El escándalo derivado de la publicación de unos audios del consejero delegado de Ribera Salud, Pablo Gallart, planteando aumentar las listas de espera y rechazar procesos no rentables por criterios económicos en el Hospital Universitario de Torrejón destapados por el diario El País no han hecho sino poner en evidencia la ineficacia e insostenibilidad de un modelo, el de la gestión privada de la sanidad pública, que se creó y se desarrolló en la Comunitat Valenciana durante los años del PP al frente de la Generalitat.

Así lo ponen de manifiesto los diferentes informes que ha esgrimido la Conselleria de Sanidad para justificar la decisión de no prorrogar los contratos de cuatro de las cinco concesiones sanitarias, es decir, departamentos de salud públicos gestionados por empresas privadas. Así, en base estos documentos, el Gobierno del Botánico de izquierdas recuperó la gestión pública de los hospitales de Alzira y Torrevieja, ambos en manos de Ribera Salud. Además, inició los trámites para hacer lo propio con el de Dénia, también gestionado por Ribera Salud, y el de Manises, por Sanitas. Con el cambio de color político al frente de la Generalitat, el PP de Carlos Mazón finalizó ambos procesos, pero prorrogó cinco años el contrato de Ribera Salud en el hospital del Vinalopó, en Elche, en base a unas supuestas auditorías de calidad y eficiencia que nunca se han hecho públicas.

El contenido de los informes es demoledor puesto que desmonta todo el sistema concesional implantado por el PP y exportado a comunidades como la de Madrid. Aunque son similares en sus contenidos, como ejemplo el relativo al hospital de Dénia afirma que el modelo de gestión indirecto presenta “deficiencias estructurales de los contratos, dificultad para implementar mecanismos de control, imposibilidad de modificar el precio del contrato y una elevada litigiosidad”.

La concesionaria, es decir, Ribera Salud (con DKV hasta 2021), según las cuentas recogidas en el documento, declara unos beneficios medios de más de 2,43 millones anuales para el período 2009 - 2021, 31,6 millones de euros en total.

Sobre las deficiencias estructurales de los contratos, el informe destaca “la falta de claridad en el contrato en cuanto a la determinación de la prima per cápita y su fórmula de actualización, así como las diferencias respecto a la población objeto del contrato, hacen del precio del contrato – elemento esencial para la correcta prestación del servicio- objeto de discrepancias en cuanto a su interpretación”.

Además, alerta de que “existe una elevada pluralidad de acuerdos adoptados en el seno de las Comisiones Mixtas (órgano de control integrado por representantes de la Conselleria de Sanidad y de las empresas concesionarias), que suponen un evidente perjuicio para el interés público y que han supuesto de facto una modificación de los conceptos económicos que integran el contrato”. Y debido a estos acuerdos, se han contraído “obligaciones no previstas en el contrato siendo necesario recurrir a Expedientes de Enriquecimiento Injusto (EEI) para su compensación a las concesionarias”. En el caso del hospital de Alzira supusieron un pago complementario de la Generalitat a Ribera Salud de 25,11 millones, en Torrevieja fueron 45,9 millones y en Dénia, 47,6 millones. Por lo tanto, “los acuerdos adoptados en las Comisiones Mixtas reflejan la imprecisión de los pliegos y suponen continuas modificaciones económicas del contrato, fruto de ellos se han contraído obligaciones no previstas”.

En cuanto a la dificultad para implementar mecanismos de control, el documento evidencia que “es reseñable que un contrato, cuyo objeto principal es la asistencia sanitaria integral, carezca de indicadores que permitan evaluar la calidad asistencial realizada y la adecuación de los servicios ofertados por el concesionario”.

Por otra parte, la imposibilidad de modificar el precio del contrato en caso de prórroga supondría un quebranto para la administración incurriendo en una suerte de doble pago por conceptos que ya se habrían abonado, como la amortización de la infraestructura hospitalaria: “Quedando claro que el precio del contrato no puede ser modificado salvo las revisiones de precio previstas en el propio pliego de condiciones administrativas, y que, en el supuesto de prórroga de este servicio implicaría el abono por parte de la Administración de una parte de la cápita para la construcción del hospital y las inversiones ya amortizadas, se vulneraría los principios recogidos en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, así como se generaría un enriquecimiento injusto por parte del concesionario”

Sobre la elevada litigiosidad, afirma el informe que “las deficiencias y falta de claridad de los documentos contractuales que regulan la relación entre la Administración y las concesiones, y la desconfianza entre las partes, ha propiciado la existencia de numerosos procesos judiciales, evidenciada en multitud de reclamaciones tanto en vía administrativa como en vía judicial, interpuestas por las empresas adjudicatarias”. En concreto, las concesiones han interpuesto 85 procedimientos judiciales, de los que el 98 % de ellos corresponden a estas cuatro concesionarias: La Ribera (26), Torrevieja (20), Elx-Crevillent (18) y Dénia (19).

Origen del modelo

Para entender el modelo y por qué el Gobierno del Botánico de izquierdas lo desmanteló, un camino que siguió en parte después el PP de Carlos Mazón, prueba de su inoperancia, hay que remontarse al año 1997. Ese año se firmó el contrato de gestión de servicios públicos por concesión entre la Consellería de Sanidad de la Generalitat y la Unión Temporal de Empresas (UTE) Ribera Salud.

El entonces presidente Eduardo Zaplana impulsaba el primer caso en España de un hospital de gestión privada echando mano de las quebradas cajas valencianas Bancaja y CAM, como accionistas de Ribera Salud. El PP extendió el polémico modelo a las comunidades en las que gobernaba y Esperanza Aguirre lo implantó en Madrid.

El nacimiento del denominado modelo Alzira se producía el 1 de enero de 1999, con la entrada en vigor de ese contrato. Sin embargo, lejos de cumplirse, las pérdidas de cinco millones de euros para Ribera Salud en los cuatro primeros años de vigencia del acuerdo llevaban a ambas partes a su cancelación el 3 de diciembre de 2002. Lo ocurrido, en lugar de cuestionar el modelo, supuso su ampliación (y encarecimiento).

Operación de rescate: más dinero para la adjudicataria

Tras la resolución del contrato, el Consell inició una operación de rescate dirigida a hacer las condiciones más atractivas para la adjudicataria. En primer lugar, se compró a Ribera Salud las instalaciones del hospital de La Ribera por 43,9 millones de euros y se le abonaron, además, 26,3 millones en concepto de “lucro cesante”, algo que no estaba previsto en el contrato.

Después se volvió a sacar a concurso la adjudicación pero con una reformulación del modelo que contemplaba, además de la gestión del hospital, el control de los centros de salud del departamento.

Pero el cambio sustancial estaba en lo económico: el canon anual que la administración valenciana pagaba a la empresa por cada habitante (cápita) de la comarca de La Ribera (257.000 habitantes) creció un 68%, pasando de 225 a 379 euros por habitante. La cifra no ha parado de crecer: al final de su vigencia, en 2018, fue de 777 euros por habitante y año.

El concurso lo volvió a ganar Ribera Salud y el nuevo contrato empezó su vigencia el 1 de abril de 2003 por un plazo de 15 años, ampliables cinco años más, una prórroga que la entonces consellera de Sanidad, Carmen Montón (PSPV-PSOE), con el apoyo del presidente del Consell, Ximo Puig (PSPV-PSOE), anunciaron que no se iba a hacer efectiva.

Comenzaba así el proceso de reversión y una guerra abierta con Ribera Salud, que ha planteado sin éxito un alud de recursos judiciales para tratar de frenar la reversión.

L'Executiu autonòmic de Carlos Mazón va tardar tot just quatre mesos a desfer-se de la Unitat Valenciana d'Emergències (UVE), un organisme heretat del Govern anterior del Pacte del Botànic i encarregat de garantir la ràpida intervenció a qualsevol lloc del territori en cas d'emergències d'origen meteorològic o sísmic, extinció d'incendis forestals i sismes submarins.

Es tractava d'un cos -una mena de versió autonòmica de la Unitat Militar d'Emergències (UME)- destinat a garantir una ràpida intervenció davant de qualsevol emergència i creat pel Consell anterior del socialista Ximo Puig el febrer de 2023. El Govern de Mazón, aleshores format pel PP i Vox, va derogar per la via d'urgència el decret que regulava la creació de la Unitat Valenciana d'Emergències (UVE).

Va ser el “primer organisme de Ximo Puig suprimit per Carlos Mazón”, segons va afirmar el PP valencià en un tuit que nombrosos usuaris de la xarxa social X han recuperat aquest dimarts, després del desastre de les inundacions de la DANA.

La qüestionada actuació del Govern autonòmic davant les inundacions patides aquest dimarts en desenes de localitats valencianes, especialment a les comarques d'Utiel-Requena, la Ribera i l'Horta Sud, ha revifat les crítiques a Mazón per la seua decisió d'eliminar la UVE en la seua fase embrionària.

En anunciar-ne l'eliminació, el novembre del 2023, la llavors consellera de Justícia, Elisa Núñez, va titllar la UVE d'“ocurrència”. Per part seua, la portaveu del Consell, Ruth Merino, ha emmarcat la decisió en el projecte de Carlos Mazón d'“optimitzar tots els organismes i ens del sector públic perquè la gestió siga eficient”.

La unitat depenia, en el disseny inicial de l'Executiu del PSPV-PSOE, Compromís i Unides Podem, de l'Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències. Mazón ha titllat la UVE de “xiringuito” que enfrontava “a cossos de bombers entre si” i que no els donava equipament.

“La UVE és un projecte que afegeix més complexitat a la gestió de les emergències a la Comunitat Valenciana, una nova ocurrència per tapar mancances enormes en aquesta gestió i que castigava un sector fart de males decisions”, va afirmar la llavors titular de la Conselleria de Justícia i Interior, Elisa Núñez, de Vox, quan el Consell de Mazón va eliminar l'entitat.

La UVE aprofundia “en el desastre”, segons Vox

Núñez va sostenir que la gestió de les emergències a la Comunitat Valenciana no es resolia “creant aquesta unitat, sinó redefinint el model de prevenció, extinció i salvament” millorant la coordinació i sentant “les bases d'un futur millor”.

“La UVE”, criticava la llavors consellera de Vox, “es va fer sense el concurs i la reflexió necessaris en una qüestió estructural i un servei públic essencial com aquest i, per tant, no ajudava a redefinir aquest model, sinó a empitjorar-lo i a complicar-ho encara més i només suposava aprofundir en la descoordinació i en el desastre”.

La portaveu del Consell i consellera d'Hisenda, Economia i Administració Pública, Ruth Merino, va al·legar que “hi ha fórmules més adequades per garantir la coordinació de les emergències”.

Mazón defensa la decisió d'eliminar la UVE

La Generalitat ha assegurat aquest dimecres que la UVE “només era un organisme fictici més amb zero bombers més, zero mitjans materials més i zero eficiència” i ha defensat que en “no millorava en cap cas ni ampliava cap servei” d'Emergències. “Només creava llocs per pagar sous a eventuals col·locats a dit”, ha sostingut.

Fonts de Presidència de la Generalitat citades per Europa Press han sortit al pas després de les crítiques de diputats del PSOE al president Carlos Mazón, a qui han retret que suprimís aquesta unitat en arribar al poder, coincidint amb la DANA que afecta aquests dies la Comunitat Valenciana.

Aquestes fonts han precisat que la coordinació de competències “ja l'assumeix el 112”, per la qual cosa no poden “envair competències estatals ni crear un exèrcit”, perquè per això “tenim la UME a nivell estatal”. Així, sostenen que la UVE “només creava comandaments intermedis, no posava bombers al camí” i recalquen que aquesta unitat “mai va existir, mai va ser res”. “Era un decret sense suport al darrere. No tenia ni oficines. Era una agència fantasma”, afegeixen.

Davant aquesta situació, han reivindicat que l'actual Consell liderat per Carlos Mazón “ha reforçat el servei de bombers forestals, ha adquirit un compromís de reforçar i modernitzar els seus mitjans materials i ha reforçat la col·laboració amb els bombers de les diputacions i les forces i cossos de seguretat de l'Estat”.

A més, han incidit que la plataforma de Bomberes i Bombers de la Comunitat Valenciana, en què estan representats “tots els sindicats”, ha expressat “el seu rebuig al projecte” i ho han justificat que, al seu parer, la UVE suposava “un augment de la despesa innecessària, ja que les funcions que volen donar a aquesta ja són realitzades pels bombers i bomberes dels consorcis provincials i dels ajuntaments de les capitals”. També van denunciar que suposaria “un augment de la descoordinació entre serveis a causa de la duplicitat creada sense cap necessitat tècnica ni operativa”.

El Ejecutivo autonómico de Carlos Mazón tardó apenas cuatro meses en deshacerse de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE), un organismo heredado del Gobierno anterior del Pacte del Botànic y encargado de garantizar la rápida intervención en cualquier lugar del territorio en caso de emergencias de origen meteorológico o sísmico, extinción de incendios forestales y maremotos.

Se trataba de un cuerpo —una suerte de versión autonómica de la Unidad Militar de Emergencias (UME)— destinado a garantizar una rápida intervención ante cualquier emergencia y creado por el Consell anterior del socialista Ximo Puig en febrero de 2023. Sin embargo, el Gobierno de Mazón, entonces formado por el PP y Vox, derogó por la vía de urgencia el decreto que regulaba la creación de la Unidad Valenciana de Emergencias (UVE).

Fue el “primer organismo de Ximo Puig suprimido por Carlos Mazón”, según afirmó el PP valenciano en un tuit que numerosos usuarios de la red social X han recuperado este martes, tras el desastre de las inundaciones de la DANA.

La cuestionada actuación del Gobierno autonómico ante las inundaciones sufridas este martes en decenas de localidades valencianas, especialmente en las comarcas de Utiel-Requena, la Ribera y l'Horta Sud, ha reavivado las críticas a Mazón por su decisión de eliminar la UVE en su fase embrionaria.

Al anunciar su eliminación, en noviembre de 2023, la entonces consellera de Justicia, Elisa Núñez, tildó la UVE de “ocurrencia”. Por su parte, la portavoz del Consell, Ruth Merino, enmarcó la decisión en el proyecto de Carlos Mazón de “optimizar todos los organismos y entes del sector público para que la gestión sea eficiente”.

La unidad dependía, en el diseño inicial del Ejecutivo del PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem, de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. Mazón, por su parte, tildó la UVE de “chiringuito” que enfrentaba “a cuerpos de bomberos entre sí” y que no les daba equipamiento.

“La UVE es un proyecto que añade más complejidad a la gestión de las emergencias en la Comunidad Valenciana, una nueva ocurrencia para tapar carencias enormes en esa gestión y que castigaba un sector harto de malas decisiones”, afirmó la entonces titular de la Conselleria de Justicia e Interior, Elisa Núñez, cuando el Consell de Mazón eliminó la entidad.

La UVE ahondaba “en el desastre”, según Vox

Núñez sostuvo que la gestión de las emergencias en la Comunitat Valenciana no se resolvía “creando esta Unidad, sino redefiniendo el modelo de prevención, extinción y salvamento” mejorando la coordinación y sentando “las bases de un mejor futuro”.

“La UVE”, criticaba la entonces consellera de Vox, “se hizo sin el concurso y la reflexión necesarios en una cuestión estructural y un servicio público esencial como este y, por tanto, no ayudaba a redefinir ese modelo, sino a empeorarlo y a complicarlo aún más y solo suponía ahondar en la descoordinación y en el desastre”.

La portavoz del Consell y consellera de Hacienda, Economía y Administración Pública, Ruth Merino, alegó que “existen fórmulas más adecuadas para garantizar la coordinación de las emergencias”.

Mazón defiende la decisión de eliminar la UVE

La Generalitat ha asegurado este miércoles que la UVE “solo era un organismo ficticio más con cero bomberos más, cero medios materiales más y cero eficiencia” y ha defendido que en “ningún caso mejoraba ni ampliaba ningún servicio” de Emergencias. “Solo creaba puestos para pagar sueldos a eventuales colocados a dedo”, ha sostenido.

Fuentes de Presidencia de la Generalitat citadas por Europa Press han salido al paso tras las críticas de diputados del PSOE al 'president' Carlos Mazón, a quien han echado en cara que suprimiese esta unidad al llegar al poder, coincidiendo con la DANA que afecta estos días a la Comunitat Valenciana.

Estas fuentes han precisado que la coordinación de competencias “ya la asume el 112”, por lo que no pueden “invadir competencias estatales ni crear un ejército”, porque para eso “tenemos la UME a nivel estatal”. Así, sostienen que la UVE “solo creaba mandos intermedios, no ponía bomberos en el camino” y recalcan que esta unidad “nunca existió, nunca fue nada”. “Era un decreto sin respaldo detrás. No tenía ni oficinas. Era una agencia fantasma”, añaden.

Frente esta situación, han reivindicado que el actual Consell liderado por Carlos Mazón “ha reforzado el servicio de bomberos forestales, ha adquirido un compromiso de reforzar y modernizar sus medios materiales y ha reforzado la colaboración con los bomberos de las diputaciones y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado”.

Además, han incidido en que la plataforma de Bomberas y Bomberos de la Comunitat Valenciana, en el que están representados “todos los sindicatos”, expresó “su rechazo al proyecto” y lo justificaron en que, a su juicio, la UVE suponía “un aumento del gasto innecesario, ya que las funciones que quieren dar a ésta ya son realizadas por los bomberos y bomberas de los consorcios provinciales y de los ayuntamientos de las capitales”. También denunciaron que supondría “un aumento de la descoordinación entre servicios debido a la duplicidad creada sin ninguna necesidad técnica ni operativa”.

“Seguramente, suena poco sexy, pero lo más importante estos meses, aparte de haber aportado una mirada desde el sur y un poco más joven, ha sido estabilizar el barco y coordinar el equipo”. Aitana Mas (Crevillent, 1990) asumió el reto de sustituir a Mónica Oltra al frente de la vicepresidencia primera y de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas tras su traumática dimisión el 21 de junio del 2022.

La sustituta de Oltra se muestra “muy orgullosa” de haber conseguido cerrar un “acuerdo histórico” con los sindicatos y la patronal “para mejorar la vida de más de 12.000 trabajadores de los servicios sociales”. “Hemos traducido los plazos de los balcones [durante la crisis sanitaria por la pandemia de la COVID-19] en mejores servicios públicos y en derechos laborales, una enfermera de una residencia de personas mayores pasará de cobrar 1.450 a 2.170 euros al mes, ese es nuestro feminismo”, afirma Mas, ingeniera técnica de obras públicas y de obra civil de formación.

El aterrizaje de la joven dirigente de Compromís en el departamento de Oltra no fue sencillo. Con el lastre de la investigación judicial sobre la gestión de la Conselleria de Igualdad en relación con los abusos del exmarido de Oltra a una menor tutelada por la Generalitat Valenciana, Aitana Mas cogió las riendas de un negociado complejo y a apenas un año de las elecciones autonómicas y municipales del próximo 28 de mayo, con un proceso de primarias para la lista de Alicante que ganó por la mínima.

“La generosidad de Mónica Oltra, ante el acoso brutal por parte de la extrema derecha, de dejar la primera línea fue para que pudiéramos hablar de las políticas valientes que durante tantos años habíamos defendido en la oposición y materializado en el Gobierno”, sostiene la vicepresidenta, quien reconoce que “obviamente el fenómeno Oltra va más allá de las fronteras de Compromís”.

Mas defiende que Oltra “parió el cambio en 2015, las cifras son indiscutibles”. La coalición afronta las próximas autonómicas sin el liderazgo de Mónica Oltra, en un proceso electoral que puede confirmar la solidez del proyecto y, por ende, del Pacte del Botànic, sin su líder iniciática. “Nuestra prioridad es movilizar más que nunca para que podamos seguir liderando las políticas de vanguardia ante el freno de mano que representa demasiadas veces el PSPV-PSOE”, dice Mas en referencia a sus socios de gobierno.

La candidata por Alicante inició su andadura en la política autonómica en la Conselleria de Transparencia, dirigida por Manolo Alcaraz durante la primera legislatura del Pacte del Botànic, como directora general. “Para quienes somos herederos de la crisis del 2008, de los peores años de corrupción de los gobiernos del PP, de los pelotazos urbanísticos y de los eventos altisonantes, pero sin ninguna repercusión para la mayoría de los valencianos y valencianas, creo que el Botànic vino a transformar estas lógicas perversas y excluyentes”, afirma Mas.

La dirigente de Compromís reflexiona sobre la “normalidad” actual del Ejecutivo autonómico “más próximo a las necesidades de la gente” y que “ha conseguido revalorizar la importancia de hacer política en el País Valenciano, lejos de la sección de noticias policiales y judiciales”

Mas reconoce “errores” pero también destaca “muchos aciertos”. “Llevamos ocho años gestionando la economía y nunca se había creado tanto empleo”, afirma. También destaca la puesta en marcha de la Renta Valenciana de Inclusión, el proyecto Xarxa Llibres para la gratuidad de los libros de texto como una apuesta “fuerte” por la educación pública y el “compromiso claro” con la transición energética.

“En estas dos legislaturas, la presencia de Compromís ha marcado la diferencia a la hora de ayudar a los que más lo necesitaban, de estar al lado de las empresas en momentos de crisis, de tomar decisiones valientes para los trabajadores y de cuidar nuestro entorno”, señala Aitana Mas, quien considera que la coalición avanza de cara a las elecciones autonómicas “para todo lo que nos falta continuar transformando”.

El reto de las comarcas del sur

Mas, oriunda de Crevillent, afronta también el desafío de aumentar la presencia de Compromís en las comarcas alicantinas, histórico feudo de la derecha. “En Compromís, junto con otras fuerzas progresistas, tenemos una fuerte presencia en ayuntamientos y comarcas clave del sur, que son un ejemplo y una fuente de inspiración para otros colectivo y aliados”, dice la candidata.

“El reto para estas elecciones es fortalecer el resultado autonómico de Compromís a partir de la valoración del trabajo de nuestros alcaldes, ediles y colectivos”, sostiene Mas. “No tengo dudas de que continuaremos incrementando el peso de Compromís en las comarcas alicantinas”, concluye Aitana Mas.

Joan Baldoví (Sueca, 1958) es una de las caras más visibles de Compromís. El diputado de la coalición valencianista en el Congreso ha vivido desde Madrid la semana de la crisis más grave en la coalición, desencadenada a raíz de la citación como investigada a Mónica Oltra y su posterior dimisión. El nombre del diputado, que se ha hecho muy popular por sus intervenciones parlamentarias, suena en su formación como referente electoral para la Generalitat Valenciana, aunque él aboga por mantener a la exvicepresidenta como activo político de la coalición.

Baldoví cree que la formación debe centrarse en trabajar e intensificar su actividad legislativa para llegar fuerte a las próximas elecciones. Sobre la gestión de la crisis de la última semana, reclama lealtad a sus compañeros del PSPV en el Gobierno valenciano. “Me hubiera gustado que mi presidente, al que respeto y con el que me une una amistad, no hubiera marcado plazos ni metido prisa a nadie. Hubiera esperado una actitud más prudente”, critica a Ximo Puig. Con todo, el dirigente valencianista es consciente de que ambas formaciones se necesitan y recuerda que el Acuerdo del Botánico se compone de varias patas: si una flaquea, se desmorona todo el Palau.

El miércoles en el Congreso tuvo un rifirrafe con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que le acusó de fomentar el agravio territorial a cuenta de la diferencia de inversiones por comunidades autónomas. ¿Cómo está la relación con el PSOE y con el Gobierno?

Últimamente hay poca relación más allá de contactos puntuales con algunos ministerios. Pero si yo no digo lo que dije ayer, si no denuncio la baja ejecución de inversiones, ¿para qué voy?. La respuesta me pareció improcedente, inoportuna e incluso insultante. No es un agravio comparativo, es una reclamación: en una comunidad autónoma en la que gobiernas, que tiene inversiones por debajo del peso demográfico según la serie histórica, encima no las ejecutas...

¿Ha habido un cambio en la actitud del PSOE desde la investidura?

El PSOE siempre sufre la tentación, hasta cuando obtiene el peor resultado de su historia, de creer que tiene mayoría absoluta. Tienen la tentación de pensar que porque viene el lobo [en referencia a la extrema derecha] se lo vamos a regalar todo. Creo que algunas respuestas no ayudan a que pueda haber un tercer Gobierno del Botánico.

¿Se puede gobernar junto a un partido y unas personas en las que no hay confianza plena?

En cualquier relación debe haber confianza. En la medida en la que alguno la traiciona, es más difícil. Pese al relato que se intenta dar, hemos tenido una actitud responsable, porque pensamos que por encima de todo hay intereses más importantes que hacer tambalear las mayorías. Lo hemos demostrado en el Gobierno valenciano y con el de Madrid. Si alguien ha podido demostrar que somos un socio leal y responsable somos nosotros. No diría lo mismo del PSOE.

Estos últimos días han sido bastante frenéticos para Compromís. ¿Cómo lo ha vivido desde Madrid?

Creo que el adjetivo es bastante acertado. Frenéticamente. Hemos hecho dos ruedas de prensa en dos días en las que daba igual las iniciativas que presentáramos, como un abono de transporte público a 8 euros para sortear el precio de los carburantes, porque pasaban desapercibidas ante un aluvión de preguntas sobre Mónica Oltra. Hemos dado la cara.

Ahora que se ha despejado la incógnita, ¿qué va a hacer Compromís?

Es obvio: trabajar. Intentar llevar nuestras propuestas, como siempre. Es lo que querrían nuestros electores: que defendamos sus intereses. Hemos tenido unos días complicados, pero la vida no para. La gente lo está pasando mal. Queremos que se apruebe nuestra enmienda sobre las medidas urgentes para paliar la crisis de Ucrania, creemos que el Gobierno se equivoca con medidas como las bajadas de impuestos, ya que debe contribuir quien más tiene.

A nivel organizativo, la ejecutiva de la coalición debía analizar el impacto de la situación procesal de Oltra sobre Compromís y sobre el Pacto del Botánico. ¿Se llegó a abordar?

Fue una ejecutiva en la que todo el mundo estaba afectado y hubo de forma unánime un apoyo a la figura de Mónica Oltra, a todo lo que ha supuesto en Compromís y un acuerdo unánime en esperar a ver cómo termina su situación, que vuelve a la jurisdicción ordinaria, y a esperar que se declare su inocencia y recuperar uno de los puntales fundamentales de Compromís.

Esta semana han dejado claro que Oltra será cabeza de lista si llega absuelta, pero los tiempos procesales no siempre coinciden con los políticos. ¿Si la situación procesal se estira, cuál es el plan?

Si la situación procesal se estira, se tomarán decisiones. En Compromís somos trinos [la coalición se compone de tres partidos y un sector de independientes] y hacemos primarias. Los acuerdos siempre se toman por unanimidad de las tres organizaciones. Ahora tenemos que ver cuáles son los tiempos judiciales y entonces empezaremos a hablar de otras cosas. Hoy por hoy, no contemplamos otro escenario que no sea la absolución de Mónica Oltra antes de las elecciones. Quiero recordar que la extrema derecha ha presentado contra Compromís más de 100 denuncias y no ha habido ninguna condena. Y que hay antecedentes de lawfare como en el caso de Lula al ganar contra Bolsonaro en Brasil. Me hubiera gustado que mi presidente, al que respeto y con el que me une una amistad, no hubiera marcado plazos ni metido prisa a nadie. Hubiera esperado una actitud más prudente.

Creo que Aitana será una buena candidata de Alicante, que a Compromís le interesa tener liderazgos fuertes en Alicante y que ella contribuirá a ello. Confío en que Mónica llegará a tiempo y en que yo me quedaré en Madrid

Si el partido se lo pidiera, ¿usted sería candidato a la Generalitat Valenciana?

Yo haré lo que diga Compromís siempre. Pero me encuentro como nunca en Madrid. Me encuentro cómodo y útil en la medida de mis posibilidades.

¿Habló con Ximo Puig esta semana?

No he hablado con ningún miembro del PSPV. Sí tuve algún contacto con alguien del PSOE, a quien pedí prudencia. Yo espero de mis socios delicadeza, estima. Hemos compartido siete años de Gobierno. Ximo Puig, sin la explosión de Compromís, en buena parte gracias a Mónica Oltra, no hubiera sido presidente. Hubiera esperado algo más de delicadeza. A veces esas cosas recomponen las relaciones.

¿Le sorprendió la decisión del martes?

Sinceramente: sí. No me lo podía creer. Volví de presentar una iniciativa y vi un teletipo. Llamé a mi secretaria general y me dijo que se estaba produciendo en esos momentos.

Desde el momento de la dimisión la crisis se cierra relativamente rápido con la elección de Aitana Mas para ocupar todos los cargos que desempeñaba Oltra. Se encuentran en el año previo a las elecciones, con una relación floja con los socios del Consell... ¿Qué esperan de ella?

Está claro que nos necesitamos y necesitamos cada voto. Me gustaría que hubiera una relación más leal entre los socios de Gobierno, que todo el mundo supiera qué espacio ocupa y nadie quisiera ocupar el espacio de otro. Insisto: el PSOE no va a ganar con mayoría absoluta y necesitará a Compromís para un Gobierno valenciano. Y lo necesitará fuerte y sólido. A veces escuchas voces desafinadas de algún dirigente de la ciudad de València... Necesitamos remar todos en la misma barca. A Aitana Mas le deseo toda la suerte del mundo. Creo que Mónica Oltra tenía abierto un camino con la renta valenciana de inclusión, la ley de dependencia y los nuevos centros de servicios sociales y creo que Aitana será una digna sucesora.

¿También una digna sucesora como candidata?

No. Creo que Aitana será una buena candidata de Alicante, que a Compromís le interesa tener liderazgos fuertes en Alicante y que ella contribuirá a ello. Confío en que Mónica llegará a tiempo y en que yo me quedaré en Madrid.

El sábado organizaron un acto con el lema Hacia el tercer Botánico. ¿Qué debería hacer Compromís para llegar a ese tercer Gobierno?

Algo que en política es fundamental: volver a generar ilusión. Tenemos que explicar qué ha supuesto que estemos en el Gobierno. Nos hemos metido en la gestión y a veces no hemos sido capaces de explicar que la vida de los valencianos es mejor que hace siete años. Se ha recuperado para la sanidad pública dos hospitales privatizados, 500.000 niños no pagan libros de texto, hay 8.000 profesores más, menos listas de espera... Todas esas pequeñas cosas que hacen que la vida de las personas sea un poco mejor. Tenemos que encontrar la forma de que eso llegue. Que la gente no nos vote para que no vuelvan los que saquearon las arcas públicas, sino convencidos de que somos la mejor opción.

Compromís apuesta por un liderazgo de continuidad y equilibrio con sus familias políticas y escoge a su portavoz adjunta en las Corts Valencianes, Aitana Mas, para su cargo más relevante en el Gobierno valenciano. La diputada por la circunscripción de Alicante será vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, titular de Igualdad y Políticas Inclusivas y portavoz del Ejecutivo autonómico tras la marcha de Mónica Oltra.

Mas (Crevillent, 1990) es ingeniera técnica de obras públicas y de obra civil. Arrancó su carrera política como concejala y portavoz de Compromís en su municipio natal con 20 años y es desde febrero portavoz de Iniciativa, la rama de la coalición en la que milita Oltra.

La parlamentaria, que ha recibido el apoyo de los cuatro representantes de las fuerzas que componen Compromís, es una de las personas de confianza de Oltra y encabezó una candidatura conjunta con Alberto Ibáñez para el partido ecofeminista. La renovación generacional que formó el tándem político la ha perfilado como sucesora natural de Oltra y la han avalado sus compañeros de coalición este miércoles.

La diputada autonómica formó parte del Gobierno valenciano en la pasada legislatura como directora general de Transparencia y Participación, en el departamento que dirigía Manuel Alcaraz.

La creación de esta conselleria fue una de las condiciones de Compromís para suscribir el Acuerdo del Botánico en 2015 y es donde comenzaron a removerse los expedientes de la corrupción del PP o los decretos de Transparencia y Buen Gobierno.

Un papel central

Después de lidiar con un departamento de nueva creación, con pocos recursos y cuestionado desde la oposición, pasó a las Corts Valencianes, elegida en los comicios de 2019. Desde entonces, junto con el exportavoz Fran Ferri, se centró en los temas económicos del grupo parlamentario. Mas ha negociado todos los presupuestos del Gobierno de coalición desde 2019 y forma parte de la comisión para la reforma del modelo de financiación autonómica, dos cuestiones centrales en el Ejecutivo del Botánico.

Compromís escoge para su papel central en el Consell a una de las diputadas mejor valoradas en su grupo, con experiencia en las negociaciones complejas, clave en el último año antes de la convocatoria electoral.

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La vicepresidenta de la Generalitat Valenciana, Mónica Oltra, no dimitirá, pese a haber sido imputada por la gestión de su departamento en el caso de los abusos a una menor por los que fue condenado su exmarido. Oltra ha comparecido este viernes como portavoz del Ejecutivo autonómico, como viene haciendo de forma ininterrumpida desde 2015 tras cada sesión plenaria. En su comparecencia ha confirmado que no dejará el cargo. Su decisión, ha dicho, “es una postura ética, estética y política” y no personal: “Soy coherente y lo seguiré siendo”.

La dirigente de Compromís y número dos del Gobierno valenciano considera que “no existe prueba directa” es la frase que define el auto judicial por el que el Tribunal Superior de Justicia se declara competente para investigarla por la gestión de su departamento en un caso de abuso de una menor tutelada por su expareja.

La vicepresidenta hace referencia a una parte del texto judicial que sostiene que, de los testimonios de los funcionarios que han declarado, se deduce por su similitud que hay “indicios plurales” para “beneficiar la situación procesal” de su exmarido, condenado por estos abusos, o para proteger su propia carrera política.

Oltra defiende la gestión de su departamento y recuerda que los funcionarios no fueron citados a declarar en el juicio por los abusos. “La conselleria ni ha sido parte ni ha sido oída”, ha insistido la también titular de Igualdad y Políticas Inclusivas.

La vicepresidenta del Consell sostiene que la querella que origina la investigación, planteada por el dirigente de España 2000, José Luis Roberto, es “una cacería política” y ha recordado la denuncia que interpuso a la formación ultra por acoso en su domicilio familiar, leyendo mensajes amenazantes en redes sociales hacia ella. La dimisión, considera, es dar por vencida una batalla contra la extrema derecha, en línea con la tesis que ha defendido su partido y que reiteró ayer: “La extrema derecha no nos va a impedir trabajar”.

Por eso descarta dimitir en cualquier fase del procedimiento judicial. Hacerlo es, según su criterio, darse por vencida. “Ningún proceso judicial, ninguna fase del proceso judicial, cambia la realidad”, ha defendido en la rueda de prensa.

Preguntada por la presión que sufre desde que se conociera la investigación por abusos a la menor tutelada, una cuestión que se ha intensificado en las últimas semanas, ha respondido: “La presión se aguanta. Si no, una se dedica a otra cosa. Me presiona más acabar con la lista de dependencia. La presión está en hacer bien el trabajo”. En una segunda ocasión, cuestionada sobre si su situación personal condiciona su decisión, ha indicado: “Ni me lo planteo. Y si lo hago, no creo que tenga obligación de compartirlo. Esto es una cuestión política. Cuando una tiene unas convicciones, y mi trayectoria política lo avala, ha de saber aguantar las presiones”.

Oltra defiende que su caso, contrariamente a lo que apuntan desde el PP, no tiene nada que ver con el del expresidente Francisco Camps, a quién exigió dimitir por su investigación por corrupción: “La comparación con la corrupción del PP es odiosa”.

La titular de Igualdad y Políticas Inclusivas declarará el próximo 6 de julio tras el acuerdo de los magistrados del TSJ valenciano, donde, asegura, “dirá la verdad como siempre”. “He dado todas las explicaciones, toda la documentación, he respondido a todas las preguntas”, ha insistido. “Nunca me he escapado del control de las Corts Valencianes ni de sus preguntas”.

La decisión de no abandonar el cargo, incide, “es una postura ética, estética y política” y no personal. “Soy coherente y lo seguiré siendo”, se ha reafirmado, al tiempo que ha insistido en que –frente a algunos sectores que presionan a Ximo Puig para que aborde su cese– tiene el respaldo del Gobierno Valenciano.

Se dijo que el Botànic estaba a prueba de bombas y sus pilares se están esforzando en mantenerlo. Los representantes de PSPV, Compromís y Podemos que forman la comisión de seguimiento del acuerdo de legislatura se han reunido este jueves para afrontar la agenda legislativa de su curso más complicado. Y, de paso, reforzar el blindaje.

Las tres formaciones que suscribieron el pacto se han encontrado por primera vez desde la crisis política estival, que afloró una serie de tensiones entre socialistas y valencianistas que Podemos intentó apaciguar. El portavoz del PSPV, Manolo Mata, consideraba antes de empezar que la reunión de trabajo sirve para “acabar con los marujeos del verano” y que “el Botànic nunca ha estado en crisis”. Según recordaba el síndic socialista, PSPV, Compromís y Podemos, están “de acuerdo prácticamente en el cien por cien de las políticas” que hacen.

Y en esa línea se han mantenido los tres socios al finalizar el cónclave, donde se han emplazado a otra reunión en octubre para preparar los presupuestos. Estar de acuerdo en sacar adelante las cuentas de la Generalitat es para los socios prueba del éxito de su lealtad. “Hoy se ha demostrado que el Botànic funciona”, decía el síndic socialista, mientras que el portavoz de los morados, Cesar Jiménez, ha manifestado que su preocupación es qué hacer lo que queda de legislatura y su voluntad para dar el sí a unas cuentas que cumplan las exigencias que la ciudadanía puso en las urnas y los redactores en el acuerdo.

Así, consideraba Fran Ferri, síndic de Compromis, “se han sentado las bases para aprobar los presupuestos” que hasta ahora “han servido para mejorar la vida de la gente”.

Días después de las discrepancias, el Consell parece haber hecho un esfuerzo por rebajar la carga del ambiente: la bronca por la votación del techo de gasto ha desparecido del discurso y, al parecer, las dos comisarías para violencia de género saldrán adelante. También el president se comprometió con el síndic de Podemos a no adelantar las elecciones -no de forma unilateral, al menos-, otro de los temas que contaminaba las relaciones entre socios.

A esta comisión no han asistido los líderes de las respectivas formaciones, que ya se encontraron en varias reuniones la semana pasada, aunque no los tres en los mismos encuentros. Según explican desde los partidos, se ha preferido mantener la comisión con su funcionamiento ordinario; es decir, con coordinadores de cada formación, no con los propios firmantes.

No hi ha res que demostre tan palmàriament l’èxit que ha tingut l’acord polític que es va subscriure l’11 de juny de 2015 al Jardí Botànic de València com el fet que, més de tres anys després i a la vista d’altres eleccions autonòmiques i locals, cap dels tres signants vol trencar-lo. És una evidència que rebat l’argument central usat per la dreta, des de llavors en l’oposició, que les forces d’esquerra són incapaces de tirar endavant un govern i que el Consell en les seues mans és un desastre.

L’estabilitat del Consell del Pacte del Botànic ha sigut més gran, com recalca sovint el president de la Generalitat, el socialista Ximo Puig, que la de molts altres gabinets valencians monocolors amb majoria absoluta del PP. I això, en gran manera, ha sigut gràcies que ell i la vicepresidenta Mónica Oltra, com a líders del PSPV-PSOE i de Compromís, respectivament, es van conjurar des d’un principi perquè el “mestissatge”, en compte d’un problema, fora una oportunitat de demostrar a l’opinió pública que la nova escena pluripartidista pot gestionar-se amb un grau d’eficiència homologable al de qualsevol altra conjuntura.

Pot dir-se que la cosa era molt simple, que es reduïa a fer de la necessitat virtut. Però es tracta d’una virtut clau, una condició sine qua non, per a fer política després de l’afonament del bipartidisme. Un exemple de què prendre nota, a més, des d’altres instàncies, singularment el Congrés dels Diputats i el Govern d’Espanya, amb vista al futur immediat.

No és gens estrany, doncs, que el gest de Puig d’estar rumiant una convocatòria anticipada d’eleccions no tinga versemblança. Amb quin programa es presentarien els socialistes si feren això a l’esquena dels seus socis? Amb la responsabilitat d’haver trencat el pacte? Per a canviar de socis en el futur? Per a governar sense socis o amb Ciutadans? Una aposta, en tot cas, per a la qual no sembla el PSPV-PSOE prou poderós, ni tan sols en expectatives electorals.

Tampoc és gens estrany que la discrepància evidenciada per Oltra davant de la decisió de Puig de votar en el Consell de Política Fiscal i Financera a favor del Govern que presideix Pedro Sánchez, que ha obert la crisi més important del pacte en la legislatura, haja demostrat no tindre més intenció que defendre l’autonomia de Compromís, la seua capacitat de pressionar a Madrid perquè es reforme el sistema de finançament autonòmic, un dels cavalls de batalla centrals de la política valenciana per motius més que fundats.

I menys cal estranyar l’actitud d’Antonio Estañ, el líder valencià de Podem, una formació que semblava l’any passat més decidida a posar en escac els pressupostos de la Generalitat (tots aprovats fins ara “en temps i forma”, com ha ressaltat Puig reiteradament) que a l’inici d’aquest curs. Com podria Podem trencar el Pacte del Botànic a uns mesos d’unes eleccions en què la seua millor opció, a més de pactar amb Esquerra Unida perquè no es perden els seus vots, és presentar-se com la força que ha mantingut, des del suport parlamentari, el contacte de la Generalitat amb les inquietuds de la ciutadania?

No, no hi ha hagut cap catàstrofe aquesta legislatura, ni s’ha afonat el Titanic (la broma preferida de la dirigent del PP, Isabel Bonig, jugant amb la paraula Botànic). Com és lògic, és discutible el bagatge del Consell de Puig i Oltra, segons el punt de vista que es tinga, però hi ha prou arguments per a sostindre que ha fet un viratge important a la política de la Generalitat pel que fa a l’impacte social, el control econòmic, la reversió d’algunes retallades i la prevenció de la corrupció.

Universalitzar la sanitat, desbloquejar la gestió de les ajudes a la dependència, suprimir copagaments, recuperar la gestió de l’hospital d’Alzira, tornar a obrir una radiotelevisió autonòmica (encara que À Punt haja arribat bastant tard), crear un sistema de gratuïtat de llibres de text (Xarxa Llibres), apostar per l’educació pública i per un nou model d’ensenyament en valencià (amb l’oposició frontal de la dreta i de la sala corresponent del TSJ) o dissenyar un sistema modern de serveis socials són algunes de les coses que poden apuntar-se al bagatge del Pacte del Botànic, actualitzat a iniciativa de Podem al desembre del 2017.

Precisament Podem, la decisió del qual de no entrar en el govern de coalició a l’inici de la legislatura ha pesat negativament sobre la seua trajectòria, és la formació que ha demanat la reunió extraordinària del Pacte del Botànic convocada dijous en la seu dels socialistes amb l’argument d’abordar la crisi oberta entre Puig i Oltra. Visualitzar el pacte convé a la formació morada més que a ningú. Sobretot si pot presentar-se com una mena d’àrbitre o moderador de conflictes entre els altres dos socis. Cap dels tres està disposat a renunciar al capital acumulat gràcies a aquell acord que va oficialitzar el 2015 el canvi polític després de dues dècades d’hegemonia de la dreta. Ningú no vol desmarcar-se del Botànic.

El líder de Podemos, Antonio Estañ, arranca el curs amb les piles carregades. El dirigent de la formació morada, testimoni de les recents disputes en el si de l'Executiu valencià, s'ha reunit aquest dilluns amb el president de la Generalitat, Ximo Puig, per a aclarir una sèrie de qüestions que corrien per les converses polítiques i periodístiques.

No, no hi haurà avançament electoral. “No hi ha motius per a això. Ens interessa acabar la legislatura”, ha sentenciat Estañ en acabar la reunió de menys d'una hora al Palau, on ha assegurat que aqueix ha sigut el compromís de Ximo Puig. A més, ha explicat el síndic, cas de pplantejar-se en el futur un avançament dels comicis, hauria de ser un acord entre PSPV, Compromís i la seua formació.

Podem, que s'ha presentat com la pota que unia les institucions amb la ciutadania, atès que no es va incorporar al Consell en signar el Pacte del Botànic, havia perdut una mica de presència aquest estiu, en què el focus estava sobre les tensions entre PSPV i Compromís. La formació morada va ressorgir la passada setmana com a mediadora entre els socis de Govern i va intentar llimar asprors i rebaixar l'incendi que amenaçava el Botànic, plantejant una reunió a tres bandes entre els partits que van signar l'acord de legislatura. Tots dos dirigents semblen haver reprès les relacions traslladant la bona sintonia entre Pedro Sánchez i Pablo Iglesias.

El president, al contrari del que sostenia el síndic socialista en les Corts Valencianes i vicesecretari general del seu partit, Manolo Mata, ha acceptat la proposta per a celebrar aquesta reunió del Pacte del Botànic abans del debat de política general, que arranca el pròxim 11 de setembre. El dubte ara és si la reunió serà entre Mónica Oltra, Ximo Puig i Antonio Estañ o entre els dirigents que formen la comissió de seguiment del pacte.

El portaveu morat ha aprofitat la reunió per a plantejar algunes de les prioritats de Podem per als Pressupostos de la Generalitat de 2019, el pròxim gran debat, entre les quals situa la política d'expansió del parc públic d'habitatge, acabar amb els barracons, millorar l'atenció sanitària, augmentar el suport a les pimes i, de nou, la taxa turística.

Podemos y Ciudadanos ya han pasado a la acción. Una semana después de que se publicara que una investigación judicial pone bajo la lupa contrataciones y financiación de PSPV y el Bloc (la pata mayoritaria de Compromís), su socio parlamentario y el segundo partido de la oposición han anunciado medidas. El PP ya anunció la pasada semana que se personará en todos los juzgados que investigan la trama y ha advertido que pedirá documentación en todos los ayuntamientos con empresas ligadas a la misma.

Por un lado, la portavoz parlamentaria de Ciudadanos ha solicitado la creación de una comisión de investigación de la financiación y actividades del Bloc y el PSPV para que los dirigentes de ambos partidos. “Los dirigentes de ambos partidos han de dar ya una explicación a los valencianos y asumir responsabilidades políticas”, ha exigido Mari Carmen Sánchez.

En una situación más incómoda se encuentra Podemos, apoyo parlamentario de los partidos del Gobierno del Botánico y que bajara concurrir a las elecciones municipales y autonómicas en coalición con Compromís, como hicieron en los últimos comicios nacionales. La formación morada ha convocado a su ejecutiva este martes para evaluar cómo deben actuar con sus socios políticos y analizar las informaciones relativas a la investigación de la financiación de algunos actos de campaña y su relación con la empresa Crespo Gomar.

De la reunión, según ha explicado su líder Antonio Estañ y la miembro del Consejo Ciudadano Pilar Lima, que encabezó una de las corrientes alternativas al actual secretario general, se ha decidido convocar una reunión con los responsables del PSPV y del Bloc, tanto los actuales como los que estuvieran a cargo de los partidos en 2007, año en el que se centra la investigación. “Queremos saber qué medidas van a tomar” respecto a sus formaciones y los cargos bajo sospecha, ha dicho Estañ, quien también reclama que se ponga a su formación al corriente de todos los datos de los que dispongan. Una vez recopilada la información, Podemos exigirá responsabilidades políticas.

Los responsables de la formación morada se muestran preocupados por las supuestas prácticas de ambos partidos, que hicieron de la lucha contra la corrupción y de la regeneración democrática de las instituciones sus banderas mucho antes de llegar al Ejecutivo autonómico. “Tras 20 años de gobierno del PP los valencianos en votaron por un cambio que tenía que ver con aumentar derechos y luchar contra la corrupción y, por tanto, pensamos que debemos ser los que hemos protagonizado ese cambio los primeros en dar ejemplo”, ha manifestado el secretario general, que teme que pueda llegar a la ciudadanía el mensaje de que todos los partidos hay mala praxis y de que la corrupción es un mal endémico entre quienes tienen poder político. “Tolerancia cero contra la corrupción”, ha sentenciado Lima.

Estañ ha remarcado que esta reunión se debe celebrar al margen de la Comisión de Seguimiento del Pacte del Botànic, ya que la situación tiene la envergadura suficiente para tener agenda propia. Es una reunión “entre partidos” a la que espera que asistan los máximos dirigentes. Para Podemos, Ximo Puig, Mónica Oltra y Enric Morera, entre otros, deberían dar explicaciones y estar a la altura de las expectativas que la ciudadanía depositó en ellos mediante las urnas. 

No obstante, el apoyo del Botànic considera que todavía es pronto para hablar de consecuencias en el acuerdo de legislatura. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y, según los partidos implicados, aún no han recibido notificaciones de las unidades judiciales. Sin embargo, sobre una futura alianza electoral, Lima sí ha advertido que la forma en la que trabajen ambos partidos sus investigaciones internas influirá en las conversaciones.

Aquest dilluns, la direcció general per a l'Agència de Seguretat i Resposta a les Emergències, dependent de Presidència de la Generalitat, publicava una resolució en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) amb els guardonats en els segons premis taurins 'Va de Bous', instaurats pel Partit Popular d'Alberto Fabra a final de la legislatura passada en plena guerra per les senyes d'identitat. Els premiats són l'entrada de bous i cavalls de Sogorb, el ramader Vicente Peris Maximino i el periodista especialitzat José Luis Benlloch Rausell.

Aquesta decisió no ha sigut ben acollida per Compromís, soci de govern del PSPV en el Consell del Pacte del Botànic. La diputada valencianista Mireia Mollà ha mostrat la seua discrepància a través de les xarxes socials i ha qualificat la recuperació dels premis taurins de “fets consumats que NO ens representen”. “No forma part de l'acord de govern ni de la nostra cultura política”, ha escrit Mollà, que ha demanat explicacions als socialistes per la presa de decisions “en solitari”.

Els 'bous al carrer' van protagonitzar la polèmica tant al final de la passada legislatura, quan el PP va utilitzar els bous -i la llengua- com a arma política contra l'esquerra valenciana amb l'aprovació de la controvertida llei de senes d'identitat o l'engegada d'aquests premis taurins, com al principi de l'actual mandat. Diversos ajuntaments van decidir sotmetre a consulta ciutadana i fins i tot prohibir aquest tipus d'actes, inclòs València, on el govern municipal de Joan Ribó va aprovar la prohibició del 'bou embolat' i el 'bou amb corda'.

Els bous han provocat en la darrera dècada més d'una trentena de morts -més de 6.500 persones han hagut de rebre atenció mèdica en aquest mateix període- en els carrers dels pobles valencians, on anualment se celebren al voltant de 8.000 festejos.

Ara, relacionat també amb els festejos taurins, les Corts han de debatre l'obligatorietat de la presència d'un segon metge en els 'bous al carrer', una mesura que s'ha trobat amb el rebuig del Partit Popular i de diversos ajuntaments, principalment del nord de la província de València i de la província de Castelló. Alguns d'aquests consistoris que s'oposen a la mesura estan també governats pel PSPV-PSOE, i fins i tot Compromís. Aquests municipis consideren que aquesta obligatorietat va en contra d'aquests festejos, a causa que els encareix.

Ha arribat el dia i han fet quadrar les agendes. Aquest dimecres, els líders del PSPV-PSOE, Compromís i Podem han signat la renovació de l’acord que van segellar al principi de la legislatura, el Pacte del Botànic. Amb la rúbrica, Ximo Puig, Mónica Oltra i Antonio Montiel manifesten que l’acord entre les formacions d’esquerres que es va aconseguir després del 25-M vol continuar tirant avant i que, al cap d’any i mig de govern en conjunt –encara que Podem hi dóna suport des del parlament–, el tripartit n’ix reforçat. Fins i tot es va tractar d’exportar el model de govern ‘a la valenciana’ durant les negociacions d’investidura, com a projecte alternatiu a la dreta.

Els compromisos que recull aquest document nou ja es van pactar fa tres mesos, encara que aquesta setmana se n’ha modificat algun punt, gairebé a última hora. La signatura es va retardar perquè, encoratjades per Podem, les formacions van decidir esperar fins al debat i l’aprovació dels pressupostos de la Generalitat per al 2017, en què la majoria d’esmenes es van pactar entre les tres formacions. Aquests mateixos comptes en altres comunitats autònomes amb governs en minoria no han tirat avant ni en temps ni en forma i, en alguns casos, fins i tot hi ha hagut amenaça de ruptura dels suports parlamentaris.

Lluny de la tensió que es dóna en altres territoris, el govern ‘a la valenciana’, tot i que encara no corre a la velocitat que li agradaria avançar, s’acosta a la meitat de la legislatura havent assolit la majoria dels objectius que es va proposar. Així ho han destacat els tres representants i per això inclouen 200 mesures noves sobre les quals es volen dibuixar les polítiques que duran a terme. El primer acord “era un objectiu de mínims”, ha explicat la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra. Ara, amb la “catàstrofe social” i havent solucionat una part de la “ruïna en diferit” provocada per la “nefasta gestió” del PP, el govern es planteja un horitzó nou: canviar el model econòmic i productiu.

“La primera prioritat era donar cobertura als qui tenien més necessitat, reparar els drets bàsics. Ara cal incidir en la reforma del model econòmic”, ha explicat el president de la Generalitat, Ximo Puig. Per a fer-ho, ha ressaltat organismes de nova creació, com l’Agència d’Innovació o la reformulació d’altres de ja existents com l’IVACE i el SERVEF. No obstant això, el president lamenta que la gestió no seguisca el ritme adequat, però s’escuda en l’herència rebuda del PP. “Sabíem com estava [l’Administració], però, quan hi hem arribat, ens l’hem trobada encara pitjor. Hui encara continuen apareixent coses inesperades”, ha expressat. Per a Puig, no seria raonable un discurs de satisfacció, però la nova legislatura ha comportat “un canvi en la política real”.

Molts objectius del nou pacte miren a llarg termini. Així, a més, ho ha ressenyat el líder de Podem, Antonio Montiel. “Nosaltres pensem més enllà del 2017, en la pròxima dècada, en un futur més ambiciós per a la comunitat”, ha expressat. La formació morada manifesta la intenció de continuar donant suport –i vigilant– des de les Corts l’executiu i de mantenir-se com a interlocutor entre els agents socials i els que fan política des de l’hemicicle. “Aquest continua sent un pacte a quatre”, ha recordat.

Ara, el Botànic es vol posar les piles amb la gestió econòmica i la creació d’ocupació. Segons Oltra, busca una transició ecològica de l’economia, en què tinga més protagonisme la cultura i impulsada per les noves polítiques socials. Més de 70 mesures s’han inclòs en aquest apartat, l’eix número 4, entre les quals figura una llei de turisme nova, les connexions ferroviàries, el foment de la conscienciació sobre el canvi climàtic i la coordinació dels agents implicats en el desenvolupament de l’ocupació. Paradoxalment, a l’acte, ple de membres del segon i del tercer graó del Consell i de representants de les tres formacions als municipis, no han acudit els consellers d’Economia ni d’ Hisenda. El primer és a Alemanya en una fira de comerç i el segon a Madrid, preparant la conferència de presidents.

Una altra de les novetats que recull l’acord és un annex amb reivindicacions a l’Estat central en què les tres formacions conviden totes les organitzacions i els partits de l’oposició a sumar-se a les demandes d’un millor finançament autonòmic, fer una administració més democràtica o invertir en infraestructures.

Després de l’aprovació de la Llei de pressupostos de la Generalitat i amb els comptes tancats per al pròxim exercici, Podem urgeix PSPV i Compromís a signar la renovació del Pacte del Botànic.

El líder de la formació morada, Antonio Montiel, ha explicat aquest dimecres en els corredors de les Corts que, a pesar que la reforma està pactada fa més d’un mes, no tenien una pressa especial per a fer la foto de la signatura fins no veure com es desenvolupava el debat pressupostari. En els PGV per al 2017 s’han acceptat pràcticament totes les esmenes que ha presentat Podem, llevat d’una sobre la llei d’espectacles i una altra respecte a l’expansió d’algunes mines a la Comunitat Valenciana.

El treball de la comissió encarregada de reformar l’acord de Govern entre PSPV, Compromís i Podem es va estendre durant quasi dos mesos, encara que Podem va començar a preparar les seues aportacions a l’agost. Els treballs van concloure amb més de 200 reformes i finalment no es van ampliar els eixos, com va proposar Podem en un primer moment.

Ara, amb els números quadrats per a l’any que ve, el síndic de la formació morada ha explicat que està quadrant les agendes amb el president i la vicepresidenta de la Generalitat, Ximo Puig i Mónica Oltra, per a dur a terme la signatura conjunta i repetir el format del primer pacte.

Montiel ha recordat que Podem va plantejar tres eixos al Consell, l’ampliació de l’Acord del Botànic, que la política pressupostària incloguera recursos reals per a fer efectius els acords i la lleialtat amb les proposicions de llei de Podem.

Ha assenyalat que s’ha avançat “bastant en el tema dels pressupostos” i que l’Acord del Botànic està preparat per a “l’acte protocol·lari de signatura” i ha afirmat que li agradaria que “fóra com més prompte millor”. El portaveu de Podem ha dit que encara no hi ha tancada una data “per problemes d’agenda”, però ha destacat que hi estan treballant amb els caps de gabinet.

Les 200 mesures i l’annex del document d’ampliació a l’acord entre el PSPV-PSOE, Compromís i Podem en què es basa el Govern valencià de Ximo Puig i Mónica Oltra

El nou Acord del Botànic està a punt perquè els líders del PSPV-PSOE, Ximo Puig, de Compromís, Mónica Oltra, i de Podem, Antonio Montiel, el signen i el facen públic d’ací a uns quants dies. El document d’ampliació del pacte que el juny del 2015 va afavorir el canvi polític a la Comunitat Valenciana, al cap de més de dues dècades d’hegemonia del PP, i va permetre la formació del Govern valencià que presideix Puig i del qual és vicepresidenta Oltra, inclou 200 mesures enfront de les 37 “línies d’actuació” de l’acord original i un annex amb 15 mesures més “de competència o coordinació estatal”.

Impulsat per Podem, que és el soci del tripartit que es limita a donar suport parlamentari i que ha descartat, després de preveure aquesta possibilitat, incorporar-se al Consell, el document, a l’esborrany del qual –només pendent d’una última revisió formal– ha tingut accés eldiario.es, és fruit de la negociació de representants de les tres formacions en la mesa de seguiment que es va crear amb aquesta finalitat.

Com expliquen fonts de la negociació, allò que el juny del 2015 era un acord d’investidura sobre les grans línies del canvi polític s’ha transformat en aquesta primera revisió en un pacte de govern que reflecteix objectius més concrets.

Malgrat que Podem va proposar ampliar a sis nous eixos el pacte quan va posar damunt de la taula més d’un centenar de propostes que calia tenir en compte, l’Acord del Botànic continua estructurat en cinc eixos: rescat de persones, regeneració democràtica i lluita contra la corrupció, govern per a les persones, nou model productiu (a què ara s’afig “i territorial”) i finançament just i auditoria ciutadana.

Vet ací les mesures resumides del nou Pacte del Botànic.

Rescat de persones: 1. Nova Llei de renda garantida de ciutadania. 2. Pla de xoc pel dret a l’habitatge. 3. Pagament d’ajudes pendents d’habitatge. 4. Assumir l’eix de la igualtat real i efectiva com a via per a prevenir la violència masclista de manera estable. 5. Programa d’acompanyament per a dones joves aturades en garantia juvenil 6. Millorar la sensibilització i el discurs públic d’un concepte de violències masclistes ampli. 7. Xarxa pública d’atenció social integral a les dones víctimes de violència masclista i ampliació de recursos. 8. Creació, manteniment i recuperació de la gestió pública dels serveis de foment de la igualtat, en què és prioritària la creació d’una xarxa d’agents d’igualtat municipal. 9. Mapa de recursos d’atenció a les dones víctimes de violència masclista. 10. Finestra única per a dones víctimes de violència masclista entre els serveis socials municipals i els centres Dona 24 h. 11. Pla específic d’ocupació per a dones víctimes de violència masclista. 12. Pla d’intervenció amb xiquets i xiquetes exposats a violència masclista i pla de xoc contra la violència masclista en adolescents. 13. Reconstrucció de les polítiques de cooperació internacional, en què s’arribe a compromisos d’increment pressupostari. 14. Pla per a un nou model de centres residencials per a persones grans, dependents o amb diversitat funcional. 15. Pobresa farmacològica: retirar el copagament de manera gradual a totes les persones amb ingressos inferiors al salari mínim. 16. Línia urgent d’atenció psicosocial a persones en procés de desnonament o desnonades. 17. Superació de l’exclusió sanitària de les persones que continuen privades del dret a l’assistència sanitària pública. 18. Pla de xoc per a agilitzar les ajudes a la dependència. 19. Prioritzar l’eliminació de barracons en infraestructures educatives. 20. Reforma de la Sindicatura de Gregues. 20. Xarxa d’Oficines de la Generalitat d’Assistència Multidisciplinària i Integral a les Víctimes del Delicte 21. Nou model de justícia gratuïta. 22. Turisme sense fronteres, en què s’afavorisca tant l’accessibilitat de les persones amb diversitat funcional com la participació de tots els col·lectius socials. 23. Polítiques públiques de desenvolupament sostenible i Agenda 2030.

Regeneració democràtica i lluita contra la corrupció: 24. Agència de Prevenció del Frau i la Corrupció. 25. Reforma de la Llei de la Sindicatura de Comptes 26. Reforma de la Llei del Consell Jurídic Consultiu i de l’Estatut dels expresidents. 27. Reforma i desplegament de la Llei 8/2010, de règim local de la Comunitat Valenciana. 28. Desenvolupament de la policia autonòmica. 29. Llei valenciana de foment de la responsabilitat social. 30. Contractació i subvencions públiques socialment responsables. 31. Nova llei de cooperació al desenvolupament. 32. IV Pla director de cooperació per al desenvolupament de la Comunitat Valenciana. 33. Consell de Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. 34. Llei de participació ciutadana i suport a l’associacionisme. 35. Llei de regulació dels grups d’interés i pressió (lobbys). 36. Sistema valencià d’integritat institucional. 37. Reforçar la Inspecció de Serveis. 38. Modernització i simplificació dels processos administratius. 39. Auditoria ètica de la Generalitat. 40. Codi de bon govern. 41. Llei de mediació, que regularà els mecanismes de resolució extrajudicial de conflictes. 42. Llei d’ordenació i gestió de la funció pública valenciana. 43. Pla estratègic de recursos humans per a la Generalitat. 44. Foment de mesures efectives perquè l’Administració de justícia siga més democràtica, pròxima, comprensible, ràpida i eficient, amb més participació popular, menys jerarquitzada i més independent. 45. Implantació del model d’oficina judicial previst en la Llei orgànica del poder judicial des de l’any 2003. 46. Dotar les oficines judicials i fiscals dels mitjans tecnològics necessaris. 47. Emprendre la construcció d’edificis judicials necessaris o reformar els actuals. 48. Increment de la dotació de pèrits adscrits a tribunals de justícia. 49. Creació d’un servei jurídic d’orientació en mediació. 50. Exigir la creació de nous òrgans judicials a la Comunitat Valenciana. 51. Llei de la memòria democràtica i per a la convivència de la Comunitat Valenciana. 52. Comissió interdepartamental que s’ocupe de la memòria democràtica. 53. Promoure l’ampliació de l’accessibilitat a la documentació de l’Administració general de l’Estat pel que fa a la memòria històrica. 54. Promoure l’elaboració de la Llei orgànica de llibertat de consciència. 55. Incloure en la reforma de l’Estatut d’autonomia mesures per a garantir la regeneració democràtica i la lluita contra la corrupció. 56. Incorporar a la realitat valenciana el Codi ètic mundial del turisme.

Govern per a les persones: 57. Restabliment i ampliació dels serveis públics. 58. Desenvolupament i actualització de l’actual Institut Valencià de les Dones i per la Igualtat de Gènere. Desenvolupament del Consell de les Dones. 59. Llei integral per a la igualtat efectiva de persones LGTBI i contra la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere. 60. Llei valenciana de la infància i adolescència 61. Pla de tornada i recuperació de joves investigadors i investigadores. 62. Aposta per l’R+D+I a llarg termini. 63. Prioritzar, en la inversió en R+D+I, l’esforç en capacitat (recursos humans) enfront del d’infraestructura (edificis, grans instal·lacions, equips, etc. no sostenibles). 64. Ampliació i impuls de l’educació pública de 0 a 3 anys. 65. Consolidació d’una xarxa de suport a les polítiques de joventut. 66. Creació d’estructures de coordinació territorials de totes les entitats i serveis que intervenen en joventut. 67. Xarxa pública d’oci educatiu. 68. Estratègia valenciana de joventut. 69. Reforma de la Llei del Consell Valencià de Cultura. 70. Avaluació i seguiment del pla estratègic del sector de la cultura. 71. Augment progressiu de la despesa en cultura fins a l’1%. 72. Nova Llei de mecenatge i patrocini cultural. 73. Defensa del patrimoni cultural monumental i paisatgístic. 74. Modificació de la Llei de patrimoni de la Generalitat Valenciana. 75. Pla anual de restauració. 76. Modernització de la gestió i el manteniment de les biblioteques i els arxius de la Comunitat Valenciana. 77. Arxiu audiovisual de la Comunitat Valenciana. 78. Posar al dia la xarxa de biblioteques. 79. Mesa de Participació de la Cultura Valenciana. 80. Promoure la integració dels ensenyaments artístics superiors en la universitat 81. Suport a la producció audiovisual i cinematogràfica. 82. Aposta per l’activitat artística i creadora valenciana. 83. Promoció de la producció i la distribució teatral pròpia en valencià amb dimensió territorial. 84. Potenciació del moviment associatiu. 85. Actualització de la Llei valenciana de la música i creació de la Direcció Adjunta de Música i Cultura Popular de l’Institut Valencià de Cultura. 86. Suport a les escoles de música. 87. Mapa d’ensenyaments musicals. 88. Reclamació al Govern central de l’actualització dels acords de finançament del Palau de les Arts. 89. Unificar l’agenda cultural a la Comunitat Valenciana. 90. Assegurar l’atenció integral, social i sanitària a persones amb trastorn mental greu. 91. Estendre l’atenció psicològica i social des de la mateixa atenció primària de salut. 92. Recuperació dels serveis privatitzats i concessions administratives. Posar en marxa auditories. Promoure la derogació de la Llei 15/97. 93. Continuar les actuacions per a recuperar les unitats de ressonàncies magnètiques amb mitjans propis. 94. Potenciar l’atenció primària. 95. Integrar en el sistema sanitari públic la rehabilitació en salut mental. 96. Transferir la rehabilitació psicosocial i l’atenció a les drogodependències als serveis de salut mental. 97. Protocol d’inclusió per a les persones que hagen estat internades en centres psiquiàtrics penitenciaris. 98. Llistes d’espera públiques, per departaments, patologia i criteris, i treballar per a disminuir-les. 99. Ús de qualitat en l’atenció sanitària. 100. En l’atenció sanitària, la dedicació exclusiva dels responsables d’unitat. 101. Normalitzar i homogeneïtzar laboralment el personal d’atenció continuada dels centres sanitaris i equiparar-lo a la resta del personal sanitari. 102. Incorporar un equip de salut pública en cada departament de salut. 103. Crear els consells de salut de zona. 104. Integració completa de l’Hospital Provincial de Castelló. 105. Continuar implantant l’horari de vesprada als centres de salut i d’especialitats. 106. Dotació d’infermeria escolar en tots els centres d’educació especial. 107. Pla de dignificació de les infraestructures sanitàries. 108. Publicació del calendari d’oferta pública d’ocupació en sanitat per als pròxims anys. 109. Pla director seguretat viària de la Comunitat Valenciana. 110. Estratègia valenciana de nous usos del temps i coresponsabilitat. 111. Pla valencià d’inclusió i cohesió social.

Nou model productiu i territorial: 112. Directrius generals en matèria de model econòmic en l’àmbit de la Generalitat Valenciana. 113. Pla d’industrialització de la Comunitat Valenciana. 114. Augmentar els recursos per a fomentar polítiques de reindustrialització sostenible, d’agricultura biològica, de transferència tecnològica, de finances ètiques i d’eficiència energètica. 115. Foment de l’autoconsum energètic. 116. Oficina d’atracció d’inversions estrangeres. 117. Seguiment i avaluació del mapa de l’emprenedoria valenciana. 118. Revisió i actualització de l’estratègia valenciana de canvi climàtic 2016-2020-2030, en què s’integre l’estratègia valenciana de l’energia amb participació de la societat civil. 119. Pla de regulació de l’ús del foc en el medi natural per a unificar normatives. 120. Creació d’un instrument de gestió global de residus. 121. Execució del pla de foment de la producció ecològica. 122. Pla director del cooperativisme agroalimentari. 123. Pla de recuperació del teixit productiu a les zones rurals. 124. Pla de formació de nous agricultors. 125. Foment dels plans d’acció en matèria d’estalvi i eficiència energètica. 126. Acord autonòmic per a l’ocupació entre agents socials, polítics i econòmics. 127. Observatori d’igualtat salarial i bones pràctiques en empreses. 128. Compromís d’augment del pressupost per a les polítiques actives d’ocupació. 129. Desenvolupament de mecanismes d’avaluació de les polítiques públiques d’ocupació. 130. Pla de reconeixement i certificació de qualitat a empreses que apliquen bones pràctiques. 131. Suport de l’autoocupació, desenvolupament i protecció de la figura de les persones treballadores autònomes. 132. Pla d’iniciatives de drets deslligats de l’ocupació per a persones aturades o amb contractes temporals encadenats d’alta precarietat. 133. Programes d’increment de la capacitat d’ocupació per als col·lectius amb més dificultats d’inserció professional. 134. Pla per a formar els discapacitats físics, psíquics i sensorials en desocupació. 135. Programes per a la formació i la inserció laboral dels immigrants. 136. Revisió i modernització de la Llei d’empreses d’inserció social. 137. Reforç dels serveis públics d’ocupació (SERVEF). 138. Mecanismes per a coordinar l’oferta educativa entre els centres ocupacionals dependents de les diputacions i la Conselleria d’Educació. Impuls dels programes de formació professional bàsica i dels programes de certificació professional. 139. Modernització dels centres ocupacionals i dels tallers prelaborals d’inserció social. 140. Ajustament dels ensenyaments i de les titulacions de la formació professional a la demanda del mercat laboral. 141. Desenvolupament dels processos de reconeixement, avaluació i acreditació de les qualificacions i les competències professionals. 142. Impuls de programes de formació, de col·laboració publicoprivada, amb compromís directe d’inserció professional. 143. Impuls de l’Agència Valenciana de la Innovació. 144. Intervenció en favor de la seguretat i la salut de la població treballadora. 145. Reconeixement de l’economia social. 146. Reorientació dels programes d’emprenedoria envers la figura de la persona emprenedora social, amb atenció especial als projectes liderats per dones. 147. Millorar l’accés als recursos financers per a les dones i mesures de foment de l’emprenedoria femenina. 148. Creació d’una marca d’RSE entre les empreses valencianes. 149. Incorporació d’indicadors de gènere en els sistemes de seguiment i avaluació de serveis i recursos autonòmics de formació i ocupació. 150. Impuls de programes de formació específics per a dones que volen reincorporar-se al món laboral després d’una absència llarga. 151. Garantir els fons per a la formació i la inserció laboral de la joventut. 152. Foment del treball i l’emprenedoria rural. 153. Finalització, aprovació i execució de manera urgent del Pla d’acció territorial sectorial del comerç de la Comunitat Valenciana (Patsecova), que condicione l’atorgament d’autoritzacions d’establiments comercials d’impacte territorial fins que s’aproven definitivament. 154. Actualització de la normativa reglamentària de l’Observatori de Comerç, que s’adeqüe al que es disposa en les directrius del Patsecova. 155. Impuls d’un pacte autonòmic sobre els horaris comercials, liderat per l’Observatori del Comerç. 156. Foment dels horaris comercials compatibles amb la conciliació familiar. 157. Introducció de l’informe anual de la distribució comercial de criteris territorialitzats sobre l’evolució de les vendes en el comerç al detall, segons la tipologia del comerç (gran superfície, gran cadena, cadena petita i empresa unilocalitzada). 158. Desplegament reglamentari de la Llei de cambres de comerç. 159. Adopció de mesures efectives de coordinació entre les polítiques autonòmiques i les de les tres diputacions provincials en matèria de carreteres i altres infraestructures. 160. Perseverar en la reivindicació de contractes-programa de transport públic per a les àrees metropolitanes de València i Alacant, amb la constitució d’autoritats del transport de les àrees metropolitanes. 161. Presentació del pla d’actuacions territorials metropolitanes de Castelló i Alacant-Elx. 162. Reclamar al Govern central la connexió per mitjà dels trens de rodalia València-Alacant-Elx-Torrevella i el tren de la costa entre Gandia i Dénia. 163. Negociar amb el Govern d’Espanya una solució viària al Corredor Mediterrani de l’AP-7, quan acabe la concessió, i millorar l’accessibilitat al territori des de l’AP-7. 164. Iniciar accions per a determinar la reconducció de les obres de Corredor Mediterrani. 165. Exigir al Ministeri de Foment que preste el servei de transport entre Xàtiva i Alcoi en millors condicions de qualitat. 166. Exigir al Ministeri de Foment un calendari de les obres del túnel passant i de la nova Estació Central de València 167. Pla integral de mobilitat, que incloga infraestructures i serveis de transport, i també el nou mapa concessional de transport regular de viatgers, els plans de mobilitat metropolitans sostenibles… 168. Revisió profunda i oberta al consens del model territorial i de paisatge de la Comunitat Valenciana i definició de les mesures de transició envers un model no basat en el creixement il·limitat. 169. Inventari del sòl acumulat en el període de la bambolla immobiliària i sense expectatives urbanístiques. 170. Disseny, en col·laboració amb els ajuntaments, de mesures polítiques concretes per a la reparació territorial i urbanística dels impactes de la bambolla immobiliària. 171. Avançar en polítiques d’escala metropolitana per als espais territorials que presenten característiques funcionals pròpies. 172. Mesures de suport financer als ajuntaments. 173. Reforç del paper de la Xarxa de Municipis de la Comunitat Valenciana contra el Canvi Climàtic i la Qualitat Ambiental 174. Creació d’una comissió científica i de persones expertes que elabore informes i servisca de suport a les polítiques de canvi climàtic del Govern valencià. 175. Foment d’instruments d’informació i conscienciació de la ciutadania sobre el canvi climàtic. 176. Augment dels controls de qualitat de l’aire. 177. Enfortiment de les polítiques de desenvolupament rural i de producció agroforestal. 178. Paralització de les reclassificacions de sòl en terrenys forestals cremats en un termini mínim de 30 anys. 179. Prohibició de les reclassificacions de terrenys forestals a usos agrícoles intensius. 180. Aprovació d’una estratègia preventiva i de coordinació contra incendis forestals. 181. Promoció de l’estabilitat laboral del personal dedicat a la gestió forestal i a la vigilància i l’extinció d’incendis forestals. 182. Elaboració de criteris i d’instruccions per a conservar i gestionar àrees forestals. Elaboració dels plans d’ordenació forestal. 183. Pla d’actuació de mesures forestals que actue contra l’expansió de plagues forestals i espècies invasores. 184. Plans de dinamització i de valoració dels parcs naturals i dels espais protegits. 185. Millorar la coordinació i l’eficiència de les polítiques de gestió dels ecosistemes mediterranis. 186. Pla d’ecoturisme. 187. Reconeixement dels municipis que no han deteriorat el seu litoral i/o aposten per protegir-lo. Valorar els espais litorals més valuosos. 188. Nova llei de turisme, oci i hospitalitat.

Finançament just i auditoria ciutadana: 189. Negociació urgent per l’aprovació d’un nou sistema de finançament de les autonomies mitjançant una comissió interparlamentària. 190. Reestructuració del deute per mitjà d’una combinació de reducció del deute, dèficit a càrrec del deute històric, quitament i ajornament del deute amb el Govern mitjançant una comissió bilateral. 191. Nova llei d’hisenda pública valenciana. 192. Nova llei de taxes i nova llei del joc. 193. Nova política fiscal. Campanya d’inspecció de liquidacions dels impostos gestionats per l’Administració autonòmica en el marc de la lluita contra el frau fiscal, i també l’establiment d’un sistema de col·laboració i coordinació amb l’AEAT per a incrementar la detecció de conductes d’evasió fiscal. 194. Reestructuració i reforç de l’Institut Valencià de Finances. 195. Desenvolupar per l’IVF accions que permeten a tots els municipis valencians accedir a serveis financers. 196. Desenvolupament de l’Administració electrònica i implantació de la signatura electrònica en la Generalitat. 197. Creació d’una comissió d’optimització dels fons i programes europeus. 198. Impuls, regulació i dotació del fons autonòmic de cooperació municipal 199. Reforma legislativa del sistema fiscal. Rebaixar la pressió fiscal de les famílies de la Comunitat Valenciana mitjançant un sistema més progressiu i just que faça recaure la càrrega sobre els qui tenen més. 200. Reforç jurídic i orgànic de l’Institut Valencià d’Administració Tributaria.

Annex: mesures de competència o coordinació estatal: 1. Foment de mesures efectives perquè l’Administració de justícia siga més democràtica, més pròxima a la ciutadania, més comprensible, més ràpida, més eficient, tinga més participació popular, siga menys jerarquitzada i més independent. 2. Exigir la creació de nous òrgans judicials a la Comunitat Valenciana. 3. Promoure l’ampliació de l’accessibilitat a la documentació de l’Administració general de l’Estat pel que fa a la memòria històrica. 4. Promoure la integració dels ensenyaments artístics superiors en la universitat. 5. Reclamació al Govern central de l’actualització dels acords de finançament del Palau de les Arts. 6. Recuperació dels serveis privatitzats i concessions administratives. Posar en marxa auditories. Promoure la derogació de la Llei 15/97. 7. Mantenir l’atenció sanitària a les persones malaltes de salut mental internades en centres psiquiàtrics penitenciaris i que hagen estat ateses prèviament pels serveis públics valencians. 8. Reclamar al Govern central la connexió per mitjà dels trens de rodalia València-Alacant-Elx-Torrevella i el tren de la costa entre Gandia i Dénia. 9. Negociar amb el Govern central l’articulació de solucions viàries per a connectar mercaderies i viatgers des de la costa fins a altres regions de l’interior de la Península. 10. Iniciar accions per a determinar la reconducció de les obres de Corredor Mediterrani. 11. Negociar l’acord entre la Generalitat i el Ministeri de Foment per a afrontar les obres de millora en la línia Xàtiva-Alcoi. 12. Negociar un acord entre el Ministeri de Foment i la Generalitat Valenciana per a finalitzar les obres del projecte del Parc Central de València. 13. Negociació per a aprovar un nou sistema de finançament i reestructuració del deute per mitjà d’una combinació de reducció del deute, dèficit a càrrec del deute històric, quitament i ajornament del deute amb el Govern. 14. Reclamar al Govern central la restitució del segon múltiplex digital per a les emissions de TDT a la Comunitat Valenciana que va eliminar el 2014. 15. Reclamar al Govern central l’ampliació de les freqüències d’FM per a les emissions de ràdio a la CV.

Cerca de 1.000 sugerencias para la renovación del Pacto del Botánico. Es la respuesta a las peticiones de Podem, que la semana pasada invitó a sus simpatizantes a enviar sus recomendaciones y valoraciones sobre el acuerdo que sustenta al gobierno valenciano.

Estas aportaciones serán procesadas por la formación y tendrán como finalidad la elaboración del borrador para renovar el Pacto, la hoja de ruta del Consell. La consulta tiene como objetivo conocer la valoración de la ciudadanía respecto a qué ha supuesto el Acuerdo del Botánico y cuáles son sus propuestas para poder avanzar en la mejora del mismo para poner en marcha las políticas necesarias, según un comunicado de la formación.

La formación dio de plazo hasta el 31 de julio para la contribución de los ciudadanos registrados en el partido. Ahora, a partir de este lunes, procederán a la lectura de las sugerencias y un equipo elaborará un documento reflejando las opiniones de los inscritos, valorando cuantitativa y cualitativamente sus propuestas y políticas para poder avanzar en la mejora del Acuerdo del Botánico.

“Cohesión” y “sintonía” fueron las palabras más utilizadas este miércoles por el presidente de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, y la vicepresidenta Mónica Oltra, de Compromís, al “rendir cuentas” de su primer año de gobierno compartido, apoyado por Podemos desde las Corts Valencianes gracias al denominado Pacto del Botánico. En una comparecencia conjunta en el Palau de la Generalitat, tras una reunión extraordinaria del Consell, que han querido descargar de “triunfalismos” tres días después de unas elecciones generales en las que el PP recuperó fuelle en la Comunidad Valenciana, el presidente valenciano ha llegado a recomendar a Mariano Rajoy que “se levante del sofá y que aprenda que la vida es plural”. Puig reiteró que el PSOE no puede dar apoyo a un Gobierno del PP en España, insistió en que es Rajoy quien debe buscar apoyos entre afines ideológicos y le invitó a “gestionar su hemisferio de diversidad”, en alusión a las fuerzas con las que el presidente en funciones ha de perseguir aliados.

Los dos líderes enarbolaron la bandera de la diversidad como un componente de la nueva política y no descartaron que Podemos, el socio parlamentario del Pacto del Botánico, cuyo líder valenciano es Antonio Montiel, acabe incorporándose también al Ejecutivo autonómico, en el que sería el primer gobierno del que la formación morada pasaría a formar parte. Mientras Puig insistía en “valorar la lealtad de Podemos en el apoyo parlamentario dentro del marco de relaciones del seguimiento del Pacto del Botánico”, Oltra recordaba que la formación de Pablo iglesias “no está porque no ha querido” y ha descartado que exista “obstáculo ni presión alguna para que esté” en el Consell.

Seminario de trabajo en Torrevieja

Ambos aplazaron a después de que se celebre el segundo seminario del gobierno, este mes de julio en Torrevieja, para revisar su funcionamiento (el primero fue hace seis meses en Morella), cualquier tipo de cambio en la estructura del Consell como consecuencia de choques y disonancias producidas en algunos departamentos entre cargos designados por el PSPV-PSOE y por Compromís, dentro de la fórmula de lo que se ha llamado “mestizaje”. Y Oltra llegó a asegurar que, si le dieran la posibilidad de elegir un gobierno solo de Compromís, optaría por el actual entre partidos diferentes debido a que “aporta más inteligencia colectiva” y evita “sectarismos”, permitiendo “una visión del gobierno separada del partido”.

Puig, a su vez, explicó que en cualquier colectivo, sea del signo que sea, hay “relaciones mejores y peores”, pero reivindicó que el gobierno del Botánico tiene “un nivel de cohesión exponencialmente superior al del anterior Consell”, que solo formaba el PP, en el que “el presidente y el vicepresidente no se hablaban” y en el que también “se ponían micrófonos y se espiaban unos a otros”. “El mestizaje funciona, es una buena idea, una idea a exportar”, sentenció el presidente valenciano, pese a los roces entre el conseller de Economía, Rafael Climent (Compromís), y su secretaria autonómica, María José Mira (propuesta por el PSPV).

La personalidad plural del gobierno valenciano, evidenciada en la duplicidad de interlocutores ante los periodistas, fue defendida por Oltra como “tecnología política punta”, mientras Puig hablaba de “miradas plurales con una voluntad única” y destacaba que el primer año de esta fórmula valenciana ha puesto el énfasis en “gobernar para las personas” y en combatir la “hipoteca reputacional” dejada por la corrucpión que protagonizó el PP durante sus años de hegemonía.

Como portavoz que es del Consell, además de vicepresidenta, Oltra ha resumido los principales hitos del primer año de gobierno, recogidos en un amplio dosier. La lucha por un cambio en el modelo de financiación autonómica que Puig ha anunciado que “se intensificará”; el proyecto para volver a poner en marcha una radiotelevisión valenciana que el PP cerró; la puesta al día de los expedientes de la Ley de Dependencia y el plan para acoger a más de un millar de refugiados procedentes del Grecia que el Gobierno ha frustrado hasta ahora; el plan para el impulso de un nuevo modelo productivo; el plan de gratuidad de libros de texto y el plan estratégico para la cultura; la universalización de la atención sanitaria que ha incorporado a 9.945 personas que habían quedado excluidas; las ayudas al copago farmacéutico y el plan de salud 2016-2020; el cambio en la política de residuos hacia un modelo sostenible y los cambios en la gestión de los parques naturales; el proyecto de ley de la función social de la vivienda, la reclamación de inversiones en el Corredor Mediterráneo y la reversión de 13,3 millones de metros cuadrados de suelo urbanizable; el portal de transparencia y el código de buen gobierno, son algunos de los aspectos que resaltó.

“Pufos” heredados del PP

También destacaron Oltra y Puig las “herencias” o los “pufos” heredados del PP, en especial los de aquellos casos que han llevado a la fiscalía, como los de la empresa de construcción de colegios Ciegsa, la gestión del IVAM por Consuelo Ciscar o el funcionamiento de la Fundación Jaume II el Just. La “reutilización” de lo que denominó “elefantes blancos” de la política del PP fue destacada por Puig, que puso como ejemplo la Ciudad de la Luz de Alicante, cuyo destino futuro está por decidir tras el fracaso de la subasta para venderla como ordenó la Comisión Europea.

Sobre el caso de la directora general de Internacionalización de la Conselleria de Economía, Mónica Cucarella, que escondió en su declaración de actividades que gestionaba una gasolinera en Alzira a la que la Generalitat reclama daños por contaminar el suelo, Oltra, a cuya formación pertenece la afectada, reiteró que se ha abierto un expediente informativo desde la Conselleria de Transparencia cuyas conclusiones se tomarán en cuenta para decidir o no una continuidad en el cargo que parece imposible.

Sobre la baja productividad legislativa del gobierno del Botánico en su primer año de funcionamiento, Oltra reconoció que el proceso “es endiabladamente lento” y apostó, como también hizo Puig, por un reforzamiento y reforma de la Administración autonómica que permita “desburocratizar, sin eliminar los controles, la producción de leyes”.

Sin duda alguna estamos ante nuevos retos humanitarios, ante una nueva visión de un mundo permanente en cambio y que requiere que generemos las condiciones para que todos tengan las misma oportunidades y los mismos derechos.

La Comunidad Valenciana no sólo ha entendido este nuevo tiempo, sino que además estamos impulsando la generación de alianzas que nos permita juntos avanzar hacía el mundo que queremos. Somos la primera generación que tenemos los recursos y las capacidades para acabar con el hambre en el mundo. Es necesario que desde el minuto cero nos pongamos a ello. Hoy la pobreza no está sólo en el Sur, la desigualdad ha llegado a todos los rincones y por desgracia nos encontramos tanto con miles de personas en riesgo de exclusión social en el norte y con pobres sin expectativas en el sur.

Por eso la Generalitat Valenciana hemos impulsado la alineación de nuestra políticas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible aprobada por Naciones Unidas en una voluntad clara de realizar una política coherente, integral e integrada que permita un desarrollo económico, social y medioambiental sostenible en todos los rincones del planeta.

Necesitamos implementar políticas transformadoras que permitan que todas las personas tengan las mismas oportunidades independientemente de donde hayan nacido. Y para eso es imprescindible que trabajemos junto con las ONGD, las ciudades y pueblos de la Comunitat, las asociaciones de la sociedad civil y aquellos agentes que igual que nosotros defienden la necesidad de cambiar el paradigma del mundo actual.

Tenemos que trabajar en promover iniciativas resolutivas que puedan llegar a transformar el desarrollo sostenible, fomentar proyectos de educación para una ciudadanía global comprometida y crítica con la consecución de bienes públicos globales. Pero sobre todo, trabajando con una mirada clara en mejorar la vida de las personas.

Una sociedad avanzada se mide por cómo trata a las personas más desfavorecidas. Una sociedad avanzada se mide en el compromiso de sus gentes con los derechos humanos, porque sólo una sociedad comprometida es una sociedad libre. Una sociedad avanzada se mide por su solidaridad y fraternidad con los que más necesitan el apoyo y el trabajo de un gobierno de todos.

Nuestra Comunitat está claramente decidida a terminar con las desigualdades. La solidaridad del pueblo valenciano es inequívoca. Tenemos un trabajo fundamental para hacer que el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible sean una realidad que transforme el mundo, nosotros no sólo aceptamos ese reto sino que además estamos decididos a trabajar generando alianzas que nos permitan lograr el objetivo primordial de este gobierno: trabajar por las personas.

Federico Buyolo es director general de Cooperación y Solidaridad de la Generalitat Valenciana.Federico Buyolo

La comisión ejecutiva de Compromís, reunida este lunes en Valencia, ha aprobado las que serán sus reivindicaciones para apoyar un futuro gobierno del cambio. De hecho, según se ha llegado a expresar en la reunión, “el Pacte del Botànic son los fueros que Pedro Sánchez tendrá que jurar para conseguir el apoyo de Compromís”.

En un comunicado, la formación ha explicado que apuesta por un gobierno de cambio que traslade el pacto conseguido en la Generalitat Valenciana al Estado, porque “el pueblo valenciano no se puede permitir un gobierno enemigo de las políticas” de ese acuerdo, y pondrá encima la mesa una agenda valenciana que condicionará su apoyo.

Así, Compromís solamente apoyará un gobierno “que verdaderamente apueste por revertir las políticas antisociales y la reducción de derechos básicos impulsados por el gobierno del PP”. Entre las medidas que a nivel estatal se consideran imprescindibles están la derogación de la “ley mordaza” y la LOMCE, la eliminación de recortes y copago, medidas de choque contra los desahucios, lucha contra la pobreza energética, reforma del sistema electoral, lucha contra la corrupción, recuperación de los servicios públicos, lucha contra el cambio climático y la derogación de la reforma laboral del PP.

También incorpora a este acuerdo de gobierno una agenda propiamente valenciana que tiene como eje principal la reforma del sistema de financiación que corrija las desigualdades de inversión entre comunidades autónomas y conseguir un sistema basado en el concierto económico responsable.

Otra de las exigencias es el reconocimiento de la deuda histórica del Estado con la Comunitat (16.000 millones), que comporta la renegociación inmediata de la deuda de la Generalitat con aplazamientos, fraccionamientos y aportaciones limpias de carácter extraordinario, así como un incremento de las inversiones del Estado en la región, y la moratoria inmediata de las ejecuciones de deuda con organismos estatales por impagos del anterior gobierno valenciano para su estudio y acuerdo de consenso aplicando condiciones viables de pago.

En materia de inversión e infraestructuras, se exige el compromiso de la aprobación de la reforma del Estatuto valenciano que está en trámite en el Congreso, el tratamiento específico de las obras de puesta en marcha de Corredor Mediterráneo desde Almería a la frontera francesa, estableciendo calendario de ejecución de tramos y el compromiso de finalización total del proyecto antes de 2020 y la creación de una comisión específica de seguimiento entre el Gobierno y Compromís para una evaluación conjunta de su desarrollo.

Además, se exige un estudio y la siguiente aprobación de contratos-programa para el transporte metropolitano en las áreas de Valencia, Alicante-Elche y Castellón.

Otra de las exigencias de Compromís es la activación de una Comisión Mixta de Transferencias y la retirada de los recursos de inconstitucionalidad del Gobierno central a las leyes autonómicas de desarrollo del derecho civil valenciano. Así mismo, se exige dotar de protagonismo a la agricultura valenciana en las negociaciones de la PAC, apoyo a la industrialización y comercialización de productos agropecuarios, apícolas y ganaderos, así como abordar los peligros de la desertización y el conjunto de los problemas hídricos en todo el territorio.