El presidente electo de Colombia, el radical de derecha Abelardo de la Espriella, pretende quebrar siglo y medio de tradición republicana. Quiere jurar su cargo el próximo 7 de agosto en un cuartel militar en una zona de conflicto al sur del país, a casi 600 kilómetros de la céntrica Plaza de Bolívar de Bogotá donde siempre se ha llevado a cabo. La respuesta del mandatario saliente, el izquierdista Gustavo Petro, ha sido enfática: no estrechará la mano de su sucesor.

En un último pulso de poder, además, prohibió usar instalaciones castrenses para la ceremonia antes de las 15.00 horas, momento en que dejará de ser comandante supremo de las Fuerzas Armadas. Se trata de un encontronazo inédito que eleva al máximo la temperatura de un país ya fracturado tras las elecciones más reñidas de su historia reciente.

Popayán, capital del Cauca y epicentro de una violencia crónica, es uno de los escenarios de la discordia. Al exigir su investidura allí, De la Espriella envía un mensaje político desde un territorio cercado por disidencias guerrilleras, narcotraficantes y extorsiones que asfixian a la población y el comercio local. La Presidencia ha dejado claro el marco jurídico: solo el Congreso puede cambiar la sede de la toma de posesión, lo cual deja al Ejecutivo sin facultades para autorizar el traslado. Pero Petro también fijó su postura en redes sociales y advirtió que, mientras sea comandante de las Fuerzas Militares, ninguna base se prestará para una ceremonia que, a su juicio, no les corresponde albergar.

El gesto expone riesgos institucionales a los que apuntan juristas y analistas de distintas orillas. “Un presidente civil debe entregar el poder a otro presidente civil. Los militares no tienen por qué estar en el centro”, advierte Mauricio García Villegas, profesor de la Universidad Nacional. Lo que más desconcierta al académico es la puesta en escena: “El presidente no es militar, ni ha sido militar, ni tiene origen militar. En el mejor de los casos, esto es una confusión”. Pero el contraste ha sido una de las marcas de De la Espriella desde la campaña presidencial: el abogado penalista que moldeó su carrera y su fortuna en los estrados judiciales se ha rodeado de militares retirados y reservistas, y se ha publicitado con sus saludos de visera y juramentos a la bandera.

El presidente no es militar, ni ha sido militar, ni tiene origen militar. En el mejor de los casos, esto es una confusión

Mauricio García Villegas — Profesor de la Universidad Nacional

Para la politóloga Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Pares para la paz y la reconciliación, el traslado de la posesión a un cuartel invierte la lógica republicana: subordina el poder civil a un escenario dominado por las armas. “Ahí conviven dos mensajes que se anulan”, dice. Por un lado, el homenaje a las Fuerzas; por otro, el desdén por el Congreso de la República. Y es justo allí donde De la Espriella necesita asegurar apoyos para su coalición y, en paralelo, se trata del único órgano con potestad para autorizar un cambio de sede.

El constitucionalista Rodrigo Uprimny rescataba el domingo en El Espectador una lección esencial sobre la salud democrática del país: la liturgia presidencial en Colombia ya tiene sus propios tiempos, pues existe una ceremonia posterior a la investidura en la que las Fuerzas Militares reconocen en el acuartelamiento a su nuevo jefe. Luego la comparaba con el modelo estadounidense. Los tres generales que llegaron a ocupar la Casa Blanca –Washington, Grant y Eisenhower– jamás volvieron a vestir el uniforme, nunca retomaron el saludo militar y menos aún contemplaron jurar el cargo en una guarnición. Aquellos hombres entendían perfectamente que la verdadera legitimidad de su poder nacía de las urnas y no de las armas.

Los militares, incómodos

La región del Cauca es, quizá, el mejor termómetro del fracaso acumulado del Estado colombiano. Tras el acuerdo de paz de 2016, que desmovilizó las FARC, dos estrategias presidenciales antagónicas buscaron institucionalizar el vacío territorial dejado por la guerrilla. El conservador Iván Duque (2018-2022) optó por una ofensiva total. Acto seguido, Gustavo Petro (2022-2026) impulsó un modelo de negociación con todos los grupos violentos en paralelo bajo el rótulo de la “paz total”. Los dos enfoques fallaron, según los analistas, y en el último cuatrienio las mafias usaron los ceses al fuego para expandirse. “Todo el mundo percibe que el Estado perdió la batalla”, resume Laura Bonilla. “No sirve la militarización, no sirve la negociación. Estamos en un momento en que, al parecer, nada sirve”.

Todo el mundo percibe que el Estado perdió la batalla. No sirve la militarización, no sirve la negociación. Estamos en un momento en que al parecer nada sirve

Laura Bonilla — Subdirectora de la Fundación Pares

Los más incómodos con el plan de la ceremonia en el Cauca, de hecho, podrían ser los propios homenajeados por De la Espriella. El Ejército colombiano carga con varias deudas históricas que condicionan su papel público. Arrastra, por ejemplo, el lastre de los mal llamados falsos positivos: más de 6.402 civiles ejecutados y camuflados como bajas guerrilleras, según la justicia transicional. Solo así se entiende que ahora midan cada paso que dan.

Desde hace unos años, señalan los analistas, los mandos han extremado precauciones. En los cuarteles ha arraigado lo que Bonilla describe como “obediencia reflexiva”, y los altos oficiales advierten con severidad a sus subalternos sobre los límites legales de sus operativos o acciones. Pedro Medellín, politólogo y profesor de la Universidad Nacional, matiza y recuerda, en todo caso, que la responsabilidad no ha sido solo castrense: distintos gobiernos civiles presionaron para lograr resultados y, cuando surgieron los escándalos porque se extralimitaron en sus funciones o violaron los derechos humanos, gran parte de la carga política y penal recayó en los uniformados.

Por eso, este turbulento traspaso de poderes ha dejado una paradoja institucional que Medellín subraya: “Ver a los militares defendiendo los resultados electorales y exigiendo al gobierno civil que cumpla con los principios de la democracia es un hecho que fortalece el sistema”. Al mismo hilo recuerda que, hace unas semanas, cuando Petro deslizó la idea de no reconocer la derrota electoral de su candidato, Iván Cepeda, fue su propio Ministro de Defensa quien garantizó públicamente que el relevo se haría bajo el imperio de la ley. “No es un cheque en blanco”, zanja Bonilla. “Ningún presidente en Colombia ha logrado apropiarse del todo de las Fuerzas Militares”, recuerda.

Egolatría frente a seguridad

Un dato electoral suma simbolismo: el sureño departamento del Cauca votó mayoritariamente en contra del proyecto radical De la Espriella. El candidato, de 48 años, perdió allí de forma contundente en unas elecciones tan ajustadas que la diferencia nacional se resolvió, en buena medida, por los votos de los colombianos en el exterior. “Es un mensaje de golpe de mano en una zona adversa”, interpreta Bonilla. La analista, no obstante, relativiza el impacto operativo: ningún grupo criminal va a retroceder porque la toma de posesión ocurra en una guarnición. El valor práctico del mensaje, agrega, favorece más al “ego” del mandatario electo que la seguridad real de la región, marcada por las economías cocaleras, los conflictos sociales y la salida estratégica al océano Pacífico.

Ahora queda por ver dónde se celebrará la ceremonia. La vía legal aún existe, pero es angosta: el nuevo Congreso tiene menos de tres semanas para aprobar el traslado de la toma de posesión fuera de Bogotá, un hito inédito en las investiduras colombianas. Incluso si Senado y Cámara alcanzaran un acuerdo, el último candado administrativo y logístico estaría, mientras Petro permanezca en funciones, en la decisión del Ejecutivo. Y del alto mando militar. Uprimny avisa de un tercer frente: el acto podría ser impugnado ante los tribunales por desconocer principios constitucionales que ordenan jurar ante el Congreso. Bonilla, habituada a los pulsos institucionales del país, lo interpreta con realismo: “Es bastante improbable que ocurra”.

Sea en una guarnición regional o en la Plaza de Bolívar de Bogotá, rodeada por el Palacio de Justicia o el Capitolio Nacional, algo ya se ha roto. A menos de dos semanas del relevo, Colombia sabe que su presidente saliente y el entrante no se darán la mano, un viejo gesto de convivencia y valor civil: el progresista considera ilegítimo al sucesor, mientras el ultra de derecha tilda de criminal al mandatario que se va. La banda presidencial cambiará de pecho, de todos modos, pero, como señala el sociólogo Eduardo Pizarro Leongómez, la idea de mudar la toma de posesión del ámbito civil al militar deja un mensaje inquietante: el de la primacía “de la fuerza sobre la ley”.

Trump parece desconocer decisiones fundamentales de su Administración en relación con la política exterior en América Latina. El presidente de EEUU que ha acuñado la “doctrina Donroe” como heredero del presidente Monroe, ha afirmado recientemente que desconocía qué estaba pasando con María Corina Machado.

“¿Le dijo a Machado que no volviera a Venezuela la semana pasada?”, pregunta el periodista. Y Trump responde, totalmente desorientado: “¿Te refieres a si se lo dije a él hace mucho tiempo?”

“No, no”, responde el periodista, “María Corina Machado, la líder de la oposición venezolana, ¿le dijo que no volviera?” Y contesta: “No, no, para nada. Es estupenda. Es una persona maravillosa”.

A continuación, Trump vuelve a exhibir su confusión: “Volvió, supongo”. Y el periodista responde: “No lo hizo, y se informó de que ella...”

“¿Lo hizo o no lo hizo?”, repregunta Trump al reportero, evidenciando su desconocimiento sobre hechos básicos. “No lo hizo”, contesta el periodista.

“Yo no le dije que no volviera”, ha asegurado el presidente de EEUU: “Creo que es una buena persona. Me concedió el Premio Nobel. ¿Cómo voy a tener algo en contra de ella? Me dio el Nobel. Dijo que el único que debería ganarlo es Trump”.

EEUU desbarata los planes de Machado

La conversación entre Trump y el periodista en el Air Force One, de regreso de la cumbre de la OTAN en Ankara, sobre Machado viene a raíz de que, según ha venido publicando la prensa estadounidense, la Administración Trump está desbaratando los planes de la líder opositora para volver ahora a Venezuela aprovechando los efectos de los terremotos, que ya suman casi 4.000 personas fallecidas.

Según ha publicado The Wall Street Journal, el plan de la líder de la oposición de regresar a su país tras los devastadores terremotos se vino abajo en pleno vuelo después de que EEUU le retirara el apoyo para viajar. De acuerdo con el periódico, un jet privado despegó de Virginia el viernes de la semana pasada para llevarla a la isla caribeña de Curazao, desde donde Machado tenía previsto iniciar su regreso a Venezuela después de haber huido del país en diciembre.

Pero, aproximadamente una hora después del despegue, el responsable de operaciones de la empresa que había fletado el avión ordenó a los pilotos que dieran la vuelta con el Hawker 800 sobre Carolina del Norte y regresaran a la zona de Washington, según el WSJ.

Se habían aprobado los planes de vuelo y los derechos de aterrizaje, así como el permiso para que Machado, cuyo pasaporte había caducado, aterrizara en Curazao, según el medio, que cuenta que, pensando que se trataba de un error, Machado envió un mensaje de texto a un alto cargo del Departamento de Estado.

El cambio de rumbo se produjo después de que las autoridades estadounidenses llegaran a la conclusión de que Machado planeaba regresar a Venezuela en barco desde Curazao, siguiendo de nuevo la ruta que utilizó para huir de su país el 9 de diciembre con el fin de recibir su Premio Nobel de la Paz en Noruega. Los mismos contratistas privados que la habían sacado del país en aquella ocasión ya se encontraban apostados en la isla.

Las autoridades neerlandesas, que se encargan de los asuntos exteriores de Curazao, creyeron que EEUU respaldaba su viaje, pero retiraron el permiso para que el avión aterrizara después de que Washington dejara claro que no lo apoyaba.

En relación con este episodio, Axios apuntaba al papel desempeñado por el número dos de Marco Rubio en el Departamento de Estado, Chris Landau, quien avaló el viaje de vuelta de Machado a Venezuela sin contar con el visto bueno de la Administración Trump.

Así, las decisiones adoptadas por cuenta propia de Landau acabaron generando discusiones internas, confusión internacional y un aumento de las tensiones con los partidarios de Machado.

Landau es exembajador de EEUU en México e hijo de un exembajador de EEUU en Venezuela y, según Axios, altos cargos de la Administración Trump sospechan que no comparte la política estadounidense hacia Caracas y que mantiene una relación demasiado estrecha con el círculo más cercano de Machado, quien llamó a Landau al día siguiente del terremoto para decirle que quería regresar a Venezuela pasando por Curazao.

En una conversación con la embajadora de los Países Bajos en EEUU, Birgitta Tazelaar, Landau pareció abogar por el viaje de Machado a Curazao y, posteriormente, a Venezuela, según informa Axios. Al día siguiente, el 25 de junio, a Tazelaar le preocupó que EEUU no quisiera que Machado viajara a Curazao. Llamó al subsecretario de Estado de EEUU para el Hemisferio Occidental, Mike Kozak, quien le dijo que Estados Unidos no iba a ayudar a Machado a llegar a Venezuela. Tazelaar afirmó que estaba “completamente confundida” porque el día anterior Landau le había dicho “exactamente lo contrario”.

Las autoridades neerlandesas revocaron entonces el permiso para la llegada de Machado mientras esta se encontraba en vuelo, y su avión regresó a Manassas, Virginia.

Machado se quedó atónita al enterarse del cambio de decisión, y habló con Rubio, quien le reiteró la decisión de EEUU.

La misma confusión ocurrió horas después, cuando Machado intentó volar a Venezuela en un vuelo comercial. En esta ocasión, estaba implicado el ministro de Asuntos Exteriores de Panamá, Javier Martínez-Acha, quien dejó constancia de su conversación sobre Machado en un mensaje de texto que envió a Landau.

El domingo 28 de junio, Machado se encontraba en Panamá e intentó volar a Venezuela con Copa Airlines, que se negó a transportarla cuando funcionarios de Washington y Caracas expresaron su descontento, dejando nuevamente en evidencia a Landau.

Petro: “Me sorprendió que no supiera que aún estábamos en la lista OFAC”

Otro ejemplo del desconocimiento de Trump sobre asuntos básicos y fundamentales de sus políticas es un mensaje reciente del presidente colombiano, Gustavo Petro, en X: “Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella y me sorprendió que no supiera que yo y mi familia aún estábamos incluidos en la lista OFAC. Me prometió actuar en el tema”.

En efecto, según el presidente colombiano, Trump desconocía que Petro aún estaba en la lista del Tesoro de personas sancionadas.

El Gobierno de EEUU aprobó a finales de octubre de 2025 sanciones contra Petro, “por vínculos con el narcotráfico”, en lo que supuso un paso más en su escalada contra el presidente colombiano.

La medida se tomó en virtud de la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que apuntaba a personas extranjeras involucradas en el tráfico ilícito de drogas a nivel mundial, explica el Departamento del Tesoro, y llegó después de varios ataques personales de Trump a Petro y de que EEUU le retirara el visado al presidente colombiano por participar en una manifestación en Nueva York contra el genocidio israelí en Gaza en la semana de la Asamblea General de Naciones Unidas.

Gustavo Petro fue sancionado “por haber participado, o intentado participar, en actividades o transacciones que han contribuido significativamente, o representan un riesgo de contribuir, a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción”.

El Tesoro también sancionó al hijo mayor de Gustavo Petro, Nicolás Fernando Petro Burgos (Nicolás Petro); a la primera dama, Verónica del Socorro Alcocer García; y a Armando Alberto Benedetti Villaneda (Armando Benedetti) “por haber brindado o intentado brindar apoyo financiero, material o tecnológico, o bienes o servicios en apoyo de Gustavo Petro”.

La consecuencia de las sanciones es que “todos los bienes e intereses en bienes de las personas designadas o bloqueadas descritas anteriormente que se encuentren en Estados Unidos o en posesión o control de ciudadanos estadounidenses quedan bloqueados y deben reportarse a la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Office of Foreign Assets Control, OFAC). Además, cualquier entidad que sea propiedad, directa o indirectamente, individual o colectivamente, en un 50 % o más, de una o más personas sancionadas también quedará bloqueada. A menos que estén autorizados por una licencia general o específica emitida por la OFAC, o exentos, las regulaciones de la OFAC generalmente prohíben todas las transacciones realizadas por personas estadounidenses o dentro de (o en tránsito por) Estados Unidos que involucren bienes o intereses en bienes de personas sancionadas”.

En el mensaje de Petro hay otro detalle relevante que muestra el desconocimiento absoluto de Trump de la actualidad política. “Me extrañó que el presidente Donald Trump no supiera que yo no apoyaba a Abelardo de la Espriella”, decía Petro, sobre el candidato ultraderechista apoyado por Trump que se impuso a Iván Cepeda, compañero de partido del aún presidente colombiano.

El candidato de izquierda Iván Cepeda ha reconocido este miércoles la derrota en las elecciones presidenciales del pasado domingo en Colombia y ha aceptado el triunfo del candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella, quien obtuvo 12,9 millones de votos (49,78%) y le ganó por menos de un punto porcentual de diferencia.

“Como candidato del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida, como lo anuncié oportunamente y en este estadio del escrutinio, he decidido aceptar el resultado que surge de dicho proceso y que señala que Abelardo de la Espriella es el nuevo presidente de la República”, ha manifestado Cepeda en una declaración pública.

El dirigente de izquierda ha asegurado que toma esa decisión “como un acto de responsabilidad democrática” y afirma que busca contribuir “a la convivencia, a la paz y al diálogo entre colombiano

“Lo hago porque creemos profundamente en la democracia y porque estamos convencidos de que las diferencias políticas deben resolverse mediante la participación ciudadana, el respeto a las instituciones y la deliberación pública”, ha agregado.

Cepeda ha destacado además lo ajustado del resultado electoral y h aseñalado que “la votación muestra una diferencia extraordinariamente estrecha entre las dos opciones que disputamos la confianza del pueblo colombiano”.

Según el senador, que al terminar en el segundo lugar de las votaciones volverá a ocupar ese cargo para el periodo 2026-2030, esa estrecha diferencia refleja tanto la intensidad del debate político vivido durante la campaña como la responsabilidad que tendrán las distintas fuerzas políticas frente al futuro del país.

El dirigente también ha indicado que el proceso de escrutinio llevado a cabo por las autoridades electorales se encuentra “prácticamente concluido” y ha agradecido a los miles de testigos, abogados y observadores electorales que participaron en la vigilancia de los comicios por parte del Pacto Histórico y la Alianza por la Vida.

Anuncia oposición al nuevo gobierno

Aunque ha aceptado la victoria de De la Espriella, Cepeda ha dejado claro que ejercerá una labor de vigilancia frente al nuevo Gobierno y ha asegurado que defenderá la democracia y las libertades públicas.

“Defenderemos la democracia con toda nuestra energía moral y política”, ha afirmado, antes de advertir que no aceptará que se vulneren las libertades públicas, que se estigmatice a los movimientos sociales o que se trate a la juventud y a la ciudadanía organizada “como enemigos internos”.

Asimismo, ha sostenido que tampoco aceptará “tratos machistas u homófobos por parte del presidente de la República” ni restricciones a la libertad de expresión y opinión.

La aceptación de los resultados por parte del candidato de izquierda se produce tres días después de la segunda vuelta presidencial y contribuye a despejar las dudas sobre el desenlace de unos comicios marcados por lo ajustado del resultado entre los dos aspirantes.

Colombia amanece tras las elecciones presidenciales más reñidas de su historia reciente, en las que el ultraderechista Abelardo de la Espriella se ha impuesto al progresista Iván Cepeda por solo 250.830 votos, equivalente a 0,96 puntos porcentuales, según el conteo preliminar publicado por la autoridad electoral. Según este preconteo, con el 99,99% de las mesas informadas, De la Espriella ha obtenido 12.959.542 votos (49,66%), frente a los 12.708.712 sufragios (48,70%) de Cepeda, del Pacto Histórico, partido del presidente colombiano, Gustavo Petro.

Cepeda ha reconocido los resultados preliminares de la segunda vuelta, pero ha anunciado que su campaña impugnará 33.000 mesas de votación, mientras que Petro ha dicho que aceptará el resultado definitivo una vez concluyan las verificaciones legales correspondientes. Con un resultado tan ajustado, que dibuja un país partido en dos, muchas miradas se posan ahora sobre el escrutinio oficial, que dictará el resultado definitivo tras semanas de tensión y cuestionamientos al sistema electoral. ¿En qué se diferencian el preconteo y el escrutinio? ¿Hay posibilidades de un vuelco? Te lo explicamos:

¿Qué es el preconteo y cómo funciona?

El preconteo es el mecanismo mediante el cual la Registraduría Nacional del Estado Civil (RNEC), la entidad encargada de organizar los procesos electorales, divulga resultados preliminares la noche de las elecciones, antes de que finalice el escrutinio oficial. 

No es, por tanto, el resultado definitivo. No tiene efectos jurídicos: el fin es mantener informados a los ciudadanos de manera ágil en la propia jornada electoral, por la tarde, con una primera fotografía de la votación. No incorpora posibles recuentos ni las reclamaciones que puedan presentar los testigos electorales –ciudadanos que vigilan la votación y el escrutinio–.

El preconteo se hace a partir de los datos registrados por los jurados de votación desde cada mesa en las actas electorales (denominadas actas de escrutinio de los jurados de votación o formulario E-14)

Los jurados cuentan los votos y registran los resultados en el Formulario E-14 en tres copias físicas. Una de esas copias, llamada “ejemplar de transmisión”, es entregada a un “transmisor”, que comunica por teléfono los resultados del acta a los Centros de Recepción Telefónica –mediante datos numéricos, sin mencionar nombres de candidatos–. En estos centros, los operadores anotan en un formulario en papel denominado Formato de Recepción Telefónica (FRT) los números que les son dictados uno a uno por teléfono. Se escanea y se procesa por un software de reconocimiento de imágenes para digitalizar la información.

Esta información se procesa, se “consolida” y se publica en boletines informativos en la web de la Registraduría que dan a conocer el avance de los resultados. En estas elecciones, esta fase final corre a cargo de la empresa española Indra. 

En un artículo reciente, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (abreviado CELAG) desgrana el proceso y señala que desde la recepción telefónica hasta la publicación de resultados no intervienen directamente funcionarios del Estado: todo el proceso posterior a la mesa de votación es operado íntegramente por contratistas y empresas privadas.

¿Qué es, en cambio, el escrutinio?

En Colombia, el escrutinio es el procedimiento técnico y jurídico mediante el cual se revisa oficialmente, se verifica, se valida la información electoral y se define el resultado de unas elecciones. A diferencia del preconteo, tiene validez legal y en él participan autoridades como jueces y notarios (que conforman las comisiones escrutadoras), en presencia de testigos, quienes verifican actas y de ser necesario cuentan de nuevo los votos, para luego meter los datos en el sistema. También pueden participar otras autoridades de control y vigilancia, como la Procuraduría General de la Nación y contar con la presencia de observadores electorales. 

Se realiza con base en los ejemplares del formulario E-14 “de claveros” (una de las tres copias físicas mencionadas anteriormente). Durante el proceso, se asegura la custodia de los pliegos electorales, por ejemplo, por parte de los claveros, quienes protegen los documentos. 

El registrador de Colombia, Hernán Penagos, ha explicado que el conteo de los votos en las mesas fue realizado por cerca de 860.000 jurados de votación en presencia de testigos electorales de ambas campañas, quienes además tuvieron acceso a una plataforma habilitada por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para remitir fotografías de las actas y contrastar los resultados reportados por la Registraduría.

Este domingo comenzó el escrutinio municipal, la primera fase del proceso: unas 2.992 comisiones escrutadoras integradas por cerca de 9.000 jueces y notarios revisan las actas electorales y resuelven las reclamaciones que puedan presentar las campañas. Una vez concluya la revisión municipal, el proceso continuará con los escrutinios departamentales a cargo de los delegados del CNE y finalizará con el escrutinio nacional, en el que los magistrados de ese organismo consolidarán los resultados de todo el país y harán la declaración oficial del presidente electo. 

Es decir, los resultados oficiales solo se conocen una vez concluye este proceso. En estas elecciones, se conocerán posiblemente esta semana. 

¿Ha habido diferencias entre ambos que permita esperar un vuelco en el resultado?

En Colombia, el preconteo suele ser bastante preciso. En la primera vuelta del 31 de mayo, la Registraduría Nacional dijo que los datos preliminares, que fueron cuestionados por el presidente Petro, registraron un nivel de coincidencia del 99,94% frente al escrutinio adelantado por los jueces.

Esta institución hace hincapié en que las diferencias entre el preconteo y el escrutinio no implican irregularidades. “Por lo general, obedecen a los procesos de verificación, revisión de actas y resolución de reclamaciones que se realizan durante el escrutinio oficial”, indica la entidad.

Según un análisis de la Silla Vacía, la diferencia histórica entre el preconteo y el escrutinio no da muchas esperanzas a Iván Cepeda. Desde la elección de Juan Manuel Santos hace 16 años, la brecha entre el candidato que quedó primero y el segundo varió, como máximo, 0,13 puntos porcentuales –en la segunda vuelta de 2010–. En dos segundas rondas –2014 y 2022– la diferencia fue cero, aunque el medio colombiano recalca que eso no significa que no hubiera cambios a nivel de mesa: “Hubo mesas que se anularon o se corrigieron, pero los ajustes no implicaron una mayor ventaja para ninguno de los dos candidatos”.

Para que Cepeda lograra dar un vuelco al resultado, la corrección tendría que ser más de diez veces mayor que cualquiera registrada históricamente, según el mismo análisis, que indica también que, aunque no es imposible, no tendría precedentes. Es decir, sería la primera vez que hay una diferencia de un punto entre el resultado preliminar y el escrutinio presidencial. 

¿Qué pasa con las impugnaciones?

Aunque reconoció los resultados del preconteo, Cepeda anunció este domingo que los equipos jurídicos y vigilancia electoral de su campaña han iniciado la impugnación 33.000 mesas de votación en todo el país. “Nuestro grupo de testigos, decenas de miles de abogadas y abogados, están procediendo a impugnar 33.000 mesas en todo el país. Una a una deberán ser objeto del escrutinio”, señaló.

“Deben ser impugnadas las mesas sin firma de jurados de inmediato. Aún no se puede saber quién es el presidente y hay muchas irregularidades”, expresó por su parte el presidente Petro en X.

Existe un mecanismo para impugnar, ante las autoridades electorales competentes, los resultados obtenidos en los escrutinios, incluyendo las circunstancias de modo, tiempo y lugar que los rodearon, así como el desarrollo general del proceso de votación. El Código Electoral establece diversas situaciones por las cuales los testigos electorales, candidatos y sus apoderados pueden presentar reclamaciones escritas sobre inconsistencias detectadas durante las votaciones y los diferentes escrutinios, para que sean resueltas. 

Según recuerda la Registraduría, estas son “taxativas y excluyentes”, lo cual “exige que los hechos alegados coincidan con alguna de estas e impide que se invoquen causales por deducción o por simple analogía”. Es decir, no se puede impugnar de forma indiscriminada: la reclamación debe estar fundamentada, sustentada en alguna de las causales legales y se deben aportar pruebas. 

Según explica la Silla Vacía, lo más habitual es que durante el conteo de la mesa los jurados de votación o los testigos electorales dejen consignada la inconsistencia en el acta de escrutinio de mesa. Después, en el escrutinio, los abogados de los partidos, los testigos o los funcionarios pueden, basándose en las causales del Código Electoral, pedir que se corrijan las actas o se recuenten los votos (es decir, contarlos de nuevo). 

Si en las actas de los jurados aparecen tachaduras o enmendaduras en los resultados de la votación o hay dudas sobre la exactitud de los cómputos hechos por los jurados, no se puede negar el recuento.

Penagos ha hecho un llamamiento a la tranquilidad tras los resultados preliminares. “Los procedimientos y las autoridades para resolver reclamaciones también están dadas por la ley. Yo quiero invitar a la ciudadanía para que tenga absoluta tranquilidad del proceso que ha venido avanzando”, dijo el registrador.

Abelardo de la Espriella, abogado penalista admirador de Trump y Milei, se convirtió este domingo en el nuevo presidente de Colombia tras vencer en la segunda vuelta más reñida de las últimas décadas. Con 47 años, el aspirante libertario de la de extrema derecha obtuvo 12.959.542 votos (49,66%), superando por un estrecho margen al izquierdista Iván Cepeda, quien logró el 48,70% (12.708.712 sufragios), según el preconeto. En unos comicios con participación histórica, los 377.076 votos en blanco resultaron decisivos, al superar la diferencia final entre ambos candidatos.

El desenlace, sin embargo, tiene un panorama más complejo. De la Espriella llega a la Casa de Nariño sin experiencia en cargos públicos, tras obtener el mayor caudal de votos registrado, pero con apenas cuatro senadores propios en un Congreso de 103 escaños (curules). Su Gobierno dependerá de la disciplina y las negociaciones con fuerzas que lo apoyaron en la segunda vuelta: el Centro Democrático, Cambio Radical y los partidos Liberal y Conservador, formaciones tradicionales con agendas propias y fracturas internas que condicionarán su margen de maniobra.

Bogotá mantenía una calma contenida cuando a las 16:00, siete horas más en España, se cerraron los puestos de votación. Fabio Jiménez, taxista de 50 años, recordó que esa mañana había visto en varios puntos de la ciudad sucursales bancarias y concesionarios de vehículos protegidos con vallas como medida visible de prevención ante una jornada que se temía agitada. “Los que saben de estas cosas desde ayer ya se prepararon”, resumió con la misma parsimonia con la que sortea un atasco en una de las ciudades más congestionadas del mundo.

A las 17:30, con el 99,58% de las mesas reportadas por la Registraduría Nacional, el resultado ya se consideraba irreversible. El país había dado un vuelco político radical: de elegir por primera vez un Gobierno de izquierda, pasaba ahora a una Administración de derecha extrema cuya agresividad ha despertado comparaciones históricas. Algunos han señalado el parecido con Laureano Gómez (presidente entre 1950 y 1953), recordado por su retórica pugnaz y su admiración por Francisco Franco. 

Pero el investigador de la London School of Economics Juan David Velasco señala que De la Espriella se aproxima más al conservador Miguel Abadía Méndez (1926-1930), un mandatario proempresarial, alineado con los intereses de Estados Unidos, con un discurso incendiario y un enfoque represivo en materia de seguridad. Como Abadía, recibe un país endeudado y comparte su defensa de los valores tradicionales. La diferencia es que Abadía llegó al poder tras ejercer como ministro en siete carteras. De la Espriella nunca ha ocupado un cargo público.

Reacciones de un país fracturado en dos

El presidente saliente, Gustavo Petro, reaccionó en X antes de que se completara el preconteo [recuento provisional] advirtiendo que, con los datos de la Registraduría, la diferencia entre los candidatos era de apenas tres décimas. Según su criterio, “no se puede proclamar ningún presidente” hasta el escrutinio oficial. Y añadió que la realidad mostraba “un país partido por la mitad” y denunció “injerencia extranjera quitándonos la libertad”. Pero al mismo tiempo aseguró que acataría las decisiones de la justicia.

Mientras Petro cuestionaba los números, en Barranquilla, en el Caribe colombiano, el también llamado “Tigre” Abelardo de la Espriella celebraba su triunfo ante una multitud agolpada frente a una urna de cristal blindada desde donde se dirigió a su “manada” en un discurso de 45 minutos intercalado por breves pausas con música circense. “No existe libertad sin seguridad, no existe democracia sin la vida privada y no existe nación sin héroes como nuestros policías y soldados”, afirmó. Y añadió entre saludos militares y : “La verdadera paz nace de la justicia que, en el fondo, está ocupada por nuestras fuerzas militares y la policía”.

Por su parte, Iván Cepeda —quien suma 16 años en el Congreso— anunció desde Bogotá la impugnación de 33.000 mesas de votación, criticó el preconteo y convocó a sus seguidores a movilizarse. La estrategia de objeción no es nueva: si en la primera vuelta del 31 de mayo fue Gustavo Petro quien cuestionó el escrutinio, en esta segunda ronda su candidato derrotado ha sido quien repitió el libreto. Esto ocurre a pesar de que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea calificó el proceso de “transparente y creíble”.

El exterior vota por el ‘Tigre’

Colombia rompió este domingo su récord histórico de participación electoral. Con un padrón de 41 millones de votantes habilitados en el país y en el exterior, el 64% ejerció su derecho al sufragio: 26.509.263 depositaron su papeleta. La cifra pulverizó el techo histórico del 59,02% registrado en la segunda vuelta de 1998, que había resistido intacto durante casi tres décadas.

“Esta ha sido una elección como nunca antes ha pasado, que ha dejado al país 50-50”, dijo el analista electoral Camilo Cruz, quien comparó el resultado con lo ocurrido en Honduras y Perú, democracias latinoamericanas que han vivido fracturas similares. Cruz planteó la pregunta que definirá los próximos cuatro años: “El ganador tendrá que decidir si va a gobernar para su postura mayoritaria o si va a gobernar para todo el país”.

Los matices fueron surgiendo con el paso de las horas. El analista Andrés Sampayo señaló uno de ellos en X: dentro de Colombia, la diferencia entre los dos candidatos ha sido un empate técnico. Fue el voto en el exterior el que decidió la presidencia. “La elección se está definiendo por márgenes mínimos dentro de Colombia y por una ventaja contundente por fuera de Colombia”, escribió Sampayo. De la Espriella ganó Colombia desde fuera de Colombia.

Para Cruz, la jornada dejó dos lecciones. La primera: el voto en blanco fue significativo no por su volumen sino por su posición. “Al final, la no distribución del voto entre las dos preferencias finalistas termina, en una elección tan cerrada, definiendo la victoria para un sector u otro”, dijo. “Hay un mensaje para el país, pero ese mensaje todavía no tiene rostro”. La segunda es institucional: la participación abierta del presidente Petro y de los alcaldes de Cali, Medellín y Barranquilla en la campaña rompe una tradición de neutralidad que, advierte Cruz, anticipa un escenario muy conflictivo para futuras elecciones.

Al cierre de la jornada, los temores de un estallido social en Bogotá se disiparon. Se registraron algunos fugaces disturbios y celebraciones callejeras que recordaban el reciente triunfo de la selección nacional frente a Uzbekistán en el Mundial. En el pudiente norte de la capital, Gilberto Gaitán, de 69 años, resumía con pragmatismo su postura por el nuevo presidente de extrema derecha mientras cerraba el servicio de aparcacoches que gestiona desde hace años. “Es un hombre de negocios; no necesita robar”. El país ya ha comenzado a medir el alcance de sus palabras.

Colombia batió el pasado 31 de mayo su récord histórico de participación electoral sin que sus candidatos presidenciales debatieran una sola vez. En Bogotá, en Medellín o la portuaria Barranquilla, los puestos de votación amanecieron con filas más largas de lo habitual.

El electorado eligió en primera vuelta al aspirante de la derecha radical, Abelardo de la Espriella, quien lideró con 10,36 millones de votos (43,74%). Hoy su rival en las urnas será Iván Cepeda, el representante del oficialista Pacto Histórico, que sumó 9,69 millones (40,90%). Uno de los dos gobernará los próximos cuatro años.

Abelardo De la Espriella, de 47 años, llega a esta segunda vuelta con un impulso que muy pocos habían detectado en el radar. Ningún candidato había alcanzado tantos votos en una primera ronda, ni siquiera el influyente Álvaro Uribe en sus dos victorias de principios de este milenio. Para hacerse una idea, hace tan solo dos meses las encuestas situaban al aspirante ultraderechista en tercer lugar. Pero el desplome de la senadora uribista Paloma Valencia, candidata de la derecha institucional que quedó tercera con menos del 7%, volcó hacia De la Espriella un caudal de votos y obligó a rivales y analistas a recalibrar sus estrategias.

Entre tanto, Iván Cepeda, senador de izquierda de 62 años, heredero del proyecto del presidente y defensor de derechos humanos, había encabezado las encuestas y su campaña llegó a creer que podría ganar en primera vuelta. No fue así. Su resultado trazó con exactitud los límites del izquierdista Pacto Histórico que Gustavo Petro construyó desde el poder: un bloque fiel, movilizado, pero incapaz de ir más allá de sus propias fronteras. El precio de ese repliegue quedó claro en la recta final y la formación no logró captar, en un intento tardío y sin demasiada convicción, al electorado del centro político.

Voto por descarte más que por convicción

Por segunda vez consecutiva, el país se debate entre extremos: un populismo de derecha con fuerte arraigo transversal y una izquierda que moviliza a los sectores más vulnerables. Aunque los partidos históricos mantienen su poder en el Congreso mediante el clientelismo, la pugna por el Ejecutivo opera bajo otra lógica. El politólogo Gustavo Duncan (Universidad EAFIT) plantea una tesis: “Los colombianos ya no confían en la política tradicional para la presidencia”.

En este tablero polarizado, el político tradicional pasó de ser el protagonista de la contienda a convertirse, en algunos casos, en un negociador en la sombra, indispensable para la gobernabilidad pero incapaz a la hora de cautivar al electorado de forma masiva en las urnas.

La gente elegirá a quien represente una menor amenaza para su forma de ver la vida

Bibiana Ortega — Politóloga

Bibiana Ortega, politóloga especialista en comportamiento electoral de la Universidad Javeriana, sostiene en conversación con elDiario.es que el domingo se votará más por descarte que por convicción. “La gente elegirá a quien represente una menor amenaza para su forma de ver la vida, para su visión del Estado, para su percepción de seguridad y de los derechos”, explica.

Se trata de la misma lógica que operó en 2022, cuando Gustavo Petro y el entonces ‘outsider’ de derecha Rodolfo Hernández se presentaron como rivales irreconciliables. Las encuestas actuales lo corroboran: según la encuestadora CB Global Data, el 50,4% de los colombianos dice que jamás votaría por Cepeda y el 46,3% afirma lo mismo de De la Espriella.

En esta elección, más de la mitad del país rechaza a uno de los dos candidatos en competencia. La campaña, además, ha dejado cicatrices visibles. El presidente Gustavo Petro nunca reconoció los resultados de la primera vuelta e insinuó que hubo fraude sin pruebas. También dejó abierta la posibilidad de rechazar lo que ocurra este domingo 21 de junio. Su candidato, Iván Cepeda, tardó ocho días en admitir aquella derrota, pese a reconocer el 1 de junio que no había hallado “irregularidades de dimensiones suficientes”.

En la otra esquina, Abelardo De la Espriella celebró su triunfo en Barranquilla, en el Caribe colombiano, con una advertencia: “Vamos a defender la democracia por la razón o por la fuerza”. Dos semanas después instó a las Fuerzas Militares a intervenir si Petro desconocía el resultado del balotaje. Entre tanto, los dos candidatos negociaron durante semanas las condiciones de un debate que nunca llegó a celebrarse. 

Negociaciones “condicionadas”

Laura Wills, politóloga de la Universidad de los Andes, observa que, pese a la polarización, las encuestas muestran que la mayoría de los colombianos sigue considerando la democracia como el mejor sistema posible. El problema, apunta, es que cada polo ideológico la ha definido como un sastre a su medida. Por un lado, se presenta un espacio que debe protegerse de actores violentos, incluso con propuestas que estiran los límites del Estado de derecho o las libertades individuales. Por el otro, se concibe como el marco necesario para impulsar cambios estructurales, no siempre consensuados, hacia una sociedad más igualitaria.

Wills descree que, una vez en el poder, los candidatos vayan a romper las reglas formales del juego democrático. Le preocupa, en cambio, que fallen los mecanismos de contrapeso de un sistema presidencialista como el colombiano. O que no exista una oposición con capacidad real de frenar excesos. De momento, el Congreso que heredará el próximo presidente está fragmentado en cerca de una docena de partidos. Ninguno supera el 15% del poder político. “Quien gane tendrá las herramientas para armar coaliciones”, sostiene Wills. “Pero las negociaciones vendrán condicionadas: prebendas, ministerios y clientelismo”.

La conversación va a estar muy degradada y con mucha confrontación, y eso no solía ser así en Colombia

Gustavo Duncan — Doctor en Ciencias Políticas

Gustavo Duncan comparte los reparos y plantea otros. Para el politólogo y columnista del diario El Tiempo, el peligro no radica en una ruptura democrática, sino en un proceso más silencioso: la lenta oxidación interna del sistema. Esto implica que gobernar se convierta en el arte de hostigar al adversario en lugar de administrar el país con buen pulso. “Lo más probable es que gane Abelardo y que haga política dura”, afirma el también doctor en Ciencias Políticas, quien advierte de que “la conversación va a estar muy degradada y con mucha confrontación. Y eso no solía ser así en Colombia”.

Juan David Velasco, coautor del exhaustivo libro ¿Quién manda en Colombia?, precisa que en casi el 44% de los municipios existe un electorado de derecha muy estable que votó por Álvaro Uribe en 2006, por el 'No' al acuerdo de paz en 2016 y por el ya fallecido ingeniero Rodolfo Hernández en 2022. A este bloque ahora se sumaron otras élites económicas impulsadas por el miedo. “El 'Arca de Noé' [como bautizó la campaña de la extrema derecha su plan de choque fiscal y energético] fue interpretado como un bálsamo frente a temores como la caída de los ingresos petroleros, el riesgo de un apagón y más impuestos al patrimonio”, explica el académico de la Universidad Javeriana. “Al final, esas preocupaciones económicas pesaron más que las inquietudes sobre sus posturas antiliberales”, concluye.

Ventaja para De la Espriella

Los católicos ultraconservadores son, según Bibiana Ortega, la novedad de esta campaña. Tras alejarse de Paloma Valencia, en parte por incluir en su propuesta una fórmula vicepresidencial de la comunidad LGBTQ, este sector vio bajo amenaza sus principios sobre la familia tradicional. Su alternativa fue De la Espriella. Y para superar el hecho de que el candidato ultra no es evangélico ni devoto, el liderazgo religioso construyó una justificación teológica basada en el rey persa Ciro: el gobernante pagano instrumentalizado por la divinidad. De hecho, uno de sus gritos de batalla electoral ha sido convertir Colombia en una ‘Patria milagro’.

Lo cierto es que las últimas encuestas coinciden: De la Espriella, a quien el presidente Donald Trump ha apoyado sin recato, lidera con una ventaja de entre cuatro y ocho puntos. Ninguna firma prevé un triunfo de Cepeda. En la recta final, el voto en blanco —que llegó a rozar el 16%— se desinfló hasta casi desaparecer. La incertidumbre se disipó y los datos sugieren que la mayoría de los indecisos terminó inclinándose por el candidato de la ultraderecha que ha prometido “destripar a la izquierda” e importar el modelo de cárceles de Bukele a las selvas colombianas.

Pese al panorama, Bibiana Ortega rescata algunas razones para la esperanza. La politóloga argumenta que el verdadero hito de este periodo no es el Gobierno actual, sino la madurez democrática que dejó a su paso. “La derecha aprendió a ser oposición; la izquierda, a gobernar. Y cuando las Cortes o el Congreso debieron frenar al Ejecutivo, lo hicieron”, afirma. Asimismo, concluye, las instituciones locales se consolidaron al superar su mayor examen. El país definirá este domingo si se suma a la tendencia de erosión democrática mundial o mantiene su rumbo a pesar de la retórica de fuerza que crece. “A veces, da la impresión de que en Colombia pasa de todo”, remata Ortega. “Pero en realidad nada pasa”.

¿Un libertario sin trayectoria política al frente del poder en Colombia durante los próximos cuatro años? Para llegar allá, Abelardo de la Espriella, mediático abogado penalista de 47 años, ha dado un paso este domingo venciendo al izquierdista Iván Cepeda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En un triunfo que ninguna encuesta predijo, De la Espriella ha obtenido 10,3 millones de votos (43,7%), por encima de Cepeda, con 9,6 millones de votos (40,9%). Los dos se medirán el 21 de junio en la segunda vuelta.

La candidatura de De la Espriella ha generado entusiasmo en sectores del conservadurismo local, que lo ven como el único dique efectivo contra el aspirante del oficialista Pacto Histórico, pero ha despertado inquietud en otras facciones por la vaguedad de sus propuestas y su adhesión al experimento radical encarnado por Milei en Argentina, Kast en Chile y Bukele en El Salvador.

La tentación del todo o nada con un recetario de extrema derecha inquieta a muchos en Colombia. Pero la trayectoria de De la Espriella también genera dudas. El lunar más visible es, quizás, su defensa jurídica de Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela hoy detenido en Nueva York: un turbio empresario colombiano condenado en Estados Unidos por blanqueo de dinero y conspiración. La Administración Biden lo indultó en 2023 en un canje de presos, pero múltiples investigaciones periodísticas lo señalan con fuerza como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

De la Espriella, que se ha presentado por el incipiente movimiento Defensores de la Patria, ha intentado desmarcarse de su viejo cliente argumentando que su firma de abogados dejó de representar a Saab en 2019, cuando Washington lo incluyó en la Lista Clinton. Dos años más tarde, sin embargo, el exministro chavista aún lo recordaba como un “gran abogado y amigo”. No menos polémica fue su defensa de David Murcia Guzmán, cerebro del mayor esquema Ponzi en Colombia: 200.000 víctimas —en su mayoría de renta baja— y unos 1.200 millones de dólares defraudados.

“Lo que buscamos es demostrar que DMG no es una empresa criminal”, afirmó en julio de 2012 el entonces joven apoderado, en referencia a la estafa piramidal, en una entrevista televisada. Poco después se apartó también de ese caso, pero su papel dejó una estela de preguntas que han emergido en campaña electoral.

La nueva piel del ‘Tigre’

Mucho antes de que adoptara el apodo de “Tigre”, en su círculo más cercano era conocido como “Papucho”: un sobrenombre que hoy solo reclama con derecho su madre, María Eugenia Otero. En Montería, ciudad media al norte de Colombia donde arraigan sus raíces, sus allegados resaltan el contraste: de aquel joven provinciano, inquieto y entrañable, a una figura nacional en apariencia recia que usa el saludo militar como emblema político y promete castigar a los delincuentes sin ser “políticamente correcto”.

De hecho, desde hace tiempo escenifica en sus redes sociales una vida de vuelos frecuentes en jet privado, presume de su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temporadas en sus casas de Miami, Bogotá o la campiña toscana. Un mundo alejado del de su infancia. Su padre, Abelardo, fue un discreto notario con algún cargo regional en las filas del Partido Liberal. Y su educación, primero en el Colegio De La Salle de Montería y más tarde en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, se asemeja más a la de cualquier chico de familia media colombiana.

Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa

Yann Basset — analista político de la Universidad del Rosario

Su fortuna, sin aún haber llegado a los 50 años, es posterior a esa infancia austera y se sustenta en dos pilares: el despacho de abogados y una red creciente de empresas. En un principio fueron una marca de ron, una consultora inmobiliaria y una suerte de sastrería de lujo. Pero hoy suma una treintena de sociedades con todo tipo de accionistas —algunas de ellas en números rojos—. “Primero se da a conocer en un país donde la política pasa por el mundo del derecho penal”, explica Jorge Iván Cuervo, académico de la Universidad Externado nombrado Ministro de Justicia hace poco. “Sus estrategias de litigio lo acercaron a las élites. Y ahora su objetivo es alcanzar el poder político por fuera de los partidos tradicionales”.

Un guion seguido por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años 80: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Para moderar la imagen de provocador, presentó al exviceministro de Hacienda José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial: un rector universitario que pasó los últimos cuatro años refutando punto por punto las políticas económicas de Petro a través de confrontaciones directas en la red social X.

En el caso de De la Espriella, sin embargo, resulta evidente que sus bases y su guía política son un calco del uribismo purasangre. Es decir, la del discurso militarista de mano dura y el énfasis en conceptos decimonónicos como la “patria” o la “familia” tradicional, que su amigo el expresidente Álvaro Uribe ha empuñado. Él mismo ha sintetizado su proyecto electoral como una amalgama entre la cruzada de Nayib Bukele contra la creciente inseguridad urbana y rural, con el mismo enfoque carcelario, y la motosierra burocrática del argentino Javier Milei, con la cual prevé cercenar en Colombia el número de ministerios existentes, de los 19 actuales, a una decena (y eliminar 70.000 puestos estatales).

De hecho, su cercanía con el uribismo se remonta a 2005. En aquellos días fungió como director y representante legal de la polémica Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), donde combinó funciones de promoción y divulgación del proceso de desmovilización de los ejércitos paramilitares, impulsado entonces por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema ordenó más tarde a la Fiscalía investigar a de De la Espriella por su rol en dicha ONG, descrita por excombatientes como el “brazo ideológico” de las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia. Las indagaciones, sin embargo, se cerraron en 2012 por falta de pruebas.

En busca de voz propia

De la Espriella oficializó su candidatura el pasado 11 de diciembre en un mitin cargado de mesianismo político y fervor casi religioso. “Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa”, señala Yann Basset, analista político de la Universidad del Rosario. Quienes admiran a De la Espriella lo hacen porque ha sabido transmitir una firmeza aún huérfana de proyecto político claro. Su idea central es “enfrentar y destripar” a la izquierda.

De acuerdo con Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, la fuerza de De la Espriella reside precisamente en su indefinición. Su discurso carece de una línea ideológica nítida, pero esa ambigüedad ha resultado funcional: le ha permitido aglutinar una coalición heterogénea de votantes en busca de un proyecto ultraconservador. “Abelardo, más allá del carisma, es un significante vacío: un contenedor de diferentes tendencias cercanas a la derecha radical”, sostiene Chala. “Detrás suyo convergen reservistas y retirados del Ejército, sectores de las iglesias neopentecostales y evangélicas, algunas élites regionales y libertarios de la escuela austríaca, al estilo Milei”.

Para Yann Basset, el reto de De la Espriella será encontrar un estilo propio: “La idea de la mano firme en seguridad, o del antiderroche en la esfera pública, no son nuevas y ya las utilizó el presidente Uribe a principios de este milenio. Además, el Estado en Colombia, a diferencia del caso argentino, si lo comparamos con Milei, no ha desempeñado tantas funciones ni ha representado un monstruo tan grande para la economía. Entonces una pregunta interesante es si será capaz de adaptar de alguna forma estas temáticas al contexto local”, asegura el académico francocolombiano.

Aliado de Vox

De la Espriella recoge el testigo de Rodolfo Hernández, el ingeniero que se presentó hace cuatro años como una suerte de Trump a la colombiana que, tras rozar la presidencia en la pugna electoral contra Gustavo Petro, terminó condenado por corrupción y murió en septiembre de 2024 a los 79 años. Jorge Iván Cuervo recuerda, sin embargo, que la diferencia es que Hernández tenía rodaje previo en la arena política. Antes había sido alcalde, con una gestión aceptable, de una ciudad media: “Su imagen era la del empresario exitoso que generaba empleo. Pero primero se ganó el reconocimiento político en su región. El ascenso de la Espriella es distinto. Su marca se construye desde el éxito individual y la exhibición del lujo”.

Casado y padre de cuatro hijos, de De la Espriella nació en Bogotá en 1978 durante un paseo de sus padres en la capital. Por ello, se ha encargado de subrayar que es un “costeño de racamandaca”: es decir, hijo de la costa Caribe hasta el tuétano. Un origen que también ha utilizado como bandera política de la inconclusa descentralización que impulsará. “Él representa una capa del electorado que ha logrado un ascenso social y no se ve reflejada en las élites bogotanas tradicionales. Es una Colombia desideologizada que ve en él a alguien que los representa, con sus trajes de marca, sus excentricidades o su faceta de cantante de boleros y tenor a la italiana con un disco propio”, afirma Cuervo.

Lejos de matizar sus posturas, en enero firmó con el líder de Vox, Santiago Abascal, la llamada Carta de Madrid, un documento que alinea su plataforma con las tesis “antizquierda”, a favor de la “libertad de empresa” y contra el “totalitarismo comunista” que la ultraderecha española ha enarbolado. “Un grande Santiago Abascal librando la batalla cultural, política y democrática para enfrentar al narcocomunismo que se impone desde el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Estamos juntos en esta lucha”, publicó días después ante sus 960.000 seguidores de Instagram.

El expresidente Álvaro Uribe ha anunciado su apoyo a De la Espriella para la segunda ronda. Sin embargo, existe un electorado flotante de entre tres y tres millones y medio de votos, según la estimación del politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital, que aún podría inclinar la balanza: “En la primera vuelta uno vota por el que le gusta”, recordó el experto en el debate de Razón Pública. “En la segunda, el cálculo es impedir que llegue el que más temes”.

Ninguna encuesta lo predijo. Abelardo De la Espriella, el abogado penalista de extrema derecha sin experiencia en política, ganó este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas con el 43,72% de los votos: más de diez millones, frente al 40,92% de Iván Cepeda. La diferencia de 656.033 sufragios convierte la noche del 31 de mayo en la mayor sorpresa electoral de Colombia en décadas. El candidato del oficialismo, que todos los sondeos daban primero, llegó segundo. Los dos se medirán el 21 de junio en una segunda vuelta que tendrá durante tres semanas al país partido en dos polos radicales.

Faltaban diez minutos para las once de la mañana —las seis de la tarde, hora peninsular española— cuando Iván Cepeda, de 63 años, salió de su edificio en Chapinero rumbo a su puesto de votación en Kennedy, una localidad popular del sur de la ciudad donde pasó parte de su infancia. En la casa vecina, una imagen de un tigre acompañada del eslogan y nombre del movimiento “Firmes por la Patria” señalaba la sede de campaña de su rival: Abelardo De la Espriella, de 47. Los policías que custodiaban la entrada del candidato de la ultraderecha llevaban horas allí. Al ver el abultado operativo del aspirante de la izquierda, con una caravana de vehículos blindados, escudos y todo tipo de dispositivos, no pudieron contener la ironía: “Con esos vecinos…”.

Diez horas más tarde los resultados arrojaron otras historias. Paloma Valencia, la candidata de la derecha uribista, llegó a esta campaña con 3,2 millones de votos tras la consulta interpartidista de marzo. Este domingo, sin embargo, obtuvo 1.625.563, menos de la mitad. Su 6,92% certifica el ocaso del uribismo institucional como fuerza electoral autónoma. Las encuestas le daban entre el 14% y el 22%. La realidad le dio menos del 7%. Diez millones de colombianos votaron por el candidato que representa la nueva derecha. Algunos expertos ya han generalizado la etiqueta de “posuribismo” para caracterizar el ciclo que emerge más allá del legado de Álvaro Uribe.

Colombia acudió a las urnas con una participación del 57%, algo por encima de su media histórica pero insuficiente para las aspiraciones del oficialismo. “A Cepeda lo derrotó la abstención”, sostuvo en Caracol Televisión el analista Hernando Gómez Buendía. “El Pacto Histórico no logró movilizar a la inmensa mayoría que tenía en el papel”, remató. La firma encuestadora Invamer, en su última medición antes del domingo, situaba a Cepeda en el 44,6% excluyendo a los indecisos. Las urnas le devolvieron 40,92%, casi cuatro puntos menos.

Todo indica que De la Espriella recordó algo que las encuestas no midieron. Colombia es un país muy conservador: en sus valores, en el apego a la familia, a la propiedad privada, al trabajo como virtud y a la religión como ancla de todo ello. Conectó con esa raíz cultural profunda en un lenguaje aspiracional: el del empresario exitoso y la gestión eficaz en un contexto de hastío ciudadano con sus propios gobernantes. Lo hizo, además, sin partido consolidado ni experiencia en el Estado, una carencia que sus rivales señalaron y sus votantes ignoraron. “Recoger esas voces que no se sienten representadas por los partidos, pero que son conservadoras en esencia, fue un éxito rotundo de su campaña”, afirmó la analista Paca Zuleta en Caracol. 

Y el politólogo Camilo Cruz detalló, en un análisis para el portal de opinión Razón Pública: “Detrás de De la Espriella hay una serie de gremios muy relevantes, quizás abogados y abogadas que se mueven dentro de un medio precarizado e informal, al que los partidos tradicionales no alcanzaron a llegar. La izquierda tampoco”.

Lo más probable es que el próximo presidente de Colombia sea Abelardo De la Espriella, vaticinó Gómez Buendía. “Los votos de Paloma Valencia son, fundamentalmente, votos de derecha. Este es un país de derecha”. La aritmética es nítida: si los 1,6 millones de sufragios de la candidata uribista se suman a los del ganador de la primera vuelta, la izquierda quedará sin apenas margen. Y Valencia reconoció su derrota antes del cierre de los colegios electorales y anunció que votará personalmente por el candidato radical en la segunda vuelta. 

“A pesar de los ataques y las heridas, tenemos el corazón dispuesto a servirle a Colombia”, dijo Valencia al felicitar al ganador por lo que llamó una “impresionante victoria”. El expresidente Álvaro Uribe también anunció su apoyo a De la Espriella para la segunda ronda. Sin embargo, existe un electorado flotante de entre tres y tres millones y medio de votos, según la estimación del politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital, que aún podría inclinar la balanza: “En la primera vuelta uno vota por el que le gusta”, recordó el experto en el debate de Razón Pública. “En la segunda, el cálculo es impedir que llegue el que más temes”.

Antes de conocerse el resultado oficial, el presidente Gustavo Petro tensó la noche desde su cuenta de X: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada”, escribió, cuestionando el sistema informático de transmisión rápida de resultados (que no tiene valor jurídico vinculante). El escrutinio oficial, basado en actas físicas verificadas por jueces, es el único con validez legal. No obstante, la jornada había sido supervisada por 1.330 observadores internacionales, la misión más numerosa en la historia electoral colombiana, de 80 organizaciones, entre ellas la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter. 

El politólogo Camilo Cruz sintetizó la aprehensión de medio país en pocas palabras: “No sabemos cuál es el proyecto de país de Abelardo De la Espriella”. Y la analista Nadia Jiménez añadió en el mismo espacio de debate: “No necesariamente es un votante bruto, o le están comprando el voto. Es la muestra de a lo que nos está llevando el sistema. Había un electorado suelto, no cautivo, que con esa campaña tan efectista de De la Espriella se logró cautivar”. En los telediarios, por su parte, las caras largas de la clase política tradicional lo decían todo.

Desde una tarima en el Malecón del Río de Barranquilla, ciudad portuaria del Caribe, ante una multitud que ondeaba banderas, De la Espriella recibió los resultados con tono épico. Llegó en una suerte de yate iluminado. Y dentro de una urna blindada, con la camiseta del equipo de fútbol de Colombia, recitó la oración a la bandera militar y citó al Nobel de Literatura 1982. “Como diría el gran Gabriel García Márquez, el premio que acabo de recibir es saber que mi intento no ha sido en vano”. Acto seguido llamó “golpista” a Petro y “bandido” y “narco terrorista” a Cepeda. Luego lanzó la advertencia que definirá las tres semanas que vienen: “Vamos a defender la democracia, por la razón o por la fuerza”.

A casi mil kilómetros, en Bogotá, Iván Cepeda no concedió una línea de moderación. Con sus características camisas sin cuello calificó a De la Espriella de “fascismo mafioso, de ”estafador de estafadores“, y advirtió que bajo su eventual mandato los logros sociales del gobierno Petro ”serán pulverizados“. Luego remató con la frase que definió su posición ante los resultados: ”Hoy obtuvimos diez millones de votos mal contados en Colombia“. Y reclamó, en línea con el presidente, una comisión escrutadora. Al día siguiente por la mañana, sin embargo, se enmendó. ”Hemos procedido a hacer las verificaciones y hasta ahora tengo que decir que no hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades“, admitió.

De esta forma dos países votaron este domingo en Colombia. Ninguno de los dos está muy dispuesto a dialogar. Sin embargo Hernando Gómez Buendía ofreció el único consuelo de la noche: “Aquí hay división de poderes, la Registraduría funcionó, en el Congreso nadie tiene la mayoría y los jueces son independientes. Eso es lo que salva a Colombia”. El 21 de junio, los colombianos volverán a las urnas. Esta vez con los dos contendientes claros y un ambiente de tormenta que se podría prolongar cuatro años más.

El Gobierno de Ecuador ha hecho oficial este domingo la eliminación de los aranceles del 100% que había impuesto a las importaciones de Colombia, tal como había anunciado el viernes el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, junto al candidato de la ultraderecha colombiana y en plena votación en el país vecino.

El Servicio Nacional de Aduana (Senae) emitió una resolución en la que se elimina la tasa del 100% creada por el propio Noboa para las mercancías que provengan o que sean originarias de Colombia, y que entrará en vigor este mismo lunes, 1 de junio.

La guerra comercial entre ambos países fue iniciada por el presidente Noboa, quien anunció en enero la imposición de una “tasa de seguridad” a las importaciones del país vecino, al considerar “insuficientes” las acciones del Gobierno de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

En febrero entró en vigor una tasa del 30%, que subió posteriormente al 50% y desde mayo al 100%. Colombia respondió primero con un 30% para varios productos y luego impuso gravámenes diferenciados que llegaron hasta el 75%.

De forma paralela, Colombia cortó la interconexión eléctrica con Ecuador y cerró su frontera terrestre al ingreso de varios productos ecuatorianos, como el arroz y el banano.

Mientras, Ecuador incrementó de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos.

La medida fue duramente criticada por empresarios y comerciantes de ambos lados de la frontera, pero los diálogos entre los dos países no prosperaron y las relaciones se tensaron aún más por acusaciones cruzadas entre Noboa y Petro que llevaron a los gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores.

Entonces la Comunidad Andina (CAN) dio a inicios de mayo diez días a Ecuador y a Colombia para retirar los aranceles, al determinar que vulneraban el Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, Quito pidió la suspensión de los efectos de las resoluciones en las que se hacían esas solicitudes por considerar que adolecían “de vicios” y no estaban de acuerdo “con el contenido de las mismas”.

Entonces, el Gobierno ecuatoriano anunció que desde el 1 de junio se reducirían los aranceles al 75%, tras una conversación de Noboa con la candidata presidencial colombiana de derecha, la uribista Paloma Valencia.

Finalmente este viernes, dos días antes de las elecciones presidenciales que celebra Colombia este domingo, Noboa aseguró que había acordado con el candidato ultraderechista Abelardo De la Espriella eliminar completamente los aranceles.

La Cancillería de Colombia calificó de “engañosa” esa declaración de Noboa y aseguró que no era una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano, sino que respondía al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la CAN.

Colombia elige presidente. Si la abstención se mantiene en su media histórica —por encima del 50%—, el nuevo mandatario será elegido por menos de uno de cada cuatro colombianos en edad de votar. El terreno político, además, es farragoso: un capítulo más del conflicto armado en desarrollo, la segunda tasa de desigualdad más alta de América Latina, un sistema sanitario en crisis, la mitad de la fuerza laboral sumergida en la informalidad y un déficit público histórico que inquieta a los mercados internacionales. Con ese paisaje de fondo, este domingo se celebra la primera vuelta de los comicios. Si las encuestas aciertan, el ganador definitivo se decidirá en la segunda vuelta fijada para el 21 de junio.

Tres candidatos lideran la carrera. Iván Cepeda, senador de formación gramsciana y defensor de derechos humanos, porta la antorcha del presidente saliente Gustavo Petro, que aspira a consolidar la primera sucesión consecutiva de izquierda en la historia del país. Abelardo De la Espriella, abogado sin cargo público previo, conocido por su ejercicio mediático del derecho, encarna una ultraderecha que habla el idioma de Bukele y Milei pero con su propio 'acento Caribe'. Paloma Valencia, senadora uribista y nieta de un expresidente, defiende el marco constitucional y político que ha imperado en Colombia las últimas décadas con una visión conservadora.

Hoy las encuestas sitúan a Cepeda en torno al 38-42%, a De la Espriella alrededor del 34-38% y a Valencia cerca del 18-22%. Pero las cifras, advierte el politólogo Yann Basset, de la Universidad del Rosario, han variado mucho en las últimas semanas y excluyen a los indecisos del cálculo, lo que infla de forma borrosa a los candidatos más consolidados. Por ello, los expertos han seguido el pulso de estas mediciones con bastante cautela, a pesar de que el país cuenta con una nueva y rigurosa ley que exige mayores niveles de transparencia y precisión metodológica a las firmas.

Los tres principales rostros

Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, llega a este domingo como favorito con un estilo menos carismático que el del actual presidente y algunos interrogantes programáticos. “El petrismo es mucho más grande que la izquierda electoral tradicional”, advierte el politólogo Camilo Cruz, “pero Cepeda, de 63 años, ha sido tan cuidadoso de no marcar distancia frente a Petro, que esa estrategia le ha impedido crecer más allá del voto duro”. Con el 40% consolidado no le daría para ganar en segunda vuelta, por eso necesita convencer al elector moderado. Pero buscarlo significa, al mismo tiempo, alejarse del presidente. “Está entre la espada y la pared”, resume el investigador e historiador Fernán González.

De la Espriella, entre tanto, representa algo distinto al uribismo que dominó la derecha colombiana durante dos décadas. “No es un calco de Bukele ni de Milei”, precisa Cruz. Su modelo más cercano, según el analista, es el ecuatoriano Daniel Noboa: el outsider que se hizo visible en los medios y apeló al emprendimiento y la mano dura como discurso. De 47 años, libertario en lo económico y reconvertido hace meses en conservador cristiano en lo moral, ha construido su campaña seduciendo a una Colombia que las estadísticas no terminan de capturar: la del abogado independiente, el pequeño comerciante, el médico que factura por cuenta propia, el profesional que prospera al margen de las estructuras formales. Se trata, en parte, de la Colombia del “rebusque”. Un universo informal, o sumergido. No necesariamente precario.

"Hay ciudadanos que consideran que Valencia se ha moderado demasiado”

Yann Basset — Politólogo de la Universidad de Rosario

Valencia, de 49 años, más que una candidata es un síntoma. Durante dos décadas, el uribismo fue el eje organizador de la derecha colombiana y de buena parte de la política nacional. Hoy se fractura ante los ojos de Álvaro Uribe Vélez, su poderoso fundador. “Una parte de ese voto se va a De la Espriella por convicción porque hay ciudadanos que consideran que Valencia se ha moderado demasiado”, dice Basset.

La tensión entre ambos es, quizás, equiparable a la que destruyó al PRI mexicano, que desdibujó a la Democracia Cristiana italiana o que licuó a los partidos tradicionales en media Europa: la derecha clásica devorada por un radicalismo que habla más alto y promete actuar más rápido sin una partitura muy clara. El uribismo, sin embargo, aún subsiste. Sus votos siguen ahí. Pero con De la Espriella emerge una fuerza que no necesita su nombre o sus ideas para existir.

Lo que está en juego, sin embargo, va más allá de los tres candidatos. La Constitución de 1991 —pluralista y participativa— aparece por primera vez en décadas como objeto de disputa. Cepeda ha moderado su propuesta de convocar a una asamblea constituyente, sin descartarla. De la Espriella, por su parte, ha planteado sacar a Colombia de la OEA y de la ONU, lo que alteraría en la práctica la arquitectura de la Carta.

El país después de Petro va a ser políticamente diferente del país antes de Petro

Fernán González — Investigador jesuita

“Plantear un cambio constitucional hoy no solo refleja el tradicional ‘cretinismo jurídico’ que afecta a América Latina, sino que podría abrir el camino para una Constitución a imagen y semejanza del gobernante de turno, quebrando el consenso más amplio de la historia de Colombia”, opina el historiador y politólogo Eduardo Pizarro León Gómez. Paloma Valencia defiende el marco vigente. Pero las encuestas, de momento, no le dan la razón.

Camino a la segunda vuelta

Detrás de este mapa electoral hay una generación urbana que lo explica: la que salió a las calles en el estallido social de 2021, quizá el más largo y violento en décadas, y forjó su identidad política en las fisuras sociales del país, y no en torno al miedo a la amenaza de la guerrilla. Para ello hay dos razones: la primera, muchos aún eran bebés en los años más crudos del conflicto, a finales de los 90; la segunda, el conflicto interno cambió. “La acción de los violentos ya no se encamina a la toma del poder, sino al control de la población local en las regiones”, explica el investigador jesuita Fernán González, que lleva décadas estudiando la violencia desde las zonas más afectadas. “Su dimensión política no es tan fuerte y no es nacional, sino local”.

Hay cierto consenso entre los expertos consultados: fue Gustavo Petro quien hizo visible lo que Colombia prefirió mirar de soslayo durante décadas. “El país después de Petro va a ser políticamente diferente del país antes de Petro”, afirma González. “Hizo visible la profunda desigualdad social de Colombia”. Ese es su legado real.

Este domingo, sin embargo, solo se resolverá un primer asalto. El sistema colombiano exige mayoría absoluta: según las encuestas, ningún candidato la alcanzará y habrá una segunda vuelta el 21 de junio. Ahí la aritmética cambiaría de golpe. En teoría, según las mediciones publicadas, Cepeda perdería contra cualquiera de sus dos rivales. Por eso los dos finalistas tendrán tres semanas para convencer a un país que no los vio debatir ni una sola vez durante la campaña. Colombia celebró más de 60 debates electorales en 2018. En 2026, los tres aspirantes punteros miraron hacia otro lado. “De la sobresaturación pasamos al silencio y los dos extremos enferman la democracia deliberativa por igual”, dice Camilo Cruz.

Lo que más preocupa, sin embargo, es el lunes. “Basta que el perdedor ponga en duda la transparencia del conteo de los votos para desatar una crisis de consecuencias insospechadas”, advierte Pizarro León Gómez. Recuerda que no es un temor abstracto: en 2021, los seguidores de Trump tomaron el Capitolio. En 2023, los de Bolsonaro asaltaron la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Colombia tiene una tradición civilista que la distingue de sus vecinos: es el país latinoamericano que menos años ha vivido bajo una dictadura. Pero la polarización tiene su propio peso en estos tiempos.

Los tres candidatos punteros prometen salvar a la nación del abismo teórico que representan sus contendientes. Los tres también le dan la espalda a la otra mitad del país. “La oposición se dedicó a torpedear sistemáticamente casi todos los proyectos de Petro, fueran buenos o regulares, sin proponer nada alternativo”, recuerda Fernán González. Quince veces consecutivas, desde 1958 —cuando Colombia salió de cinco años aislado de dictadura bajo Gustavo Rojas Pinilla—, el país ha elegido presidente sin falta. Hoy será la decimosexta. Pero la política colombiana no dará respiro hasta el 21 de junio.

“Que no haya segunda vuelta y podamos ver el Mundial tranquilos. A ver si nos cruzamos Colombia y España”. Kevin y Salvatore saben de la importancia de las elecciones que su país afronta este domingo 31 de mayo, pero eso no es impedimento para que se las tomen con cierto humor. Son tan conscientes de su trascendencia que ambos participan más activamente que con su voto. Kevin acude acreditado como prensa y Salvatore como testigo (una especie de apoderado) de uno de los partidos que se presenta a esta primera vuelta de los comicios en el país lationamericano.

Pese a los 8.000 kilómetros que separan Colombia de Madrid, la mayoría de estos migrantes mantienen unos fuertes lazos familiares y sociales con su país de origen. Tanto es así que este 2026 la participación se ha disparado entre los casi 308.000 colombianos llamados a votar en España, en torno a la mitad de ellos en la capital. A fecha del jueves 28 de mayo, el crecimiento de la participación en esta primera vuelta es de un 89% respecto a las presidenciales de 2022, según datos aportados por el consulado y recogidos por EFE.

La afluencia es patente en el punto habilitado en Madrid del 25 al 29 de mayo, la Casa de Cantabria (en el número 10 de la calle de Pío Baroja, en el distrito de Retiro). Los ciudadanos censados pueden votar hasta este domingo 31 de mayo, jornada de los comicios en territorio colombiano, aunque desde el sábado las urnas se trasladan al pabellón satélite de la Casa de Campo (en el número 9 de la avenida Principal). Varios llegan con las camisetas de la selección de fútbol cafetera, en una mezcla de dos de los acontecimientos que más van a agitar el país las próximas semanas.

El fuerte calor no impide que la asistencia sea constante cuando Somos Madrid acude a los puestos de emisión de sufragios. Una caseta en el exterior de la Casa de Cantabria sirve como punto de información, mientras que otra en la puerta comprueba los datos de los votantes y les invita a acceder a su interior indicándoles la mesa concreta en la que pueden ejercer su derecho. El proceso es rápido, pero las altas temperaturas aprietan tanto y llegan tantas personas que un vendedor de empanadas y refrescos hace su agosto en mayo. Hasta el punto de que emprende una astuta campaña promocional: dos jóvenes que trabajan o colaboran con él se pasean por la acera para comentar cerca de grupos de gente, como quien no quiere la cosa, lo rica que está la comida.

Si los datos arrojan una gran alza de la movilización, conversar con los votantes refuerza esta idea. Beatriz lleva 20 años en Madrid y admite que es la primera vez que participa en unas elecciones de su país de origen en estas dos décadas. “Esto me pone muy nerviosa, pero ha coincidido que estaba aquí mi marido y me he animado”, explica. “Esta vez me he dicho que debía votar para que mi país avance y cambie. Tenía que poner mi granito de arena”. Cuenta que toda su familia sigue en Colombia, por lo que el porvenir del país le preocupa enormemente. Sobre el proceso, dice que es “muy sencillo, parecido a las elecciones de aquí”. Tiene claro que si hay segunda vuelta, como prevén todas las encuestas, repetirá.

Gloria pasa de los cinco años en Madrid y también son las primeras elecciones desde que llegó a España en las que se ha animado. Su razón es específica: “Hay un candidato que sé que no va a llegar a la segunda vuelta, pero está impulsando la educación y creó un programa que permitió a mi hijo acceder a una beca profesional”. Prefiere no revelar la identidad de su elección, ni si ella volverá a ejercer su voto en ese caso. Añade que su hijo sigue en Colombia, que “está por graduarse”, por lo que da gran importancia a las políticas del futuro Gobierno colombiano.

Gladys, con 19 años de residencia en la ciudad, es otra de las novatas: “Anteriormente no me había preocupado”. Toda la familia que permanece en Colombia ha sido un impulso para romper esa abstención, pero también su propio futuro: “Quiero lo mejor para mi familia en Colombia y para mí cuando regrese, porque tengo pensado volver en algún momento”. A su lado, Araceli apunta que “después de lavarse las manos luego mucha gente se pasa quejándose cuatro años”. Ella, con más de dos décadas en Madrid, sí había votado en varias ocasiones.

Votar, una cuestión de fe

Como principal asunto para decidir su voto, Araceli aboga por la defensa de mayor igualdad y un mejor reparto de la riqueza: “Colombia es un país muy rico y próspero. El problema es que todos los beneficios se los quedan unas pocas entidades y no se ve en el resto de las personas”. Gladys apostilla que quien acabe investido presidente tendrá el beneplácito divino: “Lo que tenemos que hacer es confiar en el único Dios. Él es el que pone y quita reyes”.

La igualdad, la sanidad y la educación son tres de las preocupaciones más habituales en los votantes. Pero sobre todas ellas, entre las personas que dialogan con este medio, sobresale la seguridad. Así lo relata Gabriela, natural de Bogotá y en Madrid desde principios de este 2026, que a sus 20 años vota en sus primeros comicios con la mayoría de edad: “Si fuera más segura, viviría en mi ciudad”. Ha llegado a España con sus padres y uno de sus hermanos, pero el resto de su familia permanece al otro lado del Atlántico.

Gabriela incide en que el proceso es “superfácil, solo tienes que enseñar la cédula de identidad y dentro te llevan al punto exacto de votación”. Pese a ello, la burocracia a veces juega malas pasadas. Ana María vota por primera vez porque en la anterior ocasión se le olvidó “inscribir la cédula” en el portal habilitado por el consulado para registrar los datos. Completado ese paso, al venir a votar “solo te piden la cédula física y el número de identidad que aparece en ella”. Dice que en total “se tardan dos minutos”.

Para Ana María, natural de Pereira (la ciudad más poblada del eje cafetero) y en España desde 2017, es difícil quedarse con una única motivación por la que votar y decantarse por una opción u otra. “La idea es que el país mejore un poquito. La gente dice que por qué voto si estoy en el exterior. Pero yo quiero volver algún día y que el país tenga buena salud o los beneficios que nos merecemos. Creo que los jóvenes estamos teniendo cada vez más en cuenta este tipo de cosas”, concluye. Sobre la segunda vuelta, que tendrá lugar el 21 de junio si ninguna candidatura alcanza la mitad más uno de los votos válidos, es tajante: “Si toca venir, vengo”.

Los colombianos acuden este domingo a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro, primer presidente de izquierdas en la historia del país. El dirigente no puede volver a presentarse, ya que la Constitución colombiana prohíbe dos mandatos consecutivos, aunque podría hacerlo en el futuro. La línea continuista después de cuatro años de reducción de la pobreza y crecimiento económico (al tiempo que la delincuencia sigue sacudiendo Colombia) la representa Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico (PH). Los otros favoritos a pasar a la segunda vuelta son el mediático abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella por la formación Defensores de la Patria y la senadora Paloma Valencia, del partido conservador Centro Democrático (CD), impulsado por el polémico expresidente Álvaro Uribe.

La fiesta de la democracia a distancia

La incertidumbre que dibujan los sondeos conviven con la ilusión en la Casa de Cantabria. Son muchas las personas que se toman alguna fotografía con su cédula en la mano junto al cartel del punto electoral. “Fotito de derecho ejercido”, lo describe Liliana después de depositar la papeleta junto a su marido. Ambos, defensores de “un cambio”, están convencidos de que les tocará regresar el 21 de junio para la segunda vuelta. Aunque sea en pleno Mundial.

En paralelo, el domingo 7 de junio se celebran otros comicios en Madrid: la segunda vuelta de las presidenciales peruanas. En este caso son casi 100.000 los votantes convocados a elegir entre el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y la formación ultra Fuerte Popular de Keiko Fujimori (hija del expresidente Alberto Fujimori, que llegó a instaurar una dictadura cívico-militar repleta de casos de corrupción y por la que acabó condenado por violación de derechos humanos). Después de unos años muy convulsos para la política de Perú, Fujimori parte como favorita. El punto habilitado para emitir los votos para los ciudadanos peruanos de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura es Ifema.

Así, durante estas semanas los rostros en carteles que pueblan paredes o farolas de Madrid no son los de Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Yolanda Díaz, José Luis Martínez-Almeida o Rita Maestre. Son Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Keiko Fujimori o Roberto Sánchez. Los candidatos entre quienes deben elegir las personas que llevan su país dentro por mucha distancia que les separe.

Por primera vez, la izquierda tiene la posibilidad de ocupar el poder ocho años en Colombia. La continuidad de las políticas de Gustavo Petro tienen altas posibilidades de mantenerse de la mano del candidato Iván Cepeda, si los electores así lo deciden este domingo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En la vereda del frente, intentarán disputarle los votos el abogado Abelardo de la Espriella, un empresario de extrema derecha que nunca ha ocupado un cargo público; y la senadora de derecha Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.

Petro, que asumió en 2022 como el primer presidente progresista y exguerrillero de la historia moderna del país, ha aumentado sus niveles de aprobación “hasta alcanzar el punto más alto en años”, señala el estudio del Center for Economy and Policy Research (CEPR) Colombia durante el gobierno de Petro: avances sociales en un contexto de restricciones monetarias y fiscales.

La investigadora y coautora del informe, Paola Jaimes Santamaría dice a elDiario.es que “más allá de la polarización política, muchos sectores sienten que con Petro hubo mejoras materiales reales y que el Estado comenzó a llegar a lugares donde antes no llegaba”. 

Derechos sociales y económicos

El informe del CEPR destaca que entre 2022 y 2025 la pobreza multidimensional –que mide indicadores referidos a educación, salud, condiciones de vivienda, acceso a servicios y empleo– se ha reducido en aproximadamente 23%, con un descenso “notable” en las zonas rurales. 

“Petro intentó conectar política social con desigualdad territorial y rural, no solamente con transferencias monetarias”, apunta Jaimes Santamaría, quien también valora el “esfuerzo” por llevar más inversión pública a municipios históricamente marginados y el “avance” en la entrega de tierras a comunidades campesinas y étnicas, algo –dice– “muy ligado a las desigualdades históricas y al conflicto armado en Colombia”.

Para el director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data), Alfredo Serrano Mancilla, una de las claves de sus logros es que perseveró en los cambios y aún cuando no los pudo conseguir –no tenía mayoría en el poder Legislativo– “no tiraba la toalla”, entendiendo la política “como la posibilidad real de cambiar las cosas”.

En materia de derechos económicos, los expertos destacan la reforma tributaria, que incrementó los impuestos para los más ricos, y el aumento del salario mínimo cercano al 40%, considerando que en la década 2012 y 2022 el aumento real fue del 9%. La experta subraya que este avance ocurrió “sin un deterioro del mercado laboral”, pues “la economía mantuvo estabilidad macroeconómica, el desempleo cayó y la inflación bajó”.

El politólogo de la Universidad de Rosario Yann Basset destaca la aprobación –pendiente de implementarse– de la reforma de pensiones, que amplía el papel del sistema público y construye un pilar para una pensión básica. Sin embargo, opina que el balance en economía es “controvertido” porque el Gobierno “no ha atendido el tema fiscal”: termina con un déficit “casi récord desde la pandemia” –6,4% del PIB– y un aumento de la deuda pública. Aun así, añade, “no se materializaron los pronósticos más alarmantes de la oposición de una hiperinflación o crisis económica”.

Según la investigadora del centro de pensamiento Global Americans Sonia Verdú, sin embargo, “la popularidad de Petro está basada más en una postura ideológica populista que en una transformación real” porque las desigualdades sociales “no se han acortado significativamente”.

La fallida “Paz total”

La promesa estrella de Petro fue la llamada 'Paz total', que proponía reforzar el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y la entonces activa guerrilla de las FARC. La propuesta incluía negociaciones con guerrillas como el ELN; reparación de las víctimas; una reforma agraria y el abordaje del consumo de drogas como un asunto de salud pública.

“Su política no ha funcionado, pues no ha logrado la desmovilización de ningún grupo armado importante”, dice Basset. Según él, las guerrillas “se han aprovechado de la negociación para reforzar su control territorial”.

Los analistas aseguran que el problema en el país, que desde el 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, registra casi 2.000 líderes sociales asesinados, “es estructural” y que es difícil avanzar cuando el Estado tiene capacidades “limitadas” en muchas regiones rurales y persisten economías ilegales asociadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Cepeda representa una izquierda con un discurso muy marcado alrededor de los derechos humanos, el antirracismo y el antipatriarcado

Paola Jaimes Santamaría — Investigadora asociada del Center for Economic and Policy Research

Petro partió el diseño de la Paz Total “con un diagnóstico correcto y un diálogo con todos los grupos al mismo tiempo”, explica a elDiario.es la politóloga Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. En la práctica, sin embargo, algunos procesos “avanzaron más lento de lo esperado, hubo fragmentación entre grupos armados y en varios territorios los ceses al fuego no produjeron mejoras sostenidas de seguridad”, menciona Jaimes Santamaría. Luego, en febrero de 2025, llegó la designación de Pedro Sánchez como ministro de Defensa, el primer militar en ocupar el puesto en 30 años, para presionar a las guerrillas, una receta similar a la del expresidente derechista Iván Duque.

“Con esta decisión, la idea de negociación ha perdido mucha legitimidad política”, señala Bonilla. En su opinión, el mandatario fue “muy ambicioso” con su propuesta, que califica de “retórica, polémica, con bajo diseño institucional, poco presupuesto y mala organización”.

Venezuela y EEUU, centro de la diplomacia

Uno de los desafíos más importantes para la política exterior de Gustavo Petro ha sido el vínculo con la vecina Venezuela. Cuando llegó al poder en 2022, con las relaciones entre ambos países rotas, emprendió un deshielo –reapertura de fronteras e intercambios comerciales– con el gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro. Durante la crisis de las elecciones de julio de 2024, en las que la oposición denunció fraude y las autoridades electorales nunca mostraron las actas de la declaración oficial del triunfo de Maduro, se alineó con Brasil para no reconocer el resultado, pero sin romper lazos con Caracas. 

“En su primer año y medio de mandato transformó la política exterior colombiana y fue exitosa”, señala Verdú. Sin embargo, la llegada de Donald Trump al poder, en enero 2025, marcó el tramo final de su mandato y dio un giro al contexto regional: “Conllevó una pelea política y diplomática que culminó con una visita de cuestionable éxito a la Casa Blanca”, añade. Por el camino, hubo tensiones y amenazas, desacuerdos abiertos sobre política antidrogas y los ataques del Pentágono contra embarcaciones en el Caribe.

En su primer año y medio de mandato transformó la política exterior colombiana y fue exitosa

Sonia Verdú — Investigadora del centro de pensamiento Global Americans

“Intentó combinar una postura más autónoma con una estrategia pragmática y evitar una ruptura frontal con Estados Unidos, mientras buscaba ampliar márgenes de maniobra diplomática dentro de América Latina”, opina Jaimes Santamaría.

Segunda vuelta asegurada y en disputa

Las encuestas anticipan un triunfo de Iván Cepeda, sucesor de Petro, pero no tan holgado como para evitar una segunda vuelta, que se prevé muy disputada y polarizada contra quien sea su rival: De la Espriella o Valencia, aunque los sondeos dan ventaja a la candidata uribista.

“Cepeda representa una izquierda con un discurso muy marcado alrededor de los derechos humanos, el antirracismo y el antipatriarcado, algo que históricamente no se había visto tanto en la política presidencial colombiana”, afirma Jaimes Santamaría. A diferencia del actual mandatario, que ha sido una figura más “confrontacional”, dice, Iván Cepeda presenta un estilo político más dialogante, por lo que una continuidad de la izquierda, no necesariamente implicaría, simplemente, “más Petro”, sino “probablemente, alianzas más amplias para sacar adelante ciertas reformas”, añade.

Verdú pronostica que si gana Cepeda, habrá que esperar si continúa con el legado de Petro o llega a implementar políticas con mayor impacto social, que si bien han sido “exitosas en sistemas como el europeo –concluye–, no han sabido encontrar su lugar en América latina sin sacrificar modelos de democracia y estabilidad económica”.

Paloma Valencia (Popayán, 48 años) tiene todas las credenciales para cristalizar la gran obsesión de Álvaro Uribe: devolver a la derecha dura al poder en Colombia. Senadora incisiva y oradora solvente. Es una de las políticas más fieles al espíritu del Centro Democrático, la formación conservadora fundada en 2013 por el líder septuagenario. Hoy su ascenso en las encuestas es, quizás, el dato más sorprendente de la campaña presidencial. En noviembre pasado era casi invisible en la parrilla de salida. Ahora ronda el 20% de intención de voto y se disputa el pase a la segunda vuelta con el penalista ultra Abelardo de la Espriella. La primera vuelta de las presidenciales se celebra el 31 de mayo.

Su gran impulso electoral llegó en marzo. Valencia ganó entonces con casi 3,2 millones de votos la nominación en unas primarias celebradas por un puñado de movimientos de centro y centroderecha inquietos por el liderazgo de Iván Cepeda, el candidato del izquierdista Pacto Histórico. El camino interno, sin embargo, ha sido pedregoso. Su elección previa dentro del Centro Democrático generó polémica debido al descontento de otros aspirantes con los procedimientos de la formación conservadora. “Los estatutos del partido dejan claro que la última palabra la tiene su fundador, Álvaro Uribe. Y si uno revisa sus pasados tres candidatos presidenciales, la conclusión es evidente: todos fueron designados a dedo”, afirma el politólogo de la Universidad Nacional Shameel Thahir Silva.

Valencia se ha curtido en sus 12 años en el Congreso. Su gran cruzada ha sido rechazar el acuerdo de paz con las FARC: lo combatió en las calles durante el plebiscito de 2016 y lo ha seguido atacando desde su escaño. Contra Petro ha sido implacable: denunció sus escándalos y bloqueó sus reformas. En el Senado le lleva la contraria con una disciplina que sus rivales admiran en silencio. Y tiene una causa propia: la infancia. Ha presentado leyes contra el maltrato infantil.

Hoy se opone a la adopción por parejas del mismo sexo, aunque no siempre fue así y en 2016 afirmaba en el Congreso que no había razones para impedirla. “Paloma ha desarrollado una doble fama”, explica el politólogo Tomás Molina. “Por un lado, el de una política juiciosa que estudia los temas y apoya proyectos moderados: ha respaldado al sector agropecuario y la modernización del sistema de donación de órganos, por ejemplo. Por el otro, es inamovible en la defensa del ideario más radical del uribismo. Es leal a sus principios, de otra forma Uribe no la habría elegido”.

Los estatutos del partido dejan claro que la última palabra la tiene su fundador, Álvaro Uribe. Y si uno revisa sus pasados tres candidatos presidenciales, la conclusión es evidente: todos fueron designados a dedo

Shameel Tahir Silva — Universidad Nacional

No despierta odios enconados ni grandes pasiones. La gran incógnita de su campaña es hasta dónde llegará la sombra de Uribe, su mentor y padrino político. Su fórmula vicepresidencial ofrece pistas: Juan Daniel Oviedo, economista de 49 años, exdirector del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y el más votado en la consulta interpartidista de marzo con 1,2 millones de sufragios —el doble que en su candidatura a la alcaldía de Bogotá en 2023—. Además es gay, un dato que en el universo tradicional del Centro Democrático pesa. Valencia lo eligió para seducir votantes que el partido nunca había alcanzado.

El nuevo equipo despertó entusiasmo inicial en algunos votantes que veían una puerta para la moderación. Sin embargo, Valencia, que busca el paso a segunda ronda, se ha estancado en torno al 20% en el promedio de las cinco principales encuestadoras, mientras De la Espriella la supera en las últimas semanas por cerca de cinco puntos. Pedro Medellín, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad París III, advierte las causas: “La alianza con Oviedo nunca cuajó en estrategia compartida. Nunca hubo conversación previa ni agenda clara”. El 25 de abril quedó en evidencia: en un mitin en Medellín, Valencia propuso a Uribe como ministro de Defensa. Horas después, en Bogotá, Oviedo dijo públicamente que no estaba de acuerdo.

A los problemas de campaña se suman otros rezagos ideológicos. Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, advierte que el modelo de austeridad estatal y acento militar que llevó a Uribe al poder ya no responde a la Colombia de hoy: “El conflicto armado tiene lógicas distintas a las de principios de siglo. Los grupos violentos ya no buscan tomar el Estado, sino controlar economías y rentas criminales en territorios específicos”. Por eso los observadores que han revisado el plan de seguridad aún lo califican de crudo: reducir ingresos mafiosos, robustecer la fuerza pública, reconquistar comunidades y reinsertar delincuentes.

En opinión del experto la discusión pública se ha desplazado, además, hacia temas como la redistribución económica o las agendas identitarias. Y ahí Valencia navega incómoda. Es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia y del fundador de la reputada y costosa Universidad de los Andes, Mario Laserna. Un linaje que a veces sirve como credencial y otras como lastre. Sobre todo porque hoy aspira a atraer a un electorado joven que no vivió los años de fervor uribista y que en 2022 eligió por primera vez a un presidente de izquierda sin militancia en ningún partido tradicional.

No le favorecen tampoco algunas salidas en falso. En 2015 propuso en Twitter dividir el Cauca —su provincia natal— en dos zonas: una para indígenas y otra para mestizos. Las redes sociales ardieron. La tacharon de racista. Varios juristas la calificaron de segregacionista. El contexto no es menor. El 21,5% de la población del Cauca es indígena —una comunidad devastada por la pobreza y la violencia–. Los Valencia, a su vez, llevan siglos siendo el clan terrateniente e intelectual que ha predominado desde la política y la economía en esos territorios. 

Tomás Molina va más lejos: la ausencia de un proyecto fresco del Centro Democrático resulta inquietante en un país con serios problemas fiscales, un maltrecho sistema de salud y una nueva oleada de violencia en curso. Paloma, en su opinión, no inspira una visión de futuro. 

El contraste con de la Espriella es nítido. Pedro Medellín lo describe sin ambages: “Abelardo tiene su estrategia clarísima, un equipo centrado y nunca pierde el foco del electorado al que se dirige”. El penalista ha construido una maquinaria que moviliza. Los desencuentros públicos entre los dos candidatos de la derecha han sido notorios en la recta final. Pero la aritmética electoral rara vez respeta las promesas de campaña. Y en segunda vuelta, tarde o temprano, tendrán que sentarse a negociar para evitar el descalabro.

Shameel Thahir Silva coincide: la propuesta de la primera mujer con opciones reales de llegar a la presidencia se reduce a defender un modelo institucional que estabilizó el sector privado y los mercados, a costa de modestos y lentos avances sociales. Basta recordar que el PNUD y el Banco Mundial sitúan a Colombia como la tercera sociedad más desigual del mundo. No es casual que esa asimetría haya sido la mejor munición política de la izquierda. En especial desde el estallido social de abril de 2021. Ahora el país afronta una pregunta profunda: si el péndulo político ha encontrado un nuevo e inesperado centro de gravedad.

Explosivos, drones cargados con detonadores y bloqueos viales. Disidencias guerrilleras de las FARC arreciaron, el pasado 25 y 26 de abril, contra distintas zonas del suroeste de Colombia y dejaron una veintena de muertos y medio centenar de heridos. Se trata de una de las embestidas armadas más sangrientas contra civiles en una década. Y ocurre en plena campaña electoral, a menos de un mes de las presidenciales, cuando ninguno de los tres candidatos con opciones para llegar al poder ha puesto sobre la mesa un remedio claro a la herida abierta más compleja del país: ¿cómo dejar atrás la guerra?

El Gobierno de Gustavo Petro respondió con 1.200 soldados desplegados en el sur del país. Las operaciones ya obtuvieron un primer resultado: la semana pasada fue capturado Alex Vitoncó Andela, alias Mi Pez, cabecilla de la Nueva Marquetalia —la principal disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)— y señalado como uno de los mayores responsables de los atentados. Entre ellos, la detonación de un cilindro bomba contra un bus intermunicipal que arrastró a otra veintena de vehículos y colapsó un tramo montañoso de la Vía Panamericana, la principal carretera que bordea el suroeste colombiano.

La última ofensiva guerrillera expuso todas las fallas de la política de seguridad de Petro: organizaciones criminales que negocian con el Estado mientras siembran el terror en la población. Los colombianos lo sufren: según la encuestadora Invamer, el 66,2% se siente inseguro con la ‘Paz Total’ que propugna el mandatario. Entre el electorado, además, muchos echan de menos la primera década del siglo. Es decir, los años de mano dura en el Ministerio de Defensa, cuando los secuestros disminuyeron un 90% y la estrecha colaboración con Washington aseguraba el flujo de ayuda a través del denominado Plan Patriota. El problema, no obstante, viene de lejos.

La cocaína acabó con la revolución

Armando Borrero, especialista en defensa y seguridad nacional, recuerda que aquel modelo militar desarrollado por el expresidente Álvaro Uribe —que comprometía algunas garantías civiles para restaurar el orden público— ya mostraba sus límites al final del mandato, en 2010: “Las FARC se estaban reestructurando. El reclutamiento de guerrilleros, después de haber perdido casi el 50% del que había sido el mayor ejército irregular de América Latina desde la revolución mexicana, con 18.000 hombres en armas, se recuperaba de forma acelerada”. En ese momento Juan Manuel Santos subió al poder e impulsó el proceso de paz que se firmó en 2016 con las FARC. El Estado y la insurgencia juzgaron que era el momento preciso para avanzar en una solución negociada.

Una década después, los números hablan por sí solos. Los secuestros se dispararon un 80% en 2025 respecto al año anterior. Los ataques a la Fuerza Pública subieron un 85%. Más de 119.000 personas permanecieron encerradas en sus territorios sin poder salir a comprar alimentos o acceder a servicios de salud debido a las amenazas o bloqueos. Un informe de la acreditada Fundación Ideas para la Paz concluye que la ‘Paz Total’ no solo no ha reducido la violencia, sino que ha creado una “tormenta perfecta” humanitaria en las zonas más vulnerables del país.

Aun así, la apuesta de Petro fue inédita: negociar simultáneamente con todos los grupos violentos. Disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcos, paramilitares o urbanas. Todos con el narcotráfico como único horizonte común. Nadie lo había intentado antes. Los resultados, opina Borrero, revelan un error de diagnóstico de fondo: “El Gobierno no entendió que los grupos armados de hoy no son las guerrillas políticas del siglo XX. Ahora son estructuras transnacionales. El Clan del Golfo, por ejemplo, está dirigido por el Cártel de Sinaloa mexicano. Y el ELN es más venezolano que colombiano, como lo evidencia un documento del Ministerio de Defensa bolivariano en el que consagra que la insurgencia forma parte de su sistema de defensa”.

En el suroeste pocos conocen la paz

En este contexto, el suroeste colombiano es la región que lleva años absorbiendo parte de la sangría que el resto del país prefiere mirar de soslayo. Durante los últimos años, el patrón criminal ha sido el mismo: asesinatos selectivos contra líderes sociales y combatientes desmovilizados. Una sangría quirúrgica. Invisible y casi rutinaria. Pero algo está cambiando.

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes subió de 24 en 2022 a 27 el año pasado. Y la masacre de hace unas semanas supone un campanazo de alerta: es la matanza más letal contra civiles en esa región en una década. “La violencia ha evolucionado hacia un crimen organizado con grupos fragmentados y economías ilícitas diversificadas”, explica el analista Jorge Mantilla, doctor en Criminología, Derecho y Justicia de la Universidad de Illinois, en Chicago. Y agrega: “Un panorama que se parece cada vez más al de México o Brasil, con drones y tecnología que van más rápidas que el Estado colombiano”.

El Gobierno no entendió que los grupos armados de hoy no son las guerrillas políticas del siglo XX. Ahora son estructuras transnacionales

Armando Borrero — Especialista en defensa y seguridad nacional

A menos de tres meses de acabar su cuatrienio, criticar la política de ‘Paz Total’ de Petro es fácil. Explicarla, mucho menos. Sobre todo porque procesos previos como Ralito y La Habana —que desmovilizaron paramilitares bajo Uribe y a las FARC bajo Santos— ya habían dejado suficientes enseñanzas y cabos sueltos por recoger.

Sarah Zukerman Daly, de la Universidad de Columbia, advierte que todo proceso de paz serio debe comprometer a los mandos medios: los combatientes que ejecutan las órdenes de las cúpulas en el terreno. Colombia falló ahí. Y en los intentos recientes —desde Ralito hasta la Paz Total—, recuerda el politólogo Francisco Gutiérrez Sanín, esos mismos cuadros fueron los primeros en rearmarse.

Del Guaviare a Guinea-Bisáu

Cada grupo criminal tiene detrás una cadena económica que empieza en un cultivo de coca y termina en una decisión política. Colombia ya acumulaba 230.000 hectáreas sembradas cuando Petro llegó al poder en 2022 (récord heredado de Duque). Ese año, el nuevo presidente de izquierdas suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato —sin alternativas viables—, argumentando daños a las comunidades cocaleras. El resultado: 23.000 hectáreas más en un año (media Catalunya tapizada de verde), hasta 253.000 en 2023, según el monitoreo colombiano.

El mismo acuerdo de La Habana que Petro heredó, que tiene rango constitucional, comprometía al Estado a sustituir esos cultivos por desarrollo agrícola en los territorios más devastados por la guerra. No hubo, sin embargo, ni recursos ni empuje político para cumplirlo. “Lo cierto es que competir con productos como el cacao es muy difícil. Se ha vuelto un problema casi irresoluble”, admite Borrero. “Pero el país no puede seguir siendo rehén de la coca”.

La violencia ha evolucionado hacia un crimen organizado con grupos fragmentados y economías ilícitas diversificadas, un panorama que se parece cada vez más al de México o Brasil, con drones y tecnología que van más rápido que el Estado colombiano

Jorge Mantilla — Doctor en Criminología, Derecho y Justicia de Universidad de Illinois Chicago

Sin la presión de las fumigaciones, las disidencias de las FARC y otros grupos narcos fortalecieron sus lazos regionales. También afianzaron rutas para sacar la droga desde regiones como el sureño Guaviare hacia Venezuela, de Venezuela a Brasil, de Brasil a Surinam. De Surinam a Guinea-Bisáu. Y de Guinea-Bisáu, etiquetado como el primer “narco-Estado africano”, a Europa.

El mejor cliente, sin embargo, sigue siendo Estados Unidos. De poco han bastado los bombardeos de Trump contra supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico: una parte sustancial de la cocaína colombiana fluye hacia el gigante del norte (el mayor consumidor del mundo y el socio histórico en la lucha antinarcóticos).

Además, con Petro enfrentado políticamente a Trump desde su toma de posesión, la relación con la Casa Blanca no ha hecho sino tensarse. Uno de los resultados llegó en 2025: por primera vez en tres décadas, Washington retiró a Colombia de su lista de países aliados que combaten el narcotráfico. Con una salvedad reveladora: eximió al país de las sanciones económicas citando “intereses nacionales vitales”. Bogotá recibió el castigo, pero la superpotencia evitó romper el lazo estratégico.

Un ejército moderno no basta

La política de paz de Petro tiene, sin embargo, letra pequeña. Los medios colombianos se han centrado en el evidente debilitamiento de las capacidades militares y de inteligencia durante este cuatrienio. Sin embargo, también han mirado de refilón algunos matices: 2025 fue el ejercicio con más neutralizaciones de delincuentes en más de 10 años: 13.971 entre muertos, capturados y desmovilizados, el doble del pico histórico de su predecesor, el derechista Iván Duque. Un incremento sin precedentes, según las Fuerzas Militares. Armando Borrero matiza los números: “La reacción fue tardía y selectiva. El Gobierno persigue a quienes traicionaron las mesas de negociación. El Ejército va detrás de Iván Mordisco (el jefe disidente que abandonó la mesa en 2024) pero no de los hombres de Calarcá, que siguen negociando”.

Se trata de dos jefes del mismo origen guerrillero con distinto trato. Con un costo que el Gobierno prefiere no mencionar: en cuatro de los 13 bombardeos contra estructuras de Mordisco murieron 15 menores de edad. “Ninguno de los modelos en realidad ha funcionado”, zanja Gutiérrez Sanín. “Pero la escala de daño humano y deterioro del tejido social durante la Seguridad Democrática de Uribe fue inmensa. Los falsos positivos (cerca de 7.000 civiles asesinados por militares y disfrazados de guerrilleros muertos en combate) son solo un aspecto”.

2025 fue el ejercicio con más neutralizaciones de delincuentes en más de 10 años: 13.971 entre muertos, capturados y desmovilizados, el doble del pico histórico del predecesor de Petro, el derechista Iván Duque

Por eso el campo ha sido el epicentro de casi todos los capítulos de la violencia desde hace más de medio siglo. Cinco millones de personas han sido desplazadas de allí (solo Ucrania en guerra abierta supera esa cifra). Es una de las raíces enquistadas del problema, al que ningún Gobierno ha encontrado solución. Borrero lo explica sin rodeos: “En muy pocas regiones hay una comunidad campesina estable, integrada, y eso es un factor de violencia fuerte. Muchas zonas nunca terminaron de constituirse como comunidades”.

Y donde el Estado no ha logrado asentarse, otros han ocupado el terreno. No es una omisión menor: más de seis décadas de conflicto y 220.000 muertos. El narcotráfico, los grupos armados y el clientelismo político se repartieron ese vacío. El poder en Bogotá, entre tanto, lleva años mirando el mapa desde lejos. Con otros líos acumulados. La impunidad completa el cuadro: el 95% de las causas penales se quedan sin resolver.

Mantilla va más a fondo. En los esfuerzos de pacificación, la negociación terminó girando casi siempre en torno a los grupos armados mientras las poblaciones quedaban al margen. “Se permitió que fueran los violentos quienes asumieran la representación de las comunidades”, explica. El costo sigue siendo visible. “A Colombia, más que construir Estado, le sigue costando construir legitimidad”. La evidencia es reveladora: el Clan del Golfo mantiene control sobre más de 200 municipios con apenas 9.800 combatientes. Unos 50 hombres por municipio frente a un Ejército de 270.000 soldados activos.

Fracaso sin bandera

La conclusión para los expertos es que el problema del Estado no es militar, sino de legitimidad. Eduardo Pizarro León-Gómez, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, recuerda que el país latinoamericano fue una de las primeras naciones en alcanzar un acuerdo de desmovilización con una guerrilla, en 1990, con el M-19 (el movimiento de raíz urbana donde militó el presidente Gustavo Petro). 36 años después, el ciclo de violencia sigue abierto.

Los estudiosos de la guerra coinciden en que nunca ha habido un proyecto estatal serio para ocupar el territorio ni garantizar el monopolio oficial de las armas. Las brechas regionales no han hecho sino crecer. Según Oxfam, el 1% de los propietarios concentra más del 80% del suelo cultivable. Mientras tanto, buena parte de Occidente cerró sus guerras internas tras la caída del Muro de Berlín. Las guerrillas centroamericanas depusieron las armas, el IRA en Irlanda firmó la paz, ETA se disolvió en España. En Colombia, sin embargo, el conflicto halló otro combustible indomable: la cocaína. Pizarro concluye que el fracaso de la 'Paz Total 'no es de Petro: “Es de toda la nación colombiana”.

¿Un libertario sin trayectoria política al frente del poder en Colombia durante los próximos cuatro años? Para llegar allá, Abelardo de la Espriella, mediático abogado penalista de 47 años, deberá vencer primero al izquierdista Iván Cepeda en la primera vuelta del 31 de mayo. Ambos lideran las encuestas desde hace meses. Su candidatura genera entusiasmo en sectores del conservadurismo local, que lo ven como el único dique efectivo contra el aspirante del oficialista Pacto Histórico, pero despierta inquietud en otras facciones por la vaguedad de sus propuestas y su adhesión al experimento radical encarnado por Milei en Argentina, Kast en Chile y Bukele en El Salvador.

La tentación del todo o nada con un recetario de extrema derecha inquieta a muchos en Colombia. Pero la trayectoria de la Espriella también genera dudas. El lunar más visible es, quizás, su defensa jurídica de Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela hoy detenido en Nueva York: un turbio empresario colombiano condenado en Estados Unidos por blanqueo de dinero y conspiración. La Administración Biden lo indultó en 2023 en un canje de presos, pero múltiples investigaciones periodísticas lo señalan con fuerza como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

De la Espriella, que se presenta por el incipiente movimiento Defensores de la Patria, ha intentado desmarcarse de su viejo cliente argumentando que su firma de abogados dejó de representar a Saab en 2019, cuando Washington lo incluyó en la Lista Clinton. Dos años más tarde, sin embargo, el exministro chavista aún lo recordaba como un “gran abogado y amigo”. No menos polémica fue su defensa de David Murcia Guzmán, cerebro del mayor esquema Ponzi en Colombia: 200.000 víctimas —en su mayoría de renta baja— y unos 1.200 millones de dólares defraudados.

“Lo que buscamos es demostrar que DMG no es una empresa criminal”, afirmó en julio de 2012 el entonces joven apoderado, en referencia a la estafa piramidal, en una entrevista televisada. Poco después se apartó también de ese caso, pero su papel dejó una estela de preguntas que ahora emergen en plena campaña electoral.

La nueva piel del ‘Tigre’

Mucho antes de que adoptara el apodo de “Tigre”, en su círculo más cercano era conocido como “Papucho”: un sobrenombre que hoy solo reclama con derecho su madre, María Eugenia Otero. En Montería, ciudad media al norte de Colombia donde arraigan sus raíces, sus allegados resaltan el contraste: de aquel joven provinciano, inquieto y entrañable, a una figura nacional en apariencia recia que usa el saludo militar como emblema político y promete castigar a los delincuentes sin ser “políticamente correcto”.

De hecho, desde hace tiempo escenifica en sus redes sociales una vida de vuelos frecuentes en jet privado, presume de su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temporadas en sus casas de Miami, Bogotá o la campiña toscana. Un mundo alejado del de su infancia. Su padre, Abelardo, fue un discreto notario con algún cargo regional en las filas del Partido Liberal. Y su educación, primero en el Colegio De La Salle de Montería y más tarde en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, se asemeja más a la de cualquier chico de familia media colombiana.

Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa

Yann Basset — analista político de la Universidad del Rosario

Su fortuna, sin aún haber llegado a los 50 años, es posterior a esa infancia austera y se sustenta en dos pilares: el despacho de abogados y una red creciente de empresas. En un principio fueron una marca de ron, una consultora inmobiliaria y una suerte de sastrería de lujo. Pero hoy suma una treintena de sociedades con todo tipo de accionistas —algunas de ellas en números rojos—. “Primero se da a conocer en un país donde la política pasa por el mundo del derecho penal”, explica Jorge Iván Cuervo, académico de la Universidad Externado nombrado Ministro de Justicia hace poco. “Sus estrategias de litigio lo acercaron a las élites. Y ahora su objetivo es alcanzar el poder político por fuera de los partidos tradicionales”.

Un guion seguido por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años ochenta: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Para moderar la imagen de provocador, presentó hace unas semanas al exviceministro de Hacienda José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial: un rector universitario que pasó los últimos cuatro años refutando punto por punto las políticas económicas de Petro a través de confrontaciones directas en la red social X.

En el caso de la Espriella, sin embargo, resulta evidente que sus bases y su guía política son un calco del uribismo purasangre. Es decir, la del discurso militarista de mano dura y el énfasis en conceptos decimonónicos como la “patria” o la “familia” tradicional, que su amigo el expresidente Álvaro Uribe ha empuñado. Él mismo ha sintetizado su proyecto electoral como una amalgama entre la cruzada de Nayib Bukele contra la creciente inseguridad urbana y rural, con el mismo enfoque carcelario, y la motosierra burocrática del argentino Javier Milei, con la cual prevé cercenar en Colombia el número de ministerios existentes, de los 19 actuales, a una decena (y eliminar 70.000 puestos estatales).

De hecho, su cercanía con el uribismo se remonta a 2005. En aquellos días fungió como director y representante legal de la polémica Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), donde combinó funciones de promoción y divulgación del proceso de desmovilización de los ejércitos paramilitares, impulsado entonces por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema ordenó más tarde a la Fiscalía investigar a de la Espriella por su rol en dicha ONG, descrita por excombatientes como el “brazo ideológico” de las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia. Las indagaciones, sin embargo, se cerraron en 2012 por falta de pruebas.

En busca de voz propia

De la Espriella oficializó su candidatura el pasado 11 de diciembre en un mitin cargado de mesianismo político y fervor casi religioso. “Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa”, señala Yann Basset, analista político de la Universidad del Rosario.

Quienes admiran a De la Espriella lo hacen porque ha sabido transmitir una firmeza aún huérfana de proyecto político claro. Su idea central es “enfrentar y destripar” a la izquierda. La última encuesta de las firmas Guarumo y Ecoanalítica, publicada a finales de marzo, lo sitúa en el 20,2% de intención de voto, diez puntos por detrás de Cepeda y en empate técnico con la aspirante Paloma Valencia, que irrumpió con fuerza tras ganar las primarias de un grupo de formaciones de centro y centro derecha. Pero de momento ningún candidato parece capaz de alcanzar aún el 50% más uno de los votos válidos necesarios y lo más probable es que la decisión se dirima en segunda vuelta.

De acuerdo con Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, la fuerza de De la Espriella reside precisamente en su indefinición. Su discurso carece de una línea ideológica nítida, pero esa ambigüedad ha resultado funcional: le ha permitido aglutinar una coalición heterogénea de votantes en busca de un proyecto ultraconservador. “Abelardo, más allá del carisma, es un significante vacío: un contenedor de diferentes tendencias cercanas a la derecha radical”, sostiene Chala. “Detrás suyo convergen reservistas y retirados del Ejército, sectores de las iglesias neopentecostales y evangélicas, algunas élites regionales y libertarios de la escuela austríaca, al estilo Milei.”

Para Yann Basset, el reto de la Espriella será encontrar un estilo propio: “La idea de la mano firme en seguridad, o del antiderroche en la esfera pública, no son nuevas y ya las utilizó el presidente Uribe a principios de este milenio. Además, el Estado en Colombia, a diferencia del caso argentino, si lo comparamos con Milei, no ha desempeñado tantas funciones ni ha representado un monstruo tan grande para la economía. Entonces una pregunta interesante es si será capaz de adaptar de alguna forma estas temáticas al contexto local”, asegura el académico francocolombiano.

Su intención de voto alcanzó un pico a finales de febrero, pero desde entonces ha oscilado entre el 16 y el 22%, con caídas y estancamientos que revelan los límites de su expansión electoral. Para el analista político Chala, el desgaste tiene una explicación estructural: “La pérdida de popularidad está relacionada con la fricción entre una amalgama de movimientos de derecha que, ante el ocaso de Álvaro Uribe, compiten por fijar los elementos de un nuevo sentido común en torno a la familia, la identidad y la religión. Hoy existe un fenómeno nuevo y alternativo al Centro Democrático.”

Aliado de Vox

De esta forma los analistas políticos esperan ver si el “Tigre” conseguirá revertir su inexperiencia política y sus problemas de imagen en puntos de fuerza. O si su prometedor arranque de campaña seguirá el camino de Rodolfo Hernández, el ingeniero presentado hace cuatro años como una suerte de Trump a la colombiana que, tras rozar la presidencia en la pugna electoral contra Gustavo Petro, terminó condenado por corrupción y murió en septiembre de 2024 a los 79 años.

Jorge Iván Cuervo recuerda, sin embargo, que la diferencia es que Hernández tenía rodaje previo en la arena política. Antes había sido alcalde, con una gestión aceptable, de una ciudad media: “Su imagen era la del empresario exitoso que generaba empleo. Pero primero se ganó el reconocimiento político en su región. El ascenso de la Espriella es distinto. Su marca se construye desde el éxito individual y la exhibición del lujo”.

Casado y padre de cuatro hijos, de la Espriella nació en Bogotá en 1978 durante un paseo de sus padres en la capital. Por ello, se ha encargado de subrayar que es un “costeño de racamandaca”: es decir, hijo de la costa Caribe hasta el tuétano. Un origen que también ha utilizado como bandera política de la inconclusa descentralización que impulsará. “Él representa una capa del electorado que ha logrado un ascenso social y no se ve reflejada en las élites bogotanas tradicionales. Es una Colombia desideologizada que ve en él a alguien que los representa, con sus trajes de marca, sus excentricidades o su faceta de cantante de boleros y tenor a la italiana con un disco propio”, afirma Cuervo.

Lejos de matizar sus posturas, en enero firmó con el líder de Vox, Santiago Abascal, la llamada Carta de Madrid, un documento que alinea su plataforma con las tesis “antizquierda”, a favor de la “libertad de empresa” y contra el “totalitarismo comunista” que la ultraderecha española ha enarbolado. “Un grande Santiago Abascal librando la batalla cultural, política y democrática para enfrentar al narcocomunismo que se impone desde el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Estamos juntos en esta lucha”, publicó días después ante sus 960.000 seguidores de Instagram.

Por ahora, De la Espriella mantiene una distancia estratégica con Paloma Valencia, del Centro Democrático —la formación que custodia el legado político de Álvaro Uribe Vélez—. Pero el expresidente y voz tutelar ya ha revelado sus cartas: si su candidata no llega al balotaje, la maquinaria se volcará hacia el “Tigre”. De la Espriella, por su parte, navega en su propio carril. Observa las alianzas que se tejen a su alrededor. Aguanta. Y deja que el tiempo trabaje a su favor mientras los ataques se acumulan y el duelo por la presidencia de Colombia apunta, inevitablemente, a resolverse en una segunda vuelta fijada para el 21 de junio.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, demandará por calumnia a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, luego de que este asegurara que durante una visita a la ciudad Manta en 2025, el mandatario colombiano se reunió con algunas personas supuestamente vinculadas con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, Fito.

“He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia”, escribió Petro este domingo en la red social X al anunciar la acción judicial.

El señalamiento de Noboa, hecho en una entrevista con la revista colombiana Semana en la que no confirmó un encuentro directo de Petro con Fito, fue rechazado por el mandatario colombiano, quien negó cualquier relación y aseguró que su presencia en Ecuador en aquella ocasión obedeció únicamente a actividades oficiales.

En esa entrevista, Noboa afirmó que Petro “se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con Fito”, en referencia al movimiento político ecuatoriano vinculado al expresidente Rafael Correa, actualmente en la oposición.

Petro respondió a esas declaraciones defendiendo su visita a Manta, a donde según explicó, viajó en mayo de 2025 luego de asistir en Quito a la segunda toma de posesión de Noboa, y aseguró que durante toda su estancia contó con la protección permanente del Ejército ecuatoriano, así como con su esquema de seguridad colombiano.

“El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a donde fui el día de su posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y exvicepresidente de la república del Ecuador”, agregó Petro.

Visita secreta

La visita de Petro a Manta no estaba en su agenda de viaje a Ecuador y se supo de ella por informaciones de prensa, tras las cuales surgieron versiones no confirmadas de que el mandatario supuestamente se había reunido en esa ciudad con Fito, el narcotraficante más peligroso de ese país, que fue capturado un mes después y extraditado a Estados Unidos.

Petro subrayó hoy que tanto sus escoltas como otros testigos pueden dar fe de sus actividades en ese viaje, y rechazó que su presencia en esa ciudad pueda ser interpretada como indicio de contactos irregulares.

Este episodio se suma a otros desencuentros entre los dos presidentes, reflejo del deterioro de la relación bilateral, que en los últimos meses ha escalado también al terreno comercial, con la imposición mutua de aranceles a productos de ambos países y la llamada a consultas de ambos embajadores.

Resignarse a que llegue la extrema derecha y arrase con las democracias no puede ser la única opción a la que estén condenados los progresistas de todo el mundo. Con esta idea como guía, una veintena de mandatarios internacionales encabezados por Pedro Sánchez y Lula Da Silva se han citado este fin de semana en Barcelona para poner las bases de una nueva alianza global contra la ola reaccionaria, en un momento en el que la posición del Gobierno español contra las guerras iniciadas por Donald Trump han encontrado eco, sobre todo en América Latina.

A lo largo de dos jornadas, en las que se han celebrado una cumbre bilateral España-Brasil, una reunión con representantes gubernamentales y un encuentro de organizaciones progresistas de todo el mundo, los líderes mundiales de izquierda y centro-izquierda han reactivado un polo que tiene voluntad de ser una oposición al mundo que dibuja Donald Trump y un contrapeso a lo que Sánchez ha definido en diferentes ocasiones como la “internacional del odio”.

“El tiempo de la internacional ultraderechista y la derecha lacaya ha llegado a su fin”, ha defendido Sánchez ante un plenario repleto este sábado. El jefe del Ejecutivo español ha asegurado que este evento es el punto de inflexión para una alianza progresista que, a partir de ahora, estará orgullosa de ser “pacifista, ecologista, sindicalista y feminista”.

Por su lado, Lula ha defendido un mundo basado en reglas y el papel del progresismo en la historia. “El proyecto neoliberal prometió prosperidad y entregó hambre desigualdad e inseguridad, creó crisis tras crisis”, ha criticado Lula, que ha reclamado al progresismo coherencia y hacer desde los gobiernos lo que promete antes de las elecciones.

“La extrema derecha ha sabido aprovechar el malestar de la población creando mentiras. Contra las mujeres, contra los negros, contra las personas LGTBIQ+”, ha criticado el jefe de Estado brasileño, que ha elogiado a Sánchez por “la valentía de no permitir que los aviones de guerra de EEUU salieran de aquí para bombardear Irán”.

Este sábado, ya ante la veintena de líderes que han compartido mesa en el recinto de la Fira de Barcelona, situado en L'Hospitalet de Llobregat, Sánchez ha profundizado en su llamamiento a cerrar el paso a los planes de la extrema derecha. “La democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza”, ha asegurado Sánchez.

Multilateralismo, rechazo al genocidio en Gaza y a la guerra en Irán, legalidad internacional y reforma de los mecanismos de gobernanza mundial como la ONU son algunos de los ejes en los que todos los participantes de las cumbres han coincidido, más allá de los acentos que cada país ha querido ponerle.

Para todos ellos, la consigna se condensa en un llamamiento a la paz en medio de un mundo cada vez más convulso. Lula da Silva ha advertido de forma reiterada sobre los peligros de la conflictividad mundial, también Claudia Sheinbaum, que ha reclamado una declaración para evitar una incursión militar en Cuba tras las reiteradas amenazas de Trump a la isla.

Finalmente esa declaración en defensa de Cuba y del Derecho Internacional se ha emitido y ha contado con la firma de España, Brasil y México, países que también se han comprometido a “incrementar de manera coordinada” la respuesta humanitaria “dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano”.

Por su parte, el sudafricano Ramaphosa ha reclamado una reforma de la ONU para evitar que las guerras sigan aflorando sin que haya mecanismos internacionales para detenerlas. Una demanda a la que también ha aludido Lula y otros líderes, mientras que España ha reiterado su apoyo a que la secretaría general de la organización internacional recaíga por primera vez en una mujer.

Si la primera jornada estuvo protagonizada por el alineamiento político que mostraron Sánchez y Lula, que propusieron a sus respectivos países como “motores” para acercar América y Europa, el segundo día reflejó la amplitud del llamamiento de los dos líderes. Entre los tres eventos han acabado participando hasta 18 mandatarios de máximo nivel, pero también decenas de ministros, presidentes de administraciones federales y locales, embajadores o líderes de partidos.

En la Fira estuvieron presentes los presidentes y primeros ministros de México, Colombia, Uruguay, Sudáfrica, Irlanda, Lituania, Albania, Cabo Verde o Barbados, así como vicepresidentes de Alemania, Reino Unido, Austria, Ghana o Botsuana. En las jornadas políticas han intervenido también algunos de los rostros habituales de oposición a Trump en su propio país, como el Gobernador de Minessota, que ha estado presente. “Os necesitamos, no perdáis la fe en el pueblo americano, condenad la monstruosidad que ocupa la Casa Blanca, presionad, denunciad”, ha dicho Tim Walz.

Mientras, la que fue candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, el senador Bernie Sanders y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, han enviado un vídeo.

Por parte de los anfitriones acudió la mayor parte de los ministros socialistas del Gobierno, así como el president de la Generalitat Salvador Illa y algunos de sus consellers, y el alcalde de Barcelona.

No pasó inadvertida la presencia de la mexicana Sheinbaum, que con su asistencia certificó el deshielo en las relaciones de su país con España, de la que se había alejado tras la demanda de una disculpa oficial por la colonización. Tras varios años en los que esta petición no se había satisfecho, el rey Felipe VI aprovechó una visita a una exposición sobre México para reconocer que hubo “mucho abuso” en la conquista, palabras que desde el gobierno mexicano se entendieron como “un avance”.

Esperanza contra la “internacional ultraderechista”

Con 6.500 personas movilizadas y decenas de líderes, cargos y caras conocidas presentes, la reunión de Barcelona supone una inyección de optimismo para los movimientos socialdemócratas de izquierdas que iniciaron 2026 atónitos por la violencia desplegada por EEUU en Venezuela o Irán. Uno de los objetivos de las jornadas era dar la vuelta al sentimiento de inevitabilidad que se ha apoderado de buena parte de las bases progresistas tanto en Europa como en Latinoamérica y otros países.

En línea con eso, “esperanza” ha sido una de las palabras que los ponentes han repetido más. Una esperanza que debe servir para que los demócratas dejen de tener miedo al futuro. “Prevaleceremos, la democracia nos pertenece a todos, así dibujamos el futuro en común”, afirmó el sueco Stefan Löfven, presidente del Partido de los Socialistas Europeos. “El futuro no es propiedad de nadie y no será ni de los más fuertes ni de los soberbios”, remarcó el president catalán Salvador Illa.

Junto a esto, los temas económicos han protagonizado también buena parte de las intervenciones de los líderes. Una demanda reiterada es imponer un impuesto especial a los llamados “megaricos”. También una transición energética, que ha sido remarcada como urgente desde posiciones tan a priori alejadas como la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Otro de los temas muy comentados es la necesidad de imponer reglas a los gigantes tecnológicos. Unas redes sociales donde la propaganda extremista campa a sus anchas, cuando no directamente controladas por magnates de ideologías ultras, es un campo de batalla sesgado.

No menos problemático es que buena parte de la infraestructura de los estados y las instituciones democráticas recaigan sobre empresas privadas e indiferentes, en el mejor de los casos, a la defensa de la democracia. En Brasil hay, además, preocupación por la arremetida de Trump contra Pix, el sistema de pagos instantáneos que ha independizado de facto a millones de brasileños de las tarjetas de crédito de compañías norteamericanas.

Sánchez consolida su apuesta internacional

Para el presidente del Gobierno estas jornadas suponen un importante espaldarazo y, también, un colofón a la intensa agenda internacional desplegada en los últimos meses, que llega después de su viaje oficial a China.

Sánchez ya llamó la atención del mundo progresista hace un año, cuando fue el único dirigente de la OTAN que se opuso abiertamente a los planes de Trump para aumentar al 5% del PIB la aportación a la alianza militar. Aquellas aguas bajaron y el presidente norteamericano pareció olvidarse de España, pero el líder del PSOE volvió a ser uno de los pocos primeros ministros europeos que, hace un mes, rechazaron de plano los ataques sobre Irán.

Aquella toma de posición de la Moncloa marcó una inflexión, pues fue el desencadenante de varios cambios en las reacciones de otros países europeos. Sánchez había demostrado que decir no a Trump no solo era posible, sino que podía tener rédito político y apoyos internacionales.

En unas jornadas que han reunido a lo más granado del progresismo mundial, Sánchez se ha mostrado dispuesto a reimpulsarse contra la extrema derecha que representa Vox en España, pero también contra la “derecha lacaya”, tal como ha tildado al PP. En este sentido, el anuncio del acuerdo de Gobierno de Extremadura entre PP y Vox anunciado precisamente el jueves, sirvió a Sánchez como ejemplo de contra qué luchan los progresistas reunidos en Barcelona.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha donado a la ciudad de Barcelona el último retrato artístico en vida de Gabriel García Márquez. Lo ha hecho coincidiendo con su estancia en la ciudad y después de visitar la Biblioteca Gabriel García Márquez junto al alcalde Jaume Collboni.

Al descubrir la obra, Petro ha afirmado que Barcelona “ha sido y es revolucionaria”. Con la donación de la obra, han indicado desde el gobierno colombiano, Colombia proyecta su “memoria, su arte y su identidad más allá de sus fronteras” y fortalece los lazos con la capital catalana. Así, se quiere “honrar” la vida y obra de uno de los escritores más influyentes y queridos de la literatura universal.

Collboni ha agradecido la donación y ha afirmado que la ciudad tiene “muy presente” al emblemático escritor. También ha explicado que la biblioteca se encuentra en un barrio “muy popular” y ha puesto en valor la arquitectura del espacio.

Petro ha asegurado también que las palabras son superiores a las armas. “El mundo de hoy olvida que si las palabras se unen con las multitudes son más poderosas que las armas y el dinero”, ha señalado.

En el encuentro también ha estado presente el músico Joan Manuel Serrat. Petro ha afirmado que Serrat todavía le hace llorar con una canción, que es ‘Elegía’, de Miguel Hernández, “poeta que luchó por una España diferente”.

Donación del retrato de Gabo

El retrato donado —y transportado en el avión presidencial— muestra a García Márquez, Gabo, sonriendo con un ramo de rosas amarillas, que contrastan con el blanco y negro del resto de la imagen. La fotografía es obra del autor Mauricio Vélez y fue tomada en el año 2013. García Márquez murió precisamente un 17 de abril del año 2014, ahora hace doce años.

Además del retrato, Petro también ha firmado el libro de visitas correspondiente, donde ha escrito que Barcelona “es mágica como Colombia” y es capaz “de inventar”: “En la invención siempre habrá revoluciones”. El escrito concluye que Colombia y Barcelona viven entre una realidad que “a veces es terrible y fea, pero también viven en el sueño”. Además, el presidente colombiano ha firmado también el libro ‘Una vida, muchas vidas’, biografía de sí mismo. En la dedicatoria ha escrito: “Con amor para Barcelona, patria obrera y de poetas”.

Biblioteca cerrada

El encuentro entre Petro y Collboni ha provocado el cierre de la Biblioteca Gabriel García Márquez durante varias horas, desde las 11:45 h hasta las 16 h. De hecho, inicialmente estaba previsto que ambos dirigieran unas palabras a las 13:30, pero el encuentro comenzó con mucho retraso.

Collboni ha llegado a la biblioteca hacia las 14:15 y Petro poco después. No fue hasta pasadas las 15 h cuando se permitió a los medios entrar al espacio y, posteriormente, se mostró el obsequio del retrato de Gabo.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se ha mostrado muy crítico con el papel de las Naciones Unidas en el panorama de conflictos actuales y considera que es un actor “impotente” ante estados como Estados Unidos o Israel, que “imponen sus condiciones”. Petro considera que los Estados Nación ya no son figuras tan relevantes en el juego político porque “son cada vez menos autónomos para gestionar su población”. Ahora, ante “genocidios y conflictos de altura”, ha lamentado que haya presidentes latinoamericanos que sean “cortesanos ante un nuevo rey que es Estados Unidos imponiendo sus condiciones”.

En cambio, él apuesta, dice, por “mirarnos de tú a tú” y ha recordado la reunión que tuvo en el Despacho Oval con el presidente Trump. Asegura que el mandatario estadounidense “vive rodeado de burbujas formadas por quienes le acompañan, con agendas diferentes y que compiten entre ellas”. Insinuando que Trump se encuentra altamente influenciado “por Netanyahu y por personas cercanas como Marco Rubio”, apunta que esas burbujas “se desinflan” cuando el presidente “tiene la oportunidad de hablar con otro ser humano”, tal como ha apuntado en una entrevista concedida a RTVE y la Agencia EFE, en el marco de las jornadas Movilización Global Progresista, en Barcelona.

En esa reunión, explica, tuvo la oportunidad de hablar con Trump y proponerle “un gran pacto por la vida”. A pesar de que considera al líder estadounidense “alguien de derechas, con una vida aria y una idea capitalista, sentí que congeniábamos y que aceptaba”. Ahora bien, Petro mismo ha reconocido que esa sensación duró poco. “A las pocas horas tiraba las bombas sobre Irán”.

El presidente colombiano ha tenido palabras muy duras para el presidente norteamericano a quien acusa de haber desestabilizado el mundo y creado “un bloque destructivo para la humanidad” siempre, insiste, “jalonado por Netanyahu, que tiene amigos más poderosos que el propio Trump”.

Gustavo Petro ha repasado el tablero internacional y, tomando los conflictos iniciados por Estados Unidos en Oriente Medio y Venezuela, ha puesto el foco en el petróleo: “atrae a los misiles y a la muerte”. Concretamente, ha apuntado que este bien ha sido “la maldición” de Latinoamérica y el Caribe. “Si tienes petróleo, la soberanía creada por la espada de Bolívar, desaparece. Sin petróleo, Venezuela volverá a la libertad”, ha asegurado.

Sobre el país latinoamericano, Petro identifica tres vías para solucionar la actual solución: la primera es dejar que Nicolás Maduro, sobre quien asegura que la acusación de narcotraficante es “injusta”, tenga un juicio libre en Venezuela o en alguna corte internacional. La segunda es “devolver el poder al pueblo”. Y eso no pasa por celebrar elecciones libres inmediatamente, lo cual consideraría un “error”, sino crear un “cogobierno” del chavismo con la oposición durante dos años para dar tiempo a los venezolanos a que creen “una alternativa”.

Y la tercera es, para Petro, una condición indispensable: que esas alternativas se desliguen del petróleo. “Entre el petróleo que tiene Venezuela y el carbón que tenemos en Colombia, podemos matar a toda la humanidad si decidiéramos mandarlo al aire”, asegura. Ha apuntado que tiene pensado verse con Delcy Rodríguez, aunque todavía no tienen una cita concertada (“Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma”), para pactar una salida conjunta entre ambos países a la dependencia del crudo.

Gustavo Petro apuesta por apartar el petróleo de los gobiernos ya que, considera, “los estertores del petróleo, pueden ser los estertores del capital”, ha dicho en referencia a un momento en el que el mundo ya está sufriendo las carencias de este bien a raíz del bloqueo del estrecho de Ormuz. “La humanidad tiene que ecoger entre vivir o codiciar. Si queremos una sociedad en que nuestros hijos puedan ser y ser más felices que tú, debes escapar del camino dominante”, ha remachado.

Por ello, el presidente apuesta por una “redefinición del mundo” que no deberían pasar por las decisiones de los Estados ni de los partidos políticos, sino por “una demanda de libertad de los pueblos que vaya hacia una democracia global”. En ese sentido, ha tomado de ejemplo Latinoamérica, de la que presume por haber “parado al fascismo”. En cambio, ha mirado con preocupación hacia Europa, donde asegura que “Hitler sigue vivo” a través del “odio racial al extranjero”.

La entrevista ha dedicado su parte final a evaluar el propio mandato de Petro en Colombia, que está a punto de terminar. El presidente no opta a la reelección y abandonará el cargo habiendo dejado una gran promesa sin cumplir: culminar el proceso de paz. “No es un fracaso personal, es un fracaso nacional”, ha asegurado. Preguntado por qué ha hecho mal en estos años en el poder, Petro ha contestado que su principal error ha sido “nombrar a gente que no sirve”. “Fue una gran tontería que me ha costado mucho confiar en un gobierno plural en el que incorporé a gente de centro que, en realidad, estaba a la derecha de Uribe”.

Ahora bien, de lo que sí ha sacado pecho es de haber empezado a cambiar la manera en cómo Colombia se presenta ante el mundo y, en especial, ante los mercados. Uno de sus grandes legados, dice, será haber impulsado otros comercios para que la economía de su país no dependa sólo del crudo y, también, de la cocaína. “Había pocas soluciones. O impulsamos el cacao o hacemos que los europeos dejen de consumir cocaína. O eso, o hacemos que se legalice”, ha dicho.

La entrevista a Gustavo Petro se ha dado en el marco de la Movilización Global Progresista, unas jornadas políticas celebradas en Barcelona que coinciden con dos cumbres más: la primera bilateral España-Brasil y la cuarta edición de la cumbre para la Defensa de la Democracia. Entre los tres actos, el presidente Pedro Sánchez se dará cita con una decena de mandatarios de izquierdas de primer nivel. Más allá del líder colombiano, también se encontrará con el brasileño Lula Da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum, el portugués António Costa, el sudafricano Cyril Ramaphosa, el uruguayo Yamandú Orsi, la irlandesa Catherine Connolly o el albanés Edi Rama, entro otros muchos.

Colombia vivió este domingo unas elecciones legislativas con evidentes signos de tensión política. Los sondeos no erraron: el izquierdista Pacto Histórico se impuso en las urnas y retuvo el mayor número de escaños en el Senado, con cinco más que en la legislatura anterior: obtuvo cerca de 4,4 millones de votos (22,82% de los sufragios). Pero el dato novedoso de la jornada fue el resurgir del uribista Centro Democrático, partido hundido al cuarto lugar en 2022 tras perder casi la mitad de sus escaños. Hoy está de vuelta como segunda formación del país al sumar cerca de 3 millones de votos y el 15,63% en la cámara alta. Lo anterior se traduce en 17 senadores, cuatro más que en 2022.

Casi 42 millones de ciudadanos estaban convocados a renovar un Congreso bicameral de 285 escaños: 103 en el Senado y 182 en la Cámara de Representantes. A las 20.30 locales (2.30 en la España peninsular), el oficialista Pacto Histórico ya despejaba el panorama. Los datos parciales dibujaban un crecimiento del progresismo de Gustavo Petro, con proyecciones de hasta 25 escaños en el Senado desde los 20 actuales. Al mismo tiempo, el Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, se disparaba de 13 a 17 senadores.

El Pacto Histórico y el Centro Democrático son los grandes ganadores de la jornada. La tendencia en Colombia era que la bancada que apoyaba al gobierno saliente solía retroceder en las legislativas. Esta vez no ha sido el caso. El oficialismo ha logrado incluso progresar

Yann Basset — Universidad del Rosario

En la Cámara de Representantes, por su parte, la misma formación de derechas protagonizó un primer golpe de efecto: de deambular como cuarta fuerza durante la pasada legislatura se erigió en el segundo partido más votado, con más de 2,2 millones de sufragios. La izquierda, entre tanto, mantuvo el pulso y se plantó como el bloque más fuerte, con 37 representantes. “El Pacto Histórico y el Centro Democrático son los grandes ganadores de la jornada”, apostilla Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario. Y añade un matiz: “La tendencia en Colombia era que la bancada que apoyaba al gobierno saliente solía retroceder en las legislativas. Esta vez no ha sido el caso. El oficialismo ha logrado incluso progresar”.

Los primeros análisis advierten, en todo caso, que el próximo gobierno deberá maniobrar con habilidad para construir una mayoría parlamentaria en el Congreso que se estrene el próximo 20 de julio. “Sigue siendo un parlamento dividido. El Pacto Histórico y el Centro Democrático juntos no representan la mitad de los escaños, lo que demuestra que Colombia no es un país polarizado entre dos fuerzas”, precisa Basset. A ello se suma un factor estructural que la politóloga Elisabeth Ungar pone sobre la mesa: en Colombia, donde rige un sistema presidencialista, la obligación de votar en bancada se incumple con frecuencia. La estrategia de cada escaño, en definitiva, es una incógnita.

Mirada a las presidenciales

A la legislativa se sumó, este mismo domingo, otra batalla con la vista puesta en el 31 de mayo: tres consultas interpartidistas que, a modo de primarias, definieron candidatos presidenciales en cada bloque ideológico. Los ganadores fueron la congresista Paloma Valencia por la derecha, el veterano Roy Barreras por una escisión de la izquierda y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López por el centro.

Pero uno de los nombres de la noche fue el de Valencia. La senadora uribista arrasó en la Gran Consulta por Colombia —una coalición de partidos conservadores y de centroderecha— con más de tres millones de votos, superó a sus nueve rivales y cerró la jornada como una de las dos candidatas opositoras más fuertes junto al abogado ultra Abelardo de la Espriella –segundo en la mayoría de sondeos–. En su discurso de victoria rindió tributo a su mentor y guía político, Álvaro Uribe, antes de proclamar su intención de impulsar una economía más justa y reducir el tamaño del Estado.

El mismo Uribe había hecho campaña para llegar por quinta vez al Congreso. El domingo, sin embargo, le deparó un contundente golpe simbólico: el expresidente cosechó su primera derrota electoral en toda su vida política. Su estrategia de situarse en el puesto 25 dentro de una lista cerrada falló. Los 17 senadores que obtuvo el Centro Democrático fueron insuficientes y el fundador e ideólogo de la derecha colombiana se quedó fuera del hemiciclo a sus 73 años.

De momento solo hay una certeza. A partir de este lunes todos los esfuerzos electorales apuntan a una sola pregunta: ¿quién frenará al izquierdista Iván Cepeda?, candidato del Pacto Histórico y líder destacado en los sondeos. Desde el céntrico Hotel Tequendama de Bogotá, Cepeda no ocultó su euforia. “Somos la principal fuerza política de Colombia, la que cuenta con la bancada más numerosa en el Senado y Cámara”, proclamó, antes de lanzar un mensaje que sonó a golpe sobre la mesa: “El 31 de mayo ganaremos la Presidencia en primera vuelta”.

Ya con las urnas cerradas, el registrador nacional Hernán Penagos quiso dejar un mensaje de tranquilidad, pese al ruidoso choque con el presidente Petro, quien durante días había denunciado un posible fraude en el software de escrutinio sin presentar pruebas concretas. La Registraduría, de hecho, tuvo que repeler una ofensiva digital de hasta 300 millones de solicitudes simultáneas que buscaron colapsar el sistema. También 30 intentos de suplantación de la página oficial. Por todo ello el responsable del censo electoral le ofreció al primer mandatario, en tono retador, acceso a todas las actas para que verificara el proceso por sí mismo. Y cerró con un parte de victoria: “En Colombia hoy triunfó la democracia”.