas por el tráfico, las industrias y las calefacciones”, que “se transforman en ozono, en presencia de radiación solar”. Aunque el gas ozono (O3) tiene “un efecto positivo en la estratosfera (a unos 10-50 km de la superficie terrestre), ya que protege de la radiación ultravioleta”, sin embargo, a cotas inferiores, “en la troposfera (la capa de la atmósfera en contacto con la tierra), se convierte en un contaminante que actúa como un potente y agresivo agente oxidante”, ha advertido.

Según ha precisado, la exposición a elevados niveles de ozono origina problemas respiratorios sobre la salud humana (irritación, inflamación, insuficiencias respiratorias o asma) y puede contribuir a incrementar la mortalidad prematura, además de dañar la vegetación, afectar al crecimiento de cultivos y bosques, reducir la absorción de CO2 por las plantas, alterar la estructura de los ecosistemas y reducir la biodiversidad. Además, ha añadido, es un gas de efecto invernadero que contribuye al calentamiento de la atmósfera.

Ekologistak Martxan ha pedido a los partidos políticos que aseguren de “manera urgente” la clausura pendiente de los vertederos en desuso existentes en Euskadi, “muchos de ellos contaminados con toda clase de residuos peligrosos, amianto y HCH-Lindano entre ellos”. La organización ecologista ha mantenido los últimos días reuniones con los partidos políticos que se presentarán a las elecciones vascas del 21 de abril. Según ha explicado, en lugar de presentar una batería de propuestas sobre diversos temas, ha decidido “centrarse en una única tarea pendiente de resolver y que requiere ser resuelta de manera urgente en la próxima legislatura: la clausura pendiente de los vertederos en desuso existentes en Euskadi”, tal y como recoge Europa Press.

Según los ecologistas, “la mejor prueba de la contaminación de nuestros vertederos por HCH-Lindano está en el permanente incumplimiento de la Normativa de Calidad del Agua (NCA) en las aguas de una parte de nuestros ríos, siendo el más afectado el estuario del Nervión-Ibaizabal y sus tributarios”. La plataforma ha denunciado que “son numerosas las sustancias que contaminan nuestros suelos y aguas, por lo que no es suficiente con contemplar límites en las normativas”, sino que “es necesario cumplir dichas normativas para que sean efectivas, minimizar las afecciones y evitar los problemas medioambientales y de salud pública que generan”. Para los ecologistas, “gestionar bien el presente es atender la herencia del pasado y corregir sus afecciones, para que no se mantengan en el futuro”.

En cuanto al resultado de sus reuniones con los partidos políticos, Ekologistak Martxan ha explicado que PP, Podemos, EH Bildu y Sumar han mostrado su disposición a incluir la demanda de la plataforma en sus programas electorales y a trabajar en la puesta en marcha de las medidas propuestas, mientras que PNV y PSE-EE “se han ofrecido a examinar con atención la propuesta presentada”. Por todo esto, Ekologistak Martxan urge a los partidos políticos a “adoptar medidas urgentes que tiendan a fomentar la participación social directa y activa en las decisiones sobre la gestión de residuos”. Además, considera “imprescindible la coordinación de las instituciones implicadas en la gestión de residuos en los diversos niveles y ámbitos de competencia”, siendo “especialmente necesario e imprescindible coordinar y compartir toda la información disponible por parte de todas las administraciones y autoridades”.

Solicitan, asimismo, “la clausura inmediata de todos los vertederos abandonados y fuera de uso que están en el inventario de suelos que han soportado o soportan actividades o instalaciones potencialmente contaminantes del suelo, posibilitando su posterior regeneración”. De la misma manera, consideran que es necesaria la revisión de la 'Hoja de Ruta' actual sobre el vertido de residuos (2024-2030), en lo relativo a nuevas instalaciones de vertido y almacenamiento controlado de residuos y a la gestión separada de residuos no peligrosos y peligrosos, poniendo “especial acento en el amianto”. Además, considera que “no se debe admitir importación de residuos bajo ningún concepto y que se deben adoptar medidas orientadas a la consecución del objetivo 'residuo 0'”. Por último, defiende que una de las claves de la gestión de residuos debería ser “la gestión pública de los vertederos y otras instalaciones de almacenamiento de residuos de nueva implantación o en las que se hayan detectado irregularidades graves”.

Bizkaia se compone de 112 municipios organizados en siete comarcas. A pesar de ser la segunda provincia más pequeña de España, es la novena más poblada con 1.149.628 habitantes y la tercera en densidad de población con 519 habitantes por metro cuadrado. Un territorio con un fuerte desarrollo industrial en el que las grandes infraestructuras como el Puerto de Bilbao, la Supersur - infraestructura pública con mayor inversión del País Vasco por detrás de la Y vasca- o la incineradora Zabalgarbi, juegan un papel importante. Pero, ¿cómo afectan estas infraestructuras al medio ambiente?

Para mostrar el impacto que suponen en el medio ambiente y con el objetivo de dar a conocer las alternativas ya existentes al modelo capitalista, siete expertos y expertas en siete materias diferentes han recorrido los 'puntos negros' ambientales de Bizkaia en los que se podrían realizar mejoras.

La iniciativa, organizada por Ekologistak Martxan y Euskal Gune Ekosozialista se ha dividido en siete puntos a mejorar: energía, movilidad sostenible, agua, alimentación crítica, alimentación alternativa, residuos y, por último, cuidados.

“Si pensamos que la energía es un derecho universal, hay que hacer una transformación cultural importante”

La primera parada del tour -realizado en un autobús verde- ha tenido lugar en los depósitos de hidrocarburos del Puerto de Bilbao que se encuentran a un extremo de Petronor, “empresa que lleva 50 años en marcha y que más CO2 emite”, según ha explicado Iñaki Bárcena, profesor de Ciencia Política de la UPV-EHU y activista en Ekologistak Martxan. 

“El primer paso es reconocer los límites biofísicos de nuestro planeta y asumir que hemos llegado al cenit o pico del petróleo (el peak oil significa que en dos generaciones, hemos extraído y quemado más del 50% del petróleo disponible en la Tierra) y al del carbón, del gas o del uranio. Pero además el de muchos materiales utilizados en nuestro metabolismo socio-económico (metales, fosfatos, litio, coltán, tierras raras, etc.) están cercanos. En Bizkaia tenemos un mar grande, una costa amplia, pero no podemos crecer más. El petróleo no se produce, lo estamos estrayendo y cada vez va a ser más difícil acceder a él”, ha denunciado Bárcena. 

Según este experto, la respuesta ecologista tiene dos componentes principales: el ahorro y la eficiencia energética -que rebajen el consumo- y las energías renovables. “Es ingenuo pensar que con la energía solar vamos a poder mantener los actuales niveles de consumo energético. Hay que realizar un proceso de transición para la sociedad post-carbón. Es posible vivir bien con menos de la mitad de la energía que consumimos en el denominado primer mundo así que el ahorro energético es el primer objetivo a cumplir. La transformación energética no sólo deberá ser tecnológica, sino también social, justa, ecológica y democrática. Si pensamos que la energía es un derecho universal, hay que hacer una transformación cultural importante”, ha apuntado.

La ordenación del territorio, una alternativa movilidad

El segundo punto del viaje ha sido la movilidad sostenible, que busca aumentar la accesibilidad, de manera que se garantice el acceso a servicios públicos esenciales a toda la población, a la vez que se reduce la movilidad motorizada, de manera que se reduzcan sus efectos adversos. El problema fundamental de la política vasca de transporte, según ha explicado el profesor del departamento de Economía Aplicada de la UPV-EHU, David Hoyos, es que el interés general de la ciudadanía y el medio ambiente está supeditado a los intereses del sector de la construcción. “En un claro ejemplo de privatización de beneficios y socialización de pérdidas, existen un conjunto de proyectos vascos de dudosa rentabilidad social pero con considerables beneficios privados como son los túneles de Artxanda, la Y vasca, la Supersur y el cinturón de Donosti”, ha criticado. 

“Estamos hace tiempo ya en una zona de exceso de infraestructuras y un ejemplo de ello es esta Supersur que como vemos el ratio de utilización es muy bajo a pesar de que son infraestructuras muy costosas. Tengo constancia de que había informes de los propios técnicos de la Diputación antes de construir la desaconsejaban porque se veía venir que era innecesaria, pero aún así se siguió adelante con ella”, ha explicado Hoyos. 

Para salir de este modelo, Hoyos ha apuntado que es necesario centrarse más en la ordenación del territorio en lugar de la accesibilidad. “Las personas lo que necesitan no es moverse, sino acceder a servicios básicos y hay otras políticas que se pueden hacer para conseguir por un lado reducir el número de vehículos y a la vez garantizar la accesibilidad. Con la ordenación del territorio y creando cercanía podemos conseguir que muchos desplazamientos que actualmente se hacen no se hicieran”, ha señalado, mientras el autobús recorría la Supersur. 

La doble vulnerabilidad del agua en Bizkaia

El agua ha sido el 'tercer punto' negro de Bizkaia y para ello, el autobús ha viajado hasta el Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia en Arrigorriaga. En Euskadi, alrededor del 50% del agua consumida se corresponde con el abastecimiento urbano y en torno al 36% con el industrial, cifras muy diferentes a las de la media estatal donde aproximadamente el 70% del consumo de agua se destina a usos agrícolas. 

A pesar de que la calidad del suministro de agua en Bizkaia es alta, según ha explicado Joserra Díez, profesor de la UPV-EHU y doctor en Ecología Fluvial, presenta “una gran dependencia” del sistema de embalses del Zadorra (hasta el 70%). Además, se encuentra en una “situación de vulnerabilidad” puesto que llega a Bizkaia mediante un trasvase y pueden producirse roturas o accidentes en las arterias de comuicación entre dicho sistema y la ETAP de Venta Alta.  

“Existen retos encima de la mesa que radican en la diversificación de las fuentes de abastecimiento a nivel local, en la protección de las cuencas vertientes a embalses y captaciones mediante, por ejemplo, el establecimiento de perímetros de protección y la regulación estricta de los usos del suelo, la optimización del uso del agua y en una reducción de los consumos en el hogar”, ha aconsejado Díez.

El futuro de la alimentación en manos de grandes empresas

La siguiente parada ha tenido lugar en Mercabilbao, el mayor centro de distribución de alimentos perecederos del norte de la península. “El sistema ha creado un modelo tan absurdo -pero tan beneficioso para su negocio- que alimentar el ganado europeo requiere sembrar soja transgénica en Argentina y después traerla en barcos. En verano comemos naranjas de Sudáfrica, importadas por empresas distribuidoras valencianas, para luego, en invierno, tirar el precio de la propia naranja valenciana. El futuro va hacia un sistema donde, a corto plazo (en la comarca de Durangaldea, de continuar así, desaparecerán el 65% de las explotaciones existentes en cinco años), no habrá agricultores, solo grandes empresas, con mano de obra esclavizada trabajando, y máquinas que produzcan los alimentos”, ha lamentado la baserritarra y miembro de Etxaldeko Emakumeak, Amets Ladislao.

Supermercados ecológicos como modo de alimentación alternativa

Una forma de alimentación alternativa es la que se sustenta en Labore Bilbo, un supermercado cooperativo y ecológico que se encuentra en el barrio de Santutxu, en Bilbao. y que se basa en un proyecto de alianza y cooperación entre baserritarras y consumidoras. Los productos que se venden en Labore contienen al menos una de las condiciones que se han autoimpuesto: que sean cercanos, que sean justos y sostenibles y que estén basados en la agroecología. 

“Lo adecuado, lo prudente, lo recomendable, lo saludable sería consumir alimentos que se cultivan y crecen en nuestro entorno. Solo así se impulsa el desarrollo de la agricultura y ganadería local y, al mismo tiempo, se reduce el impacto negativo que tiene el excesivo uso (abuso) no solo del transporte, sino también de los invernaderos, refrigeradores y envases”, ha explicado David Lotapegi, responsable de Labore Bilbao.

Este supermercado abrió sus puertas en 2017 con el objetivo de ofrecer productos locales y agroecológicos bajo criterios de precios justos para productoras y consumidoras. A día de hoy cuenta con unas 600 personas socias y pone a su disposición una oferta de más de 1000 productos provenientes de alrededor de 100 productores locales, la mayoría, de Bizkaia. Durante el confinamiento por el coronavirus han logrado facturar el doble de lo habitual a raíz del cambio de perspectiva de algunas personas, que han querido cambiar sus hábitos para incentivar el comercio local. 

“La recogida separada no alcanza en Bizkaia el 45% de los residuos urbanos generados”

Además de la alimentación, los residuos son otro punto a mejorar, tanto en Bizkaia como en el resto de Euskadi. En la Comunidad Autónoma Vasca se generan más de 3 millones de toneladas de residuos industriales, de los cuales más del 40% acaba en vertederos; 1,2 millones de toneladas de residuos urbanos, de los que una tercera parte acaba en vertederos y algo menos del 20% es vertido al aire en incineración. Además, de los 1,2 millones de toneladas de residuos de construcción y demolición, más de la mitad acaba en vertedero y de alrededor de 300 mil toneladas de residuos peligrosos, el 70% se recicla y el resto se vierte en vertederos. Por lo tanto, anualmente se generan casi 6 millones de toneladas, de las cuales alrededor del 40% acaban en vertederos.

“Nos encontramos muy lejos de las recomendaciones europeas. La recogida separada no alcanza en Bizkaia el 45% de los residuos urbanos generados. El 40% de los residuos urbanos recogidos sin separación son bioresiduos, que deberían recogerse de forma separada, tal y como recomienda la Unión Europea y que será obligatorio por normativa comunitaria a partir de 2024. Los objetivos europeos establecen que como mínimo el 55% de los residuos municipales deberá reciclarse en 2025, el 65% en 2035, y solo el 10% podrá acabar en vertederos. Actualmente, la tasa de reciclaje en Bizkaia ronda el 45%”, ha lamentado Gorka Bueno, profesor de Tecnología Electrónica en la UPV-EHU, que ha criticado que durante el confinamiento, en la incineradora Zabalgarbi se han incinerado residuos sin revalorización y no se ha generado nada de electricidad.

“Los cuidados tienen que ser un bien común, gestionado desde lo político”

Por último, los cuidados son el séptimo 'punto negro' a mejorar en Bizkaia y para ello, la última parada del autobús verde ha sido la Oficina de Extranjería del Gobierno de España en Bilbao. Según la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE, en 2017 Euskadi era una de las comunidades autónomas en las que el gasto del servicio doméstico para el hogar era mayor. Los datos del Eurostat revelan que el peso del empleo doméstico en el estado español es del 3,7% del total de población ocupada frente a otros países europeos en los que no alcanza el 0,5%. Casi el 100% de trabajadoras empleadas en régimen interno para el cuidado de personas en situación de dependencia son mujeres migradas. En Bilbao, para 2030, se calcula que el 30% de la población será mayor de 65 años. 

“Atender a una población envejecida, con mayor grado de dependencia, interpela directamente a la red de atención primaria, que es competencia municipal. Asimismo, buena parte de las ayudas de la Ley para la promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, se han utilizado para contratar empleo de hogar. Por todo ello, los cuidados tienen que ser un bien común, gestionado desde lo político. No pueden seguir siendo una mercancía más, un privilegio sujeto al poder adquisitivo de quien los pueda pagar. Como sociedad, liberar los cuidados es liberarnos todas”, ha concluído Txefi Roco, integrante de Trabajadoras No Domesticadas. 

A modo de conclusión tras el recorrido realizado, ambas organizaciones Ambas organizaciones han subrayado que “como sociedad tenemos ecodependencias muy marcadas que, en un escenario de emergencia climática y social de este calado, nos coloca en una situación de vulnerabilidad, pero no quiere decir que no se pueda hacer nada”. A pesar de ello, son conscientes de que este es un momento histórico con “muchas posibilidades abiertas” para que colectivos sociales y ecologistas puedan conseguir que se tomen las “políticas adecuadas” y se redirija el camino para lograr una mejora social y medioambiental. 

Ante las próximas fases de desescalada, con medidas de distanciamiento físico para evitar nuevos contagios que supondrán un reto para las ciudades, Ekologistak Martxan aboga por incentivar el espacio público y el uso de la bicicleta, sin olvidar que el transporte público seguirá cumpliendo un papel fundamental.

Por eso, advierte de que la vuelta a la ‘normalidad’ no puede pasar por viejas dinámicas, tales como impulsar el automóvil con planes Renove, sino que debe consistir en buscar soluciones alternativas que mejoren la sostenibilidad de la movilidad, sin renunciar a su eficacia.

En un manifiesto, la Comisión de Transporte de la asociación ecologista aboga por ‘confinar el coche’ mediante la ampliación física de las aceras para facilitar el cumplimiento de los 2 metros de distancia, así como la peatonalización de algunas vías. Asimismo, reclama “la construcción de una red de vías sin vehículos de motor que facilite la movilidad activa entre barrios y ciudades” y el incremento de la oferta de empleo del transporte público, aumentando sus frecuencias, especialmente la de los autobuses. Por último, propone la puesta en marcha de servicios telemáticos que informen “en tiempo real sobre las plazas disponibles en cada vehículo colectivo”.

La asociación ecologista recuerda, además, que la cuarentena está lastrando la economía de las personas, quienes necesitarán el apoyo de las instituciones. Por eso, denuncia que se invierta en grandes infraestructuras en lugar de hacerlo en las personas. “No tiene mucho sentido seguir manteniendo un plan de infraestructuras, cuando muchas de ellas aparte de caras, nacen obsoletas. No tiene sentido gastar en una obra como la ampliación de la Supersur que nos está suponiendo 47 millones por kilómetro, y no llega ni al 40% de su demanda (y menos en el futuro). Tampoco tiene sentido seguir invirtiendo en un Tren de Alta Velocidad cuando su perfil de usuario son personas con renta económica alta”.

La contaminación del aire y la presencia de partículas tóxicas no son algo reservado a las grandes ciudades, donde, según el día, puede apreciarse una niebla grisácea sobre los altos edificios. Euskadi también sufre por contaminantes en su atmósfera y, este verano, casi un millón de vascos los ha respirado.

Ecologistas en Acción ha presentado un año más su informe sobre Contaminación por Ozono y los datos son reveladores: 865.000 habitantes de Euskadi y la mitad del territorio han estado expuestos a niveles insalubres de esta partícula durante el verano de 2018. El ozono troposférico (O3) es tóxico, daña los bosques y cultivos y está relacionado con hasta 1.800 muertes prematuras a nivel estatal.

Qué es el ozono

El ozono 'malo' -por diferenciarlo del de la estratosfera, que protege el planeta- es un contaminante muy complejo que no es generado directamente por el ser humano: se forma en la baja atmósfera por la radiación solar combinada con otros contaminantes -denominados 'precursores'- emitidos por el transporte -en especial los vehículos diésel-, las grandes centrales termoeléctricas y determinadas actividades industriales.

Un 25 % de los españoles ha respirado aire contaminado este año. Las personas más afectadas son las niñas y niños, las personas mayores, las mujeres embarazadas y las personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares crónicas.

Los niveles se incrementan en las épocas más cálidas. Esto hace que, a pesar de que se ha convertido en uno de los grandes problemas para la calidad del aire de los estados europeos, es más preocupante en climas mediterráneos como el de España. En territorio nacional, además, el comportamiento de este contaminante se está viendo agravado por los desplazamientos de masas del aire contaminado, sobre todo entre la Comunidad de Madrid, Castilla y León, Castilla-La Mancha y Extremadura.

El ozono en Euskadi

Que Euskadi no tenga un clima mediterráneo no implica que otros factores hayan contribuido en la creación de ozono en el territorio: el repunte de la quema de combustibles fósiles y el cambio climático son algunas de las causas que señala Ecologistas en Acción. De hecho, se ha mantenido la contaminación atmosférica por ozono, pese al menor calor.

La normativa estatal vigente sobre la calidad del aire establece para el ozono un valor objetivo para la protección de la salud humana. Este fija que las máximas diarias no pueden superar los 120 µg/m³ en más de 25 días por año, que deben calcularse como promedio de los últimos tres años.

En el periodo de 2009-2015, este límite se superó, sobre todo, en la estación de Valderejo, al igual que la primera semana de agosto de este año. El máximo de superaciones fue de 35 en este área, en el año 2012. Además, desde 2009, este valor ha ido en aumento.

Los niveles más altos, que se dan con condiciones meteorológicas de cielos despejados, intensa radiación solar, temperaturas altas y ausencia de viento, se registran entre mayo y septiembre y en las horas centrales del día. La orografía y el viento también influyen en la generación y el movimiento del ozono, de modo que las mayores aportaciones se producen con vientos de componente Este y Sur, es decir, desde el Valle del Ebro y la Llanada Alavesa.

Aunque los precursores del ozono se generen mayormente en zonas urbanas, las zonas rurales no están exentas de este contaminante: el aporte puede provenir desde áreas vecinas y lejanas -de cientos a miles de kilómetros- a causa del transporte de las masas de aire. De hecho, en entornos rurales, los niveles aumentan entre semana debido al aporte de emisiones procedentes de áreas urbanas cercanas. Así, la estación de Valderejo, que está en un valle rodeado de montañas, tiene una situación compleja y dificultada por la llegada de ozono de estas zonas.

Desde La Red de Control de la Calidad del Aire de Euskadi se controla anualmente la evolución de este contaminante, aunque las actuaciones que precisa en su informe de 2016 se limitan a ese mero estudio y a la inclusión de información en la página web del Gobierno vasco. Aun así, el Ejecutivo, según el coordinador del informe de Ecologistas en Acción, Miguel Ángel Ceballos, “no está informando adecuadamente”. “Ni siquiera cuando se producen superaciones en las estaciones, cuando es obligatorio avisar a la población para que se proteja, como en Valderejo este agosto. Nadie se entera porque no se dispone de un protocolo de información” ha sentenciado.

Euskadi lleva dos años dentro de la legalidad, aunque hay zonas en las que el problema se ha reiterado durante los últimos años: la zona litoral, los valles cantábricos y el valle del Ebro. Aunque el territorio no alcance los niveles de ozono de otras zonas de España, “hay que estar preocupados porque el ozono es un contaminante tóxico y la población más sensible sigue sufriendo”, ha señalado Ceballos. Las 1.600-1.800 muertes registradas por ozono anualmente en España, de hecho, se han dado por la exposición a niveles de contaminación como los registrados en Euskadi durante este verano.

El informe de Ecologistas en Acción

El informe elaborado por Ecologistas en Acción analiza los datos recogidos en 472 estaciones oficiales de medición de ozono instaladas en todo el territorio español, 26 de ellas situadas en Euskadi.

Algunas partículas 'clásicas' de la polución en España -por ejemplo el CO2-, según la organización, ha disminuido desde el comienzo de la crisis económica. La menor utilización de vehículos motorizados o producción industrial ha permitido disminuir la presencia de algunos contaminantes en el aire.

Aunque gracias a las características climáticas de Euskadi no se han alcanzado unos niveles tan elevados como en otras comunidades, el ozono ha persistido por efecto de la contaminación generada desde las grandes ciudades, puertos, autopistas y áreas industriales. Esto significa que a pesar de que las temperaturas en época estival han sido más bajas de lo habitual, otros factores han propiciado la estabilidad del O3 en el aire. Así, casi un millón de vascos ha respirado aire contaminado este verano.

Otro de los hechos que denuncia la organización es la información a la ciudadanía por parte de las administraciones públicas “no es ni adecuada ni ajustada a la gravedad del problema”. La estación de Valderejo sufrió en agosto un episodio de alta contaminación, “mientras que el Gobierno vasco incumplió su obligación legal de avisar a la población especialmente sensible para que se protegiera”, han afirmado desde la organización.

Las propuestas de la organización para Euskadi son concretas: disminuir el tráfico motorizado, adoptar mejores técnicas industriales, sustituir los disolventes orgánicos por agua, el ahorro y la eficiencia energética y reducir la generación eléctrica en centrales térmicas. También afirma necesario penalizar los vehículos diésel.

Crecimiento sin medidas

Según varios estudios epidemiológicos de la Organización Mundial de la Salud, hay asociaciones positivas entre la mortalidad diaria y los niveles de ozono. Existen algunos datos que expresan que la exposición prolongada a este contaminante puede tener efectos crónicos y “está relacionada con enfermedades respiratorias y cardiovasculares”, según Ceballos.

En términos económicos, según el Banco Mundial, solamente el coste sanitario y laboral derivado de la contaminación por ozono supone unos 5.000 millones de euros al año. Esto supone un 0,33 % del PIB español, un dato que ni siquiera incluye los daños provocados sobre los cultivos y los ecosistemas naturales.

Sin embargo, en España no existen medidas para regular los niveles de ozono. Para Ecologistas en Acción, el estudio e información que afirma adoptar Euskadi, no son suficientes: “No, al menos, si se están incumpliendo los límites legales. Más allá de las actuaciones informativas y de estudio, que son también importantes, hay que prever la adopción de medidas, de planes de mejora de la calidad del aire” afirma el coordinador del informe.

Ceballos explica que la elaboración de planes concretos es “obligatoria para las Comunidades Autónomas”. Aun así, solo Extremadura ha elaborado este tipo de plan, mientras los niveles de ozono siguen siendo desconocidos para la mayoría de la población que se expone a ellos.

El Departamento de Medio Ambiente del Gobierno vasco ha confirmado la existencia de residuos de hexaclorociclohexano (HCH) o lindano en el vertedero de Jata, ubicado en el término municipal vizcaíno de Lemoiz, como denunció el colectivo Ekologistak Martxan en junio. Medio Ambiente recibió el aviso de los ecologistas a través del 112 y, en compañía de la Ertzaintza, verificó que el material hallado en la zona era lindano y, por lo tanto, potencialmente contaminante.

Según información enviada al Parlamento por Medio Ambiente a instancias de Mikel Otero (EH Bildu) y de Íñigo Martínez (IU, Elkarrekin Podemos), “una vez constatada la presencia de residuos de HCH y considerando 'a priori' este hecho como un indicio fundado de la existencia de sustancias contaminantes en el suelo en concentraciones que puedan suponer un riesgo, se ha procedido a [...] poner en marcha los procedimientos previstos en la ley para la prevención y corrección de la contaminación del suelo”. En este sentido, se ha reclamado al Ayuntamiento información registral sobre los propietarios del terreno para que asuma la descontaminación.

Según explica a eldiarionorte.es Iván Pedreira, director de Planificación Ambiental, se trata de poner en marcha un procedimiento denominado de “calidad del suelo”, que incluye una “investigación” de las “causas del vertido” y la determinación posterior de acciones concretas de limpieza, “alternativas” que dependerán del tipo de roca, de si hay o no aguas subterráneas afectadas o del tipo de impermeabilización del vertedero. Esa localización en Lemoiz ya constaba dentro del amplísimo catálogo de unos 14.000 puntos de Euskadi catalogados como suelos potencialmente contaminados desde 1989.

Dos compañías de capital alemán operaron en el industrializado Gran Bilbao para la obtención de hexaclorociclohexano. Bilbao Chemical, en la zona baracaldesa de Ansio, produjo unas 75.000 toneladas de residuos desde 1947 hasta 1987. Nexana, muy cerca de la anterior pero ya en Asua, Erandio, registró 7.000 toneladas. Sería el equivalente a vaciar 3.280 camiones llenos de sustancias contaminantes. Las empresas no sólo abandonaron los residuos en la zona al bajar la persiana, sino que transportaron algunos ilegalmente a zonas de Bizkaia o incluso a Soria o a Vitoria, el origen de los vertidos en puntos tan dispares. No hay constancia de cuál es el origen concreto del material hallado en Lemoiz, si bien para el Gobierno “cabe esperar” que los residuos se generaran en estas industrias.

En Euskadi, cuando hace un par de décadas se adquirió la conciencia del peligro del lindano, algunas grandes reservas se encapsularon por seguridad. Como en el aeropuerto de Loiu o en el entorno de Barakaldo. Esas burbujas tienen una vigencia de 30 años. Pronto habrá que valorar, subrayan los ecologistas, qué hacer con esas bolsas de sustancias contaminantes. Según Pedreira, actualmente no hay una “situación de emergencia” respecto a esas cápsulas y cuando expiren los permisos de 30 años se valorará “desde un punto de vista técnico” si es necesario prorrogar el “seguimiento” de las celdas.

El hexaclorociclohexano provoca dolores de cabeza, cansancio, debilidad o malestar en sus estadios más leves o dolencias crónicas e incluso la muerte en caso de intoxicaciones severas. Se asimila no sólo con el tacto o ingiriéndolo, sino también respirándolo. La Organización Mundial de la Salud consideró que era potencialmente cancerígeno en 2015.

Hace apenas unos días Ekologistak Martxan llevaba al Parlamento un informe sobre los efectos perniciosos para el medio ambiente y para la salud de los residuos de lindano. A pesar de que esta sustancia tóxica dejara de producirse en Euskadi hace tres décadas, el documento hablaba aún de grandes bolsas de residuos y advertía también de que todavía el problema no estaba ni mucho menos resuelto, de que seguro que continuaban apareciendo vertidos ilegales de este producto que en su día su usó como insecticida. Ni tres días después el colectivo ecologista ha anunciado que, efectivamente, se ha hallado un nuevo vertido de residuos de hexaclorociclohexano, concretamente en el término municipal de Lemoiz, en Bizkaia.

Según la plataforma, los restos de lindano han sido hallados en el monte Jata, en la carretera entre las localidades de Barrika y Bakio, de la costa vizcaína. Los terrenos eran aparentemente un antiguo vertedero dentro del término municipal de Lemoiz, según estas mismas fuentes. Los ecologistas sospechan que los restos pueden haber llegado a la zona desde las plantas de Barakaldo y Erandio que hasta la década de 1980 trabajaron el hexaclorociclohexano y que ya derivaron residuos a zonas de Soria o a Vitoria, amén de a otras localidades del entorno del Gran Bilbao.

Miembros de Ekologistak Martxan, que han recogido muestras provistos de máscaras y guantes, han comunicado el hallazgo tanto a la Ertzaintza –que ha acordonado la zona y tomado fotografías- como a las autoridades medioambientales forales y autonómicas. La Policía vasca, si hubiera indicios de delito, dispone de una unidad especializada en Medio Ambiente.

¿Cuál es el motivo del alto riesgo del hexacicloclorohexano? La molécula de lindano es altamente persistente, lo que hace que su degradación sea lenta y difícil. Ese hexaclorociclohexano provoca dolores de cabeza, cansancio, debilidad o malestar en sus estadios más leves o dolencias crónicas e incluso la muerte en caso de intoxicaciones severas. Se asimila no sólo con el tacto o ingiriéndolo, sino también respirándolo. La OMS consideró que era potencialmente cancerígeno en 2015.

Los residuos de hexaclorociclohexano (o más comúnmente lindano), una sustancia producida en el pasado en la Margen Izquierda vizcaína y en grandes cantidades para su uso como plaguicida o incluso como tratamiento contra piojos, son altamente resistentes al paso del tiempo, muy tóxicos (pudiendo llegar a ser cancerígenos) y presentan una gran movilidad. El entorno de las antiguas fábricas, en Barakaldo y en Erandio, y algunos vertidos ilegales como los de Vitoria constituyen aún hoy, 30 años después de que el lindano dejara de producirse en Euskadi, un verdadero foco de riesgo, según ha denunciado este martes en el Parlamento Vasco la plataforma Ekologistak Martxan, cuyos representantes han entregado a los partidos un informe con un diagnóstico de la situación y medidas para combatir este grave problema de contaminación.

Dos compañías de capital alemán operaron en el industrializado Gran Bilbao para la obtención de hexaclorociclohexano. Bilbao Chemical, en la zona baracaldesa de Ansio, produjo unas 75.000 toneladas de residuos desde 1947 hasta 1987. Nexana, muy cerca de la anterior pero ya en Asua, Erandio, registró 7.000 toneladas. Sería el equivalente a vaciar 3.280 camiones llenos de sustancias contaminantes. Las empresas no sólo abandonaron los residuos en la zona, sino que transportaron algunos ilegalmente a zonas de Soria o a Vitoria. Hay que tener en cuenta que por cada tonelada útil de lindano se generaban unas nueve de restos tóxicos.

Según el informe de Ekologistak Martxan, “la molécula de lindano es altamente persistente, lo que hace que su degradación sea lenta y difícil”. “Es un problema que van a pagar generaciones que aún no han nacido”, ha valorado Javier Vázquez, que recuerda también que es una sustancia fácilmente transportable por agua, aire o incluso a través de los animales y los humanos.

En Euskadi, cuando hace un par de décadas se adquirió la conciencia del peligro del lindano algunas grandes reservas se encapsularon por seguridad. Como en Loiu o en el entorno de Barakaldo. Esas burbujas tienen una vigencia de 30 años. Pronto habrá que valorar, subrayan los ecologistas, qué hacer con esas bolsas de sustancias contaminantes.

En otro casos, los vertidos ilegales se han ido detectando conforme se han realizado análisis, sobre todo de las aguas. En el embalse de Oiola, que suministraba agua a 130.000 vecinos de la Margen Izquierda, se limitaron los suministros. Sin embargo, las cabezas de ganado continúan pastando en la zona y son potenciales transmisores de problemas sanitarios.

Y en Vitoria también aparecieron desde 2013 niveles elevados de hexaclorociclohexano en las aguas, según informes de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Aparentemente, fueron provocados por camiones llegados desde Bizkaia al vertedero de Gardelegi. Las filtraciones han llevado esas sustancias tres décadas después al entorno del río Zadorra. Según Ekologistak Martxan, al menos ha habido “suerte” de que el foco está “aguas arriba” de la depuradora que suministra a la ciudad, la de Crispijana, aunque es cierto que lodos de esa zona de Trespuentes se han empleado en algunas obras.

Bilbao Chemicals

El problema no es exclusivo de Euskadi. De hecho, el mayor foco de contaminación por lindano en Europa está en Sabiñánigo (Huesca), llamado por algunas voces como “el Chernóbil español”. Allí una filial de Bilbao Chemicals produjo lindano y, además, durante unos años incluso sin licencia. Los residuos quedaron abandonados y aún hoy no han recibido adecuado tratamiento en su totalidad. El río Gállego tiene elevadas concentraciones tóxicas, según algunas mediciones.

Los portavoces ecologistas han demandado en el Parlamento medidas urgentes ante un “problema europeo” y “no sólo medioambiental, sino de salud pública”. El hexaclorociclohexano provoca dolores de cabeza, cansancio, debilidad o malestar en sus estadios más leves o dolencias crónicas e incluso la muerte en caso de intoxicaciones severas. Se asimila no sólo con el tacto o ingiriéndolo, sino también respirándolo. La OMS consideró que era potencialmente cancerígeno en 2015.

“Consideramos que el Gobierno español se ha implicado muy poco en toda la problemática del lindano, como tampoco lo han hecho los Gobiernos autonómicos”, denuncian desde Ekologistak Martxan, que además critican que las distintas instituciones han peloteado a cuenta de 15 millones de euros para descontaminación procedentes de la Unión Europea y que aparentemente se desconoce dónde están. 

En un decálogo de medidas, este colectivo reclama que “se localicen y caractericen” con carácter inminente los focos de contaminación y que “se garantice la limpieza integral” de todas esas zonas. Entretanto, se solicita que se declaren no aptas para el consumo de agua y que se evalúe la “exposición” de la población de esas zonas de suministro. En un último estadio, reclaman “responsabilidades” bien “penales, políticas o administrativas” para quienes hayan sido los “causantes” de este desastre ecológico y sanitario.

“Nos encontramos con hechos y actuaciones que se llevaron a cabo hace ya décadas y cuyas consecuencias medioambientales, sociales y económicas se están sufriendo en la actualidad. De hecho, lo están pagando y soportando una generación que ni siquiera había nacido cuando se produjeron los hechos. Desde el movimiento ecologista se afirma reiteradamente que las consecuencias de las acciones que se llevan a cabo contra el medio ambiente en muchos casos pueden sufrirlas también las generaciones venideras. Pues bien, el problema de la fabricación y uso del lindano en España es claramente uno de ellos”, concluye Ekologistak Martxan en su informe.

La justicia climática, la descarbonización, la financiación adecuada, los derechos humanos, la perspectiva de género, los refugiados climáticos… son muchos los puntos fundamentales que han quedado fuera del texto final.

Además, se ha optado por la fórmula con menor fuerza legal (acuerdo) para un texto peligrosamente vago y abierto, en el que los compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero no son vinculantes. La revisión de los compromisos se hará demasiado tarde, cuando estemos cerca de haber emitido ya una cantidad de gases de efecto invernadero que implicaría superar el límite de 1,5 grados.

La fundamental meta de la descarbonización de nuestras economías ha acabado en una vaga referencia a la necesidad de alcanzar el pico de emisiones “lo antes posible” y de “un equilibrio entre las emisiones antropogénicas y las fuentes y absorciones por sumideros de los gases de efecto invernadero”. Es decir, se confía el cumplimiento de los compromisos a la compensación de las emisiones, en vez de a su reducción significativa, por medio de un cambio en la forma de producir y consumir.

El texto no contempla las emisiones generadas por el transporte aéreo y marítimo, abre la puerta a trucos contables en el cálculo de las emisiones y deja sin amparo luchas como la desinversión en combustibles fósiles y el freno del fracking y las arenas bituminosas.

El acuerdo mantiene además los mecanismos de mercantilización del clima inscritos en anteriores tratados, como los mercados de carbono, que favorecen la especulación y la política del talonario frente a los esfuerzos reales de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.

Tampoco hay mecanismos garantistas para la financiación. La provisión de fondos para la adaptación a los países más vulnerables ha quedado relegada a una decisión de la cumbre, no al acuerdo vinculante, lo que posibilita una vuelta atrás en el futuro. Además, gran parte de esta financiación podrá ser usada para impulsar las citadas falsas soluciones, como la geoingeniería o la captura y almacenamiento de carbono, lo que supone una gran traba al desarrollo de las energías renovables.

Los elementos más interesantes figuran sólo en el preámbulo, es decir, en la parte declarativa que carece de fuerza legal. Es el caso de la apelación a “muchos mayores esfuerzos de reducción” de las emisiones. Esto convierte el acuerdo en algo más parecido a una declaración de intenciones que a un texto a la altura del reto que supone el cambio climático, en clara contradicción con el origen de las negociaciones climáticas y el propio sentido de las Naciones Unidas.

Los líderes mundiales han apostado en París por el mismo modelo devorador de recursos que nos ha traído a la situación actual y nos dirige al colapso ambiental. Se muestra una vez más que muchos ciudadanos y ciudadanas tienen claro cuál es el camino a seguir, mientras que estos marcos de negociación desoyen esas voces continuamente y carecen del liderazgo necesario ante el mayor reto del siglo XXI.

No es momento de bajar los brazos ni de caer en el pesimismo en la lucha contra el cambio climático. Para Ekologistak Martxan, lo sucedido en París muestra la necesidad de seguir presionando para que se tomen las medidas necesarias, frente a un acuerdo que nos condena de momento a un aumento de más de tres grados de temperatura. También subraya la importancia del empoderamiento del cambio impulsado por la ciudadanía frente al calentamiento global, con miles de luchas, como las articuladas contra el TTIP, el fracking o la energía nuclear.

Se ha cerrado una ventana, pero la puerta de la ciudadanía, la calle y las luchas cotidianas está más abierta que nunca. Experiencias como la agroecología, la soberanía alimentaria, la movilidad sostenible y la desinversión en combustibles fósiles pondrán en evidencia la falta de ambición de los líderes políticos. Solo un cambio genuino en el modelo de producción y consumo mitigará de forma eficaz el calentamiento global.

Iñaki Díez tenía 37 años cuando llegó a Muxía, la 'zona cero' en la catástrofe ecológica del Prestige. Pese al tiempo transcurrido, recuerda perfectamente aquel intenso olor del chapapote que lo impregnaba todo. Como centenares de vascos, no tuvo ninguna duda de que había que echar una mano. Entonces no existía ni el 15-M, ni ninguna de las mareas multicolores que se manifiestan por España de arriba a abajo para defender los servicios públicos.

Pero la cociencia ecologísta en Euskadi nunca había sido flor de un día. Ni la solidaridad tampoco. Hasta los arrantzales dejaron sus tareas diarias para pescar chapapote, en Euskadi “galipó” hasta entonces para todos los que alguna vez habían ido a la playa y se habían llevado pegado a la planta del pie o a la toalla una especie de chicle negro negruzco y tan pegajoso como la goma de mascar. En total, más de 1.700 kilómetros de costa 'asfaltada' por la incompetencia de nadie, a tenor de la sentencia judicial.

“Lo vimos muy claro. El grupo Ekologistak Martxan montó un bus y nos subimos casi 50 personas en él, Había que estar allí. Llegamos A Muxía un viernes por la tarde. El intenso olor del chapapote echaba para atrás”. En algún lugar de su habitación Iñaki, el 'ekolo', como le llaman sus amigos, debe guardar una de aquellas banderas de plástico que pasaban de mano en mano en la que se podía leer sobre la bandera gallega la leyenda “Nunca Máis”, el movimiento que denunció, y aun lo hace, las responsabilidades de esta catástrofe. Los voluntarios que fueron junto a Díez se calzaron las botas, los buzos blancos -en una imagen repetida hasta la saciedad que dio la vuelta al mundo de pequeñas motas del color de la leche entre tanta negrura del chapapote- y se pusieron manos a la obra.

“Había 50 centímetros de chapapote. Todo estaba negro. Menos mal que el Gobierno Vasco nos facilitó buenos guantes, máscaras con filtros de carbono. A nuestro lado había gente que llevaba guantes de cocina y máscaras de papel de los que usan los pintores. ¡qué locura!”, recuerda. Este ecologista bilbaíno metido ahora a funcionario público en Navarra se ha enterado de la sentencia sobre la catástrofe del Prestige por Internet.

Asumir responsabilidades

“Tengo que reconocer que no me ha dado tiempo aun a leerla al completo, pero he repasado lo que han publicado algunas ediciones digitales”, admite a primera hora de la tarde del miércoles. “¿A qué huele? Mira aquí lo que ha pasado es que entonces los políticos no quisieron asumir sus responsabilidades. Sobre todo los que decidieron alejar el barco en vez de llevarlo a una zona abrigada en El Ferrol, y ahora llegan los jueces con una resolución que se queda en nada, ¡a-lu-ci-nan-te!”, se queja Díez.

11 años después, Iñaki está convencido de que todo ha ido según un guión casi preestablecido: “Dilatar en el tiempo es una estrategia muy vieja. Alargar el proceso para que todo se diluya completamente. Y ahora, tras once años de instrucción y del juicio, llegan los jueces con una sentencia que no atribuye prácticamente ninguna responsabilidad”. Díez reconoce que no es jurista, pero analiza que “el delito de vertido es de los más críticos. Pero parece que aquí no hay delito ecológico porque el mar no es de nadie. Es incomprensible”, añade.

Evaluarán la iluminación de 9 calles, 3 de ellas recién renovadas, siguiendo las normas fijadas por el Ministerio de Industria y con la ayuda de técnicos de la empresa Radimer.

La iniciativa busca limitar la contaminación lumínica de la ciudad, una de las más altas del Estado, y reducir el consumo energético.

A partir de las 11 de la noche, cuando los comercios y la hostelería ya han cerrado sus puertas, los vecinos de Basurto han salido esta semana a la calle para medir la iluminación del barrio. Acompañados de expertos de ‘Ekologistak Martxan’ y de técnicos especializados de la empresa Radimer y con la ayuda de un luxómetro se han dedicado a controlar si la luz emitida por las farolas municipales está dentro de los parámetros que fija el Ministerio de Industria: 30 luxes de media para una ciudad como Bilbao.

Según apunta la organización ecologista la capital vizcaína supera “con creces” esta medida en gran parte de sus calles. Sin embargo, siguen llegando quejas al Ayuntamiento de manera habitual que hablan de la supuesta mala iluminación de la villa. Y aunque todavía existen algunas zonas que sufren de un déficit de luz, parece que lo normal es Bilbao es que sobre. Este exceso agrava la contaminación lumínica de la ciudad, que ya no es apta para observar el firmamento, e incrementa considerablemente el consumo de energía.

“Derrochamos muchísima luz, es algo habitual en el norte del Estado y especialmente grave en Bilbao”, apunta Xabier Abian de ‘Ekologistak Martxan’. Haciendo uso del luxómetro de la organización, Abian ha medido la iluminación de varias calles y el resultado ha sido que la mayoría de ellas están muy por encima de lo aconsejado. “El Casco viejo está particularmente sobreiluminado, con calles que superan los 140 luxes. En Bertendona, por ejemplo, tenemos 100”, detalla.

Abian achaca esta situación a la “enorme presión” de los vecinos de Bilbao y a la relación que se establece en ocasiones entre la sobreiluminación y la seguridad. “La Gran Vía, por el contrario, está bien iluminada, con unos 30 luxes de media, y, sin embargo, nadie diría que es un sitio inseguro”, comenta el experto. Por todos estos motivos, la organización ecologista tuvo claro desde el primer momento que debía aliarse con las asociaciones vecinales para sensibilizar a la población sobre el exceso de luz.

Los primeros en apuntarse al carro han sido los vecinos de Basurto, pero la federación de asociaciones vecinales no descarta ir sumando otros distritos si los resultados son interesantes. Propusieron analizar 9 calles del barrio en total, 3 de ellas recién renovadas y sobre las que no consta ninguna queja y otras 6 que teóricamente no estarían bien alumbradas. Además de colaborar en las mediciones, los vecinos realizarán después una asamblea informativa para todo el vecindario y enviarán las conclusiones al Ayuntamiento. “Creemos que las tendrán en cuenta porque incluso hemos contado con una subvención municipal”, vaticina Javier Muñoz, presidente de la asociación vecinal.

Otro razón que podría inclinar la balanza a favor de los vecinos es que si el Consistorio reduce la intensidad de la iluminación de las calles a la mitad el ahorro energético y económico sería considerable. “La iluminación artificial no puede buscar que de noche se pueda leer el periódico en la calle, el objetivo debe ser que sea seguro caminar por ella y nada más”, apunta Muñoz.

Estudio sobre el consumo energético

Estudio sobre el consumo energéticoSiguiendo con las medidas de sensibilización sobre el consumo energético, la asociación de vecinos de Basurto también ha preparado una encuesta anónima para la que espera contar con la participación voluntaria de los residentes del barrio. La parte técnica de la misma ha sido elaborada también gracias al asesoramiento de ‘Ekologistak Martxan’. En ella se analizan la localización, características, tipo de energía utilizada y promedio de consumo anual de las instalaciones y la composición familiar de las viviendas, entre otros factores. El objetivo de la misma es concienciar sobre el consumo responsable evitando derroches.

“Por ejemplo, hay gente que pone la calefacción en invierno a 25 grados cuando entre 20 y 22 sería suficiente”, explica Javier Muñoz. Desde su punto de vista, una mayor concienciación sobre el consumo de energía podría suponer un ahorro económico para las familias y una mejora del medio ambiente en general. “Cuando terminemos, organizaremos una charla-coloquio para exponer los resultados a la que invitaremos a todo el barrio”, comenta. Su meta es que participen el mayor número de viviendas posible en el estudio y para ello han preparado un obsequio para todas las familias que estén dispuestas a colaborar.