Las principales asociaciones del comercio y del sector textil en España han lanzado una advertencia sobre el impacto de las grandes plataformas de comercio electrónico en el mercado europeo. Más del 65% de los productos que comercializa Temu en la Unión Europea no cumple con la normativa vigente, tal y como ha denunciado la Asociación Retail Textil España (Arte).

Para revertir la situación, el Ministerio de Consumo ha propuesto implantar una tasa de tramitación a escala europea para los paquetes procedentes de terceros países y acelerar la eliminación de la exención arancelaria para los productos de menos de 150 euros, una medida que aún se encuentra en tramitación, según informa Efe.

Arte, que agrupa a grandes empresas del sector como Inditex, H&M o Primark, ha alertado de que estas plataformas venden productos de baja calidad, en volúmenes masivos y con un grado de cumplimiento de la normativa comunitaria que, en algunos casos, es inexistente.

La presidenta de la patronal textil, Ana López Casero, ha advertido este viernes que las tiendas online de terceros países “han puesto en jaque los valores del modelo de comercio europeo”, durante una jornada sobre negocios de comercio electrónico de terceros países celebrada en la sede de las Instituciones Europeas en España. 

Desde Consumo, el secretario general, Andrés Barragán, ha señalado que Europa y España sufren una “digitalización atrofiada” y afrontan un “riesgo sistémico para la seguridad” de las personas consumidoras. Según ha explicado, la posición del Gobierno pasa por una aplicación “estricta” de la normativa y una supervisión “efectiva” de las ofertas comerciales para garantizar que cumplen los estándares del mercado europeo.

Entre las medidas que se encuentran actualmente en discusión, Consumo ha mencionado la posible implantación de una tasa europea para los paquetes procedentes de terceros países, así como la aceleración del fin de la exención arancelaria para productos con un valor inferior a 150 euros. También ha defendido dotar a la Administración de mayores “poderes sancionadores” frente a las plataformas que incumplen los estándares de seguridad.

Sin sanciones en España pese al aumento de envíos

Según los datos que ha aportado la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), solo en 2024 se comercializaron en España 180 millones de paquetes procedentes de estas aplicaciones, frente a los 44 millones registrados en 2021, sin apenas sanciones.

Su presidenta, Matilde García Duarte, ha remarcado que pese a la fuerte entrada de productos procedentes de tiendas online asiáticas en los últimos años, especialmente tras la pandemia, “no se conoce sanción o expediente alguno” contra estas plataformas en España.

La representante de compañías como El Corte Inglés, Carrefour o MediaMarkt apunta que en España “no se conoce aún” cómo se está aplicando de forma efectiva la ley europea. Por ello, ha reclamado un refuerzo del control normativo y de los recursos aduaneros, especialmente en territorios como Canarias, donde el volumen de envíos supone una presión añadida para las autoridades.

El Documento Nacional de Identidad (DNI) entra en una nueva etapa. El Gobierno ha aprobado el Real Decreto 255/2025, que adapta la legislación española al Reglamento europeo 2019/1157 sobre el refuerzo de la seguridad de los documentos de identidad. Entre las novedades más destacadas figura la desaparición de los llamados “DNI permanentes”. Aquellos expedidos entre 1999 y 2006 sin fecha de caducidad, que deberán renovarse antes del 3 de agosto de 2031. La medida afecta principalmente a las personas mayores de 70 años, aunque no a todas, y responde a una exigencia de la Unión Europea para homogeneizar los sistemas de identificación en los Veintisiete.

Norma aprobada en 2019

El origen de este cambio se remonta a una norma comunitaria aprobada en 2019, que obligaba a todos los Estados miembros a emitir documentos de identidad con características de seguridad reforzadas, incluyendo chip electrónico y datos biométricos. España ya había implantado progresivamente el DNI electrónico, pero mantenía una excepción para los mayores de 70 años, a quienes se expedían documentos con validez “permanente” o sin fecha de caducidad visible. Esa categoría, que en su momento se justificó para evitar renovaciones periódicas en personas de edad avanzada, ha quedado ahora fuera de la normativa europea.

Según confirma el Ministerio del Interior, la obligación no afecta a todos los DNIs de mayores de 70 años, sino únicamente a los expedidos entre 1999 y 2006 que llevan impresa la palabra “permanente” en el apartado de validez. Los documentos emitidos posteriormente ya incluyen una fecha simbólica de expiración o caducidad técnica (como “01-01-9999”), por lo que se consideran compatibles con la normativa europea y no será necesario sustituirlos. En la práctica, se calcula que la medida afectará a varios cientos de miles de ciudadanos.

Hasta el 3 de agosto de 2031

El nuevo Real Decreto establece un plazo amplio para cumplir con la renovación: hasta el 3 de agosto de 2031, coincidiendo con la fecha límite marcada por la Comisión Europea para la sustitución de los documentos antiguos. Las renovaciones podrán realizarse sin cita previa en las oficinas de expedición del DNI, de manera voluntaria y con un coste reducido o incluso gratuito, dependiendo del caso. Interior recuerda que no se trata de una campaña inmediata, sino de un proceso progresivo que se irá facilitando durante los próximos años.

El objetivo de la reforma es reforzar la seguridad documental y garantizar que todos los DNIs españoles cumplan con los estándares europeos. Los nuevos documentos incorporan un chip con la imagen facial y dos huellas dactilares del titular, elementos biométricos que permiten verificar la identidad de forma inequívoca y reducir el riesgo de falsificación o suplantación. Además, el diseño del DNI se ha armonizado con el resto de Europa: fondo azul, bandera de la UE en el reverso y un código de país (ES) en rectángulo azul con estrellas amarillas, idéntico al de los pasaportes.

También regula la versión digital

El Real Decreto 255/2025 regula también la expedición del DNI en su versión digital, que permitirá llevar la acreditación oficial en dispositivos móviles mediante una aplicación segura. Esta versión electrónica estará vinculada al marco europeo de identidad digital, aprobado en 2024, que pretende facilitar la autenticación de ciudadanos en servicios públicos y privados en todo el territorio de la Unión. España se convierte así en uno de los primeros países en integrar su sistema nacional en la futura identidad digital europea.

¿Por qué ahora? Bruselas lleva años reclamando a los Estados miembros la eliminación de los documentos de identidad obsoletos, al considerarlos un punto débil para la seguridad común. El reglamento europeo establece que todos los DNIs deberán cumplir las nuevas especificaciones antes del 3 de agosto de 2031, pero la presión se ha intensificado en los últimos meses a medida que la Comisión revisa el cumplimiento de los plazos. El Gobierno español ha aprovechado la transposición para consolidar en un solo texto toda la normativa relativa al DNI, tanto en su versión física como digital.

Para las personas afectadas, el mensaje es claro: los DNIs con la palabra “permanente” deberán renovarse, pero hay tiempo de sobra y no es necesario acudir de inmediato a las oficinas. Basta con comprobar si el documento carece de fecha de caducidad y, en ese caso, planificar la renovación en los próximos años. La actualización, además de obligatoria por motivos legales, ofrecerá ventajas prácticas: el nuevo DNI será válido en toda la Unión Europea, compatible con la identidad digital europea y con mayor protección frente al fraude.

Con la llegada del calor, muchos conductores cambian el calzado cerrado por sandalias, chanclas o incluso conducen descalzos. Aunque pueda parecer una elección trivial, el tipo de calzado que se lleva al volante puede acarrear consecuencias legales si se considera que afecta a la seguridad.

La Dirección General de Tráfico (DGT) no prohíbe expresamente conducir con chanclas, pero recuerda que, según el Reglamento General de Circulación, el conductor debe mantener siempre el control del vehículo.

El artículo 18 del citado reglamento establece que el conductor está obligado a “mantener su propia libertad de movimientos” y a tener “una posición adecuada”. Esto implica que cualquier elemento —incluido el calzado— que comprometa la capacidad de maniobrar correctamente puede ser sancionado. Por eso, conducir con chanclas, al ser un calzado inestable y que puede engancharse en los pedales, puede suponer una infracción.

El RACE también advierte

Así lo ha advertido también el Real Automóvil Club de España (RACE), que en un informe reciente analiza los riesgos de llevar un calzado inadecuado al conducir. “Las chanclas pueden desplazarse o quedarse atrapadas entre los pedales, dificultando una frenada de emergencia”, explican. Aunque no exista una multa específica por este tipo de calzado, el uso de calzado inseguro puede derivar en una sanción de hasta 200 euros si se considera que ha interferido en la conducción.

Además de las chanclas, el RACE señala otros tipos de calzado potencialmente peligrosos, como los tacones altos, los zuecos o incluso ir descalzo. En todos estos casos, el riesgo no es tanto una sanción directa como las consecuencias en caso de accidente. Si un informe pericial demuestra que el calzado contribuyó a la pérdida de control, el conductor podría tener más responsabilidad civil o penal.

La recomendación

Desde la DGT y los organismos de seguridad vial se insiste en que el conductor debe priorizar siempre el control del vehículo por encima de la comodidad estacional. Esto se traduce en una recomendación clara: usar calzado cerrado, sujeto al pie, y con suela fina que permita sentir con precisión los pedales. “Una chancla puede parecer inofensiva, pero perder unos segundos por un pedal atascado puede ser fatal”, señalan desde el RACE.

Para evitar sanciones o incidentes, los expertos recomiendan llevar siempre un calzado alternativo en el coche. “No cuesta nada cambiarse antes de arrancar y puede ahorrarte muchos problemas”, añaden. En caso de accidente, contar con pruebas de que se conducía de forma negligente puede condicionar incluso la cobertura del seguro.

La Dirección General de Tráfico (DGT) prepara un cambio profundo en una de las normas más conocidas —y a menudo ignoradas— de la conducción en España: el límite legal de alcohol en sangre. A partir de 2025, si no hay cambios en la redacción del nuevo Reglamento General de Circulación, el umbral general pasará de los actuales 0,25 miligramos por litro en aire espirado (0,5 g/l en sangre) a solo 0,1 mg/l (0,2 g/l). La medida, que supondrá una reducción de más del 50 % del margen actual, afectará a todos los conductores y sitúa a España en la senda de los países que avanzan hacia una tolerancia cero de facto, aunque el texto no lo declare explícitamente.

Esta modificación no es puntual. Se enmarca en la revisión más ambiciosa del reglamento de circulación desde 2003 y responde a una doble presión: por un lado, los datos nacionales, que indican que el alcohol sigue siendo un factor presente en uno de cada tres accidentes mortales; por otro, el empuje normativo desde la Unión Europea, que ha instado a los Estados miembros a endurecer sus estándares en línea con la estrategia “Visión Cero” para reducir las muertes en carretera. En ese contexto, la rebaja de la tasa de alcoholemia no es simbólica: tiene el potencial de cambiar hábitos normalizados como el consumo moderado de alcohol antes de conducir, una práctica socialmente aceptada pero estadísticamente peligrosa.

Los datos

De hecho, según datos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, más del 60 % de los conductores que dieron positivo por alcohol en siniestros con víctimas no superaban el límite legal actual. Es decir, circulaban “dentro de lo permitido”. Este dato ha sido determinante para el giro normativo. La DGT sostiene que incluso las tasas consideradas bajas o moderadas suponen un riesgo claro para la seguridad vial. “La única tasa segura es 0,0 g/l”, insisten desde el organismo, y la futura regulación busca reforzar precisamente ese mensaje: el único consumo seguro al volante es ninguno.

Las implicaciones prácticas son claras: una sola copa de vino o cerveza podrá ser suficiente para dar positivo en un control. El margen para consumir y conducir sin sanción se reducirá drásticamente, especialmente para mujeres de peso medio o personas con poca tolerancia al alcohol. En la práctica, el cambio convierte en inviable el cálculo personal del “puedo o no puedo conducir” tras beber, uno de los hábitos más extendidos en España. Con la nueva tasa, los márgenes individuales desaparecen casi por completo.

Aún no hay fecha de entrada en vigor

La reforma aún no tiene fecha exacta de entrada en vigor, pero sí forma parte del borrador ya redactado del nuevo reglamento, concretamente en su artículo 20. El Ministerio del Interior ha señalado que la aprobación definitiva está prevista para algún momento de 2025, una vez superado el proceso normativo y revisadas las aportaciones técnicas y jurídicas. Mientras tanto, la DGT ya ha comenzado a incluir la nueva tasa en sus campañas y materiales informativos, en un intento de preparar a la ciudadanía para el cambio cultural que implica.

Junto a la reducción del límite, el organismo prevé intensificar los controles y aumentar la presencia de pruebas de alcoholemia en zonas urbanas, puntos habituales de ocio nocturno y vías interurbanas. Esta política se refuerza con una afirmación clara de Sanidad: no existen métodos fiables para reducir la tasa de alcohol antes de un control. Correr, beber agua, tomar chicles o esperar una hora no cambian sustancialmente la metabolización del etanol. El hígado elimina entre 0,10 y 0,12 gramos por litro cada hora, una tasa que no se puede acelerar, por más que existan mitos populares al respecto.

Otras reformas recientes

Este endurecimiento del límite se suma a otras reformas recientes del marco sancionador, como el aumento de los puntos retirados por conducir bajo los efectos del alcohol y la reincidencia, o la obligatoriedad de los dispositivos de bloqueo por alcohol para determinados vehículos de transporte. En conjunto, todo apunta a un cambio de paradigma: conducir después de haber bebido, incluso mínimamente, empieza a dejar de ser tolerado legal y socialmente.

A largo plazo, la DGT aspira a que la reforma no solo reduzca el número de siniestros, sino que también modifique patrones culturales profundamente arraigados. Ir en coche después de una comida con vino o tras una cerveza rápida se ha mantenido como práctica habitual, pese a las campañas de concienciación. El nuevo límite legal busca cortar ese hábito desde su raíz. La transición será paulatina, pero su objetivo es inequívoco: acercar España a un modelo de conducción libre de alcohol en todo momento.

Lo que para unos es un avance democrático, para otros es control y censura. La Ley para la Mejora de la Gobernanza Democrática en Servicios Digitales y Medios de Comunicación anunciada por Pedro Sánchez ha reabierto el debate político y social. Desde el ministerio de Transformación Digital y Función Pública se explica que se trata de la aplicación de una normativa europea que exige que los medios inscriban su estructura de propiedad y los fondos públicos que reciben en concepto de publicidad. Sin embargo, desde otros sectores se trata de vender como un mecanismo de censura política.

Para abordar estas y otras cuestiones, Rioja2 ha querido contar con uno de los mayores expertos europeos en la materia, Carlos Pérez Maestro, trabajador de la Unidad de Política de Servicios Audiovisuales y de Comunicación de la DG CONNECT de la Comisión Europea, en Bruselas. El próximo sábado, 22 de marzo, se ha organizado un encuentro en Logroño al que estarán invitados todos los socios y socias de elDiario.es en La Rioja.

Pérez Maestro explicará el plan de acción para la democracia europea, el código europeo contra la desinformación y el reglamento europeo de libertad de medios de comunicación entre otros asuntos. Se podrán poner así sobre la mesa algunos mecanismos para la detección de bulos o las líneas que separan a un medio de comunicación de una plataforma que no lo es.

El encuentro se produce además en un momento en el que los periodistas parlamentarios han alzado la voz tras años de amenazas, insultos y señalamientos para exigir al Congreso de los Diputados y al Senado la adopción de medidas urgentes contra el comportamiento de los agitadores ultras que cuentan con acreditación oficial de prensa. ¿Qué dice sobre ello la normativa europea? ¿Cómo puede regularse?

El encuentro para abordar todas estas cuestiones, organizado por este medio gracias a la colaboración de la Fundación Caja Rioja, tendrá lugar el sábado, 22 de marzo, a partir de las once de la mañana en Centro Fundación Caja Rioja Gran Vía, en Gran Vía, número 2. Será un evento exclusivo para socios y socias de elDiario.es en el que podremos compartir un café, aprender y reflexionar sobre una realidad que tiene a día de hoy graves consecuencias.

La publicación del Reglamento europeo de Inteligencia Artificial (AI Act) inicia una cuenta atrás que se sustanciará en un radical cambio de reglas en la aplicación de esta tecnología al mundo del trabajo.

Aunque resten dos años para su plena vigencia –un tiempo a todas luces excesivo, especialmente si la principal exigencia radica en el respeto a los derechos fundamentales– conviene ir conociendo sus especificaciones y deberes. No es ejercicio asequible, puesto que el redactado final comprende 180 considerandos, 113 artículos, 68 definiciones y trece anexos, para un total de 144 páginas en su versión en español, en demasiadas ocasiones articuladas de forma abstrusa e imbricada (con toda probabilidad, una de las consecuencias de la negociación más larga de la historia de la UE).

El Reglamento parte de un enfoque basado en el riesgo que entraña una IA de aplicación laboral. Llamativamente, en dicho ámbito se concitan dos modalidades: actividades prohibidas y de alto riesgo (no existen, a priori, IA laborales con riesgo limitado o mínimo; todas son catalogadas con un alto peligro potencial). Las actividades vedadas se concretan en dos:  la detección de las emociones en el puesto de trabajo y el control biométrico, para usos como identificar la afiliación sindical. 

El resto de los elementos que componen una relación laboral de inicio a fin –desde la selección de personal hasta la extinción contractual, pasando por cualquier decisión algorítmica relacionada con la promoción profesional, la asignación de tareas o la supervisión/evaluación del rendimiento o del comportamiento– serán consideradas como actividades de alto riesgo. La sola catalogación de una actividad como alto riesgo, como el propio nombre indica, envía un claro mensaje sobre sus implicaciones: son un peligro para los derechos fundamentales de los trabajadores. Pero dicha clasificación contiene más implicaciones.

Dentro de dos años, cualquier empleador que desee implementar una IA laboral deberá garantizar su fiabilidad. En consecuencia, estará sujeto a una serie de obligaciones que no podrá obviar. Entre otras, estará la necesidad de realizar una evaluación de impacto, desarrollar un exhaustivo sistema de gestión de riesgos, garantizar una supervisión humana de cada IA (de forma efectiva y real), asegurar un uso apropiado de datos que eviten cualquier tipo de sesgo y comprometerse a ser transparentes con su funcionamiento mediante una “información concisa, completa, correcta y clara que sea pertinente, accesible y comprensible”. Todas estas obligaciones –y algunas más–deberán ser asumidas por todo tipo de empleadores (sean empresas privadas u organismos públicos) a lo largo de toda la cadena de valor y del ciclo de vida de cada IA.

Para calibrar el tamaño del desafío que tenemos por delante, primero debemos conocer el punto de partida. Aunque seamos un país de microempresas, el efecto tractor de las grandes compañías (250+ personas trabajadoras) es indiscutible. Y son precisamente estas firmas las que, por escala y capacidad inversora, han adoptado con mayor profusión esta tecnología.

Según el INE, el 40% de las grandes empresas españolas usa IA laborales, lo que implica que, según Eurofound, uno de cada tres personas trabajadoras en España trabaja bajo decisiones algorítmicas. De hecho, la “automatización de flujos de trabajo o ayuda en la toma de decisiones” es el caso de uso más habitual entre las grandes empresas.

Sin embargo, solo un 36% de dichas empresas estaría desarrollando políticas éticas de IA (IBM, datos para España, 2023); un 74% no están tomando acciones para reducir los sesgos no deseados (IBM World, 2022) y hasta un 84% no consideraba los aspectos de “equidad y justicia” como relevantes a la hora de poner en producción una IA laboral (McKinsey, 2023). Cifras bochornosas e inadmisibles, muy lejos de las autocomplacientes políticas de compliance empresarial o de la exigible observancia de las leyes laborales al uso. Si el objetivo a dos años de la AI Act es el estricto respeto a los derechos fundamentales de las personas trabajadoras, partimos desde muy muy lejos. Se trata unas cifras coherentes si analizamos dinámica de mercado: casi la mitad son sistemas de IA comerciales listos para usar, lo que invita a desentenderse de las consecuencias laborales de dicha adquisición.  

Los mimbres para cumplir con estos requerimientos tampoco son motivo para vanagloriarse. A pesar de que cuatro de cada 10 grandes empresas españolas usan IA, apenas un 11% tiene expertos en dicha tecnología entre sus plantillas (solo un 2% de los expertos TIC lo son en IA). No solo es una cantidad claramente insuficiente, sino que además únicamente un 0,46% son mujeres (la paridad en expertos TIC solo se constata en el 4,45% de las empresas españolas). Así será imposible concebir IA laborales con la necesaria perspectiva de género: si excluimos a más de la mitad nuestra población, ni algoritmos justos, ni equitativos, ni nada que se le asemeje.

Si estas cifras nos parecen negativas, las referentes a la alfabetización digital (un aspecto preponderante en el Reglamento, con obligaciones específicas para supervisores y usuarios de las IA laborales) son igual de lamentables: un 30% de las mayores empresas españolas nunca forman a sus empleados en nuevas tecnologías. 

Los deberes están ya expuestos. No caben eximentes ni retrasos. Sería ingenuo no admitir la complejidad de la tarea, pero 24 meses constituyen un lapso ya de por sí excesivo. El respeto a nuestros derechos fundamentales debería estar en la agenda, por defecto, de cualquier empleador, por lo que cabe animar a todas las empresas a “que empiecen a cumplir, de forma voluntaria, las obligaciones pertinentes del presente Reglamento ya durante el período transitorio”.

El Parlamento Europeo afrontará este martes un debate para que los productos que llevan miel en su elaboración o composición incluyan en su etiquetado tanto la cantidad de miel como de qué país procedes esta miel, una petición largamente demandada por el sector productor castellanomanchego.

El pleno examinará una propuesta sobre el etiquetado de varios productos agroalimentarios, entre ellos la miel, que busca ayudar a los consumidores a tomar decisiones informadas y elegir opciones saludables.

Según publica el Parlamento Europeo, dado que los consumidores muestran particular interés por el origen geográfico de algunos productos, los eurodiputados quieren que el país de origen de la miel y las frutas utilizadas para la fabricación de zumos y mermeladas aparezca en su etiqueta delantera. Si provienen de más de un país, deben aparecer en orden descendente en función de su peso en el total.

En el caso de la miel, la propuesta pretende “atajar el fraude de la miel, incluido el uso de jarabes de azúcar que son muy difíciles de detectar”, para ello los eurodiputados proponen un sistema de trazabilidad a lo largo de la cadena de suministro para rastrear el origen de la miel. Los apicultores de la UE con menos de 150 colmenas estarían exentos de aplicarlo.

El presidente de la Asociación de Apicultores de Guadalajara, Ángel Marco, considera “bastante interesante” la propuesta ya que “así el consumidor podrá elegir con más conocimiento”.

“Va a ser mejor también para el sector apícola”, ha señalado este apicultor, convencido de que aunque esta decisión tal vez no salve el mercado de la miel, que en este momento está bastante complicado, pero es “otra forma de que el consumidor sepa lo que compra, y eso es lo más importante”.

Para Marco, esta decisión supone “un adelanto” más para llegar a saber lo que quiere todo el mundo, que no es otra cosa que saber lo que se compra.

Una larga batalla

El sector apícola lleva peleando desde el 2015 para que el envasado de la miel lleve incluido su etiquetado, y si bien hace dos años se realizó una reforma en la que ya se contempla que en dicho envasado figuren los países de donde procede el producto por orden descendente, el sector exigía que viniera también el porcentaje de cada país, algo que por lo que sabe no se incluye todavía, aunque sí que venga dicho porcentaje en otros productos.

También ha reconocido que desde que España tiene la presidencia de la Unión Europea se está “peleando y presionando” también para que productos como la miel cuenten con un etiquetado correcto, una pelea que data de hace tiempo y que debe continuar para que se contemple también la inclusión de los porcentajes, algo que por el momento no se va a poner.

En todo caso, Marco ve con satisfacción que poco a poco a nivel europeo se estén dando pasos en este línea, algo que no solo pasa en España sino en otros países, donde los consumidores también se están dando cuenta y están exigiendo saber lo que compra.

“Cada vez tiene más valor para el consumidor conocer la trazabilidad del producto que compra y el consumidor va a poder elegir”, ha señalado.

Tranquilidad total del Gobierno de Castilla-La Mancha ante la noticia publicada en elDiario.es, en su edición de Galicia, sobre una posible amenaza para la  marca de calidad ‘Campo y Alma’ que ampara productos de Castilla-La Mancha, por la intención de la Asociación Española de Denominaciones de Origen (Origen España) de consultar a sus equipos jurídicos sobre la legalidad de 14 sellos de calidad autonómicos entre los que se encuentra el de Castilla-La Mancha.

Así lo ha señalado la directora general de Producción Agroalimentaria y Cooperativas de la región, Elena Escobar, en declaraciones a AgroalimentariaCLM porque “en Campo y Alma la vinculación calidad y origen se cumple y está reconocido por la autoridad europea”.

Esta marca, abunda, solo ampara a “productos certificados, es decir, todo producto para poder ser etiquetado con Campo y Alma tiene que ser un producto previamente certificado por una Denominación de Origen (DO) o de Indicación Geográfica Protegida (IGP). Desde Castilla-La Mancha hemos hecho las cosas bien, como hay que hacerlas”, asegura.

El Gobierno regional aprobó la marca de calidad colectiva respetando la normativa comunitaria para estas figuras. Así, Elena Escobar reseña que se siguieron los pasos que marca la directiva 2015/1535 del Parlamento Europeo, “que establece que este tipo de marcas deben ser notificadas y autorizadas por la  Comisión Europea”.

Así, el 13 de abril de 2018, desde el Gobierno de Castilla-La Mancha se notificó el proyecto de 'Campo y Alma' a la Comisión Europea. “Recibimos la autorización favorable para la marca en abril de 2019, y una vez recibida esta comunicación favorable comenzamos con el registro en la Oficina Española de Patentes y Marcas, quedando registrado en junio de 2021. Posteriormente, el 30 de julio de 2021 se publica ya en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la orden por la que se da a conocer el reglamente de uso de la marca de calidad y se establece el modelo de autorización”.

La obligatoriedad de que estas marcas respeten la normativa europea es uno de los puntos que podría poner en aprietos a algunas de estas marcas que se van a revisar ahora desde  Origen España, por la posibilidad de que marcas como Galicia Calidade, Asturias Paraíso Natural o M Producto Certificado (Madrid) no hubieran notificado sus proyectos al Parlamento Europeo siguiendo la obligación que marca la directiva 2015/1535.

Origen España estudia posible “competencia desleal”

Además, Origen España estudia la posibilidad de que esas marcas regionales estuvieran ejerciendo “competencia desleal” contra las denominaciones de origen o las indicaciones geográficas protegidas que avala directamente la Unión Europea.

En este sentido, Elena Escoba señala que en el caso de 'Campo y Alma' no se ejerce competencia desleal puesto que “es una marca que ampara productos con DO o IGP, con lo cual que competencia desleal no puede existir. Todo lo contrario, creo que nos podrían poner como ejemplo de cómo se hace una marca de calidad: se hace con el sector, con un proyecto colectivo y con todos los requerimientos legales posibles”.

E incluso no le parece mal que “desde la asociación que ampara todas las figuras de calidad de España se intente vigilar el correcto cumplimento de la legislación”.  

220 operadores y 2000 productos

Según los datos actualizados que ha ofrecido la directora general de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha, actualmente son 220 los operadores que están utilizando esta marca en la comunidad autónoma, lo que supone una estimación de más de 2.000 productos ya etiquetados con 'Campo y Alma'“.

Escobar ha asegurado que está siendo “una herramienta muy útil para los operadores y así nos lo hacen saber”, ya que este es un “proyecto colectivo”. “Debido a esto se ha multiplicado por diez la venta de productos de DO e IGP de Castilla-La Mancha en algunos de los puntos de venta donde está presente”, ya que el Gobierno autonómico ha establecido acuerdos de colaboración con distribuidores y grandes superficies para hacer visible la marca de calidad de Castilla-La Mancha.

-----------------

Queremos seguir haciendo periodismo independiente

Necesitamos tu apoyo para seguir elaborando contenidos de calidad y practicando periodismo a pesar de todo.

Puedes darte de alta como socio o socia. Si ya lo eres, entra en tu panel personal y puedes destinar una cuota específica a tu edición más cercana, la que te acerca a Castilla–La Mancha. Tenemos un vídeo en nuestro canal de Youtube que explica cómo hacerlo.

Hazte socio, hazte socia y colabora con tu edición local.

Saber de dónde viene la miel que compramos o si esa miel es pura de abeja sin haberse sometido a procesos de calentamiento es una verdadera prueba de salto de obstáculos.

Hasta cinco países, España, Portugal, Ucrania, Uruguay y Argentina, aparecen en algunas etiquetas como origen de la miel que se compra en un tarro de 500 gramos. Además, al no tener obligatoriedad de indicar porcentajes puede que tan sólo una parte ínfima de la miel sea española.

Las etiquetas tampoco están obligadas a especificar si la miel ha sido sometida a procesos térmicos, de calentamiento o filtrado, por lo cual el consumidor no tiene constancia de que esa miel llegue a él tal y como sale de la colmena.

Pedro Loscertales, responsable apícola de COAG a nivel estatal, lo tiene claro. Si el consumidor quiere tener la certeza de que la miel que consume es española y pura tiene que buscar en la etiqueta “miel origen España o irse al apicultor, porque hay muchísimos apicultores que venden en venta directa, en pequeño comercio, en gran comercio y, por lo tanto, hoy por hoy no es difícil encontrar miel directa del apicultor”.

Cambiar la legislación europea y española en materia de etiquetado es una de las principales reivindicaciones que tiene el sector apícola en estos momentos y ese empeño los ha llevado a protagonizar protestas por todo el territorio nacional.

Piden un cambio en la normativa aprobada el 2020 que, aunque mejora algo la anterior, no es suficiente. “En el año 2020, se definió que en las etiquetas se tenía que reflejar los países de procedencia de la mezcla que se incluía en la miel. Antes, lo que obligaba la legislación era sólo indicar mezclas de mieles de fuera y dentro de la Unión Europea”, señala Loscertales.

La reivindicación actual es que se indique el porcentaje de miel de cada uno de los países que se refiere en la etiqueta, porque puede tener tan sólo 1% de miel española y el resto de otros países, pero España puede figurar en primer lugar y eso puede confundir al consumidor.

“Pedimos también un cambio en el código aduanero de la Unión Europea (UE), en el código que permite prácticas como la que presentamos el informe en 2021, en el cual se veía que es posible que un país como China, introduzca miel en Portugal y el origen China desaparece, de ahí que estemos viendo que en estos momentos siete millones de kilos del año 2022 y cuatro millones de kilos del año 2021, que han entrado en España, no sepamos dónde están”.

Demanda que se ponga freno a esta triangulación, es decir, que la miel cosechada en China e importada por un operador portugués, que se mezcle (y, en su caso, caliente) con miel cosechada en España, puede adquirir el origen España si más del 50% en peso de la mezcla final es miel cosechada en España. “La cuestión de la interpretación de la normativa, por tanto, es compleja y farragosa, pero parece estar influyendo decisivamente en la situación de mercado y etiquetado que llevamos observando meses en el mercado de la miel española. Si una miel cosechada en China e importada por un operador portugués, y posteriormente mezclada con miel cosechada en España, puede adquirir origen España si más del 50% en peso de la mezcla final es española, dicha mezcla podría volver a mezclarse con nuevas partidas de mieles originarias de China confiriendo, de nuevo, el origen España a las subsiguientes mezclas finales”, afirma Pedro Loscertales.

Aprovechar la Presidencia de la UE

El sector apícola quiere aprovechar la próxima Presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de este año para sacar adelante un cambio en el etiquetado y así lo han reivindicado en las protestas de las últimas semanas. “Ya lo hemos reivindicado en las distintas concentraciones que se han realizado y al Ministerio de Agricultura lo hemos visto receptivo, veremos a ver si lo pone en práctica”, asegura Loscertales.

Además, el representante de COAG apunta que este sector va más allá, ya que la labor de la apicultura no es sólo la producción de miel. “Que tengamos en cuenta que se podrá traer miel de China, de terceros países, pero esa miel no poliniza en España, no deja la labor que hace la abeja en la producción de alimentos, aunque da la sensación de que a quién gobierna, todos los partidos incluidos, esto parece ser que no lo tienen en cuenta”, apunta.

Incremento de coste

El sector se enfrenta además a otros problemas que están poniendo en riesgo la supervivencia de muchos apicultores, entre ellos el aumento de los costes de producción y las cosechas más cortas debido a la sequía.

Actualmente, según este experto, al apicultor le cuesta entre 4 euros y 4,5 euros producir un kilo de miel. En los últimos dos años que se ha pasado de un coste medio de alimentación de 4 euros/ colmena en cada campaña a 19 euros/ colmena, así en una explotación media en España, de unas 500 colmenas, el coste total de alimentación de las abejas ha pasado de los 2.000 euros a 9.500 euros, según los datos de 2022.

Y este 2023 no se presenta mejor: “Tal como vemos la campaña del 2023, donde falta agua en la mayor parte del territorio nacional, quitando el norte, vemos que, para la producción de miel de romeros, tomillos, el campo necesita agua y por lo tanto, esos costes se van a mantener en lo que decíamos, entre 4 y 4,50 hacer un kilo de miel. Se ha multiplicado porque entramos en un otoño muy seco, con mucho calor, y hemos estado alimentado las colonias de emergencia porque si no se morían de hambre hasta final del año, esto se va a mantener y veremos si no hay que modificar los cálculos al alza”, asegura.

En producción, la sequía también va a pasar factura al sector. “De momento, la veo en la línea del año pasado, con un 50% de pérdida cosecha si la situación no cambia, esperemos que venga la lluvia y cambie la situación en la mayor parte del territorio”, asegura.

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja) Castilla-La Mancha ha solicitado a la Administración regional que, mientras se consolida la derogación de la prohibición de quema de los restos agrícolas aprobada este miércoles en el Congreso de los Diputados, deje sin efecto la normativa que lo establece, concretamente, el artículo que 27.3 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, de manera que los agricultores puedan proceder a sus labores ante la inminente campaña de poda y siembra en la región y evitar así cualquier tipo de sanción.

La organización agraria ha solicitado así a la Dirección General de Medio Natural y Biodiversidad alternativas urgentes, dado que los agricultores se encuentran preparando las tierras para la siembra de los cultivos, según ha informado ASAJA en nota de prensa.

En este sentido, ha recordado que los productores tienen amontonados restos de especies invasoras o montones de paja afectada por hongos y otros restos que necesitan quemar “inmediatamente” para proceder a arar las tierras y sembrarlas, así como los restos de los leñosos que ya han terminado de cosechar.

Por ello, Asaja Castilla-La Mancha ha recordado que las labores agrícolas no pueden esperar a que los parlamentarios tramiten la normativa, pues las fechas de siembra deben depender únicamente del tiempo y de las condiciones climáticas si se quiere obtener cosecha el año siguiente.

Además, ha recordado que la quema de restos vegetales es una medida sanitaria para los cultivos y que la incorporación de cenizas al suelo agrega nutrientes al mismo.

En cuanto a la opción de triturar los restos, la organización agraria ha señalado que hay que tener en cuenta que, en muchas ocasiones, es inviable la accesibilidad de maquinaria por las pendientes de las parcelas y, con la crisis de costes actuales, los productores no pueden asumir nuevas inversiones.

La Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, establecía en su artículo 27.3 que “con carácter general, no está permitida la quema de residuos vegetales generados en el entorno agrario o silvícola. Únicamente podrá permitirse la quema de estos residuos con carácter excepcional y siempre y cuando cuenten con la correspondiente autorización individualizada que permita dicha quema, por razones de carácter fitosanitario que no sea posible abordar con otro tipo de tratamiento, motivando adecuadamente que no existen otros medios para evitar la propagación de plagas, o en entornos silvícolas”.

Según señala ASAJA, con anterioridad a la promulgación de esta Ley, los agricultores trabajaban según la normativa de la Condicionalidad, de base jurídica europea y que no ha sufrido ninguna modificación, comunicando a la autoridad competente las parcelas donde se iban a quemar restos agrícolas.

Finalmente, este miércoles, en sede parlamentaria, se aprobó por mayoría la eliminación del punto 3 entero del artículo 27.

Dicho punto es el que, según ha explicado Asaja, debe dejarse sin efecto de facto, pues su entrada en vigor a través del Boletín Oficial del Estado (BOE) puede tardar aún varias semanas, retrasando así “injustamente” el trabajo de los agricultores.

El 12 de octubre de este año entrará en vigor una normativa europea que unificará el etiquetado de los carburantes en la Unión Europea (UE). Estas etiquetas permitirán identificar los distintos tipos de combustible. Estarán visibles en las estaciones de servicio y en los vehículos nuevos (motocicletas, ciclomotores, turismos, autobuses y vehículos comerciales ligeros y pesados) matriculados a partir de esa fecha. La ley les obligará a incorporar el nuevo etiquetado en el depósito de carburante.

Esta nueva nomenclatura “es una herramienta visual complementaria a la información actual, que pretende ayudar al conductor que llega a una estación de servicio a comprobar la compatibilidad entre su vehículo y los carburantes”, subraya un portavoz de la Asociación de Empresarios de Estaciones de Servicio de la Comunidad de Madrid (AEESCAM). “No sustituye ni modifica la información que se da en la actualidad en las estaciones de servicio sobre los carburantes que se suministran en las instalaciones”, indica.

El etiquetado establece un círculo para identificar la gasolina, un cuadrado para el diesel y un rombo para los combustibles alternativos “como gas natural comprimido, gas natural licuado, gas licuado de petróleo o hidrógeno”, explica Víctor García, secretario general de la Agrupación Española de Vendedores al por menor de Carburantes y Combustibles (AEVECAR), una de las patronales de las estaciones de servicio.

Para la gasolina se establecen tres tipos: E5, E10 o E85. “Los números indican el porcentaje de bioetanol que contiene el carburante. Cada vehículo admite una cifra determinada de este compuesto y la letra E hace referencia al etanol (compuesto químico inflamable)”, explica García.

En el caso del diesel, dentro del cuadrado que le identifica habrá una B mayúscula seguida del porcentaje de biodiesel establecido para cada motor. B7 o B10 son los tipos “estándar” de este combustible y se establecen las siglas XTL para el diesel sintético, este último “infrecuente en España”.

Los gases también estarán identificados con siglas. H2, hidrógeno. CNG como gas natural comprimido. LPG, gas licuado de petróleo y LNG para el gas natural licuado.

Los coches nuevos, a partir del 12 de octubre, ya vendrán con una pegatina incorporada en el depósito de combustible indicando qué tipo de carburante aceptan.

Por qué se adopta esta directiva europea

La directiva europea que ahora se implementa se aprobó en 2014. Se refiere a la “implantación de una infraestructura para los combustibles alternativos”. En una primera fase en España, supuso el establecimiento de puntos de recarga para vehículos eléctricos y puntos de repostaje de gas natural y de hidrógeno.

Ahora se avanza con el nuevo etiquetado. El fin último es la creación de una infraestructura para los combustibles alternativos, “a fin de minimizar la dependencia de los transportes respecto del petróleo y mitigar el impacto medioambiental del transporte”.

Sofía, socia de eldiario.eseldiario.es, nos escribe el siguiente correo: “me gustaría saber si podrían hablar sobre productos de belleza e higiene personal veganos o, en su defecto, que no experimenten en animales. Es un tema que me interesa bastante y, aunque existe una ley que prohíbe la venta de productos que no cumplen estas características, no puedo evitar dudar si se cumple o es sólo un mero trámite político.”

La directiva 2003/15/CE está destinada a prohibir completamente la venta y fabricación de productos cosméticos en suelo europeo que hayan sido previamente testados en animales de laboratorio. Su aplicación se ha hecho en dos fases y la primera tuvo lugar entre 2004 y marzo de 2009, y en ella se prohibió a partir de esa fecha a experimentación en animales de cualquier producto cosmético o ingrediente de este dentro de la Unión Europea, así como la venta en suelo europeo de cualquier producto cosmético que contuviera ingredientes testados en animales.

En una segunda fase, que entró en vigor el 11 de marzo de 2013, se extendió está prohibición a todos aquellos productos e ingredientes en los que fuera preceptivo practicar pruebas de toxicidad, que habían estado exentos de la aplicación de la primera fase. Con la entrada en vigencia de la ley definitiva, en teoría en suelo europeo no se volvería a experimentar con animales en materia de cosmética nunca más.

Las excepciones que no confirman la regla

Sin embargo, la norma presenta varias excepciones, que si bien tienen una prórroga limitada, pueden aplicarse hasta 2023. Otras, pueden seguir aplicándose indefinidamente.

Cómo los distinguir productos que se saltan la norma

Como vemos no son pocas las excepciones, que, según se calcula, propician la experimentación con dolor y trastornos severos en más de 60.000 animales cada año solo en España. Respondiendo a Sofía, en principio no es sencillo distinguir entre un producto que se ha saltado la norma acogiéndose a las excepciones y otro que la aplica fielmente, a no ser que el segundo lo especifique explícitamente en su etiquetado. El motivo es que la legislación no obliga a la empresa que testa en animales a especificarlo en el producto, uno de los más polémicos en lo que se refiere a las excepciones y que fue en su día un caballo de batalla de las organizaciones animalistas. 

De una manera alternativa a los estamentos oficiales, la fundación Cruelty Free ha diseñado un logotipo consistente en un conejo para que las empresas libremente puedan acogerse a él en el etiquetado y especificar que un producto en concreto no ha sido testado en animales en ninguno de sus ingredientes. Por otro lado, Cruelty Free pone a disposición de los consumidores listas de empresas (actualización 2016) que no testan en animales y otras que sí lo hacen.

Si no te quieres perder ninguno de nuestros artículos, suscríbete a nuestros boletines

suscríbete a nuestros boletines

España, que hace unos años lideraba la lucha contra el tabaquismo en Europa, se queda rezagada y ni siquiera cumplirá con el plazo propuesto desde Bruselas para transponer la nueva directiva sobre el tabaco a la legislación española. La norma, que impone nuevas restricciones sobre el tabaco, entrará en vigor este viernes 20 de mayo. La industria tabaquera, que trató de detener la nueva regulación, ha conseguido frenar algunas de las medidas que pedían varias asociaciones médicas.

En nuestro país mueren al año más de 60.000 personas por cuestiones directamente relacionadas con el consumo de tabaco, según el último estudio epidemiológico realizado, lo que supone más del 15% de las muertes registradas en todo el Estado. Este mismo estudio indica que el 40 % de los fumadores morirá prematuramente por el tabaco si no dejan de fumar. 

Por este motivo, desde distintas sociedades médicas se ha recibido positivamente la nueva normativa, más restrictiva, aunque insisten en que “sea transpuesta a la legislación lo antes posible y de la forma lo más rigurosa posible”, explica a eldiario.es Carlos Jiménez, Neumólogo y director del programa de tabaquismo de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica (SEPAR).

Una directiva que se queda corta

Sin embargo, desde esta organización, se han criticado algunos puntos en los que la nueva normativa se ha quedado corta, especialmente en lo que se refiere al empaquetado del tabaco. En el nuevo diseño de cajetillas aprobado por la directiva, las advertencias sanitarias deberán cubrir al menos el 65% de ambas caras de los paquetes, pero no incluye el empaquetado genérico, que, según Jiménez, “habría sido un paso enorme en favor de la salud pública”.

También desde la Comisión Nacional para la Prevención del Tabaquismo (CNPT) se ha criticado la ausencia de esta restricción, aunque ambas organizaciones consideran positivo que al menos permite que cada país pueda aplicar el envasado genérico, algo que ya han hecho Irlanda, Francia, Reino Unido o Hungría. “Es un acuerdo de mínimos, aunque se deja abierta la posibilidad de que cada estado vaya algo más allá”, explica a eldiairo.es Regina Dalmau, presidenta de la CNPT.

España, sin embargo, “no irá más allá de lo aprobado en la directiva”, lamenta Dalmau, quien asegura que el gobierno ha ignorado las peticiones de la CNPT. “Desde el ministerio no se ha propuesto nada en esa línea, ni se ha mencionado si quiera”, asegura. Igualmente, Jiménez lamenta que el gobierno no haya respondido a la petición de la SEPAR de aprovechar la transposición de la nueva directiva europea para implantar el empaquetado genérico. “Enviamos hace ya tiempo un escrito al gobierno en el que recordábamos la importancia de estas medidas y no hemos recibido ninguna respuesta”, asegura este neumólogo.

El PP ha tenido dos años para adoptar la directiva

Pero España no solo no va a adoptar medidas adicionales a corto plazo, sino que tampoco llegará a tiempo para transponer la directiva europea antes de que se cumpla el plazo dado por Bruselas, que vence mañana. El ministro de Sanidad en funciones, Alfonso Alonso, admitía el jueves que “hay una disposición reglamentaria que se está tramitando”, pero que algunos aspectos de la directiva necesitan “un modificación legal” que no se puede llevar a cabo porque “no hay Parlamento para poder hacerla”.

“Ha habido tiempo suficiente para implantarla y aprobarla antes de que llegáramos a este momento”, asegura Jiménez, quien recuerda que la normativa se aprobó en 2014. “Esperamos que el próximo equipo ministerial se ponga a trabajar para hacer transposición lo antes posible”, concluye este neumólogo.

La presidenta de la CNPT también afirma que “esa excusa no vale” y que “quizás no les interesaba o hay algunos terrenos en los que no se quieren meter”. El problema, según Dalmau, radica en la falta de interés político que ha habido en esta legislatura a la hora de abordar el problema del tabaquismo, ya que “España tomó un posicionamiento de liderazgo cuando hace cinco años se implementó la anterior ley, pero desde entonces no se ha hecho nada, pero nada”.

Esto, insiste Dalmau, “no tiene que ver con el color político, no es una cuestión de quién puso la ley o quién vino después, es un problema de salud pública” y recuerda que “el tabaco es la principal causa de muerte evitable en nuestro país”.

Sin embargo, pese al retraso del gobierno a la hora de transponer la directiva europea, los artículos sobre la modificación de las cajetillas de tabaco y picadura de liar serán aplicación automática, por lo que desde mañana es de obligado cumplimiento que incluyan las nuevas advertencias sanitarias y las compañías tendrán hasta el 20 de mayo de 2017 para aplicarla a todos sus productos. No queda claro, sin embargo, como se aplicarán otras restricciones como las que afectan a los puros o el tabaco de pipa, que dependerán de la forma de transponer la directiva, que depende de cada estado.

Presiones de la industria

Desde la industria tabaquera se ha insistido en que algunas de las medidas propuestas, como el mencionado envasado genérico, son desproporcionadas, innecesarias y carecen de justificación científica. La Mesa del Tabaco, órgano representante de las empresas del sector en España, asegura que “no existe información contrastada y actualizada sobre la efectividad de esta medida”, algo que niegan desde las sociedades médicas. 

“Actualmente tenemos suficientes evidencias científicas que demuestran que en aquellos países donde el empaquetado genérico ha sido implantado se ha observado una disminución en el número de fumadores, un aumento en el número de fumadores que intentan dejar de fumar y, lo que es más importante, una disminución en el número de jóvenes que se inician al consumo”, explica Jiménez.

Desde la SEPAR han criticado la posición de las tabaqueras y Jiménez ha asegurado que esta industria “está lejos de asumir su responsabilidad”. “Ellos saben, y lo saben muy bien, que el empaquetado genérico es una muy buena medida para hacer que disminuya el número de fumadores jóvenes, el problema es que va directamente en contra de su negocio”, asegura Jiménez.

El Cabildo de Gran Canaria ha asegurado que el antiguo vaso de vertidos de Juan Grande fue sellado y clausurado a finales del 2014 y que desde entonces el Ecoparque Sur cumple la normativa europea.

En un comunicado, la Corporación insular matizó que la sentencia del Tribunal Europeo de esta semana se refiere a un incumplimiento “ya superado”.

Aquí, el Cabildo recordó que el decreto 1481/2001 exigía a los vertederos que estaban en funcionamiento la aprobación de un plan de acondicionamiento para su adaptación a los requisitos técnicos de dicha normativa que permitiera continuar con su explotación. El Gobierno de Canarias aprobó dicho Plan de Acondicionamiento el 17 de mayo de 2006.

Posteriormente, la entrada en vigor de la Ley 16/2002 de prevención y control integrado de la contaminación exigía solicitar al Gobierno de Canarias la autorización ambiental integrada de las instalaciones existentes de este tipo, mientras que con su otorgamiento, el 26 de marzo de 2012 se ordenó iniciar el sellado y clausura del vertedero.

Para entonces, el Cabildo comentó que ya se había iniciado el procedimiento de licitación del acondicionamiento del Complejo Ambiental de Juan Grande, en cuyo objeto se incluía las obras de sellado, culminando con la adjudicación a la unión temporal de empresas el 20 de febrero de 2012.

La formalización y comienzo de dicho contrato se vio paralizada por la presentación de recursos especiales en materia de contratación por el resto de licitadores, lo que obligó a suspender las actuaciones hasta finales de 2014, momento en el que se procedió a cerrar el vertedero e iniciar su sellado y clausura.

Los ecoparques de Gran Canaria cumplen con la normativa

Por todo ello, el Cabildo hizo especial hincapié en que en la actualidad los dos ecoparques de Gran Canaria cumplen con la normativa y que las obras que están a punto de finalizar los van a situar a la vanguardia de este tipo de instalaciones, lo que permitirá que Gran Canaria logre unos índices de reciclaje por encima del 50%.

“En estos momentos, no solo se cumple la normativa sino que se ha hecho una inversión de 80 millones para situarlos a la cabeza de las políticas de tratamiento de residuos”, concluyó la Corporación insular.

La Comisión Europea aún está elaborando, junto con los Estados Miembros, un documento para aplicar correctamente los indicadores del Fondo Europeo de Ayuda Alimentaria. Entre esos indicadores está la obligación de “detallar” el número de personas desfavorecidas atendidas en 2015, desglosado, entre otras categorías, por “número de inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes)”. El reglamento que lo regula entró en vigor el 26 de noviembre del año pasado y las entidades de reparto de ayuda alimentaria recibieron durante la última semana de febrero un correo en el que se les informaba de los nuevos requisitos, a cuyo cumplimiento debían comprometerse antes del 9 de marzo. Algunas de estas entidades interpretan que deben consignar la raza y el origen nacional de los beneficiarios. La Fundación Secretariado Gitano cree que incluir una mención a la etnia entre los indicadores para evaluar el resultado de los programas de ayuda alimentaria es “irrelevante” y “conlleva numerosos riesgos”.

En un correo electrónico, el ejecutivo comunitario respondió el miércoles a las preguntas formuladas por este medio a propósito de la motivación y la aplicación de los nuevos requisitos. El Reglamento Delegado 1255/2014 establece indicadores para evaluar los resultados de la ayuda alimentaria. La idea, dice la Comisión, es tener la “posibilidad” de agregar esos datos obtenidos por los Estados Miembros, de modo que se pueda informar al Parlamento Europeo y al Consejo del éxito de los programas. El número de personas atendidas debe “detallarse” según edad, por sexo, número de personas con discapacidad, número de personas sin hogar y “número de inmigrantes, participantes de origen extranjero, minorías (incluidas las comunidades marginadas, como la de los romaníes)”. La Comisión explica que esta última categoría es un todo, de modo que el ejecutivo no exige que se especifique cuántos de los atendidos en esa categoría son gitanos o cuántos son de origen extranjero.

De la misma forma, la Comisión insiste en que “corresponde a los Estados Miembros” decidir qué grupo de personas más desfavorecidas deben estar incluidos como objetivo en sus programas operativos de ayuda. “Si un Estado Miembro elige centrarse específicamente en una o más de estas categorías de desfavorecidos, es importante que recoja la información que permitirá evaluar si se está llegando a la población”. Precisamente porque la comunidad gitana no es un objetivo específico dentro del programa operativo español de lucha contra el hambre, Fundación Secretariado Gitano insiste en que el indicador es irrelevante, al menos en España. El Fondo de Ayuda es una “medida general para combatir la extrema pobreza, no es una acción específica dirigida a la población gitana que requiera recabar información de su impacto sobre un grupo específico”, según la organización. Sin embargo, la adaptación directa del reglamento ha motivado que las entidades hayan recibido una carta en la que se les exige que especifiquen cuántas personas de etnia gitana prevén atender.

Por último, el ejecutivo comunitario aclara que no exige de los Estados Miembros una cifra exacta ni que los beneficiarios expresen si pertenecen a una minoría, son extranjeros o personas sin hogar, por ejemplo. El objetivo es disponer de una “estimación informada”, de la que las entidades de reparto pueden disponer de forma “relativamente sencilla”, según la Comisión.

Nuevos interrogantes

La respuesta de la Comisión aclara algunos interrogantes, pero abre otros. Si establecer indicadores basados en la etnia o en el origen extranjero es delicado, pero puede ser válido y útil en algunos países, ¿qué sentido tiene una categoría que engloba en un todo origen nacional y raza? Si la Comisión pretende agregar los datos para evaluar el éxito del programa, ¿qué validez tiene una estadística en la que cada Estado tiene libertad para definir qué datos recoge al definir cuáles son sus grupos de población desfavorecidos? ¿Qué valor tiene ese dato, si se basa en “estimaciones” de las entidades de reparto, que además son organizaciones privadas? Tanto el Ministerio de Agricultura como la Comisión insisten que se aplicarán las normas nacionales y comunitarias de protección de datos, pero si se trata de “estimaciones”, ¿qué datos hay que proteger?

La Comisión está elaborando con los Estados Miembros “una guía sobre la aplicación de los indicadores”, y cree que esto aclarará que la información debe basarse en definiciones nacionales y que, por tanto, los grupos de minorías pueden variar entre países. La guía explicará también “qué es una estimación informada”. Sin embargo, la guía llegará después de que las organizaciones hayan recibido la comunicación del Ministerio de Agricultura que les insta a “detallar” el número de extranjeros o de personas de una minoría que reciben ayuda alimentaria. Además, a partir de ahora las entidades de reparto deberán acreditar que una persona está desfavorecida mediante un informe de los servicios sociales o de trabajadores sociales de la propia entidad, algo que muchas de ellas dicen no poder cumplir.

Una sentencia a priori sin más relevancia que la que atañe a los propios particulares y afectados en el caso ha derivado en un 'tirón de orejas' al gobierno de Mariano Rajoy y concretamente a toda su Reforma Laboral. El Juzgado de lo Social número 1 de Toledo ha señalado que la Reforma Laboral impuesta por el gobierno de Rajoy es ilegal dentro de sus parámetros como los periodos de prueba o el despido libre, ya que rompe la normativa europea (normativa superior) que rige los casos.

El caso en concreto es el de una cajera/reponedora que trabajaba en un supermercado y que fue contratada con la nueva figura contractual de “contrato indefinido de apoyo al emprendedor”, una figura que en su día incluso avaló el Tribunal Constitucional (aunque con ciertos reparos, ya que 3 jueces se opusieron). Esta figura contractual permite un periodo de prueba de un año, además de poder despedir al trabajador sin avisarle previamente y además sin indemnización por ello, algo que ha señalado este tribunal como ilegal y el despido como improcedente.

Para hacerlo, el juez se basa en la doctrina europea sobre empleo que al ser norma superior a la española prevalece. La Reforma Laboral de Rajoy rompe con la Carta Social Europea, con lo decidido por el Comité Europeo de Derechos Sociales y con el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores.

Según la sentencia, “no se puede entender razonable un plazo de prueba de una año para que el empleador pueda verificar la capacidad de una persona para desempeñar el puesto de trabajo de la demandante de auxiliar de caja/reponedora en comercio de alimentación”. El Constitucional, para aprobar en su día la Reforma Laboral, se basó en que era “una medida legislativa coyuntural adoptada en un contexto de grave crisis económica con una elevada tasa de desempleo”. Sin embargo el juez en su sentencia señala que si bien es verdad que la ley se establece en un marco de crisis económica, eso no puede ser excusa para desproteger al trabajador y quitarle sus derechos.

“Tal extenso periodo de prueba constituye una violación de la Carta Social Europea”, según la sentencia, y esa normativa al ser superior a la española es la que hay que obedecer. Además el juez dicta que para estos casos hay que obedecer el convenio colectivo sectorial de la zona, en este caso el provincial de Toledo, que dicta que el periodo de prueba en este sector debe ser de un mes, nunca de un año, tiempo más que suficiente para que el empleador catalogue las facultades laborales del trabajador.

También señala el juez que el nuevo contrato del Gobierno de Rajoy convierte el contrato temporal en algo carente de causa (todos los contratos temporales deben tener un motivo de su firma), por lo que están prohibidos por el Estatuto de los Trabajadores.

En la demanda, condena a la empresa al pago del finiquito correspondiente al tiempo que habría estado esa trabajadora en su puesto excluyendo el mes legal de prueba, por una cuantía de 656 euros considerando improcedente el despido, o su readmisión en el puesto de trabajo (imposible puesto que el supermercado ya no pertenece a esa empresa).

Es la primera sentencia en España que anula un periodo de prueba de un año de la nueva Reforma Laboral reconociendo que va en contra de los derechos de los trabajadores, si bien hay sentencias previas de otros juzgados que se basan en la normativa europea para contradecir la Reforma Laboral de Rajoy.

WWF ha presentado una queja ante la Comisión Europea por “el incumplimiento” de la normativa comunitaria en relación a la autorización de las prospecciones petrolíferas de Repsol en Canarias, según ha informado este lunes la propia organización ecologista en una nota de prensa.

De acuerdo con WWF, el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente aprobó la evaluación de impacto ambiental del proyecto “sin analizar adecuadamente la riqueza natural de la zona afectada, entre otras graves deficiencias que vulneran las directivas” de protección de la naturaleza.

El grupo ecologista espera que las instituciones europeas impidan a Repsol perforar en aguas de Lanzarote y Tenerife, el área más importante para los cetáceos de toda la UE.

En concreto, WWF ha presentado una queja contra España ante la Comisión Europea al considerar que la decisión del Gobierno vulnera el Tratado de la UE y las directivas de protección de los hábitats y de impacto ambiental.

“Hemos denunciado ante el Tribunal Supremo los permisos de investigación otorgados por el Gobierno y ahora denunciamos ante Bruselas la declaración de impacto ambiental aprobada, ya que permite las prospecciones en el mayor núcleo de ballenas y delfines de toda la Unión”, declara el secretario general de WWF España, Juan Carlos del Olmo.

Para WWF, las localizaciones de los sondeos están precisamente en el límite del área estudiada por el proyecto Life Indemares, que descubrió los grandes valores ambientales de la costa oriental de Lanzarote y Fuerteventura.

Según las conclusiones de este proyecto, la zona es una de las más importantes del mundo para los cetáceos, con presencia de 29 especies, algunas amenazadas y todas protegidas por la legislación europea.

De hecho, Defensa ya reconoció esta riqueza declarando la zona como libre de sónar, tras unas maniobras militares que produjeron la muerte de más de una decena de zifios en 2002, añade el comunicado.

Además, WWF argumenta que el Estado ha autorizado los sondeos sirviéndose del retraso en la declaración del área marina protegida que linda con los terrenos a explorar en busca de petróleo, lo cual vulnera el Tratado de la Unión Europea.

La declaración del Espacio marítimo del oriente y sur de Lanzarote-Fuerteventura como área protegida de la Red Natura 2000 “ha sido manifiestamente demorada, pues las otras nueve zonas marinas que formaban parte del proyecto Life Indemares ya han sido aprobadas”.

Las prospecciones no hubiesen podido ser autorizadas “si el espacio ya hubiese sido declarado ya que aun situándose fuera del área protegida afectarán a las especies marinas para cuya protección fue especialmente creada”.

El proyecto también “vulnera” la directiva de impacto ambiental, pues no analiza adecuadamente el enorme rechazo social y está lleno de vaguedades e indefiniciones: no se identifican correctamente las afecciones sobre la fauna, los ecosistemas, la pesca y la población local, ni se especifican las medidas para atenuar los previsibles impactos de la actividad.