El PP ha elevado este viernes sobremanera los decibelios en la política vasca al deslizar, en el Parlamento Vasco, que las adjudicaciones a la empresa Acciona en Euskadi desde la sociedad ferroviaria autonómica ETS, dirigida por el PSE-EE, responden al mismo “patrón” que se investiga ahora en el marco de las causas abiertas por el Tribunal Supremo en torno al exdirigente socialista Santos Cerdán. “La familia Corleone. Son ustedes la mafia”, ha lanzado Santiago López Céspedes, que también ha señalado al PNV y a la empresa Altuna y Uria por tener como “apoderado” a Martín Ascacibar, excargo nacionalista que fue condenado en el caso de la planta de purines de Carranza.

Según lo expuesto por López Céspedes, que ha enfadado tanto a socialistas como a nacionalistas, Acciona y Altuna y Uria se llevan todas las adjudicaciones relevantes después de obtener menor puntuación en la parte objetiva de los concursos y ser primadas después en la subjetiva. Asimismo, ha asegurado que esos contratos tienen modificaciones y sobrecostes. Es un “patrón sistemático”, un “sistema clientelar en plena forma”, a juicio del parlamentario del PP, que se ha preguntado por las relaciones entre los socialistas y Acciona.

“Y no están solos. Están con el PNV [...]. Qué pequeña es Euskadi cuando se trata de negocios”, ha seguido López Céspedes, que ha ironizado que solamente falta Servinabar 2000 en la jugada, por la mercantil del empresario Antxon Alonso y en la que Cerdán tenía un 45% y señalada como presunta recaudadora de comisiones ilegales a cambio de los contratos a Acciona.

La consejera socialista Susana García Chueca, de cuya cartera cuelga ETS, ha arrancado con que “ninguna” adjudicación a Acciona es “irregular” y que “ninguna” de ellas está siendo objeto de investigación ni de la UCO de la Guardia Civil, ni de la Fiscalía ni de la autoridad judicial. Después, ha pedido al PP que sea consciente de la “irresponsabilidad” de la intervención, con insinuaciones “sin pruebas”. Ha seguido con la “honestidad” de las personas que componen las mesas de contratación, que operan con parámetros de “transparencia”, y ha señalado, igualmente, que las modificaciones están perfectamente justificadas. Nunca ha habido ningún informe negativo en esos contratos, ha agregado García Chueca.

Para el PSE-EE, el PP ha entrado “en una deriva muy preocupante” en Euskadi. García Chueca ha emplazado a los 'populares' vascos a no imitar a Isabel Díaz Ayuso y a Miguel Tellado, a no “degradar el ambiente político”. “La Comunidad de Madrid no es un buen ejemplo”, ha dicho la consejera, que ha recordado que ya en verano, con los primeros informes de la UCO sobre la trama de Cerdán tuvo otro encontronazo con López Céspedes. El portavoz del PNV, Joseba Díez Antxustegi, también ha explicado a los periodistas que lo sucedido “está muy alejado de lo que tiene que ser la política”.

La sección cuarta de la Audiencia Provincial de Bizkaia ha enmendado la plana a la juez mercantil de Bilbao, Olga Ahedo, tras una polémica sentencia en la que consideraba fortuito el concurso de acreedores de Karrantzako Minda, la sociedad promotora de una planta de purines en el vizcaíno Valle de Carranza y que se tragó 10,2 millones de euros en subvenciones públicas estatales, autonómicas y locales. El tribunal, compuesto por los magistrados Reyes Castresana, Lourdes Arranz y Edmundo Rodríguez, en una sentencia a la que ha accedido eldiarionorte.es y que será hecha pública a lo largo de este viernes, decreta la culpabilidad de la quiebra y condena a los promotores del proyecto, entre ellos el exalto cargo de Agricultura del Gobierno vasco por el PNV, Martín Ascacíbar, que impulsó políticamente la planta y luego participó en las sociedades que trabajaron en su puesta en marcha, y otros dos excargos nacionalistas en la localidad, José Luis Portillo y José Ignacio Muro. Ellos tres y otras tres personas deberán afrontar solidariamente la devolución de dos partidas de 485.724 euros y 1.772.279 euros, 2.258.003 euros en total.

La juez Ahedo, en primera instancia, no sólo no vio responsabilidad de los promotores en el dinero perdido, en este caso público en su mayoría, sino que criticó que la Administración había generado “expectativas” de inyectar más fondos y que su no llegada provocó la paralización de las obras. La Fiscalía, que había mantenido la acusación en el juicio celebrado, no sólo se aquietó a la sentencia que desestimaba su solicitud, sino que se opuso a los recursos.

Fueron fundamentalmente la administración concursal, representada por Leopoldo López, y el Gobierno central, por la abogada del Estado Macarena Olona, quienes mantuvieron la batalla jurídica para lograr una condena y la restitución de, al menos, parte del dinero público perdido. En sus recursos, insistieron en que no se había realizado una valoración correcta de las pruebas y destacaron cómo se compraron unos terrenos inadecuados primero o cómo después se buscó una alternativa en unas parcelas copropiedad de uno de los promotores. También cuestionaron el contrato de construcción de la planta, que acumuló adelantos y subcontrataciones.

La sentencia, en primer lugar, matiza que la retirada de la Fiscalía no supone que diese por bueno que las irregularidades no se produjeron, sino que acataba la resolución de primera instancia. Los acusados se agarraron a esta maniobra para negar la legitimación a la Abogacía del Estado, como organismo de la Administración, si bien siempre ha ido de la mano de los administradores concursales. 

El fallo, además, destaca la “culpa grave” de los acusados, que contribuyeron “a la generación y/o agravación de la insolvencia” de Karrantzako Minda. Por ello, quedan inhabilitados para administrar empresas durante dos años. Igualmente, aunque la Abogacía del Estado solicitaba el reembolso de los 10 millones perdidos, la Audiencia de Bizkaia hila fino y les reclama a los seis 485.724 euros, que deberán engrosar las arcas de Karrantzako Minda y repartirse entre los acreedores (la mayoría institucionales) y también 1.772.279 euros en caso de que Ade Biotec, la empresa contratada para la construcción y en la que Ascacíbar también estaba presente no haga frente a ese abono.

Cabe un nuevo recurso ante el Tribunal Supremo, una vía que podrían utilizar los condenados. El plazo es de veinte días. En paralelo, continúa abierta la investigación penal sobre la planta de purines de Carranza en un juzgado de Balmaseda. La Fiscalía aprecia indicios de apropiación indebida.

La juez de Balmaseda Patricia Navas, que desde hace unos meses lidera la investigación penal del fallido proyecto de construcción de una planta de purines en el valle de Carranza, ha solicitado un informe pericial para “comprobar la realidad física” de las obras que se llevaron a cabo en la localizad vizcaína, nunca terminadas pero en las que se perdieron 10 millones de euros en subvenciones públicas. Se trata de analizar si los trabajos ejecutados se adecúan “a los acuerdos y contratos” presentados por la sociedad que lideró el proyecto, Karrantzako Minda, y que solicitó fondos públicos para abonar esas facturas a las empresas constructoras.

La prueba pericial, que será clave para conocer el alcance de las irregularidades que se investigan, ha sido encomendada a la Dirección General de Organización e Inspección, un organismo dependiente del Ministerio de Fomento. La juez, en la providencia que justifica este encargo, recuerda que el Estado fue uno de los principales benefactores del proyecto, subvenciones derivadas de los acuerdos políticos del PNV con el Gobierno del socialista José Luis Rodríguez Zapatero y que también se concretaron en ayudas para otros proyectos empresariales fracasados e igualmente bajo la lupa judicial como Epsilon o Hiriko.

La investigación judicial en torno a las presuntas irregularidades en Karrantzako Minda la motivó una denuncia interpuesta por la coalición EH Bildu, que entre otros delitos aprecia malversación y apropiación indebida en los movimientos económicos derivados de la construcción de la planta de purines. Tras varios retrasos motivados por cuestiones de forma y de competencia, la juez Navas asumió la investigación y ya han pasado a declarar como imputados varios de los impulsores del proyecto. El principal responsable es Martín Ascacibar (PNV), exdirector en el Departamento de Agricultura del Gobierno vasco y delegado “exclusivo” del Ejecutivo para el proyecto. Ascacíbar, nada más abandonar el cargo en 2009, pasó a ser representante de Karrantzako Minda. Además, desde 2007 a 2009 simultaneó su puesto con un cargo interno en Ade Biotec, la empresa a la que Karrantzako Minda encomendó las obras de la infraestructura.

En realidad, la causa ha puesto de manifiesto que las obras que ahora se van a verificar no sólo sobre el papel sino “físicamente” se subcontrataron en varias ocasiones, lo que ha podido facilitar el desvío de fondos públicos, según fuentes judiciales. Si Karrantzako Minda confío las obras a Ade Biotec por 10 millones de euros, ésta a su vez las subcontrató a una UTE formada por una firma catalana y otra neerlandesa por 9 millones de euros. Una de las claves es determinar qué ocurrió con ese millón que aparentemente se quedó en el camino, así como conocer por qué la UTE, nuevamente, derivó los trabajos a otra empresa, a la local Construcciones Eder.

La investigación penal avanza a buen ritmo en el juzgado de Balmaseda. Esta misma semana continúan prestando declaración en el juzgado los imputados, que rondan ya la veintena y que incluyen también al exalcalde del municipio, José Luis Portillo (PNV). El último en sumarse a la lista y cuyo testimonio se espera para el viernes es el alto cargo del Gobierno vasco actual Alejandro López Cárcamo. La Comisión de Ética del Ejecutivo ya ha establecido que los miembros de la Administración citados en causas penales no han de dimitir excepto si la imputación conlleva la celebración de juicio y ha reiterado esta ‘jurisprudencia’ en relación a este colaborador de la consejera Arantxa Tapia.

En paralelo, el procedimiento mercantil abierto tras la quiebra de Karrantzako Minda continúa vivo. En primera instancia, la juez Olga Ahedo determinó que el concurso de acreedores no fue “culpable” y eximió a Ascacibar y al resto de promotores de la sociedad de la devolución de las deudas de los acreedores, principalmente las distintas instituciones. El Estado y la administración concursal, sin embargo, mantienen las espadas en alto y han recurrido ante la Audiencia de Bizkaia la polémica sentencia. La Fiscalía, en cambio, ha virado su criterio y no sólo no ha recurrido el fallo sino que se ha opuesto a las apelaciones y ha defendido la absolución de las mismas personas a las que acusó en el juicio celebrado en otoño.

La fiscal Ane Otegi ha virado su posicionamiento jurídico en la pieza mercantil en torno al fiasco de la planta de purines del valle de Carranza, que se tragó unos 10 millones de euros en ayudas públicas. De defender hace unos meses una condena para el grupo de promotores del proyecto como responsables de la quiebra de la sociedad Karrantzako Minda, encabezados por el excargo del Gobierno vasco Martín Ascacíbar, ha pasado a “oponerse” frontalmente a los recursos presentados tanto por el Estado como por la administración concursal contra la absolución decretada por la juez en primera instancia en una polémica sentencia.

La Fiscalía conformó con la abogada del Estado, Macarena Olona, con el administrador Leopoldo López y con el Ayuntamiento del municipio un frente común en el que se solicitaba la “culpabilidad” de los impulsores del proyecto de Karrantzako Minda, que en la vía mercantil se traducía en la devolución del dinero adeudado a los acreedores, principalmente las distintas Administraciones. Tras la absolución de los encausados, el Estado decidió mantener la batalla jurídica como también la administración concursal, mientras el Ayuntamiento se inhibió por falta de recursos económicos.

El Gobierno vasco y la Diputación de Bizkaia, igualmente personadas en la causa, optaron por quedarse de perfil y dar por buena la sentencia, pero la fiscal Otegi ha dado un paso más y ha manifestado su “oposición” a los recursos. Argumenta, en un escrito al que ha tenido acceso eldiarionorte.es, que el fallo en primera instancia de la magistrada Olga Ahedo incluye una “correcta valoración” de los hechos dados a conocer en el juicio. “Se considera que la juzgadora ha verificado una correcta valoración de la prueba al corresponderse con la practicada en la instancia, que aprecia de manera conjunta, constando suficientemente expresada en la resolución sin que resulte arbitraria, incongruente o infundada”, señala la fiscal.

Este periódico ha tratado sin éxito de contactar con la Fiscalía de Bizkaia para conocer con más detalles este cambio jurídico. Otras partes personadas en el procedimiento sí han manifestado su contrariedad por este escrito.

En paralelo a la pieza mercantil, el caso de los purines se ventila también en la vía penal. Ya han declarado como investigados Ascacíbar y otros imputados y la próxima semana continuarán las comparecencias, entre ellos Alejandro López Cárcamo, actualmente director de Industria en el Gobierno vasco.

El administrador concursal de Karrantzako Minda recurre la sentencia absolutoria en el fiasco de la planta de purines, que se tragó 10 millones en ayudas públicas

Remarca la "ausencia de rigor empresarial" y que el exdirector de Agricultura impulsara políticamente el proyecto mientras tenía intereses en las empresas que lo desarrollaban

Leopoldo López, el administrador concursal de Karrantzako Minda, la entidad que gestionó la fallida planta de purines del valle de Carranza, se ha sumado al Estado y ha presentado un recurso contra la sentencia del juzgado mercantil de Bilbao que absolvía al exdirector del Departamento de Agricultura, Martín Ascacibar (PNV), y al resto de acusados y que no les obligaba a la devolución del dinero que han perdido los acreedores, principalmente las instituciones que invirtieron en este proyecto que se ha tragado unos 10 millones de euros de dinero público. Según el administrador concursal, muy crítico en sus alegaciones con la polémica sentencia absolutoria que dictó la juez Olga Ahedo, la “ausencia de rigor empresarial” en la puesta en marcha de la infraestructura es palpable y, además, quien fuera impulsor político del plan, Ascacibar, “confundió su actuación administrativa de tutela y supervisión de un proyecto empresarial para dar solución al problema de los purines con una implicación personal absoluta en el proyecto”.

Ascacibar es el personaje central en este caso. El alto cargo del PNV no sólo fue el impulsor de las ayudas públicas salidas desde el Gobierno autonómico hacia Karrantzako Minda, sino que era el representante “exclusivo” del Ejecutivo en la comisión de seguimiento de ese proyecto que nunca se ha llegado a completar. Ascacibar salió del Ejecutivo en julio de 2009, cuando el PSE-EE relevó al PNV en Ajuria Enea, y apenas once días después del cese pasó a ser representante de la sociedad Karrantzako Minda, la misma a la que le había concedido ayudas. Se da la circunstancia de que, desde 2007, asimismo, había participado también en la sociedad Ade Biotec, elegida por Karrantzako Minda para construir la infraestructura.

“Ascacibar fue quien ideó el proyecto, quien decidió que Ade Biotec acometiera el proyecto, [quien decidió] cuáles eran los terrenos en los que debía instalarse la planta y quien decía a Karrantzako Minda cuáles eran las ayudas que tenían que solicitar y que él mismo aprobaba solicitando, incluso, el cambio de concepto en las facturas para que tuviesen encaje en la subvención”, se puede leer en el recurso presentado por el administrador concursal. La apelación recuerda que Ascacíbar formaba parte de la dirección de Ade Biotec “a título personal”, no por razón de su cargo en el Ejecutivo.

En este sentido, incide en que Ade Biotec recibió “pagos anticipados” antes de que se iniciaran las obras de construcción de una planta aún hoy inacabada. Ya “el primer día” ingresó 1,7 millones. En total, obtuvo 5,1 millones “con cuyo importe habrá podido sanear las maltrechas arcas que tenía cuando se hizo cargo del proyecto, todo ello sin contar con las cantidades que se le pagaron por dar formación a unos empleados que no existían”. En conclusión, se produjeron “desviaciones sustanciales del proyecto” que inflaron su coste.

Asimismo, la administración concursal entiende como un indicio de culpabilidad que se eligieran unos terrenos muy concretos para levantar la instalación que luego tuvieron que ser reemplazados por otros por su falta de idoneidad. “Cabe preguntarse en voz alta si alguna persona con un grado intelectual medio compraría un solar para edificarse una casa sin conocer previamente si en dicho solar se puede edificar o no”, ironiza el escrito de Leopoldo López, que recuerda que este problema acarreó también un “mayor coste” debido a la necesidad de comprar una nueva parcela.

La sentencia absolutoria argumentaba que los impulsores de Karrantzako Minda no fueron culpables de la quiebra porque había unas expectativas razonables de que el Gobierno vasco mantuviera sus ayudas públicas y que la insolvencia se produjo cuando el Ejecutivo, tras la llegada del PSE-EE en sustitución del PNV, cerró el grifo de las subvenciones. La administración concursal, muy al contrario, reseña que es precisamente ésa la prueba de la “ausencia de rigor empresarial”, ya que en cuanto desapareció la financiación pública el proyecto cayó cual castillo de naipes. Es más, remarca que el Gobierno no sólo no liberó más fondos sino que “al no cumplirse los hitos de las concesiones” anteriores “obligó” al reintegro del dinero ya entregado, extremo que no se produjo. El recurso se apoya en la declaración como testigo del viceconsejero de Agricultura con los socialistas, Jon Azkue, actualmente titular de Trabajo en el Gobierno de coalición de PNV y PSE-EE, y que denunció el descontrol existente en Karrantzako Minda.

El administrador concursal insiste, asimismo, en que además de Ascacibar han de ser condenados el resto de consejeros de Karrantzako Minda por mucho que algunos declararan en el juicio que eran “los tontos del pueblo”. “La falta de preparación, la ignorancia o la temeridad al asumir puestos de administración y gestión de empresas tiene su correlativa consecuencia. Si se prestaban a ser utilizados como hombres de paja, que es lo que en definitiva afirman todos ellos, deben asumir las consecuencias de sus actos sin que ese papel les exima de responsabilidad frente a terceros”, afirma Leopoldo López.

El recurso de la administración concursal se une al de la abogada del Estado, Macarena Olona, que mantiene viva la pugna para recuperar los 4 millones que aportó el Ministerio de Ciencia a la planta de purines. El Gobierno vasco, la Diputación de Bizkaia y la Fiscalía, por el contrario, han dado por bueno el fallo y no han presentado alegaciones. Está por ver, en todo caso, si en los próximos días se oponen a los recursos sí presentados. El Ayuntamiento de Carranza, finalmente, expresó su deseo de mantener la batalla jurídica aunque económicamente no le ha sido posible debido al elevado coste del proceso.

En paralelo, el fiasco de la planta de los purines se ventila también en la vía penal, en la que varios impulsores del proyecto, incluido Ascacibar, han sido citados a declarar ya en calidad de investigados. Ascacibar calificó de “normal” que el proyecto recibiera subvenciones públicas aun cuando algunas solicitudes fueran presentadas en blanco.

Un imputado revela en el juzgado que investiga la pérdida de 10 millones en ayudas públicas que Construcciones Eder fue contratada por una UTE a la que Ade Biotec, la empresa elegida para la construcción, derivó el proyecto

Las polémicas en torno al tratamiento de los purines se suceden en Navarra, Cataluña o Murcia. En Bizkaia la investigación penal por la pérdida de 10 millones de euros públicos en la fallida planta del valle de Carranza también avanza con la toma de declaración a los once imputados y con la vista puesta en las sucesivas subcontrataciones que se produjeron.

Si la semana pasada pasó por el juzgado de Balmaseda el cerebro político de la operación, el exdirector de Agricultura Martín Ascacibar (PNV), este martes lo han hecho dos responsables de la empresa Ade Biotec, en la que también tenía interés el político y que fue la compañía seleccionada inicialmente por la sociedad promotora del plan y que recibió las subvenciones, Karrantzako Minda, para liderar la construcción de la infraestructura.

En la sala de la juez instructora, Patricia Navas, han comparecido Xabier Agiriano y Alfredo González Urigoitia, si bien se han acogido a su derecho de no contestar a algunas preguntas y sólo han atendido a las formuladas por sus letrados. Significativamente, la pasada semana Ascacibar atendió también a la magistrada, circunstancia que aprovechó su señoría para hacer suyas algunas cuestiones de las acusaciones (Estado y Ayuntamiento se han mostrado beligerantes) a las que el imputado no había querido contestar.

La sesión judicial ha durado, por este motivo, menos de lo previsto, aunque también por la suspensión de dos declaraciones (que se harán por videoconferencia) y por la no personación de otro imputado, Mikel Aingeru Ibarrondo, que no ha llegado a recoger la citación judicial y que ahora tendrá que ser localizado por la Ertzaintza. Según publicó en su día 'El Mundo', esta misma persona ya tuvo que ser buscada en el monte Igeldo de cara a su personación en el juicio mercantil que ya se celebró sin éxito para las acusaciones, las instituciones que solicitaban la recuperación del dinero.

Los acusados, precisamente, se han remitido frecuentemente en su declaración a la sentencia favorable en lo mercantil para tratar de defender su inocencia en vía penal. No obstante, ambas jurisdicciones son independientes y se valoran distintos elementos de prueba, según recuerdas expertos judiciales.

Según fuentes conocedoras de la investigación, uno de los puntos más llamativos de las comparecencias de este martes ha sido cuando los gestores de Ade Biotec han explicado el entramado mercantil detrás de la construcción de la planta de purines. El proyecto de 10 millones de euros impulsado por las instituciones (estatal, autonómica, foral y local) a través de la entidad Karrantzako Minda fue encomendado a Ade Biotec a una UTE conformada por una compañía catalana (Ahidra) y otra neerlandesa (Colsen) por 9 millones de euros. Uno de los puntos que trata de despejar esta investigación es precisamente qué ocurrió con ese millón de euros que se quedó en el camino. Sin embargo, González Urigoitia ha revelado que realmente esta UTE también subcontrató los trabajos, en este caso a una compañía vizcaína ahora quebrada llamada Construcciones Eder.

Se da la circunstancia de que las primeras ayudas públicas que Ascacibar, como promotor gubernamental del proyecto, liberó para Karrantzako Minda se hicieron a pesar de las solicitudes presentadas en blanco. La pasada semana, en el juzgado, el principal imputado vio como “normal” ese procedimiento y subrayó que la Administración revisaba después los fondos conseguidos.

A diferencia de la Fiscalía, recurre la sentencia exculpatoria en la vía mercantil y recuerda que la iniciativa se convirtió en un "negocio" para "lucro personal" de sus promotores

El Ayuntamiento de Carranza se queda fuera del proceso al no poder asumir las costas del proceso, de hasta 2 millones de euros, la mitad de su presupuesto anual, aunque mantiene las espadas en alto en la vía penal

El Estado mantiene la batalla jurídica para recuperar en la vía mercantil los 4 millones de euros que perdió en el fallido proyecto de construcción de una planta de purines en el valle de Carranza, en Bizkaia, que en total se tragó 10 millones de euros en ayudas públicas. La Abogacía del Estado, a diferencia de las otras instituciones implicadas y de la Fiscalía, sí ha decidido recurrir la sentencia emitida hace unas semanas por la juez de Bilbao Olga Ahedo que calificaba de “fortuita” la quiebra de la sociedad mercantil detrás del proyecto, Karrantzako Minda, por lo que exoneraba a sus responsables a devolver a los acreedores, principalmente las distintas Administraciones, el dinero invertido en este fiasco empresarial.

La magistrada, en su extenso y contundente escrito, desechó una por una las exigencias de culpabilidad formuladas por la administración concursal y por la Fiscalía. En el caso de la Abogacía del Estado, aquella sentencia ni siquiera se detenía en sus argumentos a pesar de que la letrada Macarena Olona había presentado un escrito de alegaciones de varios centenares de folios como uno de los principales acreedores.

Según la juez, no era posible apreciar mala fe de los promotores de Karrantzako Minda porque el Gobierno vasco del PSE-EE “creó la expectativa de poder ofrecer solución a la cuestión” cuando en 2010 el proyecto amenazaba con encallar a pesar de las reiteradas inyecciones de dinero público recibidas años atrás merced al impulso del PNV. La juez da la razón a los acusados cuando alegaron que “no quedó más remedio que paralizar el proyecto” cuando las instituciones cerraron el grifo de las ayudas públicas. En resumen, la juez no sólo no censuró que Karrantzako Minda se empleara exclusivamente para canalizar subvenciones (la inversión privada fue mínima) sino que considera tan responsable a la Administración como a los gestores por no seguir confiando en el proyecto con más fondos.

El principal instigador institucional de la infraestructura fue Martín Ascacíbar, director en el Departamento de Agricultura, quien en paralelo ha sido imputado por estos mismos hechos en vía penal. La oficina de Ascacíbar libró las primeras ayudas a Karrantzako Minda (algunas solicitadas con formularios en blanco) y él era el representante “exclusivo” de la Administración en el seguimiento del proyecto. Cesó en el Gobierno en julio de 2009, con la llegada del PSE-EE, y a los once días ya era representante de Karrantzako Minda. Asimismo, desde 2007, también era partícipe de la sociedad Ade Biotec, encargada por Karrantzako Minda para construir la planta.

Según el recurso de la Abogacía del Estado ante la Audiencia Provincial, “el problema medioambiental” en el valle con los purines de las explotaciones ganaderas “quedó eclipsado” cuando el proyecto se convirtió en “una clara oportunidad de negocio”. La apelación señala abiertamente a Ascacíbar y añade que el plan sólo sirvió “para el lucro personal de quienes han dominado de hecho la gestión” de Karrantzako Minda.

En este sentido, el Estado aprecia “ausencia del más mínimo rigor empresarial en la toma de decisiones de especial trascendencia para la ejecución del proyecto”, “desviaciones sustanciales del proyecto inicialmente previsto” y la “interposición de sociedades instrumentales y vinculados que ha operado un sustancial incremento de los costes” y reclama que se revise de arriba abajo la sentencia absolutoria. Como ejemplo de algunas de las incongruencias del fallo original cita que la juez dijo que no era extraño que muchos de los dueños de los terrenos afectados tuvieran relación entre sí porque Carranza era un municipio “pequeño”, cuando la realidad es que es la más extensa de toda Bizkaia (el triple que Bilbao).

El recurso, formalizado esta semana, no viene acompañado de ninguna otra apelación. La Fiscalía ha decidido no continuar la batalla judicial. Tampoco lo hace el Ayuntamiento de Carranza, muy beligerante con lo ocurrido en su municipio. En su caso, fuentes judiciales aseguran que se trata más de un problema económico: en los procesos mercantiles las costas se calculan en base al volumen del dinero reclamado y aquí podrían rondar los 2 millones, la mitad del presupuesto anual del pueblo. Sus letrados, en cambio, sí mantienen las espadas en alto en la vía penal.

Sin el eco de otros casos de corrupción a lo largo y ancho de España, la juez de Balmaseda Patricia Navas ha tomado declaración este miércoles al exdirector del Departamento de Agricultura del Gobierno vasco durante la etapa de Juan José Ibarretxe, Martín Ascacíbar (PNV), imputado por el fiasco en la construcción de la planta de purines del Valle de Carranza, un proyecto que se tragó 10 millones en ayudas públicas. Ascacibar, según fuentes judiciales, ha calificado de “normal” que desde su oficina salieran subvenciones para el proyecto después de que los formularios de solicitud se entregaran en blanco, uno de los puntos clave de la investigación.

Ascacibar simultaneó su cargo en el Ejecutivo, en el que hasta 2009 era responsable “exclusivo” del seguimiento del proyecto para el tratamiento de los purines, con su presencia desde 2007 en la sociedad Ade Biotec, encargada de la construcción de la planta. Además, a los pocos días de abandonar el Ejecutivo pasó a liderar como consejero delegado Karrantzako Minda, la entidad del municipio que impulsaba el proyecto. 

El excargo del Gobierno vasco, imputado por “apropiación indebida, falsificación de documentos públicos y malversación” junto a otras diez personas implicadas en el proyecto de Carranza, ha prestado declaración durante menos de una hora ante la sala de la juez Navas. Otros dos investigados citados también este miércoles se han acogido a su derecho a a no declarar. 

No ha sido el caso de Ascacibar, representado por el prestigioso letrado Joanes Labayen, de Cuatrecasas. El imputado ha atendido a todas las preguntas de su letrado, pero no a las de las acusaciones (Fiscalía, Gobierno vasco, Ayuntamiento y Abogacía del Estado, ya que la Diputación de Bizkaia no ha asistido). Sí ha respondido a las cuestiones de la juez, que ha aprovechado para hacer suyas algunas de las cuestiones que han quedado en el tintero por parte de los letrados de las partes, aunque en estos casos ha optado por el silencio siguiendo el consejo de Labayen. Una de esas cuestiones que han quedado en el aire giraba en torno a los beneficios que obtuvo la constructora Viuda de Sainz con esta operación en la que las distintas Administraciones se dejaron 10 millones de euros sin que la planta haya entrado en funcionamiento. 

Lo que sí ha comentado Ascacibar es lo relativo a las ayudas que recibió el proyecto de Karrantzako Minda a pesar de que inicialmente entregara al Gobierno formularios en blanco. Según las fuentes consultadas, ha manifestado que ese tipo de procedimientos era “normal” cuando se trataba de proyectos nuevos de base tecnológica. El exdirector ha indicado que la concesión de subvenciones incluye procesos de revisión 'a posteriori' que permiten ajustar las liquidaciones en caso de problemas.

La investigación penal por las irregularidades en la planta de purines continuará en los próximos días con las declaraciones del resto de los imputados. También se han solicitado pruebas periciales y documentales para acotar las posibles responsabilidades en este fiasco que coincidió en el tiempo con otros que también han acabado judicializados como Hiriko o Epsilon y que igualmente fueron impulsados por el PNV. En paralelo, el asunto se sustanció en vía mercantil y la juez de Bilbao Olga Ahedo entendió que los implicados no fueron responsables de la quiebra y de que los acreedores, en este caso instituciones públicas, no hayan podido recuperar su inversión.

La dura sentencia que da carpetazo a la vía mercantil en el fracaso de la planta de purines de Carranza desestima una a una las alegaciones de la Fiscalía y ni siquiera atiende las de la Abogacía del Estado: no hubo negligencia de Ascacíbar y el resto de los acusados

La juez Olga Ahedo ha redactado la primera sentencia judicial en torno al controvertido proyecto de construcción de una planta de tratamiento de purines en el valle de Carranza (Bizkaia), una idea que ha generado pérdidas próximas a los 10 millones de euros para las distintas administraciones públicas que invirtieron (locales, autonómica y estatal). La magistrada, en un extenso y contundente escrito, rechaza que los promotores detrás de Karrantzako Minda, la sociedad que impulsó la instalación, tengan que afrontar la devolución de cantidades que podrían haber llegado a duplicar esos 10 millones en el peor de los escenarios.

Ahedo, en la resolución judicial, rechaza una por una las argumentaciones de la administración concursal –que ha recibido con profundo malestar el fallo, que incluso le obliga a pagar las costas de todo el proceso- y de la Fiscalía. Y omite dar respuesta a un escrito de alegaciones de la Abogacía del Estado de varios centenares de folios destinados a recuperar los 4 millones de euros que invirtió (y perdió) el extinto Ministerio de Ciencia que también contribuyó generosamente al desarrollo de otros fiascos con label vasco como Epsilon e Hiriko, dos sueños rotos del automovilismo que se llevaron por delante 50 millones de euros públicos.

La juez sostiene que no se puede apreciar mala fe de los promotores de Karrantzako Minda porque el Gobierno vasco (del PSE-EE) “creó la expectativa de poder ofrecer solución a la cuestión” cuando en 2010 el proyecto amenazaba con encallar a pesar de las reiteradas inyecciones de dinero público recibidas. “La prueba practicada demuestra que el Gobierno vasco advierte incertidumbres que en un momento inicial, y tal y como se le plantean, no le parecen bastantes para detener el proyecto, por ello solicita hasta tres informes, no pudiéndose calificar de negligente y grave esperar una respuesta de la Administración cuando de ello puede depender la viabilidad de un proyecto que no sólo se valora como necesario por todas las instituciones sino que ha generado ya una importante inversión, sin olvidar que fue además esa Administración la que lo impulsó, pudiéndose presumir su preocupación por que el mismo salga adelante”, ha escrito la magistrada.

La juez da la razón a los acusados cuando alegaron que “no quedó más remedio que paralizar el proyecto” cuando las instituciones cerraron el grifo de las ayudas públicas. En resumen, la juez no sólo no censura que Karrantzako Minda se empleara exclusivamente para canalizar subvenciones públicas (la inversión privada fue mínima) sino que considera tan responsable a la Administración por no seguir confiando en el proyecto como a los gestores mercantiles que no supieron evitar el concurso de acreedores.

Es ahí donde se introduce el componente político de este caso. El principal instigador institucional de la infraestructura fue Martín Ascacíbar, el que fuera director del Departamento de Agricultura del Ejecutivo autonómico del PNV y al que en la sentencia se hace referencia en varias ocasiones como “Martín” a secas. La oficina de Ascacíbar libró las primeras ayudas a Karrantzako Minda (algunas solicitadas con formularios en blanco) y fue él el representante “exclusivo” de la comisión de seguimiento del proyecto. Cesó en el Gobierno en julio de 2009, con la llegada del PSE-EE, y a los once días ya era representante de Karrantzako Minda. Desde dos años antes, desde 2007, también era partícipe de la sociedad Ade Biotec, encargada por Karrantzako Minda para construir la planta.

El PSE-EE, con Pilar Unzalu como consejera de Agricultura, decidió detener otro pago de 3 millones prometido por el Gobierno anterior al interpretar que había que buscar una “solución desde cero” a un proyecto que entonces llevaba gastados ya 10 millones y apenas estaba ejecutado en un “20 ó 30%”. La magistrada, en cambio, se apoya en la declaración como testigo del ‘número dos’ de Unzalu, Jon Azkue, actual responsable de Trabajo del Ejecutivo, que dijo en el juicio mercantil que “todo lo que hacía el Gobierno era para solucionarlo”. “Sí existió un propósito de solución y este propósito, y no otro, se trasladaría a los administradores de Karrantzako Minda”, incide la juez Ahedo.

Desviaciones justificadas

La magistrada dedica otro largo apartado de la sentencia a analizar las desviaciones presupuestarias del proyecto de Carranza. La juez se apoya en el testimonio del experto Andrés Legarreta, que dijo en el juicio que una desviación “es lo de menos siempre y cuando puedan estar justificada sobre el proyecto inicial”. La sentencia da por probado que hay elementos suficientes para dar por buenas las modificaciones en el precio final de la obra respecto a la previsión inicial de 12,8 millones.

Por ejemplo, se cita que la planta cambió de ubicación por problemas en la parcela inicial, con el consiguiente efecto económico. Sobre ese traslado, por cierto, Ahedo también habla de un hecho fortuito y no de una negligencia de los promotores al no preverlo. Es más, desecha que sea un problema que el nuevo terreno fuese de uno de los miembros de Karrantzako Minda: “Se ha sugerido que uno de los terrenos comprados era de uno de los ganaderos que finalmente formaría parte del consejo de administración de Karrantzako Minda y así es. [Pero] Esta cuestión por sí sola es irrelevante una vez verificada la idoneidad de los terrenos por su concreta ubicación y no constando que el precio no se ajustara a las condiciones de mercado, lo que ni siquiera se ha alegado. Parece difícil, por otra parte, que los terrenos no fueran de un familiar, vecino, amigo o conocido de Karrantza: hablamos de una localidad pequeña y ganadera donde el terreno es fuente de ingresos en cuanto que sirve de pasto para el ganado”.

Finalmente, las acusaciones también denunciaron que Karrantzako Minda hiciera “pagos anticipados” a Ade Biotec, es decir, que la constructora cobrara por trabajos que no había realizada. “Un pago anticipado al inicio del contrato es práctica habitual”, subraya la magistrada. En la vía penal, en marcha en un juzgado de Balmaseda, la Fiscalía aprecia que esto puede traducirse en un delito de apropiación indebida.

Ya hay una primera sentencia por el fiasco de la construcción de una planta de tratamiento de purines en el valle de Carranza, en Bizkaia, una iniciativa que se tragó alrededor de 10 millones de euros en ayudas públicas de distintas instituciones. La juez Olga Ahedo ha declarado “no culpable” el concurso de acreedores de Karrantzako Minda al entender que sus promotores no agravaron la situación de quiebra de la sociedad. Así las cosas, los acusados no tendrán que devolver dinero a los acreedores (se solicitaban hasta 20 millones de euros), principalmente instituciones públicas.

El juzgado de lo mercantil número 2 de Bilbao celebró en octubre el juicio por la quiebra de Karrantzako Minda, la matriz del proyecto y receptora de las millonarias subvenciones públicas. La sentencia llega casi medio año después, pero la espera se ha traducido en un documento largo y con fundamentos jurídicos muy detallados. Y con una conclusión clara: no hay culpabilidad para los acusados, extremo que ha decepcionado a algunas partes que reclamaban la recuperación del dinero público invertido y que ahora anuncian un recursos. El fallo, además, condena en costas al administrador concursal.

Un caso con Ascacibar como personaje central

El personaje central de este caso es Martín Ascacibar, exdirector del Departamento de Agricultura con el PNV con Gonzalo Sáez de Samaniego como consejero y Juan José Ibarretxe como lehendakari. El alto cargo del PNV no sólo fue el impulsor de las ayudas públicas salidas desde el Gobierno hacia Karrantzako Minda, sino que era el representante “exclusivo” del Ejecutivo en la comisión de seguimiento de ese proyecto que nunca se ha llegado a completar.

Ascacibar salió del Gobierno en julio de 2009, cuando el PSE-EE relevó al PNV en Ajuria Enea. Apenas once días después del cese, Ascacibar pasó a ser representante de la sociedad Karrantzako Minda, la misma a la que le había concedido ayudas. Se da la circunstancia de que, desde 2007, había participado también en la sociedad Ade Biotec. Karrantzako Minda contrató a Ade Biotec para construir la planta de purines.

En cuanto a las ayudas públicas recibidas, en el juicio quedó patente que algunas solicitudes de Karrantzako Minda fueron en blanco, pese a lo cual el Ejecutivo visó los pagos. Además, se adjuntaron certificaciones de supuestas obras realizadas por Ade Biotec que no consta que se realizaran.

En paralelo a este proceso mercantil, el fiasco de la planta de purines de Carranza se ventila también en la vía penal fruto de una denuncia de EH Bildu apoyada también por la Fiscalía de Bizkaia. Precisamente este mes de marzo la investigación penal ha adquirido un nuevo impulso luego de la decisión de la juez de Balmaseda, Patricia Navas, de imputar a once personas por “apropiación indebida, falsificación de documentos públicos y malversación”. Entre ellos se hallan el propio Ascacibar y exalcalde de Carranza, José Luis Portillo, también del PNV.

Otro caso similar fue el del proyecto automovilístico Epsilon, también impulsado por el PNV y financiado por el Estado. En ese caso la jurisdicción mercantil vio “culpable” a su promotor, Joan Villadelprat, y le obligó a la devolución de 900.000 euros. En vía penal, sin embargo, esos mismos hechos quedaron sin condena.

Un “conflicto de intereses” ha forzado al Gobierno vasco a personarse como “perjudicado” en la investigación penal abierta por un juzgado de Balmaseda (Bizkaia) en torno al fallido proyecto de construcción de una planta de purines en el valle de Carranza, que se ha tragado del orden de 10 millones de euros en ayudas públicas, 3,2 de ellos procedentes de la propia Administración autonómica. Los servicios jurídicos del Ejecutivo ejercían hasta hace unas semanas la defensa del funcionario Valentín Terés pero, tras haber sido imputado formalmente por la presunta falsificación de los documentos oficiales que posibilitaron que la planta de purines lograra esas subvenciones públicas, los letrados del Gobierno han pasado a ser parte acusadora, aunque eso no presupone que vayan a reclamar formalmente responsabilidades penales como sí hacen muy activamente la Fiscalía, el Ayuntamiento de Carranza y la Abogacía del Estado. ¿Qué papel jugará?

La causa abierta en un juzgado de Balmaseda en torno a la fallida planta de tratamiento de purines, que ha tomado impulso con la imputación de once personas, tiene su origen en una querella de EH Bildu, a la que luego se le unió una denuncia de la Fiscalía de Bizkaia cuando la dirigía la actual fiscal superior, Carmen Adán. El proyecto, que se gestó en 2003, recibió cuantiosas subvenciones públicas con una inversión privada mínima (3.000 euros) y ha puesto en tela de juicio el papel de exdirector del Departamento de Agricultura, Martín Ascacibar (PNV).

Fue la oficina de Ascacibar la que libró las subvenciones autonómicas a Karrantzako Minda, la entidad que gestionaba el proyecto. Además, este alto cargo era el representante “exclusivo” del Ejecutivo en la comisión de seguimiento del proyecto. Se da la circunstancia de que Ascacibar se convirtió en el portavoz de Karrantzako Minda a los pocos días de abandonar su puesto en el Gobierno (eso fue en 2009) y que desde dos años antes (2007) era partícipe de Ade Biotec, la sociedad mercantil a la que había encomendado Karrantzako Minda la construcción de la planta y que cobró por servicios no prestados.

La planta de purines obtuvo también financiación del Gobierno central, entonces en manos de José Luis Rodríguez Zapatero. Las ayudas estatales llegaron en el marco de los acuerdos del PSOE y el PNV que permitieron impulsar también los proyectos automovilísticos Epsilon e Hiriko, ambos igualmente fracasados y bajo la lupa de los tribunales.

Según ha puesto de manifiesto la investigación y auditoría del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas, Karrantzako Minda obtuvo fondos autonómicos con solicitudes en blanco o con justificaciones de obras que no se habían realizado. La juez instructora, Patricia Navas, imputó como cooperador necesario de estas irregularidades a un funcionario de la oficina de Ascacibar, Valentín Terés.

Por norma, los servicios jurídicos autonómicos defienden a los funcionarios imputados por razón de su cargo. No obstante, la acusación directa de que pudo contribuir a desviar fondos públicos ha puesto al Ejecutivo en un “conflicto de intereses”. Así las cosas, la letrada gubernamental solicitó a la juez pasar de defensa a acusación en calidad de “perjudicado”.

Para ello, el Gobierno vasco ha adjuntado dos informes en los que cifra en 3,2 millones de euros el dinero aparentemente perdido en Karrantzako Minda. Son, sin embargo, documentos elaborados hace años, cuando el Ejecutivo de Patxi López detectó las irregularidades. Concretamente, son informes de 2011 firmados por Amaia Barrena, sustituta de Ascacibar en el cargo y ahora testigo en la investigación. Indican que Karrantzako Minda adeuda a las arcas autonómicas 750.000 euros por unas ayudas del programa Ikerketa de 2006 y otros 800.000 de la convocatoria de 2008, así como 1,7 millones de otra línea de subvenciones.

Fuentes del Gobierno explican que esta personación y estos informes no prejuzgan su papel como acusación en el proceso ya que “no está claro” a estas alturas de la investigación ni el papel del funcionario ni el del propio Ejecutivo. El paso de actuar como “perjudicado” se realiza “por si acaso” para preservar el interés general en caso de que la juez dé credibilidad a las irregularidades. Estas fuentes insisten en que los letrados actuarán en todo momento “siguiendo criterios técnicos y jurídicos fundamentados”.

En este sentido, los servicios jurídicos de Lakua han actuado de manera similar en otros dos casos vinculados a irregularidades económicas y corrupción. En el ‘caso De Miguel’, el mayor sumario de corrupción política en Euskadi y que incluye acusaciones de contratos fraudulentos en el Departamento de Cultura para beneficiar a la trama mercantil que lideró el principal imputado, Alfredo de Miguel, el Ejecutivo no ha solicitado las penas de cárcel que sí demanda la Fiscalía para esos mismos hechos. Lo mismo ha ocurrido en el ‘caso Margüello’, en el que la Fiscalía ha constatado un importante quebranto económico en externalizaciones de Sanidad para beneficiar a las empresas del doctor José Carlos Margüello. En ambos procedimientos, eso sí, el Gobierno reclama el reintegro de las cantidades irregulares en caso de que los jueces acrediten los hechos señalados por el ministerio fiscal.

La juez de Balmaseda Patricia Navas ha citado a declarar en calidad de investigados (la nueva denominación procesal para los imputados) a un total de 11 personas más en la causa penal abierta por las irregularidades económicas en la construcción de una planta de Purines en el valle de Carranza (Bizkaia), un proyecto inacabado que se ha tragado del orden de 10 millones de euros en subvenciones públicas estatales, autonómicas y locales. Entre los citados, a los que se les acusa inicialmente de “apropiación indebida, falsificación de documentos públicos y malversación”, se halla Martín Ascacibar, el impulsor de esta planta primero como director de Agricultura del Gobierno vasco y comisionado “exclusivo” del Ejecutivo para el seguimiento del proyecto y después como consejero delegado de la sociedad detrás del plan, Karrantzako Minda; el exalcalde de Carranza, José Luis Portillo, y el exedil de la localidad José Ignacio Muro, todos ellos del PNV.

El proyecto de construcción de una planta para el tratamiento de purines animales en Bizkaia se ideó en 2003 y se empezó a desarrollar en 2006, con Ascacibar como director en el Departamento de Agricultura que dirigía el nacionalista Gonzalo Sáenz de Samaniego. Ascacibar se convirtió en representante “exclusivo” del Gobierno en la comisión de seguimiento de este plan.

Ya en enero de 2006 entró en la Administración vasca una solicitud de ayudas económicas remitida por la entidad Karrantzako Minda. Con apenas 3.000 euros de inversión y con un formulario en blanco, la entidad promotora de la infraestructura se llevó una subvención millonaria de la oficina de Ascacibar. En 2008, Euskadi también otorgó subvenciones nominativas (directas) a Karrantzako Minda sin que hubiera gastos justificados. El Estado también fue generoso con este proyecto como lo fue en la misma época (con José Luis Rodríguez Zapatero en minoría) con otras sueños rotos impulsados por el PNV como el equipo vasco de Fórmula 1 (Epsilon-Euskadi) o el coche eléctrico Hiriko, que unidos se han llevado por delante unos 50 millones de euros públicos.

En 2009, el PSE-EE llegó al Gobierno vasco y Ascacibar cesó en Agricultura en julio. Once días después de abandonar el Ejecutivo, el exdirector pasó a ser consejero delegado de Karrantzako Minda. Ya antes, desde 2007, había sido parte de la mercantil Ade Biotec, encargada de las obras y socio principal de Karrantzako Minda.

Ascacibar será el primero de los once imputados en declarar y lo hará el 3 de mayo. Ese día están citados otros miembros del consejo de Karrantzako Minda como Ángel María Ruiz Quintano, Manuel Fisure, Vicente Albisua y dos excargos del Ayuntamiento local, el que fuera alcalde, José Luis Portillo, y el exedil José Ignacio Muro, ambos del PNV. Para una segunda jornada de interrogatorios quedarán Mikel Aingeru Ibarrondo –el que firmó la participación de Ade Biotec en el proyecto-, Alfredo González, Xabier Aguiriano, María López Claudios y el abogado Emiliano Garayar, que ya estuvo imputado en la causa abierta en Cantabria por la venta del Racing de Santander.

Mientras avanza la causa penal, está pendiente de resolución la causa mercantil. En octubre del pasado año se celebró el juicio en Bilbao y aún no se conoce la sentencia de la magistrada, que habrá de determinar si fue culposo el concurso de acreedores de Karrantzako Minda. Si es así, Ascacíbar y otros responsables del proyecto tendrán que reintegrar a los acreedores, principalmente entidades públicas, el dinero recibido. Así lo han exigido la Fiscalía, la Abogacía del Estado, el Ayuntamiento y la administración concursal.