Para mucha gente, líderes políticos incluidos, la Ley Mordaza nació muerta. La reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 se esperaba que durara bien poco, puesto que dio luz el 1 de julio de aquel año apoyándose exclusivamente en la mayoría absoluta del PP.

El gobierno de Rajoy la aprobó a pesar de que todos los partidos de la oposición mostraron un rechazo rotundo, al igual que el Comisario de derechos humanos del Consejo de Europa, Nils Muiznieks. A esta crítica se unieron numerosos juristas y la sociedad civil se movilizó contra la aprobación de una ley que además había sido recurrida ante el Tribunal Constitucional por PSOE, IU, UPyD, Coalición Canaria y Compromís-Equo. Incluso hasta cuatro relatores especiales de Naciones Unidas se habían alineado para denunciar los peligros que contenía. Pero la Ley Mordaza se puso en marcha, y a pesar de tantos pronunciamientos en su contra, cinco años después ahí sigue vigente.

Para entender el nivel de oposición  a esta ley se puede sencillamente escoger a alguno de los líderes políticos que conforman al actual gobierno de coalición escribir en un buscador su nombre acompañado del texto “...se compromete a derogar la ley mordaza”. Por ejemplo tomemos el de Pedro Sánchez. Encontraremos entonces un larguísimo listado de noticias recogiendo ese tipo de declaraciones, ya sea en 2015, antes de la entrada en vigor de la ley, en 2016, tras la moción de censura, en las numerosas campañas electorales que se sucedieron, o en 2019 siendo parte del acuerdo de gobierno de coalición. Pero en todo este tiempo no se ha modificado ni una coma.

Y llegamos a 2020, un año marcado por la pandemia de la COVID-19. Durante el estado de alarma nos hemos encontrado con situaciones de todo tipo, amparadas en la enorme arbitrariedad que confiere esta ley a la policía y en la ausencia de mecanismos independientes de investigación de abusos policiales. En los últimos meses hemos visto cómo personas sin hogar han sido denunciadas por incumplir las medidas de confinamiento en al menos Madrid, Valencia y Barcelona. O cómo ha habido uso desproporcionado de la fuerza por parte de la policía con tintes racistas: así lo refleja el caso de Celenia de Aza, mujer de nacionalidad dominicana que trabajaba como limpiadora en un hotel “medicalizado” de Barcelona que fue interceptada cuando salía a comprar al supermercado y tratada de forma abusiva por parte de los Mossos d’Esquadra. También se han realizado registros de domicilios sin orden judicial, como a S. D., y su familia en Vitoria-Gasteiz, o se ha obstaculizado el trabajo periodístico, como le sucedió a Jon Hidalgo, periodista de Hala Bedi, cuando se encontraba grabando una movilización de protesta contra el desalojo de un local por parte de la Ertzaintza también en Vitoria-Gasteiz.

Un suma y sigue que da continuidad a unos cinco años en los que la Ley Mordaza se ha utilizado reiteradamente contra movimientos sociales o plataformas ciudadanas, que han sido objeto de numerosas sanciones, restringiendo de forma ilegítima derechos humanos como el derecho a la libertad de expresión, reunión, manifestación e información.

Artículos como el 36.6, que hace referencia a la desobediencia cuando no sea constitutiva de delito o el 37.4, sobre las faltas de respeto a la autoridad, han permitido a la policía convertirse en juez y parte allanando el terreno a todo tipo de actuaciones arbitrarias, desproporcionadas y discriminatorias.

Además, no nos podemos olvidar que la Ley Mordaza recoge una disposición adicional con el objeto de legalizar las expulsiones sumarias y colectivas, también llamadas “devoluciones en caliente”. Una práctica que muchas organizaciones, entre ellas Amnistía Internacional, vienen denunciando de manera reiterada desde hace años. Porque todas las personas que llegan a las costas españolas deben ser tratadas como lo que son: personas con derechos, con dignidad y humanidad. Y porque tienen derecho a un proceso con garantías que permita identificar de manera individualizada si necesitan protección internacional.

Por si fuera poco, la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana se llevó a cabo de la mano de otra reforma, la del Código Penal, cuya redacción imprecisa ha servido para silenciar la libertad de expresión y aplastar la expresión artística.

Numerosos artistas se han visto enfrascados en procesos penales en virtud del artículo 578 del Código Penal. Recientemente hemos conocido nuevas sentencias a Pablo Hasel y a los miembros de La Insurgencia. Nos acordamos también de los juicios de los titiriteros, de Cesar Strawberry y de Casandra. Nadie debería ser condenado penalmente por tuitear o cantar algo, por muy desagradable o escandaloso que resulte.

Se hace imperante la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, aprobando en su lugar una nueva legislación respetuosa con los estándares internacionales de derechos humanos, así como la del Código Penal, eliminando los delitos de enaltecimiento del terrorismo y de injurias a la corona. Nuevamente desde la sociedad civil se reclama acabar con tanta mordaza y tantas vulneraciones de derechos y libertades que han provocado estas leyes.

Cinco años de mordazas son demasiados años, y el daño provocado a muchas personas ya será irreparable. La pregunta va dirigida al actual gobierno y a la mayoría del Congreso ¿van a cumplir con sus promesas y pasar de una vez por todas de las palabras a los hechos? Porque si no lo hacen ahora ¿entonces cuándo? Con cinco años de mordazas ya basta.

La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha confirmado la condena a seis meses de cárcel a los raperos de La Insurgencia por enaltecer el terrorismo con las letras de sus canciones. La resolución establece que difundieron mensajes que “justifican la violencia y expresan simpatía frente a la eliminación física del disidente” y ensalzaron conductas que “han causado grave daño al país y a las víctimas del terrorismo”. 

Con esta resolución, el Supremo desestima los recursos de los condenados al fallo de la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional –dedicada a revisar los fallos del tribunal especial–, que redujo de dos años y un día de prisión al mínimo legal de seis meses y un día una condena por enaltecimiento del terrorismo por el contenido de las letras de sus canciones. En su sentencia, la citada Sala confirmó que los raperos identificaron “el discurso musical con el lenguaje del odio” y exaltaron a los GRAPO, pero rebajó la pena al distinguir entre bandas terroristas “desmanteladas” y las que siguen en activo.

Ahora, la mayoría de miembros de la Sala de lo Penal del Supremo coinciden en que esas canciones no pueden encuadrarse en “una mera expresión de coincidencia, o discrepancia, con objetivos políticos, o camaradería nacida de vínculos ideológicos, simpatía o de la mera crítica social”. “Los hechos probados no suponen una crítica, ni una opinión, ni un uso democrático de las redes sociales. Se trata de un enaltecimiento de conductas violentas y buscar reforzar el ideario de quienes llevaron a cabo actos terroristas por su ensalzamiento”, reiteran los magistrados.

La sentencia cuenta con el voto particular del magistrado Andrés Palomo, que entiende que no ha quedado justificado que se haya producido una efectiva incitación a la comisión de actos terroristas aunque fuere de manera indirecta.

Iván Leszno es el nombre artístico de unos de los 12 integrantes del colectivo La Insurgencia condenados por la Audiencia Nacional por enaltecimiento del terrorismo. Tiene 26 años, vive entre Málaga y Marbella y este miércoles se enteró por la prensa de que la Sala de Apelación de la Audiencia Nacional ha reducido su condena y la de sus compañeros al mínimo: de dos años y un día de prisión a seis meses, el mínimo para este delito.

El tribunal de apelación mantiene que en las letras de La Insurgencia hay delito, pero reduce la pena porque entiende que en los casos de enaltecimiento de bandas desmanteladas o inactivas (como es el caso del GRAPO o el PCE (r)) el castigo debe ser menor. Iván Leszno asegura que el colectivo ha decidido recurrir esta sentencia ante el Tribunal Supremo.

¿Qué es La Insurgencia?

Es un colectivo que nace de la mano de dos de sus miembros, también condenados. Estos compañeros contactan con otros que ven en la música un arma para denunciar el sistema capitalista aquí y en Latinoamérica. Van haciendo una unión en base al rap, pero después se fue haciendo un puente entre diferentes ramas del arte popular. Hubo gente que se integró como fotógrafos, como dibujantes... El objetivo para darle forma al colectivo fue organizar este arte popular, en base a las condiciones de cada país. En España consideramos que había una continuación del fascismo y usamos el rap para denunciar esa continuación del fascismo. No somos artistas ni nos dedicamos al arte. Somos trabajadores y estudiantes, de diferentes capas de las clases populares, y siempre hemos tenido claro que nuestra labor es de denuncia y reivindicación.

¿Cómo se incorpora al colectivo?

A raíz de coincidir en una serie de actos por la amnistía de los presos políticos y una serie de conciertos. Algunos nos conocíamos antes de incorporarnos al colectivo, pero a raíz de compartir ideología y objetivos políticos hacemos más miga, y los miembros que ya estaban proponen que otros se integren, como fue mi caso. Teníamos muy claro que la punta de lanza era la reivindicación de la amnistía por los presos políticos.

¿A qué presos políticos se refiere?

Presos de GRAPO, de PCE (r), ETA, anarquistas… A pesar de que los sigan llamando terroristas. Todo el que llegaba al sitio en que se había organizado el acto pasaba un control de la Guardia Civil. Y en la entrada había una pareja que se encargaba de fichar, y cuando pedían el DNI preguntaban si sabían quiénes iban a participar en el acto. Dijeses lo que dijeses te insistían en que allí había terroristas y asesinos, de lo que ellos entienden por terrorista, que es por militar en organizaciones armadas o que te imputen por haber estado en ellas pese a no haber sido así. Eso nos servía de criterio para estrechar lazos. Esto nos viene a demostrar que, según nuestro punto de vista, seguimos viviendo en un país fascista, porque ni siquiera eres libre de acudir a un acto pacífico y democrático sin que tengas un guardia civil en la puerta.

Los doce miembros del colectivo La Insurgencia están condenados por unas letras. ¿Las componen entre todos?

Nosotros partimos de la base de que no nos condenan por una serie de canciones o porque digamos tal cosa en una letra, sino por las ideas. Eso se traduce en las canciones, donde compartimos un mensaje.

¿En algún momento el fiscal o juez se ha interesado por saber quién había compuesto cada letra?

Sí, pero no por saber por qué labor tenía cada uno. En realidad, no les ha llegado a preocupar tanto saber si uno u otro puede tener más responsabilidad. En el fondo han ido a por la organización del colectivo. De hecho, en un primer momento nos imputaban el cargo de organización ilícita. Lo que les preocupaba era la organización, que una serie de muchachos que se trataban de organizar políticamente viesen un plan para desarrollar conjuntamente y trabajar en torno a eso.

La condena en primera instancia es a dos años y un día, mínimo suficiente para entrar en prisión…

La condena es a dos años y un día de prisión, 4.800 euros de multa, nueve años de inhabilitación para ejercer trabajos públicos, el pago de las costas y la eliminación del trabajo colectivo. Ya sabíamos a lo que nos ateníamos, es lo que habíamos denunciado desde que se fundó el colectivo: que aquí no tenemos ningún tipo de libertades democráticas, derecho de ningún tipo a nivel social o económico. Lo que venía a demostrar esto es que la manera que tiene este Estado de contestar a una serie de denuncias de falta de derechos y libertades es privarte de libertad.

Pero la condena no es por denunciar una falta de derechos, sino por unas letras…

Es más bien al contrario. Lo que se ha querido mostrar es que nos condenan por unas letras y unas canciones, pero consideramos que eso es falso. Creemos que nos condenan por plasmar nuestras ideas en esas canciones y por reivindicar estos derechos y libertades políticas que no tenemos, y por incidir que hay una serie de compañeros presos desde hace muchos años para conquistar esa falta de derechos y libertades. Ponen el grito en el cielo al asegurar que ensalzamos a los GRAPO. Nosotros creemos que no se trata de ensalzar ni idealizar organización ni lucha de ningún tipo, sino de demostrar que el que una serie de compañeros estén encarcelados, es consecuencia de una continuidad del fascismo, y eso lo podemos demostrar en algo tan sencillo como que nos esté juzgando la Audiencia Nacional, que persigue la disidencia política, ya sea a través de canciones, organizaciones políticas o hasta un mensaje en Twitter.

Para usted, ¿cuál es el valor de una letra en una canción?

Nosotros siempre hemos considerado que el valor de una letra tiene que ir ligado al pensamiento, la conciencia y la idea que plasmes en ella. No puedes estar defendiendo un derecho y en la práctica hacer lo contrario. Por ejemplo, denunciar que no hay libertades políticas y mendigar que nos reduzcan más la condena o pedir una solución solo para nosotros. Las letras tienen que plasmar una denuncia que crees de verdad, que no se quede en un arte abstracto. Sí que puede haber sentidos metafóricos, no por decir “a tal le pego un tiro en la nuca” lo estás haciendo de verdad. Sí estás expresando un pensamiento, una idea, una ideología política. Que si estás luchando por unos derechos lo estás haciendo de verdad.

¿Han seguido componiendo?

Sí, en la medida de las posibilidades de cada uno. No vivimos de esto, ni estamos dedicados en cuerpo y alma a hacer canciones.

La sentencia de primera instancia condenaba a retirar los vídeos. ¿Cómo difunden su música?

Lo hacemos exactamente igual. A través del canal del colectivo o del canal de cada miembro. No se ha cumplido ninguna parte de la sentencia, hasta que no sea firme.

¿Cómo valora la sentencia que les reduce la condena?

En primer lugar, como una pequeña victoria, porque demuestra que a pesar de que el Estado con el cambio de gobierno ha jugado sus cartas, intentando dar una capa de pintura a una fachada que se está cayendo, también ha jugado un papel importante como se ha organizado la solidaridad y hemos aprovechado para seguir denunciando de forma conjunta la situación de falta de derechos y libertades. Al mismo tiempo tenemos claro que la batalla no está ganada. Aunque no entremos en prisión seguimos condenados y no estamos libres. Se trata de seguir hasta la absolución, también de los compañeros represaliados como de los compañeros presos políticos.

La sentencia de apelación dice que sus letras no son libertad de expresión, sino un discurso de odio. ¿Está de acuerdo?

Habría que analizar qué entienden ellos por odio, desde el punto de penal. Porque ellos interpretan el odio a todo aquello dirigido hacia los poderes del Estado. Ya se considera delito de odio hasta que denuncies el abuso policial, y sin embargo para lo que existe el delito, que es contra la discriminación a minorías étnicas, no se aplica. Eso desde el punto de vista penal. Si entramos a valorar lo que es odio y lo que no, tendríamos un debate más largo. Pero yo digo más bien que el discurso de odio está de su parte, que los perseguidos somos nosotros, no ellos ni los que alegan como víctimas del terrorismo.

¿Van a recurrir?

Sí, vamos a recurrir al Tribunal Supremo, hasta la absolución.

“No es un problema del PP o PSOE, es un problema de Estado donde no se puede cuestionar a la monarquía o a la Audiencia Nacional”. Esta frase se ha escuchado este viernes en el Primavera Sound. No era ante las masas que se agolpan, gafas de sol y cerveza en mano, frente a los escenarios del Parque del Fórum, sino en un auditorio del CCCB con medio centenar de personas entre el público. El festival por excelencia en España de la escena indie, a menudo tachada de apolítica, ha celebrado un debate sobre música y libertad de expresión en el que ha habido tiempo hasta para hablar del futuro gobierno de Pedro Sánchez.

¿Desde cuando se interesa por la política el Primavera Sound? Un dato puede ayudar a comprenderlo: hace solamente un año, una desconocida plataforma No callarem contra la persecución de artistas repartía flyers en la rampa de acceso al festival. Este viernes su logo adornaba las acreditaciones de los ponentes Dani Vilaró, de Amnistía Internacional; Laia Serra, abogada penalista especializada en libertad de expresión y delitos de odio, y Álex Nikolaev 'Elgio', exvocalista de La Insurgencia condenado a dos años y un día de cárcel por enaltecimiento del terrorismo.

Lo que ha pasado entre medio es conocido: penas de cárcel como las de Valtonyc y Pablo Hasel y un sector musical que ha despertado en solidaridad con los de su gremio –llenaron la cárcel Modelo en abril– hasta colar el mensaje en el Primavera. O, por ahora, en el PrimaveraPro, el encuentro de profesionales del sector, al que acuden más de 3.000 personas, que realiza el festival para analizar los retos de la industria musical. La sesión ha incluido otro guiño a la actualidad política: se ha celebrado un debate sobre las desigualdades de género en el universo musical y se ha entregado el Primavera Award a la entidad Mujeres de la Industria de la Música.

Es en este contexto que el rapero Elgio ha podido entrar de lleno a denunciar la amenaza que supone aplicar el Código Penal contra artistas como él. “No me han condenado solo para joderme a mí, sino para asustaros a vosotros, para provocar que a nadie se le ocurra escribir canciones reivindicativas, ni hacer tuits, ni ir a movilizaciones”, ha expresado el cantante. Vilaró, de Amnistía Internacional, lo corroboraba: “Que haya gente que entre en prisión por cantar una canción tiene un impacto en cuanto a autocensura, genera miedo entre los creadores, y demuestra la regresión vivida en España”. 

El efecto disuasorio de las penas de cárcel

Los ponentes han coincidido en la utilización abusiva de tipos penales como el de enaltecimiento del terrorismo o el delito de odio, más aun cuando se aplican a productos artísticos que deberían ser interpretados como tales. “Se trata de un canal de comunicación distinto, con un evidente componente emocional y sensitivo, pero no se tiene en cuenta”, ha lamentado Serra, que ha puesto como ejemplo la causa, finalmente archivada, de dos titiriteros que estuvieron en prisión preventiva por delito de odio: “Era un producto tan inequívocamente artístico que me pareció increíble que un fiscal o un juez llegara siquiera a tener la duda”.

A lo largo de la charla se ha incidido en que la libertad de expresión está pensada precisamente para proteger a quienes piensan distinto, incluso a quienes adoptan mensajes que se puedan considerar ofensivos. “No hace falta que me escuchéis ni compartáis el contenido de mis letras, solo que aceptemos que tengo derecho a expresarlas sin riesgo de que me metan en prisión o ni siquiera de que me pongan una multa”, resumía Elgio, condenado, según el juez, por difundir un “discurso violento” a que ensalzaba a la “organización terrorista” de los Grapo. 

Sobre este punto también se ha manifestado Serra, que ha considerado “absurdo” condenar a artistas por enaltecimiento del terrorismo suponiendo que sus letras incitan a que la ciudadanía cometa actos terroristas. Que esto ocurra quizás tiene que ver con el hecho de que la disolución de ETA haya dejado, en su opinión, a toda una serie de fiscales y jueces de la Audiencia Nacional “sin demasiado trabajo”. 

¿Un nuevo horizonte con Pedro Sánchez? 

Celebrado a pocas horas de la investidura de Pedro Sánchez como nuevo presidente del Gobierno, el debate en el CCCB no ha podido obviarlo, aunque la primera valoración sobre el éxito de la moción de censura revestía pesimismo en cuanto a la libertad de expresión. “Mientras exista la Audiencia Nacional, independientemente del Gobierno que haya, del PP a Podemos, vamos a tener persecución”, sostenía Elgio. A él lo han procesado durante el mandato de Rajoy, pero la primera detención de Pablo Hasel fue en 2011, con Zapatero en la Moncloa. 

“Las grandes reformas del Código Penal se han realizado con consenso de PP y PSOE”, añadía Serra, que iba más allá para responsabilizar a parte de la sociedad por falta de cultura democrática en lo que tiene que ver con la libertad de expresión. Solo Vilaró se ha mostrado relativamente esperanzado al recordar que Sánchez ha prometido derogar los aspectos más controvertidos de la Ley Mordaza. “Amnistía estaremos allí para recordárselo”, ha advertido. 

Para Vilaró, la cara positiva –si la puede haber– de las condenas a artistas es que se ha encendido la “chispa” para una movilización que presione a los gobernantes, aunque Elgio, al concluir el debate, no lo tenía del todo claro: “Todavía les sale muy barato meternos en la cárcel, si les saliera caro no lo harían”. 

Tres condenas contra raperos. Este es el bagaje de la Justicia española en los últimos cuatro años, por medio de las sentencias de la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo contra varios jóvenes por sus letras. El último caso que ha llamado la atención es el de Valtonyc, que ya fue condenado en 2017 y del que el Supremo ha confirmado ahora su pena.

Pero el primer condenado por enaltecimiento del terrorismo en sus canciones fue Pablo Hasel, que no llegó a entrar en prisión. A ellos se suma el fallo contra La Insurgencia por el mismo delito, que motivará el ingreso en prisión de sus 12 miembros.

Pablo Hasel, condenado en 2014

El rapero catalán, que en estos momentos tiene otra causa abierta por varios tuits y otro de sus temas, fue condenado a dos años de cárcel por la Audiencia Nacional por el contenido de sus canciones. Una pena que fue confirmada por el Tribunal Supremo, aunque Hasel no tuvo que entrar en prisión debido a que la pena no superaba los 24 meses.

En una entrevista el pasado año, Hasel aseguró que le “detuvieron y condenaron para asustar a otros, como no lo consiguieron con todos, han seguido reprimiendo”. Según el rapero, “como tampoco tuve mucha solidaridad, les sale barato hacerlo y no se cortan. La libertad de expresión acaba donde empiezas a molestarles, por lo tanto, no hay”.

El paso por el banquillo del rapero leridense fue contestado en redes ya hace varios años, cuando se montaron campañas de apoyo. Además, llegó a convocarse una concentración ante el ayuntamiento de su ciudad natal.

El TS, como hizo la Audiencia, señaló que en las letras del rapero existían alabanzas a grupos terroristas, además de una “invocación genérica y retórica” a que estos continuasen con su actividad. “Mi hermano entra en la sede del PP gritando ¡Gora Eta!”, “Pena de muerte ya a las infantas patéticas” o “Los Grapo eran en defensa propia ante el imperialismo y su crimen” son algunas de las letras que recogía el documento.

En la sentencia que rechazaba el recurso de Hasel, el Alto Tribunal también estimaba que “cualquier persona que lea o escuche tales expresiones incluidas en las canciones correspondientes puede verificar que con las mismas, se está alabando o justificando bien a los autores de hechos terroristas o los propios hechos”.

Valtonyc, condenado en 2017

José Miguel Arenas Beltrán, alias Valtonyc, fue condenado por la Audiencia Nacional a tres años y medio de cárcel en febrero del pasado año. Una sentencia que motivaba su ingreso en prisión, ya que la pena era superior a los dos años. La denuncia contra el rapero fue interpuesta por Jorge Campos, presidente del Círculo Balear, al que Valtonyc aludió en una de sus letras (“Jorge Campos merece una bomba de destrucción nuclear”). La defensa del rapero ya ha anunciado que recurrirán al Tribunal Constitucional este fallo, y él mismo ha anunciado que en unos días se pronunciará sobre el tema.

“Quiero transmitir a los españoles un mensaje de esperanza, ETA es una gran nación”; “Que no se alarme nadie la justicia es simple, pero está de vacaciones con Publio Cordon en el caribe”; “A ver si te enteras, como el caso Bárcenas, pierdo los papeles y en cuarteles grito GORA ETA” o “De Cospedal no reiría tanto en un zulo a cuarenta grados” son algunas de las composiciones que recoge la sentencia que confirma la condena. También las hay referidas a la familia real, como “Burgués, ni tu ni nadie me harán cambiar de opinión, cabrón, seguir el acto de fusilar al Borbón”.

Antes de su condena, el rapero balear aseguró que seguirá “diciendo que los Borbones son unos mafiosos”. Durante el juicio aseguró que solo es “un poeta” y “un artista” y que con sus canciones, prácticamente todas en catalán, quería provocar y no humillar a víctimas del terrorismo.

La consellera de Cultura de Baleares, Fanny Tur, ha respaldado a Valtonyc en Twitter al preguntarse por la situación del expresident Jaume Matas, condenado en varias causas por corrupción y que ahora se encuentra en libertad.

Tur pertenece a MÉS per Mallorca, que como hizo en el pasado ha apoyado al condenado al asegurar que la sentencia es “injusta y un ataque a la libertad de expresión”. El pasado año, este partido calificó la situación de “injusta y desproporcionada de unos hechos que nunca deberían haberse juzgado, a raíz de la denuncia de un verdadero ultra como es el Sr. Jorge Campos”.

Según el Supremo, las letras de Valtonyc “no son letras irrelevantes; no realizan una crítica política al jefe del Estado (...) sino que injurian, calumnian y amenazan de muerte al Rey o a miembros de la Familia Real”. Sobre Jorge Campos, el Alto Tribunal asegura que “no cabe discutir que el acusado, aunque dijera que no pretendía amenazar, no podía ignorar el contenido intimidatorio del texto de su canción”.

El rapero ya ha recibido apoyo de distintas fuerzas políticas. El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha lamentado la decisión del Supremo, mientras que varios senadores de ERC han mostrado en la cámara Alta carteles instando a su libertad.

La Insurgencia: a la cárcel por un día

El colectivo de raperos La Insurgencia fue condenado por enaltecimiento del terrorismo a dos años y un día. Una pena dictada por la Audiencia Nacional que, debido a ese día extra de condena, obligaba al ingreso en prisión de sus 12 integrantes a pesar de no tener antecedentes.

Shahid, uno de los condenados, ya lamentó en un vídeo publicado días después del fallo que iba a la cárcel “por mis canciones”.  “Un grupo va a entrar a la cárcel por hacer arte, por hacer crítica social en sus canciones, transmitiendo rabia, la impotencia de una generación que no tiene futuro”, destaca el miembro de La Insurgencia.

Según Shahid, su música es “reivindicativa”. Un estilo que aseguró que no ha elegido, sino que “nos han empujado a hacerlo”. “Claro que rapeamos con rabia, y tenemos rencor a los que nos han robado el futuro”, dice en la grabación. “En cualquier barrio obrero se está viendo la absoluta miseria, como las pensiones de los abuelos o los trabajos precarios”, afirmó. El pasado fin de semana, su madre también criticó el fallo judicial.

Las letras de este grupo hacen alusión a los GRAPO (“Sé cuál es mi bando, la de los oprimidos, los explotados, recordando como volaron fascistas con los G.R.A.P.O”). También mencionan a la familia real (“Manda cojones que los Borbones aún no hayan sido sometidos a explosiones”) o a la Policía (“Hacen falta sogas, hacen falta guillotinas para los cerdos dirigentes de la policía”) además de lanzar críticas al sistema judicial (“Juzgados llenos de antifas donde nunca verás fachas, jueces y fiscales del Franquismo disfrutan de las torturas”).

En las letras de La Insurgencia, según la Audiencia Nacional, “se constata inequívocamente, que el contenido de las canciones se orienta a exaltar a la organización terrorista GRAPO, a sus integrantes y a sus actividades de ese signo”. Además, instó a la retirada de Internet de los “contenidos referidos en los Hechos Probados”. Algo que no se ha llevado a cabo, ya que muchos de los vídeos con las canciones continúan en Youtube.

Esta sentencia contó con el voto particular de la magistrada Ángela Murillo, que consideró que los condenados querían “lograr notoriedad, reafirmando sus personalidades, en definitiva, llamar la atención que por otras vías no pueden conseguir”.

La madre de uno de los miembros del grupo musical La Insurgencia ha publicado este sábado un vídeo en Youtube denunciando que la Audiencia Nacional haya condenado a su hijo y al resto de miembros del grupo de rap por ensalzar “sistemáticamente” a los GRAPO en las letras de sus canciones.

“Mi hijo tendrá que dejar sus estudios, a su familia y a su novia, y enfrentarse a la vida en la cárcel con 21 años por el tremendo delito de cantar”, dice Elena sobre su hijo Saúl. Los doce miembros de La Insurgencia -Saúl entre ellos- fueron condenados a dos años y un día de prisión por “enaltecimiento al terrorismo” en las letras de sus canciones -consideradas como “discurso violento” en la sentencia- y por sus vídeos colgados en Youtube.

La madre de Saúl cuenta que su hijo es “un niño inteligente”, que “creció en el barrio con las luchas barrio” y que al que el divorcio de sus padres le afectó. “Fueron tiempos muy difíciles, pero yo nunca tiré la toalla porque sabía lo mucho de lo que era capaz”, relata.

Elena asegura que Saúl es un hombre “comprometido y trabajador”, que estudia Educación Social y “dispuesto a participar en cualquier iniciativa a favor de los más débiles”. “Ha cantado por la pobreza energética, ha acompañado a la gente que vive en la calle en Vigo y todo esto puede verse truncado en unos meses si tiene que entrar en prisión”, dice la madre del miembro de La Insurgencia.

“Doce vidas que quedaran truncadas por el tremendo delito de cantar. Mientras, los que nos roban con absoluta impunidad, siguen libres. Riéndose en nuestra cara. Los que secuestran niñas para explotarlas sexualmente hacen tratos con la Fiscalía y no pisan la cárcel. Pero ellos, mi hijo y sus once compañeros, entrarán en la cárcel por cantar”.

Es mucho más peligrosa para el Estado de derecho la condena a La Insurgencia que sus letras. Éstas no atentan más que contra el buen gusto, aquélla contra libertades fundamentales.

Han condenado a 2 años y un día de cárcel, inhabilitación para cargos públicos durante 9 años y una multa de 4800 euros, a 12 jóvenes raperos del colectivo La Insurgencia por letras en las que defienden a los GRAPO y la lucha armada. Podrían ir a prisión, si pierden el recurso, por unas simples letras de canción. Sí, eso son: simples versos de una canción, no un manifiesto terrorista, una carta de extorsión, un insulto a las víctimas del terrorismo o un plan para asesinar al rey.

Así lo entiende una de las juezas que ha votado en contra de la resolución porque piensa que las rimas, por más violentas que sean, no constituyen un delito. Son expresiones artísticas de furia antisistema, agresiva y amenazante, pero excepto estos magistrados, nadie se las toma al pie de la letra. Prueba de ello es que ni sus autores ni sus seguidores se dedican a poner bombas y pegar tiros. Los jueces que les condenan, sin embargo, sí que le han dado un tiro de gracia a la libertad de expresión. Por aclarar: esto es una metáfora, señorías.

También lo es la violencia que han condenado. Es ficticia, inofensiva, impostada. La suya, sin embargo, es real, implacable y dañina. En efecto, es mucho más peligrosa para el Estado de derecho la condena a La Insurgencia que sus letras. Éstas no atentan más que contra el buen gusto, aquélla contra derechos fundamentales. Se priva de la libertad más esencial a quien condena de palabra la explotación, mientras se deja impune al explotador. Por lo mismo, les escandaliza la subversión de un grupo minoritario, pero no el machismo atroz de la música masiva. La violencia no es la de los versos, es la de un Estado que impone la prisión por disentir y denunciar al sistema.

Porque de eso se trata, de reprimir y silenciar a cualquiera que incomode o señale al orden establecido, en el que se incluyen algunos magistrados que ejercen más como censores, a menudo al servicio de la moral reaccionaria y del autoritarismo del gobierno popular, que como defensores de nuestros derechos. Lo hemos visto con titiriteros, tuiteros y raperos. También con políticos de la oposición y humoristas de izquierdas. Con periodistas y medios críticos (podría contarles algo al respecto). Incluso con quien ondeaba la bandera democrática de la República (no así con quienes llevan la golpista y cantan el Cara al Sol). Terroristas todos.

Ahí están también, los acusados de Alsasua, más de un año en prisión preventiva porque se considera terrorismo un altercado y un conflicto vecinal con las fuerzas de seguridad. Ahora que ETA ha dejado de matar (y mucho antes el GRAPO), hay quien sigue utilizando el terror y a sus víctimas para el control social y la represión política. Desde que la banda armada no asesina, en la Audiencia Nacional los juicios por enaltecimiento y humillación se han disparado (perdón por la reiteración metafórica). Contra ETA, algunos viven mejor.

Y el resto, vivimos peor, porque una sociedad en la que se condena con la cárcel, la opinión y la creación, es más un sistema autoritario que una democracia. Ante eso, sólo cabe la insurgencia.

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“Tengo que ir a prisión por mis canciones dos años y un día”. Es la reflexión de Shahid, uno de los miembros de La Insurgencia, el grupo de rap condenado por la Audiencia Nacional a dos años y un día de cárcel por ensalzar “sistemáticamente” a los GRAPO en sus letras. Una pena de cárcel que ha sido muy comentada y que hasta ha sido criticada por la magistrada de la Audiencia Nacional Ángela Murillo, que negó el carácter delictivo de estos temas.

El rapero ha lanzado un vídeo en el que critica el contenido de la sentencia, que califica de “atropello bestial” que “no tiene precedentes”: “Un grupo va a entrar a la cárcel por hacer arte, por hacer crítica social en sus canciones, transmitiendo rabia, la impotencia de una generación que no tiene futuro”, destaca el miembro de La Insurgencia.

Según Shahid, su música es “reivindicativa”. Un estilo que asegura que no ha elegido, sino que “nos han empujado a hacerlo”. “Claro que rapeamos con rabia, y tenemos rencor a los que nos han robado el futuro”, dice en la grabación. “En cualquier barrio obrero se está viendo la absoluta miseria, como las pensiones de los abuelos o los trabajos precarios”, afirma.

El rapero también avisa de que él y sus compañeros saben “que no somos los primeros, ni seremos los últimos” en ser condenados por sus manifestaciones. Entre los ejemplos, señala las condenas por a varios tuiteros por sus mensajes en Twitter de distinto signo.

Shahid, además, hace un llamamiento a la difusión del caso de La Insurgencia y su condena, ya sea por redes sociales o carteles en conciertos. Y agradece el apoyo que asegura han recibido desde que les citaron hace ya más de un año tras ser acusados de enaltecimiento del terrorismo.

Aunque no tienen antecedentes penales, los 12 miembros del colectivo de rap pueden acabar en prisión por la decisión de la Audiencia Nacional de sumar un día a la pena de dos años. Una situación que podría cambiar si el Tribunal Supremo admite su recurso y rebaja la condena.

La condena por enaltecimiento del terrorismo a dos años y un día de prisión a doce miembros del colectivo musical La Insurgencia ha contado con el voto discrepante de una de las tres magistradas que conforman el tribunal. La jueza conservadora Ángela Murillo cree que los condenados son “críos” que pretendían con sus canciones, publicadas en Youtube, “llamar la atención”.

“Considero que en el ánimo de estas criaturas lo que subyace es lograr notoriedad, reafirmando sus personalidades, en definitiva, llamar la atención que por otras vías no pueden conseguir. Sus palabras y gestos infantiles en el plenario les delataron”, señala Murillo en su voto particular, de dos páginas.

Además de considerarles unos jóvenes inmaduros, la magistrada sostiene que son malos 'rapeando'. “En sus cánticos buscan la rima a toda costa, aunque sea construyendo a veces frases carentes del más mínimo sentido”, señala la magistrada de la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal.

Murillo, que se ha distinguido siempre por su vehemencia con los juzgados por terrorismo y su proximidad a las víctimas durante las vistas, plantea el debate de si se puede ensalzar a una organización que ya no existe. “Ensalzan a una organización terrorista inexistente por extinguida hace muchos años y alaban a los que fueron sus miembros activos -que sólo subsisten en el recuerdo de unos pocos- muertos con anterioridad al nacimiento de unos acusados en pañales, como ellos mismos dijeron”, asegura Ángela Murillo.

Aunque considera que las temáticas de las canciones de La Insurgencia, sus autores “mantienen una tónica abusiva para el orden constitucional democrático”, con ello no se puede aprecia “con claridad palmaria que reinara una intencionalidad dirigida a enaltecer o justificar acciones terroristas o a individuos pertenecientes a organizaciones de carácter terrorista”.

Las otras dos magistradas del tribunal, Teresa Palacios y Carmen Paloma González, han considerado, por contra, que el grupo de rap ensalza de forma “sistemática” a los Grapo y a sus miembros en las letras de las canciones que publicaban en Youtube, que contenían un “discurso violento”.

Los condenados no tienen antecedentes penales, pero podrían ingresar en prisión al ser la pena superior a los dos años de cárcel. La sentencia considera que el grupo difundía un “discurso violento” a través de internet y ensalzaba “de manera casi sistemática a la organización terrorista” de los Grapo, así como a sus integrantes.

La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide dos años de prisión a cada uno de los doce integrantes del colectivo de músicos de rap 'La Insurgencia' por las canciones que difunden a través de su cuenta de Youtube y que, según la ensalzan a organizaciones terroristas como los GRAPO, según fuentes fiscales.

El colectivo, que integra un décimo tercer miembro menor de edad, cuenta con 2.895 seguidores en esta plataforma en la que han incorporado canciones con letras contra “el abuso policial”, el sistema judicial o partidos políticos como el PP o Podemos, en concreto sobre el líder de este último, Pablo Iglesias, a quien califican de “gorrión traidor que está al lado de la burguesía”.

Además los doce raperos han mostrado su apoyo en las redes sociales a otros músicos como Valtonyc, el joven mallorquín condenado a tres años y medio de prisión por delitos de enaltecimiento del terrorismo e injurias graves contra la Corona o al también rapero Pablo Hásel condenado también a dos años de cárcel.

El Ministerio Público aprecia delito de enaltecimiento del terrorismo en las letras de estos músicos que ya fueron citados el pasado mes de noviembre en la Audiencia Nacional ante la magistrada Carmen Lamela, aunque se negaron a declarar.

Agentes de la Policía, en coordinación con la Comisaría General de Información, desarrollaron a finales del pasado año una operación a nivel nacional contra el colectivo 'Los insurgentes', según se hacen llamar, por producir y difundir canciones que, según afirmaron, hacen proselitismo de la violencia y ensalzan a organizaciones terroristas como los GRAPO.

“Nuevo caso de represión a artistas”

En concreto el operativo se desarrolló contra trece integrantes del grupo por delitos de enaltecimiento del terrorismo, asociación ilícita y contra las instituciones del Estado por, según informaron fuentes policiales, promover el odio y la violencia contra colectivos e ideologías que son afines a grupos radicales.

En un comunicado difundido por las redes sociales, denunciaron que se trataba de un proceso contra ellos “en un nuevo caso de represión a artistas” y que ponía de manifiesto que en España “no hay libertad de expresión si te opones a este régimen de opresión y terror”.

“Una vez más 13 músicos podrán entrar en prisión por hacer canciones denunciando precisamente las injusticias que se cometen en este país”, precisaron en su nota.