¿Un libertario sin trayectoria política al frente del poder en Colombia durante los próximos cuatro años? Para llegar allá, Abelardo de la Espriella, mediático abogado penalista de 47 años, ha dado un paso este domingo venciendo al izquierdista Iván Cepeda en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En un triunfo que ninguna encuesta predijo, De la Espriella ha obtenido 10,3 millones de votos (43,7%), por encima de Cepeda, con 9,6 millones de votos (40,9%). Los dos se medirán el 21 de junio en la segunda vuelta.

La candidatura de De la Espriella ha generado entusiasmo en sectores del conservadurismo local, que lo ven como el único dique efectivo contra el aspirante del oficialista Pacto Histórico, pero ha despertado inquietud en otras facciones por la vaguedad de sus propuestas y su adhesión al experimento radical encarnado por Milei en Argentina, Kast en Chile y Bukele en El Salvador.

La tentación del todo o nada con un recetario de extrema derecha inquieta a muchos en Colombia. Pero la trayectoria de De la Espriella también genera dudas. El lunar más visible es, quizás, su defensa jurídica de Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela hoy detenido en Nueva York: un turbio empresario colombiano condenado en Estados Unidos por blanqueo de dinero y conspiración. La Administración Biden lo indultó en 2023 en un canje de presos, pero múltiples investigaciones periodísticas lo señalan con fuerza como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

De la Espriella, que se ha presentado por el incipiente movimiento Defensores de la Patria, ha intentado desmarcarse de su viejo cliente argumentando que su firma de abogados dejó de representar a Saab en 2019, cuando Washington lo incluyó en la Lista Clinton. Dos años más tarde, sin embargo, el exministro chavista aún lo recordaba como un “gran abogado y amigo”. No menos polémica fue su defensa de David Murcia Guzmán, cerebro del mayor esquema Ponzi en Colombia: 200.000 víctimas —en su mayoría de renta baja— y unos 1.200 millones de dólares defraudados.

“Lo que buscamos es demostrar que DMG no es una empresa criminal”, afirmó en julio de 2012 el entonces joven apoderado, en referencia a la estafa piramidal, en una entrevista televisada. Poco después se apartó también de ese caso, pero su papel dejó una estela de preguntas que han emergido en campaña electoral.

La nueva piel del ‘Tigre’

Mucho antes de que adoptara el apodo de “Tigre”, en su círculo más cercano era conocido como “Papucho”: un sobrenombre que hoy solo reclama con derecho su madre, María Eugenia Otero. En Montería, ciudad media al norte de Colombia donde arraigan sus raíces, sus allegados resaltan el contraste: de aquel joven provinciano, inquieto y entrañable, a una figura nacional en apariencia recia que usa el saludo militar como emblema político y promete castigar a los delincuentes sin ser “políticamente correcto”.

De hecho, desde hace tiempo escenifica en sus redes sociales una vida de vuelos frecuentes en jet privado, presume de su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temporadas en sus casas de Miami, Bogotá o la campiña toscana. Un mundo alejado del de su infancia. Su padre, Abelardo, fue un discreto notario con algún cargo regional en las filas del Partido Liberal. Y su educación, primero en el Colegio De La Salle de Montería y más tarde en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, se asemeja más a la de cualquier chico de familia media colombiana.

Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa

Yann Basset — analista político de la Universidad del Rosario

Su fortuna, sin aún haber llegado a los 50 años, es posterior a esa infancia austera y se sustenta en dos pilares: el despacho de abogados y una red creciente de empresas. En un principio fueron una marca de ron, una consultora inmobiliaria y una suerte de sastrería de lujo. Pero hoy suma una treintena de sociedades con todo tipo de accionistas —algunas de ellas en números rojos—. “Primero se da a conocer en un país donde la política pasa por el mundo del derecho penal”, explica Jorge Iván Cuervo, académico de la Universidad Externado nombrado Ministro de Justicia hace poco. “Sus estrategias de litigio lo acercaron a las élites. Y ahora su objetivo es alcanzar el poder político por fuera de los partidos tradicionales”.

Un guion seguido por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años 80: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Para moderar la imagen de provocador, presentó al exviceministro de Hacienda José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial: un rector universitario que pasó los últimos cuatro años refutando punto por punto las políticas económicas de Petro a través de confrontaciones directas en la red social X.

En el caso de De la Espriella, sin embargo, resulta evidente que sus bases y su guía política son un calco del uribismo purasangre. Es decir, la del discurso militarista de mano dura y el énfasis en conceptos decimonónicos como la “patria” o la “familia” tradicional, que su amigo el expresidente Álvaro Uribe ha empuñado. Él mismo ha sintetizado su proyecto electoral como una amalgama entre la cruzada de Nayib Bukele contra la creciente inseguridad urbana y rural, con el mismo enfoque carcelario, y la motosierra burocrática del argentino Javier Milei, con la cual prevé cercenar en Colombia el número de ministerios existentes, de los 19 actuales, a una decena (y eliminar 70.000 puestos estatales).

De hecho, su cercanía con el uribismo se remonta a 2005. En aquellos días fungió como director y representante legal de la polémica Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), donde combinó funciones de promoción y divulgación del proceso de desmovilización de los ejércitos paramilitares, impulsado entonces por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema ordenó más tarde a la Fiscalía investigar a de De la Espriella por su rol en dicha ONG, descrita por excombatientes como el “brazo ideológico” de las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia. Las indagaciones, sin embargo, se cerraron en 2012 por falta de pruebas.

En busca de voz propia

De la Espriella oficializó su candidatura el pasado 11 de diciembre en un mitin cargado de mesianismo político y fervor casi religioso. “Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa”, señala Yann Basset, analista político de la Universidad del Rosario. Quienes admiran a De la Espriella lo hacen porque ha sabido transmitir una firmeza aún huérfana de proyecto político claro. Su idea central es “enfrentar y destripar” a la izquierda.

De acuerdo con Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, la fuerza de De la Espriella reside precisamente en su indefinición. Su discurso carece de una línea ideológica nítida, pero esa ambigüedad ha resultado funcional: le ha permitido aglutinar una coalición heterogénea de votantes en busca de un proyecto ultraconservador. “Abelardo, más allá del carisma, es un significante vacío: un contenedor de diferentes tendencias cercanas a la derecha radical”, sostiene Chala. “Detrás suyo convergen reservistas y retirados del Ejército, sectores de las iglesias neopentecostales y evangélicas, algunas élites regionales y libertarios de la escuela austríaca, al estilo Milei”.

Para Yann Basset, el reto de De la Espriella será encontrar un estilo propio: “La idea de la mano firme en seguridad, o del antiderroche en la esfera pública, no son nuevas y ya las utilizó el presidente Uribe a principios de este milenio. Además, el Estado en Colombia, a diferencia del caso argentino, si lo comparamos con Milei, no ha desempeñado tantas funciones ni ha representado un monstruo tan grande para la economía. Entonces una pregunta interesante es si será capaz de adaptar de alguna forma estas temáticas al contexto local”, asegura el académico francocolombiano.

Aliado de Vox

De la Espriella recoge el testigo de Rodolfo Hernández, el ingeniero que se presentó hace cuatro años como una suerte de Trump a la colombiana que, tras rozar la presidencia en la pugna electoral contra Gustavo Petro, terminó condenado por corrupción y murió en septiembre de 2024 a los 79 años. Jorge Iván Cuervo recuerda, sin embargo, que la diferencia es que Hernández tenía rodaje previo en la arena política. Antes había sido alcalde, con una gestión aceptable, de una ciudad media: “Su imagen era la del empresario exitoso que generaba empleo. Pero primero se ganó el reconocimiento político en su región. El ascenso de la Espriella es distinto. Su marca se construye desde el éxito individual y la exhibición del lujo”.

Casado y padre de cuatro hijos, de De la Espriella nació en Bogotá en 1978 durante un paseo de sus padres en la capital. Por ello, se ha encargado de subrayar que es un “costeño de racamandaca”: es decir, hijo de la costa Caribe hasta el tuétano. Un origen que también ha utilizado como bandera política de la inconclusa descentralización que impulsará. “Él representa una capa del electorado que ha logrado un ascenso social y no se ve reflejada en las élites bogotanas tradicionales. Es una Colombia desideologizada que ve en él a alguien que los representa, con sus trajes de marca, sus excentricidades o su faceta de cantante de boleros y tenor a la italiana con un disco propio”, afirma Cuervo.

Lejos de matizar sus posturas, en enero firmó con el líder de Vox, Santiago Abascal, la llamada Carta de Madrid, un documento que alinea su plataforma con las tesis “antizquierda”, a favor de la “libertad de empresa” y contra el “totalitarismo comunista” que la ultraderecha española ha enarbolado. “Un grande Santiago Abascal librando la batalla cultural, política y democrática para enfrentar al narcocomunismo que se impone desde el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Estamos juntos en esta lucha”, publicó días después ante sus 960.000 seguidores de Instagram.

El expresidente Álvaro Uribe ha anunciado su apoyo a De la Espriella para la segunda ronda. Sin embargo, existe un electorado flotante de entre tres y tres millones y medio de votos, según la estimación del politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital, que aún podría inclinar la balanza: “En la primera vuelta uno vota por el que le gusta”, recordó el experto en el debate de Razón Pública. “En la segunda, el cálculo es impedir que llegue el que más temes”.

Ninguna encuesta lo predijo. Abelardo De la Espriella, el abogado penalista de extrema derecha sin experiencia en política, ganó este domingo la primera vuelta de las elecciones presidenciales colombianas con el 43,72% de los votos: más de diez millones, frente al 40,92% de Iván Cepeda. La diferencia de 656.033 sufragios convierte la noche del 31 de mayo en la mayor sorpresa electoral de Colombia en décadas. El candidato del oficialismo, que todos los sondeos daban primero, llegó segundo. Los dos se medirán el 21 de junio en una segunda vuelta que tendrá durante tres semanas al país partido en dos polos radicales.

Faltaban diez minutos para las once de la mañana —las seis de la tarde, hora peninsular española— cuando Iván Cepeda, de 63 años, salió de su edificio en Chapinero rumbo a su puesto de votación en Kennedy, una localidad popular del sur de la ciudad donde pasó parte de su infancia. En la casa vecina, una imagen de un tigre acompañada del eslogan y nombre del movimiento “Firmes por la Patria” señalaba la sede de campaña de su rival: Abelardo De la Espriella, de 47. Los policías que custodiaban la entrada del candidato de la ultraderecha llevaban horas allí. Al ver el abultado operativo del aspirante de la izquierda, con una caravana de vehículos blindados, escudos y todo tipo de dispositivos, no pudieron contener la ironía: “Con esos vecinos…”.

Diez horas más tarde los resultados arrojaron otras historias. Paloma Valencia, la candidata de la derecha uribista, llegó a esta campaña con 3,2 millones de votos tras la consulta interpartidista de marzo. Este domingo, sin embargo, obtuvo 1.625.563, menos de la mitad. Su 6,92% certifica el ocaso del uribismo institucional como fuerza electoral autónoma. Las encuestas le daban entre el 14% y el 22%. La realidad le dio menos del 7%. Diez millones de colombianos votaron por el candidato que representa la nueva derecha. Algunos expertos ya han generalizado la etiqueta de “posuribismo” para caracterizar el ciclo que emerge más allá del legado de Álvaro Uribe.

Colombia acudió a las urnas con una participación del 57%, algo por encima de su media histórica pero insuficiente para las aspiraciones del oficialismo. “A Cepeda lo derrotó la abstención”, sostuvo en Caracol Televisión el analista Hernando Gómez Buendía. “El Pacto Histórico no logró movilizar a la inmensa mayoría que tenía en el papel”, remató. La firma encuestadora Invamer, en su última medición antes del domingo, situaba a Cepeda en el 44,6% excluyendo a los indecisos. Las urnas le devolvieron 40,92%, casi cuatro puntos menos.

Todo indica que De la Espriella recordó algo que las encuestas no midieron. Colombia es un país muy conservador: en sus valores, en el apego a la familia, a la propiedad privada, al trabajo como virtud y a la religión como ancla de todo ello. Conectó con esa raíz cultural profunda en un lenguaje aspiracional: el del empresario exitoso y la gestión eficaz en un contexto de hastío ciudadano con sus propios gobernantes. Lo hizo, además, sin partido consolidado ni experiencia en el Estado, una carencia que sus rivales señalaron y sus votantes ignoraron. “Recoger esas voces que no se sienten representadas por los partidos, pero que son conservadoras en esencia, fue un éxito rotundo de su campaña”, afirmó la analista Paca Zuleta en Caracol. 

Y el politólogo Camilo Cruz detalló, en un análisis para el portal de opinión Razón Pública: “Detrás de De la Espriella hay una serie de gremios muy relevantes, quizás abogados y abogadas que se mueven dentro de un medio precarizado e informal, al que los partidos tradicionales no alcanzaron a llegar. La izquierda tampoco”.

Lo más probable es que el próximo presidente de Colombia sea Abelardo De la Espriella, vaticinó Gómez Buendía. “Los votos de Paloma Valencia son, fundamentalmente, votos de derecha. Este es un país de derecha”. La aritmética es nítida: si los 1,6 millones de sufragios de la candidata uribista se suman a los del ganador de la primera vuelta, la izquierda quedará sin apenas margen. Y Valencia reconoció su derrota antes del cierre de los colegios electorales y anunció que votará personalmente por el candidato radical en la segunda vuelta. 

“A pesar de los ataques y las heridas, tenemos el corazón dispuesto a servirle a Colombia”, dijo Valencia al felicitar al ganador por lo que llamó una “impresionante victoria”. El expresidente Álvaro Uribe también anunció su apoyo a De la Espriella para la segunda ronda. Sin embargo, existe un electorado flotante de entre tres y tres millones y medio de votos, según la estimación del politólogo Ricardo García Duarte, exrector de la Universidad Distrital, que aún podría inclinar la balanza: “En la primera vuelta uno vota por el que le gusta”, recordó el experto en el debate de Razón Pública. “En la segunda, el cálculo es impedir que llegue el que más temes”.

Antes de conocerse el resultado oficial, el presidente Gustavo Petro tensó la noche desde su cuenta de X: “Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada”, escribió, cuestionando el sistema informático de transmisión rápida de resultados (que no tiene valor jurídico vinculante). El escrutinio oficial, basado en actas físicas verificadas por jueces, es el único con validez legal. No obstante, la jornada había sido supervisada por 1.330 observadores internacionales, la misión más numerosa en la historia electoral colombiana, de 80 organizaciones, entre ellas la OEA, la Unión Europea y el Centro Carter. 

El politólogo Camilo Cruz sintetizó la aprehensión de medio país en pocas palabras: “No sabemos cuál es el proyecto de país de Abelardo De la Espriella”. Y la analista Nadia Jiménez añadió en el mismo espacio de debate: “No necesariamente es un votante bruto, o le están comprando el voto. Es la muestra de a lo que nos está llevando el sistema. Había un electorado suelto, no cautivo, que con esa campaña tan efectista de De la Espriella se logró cautivar”. En los telediarios, por su parte, las caras largas de la clase política tradicional lo decían todo.

Desde una tarima en el Malecón del Río de Barranquilla, ciudad portuaria del Caribe, ante una multitud que ondeaba banderas, De la Espriella recibió los resultados con tono épico. Llegó en una suerte de yate iluminado. Y dentro de una urna blindada, con la camiseta del equipo de fútbol de Colombia, recitó la oración a la bandera militar y citó al Nobel de Literatura 1982. “Como diría el gran Gabriel García Márquez, el premio que acabo de recibir es saber que mi intento no ha sido en vano”. Acto seguido llamó “golpista” a Petro y “bandido” y “narco terrorista” a Cepeda. Luego lanzó la advertencia que definirá las tres semanas que vienen: “Vamos a defender la democracia, por la razón o por la fuerza”.

A casi mil kilómetros, en Bogotá, Iván Cepeda no concedió una línea de moderación. Con sus características camisas sin cuello calificó a De la Espriella de “fascismo mafioso, de ”estafador de estafadores“, y advirtió que bajo su eventual mandato los logros sociales del gobierno Petro ”serán pulverizados“. Luego remató con la frase que definió su posición ante los resultados: ”Hoy obtuvimos diez millones de votos mal contados en Colombia“. Y reclamó, en línea con el presidente, una comisión escrutadora. Al día siguiente por la mañana, sin embargo, se enmendó. ”Hemos procedido a hacer las verificaciones y hasta ahora tengo que decir que no hemos encontrado en este momento evidencias sobre hechos de una dimensión o profundidad que merezcan un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades“, admitió.

De esta forma dos países votaron este domingo en Colombia. Ninguno de los dos está muy dispuesto a dialogar. Sin embargo Hernando Gómez Buendía ofreció el único consuelo de la noche: “Aquí hay división de poderes, la Registraduría funcionó, en el Congreso nadie tiene la mayoría y los jueces son independientes. Eso es lo que salva a Colombia”. El 21 de junio, los colombianos volverán a las urnas. Esta vez con los dos contendientes claros y un ambiente de tormenta que se podría prolongar cuatro años más.

El Gobierno de Ecuador ha hecho oficial este domingo la eliminación de los aranceles del 100% que había impuesto a las importaciones de Colombia, tal como había anunciado el viernes el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, junto al candidato de la ultraderecha colombiana y en plena votación en el país vecino.

El Servicio Nacional de Aduana (Senae) emitió una resolución en la que se elimina la tasa del 100% creada por el propio Noboa para las mercancías que provengan o que sean originarias de Colombia, y que entrará en vigor este mismo lunes, 1 de junio.

La guerra comercial entre ambos países fue iniciada por el presidente Noboa, quien anunció en enero la imposición de una “tasa de seguridad” a las importaciones del país vecino, al considerar “insuficientes” las acciones del Gobierno de su homólogo colombiano, Gustavo Petro, contra el narcotráfico y otras actividades criminales en la frontera común.

En febrero entró en vigor una tasa del 30%, que subió posteriormente al 50% y desde mayo al 100%. Colombia respondió primero con un 30% para varios productos y luego impuso gravámenes diferenciados que llegaron hasta el 75%.

De forma paralela, Colombia cortó la interconexión eléctrica con Ecuador y cerró su frontera terrestre al ingreso de varios productos ecuatorianos, como el arroz y el banano.

Mientras, Ecuador incrementó de 3 a 30 dólares el precio por barril del transporte de petróleo de la estatal colombiana Ecopetrol a través de uno de sus principales oleoductos.

La medida fue duramente criticada por empresarios y comerciantes de ambos lados de la frontera, pero los diálogos entre los dos países no prosperaron y las relaciones se tensaron aún más por acusaciones cruzadas entre Noboa y Petro que llevaron a los gobiernos a llamar a consultas a sus embajadores.

Entonces la Comunidad Andina (CAN) dio a inicios de mayo diez días a Ecuador y a Colombia para retirar los aranceles, al determinar que vulneraban el Acuerdo de Cartagena. Sin embargo, Quito pidió la suspensión de los efectos de las resoluciones en las que se hacían esas solicitudes por considerar que adolecían “de vicios” y no estaban de acuerdo “con el contenido de las mismas”.

Entonces, el Gobierno ecuatoriano anunció que desde el 1 de junio se reducirían los aranceles al 75%, tras una conversación de Noboa con la candidata presidencial colombiana de derecha, la uribista Paloma Valencia.

Finalmente este viernes, dos días antes de las elecciones presidenciales que celebra Colombia este domingo, Noboa aseguró que había acordado con el candidato ultraderechista Abelardo De la Espriella eliminar completamente los aranceles.

La Cancillería de Colombia calificó de “engañosa” esa declaración de Noboa y aseguró que no era una medida de buena voluntad del gobernante ecuatoriano, sino que respondía al cumplimiento de órdenes emitidas por la Secretaría General de la CAN.

Colombia elige presidente. Si la abstención se mantiene en su media histórica —por encima del 50%—, el nuevo mandatario será elegido por menos de uno de cada cuatro colombianos en edad de votar. El terreno político, además, es farragoso: un capítulo más del conflicto armado en desarrollo, la segunda tasa de desigualdad más alta de América Latina, un sistema sanitario en crisis, la mitad de la fuerza laboral sumergida en la informalidad y un déficit público histórico que inquieta a los mercados internacionales. Con ese paisaje de fondo, este domingo se celebra la primera vuelta de los comicios. Si las encuestas aciertan, el ganador definitivo se decidirá en la segunda vuelta fijada para el 21 de junio.

Tres candidatos lideran la carrera. Iván Cepeda, senador de formación gramsciana y defensor de derechos humanos, porta la antorcha del presidente saliente Gustavo Petro, que aspira a consolidar la primera sucesión consecutiva de izquierda en la historia del país. Abelardo De la Espriella, abogado sin cargo público previo, conocido por su ejercicio mediático del derecho, encarna una ultraderecha que habla el idioma de Bukele y Milei pero con su propio 'acento Caribe'. Paloma Valencia, senadora uribista y nieta de un expresidente, defiende el marco constitucional y político que ha imperado en Colombia las últimas décadas con una visión conservadora.

Hoy las encuestas sitúan a Cepeda en torno al 38-42%, a De la Espriella alrededor del 34-38% y a Valencia cerca del 18-22%. Pero las cifras, advierte el politólogo Yann Basset, de la Universidad del Rosario, han variado mucho en las últimas semanas y excluyen a los indecisos del cálculo, lo que infla de forma borrosa a los candidatos más consolidados. Por ello, los expertos han seguido el pulso de estas mediciones con bastante cautela, a pesar de que el país cuenta con una nueva y rigurosa ley que exige mayores niveles de transparencia y precisión metodológica a las firmas.

Los tres principales rostros

Iván Cepeda, del oficialista Pacto Histórico, llega a este domingo como favorito con un estilo menos carismático que el del actual presidente y algunos interrogantes programáticos. “El petrismo es mucho más grande que la izquierda electoral tradicional”, advierte el politólogo Camilo Cruz, “pero Cepeda, de 63 años, ha sido tan cuidadoso de no marcar distancia frente a Petro, que esa estrategia le ha impedido crecer más allá del voto duro”. Con el 40% consolidado no le daría para ganar en segunda vuelta, por eso necesita convencer al elector moderado. Pero buscarlo significa, al mismo tiempo, alejarse del presidente. “Está entre la espada y la pared”, resume el investigador e historiador Fernán González.

De la Espriella, entre tanto, representa algo distinto al uribismo que dominó la derecha colombiana durante dos décadas. “No es un calco de Bukele ni de Milei”, precisa Cruz. Su modelo más cercano, según el analista, es el ecuatoriano Daniel Noboa: el outsider que se hizo visible en los medios y apeló al emprendimiento y la mano dura como discurso. De 47 años, libertario en lo económico y reconvertido hace meses en conservador cristiano en lo moral, ha construido su campaña seduciendo a una Colombia que las estadísticas no terminan de capturar: la del abogado independiente, el pequeño comerciante, el médico que factura por cuenta propia, el profesional que prospera al margen de las estructuras formales. Se trata, en parte, de la Colombia del “rebusque”. Un universo informal, o sumergido. No necesariamente precario.

"Hay ciudadanos que consideran que Valencia se ha moderado demasiado”

Yann Basset — Politólogo de la Universidad de Rosario

Valencia, de 49 años, más que una candidata es un síntoma. Durante dos décadas, el uribismo fue el eje organizador de la derecha colombiana y de buena parte de la política nacional. Hoy se fractura ante los ojos de Álvaro Uribe Vélez, su poderoso fundador. “Una parte de ese voto se va a De la Espriella por convicción porque hay ciudadanos que consideran que Valencia se ha moderado demasiado”, dice Basset.

La tensión entre ambos es, quizás, equiparable a la que destruyó al PRI mexicano, que desdibujó a la Democracia Cristiana italiana o que licuó a los partidos tradicionales en media Europa: la derecha clásica devorada por un radicalismo que habla más alto y promete actuar más rápido sin una partitura muy clara. El uribismo, sin embargo, aún subsiste. Sus votos siguen ahí. Pero con De la Espriella emerge una fuerza que no necesita su nombre o sus ideas para existir.

Lo que está en juego, sin embargo, va más allá de los tres candidatos. La Constitución de 1991 —pluralista y participativa— aparece por primera vez en décadas como objeto de disputa. Cepeda ha moderado su propuesta de convocar a una asamblea constituyente, sin descartarla. De la Espriella, por su parte, ha planteado sacar a Colombia de la OEA y de la ONU, lo que alteraría en la práctica la arquitectura de la Carta.

El país después de Petro va a ser políticamente diferente del país antes de Petro

Fernán González — Investigador jesuita

“Plantear un cambio constitucional hoy no solo refleja el tradicional ‘cretinismo jurídico’ que afecta a América Latina, sino que podría abrir el camino para una Constitución a imagen y semejanza del gobernante de turno, quebrando el consenso más amplio de la historia de Colombia”, opina el historiador y politólogo Eduardo Pizarro León Gómez. Paloma Valencia defiende el marco vigente. Pero las encuestas, de momento, no le dan la razón.

Camino a la segunda vuelta

Detrás de este mapa electoral hay una generación urbana que lo explica: la que salió a las calles en el estallido social de 2021, quizá el más largo y violento en décadas, y forjó su identidad política en las fisuras sociales del país, y no en torno al miedo a la amenaza de la guerrilla. Para ello hay dos razones: la primera, muchos aún eran bebés en los años más crudos del conflicto, a finales de los 90; la segunda, el conflicto interno cambió. “La acción de los violentos ya no se encamina a la toma del poder, sino al control de la población local en las regiones”, explica el investigador jesuita Fernán González, que lleva décadas estudiando la violencia desde las zonas más afectadas. “Su dimensión política no es tan fuerte y no es nacional, sino local”.

Hay cierto consenso entre los expertos consultados: fue Gustavo Petro quien hizo visible lo que Colombia prefirió mirar de soslayo durante décadas. “El país después de Petro va a ser políticamente diferente del país antes de Petro”, afirma González. “Hizo visible la profunda desigualdad social de Colombia”. Ese es su legado real.

Este domingo, sin embargo, solo se resolverá un primer asalto. El sistema colombiano exige mayoría absoluta: según las encuestas, ningún candidato la alcanzará y habrá una segunda vuelta el 21 de junio. Ahí la aritmética cambiaría de golpe. En teoría, según las mediciones publicadas, Cepeda perdería contra cualquiera de sus dos rivales. Por eso los dos finalistas tendrán tres semanas para convencer a un país que no los vio debatir ni una sola vez durante la campaña. Colombia celebró más de 60 debates electorales en 2018. En 2026, los tres aspirantes punteros miraron hacia otro lado. “De la sobresaturación pasamos al silencio y los dos extremos enferman la democracia deliberativa por igual”, dice Camilo Cruz.

Lo que más preocupa, sin embargo, es el lunes. “Basta que el perdedor ponga en duda la transparencia del conteo de los votos para desatar una crisis de consecuencias insospechadas”, advierte Pizarro León Gómez. Recuerda que no es un temor abstracto: en 2021, los seguidores de Trump tomaron el Capitolio. En 2023, los de Bolsonaro asaltaron la Plaza de los Tres Poderes en Brasilia. Colombia tiene una tradición civilista que la distingue de sus vecinos: es el país latinoamericano que menos años ha vivido bajo una dictadura. Pero la polarización tiene su propio peso en estos tiempos.

Los tres candidatos punteros prometen salvar a la nación del abismo teórico que representan sus contendientes. Los tres también le dan la espalda a la otra mitad del país. “La oposición se dedicó a torpedear sistemáticamente casi todos los proyectos de Petro, fueran buenos o regulares, sin proponer nada alternativo”, recuerda Fernán González. Quince veces consecutivas, desde 1958 —cuando Colombia salió de cinco años aislado de dictadura bajo Gustavo Rojas Pinilla—, el país ha elegido presidente sin falta. Hoy será la decimosexta. Pero la política colombiana no dará respiro hasta el 21 de junio.

“Que no haya segunda vuelta y podamos ver el Mundial tranquilos. A ver si nos cruzamos Colombia y España”. Kevin y Salvatore saben de la importancia de las elecciones que su país afronta este domingo 31 de mayo, pero eso no es impedimento para que se las tomen con cierto humor. Son tan conscientes de su trascendencia que ambos participan más activamente que con su voto. Kevin acude acreditado como prensa y Salvatore como testigo (una especie de apoderado) de uno de los partidos que se presenta a esta primera vuelta de los comicios en el país lationamericano.

Pese a los 8.000 kilómetros que separan Colombia de Madrid, la mayoría de estos migrantes mantienen unos fuertes lazos familiares y sociales con su país de origen. Tanto es así que este 2026 la participación se ha disparado entre los casi 308.000 colombianos llamados a votar en España, en torno a la mitad de ellos en la capital. A fecha del jueves 28 de mayo, el crecimiento de la participación en esta primera vuelta es de un 89% respecto a las presidenciales de 2022, según datos aportados por el consulado y recogidos por EFE.

La afluencia es patente en el punto habilitado en Madrid del 25 al 29 de mayo, la Casa de Cantabria (en el número 10 de la calle de Pío Baroja, en el distrito de Retiro). Los ciudadanos censados pueden votar hasta este domingo 31 de mayo, jornada de los comicios en territorio colombiano, aunque desde el sábado las urnas se trasladan al pabellón satélite de la Casa de Campo (en el número 9 de la avenida Principal). Varios llegan con las camisetas de la selección de fútbol cafetera, en una mezcla de dos de los acontecimientos que más van a agitar el país las próximas semanas.

El fuerte calor no impide que la asistencia sea constante cuando Somos Madrid acude a los puestos de emisión de sufragios. Una caseta en el exterior de la Casa de Cantabria sirve como punto de información, mientras que otra en la puerta comprueba los datos de los votantes y les invita a acceder a su interior indicándoles la mesa concreta en la que pueden ejercer su derecho. El proceso es rápido, pero las altas temperaturas aprietan tanto y llegan tantas personas que un vendedor de empanadas y refrescos hace su agosto en mayo. Hasta el punto de que emprende una astuta campaña promocional: dos jóvenes que trabajan o colaboran con él se pasean por la acera para comentar cerca de grupos de gente, como quien no quiere la cosa, lo rica que está la comida.

Si los datos arrojan una gran alza de la movilización, conversar con los votantes refuerza esta idea. Beatriz lleva 20 años en Madrid y admite que es la primera vez que participa en unas elecciones de su país de origen en estas dos décadas. “Esto me pone muy nerviosa, pero ha coincidido que estaba aquí mi marido y me he animado”, explica. “Esta vez me he dicho que debía votar para que mi país avance y cambie. Tenía que poner mi granito de arena”. Cuenta que toda su familia sigue en Colombia, por lo que el porvenir del país le preocupa enormemente. Sobre el proceso, dice que es “muy sencillo, parecido a las elecciones de aquí”. Tiene claro que si hay segunda vuelta, como prevén todas las encuestas, repetirá.

Gloria pasa de los cinco años en Madrid y también son las primeras elecciones desde que llegó a España en las que se ha animado. Su razón es específica: “Hay un candidato que sé que no va a llegar a la segunda vuelta, pero está impulsando la educación y creó un programa que permitió a mi hijo acceder a una beca profesional”. Prefiere no revelar la identidad de su elección, ni si ella volverá a ejercer su voto en ese caso. Añade que su hijo sigue en Colombia, que “está por graduarse”, por lo que da gran importancia a las políticas del futuro Gobierno colombiano.

Gladys, con 19 años de residencia en la ciudad, es otra de las novatas: “Anteriormente no me había preocupado”. Toda la familia que permanece en Colombia ha sido un impulso para romper esa abstención, pero también su propio futuro: “Quiero lo mejor para mi familia en Colombia y para mí cuando regrese, porque tengo pensado volver en algún momento”. A su lado, Araceli apunta que “después de lavarse las manos luego mucha gente se pasa quejándose cuatro años”. Ella, con más de dos décadas en Madrid, sí había votado en varias ocasiones.

Votar, una cuestión de fe

Como principal asunto para decidir su voto, Araceli aboga por la defensa de mayor igualdad y un mejor reparto de la riqueza: “Colombia es un país muy rico y próspero. El problema es que todos los beneficios se los quedan unas pocas entidades y no se ve en el resto de las personas”. Gladys apostilla que quien acabe investido presidente tendrá el beneplácito divino: “Lo que tenemos que hacer es confiar en el único Dios. Él es el que pone y quita reyes”.

La igualdad, la sanidad y la educación son tres de las preocupaciones más habituales en los votantes. Pero sobre todas ellas, entre las personas que dialogan con este medio, sobresale la seguridad. Así lo relata Gabriela, natural de Bogotá y en Madrid desde principios de este 2026, que a sus 20 años vota en sus primeros comicios con la mayoría de edad: “Si fuera más segura, viviría en mi ciudad”. Ha llegado a España con sus padres y uno de sus hermanos, pero el resto de su familia permanece al otro lado del Atlántico.

Gabriela incide en que el proceso es “superfácil, solo tienes que enseñar la cédula de identidad y dentro te llevan al punto exacto de votación”. Pese a ello, la burocracia a veces juega malas pasadas. Ana María vota por primera vez porque en la anterior ocasión se le olvidó “inscribir la cédula” en el portal habilitado por el consulado para registrar los datos. Completado ese paso, al venir a votar “solo te piden la cédula física y el número de identidad que aparece en ella”. Dice que en total “se tardan dos minutos”.

Para Ana María, natural de Pereira (la ciudad más poblada del eje cafetero) y en España desde 2017, es difícil quedarse con una única motivación por la que votar y decantarse por una opción u otra. “La idea es que el país mejore un poquito. La gente dice que por qué voto si estoy en el exterior. Pero yo quiero volver algún día y que el país tenga buena salud o los beneficios que nos merecemos. Creo que los jóvenes estamos teniendo cada vez más en cuenta este tipo de cosas”, concluye. Sobre la segunda vuelta, que tendrá lugar el 21 de junio si ninguna candidatura alcanza la mitad más uno de los votos válidos, es tajante: “Si toca venir, vengo”.

Los colombianos acuden este domingo a las urnas para elegir al sucesor de Gustavo Petro, primer presidente de izquierdas en la historia del país. El dirigente no puede volver a presentarse, ya que la Constitución colombiana prohíbe dos mandatos consecutivos, aunque podría hacerlo en el futuro. La línea continuista después de cuatro años de reducción de la pobreza y crecimiento económico (al tiempo que la delincuencia sigue sacudiendo Colombia) la representa Iván Cepeda, candidato del Pacto Histórico (PH). Los otros favoritos a pasar a la segunda vuelta son el mediático abogado ultraderechista Abelardo de la Espriella por la formación Defensores de la Patria y la senadora Paloma Valencia, del partido conservador Centro Democrático (CD), impulsado por el polémico expresidente Álvaro Uribe.

La fiesta de la democracia a distancia

La incertidumbre que dibujan los sondeos conviven con la ilusión en la Casa de Cantabria. Son muchas las personas que se toman alguna fotografía con su cédula en la mano junto al cartel del punto electoral. “Fotito de derecho ejercido”, lo describe Liliana después de depositar la papeleta junto a su marido. Ambos, defensores de “un cambio”, están convencidos de que les tocará regresar el 21 de junio para la segunda vuelta. Aunque sea en pleno Mundial.

En paralelo, el domingo 7 de junio se celebran otros comicios en Madrid: la segunda vuelta de las presidenciales peruanas. En este caso son casi 100.000 los votantes convocados a elegir entre el izquierdista Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y la formación ultra Fuerte Popular de Keiko Fujimori (hija del expresidente Alberto Fujimori, que llegó a instaurar una dictadura cívico-militar repleta de casos de corrupción y por la que acabó condenado por violación de derechos humanos). Después de unos años muy convulsos para la política de Perú, Fujimori parte como favorita. El punto habilitado para emitir los votos para los ciudadanos peruanos de la Comunidad de Madrid, Castilla-La Mancha y Extremadura es Ifema.

Así, durante estas semanas los rostros en carteles que pueblan paredes o farolas de Madrid no son los de Pedro Sánchez, Isabel Díaz Ayuso, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, Yolanda Díaz, José Luis Martínez-Almeida o Rita Maestre. Son Iván Cepeda, Abelardo de la Espriella, Paloma Valencia, Keiko Fujimori o Roberto Sánchez. Los candidatos entre quienes deben elegir las personas que llevan su país dentro por mucha distancia que les separe.

Por primera vez, la izquierda tiene la posibilidad de ocupar el poder ocho años en Colombia. La continuidad de las políticas de Gustavo Petro tienen altas posibilidades de mantenerse de la mano del candidato Iván Cepeda, si los electores así lo deciden este domingo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. En la vereda del frente, intentarán disputarle los votos el abogado Abelardo de la Espriella, un empresario de extrema derecha que nunca ha ocupado un cargo público; y la senadora de derecha Paloma Valencia, respaldada por el expresidente Álvaro Uribe.

Petro, que asumió en 2022 como el primer presidente progresista y exguerrillero de la historia moderna del país, ha aumentado sus niveles de aprobación “hasta alcanzar el punto más alto en años”, señala el estudio del Center for Economy and Policy Research (CEPR) Colombia durante el gobierno de Petro: avances sociales en un contexto de restricciones monetarias y fiscales.

La investigadora y coautora del informe, Paola Jaimes Santamaría dice a elDiario.es que “más allá de la polarización política, muchos sectores sienten que con Petro hubo mejoras materiales reales y que el Estado comenzó a llegar a lugares donde antes no llegaba”. 

Derechos sociales y económicos

El informe del CEPR destaca que entre 2022 y 2025 la pobreza multidimensional –que mide indicadores referidos a educación, salud, condiciones de vivienda, acceso a servicios y empleo– se ha reducido en aproximadamente 23%, con un descenso “notable” en las zonas rurales. 

“Petro intentó conectar política social con desigualdad territorial y rural, no solamente con transferencias monetarias”, apunta Jaimes Santamaría, quien también valora el “esfuerzo” por llevar más inversión pública a municipios históricamente marginados y el “avance” en la entrega de tierras a comunidades campesinas y étnicas, algo –dice– “muy ligado a las desigualdades históricas y al conflicto armado en Colombia”.

Para el director ejecutivo del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag Data), Alfredo Serrano Mancilla, una de las claves de sus logros es que perseveró en los cambios y aún cuando no los pudo conseguir –no tenía mayoría en el poder Legislativo– “no tiraba la toalla”, entendiendo la política “como la posibilidad real de cambiar las cosas”.

En materia de derechos económicos, los expertos destacan la reforma tributaria, que incrementó los impuestos para los más ricos, y el aumento del salario mínimo cercano al 40%, considerando que en la década 2012 y 2022 el aumento real fue del 9%. La experta subraya que este avance ocurrió “sin un deterioro del mercado laboral”, pues “la economía mantuvo estabilidad macroeconómica, el desempleo cayó y la inflación bajó”.

El politólogo de la Universidad de Rosario Yann Basset destaca la aprobación –pendiente de implementarse– de la reforma de pensiones, que amplía el papel del sistema público y construye un pilar para una pensión básica. Sin embargo, opina que el balance en economía es “controvertido” porque el Gobierno “no ha atendido el tema fiscal”: termina con un déficit “casi récord desde la pandemia” –6,4% del PIB– y un aumento de la deuda pública. Aun así, añade, “no se materializaron los pronósticos más alarmantes de la oposición de una hiperinflación o crisis económica”.

Según la investigadora del centro de pensamiento Global Americans Sonia Verdú, sin embargo, “la popularidad de Petro está basada más en una postura ideológica populista que en una transformación real” porque las desigualdades sociales “no se han acortado significativamente”.

La fallida “Paz total”

La promesa estrella de Petro fue la llamada 'Paz total', que proponía reforzar el acuerdo de paz firmado el 24 de noviembre de 2016 entre el Estado colombiano y la entonces activa guerrilla de las FARC. La propuesta incluía negociaciones con guerrillas como el ELN; reparación de las víctimas; una reforma agraria y el abordaje del consumo de drogas como un asunto de salud pública.

“Su política no ha funcionado, pues no ha logrado la desmovilización de ningún grupo armado importante”, dice Basset. Según él, las guerrillas “se han aprovechado de la negociación para reforzar su control territorial”.

Los analistas aseguran que el problema en el país, que desde el 2016, cuando se firmó el acuerdo de paz, registra casi 2.000 líderes sociales asesinados, “es estructural” y que es difícil avanzar cuando el Estado tiene capacidades “limitadas” en muchas regiones rurales y persisten economías ilegales asociadas al narcotráfico y la minería ilegal.

Cepeda representa una izquierda con un discurso muy marcado alrededor de los derechos humanos, el antirracismo y el antipatriarcado

Paola Jaimes Santamaría — Investigadora asociada del Center for Economic and Policy Research

Petro partió el diseño de la Paz Total “con un diagnóstico correcto y un diálogo con todos los grupos al mismo tiempo”, explica a elDiario.es la politóloga Laura Bonilla, subdirectora de la Fundación Paz y Reconciliación. En la práctica, sin embargo, algunos procesos “avanzaron más lento de lo esperado, hubo fragmentación entre grupos armados y en varios territorios los ceses al fuego no produjeron mejoras sostenidas de seguridad”, menciona Jaimes Santamaría. Luego, en febrero de 2025, llegó la designación de Pedro Sánchez como ministro de Defensa, el primer militar en ocupar el puesto en 30 años, para presionar a las guerrillas, una receta similar a la del expresidente derechista Iván Duque.

“Con esta decisión, la idea de negociación ha perdido mucha legitimidad política”, señala Bonilla. En su opinión, el mandatario fue “muy ambicioso” con su propuesta, que califica de “retórica, polémica, con bajo diseño institucional, poco presupuesto y mala organización”.

Venezuela y EEUU, centro de la diplomacia

Uno de los desafíos más importantes para la política exterior de Gustavo Petro ha sido el vínculo con la vecina Venezuela. Cuando llegó al poder en 2022, con las relaciones entre ambos países rotas, emprendió un deshielo –reapertura de fronteras e intercambios comerciales– con el gobierno del entonces presidente Nicolás Maduro. Durante la crisis de las elecciones de julio de 2024, en las que la oposición denunció fraude y las autoridades electorales nunca mostraron las actas de la declaración oficial del triunfo de Maduro, se alineó con Brasil para no reconocer el resultado, pero sin romper lazos con Caracas. 

“En su primer año y medio de mandato transformó la política exterior colombiana y fue exitosa”, señala Verdú. Sin embargo, la llegada de Donald Trump al poder, en enero 2025, marcó el tramo final de su mandato y dio un giro al contexto regional: “Conllevó una pelea política y diplomática que culminó con una visita de cuestionable éxito a la Casa Blanca”, añade. Por el camino, hubo tensiones y amenazas, desacuerdos abiertos sobre política antidrogas y los ataques del Pentágono contra embarcaciones en el Caribe.

En su primer año y medio de mandato transformó la política exterior colombiana y fue exitosa

Sonia Verdú — Investigadora del centro de pensamiento Global Americans

“Intentó combinar una postura más autónoma con una estrategia pragmática y evitar una ruptura frontal con Estados Unidos, mientras buscaba ampliar márgenes de maniobra diplomática dentro de América Latina”, opina Jaimes Santamaría.

Segunda vuelta asegurada y en disputa

Las encuestas anticipan un triunfo de Iván Cepeda, sucesor de Petro, pero no tan holgado como para evitar una segunda vuelta, que se prevé muy disputada y polarizada contra quien sea su rival: De la Espriella o Valencia, aunque los sondeos dan ventaja a la candidata uribista.

“Cepeda representa una izquierda con un discurso muy marcado alrededor de los derechos humanos, el antirracismo y el antipatriarcado, algo que históricamente no se había visto tanto en la política presidencial colombiana”, afirma Jaimes Santamaría. A diferencia del actual mandatario, que ha sido una figura más “confrontacional”, dice, Iván Cepeda presenta un estilo político más dialogante, por lo que una continuidad de la izquierda, no necesariamente implicaría, simplemente, “más Petro”, sino “probablemente, alianzas más amplias para sacar adelante ciertas reformas”, añade.

Verdú pronostica que si gana Cepeda, habrá que esperar si continúa con el legado de Petro o llega a implementar políticas con mayor impacto social, que si bien han sido “exitosas en sistemas como el europeo –concluye–, no han sabido encontrar su lugar en América latina sin sacrificar modelos de democracia y estabilidad económica”.

Paloma Valencia (Popayán, 48 años) tiene todas las credenciales para cristalizar la gran obsesión de Álvaro Uribe: devolver a la derecha dura al poder en Colombia. Senadora incisiva y oradora solvente. Es una de las políticas más fieles al espíritu del Centro Democrático, la formación conservadora fundada en 2013 por el líder septuagenario. Hoy su ascenso en las encuestas es, quizás, el dato más sorprendente de la campaña presidencial. En noviembre pasado era casi invisible en la parrilla de salida. Ahora ronda el 20% de intención de voto y se disputa el pase a la segunda vuelta con el penalista ultra Abelardo de la Espriella. La primera vuelta de las presidenciales se celebra el 31 de mayo.

Su gran impulso electoral llegó en marzo. Valencia ganó entonces con casi 3,2 millones de votos la nominación en unas primarias celebradas por un puñado de movimientos de centro y centroderecha inquietos por el liderazgo de Iván Cepeda, el candidato del izquierdista Pacto Histórico. El camino interno, sin embargo, ha sido pedregoso. Su elección previa dentro del Centro Democrático generó polémica debido al descontento de otros aspirantes con los procedimientos de la formación conservadora. “Los estatutos del partido dejan claro que la última palabra la tiene su fundador, Álvaro Uribe. Y si uno revisa sus pasados tres candidatos presidenciales, la conclusión es evidente: todos fueron designados a dedo”, afirma el politólogo de la Universidad Nacional Shameel Thahir Silva.

Valencia se ha curtido en sus 12 años en el Congreso. Su gran cruzada ha sido rechazar el acuerdo de paz con las FARC: lo combatió en las calles durante el plebiscito de 2016 y lo ha seguido atacando desde su escaño. Contra Petro ha sido implacable: denunció sus escándalos y bloqueó sus reformas. En el Senado le lleva la contraria con una disciplina que sus rivales admiran en silencio. Y tiene una causa propia: la infancia. Ha presentado leyes contra el maltrato infantil.

Hoy se opone a la adopción por parejas del mismo sexo, aunque no siempre fue así y en 2016 afirmaba en el Congreso que no había razones para impedirla. “Paloma ha desarrollado una doble fama”, explica el politólogo Tomás Molina. “Por un lado, el de una política juiciosa que estudia los temas y apoya proyectos moderados: ha respaldado al sector agropecuario y la modernización del sistema de donación de órganos, por ejemplo. Por el otro, es inamovible en la defensa del ideario más radical del uribismo. Es leal a sus principios, de otra forma Uribe no la habría elegido”.

Los estatutos del partido dejan claro que la última palabra la tiene su fundador, Álvaro Uribe. Y si uno revisa sus pasados tres candidatos presidenciales, la conclusión es evidente: todos fueron designados a dedo

Shameel Tahir Silva — Universidad Nacional

No despierta odios enconados ni grandes pasiones. La gran incógnita de su campaña es hasta dónde llegará la sombra de Uribe, su mentor y padrino político. Su fórmula vicepresidencial ofrece pistas: Juan Daniel Oviedo, economista de 49 años, exdirector del DANE (Departamento Administrativo Nacional de Estadística) y el más votado en la consulta interpartidista de marzo con 1,2 millones de sufragios —el doble que en su candidatura a la alcaldía de Bogotá en 2023—. Además es gay, un dato que en el universo tradicional del Centro Democrático pesa. Valencia lo eligió para seducir votantes que el partido nunca había alcanzado.

El nuevo equipo despertó entusiasmo inicial en algunos votantes que veían una puerta para la moderación. Sin embargo, Valencia, que busca el paso a segunda ronda, se ha estancado en torno al 20% en el promedio de las cinco principales encuestadoras, mientras De la Espriella la supera en las últimas semanas por cerca de cinco puntos. Pedro Medellín, doctor en Ciencias Políticas por la Universidad París III, advierte las causas: “La alianza con Oviedo nunca cuajó en estrategia compartida. Nunca hubo conversación previa ni agenda clara”. El 25 de abril quedó en evidencia: en un mitin en Medellín, Valencia propuso a Uribe como ministro de Defensa. Horas después, en Bogotá, Oviedo dijo públicamente que no estaba de acuerdo.

A los problemas de campaña se suman otros rezagos ideológicos. Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, advierte que el modelo de austeridad estatal y acento militar que llevó a Uribe al poder ya no responde a la Colombia de hoy: “El conflicto armado tiene lógicas distintas a las de principios de siglo. Los grupos violentos ya no buscan tomar el Estado, sino controlar economías y rentas criminales en territorios específicos”. Por eso los observadores que han revisado el plan de seguridad aún lo califican de crudo: reducir ingresos mafiosos, robustecer la fuerza pública, reconquistar comunidades y reinsertar delincuentes.

En opinión del experto la discusión pública se ha desplazado, además, hacia temas como la redistribución económica o las agendas identitarias. Y ahí Valencia navega incómoda. Es nieta del expresidente conservador Guillermo León Valencia y del fundador de la reputada y costosa Universidad de los Andes, Mario Laserna. Un linaje que a veces sirve como credencial y otras como lastre. Sobre todo porque hoy aspira a atraer a un electorado joven que no vivió los años de fervor uribista y que en 2022 eligió por primera vez a un presidente de izquierda sin militancia en ningún partido tradicional.

No le favorecen tampoco algunas salidas en falso. En 2015 propuso en Twitter dividir el Cauca —su provincia natal— en dos zonas: una para indígenas y otra para mestizos. Las redes sociales ardieron. La tacharon de racista. Varios juristas la calificaron de segregacionista. El contexto no es menor. El 21,5% de la población del Cauca es indígena —una comunidad devastada por la pobreza y la violencia–. Los Valencia, a su vez, llevan siglos siendo el clan terrateniente e intelectual que ha predominado desde la política y la economía en esos territorios. 

Tomás Molina va más lejos: la ausencia de un proyecto fresco del Centro Democrático resulta inquietante en un país con serios problemas fiscales, un maltrecho sistema de salud y una nueva oleada de violencia en curso. Paloma, en su opinión, no inspira una visión de futuro. 

El contraste con de la Espriella es nítido. Pedro Medellín lo describe sin ambages: “Abelardo tiene su estrategia clarísima, un equipo centrado y nunca pierde el foco del electorado al que se dirige”. El penalista ha construido una maquinaria que moviliza. Los desencuentros públicos entre los dos candidatos de la derecha han sido notorios en la recta final. Pero la aritmética electoral rara vez respeta las promesas de campaña. Y en segunda vuelta, tarde o temprano, tendrán que sentarse a negociar para evitar el descalabro.

Shameel Thahir Silva coincide: la propuesta de la primera mujer con opciones reales de llegar a la presidencia se reduce a defender un modelo institucional que estabilizó el sector privado y los mercados, a costa de modestos y lentos avances sociales. Basta recordar que el PNUD y el Banco Mundial sitúan a Colombia como la tercera sociedad más desigual del mundo. No es casual que esa asimetría haya sido la mejor munición política de la izquierda. En especial desde el estallido social de abril de 2021. Ahora el país afronta una pregunta profunda: si el péndulo político ha encontrado un nuevo e inesperado centro de gravedad.

Explosivos, drones cargados con detonadores y bloqueos viales. Disidencias guerrilleras de las FARC arreciaron, el pasado 25 y 26 de abril, contra distintas zonas del suroeste de Colombia y dejaron una veintena de muertos y medio centenar de heridos. Se trata de una de las embestidas armadas más sangrientas contra civiles en una década. Y ocurre en plena campaña electoral, a menos de un mes de las presidenciales, cuando ninguno de los tres candidatos con opciones para llegar al poder ha puesto sobre la mesa un remedio claro a la herida abierta más compleja del país: ¿cómo dejar atrás la guerra?

El Gobierno de Gustavo Petro respondió con 1.200 soldados desplegados en el sur del país. Las operaciones ya obtuvieron un primer resultado: la semana pasada fue capturado Alex Vitoncó Andela, alias Mi Pez, cabecilla de la Nueva Marquetalia —la principal disidencia de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia)— y señalado como uno de los mayores responsables de los atentados. Entre ellos, la detonación de un cilindro bomba contra un bus intermunicipal que arrastró a otra veintena de vehículos y colapsó un tramo montañoso de la Vía Panamericana, la principal carretera que bordea el suroeste colombiano.

La última ofensiva guerrillera expuso todas las fallas de la política de seguridad de Petro: organizaciones criminales que negocian con el Estado mientras siembran el terror en la población. Los colombianos lo sufren: según la encuestadora Invamer, el 66,2% se siente inseguro con la ‘Paz Total’ que propugna el mandatario. Entre el electorado, además, muchos echan de menos la primera década del siglo. Es decir, los años de mano dura en el Ministerio de Defensa, cuando los secuestros disminuyeron un 90% y la estrecha colaboración con Washington aseguraba el flujo de ayuda a través del denominado Plan Patriota. El problema, no obstante, viene de lejos.

La cocaína acabó con la revolución

Armando Borrero, especialista en defensa y seguridad nacional, recuerda que aquel modelo militar desarrollado por el expresidente Álvaro Uribe —que comprometía algunas garantías civiles para restaurar el orden público— ya mostraba sus límites al final del mandato, en 2010: “Las FARC se estaban reestructurando. El reclutamiento de guerrilleros, después de haber perdido casi el 50% del que había sido el mayor ejército irregular de América Latina desde la revolución mexicana, con 18.000 hombres en armas, se recuperaba de forma acelerada”. En ese momento Juan Manuel Santos subió al poder e impulsó el proceso de paz que se firmó en 2016 con las FARC. El Estado y la insurgencia juzgaron que era el momento preciso para avanzar en una solución negociada.

Una década después, los números hablan por sí solos. Los secuestros se dispararon un 80% en 2025 respecto al año anterior. Los ataques a la Fuerza Pública subieron un 85%. Más de 119.000 personas permanecieron encerradas en sus territorios sin poder salir a comprar alimentos o acceder a servicios de salud debido a las amenazas o bloqueos. Un informe de la acreditada Fundación Ideas para la Paz concluye que la ‘Paz Total’ no solo no ha reducido la violencia, sino que ha creado una “tormenta perfecta” humanitaria en las zonas más vulnerables del país.

Aun así, la apuesta de Petro fue inédita: negociar simultáneamente con todos los grupos violentos. Disidencias de las FARC, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y bandas de narcos, paramilitares o urbanas. Todos con el narcotráfico como único horizonte común. Nadie lo había intentado antes. Los resultados, opina Borrero, revelan un error de diagnóstico de fondo: “El Gobierno no entendió que los grupos armados de hoy no son las guerrillas políticas del siglo XX. Ahora son estructuras transnacionales. El Clan del Golfo, por ejemplo, está dirigido por el Cártel de Sinaloa mexicano. Y el ELN es más venezolano que colombiano, como lo evidencia un documento del Ministerio de Defensa bolivariano en el que consagra que la insurgencia forma parte de su sistema de defensa”.

En el suroeste pocos conocen la paz

En este contexto, el suroeste colombiano es la región que lleva años absorbiendo parte de la sangría que el resto del país prefiere mirar de soslayo. Durante los últimos años, el patrón criminal ha sido el mismo: asesinatos selectivos contra líderes sociales y combatientes desmovilizados. Una sangría quirúrgica. Invisible y casi rutinaria. Pero algo está cambiando.

La tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes subió de 24 en 2022 a 27 el año pasado. Y la masacre de hace unas semanas supone un campanazo de alerta: es la matanza más letal contra civiles en esa región en una década. “La violencia ha evolucionado hacia un crimen organizado con grupos fragmentados y economías ilícitas diversificadas”, explica el analista Jorge Mantilla, doctor en Criminología, Derecho y Justicia de la Universidad de Illinois, en Chicago. Y agrega: “Un panorama que se parece cada vez más al de México o Brasil, con drones y tecnología que van más rápidas que el Estado colombiano”.

El Gobierno no entendió que los grupos armados de hoy no son las guerrillas políticas del siglo XX. Ahora son estructuras transnacionales

Armando Borrero — Especialista en defensa y seguridad nacional

A menos de tres meses de acabar su cuatrienio, criticar la política de ‘Paz Total’ de Petro es fácil. Explicarla, mucho menos. Sobre todo porque procesos previos como Ralito y La Habana —que desmovilizaron paramilitares bajo Uribe y a las FARC bajo Santos— ya habían dejado suficientes enseñanzas y cabos sueltos por recoger.

Sarah Zukerman Daly, de la Universidad de Columbia, advierte que todo proceso de paz serio debe comprometer a los mandos medios: los combatientes que ejecutan las órdenes de las cúpulas en el terreno. Colombia falló ahí. Y en los intentos recientes —desde Ralito hasta la Paz Total—, recuerda el politólogo Francisco Gutiérrez Sanín, esos mismos cuadros fueron los primeros en rearmarse.

Del Guaviare a Guinea-Bisáu

Cada grupo criminal tiene detrás una cadena económica que empieza en un cultivo de coca y termina en una decisión política. Colombia ya acumulaba 230.000 hectáreas sembradas cuando Petro llegó al poder en 2022 (récord heredado de Duque). Ese año, el nuevo presidente de izquierdas suspendió las fumigaciones aéreas con glifosato —sin alternativas viables—, argumentando daños a las comunidades cocaleras. El resultado: 23.000 hectáreas más en un año (media Catalunya tapizada de verde), hasta 253.000 en 2023, según el monitoreo colombiano.

El mismo acuerdo de La Habana que Petro heredó, que tiene rango constitucional, comprometía al Estado a sustituir esos cultivos por desarrollo agrícola en los territorios más devastados por la guerra. No hubo, sin embargo, ni recursos ni empuje político para cumplirlo. “Lo cierto es que competir con productos como el cacao es muy difícil. Se ha vuelto un problema casi irresoluble”, admite Borrero. “Pero el país no puede seguir siendo rehén de la coca”.

La violencia ha evolucionado hacia un crimen organizado con grupos fragmentados y economías ilícitas diversificadas, un panorama que se parece cada vez más al de México o Brasil, con drones y tecnología que van más rápido que el Estado colombiano

Jorge Mantilla — Doctor en Criminología, Derecho y Justicia de Universidad de Illinois Chicago

Sin la presión de las fumigaciones, las disidencias de las FARC y otros grupos narcos fortalecieron sus lazos regionales. También afianzaron rutas para sacar la droga desde regiones como el sureño Guaviare hacia Venezuela, de Venezuela a Brasil, de Brasil a Surinam. De Surinam a Guinea-Bisáu. Y de Guinea-Bisáu, etiquetado como el primer “narco-Estado africano”, a Europa.

El mejor cliente, sin embargo, sigue siendo Estados Unidos. De poco han bastado los bombardeos de Trump contra supuestas narcolanchas en el Caribe y en el Pacífico: una parte sustancial de la cocaína colombiana fluye hacia el gigante del norte (el mayor consumidor del mundo y el socio histórico en la lucha antinarcóticos).

Además, con Petro enfrentado políticamente a Trump desde su toma de posesión, la relación con la Casa Blanca no ha hecho sino tensarse. Uno de los resultados llegó en 2025: por primera vez en tres décadas, Washington retiró a Colombia de su lista de países aliados que combaten el narcotráfico. Con una salvedad reveladora: eximió al país de las sanciones económicas citando “intereses nacionales vitales”. Bogotá recibió el castigo, pero la superpotencia evitó romper el lazo estratégico.

Un ejército moderno no basta

La política de paz de Petro tiene, sin embargo, letra pequeña. Los medios colombianos se han centrado en el evidente debilitamiento de las capacidades militares y de inteligencia durante este cuatrienio. Sin embargo, también han mirado de refilón algunos matices: 2025 fue el ejercicio con más neutralizaciones de delincuentes en más de 10 años: 13.971 entre muertos, capturados y desmovilizados, el doble del pico histórico de su predecesor, el derechista Iván Duque. Un incremento sin precedentes, según las Fuerzas Militares. Armando Borrero matiza los números: “La reacción fue tardía y selectiva. El Gobierno persigue a quienes traicionaron las mesas de negociación. El Ejército va detrás de Iván Mordisco (el jefe disidente que abandonó la mesa en 2024) pero no de los hombres de Calarcá, que siguen negociando”.

Se trata de dos jefes del mismo origen guerrillero con distinto trato. Con un costo que el Gobierno prefiere no mencionar: en cuatro de los 13 bombardeos contra estructuras de Mordisco murieron 15 menores de edad. “Ninguno de los modelos en realidad ha funcionado”, zanja Gutiérrez Sanín. “Pero la escala de daño humano y deterioro del tejido social durante la Seguridad Democrática de Uribe fue inmensa. Los falsos positivos (cerca de 7.000 civiles asesinados por militares y disfrazados de guerrilleros muertos en combate) son solo un aspecto”.

2025 fue el ejercicio con más neutralizaciones de delincuentes en más de 10 años: 13.971 entre muertos, capturados y desmovilizados, el doble del pico histórico del predecesor de Petro, el derechista Iván Duque

Por eso el campo ha sido el epicentro de casi todos los capítulos de la violencia desde hace más de medio siglo. Cinco millones de personas han sido desplazadas de allí (solo Ucrania en guerra abierta supera esa cifra). Es una de las raíces enquistadas del problema, al que ningún Gobierno ha encontrado solución. Borrero lo explica sin rodeos: “En muy pocas regiones hay una comunidad campesina estable, integrada, y eso es un factor de violencia fuerte. Muchas zonas nunca terminaron de constituirse como comunidades”.

Y donde el Estado no ha logrado asentarse, otros han ocupado el terreno. No es una omisión menor: más de seis décadas de conflicto y 220.000 muertos. El narcotráfico, los grupos armados y el clientelismo político se repartieron ese vacío. El poder en Bogotá, entre tanto, lleva años mirando el mapa desde lejos. Con otros líos acumulados. La impunidad completa el cuadro: el 95% de las causas penales se quedan sin resolver.

Mantilla va más a fondo. En los esfuerzos de pacificación, la negociación terminó girando casi siempre en torno a los grupos armados mientras las poblaciones quedaban al margen. “Se permitió que fueran los violentos quienes asumieran la representación de las comunidades”, explica. El costo sigue siendo visible. “A Colombia, más que construir Estado, le sigue costando construir legitimidad”. La evidencia es reveladora: el Clan del Golfo mantiene control sobre más de 200 municipios con apenas 9.800 combatientes. Unos 50 hombres por municipio frente a un Ejército de 270.000 soldados activos.

Fracaso sin bandera

La conclusión para los expertos es que el problema del Estado no es militar, sino de legitimidad. Eduardo Pizarro León-Gómez, profesor emérito de la Universidad Nacional de Colombia, recuerda que el país latinoamericano fue una de las primeras naciones en alcanzar un acuerdo de desmovilización con una guerrilla, en 1990, con el M-19 (el movimiento de raíz urbana donde militó el presidente Gustavo Petro). 36 años después, el ciclo de violencia sigue abierto.

Los estudiosos de la guerra coinciden en que nunca ha habido un proyecto estatal serio para ocupar el territorio ni garantizar el monopolio oficial de las armas. Las brechas regionales no han hecho sino crecer. Según Oxfam, el 1% de los propietarios concentra más del 80% del suelo cultivable. Mientras tanto, buena parte de Occidente cerró sus guerras internas tras la caída del Muro de Berlín. Las guerrillas centroamericanas depusieron las armas, el IRA en Irlanda firmó la paz, ETA se disolvió en España. En Colombia, sin embargo, el conflicto halló otro combustible indomable: la cocaína. Pizarro concluye que el fracaso de la 'Paz Total 'no es de Petro: “Es de toda la nación colombiana”.

¿Un libertario sin trayectoria política al frente del poder en Colombia durante los próximos cuatro años? Para llegar allá, Abelardo de la Espriella, mediático abogado penalista de 47 años, deberá vencer primero al izquierdista Iván Cepeda en la primera vuelta del 31 de mayo. Ambos lideran las encuestas desde hace meses. Su candidatura genera entusiasmo en sectores del conservadurismo local, que lo ven como el único dique efectivo contra el aspirante del oficialista Pacto Histórico, pero despierta inquietud en otras facciones por la vaguedad de sus propuestas y su adhesión al experimento radical encarnado por Milei en Argentina, Kast en Chile y Bukele en El Salvador.

La tentación del todo o nada con un recetario de extrema derecha inquieta a muchos en Colombia. Pero la trayectoria de la Espriella también genera dudas. El lunar más visible es, quizás, su defensa jurídica de Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela hoy detenido en Nueva York: un turbio empresario colombiano condenado en Estados Unidos por blanqueo de dinero y conspiración. La Administración Biden lo indultó en 2023 en un canje de presos, pero múltiples investigaciones periodísticas lo señalan con fuerza como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

De la Espriella, que se presenta por el incipiente movimiento Defensores de la Patria, ha intentado desmarcarse de su viejo cliente argumentando que su firma de abogados dejó de representar a Saab en 2019, cuando Washington lo incluyó en la Lista Clinton. Dos años más tarde, sin embargo, el exministro chavista aún lo recordaba como un “gran abogado y amigo”. No menos polémica fue su defensa de David Murcia Guzmán, cerebro del mayor esquema Ponzi en Colombia: 200.000 víctimas —en su mayoría de renta baja— y unos 1.200 millones de dólares defraudados.

“Lo que buscamos es demostrar que DMG no es una empresa criminal”, afirmó en julio de 2012 el entonces joven apoderado, en referencia a la estafa piramidal, en una entrevista televisada. Poco después se apartó también de ese caso, pero su papel dejó una estela de preguntas que ahora emergen en plena campaña electoral.

La nueva piel del ‘Tigre’

Mucho antes de que adoptara el apodo de “Tigre”, en su círculo más cercano era conocido como “Papucho”: un sobrenombre que hoy solo reclama con derecho su madre, María Eugenia Otero. En Montería, ciudad media al norte de Colombia donde arraigan sus raíces, sus allegados resaltan el contraste: de aquel joven provinciano, inquieto y entrañable, a una figura nacional en apariencia recia que usa el saludo militar como emblema político y promete castigar a los delincuentes sin ser “políticamente correcto”.

De hecho, desde hace tiempo escenifica en sus redes sociales una vida de vuelos frecuentes en jet privado, presume de su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temporadas en sus casas de Miami, Bogotá o la campiña toscana. Un mundo alejado del de su infancia. Su padre, Abelardo, fue un discreto notario con algún cargo regional en las filas del Partido Liberal. Y su educación, primero en el Colegio De La Salle de Montería y más tarde en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, se asemeja más a la de cualquier chico de familia media colombiana.

Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa

Yann Basset — analista político de la Universidad del Rosario

Su fortuna, sin aún haber llegado a los 50 años, es posterior a esa infancia austera y se sustenta en dos pilares: el despacho de abogados y una red creciente de empresas. En un principio fueron una marca de ron, una consultora inmobiliaria y una suerte de sastrería de lujo. Pero hoy suma una treintena de sociedades con todo tipo de accionistas —algunas de ellas en números rojos—. “Primero se da a conocer en un país donde la política pasa por el mundo del derecho penal”, explica Jorge Iván Cuervo, académico de la Universidad Externado nombrado Ministro de Justicia hace poco. “Sus estrategias de litigio lo acercaron a las élites. Y ahora su objetivo es alcanzar el poder político por fuera de los partidos tradicionales”.

Un guion seguido por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años ochenta: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Para moderar la imagen de provocador, presentó hace unas semanas al exviceministro de Hacienda José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial: un rector universitario que pasó los últimos cuatro años refutando punto por punto las políticas económicas de Petro a través de confrontaciones directas en la red social X.

En el caso de la Espriella, sin embargo, resulta evidente que sus bases y su guía política son un calco del uribismo purasangre. Es decir, la del discurso militarista de mano dura y el énfasis en conceptos decimonónicos como la “patria” o la “familia” tradicional, que su amigo el expresidente Álvaro Uribe ha empuñado. Él mismo ha sintetizado su proyecto electoral como una amalgama entre la cruzada de Nayib Bukele contra la creciente inseguridad urbana y rural, con el mismo enfoque carcelario, y la motosierra burocrática del argentino Javier Milei, con la cual prevé cercenar en Colombia el número de ministerios existentes, de los 19 actuales, a una decena (y eliminar 70.000 puestos estatales).

De hecho, su cercanía con el uribismo se remonta a 2005. En aquellos días fungió como director y representante legal de la polémica Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), donde combinó funciones de promoción y divulgación del proceso de desmovilización de los ejércitos paramilitares, impulsado entonces por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema ordenó más tarde a la Fiscalía investigar a de la Espriella por su rol en dicha ONG, descrita por excombatientes como el “brazo ideológico” de las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia. Las indagaciones, sin embargo, se cerraron en 2012 por falta de pruebas.

En busca de voz propia

De la Espriella oficializó su candidatura el pasado 11 de diciembre en un mitin cargado de mesianismo político y fervor casi religioso. “Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa”, señala Yann Basset, analista político de la Universidad del Rosario.

Quienes admiran a De la Espriella lo hacen porque ha sabido transmitir una firmeza aún huérfana de proyecto político claro. Su idea central es “enfrentar y destripar” a la izquierda. La última encuesta de las firmas Guarumo y Ecoanalítica, publicada a finales de marzo, lo sitúa en el 20,2% de intención de voto, diez puntos por detrás de Cepeda y en empate técnico con la aspirante Paloma Valencia, que irrumpió con fuerza tras ganar las primarias de un grupo de formaciones de centro y centro derecha. Pero de momento ningún candidato parece capaz de alcanzar aún el 50% más uno de los votos válidos necesarios y lo más probable es que la decisión se dirima en segunda vuelta.

De acuerdo con Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, la fuerza de De la Espriella reside precisamente en su indefinición. Su discurso carece de una línea ideológica nítida, pero esa ambigüedad ha resultado funcional: le ha permitido aglutinar una coalición heterogénea de votantes en busca de un proyecto ultraconservador. “Abelardo, más allá del carisma, es un significante vacío: un contenedor de diferentes tendencias cercanas a la derecha radical”, sostiene Chala. “Detrás suyo convergen reservistas y retirados del Ejército, sectores de las iglesias neopentecostales y evangélicas, algunas élites regionales y libertarios de la escuela austríaca, al estilo Milei.”

Para Yann Basset, el reto de la Espriella será encontrar un estilo propio: “La idea de la mano firme en seguridad, o del antiderroche en la esfera pública, no son nuevas y ya las utilizó el presidente Uribe a principios de este milenio. Además, el Estado en Colombia, a diferencia del caso argentino, si lo comparamos con Milei, no ha desempeñado tantas funciones ni ha representado un monstruo tan grande para la economía. Entonces una pregunta interesante es si será capaz de adaptar de alguna forma estas temáticas al contexto local”, asegura el académico francocolombiano.

Su intención de voto alcanzó un pico a finales de febrero, pero desde entonces ha oscilado entre el 16 y el 22%, con caídas y estancamientos que revelan los límites de su expansión electoral. Para el analista político Chala, el desgaste tiene una explicación estructural: “La pérdida de popularidad está relacionada con la fricción entre una amalgama de movimientos de derecha que, ante el ocaso de Álvaro Uribe, compiten por fijar los elementos de un nuevo sentido común en torno a la familia, la identidad y la religión. Hoy existe un fenómeno nuevo y alternativo al Centro Democrático.”

Aliado de Vox

De esta forma los analistas políticos esperan ver si el “Tigre” conseguirá revertir su inexperiencia política y sus problemas de imagen en puntos de fuerza. O si su prometedor arranque de campaña seguirá el camino de Rodolfo Hernández, el ingeniero presentado hace cuatro años como una suerte de Trump a la colombiana que, tras rozar la presidencia en la pugna electoral contra Gustavo Petro, terminó condenado por corrupción y murió en septiembre de 2024 a los 79 años.

Jorge Iván Cuervo recuerda, sin embargo, que la diferencia es que Hernández tenía rodaje previo en la arena política. Antes había sido alcalde, con una gestión aceptable, de una ciudad media: “Su imagen era la del empresario exitoso que generaba empleo. Pero primero se ganó el reconocimiento político en su región. El ascenso de la Espriella es distinto. Su marca se construye desde el éxito individual y la exhibición del lujo”.

Casado y padre de cuatro hijos, de la Espriella nació en Bogotá en 1978 durante un paseo de sus padres en la capital. Por ello, se ha encargado de subrayar que es un “costeño de racamandaca”: es decir, hijo de la costa Caribe hasta el tuétano. Un origen que también ha utilizado como bandera política de la inconclusa descentralización que impulsará. “Él representa una capa del electorado que ha logrado un ascenso social y no se ve reflejada en las élites bogotanas tradicionales. Es una Colombia desideologizada que ve en él a alguien que los representa, con sus trajes de marca, sus excentricidades o su faceta de cantante de boleros y tenor a la italiana con un disco propio”, afirma Cuervo.

Lejos de matizar sus posturas, en enero firmó con el líder de Vox, Santiago Abascal, la llamada Carta de Madrid, un documento que alinea su plataforma con las tesis “antizquierda”, a favor de la “libertad de empresa” y contra el “totalitarismo comunista” que la ultraderecha española ha enarbolado. “Un grande Santiago Abascal librando la batalla cultural, política y democrática para enfrentar al narcocomunismo que se impone desde el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Estamos juntos en esta lucha”, publicó días después ante sus 960.000 seguidores de Instagram.

Por ahora, De la Espriella mantiene una distancia estratégica con Paloma Valencia, del Centro Democrático —la formación que custodia el legado político de Álvaro Uribe Vélez—. Pero el expresidente y voz tutelar ya ha revelado sus cartas: si su candidata no llega al balotaje, la maquinaria se volcará hacia el “Tigre”. De la Espriella, por su parte, navega en su propio carril. Observa las alianzas que se tejen a su alrededor. Aguanta. Y deja que el tiempo trabaje a su favor mientras los ataques se acumulan y el duelo por la presidencia de Colombia apunta, inevitablemente, a resolverse en una segunda vuelta fijada para el 21 de junio.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, demandará por calumnia a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, luego de que este asegurara que durante una visita a la ciudad Manta en 2025, el mandatario colombiano se reunió con algunas personas supuestamente vinculadas con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, Fito.

“He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia”, escribió Petro este domingo en la red social X al anunciar la acción judicial.

El señalamiento de Noboa, hecho en una entrevista con la revista colombiana Semana en la que no confirmó un encuentro directo de Petro con Fito, fue rechazado por el mandatario colombiano, quien negó cualquier relación y aseguró que su presencia en Ecuador en aquella ocasión obedeció únicamente a actividades oficiales.

En esa entrevista, Noboa afirmó que Petro “se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con Fito”, en referencia al movimiento político ecuatoriano vinculado al expresidente Rafael Correa, actualmente en la oposición.

Petro respondió a esas declaraciones defendiendo su visita a Manta, a donde según explicó, viajó en mayo de 2025 luego de asistir en Quito a la segunda toma de posesión de Noboa, y aseguró que durante toda su estancia contó con la protección permanente del Ejército ecuatoriano, así como con su esquema de seguridad colombiano.

“El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a donde fui el día de su posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y exvicepresidente de la república del Ecuador”, agregó Petro.

Visita secreta

La visita de Petro a Manta no estaba en su agenda de viaje a Ecuador y se supo de ella por informaciones de prensa, tras las cuales surgieron versiones no confirmadas de que el mandatario supuestamente se había reunido en esa ciudad con Fito, el narcotraficante más peligroso de ese país, que fue capturado un mes después y extraditado a Estados Unidos.

Petro subrayó hoy que tanto sus escoltas como otros testigos pueden dar fe de sus actividades en ese viaje, y rechazó que su presencia en esa ciudad pueda ser interpretada como indicio de contactos irregulares.

Este episodio se suma a otros desencuentros entre los dos presidentes, reflejo del deterioro de la relación bilateral, que en los últimos meses ha escalado también al terreno comercial, con la imposición mutua de aranceles a productos de ambos países y la llamada a consultas de ambos embajadores.

Resignarse a que llegue la extrema derecha y arrase con las democracias no puede ser la única opción a la que estén condenados los progresistas de todo el mundo. Con esta idea como guía, una veintena de mandatarios internacionales encabezados por Pedro Sánchez y Lula Da Silva se han citado este fin de semana en Barcelona para poner las bases de una nueva alianza global contra la ola reaccionaria, en un momento en el que la posición del Gobierno español contra las guerras iniciadas por Donald Trump han encontrado eco, sobre todo en América Latina.

A lo largo de dos jornadas, en las que se han celebrado una cumbre bilateral España-Brasil, una reunión con representantes gubernamentales y un encuentro de organizaciones progresistas de todo el mundo, los líderes mundiales de izquierda y centro-izquierda han reactivado un polo que tiene voluntad de ser una oposición al mundo que dibuja Donald Trump y un contrapeso a lo que Sánchez ha definido en diferentes ocasiones como la “internacional del odio”.

“El tiempo de la internacional ultraderechista y la derecha lacaya ha llegado a su fin”, ha defendido Sánchez ante un plenario repleto este sábado. El jefe del Ejecutivo español ha asegurado que este evento es el punto de inflexión para una alianza progresista que, a partir de ahora, estará orgullosa de ser “pacifista, ecologista, sindicalista y feminista”.

Por su lado, Lula ha defendido un mundo basado en reglas y el papel del progresismo en la historia. “El proyecto neoliberal prometió prosperidad y entregó hambre desigualdad e inseguridad, creó crisis tras crisis”, ha criticado Lula, que ha reclamado al progresismo coherencia y hacer desde los gobiernos lo que promete antes de las elecciones.

“La extrema derecha ha sabido aprovechar el malestar de la población creando mentiras. Contra las mujeres, contra los negros, contra las personas LGTBIQ+”, ha criticado el jefe de Estado brasileño, que ha elogiado a Sánchez por “la valentía de no permitir que los aviones de guerra de EEUU salieran de aquí para bombardear Irán”.

Este sábado, ya ante la veintena de líderes que han compartido mesa en el recinto de la Fira de Barcelona, situado en L'Hospitalet de Llobregat, Sánchez ha profundizado en su llamamiento a cerrar el paso a los planes de la extrema derecha. “La democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza”, ha asegurado Sánchez.

Multilateralismo, rechazo al genocidio en Gaza y a la guerra en Irán, legalidad internacional y reforma de los mecanismos de gobernanza mundial como la ONU son algunos de los ejes en los que todos los participantes de las cumbres han coincidido, más allá de los acentos que cada país ha querido ponerle.

Para todos ellos, la consigna se condensa en un llamamiento a la paz en medio de un mundo cada vez más convulso. Lula da Silva ha advertido de forma reiterada sobre los peligros de la conflictividad mundial, también Claudia Sheinbaum, que ha reclamado una declaración para evitar una incursión militar en Cuba tras las reiteradas amenazas de Trump a la isla.

Finalmente esa declaración en defensa de Cuba y del Derecho Internacional se ha emitido y ha contado con la firma de España, Brasil y México, países que también se han comprometido a “incrementar de manera coordinada” la respuesta humanitaria “dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano”.

Por su parte, el sudafricano Ramaphosa ha reclamado una reforma de la ONU para evitar que las guerras sigan aflorando sin que haya mecanismos internacionales para detenerlas. Una demanda a la que también ha aludido Lula y otros líderes, mientras que España ha reiterado su apoyo a que la secretaría general de la organización internacional recaíga por primera vez en una mujer.

Si la primera jornada estuvo protagonizada por el alineamiento político que mostraron Sánchez y Lula, que propusieron a sus respectivos países como “motores” para acercar América y Europa, el segundo día reflejó la amplitud del llamamiento de los dos líderes. Entre los tres eventos han acabado participando hasta 18 mandatarios de máximo nivel, pero también decenas de ministros, presidentes de administraciones federales y locales, embajadores o líderes de partidos.

En la Fira estuvieron presentes los presidentes y primeros ministros de México, Colombia, Uruguay, Sudáfrica, Irlanda, Lituania, Albania, Cabo Verde o Barbados, así como vicepresidentes de Alemania, Reino Unido, Austria, Ghana o Botsuana. En las jornadas políticas han intervenido también algunos de los rostros habituales de oposición a Trump en su propio país, como el Gobernador de Minessota, que ha estado presente. “Os necesitamos, no perdáis la fe en el pueblo americano, condenad la monstruosidad que ocupa la Casa Blanca, presionad, denunciad”, ha dicho Tim Walz.

Mientras, la que fue candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, el senador Bernie Sanders y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, han enviado un vídeo.

Por parte de los anfitriones acudió la mayor parte de los ministros socialistas del Gobierno, así como el president de la Generalitat Salvador Illa y algunos de sus consellers, y el alcalde de Barcelona.

No pasó inadvertida la presencia de la mexicana Sheinbaum, que con su asistencia certificó el deshielo en las relaciones de su país con España, de la que se había alejado tras la demanda de una disculpa oficial por la colonización. Tras varios años en los que esta petición no se había satisfecho, el rey Felipe VI aprovechó una visita a una exposición sobre México para reconocer que hubo “mucho abuso” en la conquista, palabras que desde el gobierno mexicano se entendieron como “un avance”.

Esperanza contra la “internacional ultraderechista”

Con 6.500 personas movilizadas y decenas de líderes, cargos y caras conocidas presentes, la reunión de Barcelona supone una inyección de optimismo para los movimientos socialdemócratas de izquierdas que iniciaron 2026 atónitos por la violencia desplegada por EEUU en Venezuela o Irán. Uno de los objetivos de las jornadas era dar la vuelta al sentimiento de inevitabilidad que se ha apoderado de buena parte de las bases progresistas tanto en Europa como en Latinoamérica y otros países.

En línea con eso, “esperanza” ha sido una de las palabras que los ponentes han repetido más. Una esperanza que debe servir para que los demócratas dejen de tener miedo al futuro. “Prevaleceremos, la democracia nos pertenece a todos, así dibujamos el futuro en común”, afirmó el sueco Stefan Löfven, presidente del Partido de los Socialistas Europeos. “El futuro no es propiedad de nadie y no será ni de los más fuertes ni de los soberbios”, remarcó el president catalán Salvador Illa.

Junto a esto, los temas económicos han protagonizado también buena parte de las intervenciones de los líderes. Una demanda reiterada es imponer un impuesto especial a los llamados “megaricos”. También una transición energética, que ha sido remarcada como urgente desde posiciones tan a priori alejadas como la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Otro de los temas muy comentados es la necesidad de imponer reglas a los gigantes tecnológicos. Unas redes sociales donde la propaganda extremista campa a sus anchas, cuando no directamente controladas por magnates de ideologías ultras, es un campo de batalla sesgado.

No menos problemático es que buena parte de la infraestructura de los estados y las instituciones democráticas recaigan sobre empresas privadas e indiferentes, en el mejor de los casos, a la defensa de la democracia. En Brasil hay, además, preocupación por la arremetida de Trump contra Pix, el sistema de pagos instantáneos que ha independizado de facto a millones de brasileños de las tarjetas de crédito de compañías norteamericanas.

Sánchez consolida su apuesta internacional

Para el presidente del Gobierno estas jornadas suponen un importante espaldarazo y, también, un colofón a la intensa agenda internacional desplegada en los últimos meses, que llega después de su viaje oficial a China.

Sánchez ya llamó la atención del mundo progresista hace un año, cuando fue el único dirigente de la OTAN que se opuso abiertamente a los planes de Trump para aumentar al 5% del PIB la aportación a la alianza militar. Aquellas aguas bajaron y el presidente norteamericano pareció olvidarse de España, pero el líder del PSOE volvió a ser uno de los pocos primeros ministros europeos que, hace un mes, rechazaron de plano los ataques sobre Irán.

Aquella toma de posición de la Moncloa marcó una inflexión, pues fue el desencadenante de varios cambios en las reacciones de otros países europeos. Sánchez había demostrado que decir no a Trump no solo era posible, sino que podía tener rédito político y apoyos internacionales.

En unas jornadas que han reunido a lo más granado del progresismo mundial, Sánchez se ha mostrado dispuesto a reimpulsarse contra la extrema derecha que representa Vox en España, pero también contra la “derecha lacaya”, tal como ha tildado al PP. En este sentido, el anuncio del acuerdo de Gobierno de Extremadura entre PP y Vox anunciado precisamente el jueves, sirvió a Sánchez como ejemplo de contra qué luchan los progresistas reunidos en Barcelona.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha donado a la ciudad de Barcelona el último retrato artístico en vida de Gabriel García Márquez. Lo ha hecho coincidiendo con su estancia en la ciudad y después de visitar la Biblioteca Gabriel García Márquez junto al alcalde Jaume Collboni.

Al descubrir la obra, Petro ha afirmado que Barcelona “ha sido y es revolucionaria”. Con la donación de la obra, han indicado desde el gobierno colombiano, Colombia proyecta su “memoria, su arte y su identidad más allá de sus fronteras” y fortalece los lazos con la capital catalana. Así, se quiere “honrar” la vida y obra de uno de los escritores más influyentes y queridos de la literatura universal.

Collboni ha agradecido la donación y ha afirmado que la ciudad tiene “muy presente” al emblemático escritor. También ha explicado que la biblioteca se encuentra en un barrio “muy popular” y ha puesto en valor la arquitectura del espacio.

Petro ha asegurado también que las palabras son superiores a las armas. “El mundo de hoy olvida que si las palabras se unen con las multitudes son más poderosas que las armas y el dinero”, ha señalado.

En el encuentro también ha estado presente el músico Joan Manuel Serrat. Petro ha afirmado que Serrat todavía le hace llorar con una canción, que es ‘Elegía’, de Miguel Hernández, “poeta que luchó por una España diferente”.

Donación del retrato de Gabo

El retrato donado —y transportado en el avión presidencial— muestra a García Márquez, Gabo, sonriendo con un ramo de rosas amarillas, que contrastan con el blanco y negro del resto de la imagen. La fotografía es obra del autor Mauricio Vélez y fue tomada en el año 2013. García Márquez murió precisamente un 17 de abril del año 2014, ahora hace doce años.

Además del retrato, Petro también ha firmado el libro de visitas correspondiente, donde ha escrito que Barcelona “es mágica como Colombia” y es capaz “de inventar”: “En la invención siempre habrá revoluciones”. El escrito concluye que Colombia y Barcelona viven entre una realidad que “a veces es terrible y fea, pero también viven en el sueño”. Además, el presidente colombiano ha firmado también el libro ‘Una vida, muchas vidas’, biografía de sí mismo. En la dedicatoria ha escrito: “Con amor para Barcelona, patria obrera y de poetas”.

Biblioteca cerrada

El encuentro entre Petro y Collboni ha provocado el cierre de la Biblioteca Gabriel García Márquez durante varias horas, desde las 11:45 h hasta las 16 h. De hecho, inicialmente estaba previsto que ambos dirigieran unas palabras a las 13:30, pero el encuentro comenzó con mucho retraso.

Collboni ha llegado a la biblioteca hacia las 14:15 y Petro poco después. No fue hasta pasadas las 15 h cuando se permitió a los medios entrar al espacio y, posteriormente, se mostró el obsequio del retrato de Gabo.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se ha mostrado muy crítico con el papel de las Naciones Unidas en el panorama de conflictos actuales y considera que es un actor “impotente” ante estados como Estados Unidos o Israel, que “imponen sus condiciones”. Petro considera que los Estados Nación ya no son figuras tan relevantes en el juego político porque “son cada vez menos autónomos para gestionar su población”. Ahora, ante “genocidios y conflictos de altura”, ha lamentado que haya presidentes latinoamericanos que sean “cortesanos ante un nuevo rey que es Estados Unidos imponiendo sus condiciones”.

En cambio, él apuesta, dice, por “mirarnos de tú a tú” y ha recordado la reunión que tuvo en el Despacho Oval con el presidente Trump. Asegura que el mandatario estadounidense “vive rodeado de burbujas formadas por quienes le acompañan, con agendas diferentes y que compiten entre ellas”. Insinuando que Trump se encuentra altamente influenciado “por Netanyahu y por personas cercanas como Marco Rubio”, apunta que esas burbujas “se desinflan” cuando el presidente “tiene la oportunidad de hablar con otro ser humano”, tal como ha apuntado en una entrevista concedida a RTVE y la Agencia EFE, en el marco de las jornadas Movilización Global Progresista, en Barcelona.

En esa reunión, explica, tuvo la oportunidad de hablar con Trump y proponerle “un gran pacto por la vida”. A pesar de que considera al líder estadounidense “alguien de derechas, con una vida aria y una idea capitalista, sentí que congeniábamos y que aceptaba”. Ahora bien, Petro mismo ha reconocido que esa sensación duró poco. “A las pocas horas tiraba las bombas sobre Irán”.

El presidente colombiano ha tenido palabras muy duras para el presidente norteamericano a quien acusa de haber desestabilizado el mundo y creado “un bloque destructivo para la humanidad” siempre, insiste, “jalonado por Netanyahu, que tiene amigos más poderosos que el propio Trump”.

Gustavo Petro ha repasado el tablero internacional y, tomando los conflictos iniciados por Estados Unidos en Oriente Medio y Venezuela, ha puesto el foco en el petróleo: “atrae a los misiles y a la muerte”. Concretamente, ha apuntado que este bien ha sido “la maldición” de Latinoamérica y el Caribe. “Si tienes petróleo, la soberanía creada por la espada de Bolívar, desaparece. Sin petróleo, Venezuela volverá a la libertad”, ha asegurado.

Sobre el país latinoamericano, Petro identifica tres vías para solucionar la actual solución: la primera es dejar que Nicolás Maduro, sobre quien asegura que la acusación de narcotraficante es “injusta”, tenga un juicio libre en Venezuela o en alguna corte internacional. La segunda es “devolver el poder al pueblo”. Y eso no pasa por celebrar elecciones libres inmediatamente, lo cual consideraría un “error”, sino crear un “cogobierno” del chavismo con la oposición durante dos años para dar tiempo a los venezolanos a que creen “una alternativa”.

Y la tercera es, para Petro, una condición indispensable: que esas alternativas se desliguen del petróleo. “Entre el petróleo que tiene Venezuela y el carbón que tenemos en Colombia, podemos matar a toda la humanidad si decidiéramos mandarlo al aire”, asegura. Ha apuntado que tiene pensado verse con Delcy Rodríguez, aunque todavía no tienen una cita concertada (“Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma”), para pactar una salida conjunta entre ambos países a la dependencia del crudo.

Gustavo Petro apuesta por apartar el petróleo de los gobiernos ya que, considera, “los estertores del petróleo, pueden ser los estertores del capital”, ha dicho en referencia a un momento en el que el mundo ya está sufriendo las carencias de este bien a raíz del bloqueo del estrecho de Ormuz. “La humanidad tiene que ecoger entre vivir o codiciar. Si queremos una sociedad en que nuestros hijos puedan ser y ser más felices que tú, debes escapar del camino dominante”, ha remachado.

Por ello, el presidente apuesta por una “redefinición del mundo” que no deberían pasar por las decisiones de los Estados ni de los partidos políticos, sino por “una demanda de libertad de los pueblos que vaya hacia una democracia global”. En ese sentido, ha tomado de ejemplo Latinoamérica, de la que presume por haber “parado al fascismo”. En cambio, ha mirado con preocupación hacia Europa, donde asegura que “Hitler sigue vivo” a través del “odio racial al extranjero”.

La entrevista ha dedicado su parte final a evaluar el propio mandato de Petro en Colombia, que está a punto de terminar. El presidente no opta a la reelección y abandonará el cargo habiendo dejado una gran promesa sin cumplir: culminar el proceso de paz. “No es un fracaso personal, es un fracaso nacional”, ha asegurado. Preguntado por qué ha hecho mal en estos años en el poder, Petro ha contestado que su principal error ha sido “nombrar a gente que no sirve”. “Fue una gran tontería que me ha costado mucho confiar en un gobierno plural en el que incorporé a gente de centro que, en realidad, estaba a la derecha de Uribe”.

Ahora bien, de lo que sí ha sacado pecho es de haber empezado a cambiar la manera en cómo Colombia se presenta ante el mundo y, en especial, ante los mercados. Uno de sus grandes legados, dice, será haber impulsado otros comercios para que la economía de su país no dependa sólo del crudo y, también, de la cocaína. “Había pocas soluciones. O impulsamos el cacao o hacemos que los europeos dejen de consumir cocaína. O eso, o hacemos que se legalice”, ha dicho.

La entrevista a Gustavo Petro se ha dado en el marco de la Movilización Global Progresista, unas jornadas políticas celebradas en Barcelona que coinciden con dos cumbres más: la primera bilateral España-Brasil y la cuarta edición de la cumbre para la Defensa de la Democracia. Entre los tres actos, el presidente Pedro Sánchez se dará cita con una decena de mandatarios de izquierdas de primer nivel. Más allá del líder colombiano, también se encontrará con el brasileño Lula Da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum, el portugués António Costa, el sudafricano Cyril Ramaphosa, el uruguayo Yamandú Orsi, la irlandesa Catherine Connolly o el albanés Edi Rama, entro otros muchos.

Colombia vivió este domingo unas elecciones legislativas con evidentes signos de tensión política. Los sondeos no erraron: el izquierdista Pacto Histórico se impuso en las urnas y retuvo el mayor número de escaños en el Senado, con cinco más que en la legislatura anterior: obtuvo cerca de 4,4 millones de votos (22,82% de los sufragios). Pero el dato novedoso de la jornada fue el resurgir del uribista Centro Democrático, partido hundido al cuarto lugar en 2022 tras perder casi la mitad de sus escaños. Hoy está de vuelta como segunda formación del país al sumar cerca de 3 millones de votos y el 15,63% en la cámara alta. Lo anterior se traduce en 17 senadores, cuatro más que en 2022.

Casi 42 millones de ciudadanos estaban convocados a renovar un Congreso bicameral de 285 escaños: 103 en el Senado y 182 en la Cámara de Representantes. A las 20.30 locales (2.30 en la España peninsular), el oficialista Pacto Histórico ya despejaba el panorama. Los datos parciales dibujaban un crecimiento del progresismo de Gustavo Petro, con proyecciones de hasta 25 escaños en el Senado desde los 20 actuales. Al mismo tiempo, el Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, se disparaba de 13 a 17 senadores.

El Pacto Histórico y el Centro Democrático son los grandes ganadores de la jornada. La tendencia en Colombia era que la bancada que apoyaba al gobierno saliente solía retroceder en las legislativas. Esta vez no ha sido el caso. El oficialismo ha logrado incluso progresar

Yann Basset — Universidad del Rosario

En la Cámara de Representantes, por su parte, la misma formación de derechas protagonizó un primer golpe de efecto: de deambular como cuarta fuerza durante la pasada legislatura se erigió en el segundo partido más votado, con más de 2,2 millones de sufragios. La izquierda, entre tanto, mantuvo el pulso y se plantó como el bloque más fuerte, con 37 representantes. “El Pacto Histórico y el Centro Democrático son los grandes ganadores de la jornada”, apostilla Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario. Y añade un matiz: “La tendencia en Colombia era que la bancada que apoyaba al gobierno saliente solía retroceder en las legislativas. Esta vez no ha sido el caso. El oficialismo ha logrado incluso progresar”.

Los primeros análisis advierten, en todo caso, que el próximo gobierno deberá maniobrar con habilidad para construir una mayoría parlamentaria en el Congreso que se estrene el próximo 20 de julio. “Sigue siendo un parlamento dividido. El Pacto Histórico y el Centro Democrático juntos no representan la mitad de los escaños, lo que demuestra que Colombia no es un país polarizado entre dos fuerzas”, precisa Basset. A ello se suma un factor estructural que la politóloga Elisabeth Ungar pone sobre la mesa: en Colombia, donde rige un sistema presidencialista, la obligación de votar en bancada se incumple con frecuencia. La estrategia de cada escaño, en definitiva, es una incógnita.

Mirada a las presidenciales

A la legislativa se sumó, este mismo domingo, otra batalla con la vista puesta en el 31 de mayo: tres consultas interpartidistas que, a modo de primarias, definieron candidatos presidenciales en cada bloque ideológico. Los ganadores fueron la congresista Paloma Valencia por la derecha, el veterano Roy Barreras por una escisión de la izquierda y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López por el centro.

Pero uno de los nombres de la noche fue el de Valencia. La senadora uribista arrasó en la Gran Consulta por Colombia —una coalición de partidos conservadores y de centroderecha— con más de tres millones de votos, superó a sus nueve rivales y cerró la jornada como una de las dos candidatas opositoras más fuertes junto al abogado ultra Abelardo de la Espriella –segundo en la mayoría de sondeos–. En su discurso de victoria rindió tributo a su mentor y guía político, Álvaro Uribe, antes de proclamar su intención de impulsar una economía más justa y reducir el tamaño del Estado.

El mismo Uribe había hecho campaña para llegar por quinta vez al Congreso. El domingo, sin embargo, le deparó un contundente golpe simbólico: el expresidente cosechó su primera derrota electoral en toda su vida política. Su estrategia de situarse en el puesto 25 dentro de una lista cerrada falló. Los 17 senadores que obtuvo el Centro Democrático fueron insuficientes y el fundador e ideólogo de la derecha colombiana se quedó fuera del hemiciclo a sus 73 años.

De momento solo hay una certeza. A partir de este lunes todos los esfuerzos electorales apuntan a una sola pregunta: ¿quién frenará al izquierdista Iván Cepeda?, candidato del Pacto Histórico y líder destacado en los sondeos. Desde el céntrico Hotel Tequendama de Bogotá, Cepeda no ocultó su euforia. “Somos la principal fuerza política de Colombia, la que cuenta con la bancada más numerosa en el Senado y Cámara”, proclamó, antes de lanzar un mensaje que sonó a golpe sobre la mesa: “El 31 de mayo ganaremos la Presidencia en primera vuelta”.

Ya con las urnas cerradas, el registrador nacional Hernán Penagos quiso dejar un mensaje de tranquilidad, pese al ruidoso choque con el presidente Petro, quien durante días había denunciado un posible fraude en el software de escrutinio sin presentar pruebas concretas. La Registraduría, de hecho, tuvo que repeler una ofensiva digital de hasta 300 millones de solicitudes simultáneas que buscaron colapsar el sistema. También 30 intentos de suplantación de la página oficial. Por todo ello el responsable del censo electoral le ofreció al primer mandatario, en tono retador, acceso a todas las actas para que verificara el proceso por sí mismo. Y cerró con un parte de victoria: “En Colombia hoy triunfó la democracia”.

El polifacético Hernando Gómez Buendía —abogado, filósofo, sociólogo y economista— cumplió 80 años en febrero. Su análisis afilado lo impulsó a publicar Colombia después de Petro (Planeta), un estudio político del “Gobierno del cambio”. Admite que la investigación lo convirtió, a marchas forzadas, en un experto en el presidente Gustavo Petro o, como describe él irónicamente, en “un petrólogo consumido, más que consumado”.

El entrevistado sonríe afable en el salón de su casa, al oeste de Bogotá, y declara que tras el primer cuatrienio de un gobierno de corte progresista en dos siglos de vida republicana, “el orden conservador —que aún domina los medios, la gran empresa, las relaciones con Washington y los gremios— no ha descifrado a Petro. Ni tampoco hallado una propuesta alternativa para un país que la necesita, sin duda”.

Colombia elige este domingo a los nuevos integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes, antesala de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, a las que llegan como favoritos, según las encuestas, el senador de izquierdas Iván Cepeda, del partido de Petro, y el abogado ultra Abelardo de la Espriella. Una victoria del candidato avalado por el presidente respondería principalmente, según el experto, al avance “inusitado” en la representación de las clases desfavorecidas: “ese país que había permanecido sumergido” durante el largo dominio de formaciones tradicionales de derecha.

¿Cómo explica su tesis de que Petro ganó hace cuatro años la presidencia, pero no el poder?

Es un punto fundamental que repite la misma izquierda en Colombia. Para empezar, la tarea principal del presidente en nuestro país es tratar de manejar el Congreso y a pesar de que el Pacto Histórico de Gustavo Petro logró una bancada de izquierdas sin precedentes, no pudo sostener las alianzas para llevar a cabo su proyecto de cambio. Los sectores conservadores se dedicaron durante cuatro años a domesticar la gran mayoría de iniciativas y reformas sociales del oficialismo. Jugaron al desgaste, pero no quisieron comprender por qué se había dado esa ruptura histórica.

¿Cuál es, entonces, el mayor logro del Gobierno?

Hizo mucho más de lo que la oposición cree. Habiendo encontrado, además, una pésima situación económica. Pero para decirlo con claridad: el principal avance de Petro es simbólico. Y fue canalizar la voz de una ciudadanía que ha sido etiquetada como los “nadies”. Los de abajo. Cambió la conversación nacional y puso sobre la mesa problemas medulares como la pobreza, la desigualdad, los líos ambientales o territoriales.

Todo eso lo captó en su discurso y, lejos de la temida revolución comunista o castrochavista, impulsó un primer intento de agenda diferente de la que habían planteado sus antecesores. Llena de contradicciones, con una evidente incapacidad para ejecutar su programa de gobierno. Bajo el supuesto de que es el gran representante del pueblo, desarrolló una narrativa que emociona, pero que a menudo sacrifica la verdad por argumentos morales como la exclusión o la dignidad.

¿Podría profundizar en esa idea?

Por ejemplo: desde su campaña a la presidencia anunció la necesidad de un acuerdo nacional para bajarle la tensión al nivel de polarización. Con un pequeño detalle que no se ha entendido aún: Petro se refiere a un diálogo con el pueblo, como si fuera uno e indivisible. No le interesan los tecnócratas, ni los expresidentes como interlocutores. En un país cuyos dirigentes han hablado siempre desde arriba, él elige hacerlo desde abajo. Por eso divide e incómoda, porque sigue actuando como un opositor desde el poder. Repite cada vez que puede que se siente mejor entre los pobres.

Petro confundió sus creencias sobre la violencia organizada con la realidad. Redujo la presión militar y como consecuencia se expandieron los grupos armados, el miedo y los cultivos de coca

¿Y cuál ha sido su mayor fracaso?

La política de “paz total” es una equivocación absoluta. Es su gran fracaso y quizás el que más daño le hizo a Colombia porque impidió completar un proceso que nos había costado 20 años para reducir la violencia, desmovilizar a guerrilleros y paramilitares. Petro quiso romper el patrón de las políticas de seguridad de mano dura y negociar con los criminales en vez de reprimir, dignificar a los campesinos cocaleros, reformar el enfoque con un ministro de Defensa abanderado de los derechos humanos. Pero se equivocó en el diagnóstico. Confundió sus creencias sobre la violencia organizada con la realidad. Redujo la presión militar y como consecuencia se expandieron los grupos armados, el miedo y los cultivos de coca.

Pero respetó los cuatro límites del poder que usted identifica como líneas rojas para no caer en una dictadura como la venezolana o la cubana.

Sí. Y aunque en algunos casos los empujó hasta donde pudo, nadie puede decir que Petro no haya respetado la separación de poderes, o que haya utilizado la fuerza para quedarse más tiempo en el poder. Además, no tiene el control del Ejército, que ha sido adiestrado en la lucha contrainsurgente. Es de derecha. En Colombia el único peligro de golpe militar habría sido contra él. Por otra parte, su manejo macroeconómico también mantuvo el equilibrio dentro de los límites de nuestra realidad. Donde quizás hubo más desafíos fue en la relación con Estados Unidos, un factor con el cual conviene no estrellarse porque Colombia no podría vivir jamás bajo un bloqueo norteamericano.

En su libro menciona que el país está atrapado en la cárcel de las ideologías.

Para empezar Petro, como todos, es prisionero de su pasado. Basta ver sus discursos. Insiste en que el Estado está cooptado por unas élites egoístas que bloquearon el cambio. Tiene, sin duda, elementos populistas, pero sobre todo dogmáticos. Descree de los expertos, de la ciencia, del mercado, porque supuestamente están todos al servicio del neoliberalismo. Al mismo tiempo simplifica la historia con un cuento que separa entre culpables del norte y víctimas pasivas del sur.

Por otra parte, la derecha sigue, a grandes rasgos, con la idea de que este Gobierno es un paréntesis desorganizado, lleno de caos y corrupción que les va a quitar el manejo de los negocios. Pero en cuatro años no quisieron enterarse ni romper sus propios sesgos. No pasaron del fastidio o del desconcierto y aún no entienden que el discurso del presidente se legitima en las urgencias de unas mayorías que pasan hambre o viven en medio de unas injusticias terribles, y eso es innegable.

¿Eso explica que Iván Cepeda, candidato de la izquierda, siga liderando la mayoría de las encuestas para las presidenciales? 

Claro. Los niveles de aprobación de Petro, y el hecho de que Cepeda sea una opción con tanta fuerza, no se explican con la idea trivial, convencional, de que todo ha sido un fracaso. Para muchos es difícil verlo, pero si uno habla con una persona que se gana la vida limpiando parabrisas en un semáforo, con los campesinos despojados de sus tierras o los indígenas arrinconados en regiones olvidadas se encuentra que, quizás, la vida no les cambió mucho en los últimos cuatro años, pero sí hubo un avance inusitado en la representación de ese país que había permanecido sumergido. Solo así se puede empezar a comprender de dónde diablos sale el 30 o 35% de apoyo a Cepeda. 

El orden conservador en Colombia aún es muy fuerte y ensayar grandes cambios es muy difícil. La reacción de la derecha también puede ser muy dura

¿Por qué responsabiliza a los medios colombianos de la baja calidad del debate?

Las redacciones de los periódicos, la televisión y la radio se dedicaron a aturdir a la opinión pública, más que a analizar. Otra vez volvemos al problema con las ideologías, que aciertan con nitidez en lo que ven y se equivocan en lo que dejan de ver. Los medios, en manos de los grandes empresarios tradicionales, se dedicaron a subrayar los retrasos del presidente, la improvisación en sus discursos, sus trinos impertinentes de madrugada [sus tuits en la red X]. En general, se quedaron en la superficie y magnificaron asuntos que no eran de fondo. Fueron incapaces de mantener una conversación bien argumentada y mientras enfatizaban las viejas verdades e intereses de sus dueños, ignoraban otras realidades que les son inconvenientes. Por eso la democracia perdió calidad y Petro aprovechó para denunciar la “dictadura de los medios”.

¿Un segundo gobierno de izquierdas rompería de verdad con la estructura política del orden conservador que ha regido durante dos siglos?

Esa es una pregunta abierta y la incertidumbre es muy grande todavía. Pero claro, ocho años empujando los límites de los que hablé… Retando a Trump, con un déficit fiscal delicado y creciente… Sin embargo, el orden conservador en Colombia aún es muy fuerte y ensayar grandes cambios es muy difícil. La reacción de la derecha también puede ser muy dura. En concreto: pienso que el panorama es muy confuso porque ninguna de las propuestas de los candidatos es aterrizada. Ninguna aborda el principal problema que es la falta de generación masiva de empleos productivos. Y sospecho que la peor tragedia que nos puede pasar es insistir en un país que está en una crisis más delicada de lo que imagina la clase dirigente.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto a tocar un nervio sensible en la realidad de un país poco habituado, hasta ahora, a los cambios drásticos en el manejo de su política macroeconómica. Petro anunció en diciembre por decreto un alza del 23,78% del salario mínimo oficial, la subida más alta en este siglo. Los gremios y grandes industriales pusieron el grito en el cielo. Y los centros de pensamiento advirtieron de los potenciales efectos en el costo de vida. A cinco meses y medio del fin de su Gobierno, sin embargo, el primer mandatario de izquierdas se mantuvo firme y subrayó en múltiples declaraciones que se trata, en realidad, de un avance histórico en equidad social.

La nueva tabla salarial supone, quizás, uno de los últimos pulsos del Gobierno en un país polarizado. El Consejo de Estado, una de las máximas instancias judiciales, suspendió el pasado 12 de febrero de forma provisional el decreto del salario mínimo de Petro por falta de base económica y jurídica clara. El presidente ha utilizado la decisión judicial para convocar protestas masivas el 19 de febrero en las plazas del país. 

“Ni un peso atrás”, arengó el presidente a los manifestantes que llenaron la Plaza de Bolívar en Bogotá, el corazón político del país. Acto seguido, el mandatario anunció que había firmado un nuevo decreto respaldado esta vez en los estudios técnicos ordenados por el tribunal y manteniendo el incremento inicial.

La oposición ha leído en su maniobra un nítido contraataque electoral. Una táctica para unir a sus bases de cara a las legislativas del 8 de marzo. Y, en especial, la primera vuelta de las presidenciales del 31 de mayo. “Es salario vital si alcanza para llevar la canasta mínima vital al hogar del trabajador promedio, calculada en 2.155.000 mensuales (unos 470 euros) según los estudios técnicos que consideran una canasta familiar básica de 3 millones (unos 650 euros) para cuatro personas”, enfatizó el líder progresista.

En las semanas previas había subrayado que su decisión forma parte de un “pacto social de la vida y la paz” frente al “gran capital”. La dura pelea que esconde el alza del 23,78%, sin embargo, encierra más de un punto ciego dentro de un frágil mercado laboral: “El nivel del aumento es atípico, incluso en un plano regional porque es de 4,5 veces el promedio de inflación esperada para 2026 que se ubica en el 6%”, explica el doctor en Economía por la Universidad del Rosario Andrés García. 

En la mesa tripartita que pacta el ajuste todos los años, los sindicatos habían propuesto un aumento del 16% mientras que los empresarios plantearon un 7,21%. No hubo acuerdo. Y el Gobierno se ha escudado en un estudio con recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para avanzar hacia un “salario mínimo vital” que cubra una serie de gastos básicos de alimentación, vivienda, servicios públicos, educación y salud.

El problema es que en Colombia solo el 10,12% del total de ocupados (alrededor de 2,4 millones de personas) gana un salario mínimo. Y el dato más alarmante es que el 48,9% —casi la mitad de la fuerza laboral— percibe ingresos inferiores. A saber: 11,3 millones de ciudadanos atrapados en el círculo vicioso del empleo informal, o “rebusque”, como se conoce en el país. 

Esta población, desprotegida y sin seguro de paro, plantea los mayores interrogantes de fondo: “La cifra actual de desempleo es muy buena para Colombia y, sin embargo, dobla el promedio de América Latina. La gran pregunta es cómo podríamos incluir a los trabajadores informales en el contrato social. Las normas de la OIT no aplican para ellos y tienen menos derechos laborales. No aportan, además, al sistema de salud y pensiones”, detalla el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana Mauricio Salazar.

La tasa de desocupación cerró 2025 en un histórico 8,9%. El indicador más bajo en dos décadas. Pero la aguja de la mencionada informalidad apenas se ha movido. El mercado laboral patina desde hace décadas en un terreno desventajoso, sumergido y minado de carencias. El economista Hernando Gómez Buendía concluye en su libro Colombia después de Petro que ni el modelo económico conservador predominante en las últimas décadas ni las modificaciones del actual Gobierno de izquierdas han logrado impulsar una economía con empleos productivos y de calidad en forma masiva.

Un problema estructural

Se trata de un debate que despierta intensas polémicas. De todas formas, y pese al descontento inicial, esta semana los empresarios firmaron el nuevo decreto. Para ellos lo más sensato es mantener el alza inalterada. Una de las razones es que en Colombia el precio de los arriendos, de los programas de vivienda pública, los aportes a la seguridad social o el transporte, entre otros, se ajusta cada año al ritmo del salario mínimo. Y con febrero ya avanzado, muchos consideran que volver a reacomodar sus proyecciones solo generaría más desorden y desconfianza en el mercado.

Ahora el Consejo de Estado tendrá que resolver si el Gobierno corrigió las deficiencias del decreto anterior. Para formarse una idea, el sueldo base en Colombia está, con el incremento del 23,7%, en algo más de 2 millones de pesos (unos 450 euros), con un auxilio de transporte incluido. La Administración de Gustavo Petro lo ha justificado en un cálculo que prevé que una familia de tres a cuatro personas necesita 1,8 millones de ingresos básicos para cubrir sus costos esenciales. 

Por eso, otro de los temas que ha irrumpido en el debate es cuál sería la remuneración vital que garantizaría una vida digna en el país sudamericano. Una pregunta que los técnicos del Ministerio de Hacienda habían tasado siempre con fórmulas y modelos que se apoyaban en la productividad, el crecimiento y la inflación. Pero Gustavo Petro ha dudado dos veces. Y ha privilegiado un estudio sobre el terreno ¿Los montos que venían funcionando alcanzaban de veras para cubrir la cantidad de calorías diarias necesarias? ¿O pagar la factura de los servicios?. “O, sí, por el contrario, podría reproducir condiciones de esclavismo en la medida que las personas trabajan por una remuneración muy baja. Es una preocupación política y económica legítima”, reflexiona Mauricio Salazar.

No es menos cierto que el grueso de los economistas en Colombia asumen como verdad casi incontestable que un alza tan pronunciada tendrá un efecto negativo sobre el empleo. O la inflación, que repuntó en febrero al 5,31% y se aleja de la meta fijada por el Banco de la República en 3%. 

Juliana Morad, especialista en derecho laboral, destaca: “Hay críticas porque el salario mínimo, que antes representaba un 40 o 50% del salario medio, ahora se acerca al 70 u 80%. Es decir, quedan muy próximos y puede empezar a funcionar como un tope”. Y Andrés García añade: “Es una política que podría ser restrictiva porque va dirigida a un grupo muy pequeño de trabajadores formales en una economía bastante sumergida”.

Lo único claro hoy es que el terreno y la hondura del debate han cambiado. La economista Marta Juanita Villaveces, ex viceministra técnica del Ministerio de Hacienda en este Gobierno, abre más preguntas. A su juicio, un incremento importante es, en principio, una señal positiva para los trabajadores. Sin embargo, advierte que Gustavo Petro deja por fuera matices importantes: “Solo mira un pedacito de Colombia, un país tremendamente diverso con mercados laborales distintos entre ciudades, campo y regiones. No es lo mismo hablar de un trabajador urbano que de uno rural: por eso la carga de la medida afecta de manera distinta”.

Esa es una de las razones por las cuales el empresariado ha lanzado una voz de alerta. El 98% del tejido productivo colombiano está formado por micro y pequeñas empresas de una a tres personas. Un enjambre de papelerías de barrio, puestos de comida callejera, talleres mecánicos o peluquerías. En ese orden de ideas, Villaveces recuerda que no son los “ricos” a los que el discurso presidencial suele señalar quienes tendrán que sortear el alza, sino los supervivientes de una economía fracturada. Por eso, advierte que las soluciones actuales son solo un “parche” para un sistema que deambula desde hace medio siglo sin reformas estructurales. Y lastrado por la informalidad crónica.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, retiró del servicio al general de la Policía Edwin Masleider Urrego, a quien acusó de haber intentado poner “sustancias psicoactivas” en uno de sus vehículos oficiales, con el supuesto objetivo de sabotear la reunión que sostuvo en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante un consejo de ministros celebrado en Montería, capital del departamento de Córdoba, Petro denunció ayer un supuesto complot en su contra y aseguró que antes de su reunión en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero, ordenó retirar del servicio a un general de la Policía, aunque no mencionó su nombre.

Según el jefe de Estado, “alguien le dio la orden” a ese oficial de ponerle “sustancias psicoactivas” en uno de los vehículos oficiales con el objetivo de “evitar” el encuentro en Washington.

El retiro se formalizó este miércoles mediante un decreto firmado por el mandatario en el que dispuso la salida del general Urrego mediante “llamamiento a calificar servicios”, una figura discrecional contemplada en la ley colombiana que permite el retiro de oficiales sin pérdida del grado y con derecho a pensión.

La supuesta maniobra contra Petro está relacionada además con un allanamiento a la casa en Barranquilla del ministro del Interior, Armando Benedetti, en noviembre de 2025, por orden de la Corte Suprema de Justicia, cuando Urrego era comandante de la Policía Metropolitana de esa ciudad.

Benedetti dijo hoy que el oficial no fue destituido por el allanamiento a su casa, como supuestamente ha dicho Urrego a la prensa, sino “porque hay un informe de inteligencia” que vincula a Urrego con una jugada sucia contra el presidente.

“Enfóquese en responder los señalamientos del presidente y no me coja a mí de escudo para defenderse de ese hecho [...] y de su paso por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) y por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)”, agregó Benedetti.

El ministro, que llamó “cobarde” a Urrego, dijo que el oficial destituido “tomó partido para delinquir” pese a que “su cargo le prohíbe deliberar en política”.

Urrego aseguró en declaraciones a medios locales que no había recibido ninguna notificación formal sobre investigación alguna en su contra.

“Soy completamente inocente”, dijo, y aseguró que está dispuesto a someterse “a cualquier prueba técnica”, como la del polígrafo, para demostrar su integridad.

Urrego también negó haber tenido acceso al vehículo presidencial y sostuvo que la seguridad del jefe de Estado está a cargo de funcionarios de Presidencia bajo protocolos estrictos.

“Lo que ha dicho el señor presidente tiene una trascendencia penal. Yo tendría que aclarar esa situación y llegar hasta las últimas instancias”, respondió el oficial al ser preguntado sobre posibles acciones legales para defenderse.

La parálisis de la mayor obra ambiental en Colombia tiene por protagonistas a la constructora española Sacyr y al Gobierno del izquierdista Gustavo Petro. La construcción del Canal del Dique —adjudicada por concurso público en noviembre de 2022— se halla estancada en una fase “preoperativa”. Mientras tanto, las poblaciones ribereñas del norte del país siguen sujetas al capricho e intensidad de las frecuentes lluvias y sus estragos. El proyecto, tasado en 690 millones de euros, resulta vital para contener el desborde de las aguas; o mejorar su calidad en este brazo artificial que conecta al mar Caribe, en la bahía de Cartagena de Indias, con el río Magdalena, quizás el más importante del país

El Gobierno de Petro y las autoridades ambientales y de infraestructura han mostrado algo de resistencia al plan social y ecológico de la constructora española. Y aun así, en Colombia no ha dejado de causar sorpresa el recorte unilateral por casi 150 millones de euros (al tipo de cambio actual) anunciado hace unos días por el Ministerio de Hacienda al presupuesto de la obra en 2025. Con esta medida, el Ejecutivo deja un agujero financiero del 83,61% a lo pactado para el año pasado. Su avance entra una vez más en una zona gris.

Las razones expuestas por Hacienda responden a la frágil situación fiscal del Estado colombiano, agobiado por el pago de intereses de su alta deuda soberana, el creciente gasto público y la aún modesta recaudación fiscal. Esos son, al parecer, los resortes tras el tijeretazo. Sacyr ha informado, a través de una portavoz, que la empresa española no dará declaraciones porque el único “autorizado” es la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Con ello evidencia el tira y afloja habitual entre la operadora española y un puñado de despachos oficiales encargados de la inspección y supervisión de una megaobra que acumula tensiones y retrasos.

La ANI, agencia oficial adscrita al Ministerio de Transporte, ha salido al paso para sumar una dosis de confusión con un comunicado firmado el 28 de enero en el que precisa que, como gestora de la concesión, “ha desembolsado más de 217.477 millones de pesos (unos 51 millones de dólares, al tipo de cambio actual) al patrimonio autónomo, garantizando un manejo eficiente y responsable de los fondos públicos”. El compromiso de la entidad, añade, es pasar a la fase constructiva en el segundo semestre de 2026, pero no ha mencionado el hachazo de Hacienda.  

Por contra, el Tribunal de Cuentas colombiano sí ha expresado su inquietud por la deriva del proyecto ambiental. De acuerdo con un comunicado del ente de control publicado el pasado miércoles, la medida del Gobierno progresista supone un riesgo fiscal enorme para la región Caribe y el país. Critica, así mismo, que se haya tomado de manera unilateral. Y advierte de que el Estado colombiano se expone al pago de multas, intereses de demora y otras compensaciones no previstas en el presupuesto original.  

En paralelo al pulso burocrático, la lista de afectaciones por las crecidas en los pueblos de la ribera del norte es crónica: miles de familias evacuadas, problemas sanitarios, viviendas inundadas y múltiples daños en los cultivos y la actividad pesquera. Se calcula que la población en primera fila de vulnerabilidad asciende a unos 100.000 habitantes. ¿En qué consiste la intervención ambiental? Contempla, entre otras, la construcción de dos enormes compuertas con esclusas para atenuar o filtrar la entrada de sedimentos al caudal del río. 

Sacyr, sin embargo, ha tropezado una vez tras otra a la hora de acreditar los requisitos del Ministerio de Ambiente colombiano. “Nunca presentaron un estudio de impacto ambiental. Ello a pesar de nuestro acompañamiento e insistencia. Eso quiere decir que, desde la perspectiva de la licencia necesaria para poder avanzar, van en la etapa cero”, explica a elDiario.es, por mensaje de texto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Irene Vélez. 

Algunos pobladores de la cuenca se han quejado, además, de la supuesta discreta voluntad de la compañía española para cumplir con su obligación legal de informar a la comunidad local sobre los impactos de la construcción. Se trata de pueblos campesinos, negros y palenqueros, descendientes directos de esclavos africanos del periodo colonial, con altos índices de pobreza y desigualdad. “Además de los términos de referencia específicos que fueron emitidos por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), hicimos un alcance en agosto de 2025 con el propósito de evitar que un proyecto grande y complejo como este termine por impactar a los habitantes. Era una medida de criterio para evitar lo que se conoce como racismo ambiental”, subraya Vélez.

Sacyr, presidida por Manuel Manrique Cecilia, deberá hacerse cargo de la operación y mantenimiento de los 115 kilómetros de extensión del Canal del Dique durante 15 años. No sin antes sortear los escollos regulatorios. Una situación que no supone ninguna novedad. La empresa ya ha recibido más de una multa, librado varios pleitos y procesos de arbitraje internacional por sus obras en Colombia. Se trata de un operador que, desde 2012, ha adelantado un sinnúmero de proyectos de infraestructura vial y concesiones. Algunos han sido clave para mejorar la atrasada red de carreteras y autopistas del país sudamericano. Otras, sin embargo, han tenido controversias por la modesta calidad constructiva, demoras en la entrega o sobrecostes. 

De cualquier forma, el ingeniero civil Rodrigo Fernández, experto en licitaciones y miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, concluye subrayando un asunto de fondo: “Los anuncios del Gobierno a veces crean desconcierto. Los parámetros y estructura de los contratos vigentes se deben cumplir de parte y parte. Es inaceptable que Petro utilice recursos que ya están comprometidos para una obra, escudado en la emergencia económica, como si fuera una fuente de ahorro de la Nación”.

La llamada telefónica que tuvieron este miércoles los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, rebajó las tensiones diplomáticas entre ambos países, que se habían profundizado desde el sábado pasado con la detención en Caracas del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos destacaron el “tono constructivo” de la conversación, que se prolongó por una hora y puso fin, al menos de momento, a una escalada verbal en la que Trump incluso afirmó que le sonaba bien hacer en Colombia una operación como la que terminó con la captura de Maduro.

Al intervenir en una manifestación en Bogotá que había convocado “en defensa de la soberanía” tras las amenazas de Trump, el presidente colombiano aseguró: “En medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro”.

Trump, por su parte, anunció que se reunirá con Petro en la Casa Blanca y manifestó que fue “un gran honor” hablar con el presidente Petro, quien lo llamó para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas administraciones.

Petro afirmó a la multitud reunida en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, que habló con Trump sobre varios asuntos de interés bilateral, uno de ellos restablecer las comunicaciones entre ambos Gobiernos, a través de la Cancillería y el Departamento de Estado, que estaban interrumpidas por los constantes episodios de crisis en la relación.

“Si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia”, manifestó Petro en su discurso, en el que lamentó “la incomunicación con el Gobierno de Trump” desde que este inició su segundo periodo presidencial en enero de 2025.

El presidente colombiano también le aclaró a su homólogo estadounidense que no es narcotraficante y le presentó las cifras de su Gobierno en la lucha contra las drogas, al tiempo que destacó la colaboración que tuvo con el ejecutivo de Maduro para enfrentar este flagelo.

“Le tuve que lanzar las cifras, pocas, las mismas que he repetido aquí de por qué se me sindica (de narcotraficante) si yo llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra 'traquetos' (mafiosos) de alto poder y políticos aliados de ellos”, dijo.

Igualmente le contó del trabajo hecho con el Gobierno venezolano para enfrentar el narcotráfico: “Le hablé que con Maduro habíamos cuadrado operaciones conjuntas, él allá y yo acá, en (la región fronteriza de) el Catatumbo”, donde operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y grupos narcotraficantes.

Petro es un crítico acérrimo de las operaciones contra el narcotráfico de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, en las que han sido hundidas decenas de lanchas supuestamente cargadas con drogas y donde han muerto más de un centenar de tripulantes.

Esa postura ha deteriorado su relación con EE.UU., que en septiembre le retiró el visado y luego el Departamento del Tesoro lo incluyó, junto con otras personas de su entorno, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, después de que Trump lo acusara de ser un “líder del narcotráfico”.

Conversación con Delcy Rodríguez

Petro también informó a Trump de la conversación que tuvo hace dos días con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia.

“Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia. Y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma y (que eso) no se produzca”, destacó.

En ese sentido, Petro manifestó que cuando se reúna con Trump en la Casa Blanca “toca hablar” de esa propuesta, pues “la paz de Venezuela es la paz de Colombia y viceversa”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue de los primeros en reaccionar ante el ataque de Estados Unidos contra su vecino, Venezuela, en la madrugada de este sábado. “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo: han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles”.

Posteriormente, el presidente Donald Trump confirmó en su red social Truth Social que “Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país”.

La operación se produce después de meses de amenazas de Washington de una incursión militar en Venezuela. El despliegue estadounidense, llevado a cabo por las fuerzas especiales Delta, tiene ecos del cerco que estableció George H. W. Bush en 1989 contra el dictador panameño Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico y otros delitos. 

En su primer mensaje, Petro no mencionó la captura de Nicolás Maduro, en el poder desde 2013. Se limitó a denunciar el ataque aéreo y pidió una convocatoria urgente de organismos internacionales para evitar una escalada militar en la región.

“Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales. En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”, escribió el presidente colombiano en un segundo mensaje.

También anunció que, “de manera preventiva, el Gobierno ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes”.

Por su parte, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, confirmó que el Ejército activó “todas las capacidades” para anticipar cualquier intento de ataque terrorista en la frontera por parte de agrupaciones ilegales. En especial del Ejército de Liberación Nacional (ELN), formación insurgente de raíces castristas que desde hace décadas ha convertido los 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela en su centro de operaciones.

Sánchez explicó que el despliegue busca preservar la estabilidad en la zona, donde delinquen diversos grupos criminales que se financian con el narcotráfico. Algunos de ellos, de acuerdo con reportes de Inteligencia y otros estudios, se han movido en suelo venezolano sin mayor control por parte de los organismos de seguridad chavistas.

Más tarde, después de haberse reunido con su consejo de seguridad nacional durante la madrugada, Petro informó a través de X del despliegue de las fuerzas de seguridad en la frontera colombiana: “Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”, ha escrito, sin ofrecer más detalles.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros, cuyos principales pasos fronterizos están entre la ciudad colombiana de Cúcuta y San Antonio del Táchira y Ureña, en el estado venezolano de Táchira. En la apertura este sábado de los pasos fronterizos de Cúcuta la situación era de total normalidad, según constató la Agencia EFE en el lugar.

El presidente ha dicho que “el Gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”. “Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas. Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta”.

En su mensaje anterior, dijo que “la Cancillería de Colombia debe mantener canales diplomáticos abiertos con los gobiernos involucrados y promoverá, en los espacios multilaterales y regionales pertinentes, iniciativas orientadas a la verificación objetiva de los hechos, y la preservación de la paz y la seguridad regional”.