La presidenta de Cantabria, María José Sáenz de Buruaga, ha presentado hoy la l Agenda Digital de Cantabria, la hoja de ruta del Gobierno para impulsar el cambio de modelo y la transformación digital de la comunidad autónoma, que movilizará una inversión de casi 400 millones de euros hasta 2028. De ese total, 133 millones se destinarán a la modernización de la administración electrónica y cerca de 100 millones, al ámbito de la salud.

En su intervención en el acto, que ha tenido lugar en el salón de actos del Instituto de Hidráulica (IH), lo primero que ha hecho Buruaga es agradecer la participación de todo el sistema de innovación autonómico para definir el plan de acción que va a permitir “remontar la situación de desventaja” digital en la que en estos momentos se encuentra Cantabria, que era una de las pocas comunidades que no disponía de estrategia digital.  

Según ha dicho, la economía digital supuso el 24,2% del PIB en 2023 y se estima que en 2030 llegue hasta el 40%. “Y este es un tren que no podemos perder”, ha añadido la presidenta, porque, a su juicio, “la tecnología es una oportunidad y es el futuro”.

María José Sáenz de Buruaga ha explicado que esta I Agenda Digital de Cantabria va a ser una “potente herramienta” para “mejorar la vida de las personas”, atraer inversiones y proyectos estratégicos, y convertir a Cantabria en un “referente tecnológico”. 

El documento elaborado por la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio se estructura en torno a cuatro ejes (Personas, Empresas, Gobierno Digital e Infraestructuras) y, entre las principales novedades, ha anunciado tres nuevos programas de capacitación “pioneros” en Cantabria, que conllevan la creación de títulos universitarios propios. 

El primero de ellos es el Proyecto de Hibridación, una iniciativa conjunta con la Universidad de Cantabria (UC) que consiste en una formación en competencias digitales avanzada y paralela al plan de estudios de los distintos grados. 

El segundo es el programa ‘Formar para Contratar’, concebido para abordar la escasez de perfiles especializados en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) mediante un “programa dual acelerado” que compatibiliza las prácticas remuneradas con la formación especializada en este campo y que conlleva un compromiso de contratación por la empresa de acogida.

Y, en tercer lugar, se incorpora un programa formativo en videojuegos que se impartirá como título propio de la UC. Un sector, tal y como ha apuntado Buruaga, en auge y de “enorme interés” por su impacto económico y su uso intensivo e innovador de tecnologías. 

También ha subrayado que la Agenda Digital pone el foco en dos ámbitos fundamentales como son la inteligencia artificial y la ciberseguridad. Por este motivo, ha adelantado que el Gobierno va a poner en marcha el Centro de Ciberseguridad de Cantabria (CCC), que se ubicará en la Torre Xtela del PCTCAN, tras una inversión de 3,6 millones de euros, y entrará en funcionamiento en el primer semestre de 2025, en colaboración con el Instituto Nacional de Ciberseguridad de España (INCIBE), y el Centro de Inteligencia Artificial de Cantabria (CIAcan). 

En el área sanitaria, ha destacado el Plan de Salud Digital, que en los próximos días presentará el consejero César Pascual e incluye actuaciones como la monitorización remota y la telemedicina. En servicios sociales, ha citado el proyecto DIGICASS, que va a posibilitar la implantación de la historia social de Cantabria, y, en educación, se ha referido al Plan Cantabria.es Digit@al para modernizar y mejorar el sistema educativo y preparar a los jóvenes para el mundo digital. 

Por otro lado, María José Sáenz de Buruaga ha subrayado “el valor del dato” y ha puesto como ejemplo de ello el programa Cohorte Cantabria, que va a posicionar a la región “a la vanguardia de la medicina de la precisión”, va a atraer inversiones y talento en el campo de las TIC y va a complementar y a fortalecer el proyecto del Parque Científico y Tecnológico de la Salud que el Ejecutivo cántabro ha iniciado ya en los terrenos de la antigua Residencia. 

Finalmente, ha asegurado que esta I Agenda Digital es un instrumento más para “construir entre todos la Cantabria de las oportunidades” y se suma a otras medidas promovidas por su Gobierno como la bajada de impuestos, la Ley de Simplificación Administrativa o el plan de apoyo al empleo autónomo.

La presidenta ha estado acompañada por los consejeros de Industria, Empleo, Innovación y Comercio, Eduardo Arasti; de Salud, César Pascual; de Inclusión Social, Begoña Gómez del Río; de Desarrollo Rural, María Jesús Susinos, y de Cultura y Turismo, Luis Martínez Abad; el rector de la UC, Ángel Pazos; el presidente de CEOE CEPYME Cantabria, Enrique Conde; el presidente de la Federación de Municipios, Francisco Javier Camino, y una amplia representación de empresarios y autoridades autonómicas. 

Además, el acto de presentación ha contado con la intervención de Andrés Pedreño, catedrático de Economía Aplicada.

Ejes y medidas

Para desarrollar la estrategia, se han diferenciado cuatro ejes de actuación, en función del destinatario objetivo de las medidas: Personas, Empresas, Gobierno Digital e Infraestructuras.

El primero de ellos, el de las Personas, se dirige a garantizar que el conjunto de la ciudadanía cántabra pueda beneficiarse de las oportunidades que brinda la era digital, promoviendo su capacitación en competencias digitales para garantizar su plena participación en la sociedad y la economía digitales. 

En este apartado, se han diseñado acciones orientadas a mejorar las competencias digitales y otras vinculadas a la educación, como el impulso a la actividad del Centro de Innovación en 

Tecnologías de la Educación -CITED- o el Plan Cantabria.es Digit@l; la salud, con el Plan de Salud Digital, la nueva Ley de Salud o el proyecto Cohorte Cantabria, y los servicios sociales, donde destaca el proyecto DIGICASS. 

También hay iniciativas dirigidas a la movilidad sostenible, como la implantación de la tarjeta de transporte con monedero único; al comercio y el consumo, para facilitar las gestiones de los consumidores, y al turismo, la cultura y el patrimonio, entre ellas, el proyecto de digitalización del patrimonio histórico.

El eje de las Empresas se centra en impulsar la competitividad y la innovación en el tejido empresarial cántabro mediante la adopción y el aprovechamiento de las tecnologías disruptivas actuales. El objetivo es fomentar un entorno que favorezca la transformación digital de las empresas cántabras, con especial interés en la incorporación de la inteligencia artificial y la ciberseguridad, fortaleciendo las capacidades de los trabajadores, la innovación, el emprendimiento, la atracción de inversiones y la captación de talento. 

Aquí cobran protagonismo el Proyecto de Hibridación del Conocimiento, programas como ‘Formar para Contratar’ o el de capacitación para nuevos profesionales y trabajadores en activo, el proyecto PYME Digital o la puesta en marcha del Centro de Ciberseguridad de Cantabria y del Centro de Inteligencia Artificial de Cantabria. 

El tercero de los ejes es el Gobierno digital, que busca la modernización y la eficiencia de la administración pública mediante la integración de herramientas digitales en sus servicios y procesos. Para ello, se contemplan actuaciones de simplificación administrativa, el impulso al gobierno del dato, la capacitación en competencias digitales del personal al servicio de las administraciones públicas, mayor eficiencia en los servicios y la mejora de la ciberseguridad.

Y el cuarto eje, el de las Infraestructuras, persigue convertir a la región en un referente digital con infraestructuras sostenibles que aseguren una conectividad avanzada y capacidad para procesar grandes cantidades de datos. Se trata de contar con una base sólida que soporte el desarrollo digital de Cantabria y, para ello, resulta necesario fortalecer y modernizar las infraestructuras tecnológicas de Cantabria, expandir la banda ancha, promover la tecnología 5G, reforzar la ciberseguridad y actualizar los sistemas de supercomputación.

Sobre la I Agenda Digital de Cantabria

Se trata de un documento promovido y elaborado por la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, en colaboración con la Comisión de Coordinación de la Innovación. Un documento vivo que es fruto de la participación del conjunto del sistema de innovación de la comunidad autónoma. Concretamente, han tomado parte en el proceso cerca de medio centenar de agentes del sector, que han presentado en conjunto casi 250 iniciativas.

El proyecto nace a partir de un diagnóstico de la situación de Cantabria, que era una de las pocas comunidades que hasta la fecha carecía de estrategia digital. Según ese diagnóstico, la región presenta, en relación con el conjunto de España, una serie de debilidades en materia de digitalización y aprovechamiento de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, como pueden ser la acusada escasez de expertos digitales avanzados o la menor penetración de la inteligencia artificial, la inteligencia de negocios, la analítica avanzada de datos o la computación en la nube, unido al menor gasto en I+D y TICs.

Juan Ángel Morejudo ha sido cesado como viceconsejero de Transformación Digital, para coger las riendas de la Dirección-Gerencia de la nueva Agencia de Transformación Digital.

Así consta en dos de los ocho decretos de la Consejería de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, que publica en su edición de este jueves el Diario Oficial de Castilla-La Mancha, en los que se sustancian cambios en el organigrama del departamento que dirige Juan Alfonso Ruiz Molina.

En virtud de dichos decretos, María Dolores Higuera González ha sido cesada como directora general de Infraestructuras de las Telecomunicaciones y Ciberseguridad para asumir la Dirección General con ese misma nomenclatura en la Agencia de Transformación Digital.

De igual modo, Juan Pedro de Ruz Ortega ha sido cesado como director general de Digitalización e Inteligencia Artificial para ser director general en la mencionada Agencia.

Por su parte, Cayetano Fuentes Organero será el nuevo director general de Salud Digital de la Agencia de Transformación Digital de Castilla-La Mancha, dejando para ello la Dirección General de Salud Digital del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha.

La Agencia de Transformación Digital se crea en la presente legislatura con el objetivo de “centralizar las decisiones tecnológicas que son comunes y transversales a todos los organismos de la Junta de Comunidades”, como la ciberseguridad, las comunicaciones, el uso de la tecnología en la nube, la automatización de procesos o la Inteligencia Artificial.

El Gobierno ha reactivado el Foro de la Innovación de Cantabria, tras años sin convocarse, para recabar las aportaciones de todos los agentes del sistema de innovación para impulsar el diseño de la Agenda Digital de Cantabria, que se está estructurando en cuatro ejes: personas, gobierno digital, empresas e infraestructuras.

El consejero de Industria, Innovación, Empleo y Comercio, Eduardo Arasti, ha presidido este martes la reunión del Foro, donde ha recordado que, desde el inicio de la legislatura, su departamento trabaja en el diseño de un Plan de Innovación y Transformación Digital que pueda “cimentar la construcción de un nuevo modelo económico para Cantabria”, ha informado el Gobierno.

Un proceso que se enmarca en la Estrategia de Especialización Inteligente RIS3 Cantabria 2021-27, que el Consejo de Gobierno aprobó el pasado 1 de febrero y que plantea como reto transversal la transformación digital.

Para abordar este reto, la Consejería trabaja en el diseño de una Agenda Digital que permita “pilotar de forma ordenada, eficiente y capilar la transformación digital de Cantabria”.

Una hoja de ruta basada en la reflexión, la planificación, la participación y el consenso, que “permita optimizar la asignación de recursos y maximizar el impacto en el crecimiento económico y el bienestar de los ciudadanos”, ha afirmado el consejero.

Por este motivo, ha considerado “apremiante” contar con una estrategia digital en Cantabria, como la que ya existe en la práctica totalidad de comunidades autónomas, y para ello hay que “abordar los desafíos que brindan las nuevas tecnologías, que nadie se quede al margen y la digitalización beneficie a todos los ciudadanos; por tanto, que sirva para construir un futuro más inclusivo, sostenible y próspero para todos”, ha señalado.

Para el “éxito” de la Agenda, el consejero ha puesto en valor el trabajo en colaboración con todos los agentes de la región con el fin de que puedan aportar su conocimiento, experiencia y propuestas concretas para así “avanzar significativamente en nuestro futuro innovador y digital”.

En este sentido, ha precisado que buena parte de los miembros del Foro de la Innovación son expertos en tecnologías digitales y cuentan con “una inestimable experiencia y una visión informada y valiosa del entorno digital”; y los que no pertenecen al mundo digital, conocen “mejor que nadie” sus ámbitos de actuación, los retos a que se enfrentan en materia de digitalización y las posibilidades para afrontarlos.

“Necesitamos conocer vuestras propuestas y proyectos para poder definir, entre todos, una Agenda que nos permita maximizar el retorno para Cantabria de la digitalización en términos de crecimiento económico y bienestar para todos los cántabros”, ha dicho a los presentes.

Para Arasti, disponer de esta hoja de ruta es “apremiante” por la posición por debajo de la media estatal de Cantabria en la mayor parte de los indicadores disponibles relativos al uso de las TIC, según los datos del INE referidos al primer trimestre de 2023; para atender la “justa aspiración” del sector TIC cántabro, de contar con una estrategia digital en Cantabria que dinamice este sector que “crucial” en el contexto actual; y para maximizar el impacto de la digitalización.

Según ha detallado, Cantabria está cuatro puntos por debajo de la media en porcentaje de población con habilidades digitales básicas o avanzadas (62,4% versus 66,2%); 11,2 puntos por debajo de España en porcentaje de empresas que utilizan medios sociales (52,4 vs 63,77%); 12 puntos por debajo en lo referente a empresas que compran servicios en la nube (19,70% vs 31,65%); 14,3 puntos por debajo en empresas que utilizan un ERP (43,1 vs 57,4%); 6,2 puntos inferior en porcentaje de empresas que utilizan software de inteligencia de negocios (12,4 vs 18,6%); o 3,1 puntos por debajo en porcentaje de empresas que utilizan inteligencia artificial (6,5 vs 9,6%).

Proceso de elaboración

Como parte del proceso de elaboración de la Agenda Digital, el Gobierno reactivó el pasado mes de diciembre la Comisión de Coordinación de la Innovación, que no se convocaba desde el año 2020.

De acuerdo con la priorización de tecnologías habilitantes que ha resultado de la Comisión, la Consejería ha reunido a grupos de expertos del mundo académico y empresarial en materia de inteligencia artificial, supercomputación y ciberseguridad; y se ha reunido con las asociaciones del sector TIC y grandes empresas del sector, la Universidad, así como con los ámbitos competenciales del Gobierno más estrechamente conectados con el entorno digital, y ha recabado de todos ellos una aproximación preliminar de iniciativas destacadas.

Digitalizar la sociedad y la economía para pelear en un mundo cada vez más competitivo. Ese es el objetivo que se ha marcado Bruselas en iniciativas como la Década Digital con la que pretende cumplir unos objetivos para 2030 de los que los estados aún están lejos, según se desprende del primer informe anual. Por eso apremia a los 27 a ponerse las pilas para alcanzar unas metas que estima que supondrían 2,8 trillones de euros en términos económicos, lo que supone un 21% de la economía actual. España está en la media europea en casi todas las variables analizadas, pero el estudio arroja datos sorprendentes. Más de un tercio de la población española no tiene competencias digitales básicas. Aún así, esa cifra es superior a la media europea.

“España es un buen ejecutante en al menos las competencias digitales básicas y medias, con un 64% y un 38% de la población, respectivamente, lo que está por encima de la media de la UE”, señala el informe en la parte relativa a nuestro país. El objetivo para 2030 es que al menos el 80% de las personas de 16 a 74 años posean al menos competencias digitales básicas.

La preocupación de Bruselas es que la UE se quede atrás en un mercado –el de la Tecnología de la Información y las Comunicaciones (TIC)– que alcanzará los seis billones de euros en 2023. “La posición de la UE en el ecosistema mundial podría mejorarse sustancialmente. Y lo que es más importante, la cuota de la UE en los ingresos en el mercado de las TIC ha caído drásticamente en la última década, del 21,8 % en 2013 al 11,3% en 2022, mientras que la cuota de EEUU aumentó del 26,8% al 36%”, señala el informe de la Comisión Europea.

El problema se reproduce también en el número de profesionales que tiene ese sector, donde la Comisión Europea admite tener una “importante escasez de especialistas”. En el caso de España, está ligeramente por debajo de la media europea (4,3% del total frente al 4,6%), aunque el porcentaje de licenciados es algo superior (4,8% frente a 4,2%). El objetivo es alcanzar los 80 millones de profesionales a nivel europeo en ese sector dentro de siete años. “España está implementando bastantes medidas para incrementar el número de especialistas de las TIC, especialmente con la ley para modernizar la Formación Profesional o la nueva especialización en Inteligencia Artificial y Big Data”, concede el ejecutivo comunitario.

Además, Bruselas advierte de que se debe revertir la brecha de género: el 81% de los empleados relacionados con las TIC son hombres, a pesar de que el 51% de la sociedad son mujeres. En el caso de España, el desequilibrio es ligeramente superior puesto que sólo el 18% de las trabajadoras de las TIC son mujeres.

En lo que España está más avanzada en términos generales respecto a la media europea es en despliegue de infraestructuras, especialmente en conectividad. Está 20 puntos por encima en las redes de alta capacidad (93% vs 73%) y la cobertura de fibra tiene un amplio margen (91% frente al 56% del conjunto del continente). En lo que saca menos ventaja es en la cobertura del 5G (82% frente al 81% español) por los retrasos iniciales en su implantación. El informe encomienda a España a que siga “acelerando” la cobertura del 5G, principalmente en las ciudades, en las zonas rurales y en las fábricas, para cumplir con los objetivos digitales que la UE se ha marcado para el año 2030, entre ellos, que esta red llegue a todas las zonas pobladas en ese año. Como meta intermedia, la UE aspira a que en 2025, la cobertura llegue a todas las áreas urbanas y las principales rutas de transporte.

Sin embargo, Bruselas considera que está en el buen camino a través de la implementación del Plan de Recuperación y Resiliencia, que tiene la transformación digital como uno de sus principales objetivos.

En cuanto a la digitalización de las empresas, el 68% de las pymes tiene un nivel bajo de intensidad (la cifra es del 69% en el conjunto de la UE). El 12,3 % de las empresas españolas utilizan la inteligencia artificial y el 14,3 % big data para realizar análisis internos. Según el informe, el 84% de los españoles utiliza los servicios online de la administración pública y un 83%, de los registros sanitarios electrónicos.

Hoy, en el Centro Sociocultural Roque Baños de Jumilla, ha finalizado uno de los seis cursos organizados por el Ayuntamiento de Competencias Digitales Básicas que van dirigidos a mujeres en situación de desempleo. La alcaldesa de Jumilla, Juana Guardiola, el concejal de Economía y Empleo, Juan Gil, y el jefe del servicio, Ángel Pérez, han visitado hoy a las diez alumnas que lo han finalizado.

Se trata de acciones formativas financiadas al 100% por el Servicio de Empleo y Formación mediante fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España. Al Ayuntamiento de Jumilla se le concedieron seis y este es el tercero que se ha realizado. Todavía quedan otros tres, dos de ellos de competencias básicas y uno de competencias básicas para el emprendimiento, sin fecha definida de realización.

Para más información e inscripciones hay que dirigirse al Servicio de Economía y Empleo del Ayuntamiento de Jumilla en el teléfono 968782020, extensiones 210/254/111 o al correo electrónico deslocal@jumilla.org.

El consejero de Desarrollo Sostenible, José Luis Escudero, ha acudido al Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, donde se ha reunido con el secretario de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, Roberto Sánchez. Durante la reunión de trabajo, Escudero, quien ha estado acompañado del director general de Cohesión Territorial, Alipio García, ha transmitido al Gobierno de España, la necesidad de sumar esfuerzos entre ambas administraciones para seguir avanzando en el despliegue de fibra óptica en la región. “Aunque Castilla-La Mancha lidera desde 2015 el despliegue de banda ancha en España, no queremos detenernos aquí, y nuestro objetivo es llegar a todos los núcleos de población y al 100 por 100 de los polígonos industriales de la región”, ha afirmado. 

En este sentido, ha recordado que la comunidad autónoma ha crecido en despliegue de fibra óptica un 390% en los últimos 5 años, al triple de velocidad de lo que lo ha hecho el resto de territorios. En la actualidad, el 81% de los habitantes de Castilla-La Mancha tienen acceso a la fibra óptica que está desplegada en un total de 311 localidades. 

El consejero de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha ha propuesto a la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales ir de la mano para que se priorice a las zonas rurales a las que aún no ha llegado el 4G en el despliegue generalizado de la cobertura 5G “que vamos a iniciar”.

“Se trata de complementar el mapa de telecomunicaciones de Castilla-La Mancha dando un paso definitivo que rompa la denominada ´brecha digital` entre los núcleos rurales y los urbanos”, ha precisado, destacando que facilitar las mismas oportunidades a los núcleos rurales que ya tienen los urbanos es “la mejor manera de luchar contra la despoblación”.

También ha comentado Escudero que la colaboración con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales quiere que alcance al despliegue de esta cobertura 5G a los polígonos industriales, “para fomentar el desarrollo de la industria 4.0 y la economía digital”, dotando así de una conexión de banda ancha ultrarrápida a los hogares y empresas de todo el territorio de Castilla-La Mancha En este sentido ha afirmado que ya han realizado “un importante esfuerzo previo”, como demuestran los datos de despliegue de la tecnología 4G en la región que “también nos hacen liderar el ranking español”.

Proyecto europeo de “transporte 5G” para disponer de cobertura en movilidad

Otro de los puntos tratados en la reunión ha sido la necesidad de coordinarse entre las dos administraciones para extender el proyecto europeo de corredores de transporte 5G a las zonas empresariales de Castilla-La Mancha favoreciendo su competitividad dentro de la `economía digital´.

“Queremos participar desde el primer momento en el despliegue de corredores de transporte 5G para disponer de cobertura de datos en movilidad (4G y 5G) en todas las carreteras de la región”, ha afirmado. “Porque estamos convencidos que serán otra de las palancas para el crecimiento de las empresas regionales, el turismo y el tránsito de mercancías y personas en nuestro territorio, y así se lo hemos hecho saber al Secretario de Estado”, ha dicho.

En paralelo a la llegada de ´los corredores 5G`, el titular de Desarrollo Sostenible ha expuesto al Gobierno de la nación que al ser Castilla-La Mancha una de las 8 comunidades que ya trabaja con diferentes pilotos 5G, “aspiramos a que estos desarrollos sean un germen de innovación para nuestras empresas que se verían favorecidas por estas tecnologías habilitadoras”.

Por último, el consejero ha informado a los medios de comunicación que el Gobierno regional se había interesado por las novedades que reflejaba el Plan Estatal de Banda Ancha (PEBA) que ha sido publicado este pasado miércoles en el Boletín Oficial del Estado, trasladando al Secretario de Estado, Roberto Sánchez, “la total colaboración de Castilla-La Mancha para acelerar los despliegues”.

Arona se convirtió este jueves en el único destino turístico de Canarias en contar con un plan estratégico de turismo inteligente que garantizará su adaptación a las nuevas tecnologías del sector, con lo que asegura la competitividad del municipio como potencia turística. Además, así planifica su desarrollo en función de las nuevas demandas de un mercado global cada vez más competitivo y digitalizado. Ese plan está avalado tanto por la Secretaría de Estado de Turismo como por la sociedad estatal Segittur.

El alcalde de Arona, José Julián Mena, y la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, se reunieron este jueves en Madrid tras el acto de la constitución de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI), en el que han participado más de sesenta municipios españoles y a la que Arona ya accedió el pasado mes de septiembre. Mena, que ha estado acompañado por el concejal de Turismo en el Ayuntamiento de Arona, David Pérez, ha rubricado la adhesión de Arona a la Red DTI.

Además de la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, y de alcaldes y representantes municipales, en la constitución de la Red DTI han estado presentes, por parte del Gobierno central, la propia Oliver, el secretario de Estado para el Avance Digital, Francisco Polo -premio Alan Turing de Arona 2017-, así como el presidente de la Sociedad Estatal para la Gestión de la Innovación y las Tecnologías Turísticas (Segittur), Enrique Martínez.

Durante el encuentro posterior, Oliver hizo entrega al alcalde del trabajo realizado por técnicos y especialistas de Segittur desde que el pasado enero, en el marco de la celebración de la Feria Internacional de Turismo (Fitur), el alcalde de Arona firmara con la entonces secretaria de Estado un convenio de colaboración para la realización de un diagnóstico previo y de un plan director de actuaciones, que es del que se ha hecho entrega este jueves.

El plan contiene no solo un diagnóstico del estado de la digitalización del destino, sino un plan de actuación para profundizar en esta estrategia y garantizar su competitividad futura, adaptándose a los gustos y demandas de un nuevo tipo de turista que ha incorporado las nuevas tecnologías de manera plena a sus vidas, como son los millenials y los nativos digitales.

Mena: “Preparando al municipio para que siga siendo competitivo”

Mena: “Preparando al municipio para que siga siendo competitivo”Mena ha explicado “que, igual que Arona se ha convertido a lo largo del siglo XX y XXI en un destino competitivo y una auténtica potencia turística, llevamos tres años preparando al municipio para que siga siéndolo en las próximas décadas con su adaptación digital. Eso será posible tanto a planes directores como el aprobado como a la inclusión en programas tan importantes como la Red DTI, vital para planificar el futuro de la principal fuente de riqueza y empleo de nuestros vecinos”. Mena ha agregado que “en estos tres años Arona ha regresado a la senda del desarrollo turístico, recuperando prestigio y reputación como uno de los grandes destinos europeos”.

El concejal de Turismo de Arona, David Pérez, ha manifestado que “durante estos tres años desde el Patronato de Turismo hemos impulsado diferentes proyectos y programas desde diversas ópticas, como es la sostenibilidad, la continua mejora de la accesibilidad y la inclusividad. Unido a las nuevas políticas sostenibles que hemos puesto en marcha, como primer destino con certificación Biosphere, Arona accede a este plan director y entra en la Red DTI, garantizando así la competitividad y el posicionamiento en el mercado ante los nuevos retos que plantea la industria turística”.

“En las próximas semanas -ha agregado-, recibiremos el Plan de Competitividad Turística de Arona de manos del Instituto de Investigaciones Sociales y Turismo de la Universidad de La Laguna (ULL), con lo cual Arona consolida las bases para un crecimiento que garantice la competitividad y sostenibilidad del destino”, avanzó el concejal aronero de Turismo.

En la era digital en la que vivimos, la economía online crece a un ritmo vertiginoso y tiene un enorme potencial multiplicador para abrir nuevas oportunidades de crecimiento económico, nuevos empleos y beneficios sociales. Sólo en España, la aportación de la economía digital supera los 210.000 millones de euros, y se espera que llegue al 22% del PIB en 2020, según estudios de Accenture. Es por ello que la Unión Europea fija la Agenda Digital como uno de los siete pilares de su Estrategia Europa 2020. Manteniendo la Secretaría General para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, y situándola en el Ministerio de Economía, el presidente Sánchez redobla la apuesta para hacer de la economía digital uno de los motores principales de cambio del modelo productivo, y para situarnos en el vagón de vanguardia en Europa.

Lograr el anterior objetivo es a la vez ilusionante y complejo. A pesar de los significativos avances de España en conectividad, transformación digital de las empresas y gobierno electrónico, hoy día sólo ocupamos un puesto intermedio entre los Estados miembros de la UE en el Índice de la Economía y la Sociedad Digitales (DESI). Y lo que es más preocupante, estamos por debajo de la media en un aspecto clave: la formación en competencias digitales de la ciudadanía. Así, una quinta parte de las españolas y españoles aún no están en línea, y cerca de la mitad siguen careciendo de las competencias digitales básicas. En una economía que crea 5 trabajos digitales nuevos por cada 2 tradicionales que se destruyen, esta situación debe despertar alertas y llamar a la acción para cerrar las nuevas brechas que se puedan crear.

El Gobierno tiene un doble desafío por delante: acelerar la apuesta por la economía digital y asegurar que las nuevas oportunidades abiertas por las tecnologías estén disponibles para todas y todos, sin desigualdades. Para ello, la nueva estrategia digital debería considerar al menos tres claves: apoyar las grandes prioridades del nuevo Gobierno; impulsar la economía digital como motor de cambio; y cohesionar el ecosistema digital del país.

En primer lugar, para avanzar en europeísmo, regeneración democrática, reindustrialización e igualdad, algunas de las medidas que tendrían un alto impacto serian la armonización hacia el Mercado Único Digital, mejorar los procesos y plataformas de transparencia y accountability de las Administraciones, desarrollar las industrias y territorios inteligentes, así como fomentar el emprendimiento innovador femenino y joven.

En segundo lugar, respecto al nuevo impulso a la economía digital, hay que reforzar aquellas iniciativas de la Agenda Digital que están dando resultado, como son la universalización de la banda ancha a través del plan 300x100 o las medidas de fomento para la transformación digital de las empresas. No obstante, estas medidas deberían poner más atención en las zonas rurales y las pymes, respectivamente. Para dar un impulso a la economía digital, y en conformidad con la estrategia de la “sociedad Gigabit” de la UE, es necesario extender y robustecer nuestra infraestructura de telecomunicaciones móviles, mejorando la cobertura 4G y preparando la implantación del 5G. Para ello, se debe acometer la subasta de la banda de 3,6-3,8 GHz en 2018, así como la de 700 Mhz en 2019.

Además, es cada vez más importante incorporar nuevas medidas que afronten los grandes desafíos de la sociedad digital: nuevos derechos, como el de la neutralidad de la red o las políticas de protección de los datos personales; el refuerzo de las capacidades en ciberseguridad a través del INCIBE; la armonización de la fiscalidad de las empresas del sector digital, explorando tasas a las multinacionales tecnológicas e impuestos a robots; el impulso al fomento del ecosistema digital, mediante el impulso a red.es y la extensión de programas y fondos para emprendimiento innovador; y la ampliación de becas para la formación en competencias digitales serian algunas de ellas.

Por último, para avanzar en la cohesión de un ecosistema digital que contribuya a sentar las bases del futuro del país, convendría estrechar la colaboración con los Ministerios de Ciencia e Innovación, Industria y Educación, y mejorar la coordinación con el resto de Ministerios para avanzar en la extensión de los servicios públicos a través de las plataformas de gobierno electrónico. Además, es crucial reforzar el diálogo y la participación de las empresas, las patronales del sector digital, las universidades, y la sociedad civil, forjando una nueva alianza público-privada a través del Consejo Asesor de las Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información, que multiplique el impacto y asegure la sostenibilidad de la Agenda Digital del país.

En este nuevo tiempo, el Gobierno del presidente Sánchez dispone en su Secretaría para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital de un instrumento para convocar a todos los actores, impulsar la reactivación de la economía, y contribuir a la igualdad y al desarrollo sostenible del país, retos que España está en condiciones de abordar.

El futuro de España dependerá de cómo se sitúe en la revolución digital en curso. Esta es la idea que ha transmitido el ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, Álvaro Nadal, en el 31 Encuentro de la Economía Digital y las Telecomunicaciones que organiza la patronal del sector Ametic en Santander. “El futuro de nuestro país en las próximas décadas dependerá de cómo seamos capaces de formar parte de esta revolución tecnológica mundial”, ha dicho Nadal a la entrada del encuentro.

Un proceso para el que se necesitan cambios normativos porque, por ejemplo, contamos con una Constitución “analógica”. Ha señalado que habrá que revisar tanto el derecho civil como el mercantil. Una revolución digital que también cambiará la forma de entender la fiscalidad, según el ministro, que ahora está enfocada a un mundo físico. Ha puesto como ejemplo el caso del IVA, un impuesto que se devenga en el momento de entrega física del bien, pero si te descargas algo de Shanghái, ¿cuál es el momento físico de la entrega del bien?

“Lo importante de este evento es que en la sociedad española cale la idea de que hay una revolución tecnológica en curso y qué papel quiere tener nuestro país dentro de la misma”, ha añadido Nadal. En este sentido ha resaltado que a partir de este punto tiene un papel la administración pública, la iniciativa privada así como la educación y las universidades.

El ministro ha centrado su intervención en esta revolución tecnológica y en el papel que debe elegir España en la misma. Nadal ha asegurado en su intervención durante el encuentro que España “no fue protagonista” en las anteriores dos grandes revoluciones. “La pregunta es si queremos ser otra generación perdida”, ha dicho el ministro.

En este sentido, ha apuntado que es necesario una agenda digital no solo española sino también europea. Asimismo, ha apuntado que se necesita un pacto “político y social” en la digitalización de España.

En qué situación está el 5G

El ministro ha señalado que el Gobierno quiere que la banda de frecuencia de 3,5 Ghz esté disponible “cuanto antes” para impulsar el desarrollo del 5G en España con el fin de que el país cuente siempre con “la mejor infraestructura digital”.

El ministro no ha concretado cómo se hará, ya que se está preparando el reglamento técnico, pero ha incidido en que es una banda “pequeñita y se puede usar”. Preguntado por la liberalización de la banda de 700 Mhz, ocupada actualmente por la TDT, ha apuntado que “se verá”. “No nos merendemos la cena”, ha agregado.

Respecto a las redes fijas, Nadal ha resaltado durante su intervención que España cuenta con un 70% de cobertura de alta capacidad. “Sin infraestructura no tenemos un sistema digital, quizá en esto es lo que mejor estamos y más atención se le ha prestado”, ha dicho. Eso sí, ha admitido que la disponibilidad no quiere decir que se esté adoptando este tipo de redes.

Nota informativa: El viaje y la estancia de la redactora para cubrir el Congreso de Economía Digital ha sido subvencionado por Ametic.

Con el nuevo Gobierno recién nombrado, Adigital, la patronal del sector de empresas digitales, ha lanzado un mensaje al nuevo Ejecutivo pidiéndole que tome una posición sobre la normativa de las plataformas como Airbnb o Uber. “Que el Ministerio de Agenda Digital se pronuncie”, pide José Luis Zimmerman, presidente de la asociación que agrupa un centenar de empresas digitales. 

El transporte y el alojamiento han sido los sectores más conflictivos de la denominada economía colaborativa, que han llegado en algunos casos hasta los tribunales. La clave reside en cómo se regulan estas plataformas, si por la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información o por la normativa sectorial.

Las plataformas y Bruselas, que desarrolló un documento en junio, alegan que estas compañías son intermediarias y por tanto, se incluyen dentro de la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información, mientras que las comunidades autónomas se acogen a las leyes sectoriales para imponer multas a las compañías. Para complicar el escenario aún más, hay varias batallas judiciales abiertas y los lobbies tradicionales presionan para que se mantenga el statu quo.

Las empresas digitales tratan de buscar su hueco dentro del apartado de Agenda Digital, que se ha incluido en la nomenclatura del Ministerio de Energía y Turismo. Hasta ahora, eso estaba dentro de la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones, en el Ministerio de Industria. Zimmerman celebra el cambio por considerar una “buena noticia” que se preste atención a la agenda digital, un departamento que estaba “escondido”.

Las plataformas recuerdan que la regulación relativa al comercio electrónico es nacional y señalan que lo que no tiene sentido en el siglo XXI es que haya 17 normativas diferentes, en referencia a las competencias turísticas transferidas a las comunidades. Además, Zimmerman aseguró esta semana que están dispuestos a llegar “hasta el final”.

¿Cuál es la diferencia?

La diferencia entre ser un intermediario y tener que cumplir con la normativa sectorial radica en hasta dónde llegan las responsabilidades de las plataformas.  En el caso del alojamiento, una de las claves es si las empresas tienen que controlar que los pisos que anuncian cumplan con la normativa (las competencias de turismo están descentralizadas en España).

Las comunidades autónomas han abierto expedientes a las compañías por considerar que no vigilan que los anuncios que hay en ellos corresponden con pisos que cumplen la regulación de alojamientos turísticos de la comunidad.

El Ayuntamiento de Barcelona a comienzos del verano recordó a nueve portales que siguen anunciando viviendas turísticas sin licencia y apuntó que las multas, según la normativa catalana de turismo, pueden ascender a los 60.000 euros. El primer anuncio de multas por parte del Ayuntamiento llegó en diciembre de 2015, y el proceso administrativo continúa abierto tras la alegaciones de las empresas. Las plataformas se defienden diciendo que es como si se le pidiera a un periódico que controle los anuncios por palabras que se incluyen en él.

Otro de los conflictos entre comunidades y plataformas ha ocurrido en el terreno del transporte, donde la Comunidad de Madrid ha impuesto multas a BlaBlaCar y a dos de sus conductores por considerar que realizan “transporte público sin autorización”. La comunidad considera que los dos conductores cometieron infracciones muy graves, que conllevarían una multa de 4.000 euros para cada uno. En el proceso también incluye una sanción a la plataforma por ofertar estos trayectos y facturarlos. En este caso, en la base de todo se encuentra también que la Administración considera que BlaBlaCar tiene que cumplir la ley de transporte, y no la relativa a los servicios de la sociedad de la información.

Fuentes del Ministerio apuntan que todavía es pronto para hablar de la agenda del Ministerio, que está en proceso de “reorganización”. Y que habrá que esperar hasta que se nombren todos los secretarios de Estado y estos vayan elaborando su agenda. 

Por ahora, a nivel nacional, el único organismo que se ha pronunciado ha sido la CNMC. De hecho, la elaboración de un informe sobre la economía colaborativa ha partido el organismo en dos.  Las claves del informe se centraban en cómo regular esta nueva economía y, por la propia labor del organismo, en cómo evitar la creación de barreras de entrada para nuevos operadores que perjudiquen al usuario.

El papel de los lobbies

Además de las comunidades y Bruselas, en la balanza regulatoria también se encuentran los lobbies de la industria tradicional. Exceltur en el lado del turismo y las asociaciones de taxistas junto con la patronal de autobuses en el del transporte han mostrado una actitud beligerante para evitar cambios en ambos sectores.

Se da la casuística de que dentro del Ministerio se encuentra también la cartera de Turismo, donde se engloba el Consejo Español de Turismo. Este órgano fue creado en 2005 con el objetivo de lograr mayores niveles de participación y colaboración en las políticas dirigidas al sector y en la promoción exterior.

Lo que ocurre es que entre sus miembros no solo están representantes del sector público, sino también de la industria como la CEOE, las Cámaras de Comercio y las organizaciones sindicales y profesionales de distintos ámbitos. Algo que parece complicar los movimientos del ministro del ramo.

Las alarmas saltaron en agosto. El ministro de industria, José Manuel Soria, nombró director a César Miralles, cuyo currículum no destacaba por el bagaje demostrado en el mundo digital (para que te hagas una idea, afirmó que apostaba por el 'software' libre como alternativa al 'software' de pago, como si fuera algo incompatible). Miralles había sido director financiero de la entidad, analista en el sector privado y el gobierno canario y, como más tarde confirmó él mismo, es “persona de confianza del ministro”. No es el único. Poco a poco, Soria ha ido colocando a varias “personas de confianza” y hoy, de los seis altos cargos, cuatro vienen de las islas. Hay quien lo ha explicado así: “Soria construye un califato canario en red.es”.

“Se cae en algo fácil que es criticar los sueldos y ese no es el problema”, comenta a HojaDeRouter.com una fuente cercana a la entidad. “Los sueldos son más altos que en los ministerios porque es una empresa pública y se subieron para poder captar directivos del sector privado. El problema no es tanto el sueldo, sino si se ha utilizado eso para atraer talento o para traer a enchufados”. Jurídicamente, Red.es es una entidad pública empresarial (una figura a medio camino entre la administración y la empresa privada) cuya misión es “trabajar para que la sociedad española aproveche al máximo el potencial de Internet y las nuevas tecnologías”.

Y eso, te preguntarás, ¿en qué se concreta?

Mandar en los dominios .es.

Remontémonos a finales de los 90. Del 96 en adelante, muchas empresas públicas (Telefónica, Endesa, Red Eléctrica, Gas Natural...) fueron privatizadas. Retevisión, que hasta entonces se dedicaba al transporte y difusión de la señal televisiva, también. En el 2000 pasa a ser la autoridad competente para gestionar los dominios .es (un bien de propiedad pública) y nace, así, el germen de Red.es.

Hoy la gestión de dominios .es es una de sus principales competencias, aunque los registros se pueden hacer desde fuera. “Sólo tenemos un 1,7% de registros directos”, explican desde la empresa. “Promocionamos el registro a través de Agentes Registradores porque ofrecen los servicios vinculados al dominio que proporcionan la verdadera presencia en internet (correo, 'hosting', creación de páginas web, posicionamiento en buscadores, tiendas online...). Tienen un precio más competitivo y son nuestro canal de distribución oficial”.

Entonces, ¿cuál es su papel? Mandar. Red.es es la autoridad administrativa (no todas las empresas públicas son también autoridad administrativa) de los dominios .es, un bien de propiedad pública. El ejemplo más sonado de su actuación como autoridad han sido las expropiaciones por causas de interés general: si tienes un dominio que interese a España, pueden cogerlo y reasignarlo, como sucedió con sareb.es. El término, registrado por un particular, coincidía con las siglas del “banco malo” y la web terminó siendo para ellos.

Ser el pegamento entre administraciones (e ir a por los fondos FEDER)

Ahora vayamos al 2000. Europa se planteó que su economía tenía que estar basada en el “conocimiento”, actualizó los objetivos de los fondos FEDER, que hasta entonces iban a políticas agrarias, e incluyó una línea de telecomunicaciones y sociedad de la información. España vio la oportunidad para pillarlos y, como no son nada fáciles de gestionar (hay que montar el proyecto, que coincida con lo que financian los fondos, certificar los gastos... En resumen: papeleo nivel Europa), en 2002 nace oficialmente Red.es. En el BOE de su aprobación aparece así: “se le incluyen la puesta en marcha de programas de difusión y extensión de las telecomunicaciones, incluidos los programas cofinanciados con fondos europeos”.

Primero, porque Red.es ya conocía el sector. Segundo, por otro factor importante: Europa no te da el dinero al contado, sino que hay que adelantarlo, ejecutar el proyecto, justificarlo y, ya entonces, cobrar. Red.es tenía un colchón de tesorería proveniente de su privatización que permitía adelantar los costes del proyecto europeo y recibir, un par de años más tarde, los retornos. Así, se especializó – y aquí está el segundo punto importante de la entidad– en su ejecución.

Las comunidades autónomas o ministerios que querían poner en marcha un proyecto relacionado con sociedad de la información o telecomunicaciones (piensa en temas de salud en línea, digitalización de la administración o de la sanidad, todos los programas que se han hecho de empresas en red enfocados a pymes o de educación en TIC) pasan por Red.es, que prepara los pliegos y licitaciones.

Desde entonces, ha gestionado más de 416 millones de fondos europeos (datos hasta 2012, procedentes del dinero que devuelve Europa cuando se ejecutan los proyectos) ejerciendo de “pegamento” entre el dinero y requisitos burocráticos de nuestro viejo continente y las administraciones españolas.

Estudiar (y mover) al sector TIC en España

2013. Europa aprueba un nuevo paquete de dinero, España un plan de Agenda Digital y Red.es cambia de directiva, pero no de empleados ni de tareas. Además de la gestión de los dominios y de la gestión de dinero europeo, la entidad ha actuado estos doce años impulsando las tecnologías de la información en España para ciudadanos, pymes y administración.

¿Con qué más? Otras de sus patas importantes es el Observatorio de las Telecomunicaciones y Sociedad de la Información (ONTSI), que publica estudios sobre las TIC en España y que ahora, después de diez años recogiendo datos, busca cada vez más orientarlo a resultados (ejemplo: aún hay brecha digital entre la España rural y la urbana, ¿qué hemos hecho para solucionarlo? ¿Ha funcionado?).

También FICOD, la feria de contenidos digitales, en marcha desde 2007 y con un parón en 2012 para darle una vuelta al concepto. Su idea para 2014 es hacer un evento que no se quede sólo en la promoción, sino del que también salgan contratos (por eso lleva una parte orientada a inversores). Por último, la red IRIS de comunicación entre universidades y científicos, que se lleva parte de los fondos estatales (no europeos) que gestiona Red.es, no es un proyecto propio. Pertenecía al CSIC pero en 2004 pasó a formar parte de la entidad.

“Se le va a dar un toque diferente a Red.es, con una orientación muy marcada en la Agenda Digital para España. Esa va a ser nuestra hoja de ruta y nuestra prioridad absoluta”, afirmaba Miralles en su primera entrevista como director. Europa, por otro lado, acaba de poner en marcha su Horizonte 2020, el programa para I+D+i mejor dotado de su historia (¡77.000 millones de presupuesto!) con varias líneas para TIC que alguien tendrá que gestionar en nuestro país.

¿Cuánto durará y cómo afectará la nueva dirección política al trabajo de la empresa? Es pronto para saberlo, aunque las fuentes cercanas por HojaDeRouter.com son optimistas: más allá de la cúpula poco espabilada en asuntos digitales, los trabajadores llevan muchos años con ello. Y con esta nueva etapa tanto en España como en Europa, su papel sigue siendo necesario.

En el Consejo de Ministros del 15 de febrero de 2013 se aprobó la Agenda Digital para España cuyo contenido puede descargarse en formato pdf de la web http://agendadigital.gob.es. No comentaré el contenido de la agenda, salvo lo estrictamente necesario, ya que tienen ustedes un buen resumen ejecutivo y de fácil lectura en las páginas 4 a 10 del texto gubernamental (PDF), al que me remito.

Lo que me interesa es centrarme en el uso de la tecnología digital como herramienta de participación ciudadana, para lo que utilizaré este caso como ejemplo.

Permítanme que previamente tenga que extenderme en algunas cuestiones descriptivas.

La Agenda no es una norma jurídica sino que simplemente se trata de un marco de referencia que el gobierno entiende apropiado para explicar su política. Se trata de un texto no obligatorio, lleno de buenas intenciones, y que si no se cumple no hay ninguna consecuencia y para cuya elaboración se han seguido las siguientes etapas:

− El primer paso público dado por nuestro ejecutivo fue la instalación en julio de 2012 de la web http://agendadigital.gob.es.

− Desde el 25 de julio al 30de septiembre de 2012, las personas interesadas en este tema pudieron participar a través de un foro o enviando correos electrónicos.

− Con dichas participaciones ciudadanas se elaboró un documento que el Ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria presentó el 27 de diciembre de 2012 ante la Comisión de Industria, Energía y Turismo del Congreso de los Diputados.

− Finalmente, se aprobó la Agenda Digital en el Consejo de Ministros de 15 de febrero de 2013.

El Ministerio definió previamente seis categorías para las que propuso 210 medidas, recibiendo 178 propuestas. Se desconocen, por no hallarse en la web, el número de correos electrónicos que se recibieron y las propuestas que incluían.

Las categorías definidas en la web fueron las siguientes: (1) Fomentar el despliegue de redes y servicios para garantizar la conectividad digital, (2) Desarrollar la economía digital para el crecimiento, la competitividad y la internacionalización de la empresa española, (3) Mejorar la e-Administración, (4) Reforzar la confianza en el ámbito digital, (5) Impulsar el sistema de I+D+i en Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y (6) Promover la inclusión y alfabetización digital y la formación de nuevos profesionales TIC.

Una vez descritos los hechos, nos interesa reflexionar sobre algunas cuestiones que creo podemos inferir de los mismos. Si bien se está promoviendo la participación para la Agenda Digital de España hasta el año 2020 en un medio que quedaría afectado por la discusión, el número de propuestas realizado por los participantes fue de 178. ¿Es ésta la medida de la participación ciudadana en la planificación de políticas que nos afectan? La propuesta de participación para tomar medidas en los campos estratégicos del desarrollo de la economía digital, de mejora de la e-Administración, del refuerzo de la confianza en lo digital y de promoción de I+D+i genera 178 respuestas.

Sobre las razones del número de esta participación sólo podemos especular. Los motivos pueden ser muchos y de diversa naturaleza. Las preguntas que quedan en el aire también son múltiples: ¿Se ha hecho suficiente publicidad de esta propuesta de participación? ¿Hay una desconfianza ciudadana a participar en iniciativas institucionales? ¿Constituye una herramienta útil el formato web cuando de lo que se trata es de hacer propuestas? Tal y como hacen los hacktivistas, ¿se deben realizar reuniones presenciales además de utilizar los formatos web en las consultas públicas a la ciudadanía?

El hecho de que una administración pública realice en el proceso de participación una selección previa de 6 categorías en las que unilateralmente señale las 210 medidas sobre las que versen los comentarios, supone ya una elección que enmarca conceptualmente el debate. Puede observarse que ninguno de los apartados elegidos corresponde al software libre sin que se hagan explícitas las razones que subyacen a las medidas seleccionadas. Es ampliamente conocido que la elección del marco del debate tiene efectos drásticos en el resultado del mismo. Pero esta cuestión no ha de significar mala fe sino que peor solución hubiera sido partir de cero ya que entonces se hubiera podido eternizar el debate. Soluciones intermedias tales como permitir la propuesta de nuevas categorías hubiera podido resultar interesante.

No sólo la elección del marco del debate y su división en categorías es relevante para que exista una correcta participación ciudadana. La falta de utilización en esta iniciativa de las demás lenguas del Estado en algo que nos afecta a todos supone un olvido en este caso impropio de la importancia del debate político en juego.

Cuestión diferente sería la necesidad de una lingua franca en la que debatir, pero sería interesante sopesar que en este tipo de iniciativas participativas, el gestor de contenidos de la web permitiese el uso de todas las lenguas del Estado, al igual que la web de la Moncloa.

En la iniciativa sobresalen puntos en los que la información es inexistente. Podemos encontrar los siguientes:

− Se desconocen cuántos correos electrónicos fueron enviados y cuáles fueron las propuestas que incluían los mismos.

− Se desconocen las versiones del documento y las personas que participaron en su redacción a lo largo de las sucesivas fases.

− No se halla publicado en la web el documento antes de introducir las propuestas realizadas por la ciudadanía, por lo que no puede conocerse el impacto de sus aportaciones.

− No se halla publicada en la web la versión que se entregó en el Congreso de los Diputados.

− Se desconoce si después de la comparecencia en el Congreso se realizaron modificaciones.

Nos hallamos en estadios incipientes de desarrollo de procesos de participación, por lo que la iniciativa comentada es encomiable. No obstante, se puede perfeccionar y de ahí los anteriores puntos. La transparencia en el ejercicio del derecho de participación ha de cumplir una serie de requisitos en el entorno de cada tecnología, no siendo los mismos si se trata de una escritura en papel o en lo digital. En éste último, la tecnología del hiperenlace permite la trazabilidad del dato sin salir del entorno, lo que implica transparencia y una redefinición del concepto clásico de la isegoría sobre el que asentar la e-democracia.

La transparencia, en la tecnología actual a nuestro alcance, significa habilitar los sistemas de publicación en web necesarios para que se evidencie no sólo la ratio decidendi sino los datos en los que se fundamenta. Parafraseando un conocido aforismo que aplicamos en los procedimientos ante la jurisdicción civil, quod non est in web non est in mundo, lo que no está en la web no está en el mundo. La ausencia de un dato en la web implica quebrar el tracto que necesitamos para conocer si la decisión política se ha tomado de una forma válida. Merece la pena analizar la familia documental que el consorcio W3C dedica a la trazabilidad del dato.

Y en lo que respecta a la redefinición de la isegoría, quién sea el sujeto que trate los datos puede implicar una redistribución del poder en una sociedad. El modelo del Estado contemporáneo está en plena mutación sin que sepamos todavía ni todas sus derivas ni la dirección final. Pero si de lo que se trata es de señalar principios, es fundamental la transparencia en el origen de la información documental utilizada por las administraciones y en los cambios de los documentos, señalando el autor de tales cambios, mediante la implantación de herramientas como las utilizadas para el control de versiones que utilizamos en la producción de software libre.

De esa manera, podremos reivindicar la igualdad en la excelencia (isegoría) entre la documentación producida por los poderes públicos y la producida por los administrados cuando de lo que se trate es de participar, sin que se nos limite mediante la elección previa de categorías, de formatos web donde la incomodidad para la escritura es norma, y donde poder conocer quién escribió cada parte de un documento deje de ser una tarea mística para comenzar a ser un procedimiento habitual.

Por último, sería muy interesante conocer el coste económico de la iniciativa que se ha llevado a cabo en la confección de la Agenda Digital. Supondría contar con un elemento fáctico cuyo conocimiento sería muy necesario para la implantación de políticas públicas. Determinar en la medida de lo posible el número de funcionarios intervinientes, el coste de las licencias de software utilizadas, el consumo de electricidad de los servidores, el tiempo ocupado en estas cuestiones o cualesquiera otros datos relevantes, sería de gran ayuda para, en palabras de la Agenda lograr «incrementar la eficacia y eficiencia de nuestras Administraciones y optimizar el gasto público, manteniendo al mismo tiempo unos servicios públicos universales y de calidad».

El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes la Agenda Digital, una “estrategia del Gobierno en el ámbito de telecomunicaciones de la agenda digital para Europa a partir de 2015”, y que podría suponer un incremento del PIB del 5%. La Agenda Digital española 2013-2015 “busca reforzar las comunicaciones y su velocidad”, según ha dicho la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría.

“Es una herramienta para impulsar la competitividad española”, ha señalado el ministro de Industria, José Manuel Soria. Actualmente, 30.000 empresas trabajan en el ámbito de la economía digital, su facturación asciende a 80.000 millones de euros, emplean a más de 400.000 personas y representan un 7% del PIB. “Queremos hacer llegar de una manera más nítida los beneficios de las nuevas tecnologías a la sociedad y las empresas”, ha afirmado Soria, sin explicar, sin embargo, cuánto dinero se invertirá en ella.

En Europa, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) suponen un 5% del PIB. El Gobierno señala que en Europa por cada aumento del 10% en banda ancha, el PIB crece entre el 0,9% y el 1,5%. Asimismo, por cada millón de euros invertido, se generan 33 puestos de trabajo.

“La Agenda pretende que en 2015 haya un 50% de cobertura de banda ancha de redes ultrarrápidas (más de 100mb por segundo)”, ha dicho Soria, que también ha mencionado que el objetivo es que en 2015 el 70% de la población la use, y que el 85% de empresas utilicen firma digital y certificado en web. También quieren aumentar la inclusión digital: que, por ejemplo, el 75% de la población use internet de manera regular; que el 40% de las empresas hagan comercio electrónico; que las industrias de contenido digitales aumenten la facturación un 20% y aumente el uso de la administración electrónica.