¿Un libertario sin trayectoria política al frente del poder en Colombia durante los próximos cuatro años? Para llegar allá, Abelardo de la Espriella, mediático abogado penalista de 47 años, deberá vencer primero al izquierdista Iván Cepeda en la primera vuelta del 31 de mayo. Ambos lideran las encuestas desde hace meses. Su candidatura genera entusiasmo en sectores del conservadurismo local, que lo ven como el único dique efectivo contra el aspirante del oficialista Pacto Histórico, pero despierta inquietud en otras facciones por la vaguedad de sus propuestas y su adhesión al experimento radical encarnado por Milei en Argentina, Kast en Chile y Bukele en El Salvador.

La tentación del todo o nada con un recetario de extrema derecha inquieta a muchos en Colombia. Pero la trayectoria de la Espriella también genera dudas. El lunar más visible es, quizás, su defensa jurídica de Alex Saab, exministro de Industria de Venezuela hoy encarcelado en Nueva York: un turbio empresario colombiano condenado en Estados Unidos por blanqueo de dinero y conspiración. La Administración Biden lo indultó en 2023 en un canje de presos, pero múltiples investigaciones periodísticas lo señalan con fuerza como presunto testaferro de Nicolás Maduro.

De la Espriella, que se presenta por el incipiente movimiento Defensores de la Patria, ha intentado desmarcarse de su viejo cliente argumentando que su firma de abogados dejó de representar a Saab en 2019, cuando Washington lo incluyó en la Lista Clinton. Dos años más tarde, sin embargo, el exministro chavista aún lo recordaba como un “gran abogado y amigo”. No menos polémica fue su defensa de David Murcia Guzmán, cerebro del mayor esquema Ponzi en Colombia: 200.000 víctimas —en su mayoría de renta baja— y unos 1.200 millones de dólares defraudados.

“Lo que buscamos es demostrar que DMG no es una empresa criminal”, afirmó en julio de 2012 el entonces joven apoderado, en referencia a la estafa piramidal, en una entrevista televisada. Poco después se apartó también de ese caso, pero su papel dejó una estela de preguntas que ahora emergen en plena campaña electoral.

La nueva piel del ‘Tigre’

Mucho antes de que adoptara el apodo de “Tigre”, en su círculo más cercano era conocido como “Papucho”: un sobrenombre que hoy solo reclama con derecho su madre, María Eugenia Otero. En Montería, ciudad media al norte de Colombia donde arraigan sus raíces, sus allegados resaltan el contraste: de aquel joven provinciano, inquieto y entrañable, a una figura nacional en apariencia recia que usa el saludo militar como emblema político y promete castigar a los delincuentes sin ser “políticamente correcto”.

De hecho, desde hace tiempo escenifica en sus redes sociales una vida de vuelos frecuentes en jet privado, presume de su Rolls-Royce Phantom y pasa largas temporadas en sus casas de Miami, Bogotá o la campiña toscana. Un mundo alejado del de su infancia. Su padre, Abelardo, fue un discreto notario con algún cargo regional en las filas del Partido Conservador. Y su educación, primero en el Colegio De La Salle de Montería y más tarde en la Universidad Sergio Arboleda de Bogotá, se asemeja más a la de cualquier chico de familia media colombiana.

Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa

Yann Basset — analista político de la Universidad del Rosario

Su fortuna, sin aún haber llegado a los 50 años, es posterior a esa infancia austera y se sustenta en dos pilares: el despacho de abogados y una red creciente de empresas. En un principio fueron una marca de ron, una consultora inmobiliaria y una suerte de sastrería de lujo. Pero hoy suma una treintena de sociedades con todo tipo de accionistas —algunas de ellas en números rojos—. “Primero se da a conocer en un país donde la política pasa por el mundo del derecho penal”, explica Jorge Iván Cuervo, académico de la Universidad Externado nombrado Ministro de Justicia hace poco. “Sus estrategias de litigio lo acercaron a las élites. Y ahora su objetivo es alcanzar el poder político por fuera de los partidos tradicionales”.

Un guion seguido por varios candidatos de la derecha radical desde finales de los años ochenta: explotar la condición de “outsider” —cercano siempre al poder, nunca dentro de él— para encarnar el hartazgo ciudadano y presentarse como el único salvador del “abismo petrista” o, en su defecto, del “comunismo hispanoamericano”. Para moderar la imagen de provocador, presentó hace unas semanas al exviceministro de Hacienda José Manuel Restrepo como fórmula vicepresidencial: un rector universitario que pasó los últimos cuatro años refutando punto por punto las políticas económicas de Petro a través de confrontaciones directas en la red social X.

En el caso de la Espriella, sin embargo, resulta evidente que sus bases y su guía política son un calco del uribismo purasangre. Es decir, la del discurso militarista de mano dura y el énfasis en conceptos decimonónicos como la “patria” o la “familia” tradicional, que su amigo el expresidente Álvaro Uribe ha empuñado. Él mismo ha sintetizado su proyecto electoral como una amalgama entre la cruzada de Nayib Bukele contra la creciente inseguridad urbana y rural, con el mismo enfoque carcelario, y la motosierra burocrática del argentino Javier Milei, con la cual prevé cercenar en Colombia el número de ministerios existentes, de los 19 actuales, a una decena (y eliminar 70.000 puestos estatales).

De hecho, su cercanía con el uribismo se remonta a 2005. En aquellos días fungió como director y representante legal de la polémica Fundación Iniciativas por la Paz (FIPAZ), donde combinó funciones de promoción y divulgación del proceso de desmovilización de los ejércitos paramilitares, impulsado entonces por el Gobierno de Álvaro Uribe Vélez. La Corte Suprema ordenó más tarde a la Fiscalía investigar a de la Espriella por su rol en dicha ONG, descrita por excombatientes como el “brazo ideológico” de las sanguinarias Autodefensas Unidas de Colombia. Las indagaciones, sin embargo, se cerraron en 2012 por falta de pruebas.

En busca de voz propia

De la Espriella oficializó su candidatura el pasado 11 de diciembre en un mitin cargado de mesianismo político y fervor casi religioso. “Una parte de su auge se explica porque el uribismo, que dominó la derecha con el Partido Centro Democrático durante la última década, ha sufrido un desgaste evidente y aún no se recupera. En ese vacío de liderazgo emerge esta figura sin trayectoria política previa”, señala Yann Basset, analista político de la Universidad del Rosario.

Quienes admiran a De la Espriella lo hacen porque ha sabido transmitir una firmeza aún huérfana de proyecto político claro. Su idea central es “enfrentar y destripar” a la izquierda. La última encuesta de las firmas Guarumo y Ecoanalítica, publicada a finales de marzo, lo sitúa en el 20,2% de intención de voto, diez puntos por detrás de Cepeda y en empate técnico con la aspirante Paloma Valencia, que irrumpió con fuerza tras ganar las primarias de un grupo de formaciones de centro y centro derecha. Pero de momento ningún candidato parece capaz de alcanzar aún el 50% más uno de los votos válidos necesarios y lo más probable es que la decisión se dirima en segunda vuelta.

De acuerdo con Alejandro Chala, politólogo de la Universidad Nacional, la fuerza de De la Espriella reside precisamente en su indefinición. Su discurso carece de una línea ideológica nítida, pero esa ambigüedad ha resultado funcional: le ha permitido aglutinar una coalición heterogénea de votantes en busca de un proyecto ultraconservador. “Abelardo, más allá del carisma, es un significante vacío: un contenedor de diferentes tendencias cercanas a la derecha radical”, sostiene Chala. “Detrás suyo convergen reservistas y retirados del Ejército, sectores de las iglesias neopentecostales y evangélicas, algunas élites regionales y libertarios de la escuela austríaca, al estilo Milei.”

Para Yann Basset, el reto de la Espriella será encontrar un estilo propio: “La idea de la mano firme en seguridad, o del antiderroche en la esfera pública, no son nuevas y ya las utilizó el presidente Uribe a principios de este milenio. Además, el Estado en Colombia, a diferencia del caso argentino, si lo comparamos con Milei, no ha desempeñado tantas funciones ni ha representado un monstruo tan grande para la economía. Entonces una pregunta interesante es si será capaz de adaptar de alguna forma estas temáticas al contexto local”, asegura el académico francocolombiano.

Su intención de voto alcanzó un pico a finales de febrero, pero desde entonces ha oscilado entre el 16 y el 22%, con caídas y estancamientos que revelan los límites de su expansión electoral. Para el analista político Chala, el desgaste tiene una explicación estructural: “La pérdida de popularidad está relacionada con la fricción entre una amalgama de movimientos de derecha que, ante el ocaso de Álvaro Uribe, compiten por fijar los elementos de un nuevo sentido común en torno a la familia, la identidad y la religión. Hoy existe un fenómeno nuevo y alternativo al Centro Democrático.”

Aliado de Vox

De esta forma los analistas políticos esperan ver si el “Tigre” conseguirá revertir su inexperiencia política y sus problemas de imagen en puntos de fuerza. O si su prometedor arranque de campaña seguirá el camino de Rodolfo Hernández, el ingeniero presentado hace cuatro años como una suerte de Trump a la colombiana que, tras rozar la presidencia en la pugna electoral contra Gustavo Petro, terminó condenado por corrupción y murió en septiembre de 2024 a los 79 años.

Jorge Iván Cuervo recuerda, sin embargo, que la diferencia es que Hernández tenía rodaje previo en la arena política. Antes había sido alcalde, con una gestión aceptable, de una ciudad media: “Su imagen era la del empresario exitoso que generaba empleo. Pero primero se ganó el reconocimiento político en su región. El ascenso de la Espriella es distinto. Su marca se construye desde el éxito individual y la exhibición del lujo”.

Casado y padre de cuatro hijos, de la Espriella nació en Bogotá en 1978 durante un paseo de sus padres en la capital. Por ello, se ha encargado de subrayar que es un “costeño de racamandaca”: es decir, hijo de la costa Caribe hasta el tuétano. Un origen que también ha utilizado como bandera política de la inconclusa descentralización que impulsará. “Él representa una capa del electorado que ha logrado un ascenso social y no se ve reflejada en las élites bogotanas tradicionales. Es una Colombia desideologizada que ve en él a alguien que los representa, con sus trajes de marca, sus excentricidades o su faceta de cantante de boleros y tenor a la italiana con un disco propio”, afirma Cuervo.

Lejos de matizar sus posturas, en enero firmó con el líder de Vox, Santiago Abascal, la llamada Carta de Madrid, un documento que alinea su plataforma con las tesis “antizquierda”, a favor de la “libertad de empresa” y contra el “totalitarismo comunista” que la ultraderecha española ha enarbolado. “Un grande Santiago Abascal librando la batalla cultural, política y democrática para enfrentar al narcocomunismo que se impone desde el Foro de São Paulo y el Grupo de Puebla. Estamos juntos en esta lucha”, publicó días después ante sus 960.000 seguidores de Instagram.

Por ahora, De la Espriella mantiene una distancia estratégica con Paloma Valencia, del Centro Democrático —la formación que custodia el legado político de Álvaro Uribe Vélez—. Pero el expresidente y voz tutelar ya ha revelado sus cartas: si su candidata no llega al balotaje, la maquinaria se volcará hacia el “Tigre”. De la Espriella, por su parte, navega en su propio carril. Observa las alianzas que se tejen a su alrededor. Aguanta. Y deja que el tiempo trabaje a su favor mientras los ataques se acumulan y el duelo por la presidencia de Colombia apunta, inevitablemente, a resolverse en una segunda vuelta fijada para el 21 de junio.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, demandará por calumnia a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, luego de que este asegurara que durante una visita a la ciudad Manta en 2025, el mandatario colombiano se reunió con algunas personas supuestamente vinculadas con el narcotraficante José Adolfo Macías Villamar, Fito.

“He decidido demandar penalmente al presidente Noboa por su calumnia”, escribió Petro este domingo en la red social X al anunciar la acción judicial.

El señalamiento de Noboa, hecho en una entrevista con la revista colombiana Semana en la que no confirmó un encuentro directo de Petro con Fito, fue rechazado por el mandatario colombiano, quien negó cualquier relación y aseguró que su presencia en Ecuador en aquella ocasión obedeció únicamente a actividades oficiales.

En esa entrevista, Noboa afirmó que Petro “se reunió con miembros de la Revolución Ciudadana, y algunos de esos miembros tienen nexos con Fito”, en referencia al movimiento político ecuatoriano vinculado al expresidente Rafael Correa, actualmente en la oposición.

Petro respondió a esas declaraciones defendiendo su visita a Manta, a donde según explicó, viajó en mayo de 2025 luego de asistir en Quito a la segunda toma de posesión de Noboa, y aseguró que durante toda su estancia contó con la protección permanente del Ejército ecuatoriano, así como con su esquema de seguridad colombiano.

“El mismo Noboa dio la orden, como debe ser, para que el ejército ecuatoriano en todo momento día y noche, me cuidaran en Manta, a donde fui el día de su posesión a la que asistí y me trató con displicencia solo porque pedí la libertad del preso político Jorge Glas, ciudadano colombiano y exvicepresidente de la república del Ecuador”, agregó Petro.

Visita secreta

La visita de Petro a Manta no estaba en su agenda de viaje a Ecuador y se supo de ella por informaciones de prensa, tras las cuales surgieron versiones no confirmadas de que el mandatario supuestamente se había reunido en esa ciudad con Fito, el narcotraficante más peligroso de ese país, que fue capturado un mes después y extraditado a Estados Unidos.

Petro subrayó hoy que tanto sus escoltas como otros testigos pueden dar fe de sus actividades en ese viaje, y rechazó que su presencia en esa ciudad pueda ser interpretada como indicio de contactos irregulares.

Este episodio se suma a otros desencuentros entre los dos presidentes, reflejo del deterioro de la relación bilateral, que en los últimos meses ha escalado también al terreno comercial, con la imposición mutua de aranceles a productos de ambos países y la llamada a consultas de ambos embajadores.

Resignarse a que llegue la extrema derecha y arrase con las democracias no puede ser la única opción a la que estén condenados los progresistas de todo el mundo. Con esta idea como guía, una veintena de mandatarios internacionales encabezados por Pedro Sánchez y Lula Da Silva se han citado este fin de semana en Barcelona para poner las bases de una nueva alianza global contra la ola reaccionaria, en un momento en el que la posición del Gobierno español contra las guerras iniciadas por Donald Trump han encontrado eco, sobre todo en América Latina.

A lo largo de dos jornadas, en las que se han celebrado una cumbre bilateral España-Brasil, una reunión con representantes gubernamentales y un encuentro de organizaciones progresistas de todo el mundo, los líderes mundiales de izquierda y centro-izquierda han reactivado un polo que tiene voluntad de ser una oposición al mundo que dibuja Donald Trump y un contrapeso a lo que Sánchez ha definido en diferentes ocasiones como la “internacional del odio”.

“El tiempo de la internacional ultraderechista y la derecha lacaya ha llegado a su fin”, ha defendido Sánchez ante un plenario repleto este sábado. El jefe del Ejecutivo español ha asegurado que este evento es el punto de inflexión para una alianza progresista que, a partir de ahora, estará orgullosa de ser “pacifista, ecologista, sindicalista y feminista”.

Por su lado, Lula ha defendido un mundo basado en reglas y el papel del progresismo en la historia. “El proyecto neoliberal prometió prosperidad y entregó hambre desigualdad e inseguridad, creó crisis tras crisis”, ha criticado Lula, que ha reclamado al progresismo coherencia y hacer desde los gobiernos lo que promete antes de las elecciones.

“La extrema derecha ha sabido aprovechar el malestar de la población creando mentiras. Contra las mujeres, contra los negros, contra las personas LGTBIQ+”, ha criticado el jefe de Estado brasileño, que ha elogiado a Sánchez por “la valentía de no permitir que los aviones de guerra de EEUU salieran de aquí para bombardear Irán”.

Este sábado, ya ante la veintena de líderes que han compartido mesa en el recinto de la Fira de Barcelona, situado en L'Hospitalet de Llobregat, Sánchez ha profundizado en su llamamiento a cerrar el paso a los planes de la extrema derecha. “La democracia no puede darse por sentada. Vemos ataques al sistema multilateral, un intento tras otro de impugnar reglas del derecho internacional y una peligrosa normalización del uso de la fuerza”, ha asegurado Sánchez.

Multilateralismo, rechazo al genocidio en Gaza y a la guerra en Irán, legalidad internacional y reforma de los mecanismos de gobernanza mundial como la ONU son algunos de los ejes en los que todos los participantes de las cumbres han coincidido, más allá de los acentos que cada país ha querido ponerle.

Para todos ellos, la consigna se condensa en un llamamiento a la paz en medio de un mundo cada vez más convulso. Lula da Silva ha advertido de forma reiterada sobre los peligros de la conflictividad mundial, también Claudia Sheinbaum, que ha reclamado una declaración para evitar una incursión militar en Cuba tras las reiteradas amenazas de Trump a la isla.

Finalmente esa declaración en defensa de Cuba y del Derecho Internacional se ha emitido y ha contado con la firma de España, Brasil y México, países que también se han comprometido a “incrementar de manera coordinada” la respuesta humanitaria “dirigida a aliviar el sufrimiento del pueblo cubano”.

Por su parte, el sudafricano Ramaphosa ha reclamado una reforma de la ONU para evitar que las guerras sigan aflorando sin que haya mecanismos internacionales para detenerlas. Una demanda a la que también ha aludido Lula y otros líderes, mientras que España ha reiterado su apoyo a que la secretaría general de la organización internacional recaíga por primera vez en una mujer.

Si la primera jornada estuvo protagonizada por el alineamiento político que mostraron Sánchez y Lula, que propusieron a sus respectivos países como “motores” para acercar América y Europa, el segundo día reflejó la amplitud del llamamiento de los dos líderes. Entre los tres eventos han acabado participando hasta 18 mandatarios de máximo nivel, pero también decenas de ministros, presidentes de administraciones federales y locales, embajadores o líderes de partidos.

En la Fira estuvieron presentes los presidentes y primeros ministros de México, Colombia, Uruguay, Sudáfrica, Irlanda, Lituania, Albania, Cabo Verde o Barbados, así como vicepresidentes de Alemania, Reino Unido, Austria, Ghana o Botsuana. En las jornadas políticas han intervenido también algunos de los rostros habituales de oposición a Trump en su propio país, como el Gobernador de Minessota, que ha estado presente. “Os necesitamos, no perdáis la fe en el pueblo americano, condenad la monstruosidad que ocupa la Casa Blanca, presionad, denunciad”, ha dicho Tim Walz.

Mientras, la que fue candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, el senador Bernie Sanders y el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, han enviado un vídeo.

Por parte de los anfitriones acudió la mayor parte de los ministros socialistas del Gobierno, así como el president de la Generalitat Salvador Illa y algunos de sus consellers, y el alcalde de Barcelona.

No pasó inadvertida la presencia de la mexicana Sheinbaum, que con su asistencia certificó el deshielo en las relaciones de su país con España, de la que se había alejado tras la demanda de una disculpa oficial por la colonización. Tras varios años en los que esta petición no se había satisfecho, el rey Felipe VI aprovechó una visita a una exposición sobre México para reconocer que hubo “mucho abuso” en la conquista, palabras que desde el gobierno mexicano se entendieron como “un avance”.

Esperanza contra la “internacional ultraderechista”

Con 6.500 personas movilizadas y decenas de líderes, cargos y caras conocidas presentes, la reunión de Barcelona supone una inyección de optimismo para los movimientos socialdemócratas de izquierdas que iniciaron 2026 atónitos por la violencia desplegada por EEUU en Venezuela o Irán. Uno de los objetivos de las jornadas era dar la vuelta al sentimiento de inevitabilidad que se ha apoderado de buena parte de las bases progresistas tanto en Europa como en Latinoamérica y otros países.

En línea con eso, “esperanza” ha sido una de las palabras que los ponentes han repetido más. Una esperanza que debe servir para que los demócratas dejen de tener miedo al futuro. “Prevaleceremos, la democracia nos pertenece a todos, así dibujamos el futuro en común”, afirmó el sueco Stefan Löfven, presidente del Partido de los Socialistas Europeos. “El futuro no es propiedad de nadie y no será ni de los más fuertes ni de los soberbios”, remarcó el president catalán Salvador Illa.

Junto a esto, los temas económicos han protagonizado también buena parte de las intervenciones de los líderes. Una demanda reiterada es imponer un impuesto especial a los llamados “megaricos”. También una transición energética, que ha sido remarcada como urgente desde posiciones tan a priori alejadas como la vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Otro de los temas muy comentados es la necesidad de imponer reglas a los gigantes tecnológicos. Unas redes sociales donde la propaganda extremista campa a sus anchas, cuando no directamente controladas por magnates de ideologías ultras, es un campo de batalla sesgado.

No menos problemático es que buena parte de la infraestructura de los estados y las instituciones democráticas recaigan sobre empresas privadas e indiferentes, en el mejor de los casos, a la defensa de la democracia. En Brasil hay, además, preocupación por la arremetida de Trump contra Pix, el sistema de pagos instantáneos que ha independizado de facto a millones de brasileños de las tarjetas de crédito de compañías norteamericanas.

Sánchez consolida su apuesta internacional

Para el presidente del Gobierno estas jornadas suponen un importante espaldarazo y, también, un colofón a la intensa agenda internacional desplegada en los últimos meses, que llega después de su viaje oficial a China.

Sánchez ya llamó la atención del mundo progresista hace un año, cuando fue el único dirigente de la OTAN que se opuso abiertamente a los planes de Trump para aumentar al 5% del PIB la aportación a la alianza militar. Aquellas aguas bajaron y el presidente norteamericano pareció olvidarse de España, pero el líder del PSOE volvió a ser uno de los pocos primeros ministros europeos que, hace un mes, rechazaron de plano los ataques sobre Irán.

Aquella toma de posición de la Moncloa marcó una inflexión, pues fue el desencadenante de varios cambios en las reacciones de otros países europeos. Sánchez había demostrado que decir no a Trump no solo era posible, sino que podía tener rédito político y apoyos internacionales.

En unas jornadas que han reunido a lo más granado del progresismo mundial, Sánchez se ha mostrado dispuesto a reimpulsarse contra la extrema derecha que representa Vox en España, pero también contra la “derecha lacaya”, tal como ha tildado al PP. En este sentido, el anuncio del acuerdo de Gobierno de Extremadura entre PP y Vox anunciado precisamente el jueves, sirvió a Sánchez como ejemplo de contra qué luchan los progresistas reunidos en Barcelona.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha donado a la ciudad de Barcelona el último retrato artístico en vida de Gabriel García Márquez. Lo ha hecho coincidiendo con su estancia en la ciudad y después de visitar la Biblioteca Gabriel García Márquez junto al alcalde Jaume Collboni.

Al descubrir la obra, Petro ha afirmado que Barcelona “ha sido y es revolucionaria”. Con la donación de la obra, han indicado desde el gobierno colombiano, Colombia proyecta su “memoria, su arte y su identidad más allá de sus fronteras” y fortalece los lazos con la capital catalana. Así, se quiere “honrar” la vida y obra de uno de los escritores más influyentes y queridos de la literatura universal.

Collboni ha agradecido la donación y ha afirmado que la ciudad tiene “muy presente” al emblemático escritor. También ha explicado que la biblioteca se encuentra en un barrio “muy popular” y ha puesto en valor la arquitectura del espacio.

Petro ha asegurado también que las palabras son superiores a las armas. “El mundo de hoy olvida que si las palabras se unen con las multitudes son más poderosas que las armas y el dinero”, ha señalado.

En el encuentro también ha estado presente el músico Joan Manuel Serrat. Petro ha afirmado que Serrat todavía le hace llorar con una canción, que es ‘Elegía’, de Miguel Hernández, “poeta que luchó por una España diferente”.

Donación del retrato de Gabo

El retrato donado —y transportado en el avión presidencial— muestra a García Márquez, Gabo, sonriendo con un ramo de rosas amarillas, que contrastan con el blanco y negro del resto de la imagen. La fotografía es obra del autor Mauricio Vélez y fue tomada en el año 2013. García Márquez murió precisamente un 17 de abril del año 2014, ahora hace doce años.

Además del retrato, Petro también ha firmado el libro de visitas correspondiente, donde ha escrito que Barcelona “es mágica como Colombia” y es capaz “de inventar”: “En la invención siempre habrá revoluciones”. El escrito concluye que Colombia y Barcelona viven entre una realidad que “a veces es terrible y fea, pero también viven en el sueño”. Además, el presidente colombiano ha firmado también el libro ‘Una vida, muchas vidas’, biografía de sí mismo. En la dedicatoria ha escrito: “Con amor para Barcelona, patria obrera y de poetas”.

Biblioteca cerrada

El encuentro entre Petro y Collboni ha provocado el cierre de la Biblioteca Gabriel García Márquez durante varias horas, desde las 11:45 h hasta las 16 h. De hecho, inicialmente estaba previsto que ambos dirigieran unas palabras a las 13:30, pero el encuentro comenzó con mucho retraso.

Collboni ha llegado a la biblioteca hacia las 14:15 y Petro poco después. No fue hasta pasadas las 15 h cuando se permitió a los medios entrar al espacio y, posteriormente, se mostró el obsequio del retrato de Gabo.

El presidente colombiano, Gustavo Petro, se ha mostrado muy crítico con el papel de las Naciones Unidas en el panorama de conflictos actuales y considera que es un actor “impotente” ante estados como Estados Unidos o Israel, que “imponen sus condiciones”. Petro considera que los Estados Nación ya no son figuras tan relevantes en el juego político porque “son cada vez menos autónomos para gestionar su población”. Ahora, ante “genocidios y conflictos de altura”, ha lamentado que haya presidentes latinoamericanos que sean “cortesanos ante un nuevo rey que es Estados Unidos imponiendo sus condiciones”.

En cambio, él apuesta, dice, por “mirarnos de tú a tú” y ha recordado la reunión que tuvo en el Despacho Oval con el presidente Trump. Asegura que el mandatario estadounidense “vive rodeado de burbujas formadas por quienes le acompañan, con agendas diferentes y que compiten entre ellas”. Insinuando que Trump se encuentra altamente influenciado “por Netanyahu y por personas cercanas como Marco Rubio”, apunta que esas burbujas “se desinflan” cuando el presidente “tiene la oportunidad de hablar con otro ser humano”, tal como ha apuntado en una entrevista concedida a RTVE y la Agencia EFE, en el marco de las jornadas Movilización Global Progresista, en Barcelona.

En esa reunión, explica, tuvo la oportunidad de hablar con Trump y proponerle “un gran pacto por la vida”. A pesar de que considera al líder estadounidense “alguien de derechas, con una vida aria y una idea capitalista, sentí que congeniábamos y que aceptaba”. Ahora bien, Petro mismo ha reconocido que esa sensación duró poco. “A las pocas horas tiraba las bombas sobre Irán”.

El presidente colombiano ha tenido palabras muy duras para el presidente norteamericano a quien acusa de haber desestabilizado el mundo y creado “un bloque destructivo para la humanidad” siempre, insiste, “jalonado por Netanyahu, que tiene amigos más poderosos que el propio Trump”.

Gustavo Petro ha repasado el tablero internacional y, tomando los conflictos iniciados por Estados Unidos en Oriente Medio y Venezuela, ha puesto el foco en el petróleo: “atrae a los misiles y a la muerte”. Concretamente, ha apuntado que este bien ha sido “la maldición” de Latinoamérica y el Caribe. “Si tienes petróleo, la soberanía creada por la espada de Bolívar, desaparece. Sin petróleo, Venezuela volverá a la libertad”, ha asegurado.

Sobre el país latinoamericano, Petro identifica tres vías para solucionar la actual solución: la primera es dejar que Nicolás Maduro, sobre quien asegura que la acusación de narcotraficante es “injusta”, tenga un juicio libre en Venezuela o en alguna corte internacional. La segunda es “devolver el poder al pueblo”. Y eso no pasa por celebrar elecciones libres inmediatamente, lo cual consideraría un “error”, sino crear un “cogobierno” del chavismo con la oposición durante dos años para dar tiempo a los venezolanos a que creen “una alternativa”.

Y la tercera es, para Petro, una condición indispensable: que esas alternativas se desliguen del petróleo. “Entre el petróleo que tiene Venezuela y el carbón que tenemos en Colombia, podemos matar a toda la humanidad si decidiéramos mandarlo al aire”, asegura. Ha apuntado que tiene pensado verse con Delcy Rodríguez, aunque todavía no tienen una cita concertada (“Si Mahoma no va a la montaña, la montaña irá a Mahoma”), para pactar una salida conjunta entre ambos países a la dependencia del crudo.

Gustavo Petro apuesta por apartar el petróleo de los gobiernos ya que, considera, “los estertores del petróleo, pueden ser los estertores del capital”, ha dicho en referencia a un momento en el que el mundo ya está sufriendo las carencias de este bien a raíz del bloqueo del estrecho de Ormuz. “La humanidad tiene que ecoger entre vivir o codiciar. Si queremos una sociedad en que nuestros hijos puedan ser y ser más felices que tú, debes escapar del camino dominante”, ha remachado.

Por ello, el presidente apuesta por una “redefinición del mundo” que no deberían pasar por las decisiones de los Estados ni de los partidos políticos, sino por “una demanda de libertad de los pueblos que vaya hacia una democracia global”. En ese sentido, ha tomado de ejemplo Latinoamérica, de la que presume por haber “parado al fascismo”. En cambio, ha mirado con preocupación hacia Europa, donde asegura que “Hitler sigue vivo” a través del “odio racial al extranjero”.

La entrevista ha dedicado su parte final a evaluar el propio mandato de Petro en Colombia, que está a punto de terminar. El presidente no opta a la reelección y abandonará el cargo habiendo dejado una gran promesa sin cumplir: culminar el proceso de paz. “No es un fracaso personal, es un fracaso nacional”, ha asegurado. Preguntado por qué ha hecho mal en estos años en el poder, Petro ha contestado que su principal error ha sido “nombrar a gente que no sirve”. “Fue una gran tontería que me ha costado mucho confiar en un gobierno plural en el que incorporé a gente de centro que, en realidad, estaba a la derecha de Uribe”.

Ahora bien, de lo que sí ha sacado pecho es de haber empezado a cambiar la manera en cómo Colombia se presenta ante el mundo y, en especial, ante los mercados. Uno de sus grandes legados, dice, será haber impulsado otros comercios para que la economía de su país no dependa sólo del crudo y, también, de la cocaína. “Había pocas soluciones. O impulsamos el cacao o hacemos que los europeos dejen de consumir cocaína. O eso, o hacemos que se legalice”, ha dicho.

La entrevista a Gustavo Petro se ha dado en el marco de la Movilización Global Progresista, unas jornadas políticas celebradas en Barcelona que coinciden con dos cumbres más: la primera bilateral España-Brasil y la cuarta edición de la cumbre para la Defensa de la Democracia. Entre los tres actos, el presidente Pedro Sánchez se dará cita con una decena de mandatarios de izquierdas de primer nivel. Más allá del líder colombiano, también se encontrará con el brasileño Lula Da Silva, la mexicana Claudia Sheinbaum, el portugués António Costa, el sudafricano Cyril Ramaphosa, el uruguayo Yamandú Orsi, la irlandesa Catherine Connolly o el albanés Edi Rama, entro otros muchos.

Colombia vivió este domingo unas elecciones legislativas con evidentes signos de tensión política. Los sondeos no erraron: el izquierdista Pacto Histórico se impuso en las urnas y retuvo el mayor número de escaños en el Senado, con cinco más que en la legislatura anterior: obtuvo cerca de 4,4 millones de votos (22,82% de los sufragios). Pero el dato novedoso de la jornada fue el resurgir del uribista Centro Democrático, partido hundido al cuarto lugar en 2022 tras perder casi la mitad de sus escaños. Hoy está de vuelta como segunda formación del país al sumar cerca de 3 millones de votos y el 15,63% en la cámara alta. Lo anterior se traduce en 17 senadores, cuatro más que en 2022.

Casi 42 millones de ciudadanos estaban convocados a renovar un Congreso bicameral de 285 escaños: 103 en el Senado y 182 en la Cámara de Representantes. A las 20.30 locales (2.30 en la España peninsular), el oficialista Pacto Histórico ya despejaba el panorama. Los datos parciales dibujaban un crecimiento del progresismo de Gustavo Petro, con proyecciones de hasta 25 escaños en el Senado desde los 20 actuales. Al mismo tiempo, el Centro Democrático, fundado por el expresidente Álvaro Uribe, se disparaba de 13 a 17 senadores.

El Pacto Histórico y el Centro Democrático son los grandes ganadores de la jornada. La tendencia en Colombia era que la bancada que apoyaba al gobierno saliente solía retroceder en las legislativas. Esta vez no ha sido el caso. El oficialismo ha logrado incluso progresar

Yann Basset — Universidad del Rosario

En la Cámara de Representantes, por su parte, la misma formación de derechas protagonizó un primer golpe de efecto: de deambular como cuarta fuerza durante la pasada legislatura se erigió en el segundo partido más votado, con más de 2,2 millones de sufragios. La izquierda, entre tanto, mantuvo el pulso y se plantó como el bloque más fuerte, con 37 representantes. “El Pacto Histórico y el Centro Democrático son los grandes ganadores de la jornada”, apostilla Yann Basset, politólogo de la Universidad del Rosario. Y añade un matiz: “La tendencia en Colombia era que la bancada que apoyaba al gobierno saliente solía retroceder en las legislativas. Esta vez no ha sido el caso. El oficialismo ha logrado incluso progresar”.

Los primeros análisis advierten, en todo caso, que el próximo gobierno deberá maniobrar con habilidad para construir una mayoría parlamentaria en el Congreso que se estrene el próximo 20 de julio. “Sigue siendo un parlamento dividido. El Pacto Histórico y el Centro Democrático juntos no representan la mitad de los escaños, lo que demuestra que Colombia no es un país polarizado entre dos fuerzas”, precisa Basset. A ello se suma un factor estructural que la politóloga Elisabeth Ungar pone sobre la mesa: en Colombia, donde rige un sistema presidencialista, la obligación de votar en bancada se incumple con frecuencia. La estrategia de cada escaño, en definitiva, es una incógnita.

Mirada a las presidenciales

A la legislativa se sumó, este mismo domingo, otra batalla con la vista puesta en el 31 de mayo: tres consultas interpartidistas que, a modo de primarias, definieron candidatos presidenciales en cada bloque ideológico. Los ganadores fueron la congresista Paloma Valencia por la derecha, el veterano Roy Barreras por una escisión de la izquierda y la exalcaldesa de Bogotá Claudia López por el centro.

Pero uno de los nombres de la noche fue el de Valencia. La senadora uribista arrasó en la Gran Consulta por Colombia —una coalición de partidos conservadores y de centroderecha— con más de tres millones de votos, superó a sus nueve rivales y cerró la jornada como una de las dos candidatas opositoras más fuertes junto al abogado ultra Abelardo de la Espriella –segundo en la mayoría de sondeos–. En su discurso de victoria rindió tributo a su mentor y guía político, Álvaro Uribe, antes de proclamar su intención de impulsar una economía más justa y reducir el tamaño del Estado.

El mismo Uribe había hecho campaña para llegar por quinta vez al Congreso. El domingo, sin embargo, le deparó un contundente golpe simbólico: el expresidente cosechó su primera derrota electoral en toda su vida política. Su estrategia de situarse en el puesto 25 dentro de una lista cerrada falló. Los 17 senadores que obtuvo el Centro Democrático fueron insuficientes y el fundador e ideólogo de la derecha colombiana se quedó fuera del hemiciclo a sus 73 años.

De momento solo hay una certeza. A partir de este lunes todos los esfuerzos electorales apuntan a una sola pregunta: ¿quién frenará al izquierdista Iván Cepeda?, candidato del Pacto Histórico y líder destacado en los sondeos. Desde el céntrico Hotel Tequendama de Bogotá, Cepeda no ocultó su euforia. “Somos la principal fuerza política de Colombia, la que cuenta con la bancada más numerosa en el Senado y Cámara”, proclamó, antes de lanzar un mensaje que sonó a golpe sobre la mesa: “El 31 de mayo ganaremos la Presidencia en primera vuelta”.

Ya con las urnas cerradas, el registrador nacional Hernán Penagos quiso dejar un mensaje de tranquilidad, pese al ruidoso choque con el presidente Petro, quien durante días había denunciado un posible fraude en el software de escrutinio sin presentar pruebas concretas. La Registraduría, de hecho, tuvo que repeler una ofensiva digital de hasta 300 millones de solicitudes simultáneas que buscaron colapsar el sistema. También 30 intentos de suplantación de la página oficial. Por todo ello el responsable del censo electoral le ofreció al primer mandatario, en tono retador, acceso a todas las actas para que verificara el proceso por sí mismo. Y cerró con un parte de victoria: “En Colombia hoy triunfó la democracia”.

El polifacético Hernando Gómez Buendía —abogado, filósofo, sociólogo y economista— cumplió 80 años en febrero. Su análisis afilado lo impulsó a publicar Colombia después de Petro (Planeta), un estudio político del “Gobierno del cambio”. Admite que la investigación lo convirtió, a marchas forzadas, en un experto en el presidente Gustavo Petro o, como describe él irónicamente, en “un petrólogo consumido, más que consumado”.

El entrevistado sonríe afable en el salón de su casa, al oeste de Bogotá, y declara que tras el primer cuatrienio de un gobierno de corte progresista en dos siglos de vida republicana, “el orden conservador —que aún domina los medios, la gran empresa, las relaciones con Washington y los gremios— no ha descifrado a Petro. Ni tampoco hallado una propuesta alternativa para un país que la necesita, sin duda”.

Colombia elige este domingo a los nuevos integrantes del Senado y de la Cámara de Representantes, antesala de las elecciones presidenciales del 31 de mayo, a las que llegan como favoritos, según las encuestas, el senador de izquierdas Iván Cepeda, del partido de Petro, y el abogado ultra Abelardo de la Espriella. Una victoria del candidato avalado por el presidente respondería principalmente, según el experto, al avance “inusitado” en la representación de las clases desfavorecidas: “ese país que había permanecido sumergido” durante el largo dominio de formaciones tradicionales de derecha.

¿Cómo explica su tesis de que Petro ganó hace cuatro años la presidencia, pero no el poder?

Es un punto fundamental que repite la misma izquierda en Colombia. Para empezar, la tarea principal del presidente en nuestro país es tratar de manejar el Congreso y a pesar de que el Pacto Histórico de Gustavo Petro logró una bancada de izquierdas sin precedentes, no pudo sostener las alianzas para llevar a cabo su proyecto de cambio. Los sectores conservadores se dedicaron durante cuatro años a domesticar la gran mayoría de iniciativas y reformas sociales del oficialismo. Jugaron al desgaste, pero no quisieron comprender por qué se había dado esa ruptura histórica.

¿Cuál es, entonces, el mayor logro del Gobierno?

Hizo mucho más de lo que la oposición cree. Habiendo encontrado, además, una pésima situación económica. Pero para decirlo con claridad: el principal avance de Petro es simbólico. Y fue canalizar la voz de una ciudadanía que ha sido etiquetada como los “nadies”. Los de abajo. Cambió la conversación nacional y puso sobre la mesa problemas medulares como la pobreza, la desigualdad, los líos ambientales o territoriales.

Todo eso lo captó en su discurso y, lejos de la temida revolución comunista o castrochavista, impulsó un primer intento de agenda diferente de la que habían planteado sus antecesores. Llena de contradicciones, con una evidente incapacidad para ejecutar su programa de gobierno. Bajo el supuesto de que es el gran representante del pueblo, desarrolló una narrativa que emociona, pero que a menudo sacrifica la verdad por argumentos morales como la exclusión o la dignidad.

¿Podría profundizar en esa idea?

Por ejemplo: desde su campaña a la presidencia anunció la necesidad de un acuerdo nacional para bajarle la tensión al nivel de polarización. Con un pequeño detalle que no se ha entendido aún: Petro se refiere a un diálogo con el pueblo, como si fuera uno e indivisible. No le interesan los tecnócratas, ni los expresidentes como interlocutores. En un país cuyos dirigentes han hablado siempre desde arriba, él elige hacerlo desde abajo. Por eso divide e incómoda, porque sigue actuando como un opositor desde el poder. Repite cada vez que puede que se siente mejor entre los pobres.

Petro confundió sus creencias sobre la violencia organizada con la realidad. Redujo la presión militar y como consecuencia se expandieron los grupos armados, el miedo y los cultivos de coca

¿Y cuál ha sido su mayor fracaso?

La política de “paz total” es una equivocación absoluta. Es su gran fracaso y quizás el que más daño le hizo a Colombia porque impidió completar un proceso que nos había costado 20 años para reducir la violencia, desmovilizar a guerrilleros y paramilitares. Petro quiso romper el patrón de las políticas de seguridad de mano dura y negociar con los criminales en vez de reprimir, dignificar a los campesinos cocaleros, reformar el enfoque con un ministro de Defensa abanderado de los derechos humanos. Pero se equivocó en el diagnóstico. Confundió sus creencias sobre la violencia organizada con la realidad. Redujo la presión militar y como consecuencia se expandieron los grupos armados, el miedo y los cultivos de coca.

Pero respetó los cuatro límites del poder que usted identifica como líneas rojas para no caer en una dictadura como la venezolana o la cubana.

Sí. Y aunque en algunos casos los empujó hasta donde pudo, nadie puede decir que Petro no haya respetado la separación de poderes, o que haya utilizado la fuerza para quedarse más tiempo en el poder. Además, no tiene el control del Ejército, que ha sido adiestrado en la lucha contrainsurgente. Es de derecha. En Colombia el único peligro de golpe militar habría sido contra él. Por otra parte, su manejo macroeconómico también mantuvo el equilibrio dentro de los límites de nuestra realidad. Donde quizás hubo más desafíos fue en la relación con Estados Unidos, un factor con el cual conviene no estrellarse porque Colombia no podría vivir jamás bajo un bloqueo norteamericano.

En su libro menciona que el país está atrapado en la cárcel de las ideologías.

Para empezar Petro, como todos, es prisionero de su pasado. Basta ver sus discursos. Insiste en que el Estado está cooptado por unas élites egoístas que bloquearon el cambio. Tiene, sin duda, elementos populistas, pero sobre todo dogmáticos. Descree de los expertos, de la ciencia, del mercado, porque supuestamente están todos al servicio del neoliberalismo. Al mismo tiempo simplifica la historia con un cuento que separa entre culpables del norte y víctimas pasivas del sur.

Por otra parte, la derecha sigue, a grandes rasgos, con la idea de que este Gobierno es un paréntesis desorganizado, lleno de caos y corrupción que les va a quitar el manejo de los negocios. Pero en cuatro años no quisieron enterarse ni romper sus propios sesgos. No pasaron del fastidio o del desconcierto y aún no entienden que el discurso del presidente se legitima en las urgencias de unas mayorías que pasan hambre o viven en medio de unas injusticias terribles, y eso es innegable.

¿Eso explica que Iván Cepeda, candidato de la izquierda, siga liderando la mayoría de las encuestas para las presidenciales? 

Claro. Los niveles de aprobación de Petro, y el hecho de que Cepeda sea una opción con tanta fuerza, no se explican con la idea trivial, convencional, de que todo ha sido un fracaso. Para muchos es difícil verlo, pero si uno habla con una persona que se gana la vida limpiando parabrisas en un semáforo, con los campesinos despojados de sus tierras o los indígenas arrinconados en regiones olvidadas se encuentra que, quizás, la vida no les cambió mucho en los últimos cuatro años, pero sí hubo un avance inusitado en la representación de ese país que había permanecido sumergido. Solo así se puede empezar a comprender de dónde diablos sale el 30 o 35% de apoyo a Cepeda. 

El orden conservador en Colombia aún es muy fuerte y ensayar grandes cambios es muy difícil. La reacción de la derecha también puede ser muy dura

¿Por qué responsabiliza a los medios colombianos de la baja calidad del debate?

Las redacciones de los periódicos, la televisión y la radio se dedicaron a aturdir a la opinión pública, más que a analizar. Otra vez volvemos al problema con las ideologías, que aciertan con nitidez en lo que ven y se equivocan en lo que dejan de ver. Los medios, en manos de los grandes empresarios tradicionales, se dedicaron a subrayar los retrasos del presidente, la improvisación en sus discursos, sus trinos impertinentes de madrugada [sus tuits en la red X]. En general, se quedaron en la superficie y magnificaron asuntos que no eran de fondo. Fueron incapaces de mantener una conversación bien argumentada y mientras enfatizaban las viejas verdades e intereses de sus dueños, ignoraban otras realidades que les son inconvenientes. Por eso la democracia perdió calidad y Petro aprovechó para denunciar la “dictadura de los medios”.

¿Un segundo gobierno de izquierdas rompería de verdad con la estructura política del orden conservador que ha regido durante dos siglos?

Esa es una pregunta abierta y la incertidumbre es muy grande todavía. Pero claro, ocho años empujando los límites de los que hablé… Retando a Trump, con un déficit fiscal delicado y creciente… Sin embargo, el orden conservador en Colombia aún es muy fuerte y ensayar grandes cambios es muy difícil. La reacción de la derecha también puede ser muy dura. En concreto: pienso que el panorama es muy confuso porque ninguna de las propuestas de los candidatos es aterrizada. Ninguna aborda el principal problema que es la falta de generación masiva de empleos productivos. Y sospecho que la peor tragedia que nos puede pasar es insistir en un país que está en una crisis más delicada de lo que imagina la clase dirigente.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto a tocar un nervio sensible en la realidad de un país poco habituado, hasta ahora, a los cambios drásticos en el manejo de su política macroeconómica. Petro anunció en diciembre por decreto un alza del 23,78% del salario mínimo oficial, la subida más alta en este siglo. Los gremios y grandes industriales pusieron el grito en el cielo. Y los centros de pensamiento advirtieron de los potenciales efectos en el costo de vida. A cinco meses y medio del fin de su Gobierno, sin embargo, el primer mandatario de izquierdas se mantuvo firme y subrayó en múltiples declaraciones que se trata, en realidad, de un avance histórico en equidad social.

La nueva tabla salarial supone, quizás, uno de los últimos pulsos del Gobierno en un país polarizado. El Consejo de Estado, una de las máximas instancias judiciales, suspendió el pasado 12 de febrero de forma provisional el decreto del salario mínimo de Petro por falta de base económica y jurídica clara. El presidente ha utilizado la decisión judicial para convocar protestas masivas el 19 de febrero en las plazas del país. 

“Ni un peso atrás”, arengó el presidente a los manifestantes que llenaron la Plaza de Bolívar en Bogotá, el corazón político del país. Acto seguido, el mandatario anunció que había firmado un nuevo decreto respaldado esta vez en los estudios técnicos ordenados por el tribunal y manteniendo el incremento inicial.

La oposición ha leído en su maniobra un nítido contraataque electoral. Una táctica para unir a sus bases de cara a las legislativas del 8 de marzo. Y, en especial, la primera vuelta de las presidenciales del 31 de mayo. “Es salario vital si alcanza para llevar la canasta mínima vital al hogar del trabajador promedio, calculada en 2.155.000 mensuales (unos 470 euros) según los estudios técnicos que consideran una canasta familiar básica de 3 millones (unos 650 euros) para cuatro personas”, enfatizó el líder progresista.

En las semanas previas había subrayado que su decisión forma parte de un “pacto social de la vida y la paz” frente al “gran capital”. La dura pelea que esconde el alza del 23,78%, sin embargo, encierra más de un punto ciego dentro de un frágil mercado laboral: “El nivel del aumento es atípico, incluso en un plano regional porque es de 4,5 veces el promedio de inflación esperada para 2026 que se ubica en el 6%”, explica el doctor en Economía por la Universidad del Rosario Andrés García. 

En la mesa tripartita que pacta el ajuste todos los años, los sindicatos habían propuesto un aumento del 16% mientras que los empresarios plantearon un 7,21%. No hubo acuerdo. Y el Gobierno se ha escudado en un estudio con recomendaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) para avanzar hacia un “salario mínimo vital” que cubra una serie de gastos básicos de alimentación, vivienda, servicios públicos, educación y salud.

El problema es que en Colombia solo el 10,12% del total de ocupados (alrededor de 2,4 millones de personas) gana un salario mínimo. Y el dato más alarmante es que el 48,9% —casi la mitad de la fuerza laboral— percibe ingresos inferiores. A saber: 11,3 millones de ciudadanos atrapados en el círculo vicioso del empleo informal, o “rebusque”, como se conoce en el país. 

Esta población, desprotegida y sin seguro de paro, plantea los mayores interrogantes de fondo: “La cifra actual de desempleo es muy buena para Colombia y, sin embargo, dobla el promedio de América Latina. La gran pregunta es cómo podríamos incluir a los trabajadores informales en el contrato social. Las normas de la OIT no aplican para ellos y tienen menos derechos laborales. No aportan, además, al sistema de salud y pensiones”, detalla el director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana Mauricio Salazar.

La tasa de desocupación cerró 2025 en un histórico 8,9%. El indicador más bajo en dos décadas. Pero la aguja de la mencionada informalidad apenas se ha movido. El mercado laboral patina desde hace décadas en un terreno desventajoso, sumergido y minado de carencias. El economista Hernando Gómez Buendía concluye en su libro Colombia después de Petro que ni el modelo económico conservador predominante en las últimas décadas ni las modificaciones del actual Gobierno de izquierdas han logrado impulsar una economía con empleos productivos y de calidad en forma masiva.

Un problema estructural

Se trata de un debate que despierta intensas polémicas. De todas formas, y pese al descontento inicial, esta semana los empresarios firmaron el nuevo decreto. Para ellos lo más sensato es mantener el alza inalterada. Una de las razones es que en Colombia el precio de los arriendos, de los programas de vivienda pública, los aportes a la seguridad social o el transporte, entre otros, se ajusta cada año al ritmo del salario mínimo. Y con febrero ya avanzado, muchos consideran que volver a reacomodar sus proyecciones solo generaría más desorden y desconfianza en el mercado.

Ahora el Consejo de Estado tendrá que resolver si el Gobierno corrigió las deficiencias del decreto anterior. Para formarse una idea, el sueldo base en Colombia está, con el incremento del 23,7%, en algo más de 2 millones de pesos (unos 450 euros), con un auxilio de transporte incluido. La Administración de Gustavo Petro lo ha justificado en un cálculo que prevé que una familia de tres a cuatro personas necesita 1,8 millones de ingresos básicos para cubrir sus costos esenciales. 

Por eso, otro de los temas que ha irrumpido en el debate es cuál sería la remuneración vital que garantizaría una vida digna en el país sudamericano. Una pregunta que los técnicos del Ministerio de Hacienda habían tasado siempre con fórmulas y modelos que se apoyaban en la productividad, el crecimiento y la inflación. Pero Gustavo Petro ha dudado dos veces. Y ha privilegiado un estudio sobre el terreno ¿Los montos que venían funcionando alcanzaban de veras para cubrir la cantidad de calorías diarias necesarias? ¿O pagar la factura de los servicios?. “O, sí, por el contrario, podría reproducir condiciones de esclavismo en la medida que las personas trabajan por una remuneración muy baja. Es una preocupación política y económica legítima”, reflexiona Mauricio Salazar.

No es menos cierto que el grueso de los economistas en Colombia asumen como verdad casi incontestable que un alza tan pronunciada tendrá un efecto negativo sobre el empleo. O la inflación, que repuntó en febrero al 5,31% y se aleja de la meta fijada por el Banco de la República en 3%. 

Juliana Morad, especialista en derecho laboral, destaca: “Hay críticas porque el salario mínimo, que antes representaba un 40 o 50% del salario medio, ahora se acerca al 70 u 80%. Es decir, quedan muy próximos y puede empezar a funcionar como un tope”. Y Andrés García añade: “Es una política que podría ser restrictiva porque va dirigida a un grupo muy pequeño de trabajadores formales en una economía bastante sumergida”.

Lo único claro hoy es que el terreno y la hondura del debate han cambiado. La economista Marta Juanita Villaveces, ex viceministra técnica del Ministerio de Hacienda en este Gobierno, abre más preguntas. A su juicio, un incremento importante es, en principio, una señal positiva para los trabajadores. Sin embargo, advierte que Gustavo Petro deja por fuera matices importantes: “Solo mira un pedacito de Colombia, un país tremendamente diverso con mercados laborales distintos entre ciudades, campo y regiones. No es lo mismo hablar de un trabajador urbano que de uno rural: por eso la carga de la medida afecta de manera distinta”.

Esa es una de las razones por las cuales el empresariado ha lanzado una voz de alerta. El 98% del tejido productivo colombiano está formado por micro y pequeñas empresas de una a tres personas. Un enjambre de papelerías de barrio, puestos de comida callejera, talleres mecánicos o peluquerías. En ese orden de ideas, Villaveces recuerda que no son los “ricos” a los que el discurso presidencial suele señalar quienes tendrán que sortear el alza, sino los supervivientes de una economía fracturada. Por eso, advierte que las soluciones actuales son solo un “parche” para un sistema que deambula desde hace medio siglo sin reformas estructurales. Y lastrado por la informalidad crónica.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, retiró del servicio al general de la Policía Edwin Masleider Urrego, a quien acusó de haber intentado poner “sustancias psicoactivas” en uno de sus vehículos oficiales, con el supuesto objetivo de sabotear la reunión que sostuvo en Washington con el presidente estadounidense, Donald Trump.

Durante un consejo de ministros celebrado en Montería, capital del departamento de Córdoba, Petro denunció ayer un supuesto complot en su contra y aseguró que antes de su reunión en la Casa Blanca el pasado 3 de febrero, ordenó retirar del servicio a un general de la Policía, aunque no mencionó su nombre.

Según el jefe de Estado, “alguien le dio la orden” a ese oficial de ponerle “sustancias psicoactivas” en uno de los vehículos oficiales con el objetivo de “evitar” el encuentro en Washington.

El retiro se formalizó este miércoles mediante un decreto firmado por el mandatario en el que dispuso la salida del general Urrego mediante “llamamiento a calificar servicios”, una figura discrecional contemplada en la ley colombiana que permite el retiro de oficiales sin pérdida del grado y con derecho a pensión.

La supuesta maniobra contra Petro está relacionada además con un allanamiento a la casa en Barranquilla del ministro del Interior, Armando Benedetti, en noviembre de 2025, por orden de la Corte Suprema de Justicia, cuando Urrego era comandante de la Policía Metropolitana de esa ciudad.

Benedetti dijo hoy que el oficial no fue destituido por el allanamiento a su casa, como supuestamente ha dicho Urrego a la prensa, sino “porque hay un informe de inteligencia” que vincula a Urrego con una jugada sucia contra el presidente.

“Enfóquese en responder los señalamientos del presidente y no me coja a mí de escudo para defenderse de ese hecho [...] y de su paso por la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (Dijin) y por la Policía Fiscal y Aduanera (Polfa)”, agregó Benedetti.

El ministro, que llamó “cobarde” a Urrego, dijo que el oficial destituido “tomó partido para delinquir” pese a que “su cargo le prohíbe deliberar en política”.

Urrego aseguró en declaraciones a medios locales que no había recibido ninguna notificación formal sobre investigación alguna en su contra.

“Soy completamente inocente”, dijo, y aseguró que está dispuesto a someterse “a cualquier prueba técnica”, como la del polígrafo, para demostrar su integridad.

Urrego también negó haber tenido acceso al vehículo presidencial y sostuvo que la seguridad del jefe de Estado está a cargo de funcionarios de Presidencia bajo protocolos estrictos.

“Lo que ha dicho el señor presidente tiene una trascendencia penal. Yo tendría que aclarar esa situación y llegar hasta las últimas instancias”, respondió el oficial al ser preguntado sobre posibles acciones legales para defenderse.

La parálisis de la mayor obra ambiental en Colombia tiene por protagonistas a la constructora española Sacyr y al Gobierno del izquierdista Gustavo Petro. La construcción del Canal del Dique —adjudicada por concurso público en noviembre de 2022— se halla estancada en una fase “preoperativa”. Mientras tanto, las poblaciones ribereñas del norte del país siguen sujetas al capricho e intensidad de las frecuentes lluvias y sus estragos. El proyecto, tasado en 690 millones de euros, resulta vital para contener el desborde de las aguas; o mejorar su calidad en este brazo artificial que conecta al mar Caribe, en la bahía de Cartagena de Indias, con el río Magdalena, quizás el más importante del país

El Gobierno de Petro y las autoridades ambientales y de infraestructura han mostrado algo de resistencia al plan social y ecológico de la constructora española. Y aun así, en Colombia no ha dejado de causar sorpresa el recorte unilateral por casi 150 millones de euros (al tipo de cambio actual) anunciado hace unos días por el Ministerio de Hacienda al presupuesto de la obra en 2025. Con esta medida, el Ejecutivo deja un agujero financiero del 83,61% a lo pactado para el año pasado. Su avance entra una vez más en una zona gris.

Las razones expuestas por Hacienda responden a la frágil situación fiscal del Estado colombiano, agobiado por el pago de intereses de su alta deuda soberana, el creciente gasto público y la aún modesta recaudación fiscal. Esos son, al parecer, los resortes tras el tijeretazo. Sacyr ha informado, a través de una portavoz, que la empresa española no dará declaraciones porque el único “autorizado” es la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI). Con ello evidencia el tira y afloja habitual entre la operadora española y un puñado de despachos oficiales encargados de la inspección y supervisión de una megaobra que acumula tensiones y retrasos.

La ANI, agencia oficial adscrita al Ministerio de Transporte, ha salido al paso para sumar una dosis de confusión con un comunicado firmado el 28 de enero en el que precisa que, como gestora de la concesión, “ha desembolsado más de 217.477 millones de pesos (unos 51 millones de dólares, al tipo de cambio actual) al patrimonio autónomo, garantizando un manejo eficiente y responsable de los fondos públicos”. El compromiso de la entidad, añade, es pasar a la fase constructiva en el segundo semestre de 2026, pero no ha mencionado el hachazo de Hacienda.  

Por contra, el Tribunal de Cuentas colombiano sí ha expresado su inquietud por la deriva del proyecto ambiental. De acuerdo con un comunicado del ente de control publicado el pasado miércoles, la medida del Gobierno progresista supone un riesgo fiscal enorme para la región Caribe y el país. Critica, así mismo, que se haya tomado de manera unilateral. Y advierte de que el Estado colombiano se expone al pago de multas, intereses de demora y otras compensaciones no previstas en el presupuesto original.  

En paralelo al pulso burocrático, la lista de afectaciones por las crecidas en los pueblos de la ribera del norte es crónica: miles de familias evacuadas, problemas sanitarios, viviendas inundadas y múltiples daños en los cultivos y la actividad pesquera. Se calcula que la población en primera fila de vulnerabilidad asciende a unos 100.000 habitantes. ¿En qué consiste la intervención ambiental? Contempla, entre otras, la construcción de dos enormes compuertas con esclusas para atenuar o filtrar la entrada de sedimentos al caudal del río. 

Sacyr, sin embargo, ha tropezado una vez tras otra a la hora de acreditar los requisitos del Ministerio de Ambiente colombiano. “Nunca presentaron un estudio de impacto ambiental. Ello a pesar de nuestro acompañamiento e insistencia. Eso quiere decir que, desde la perspectiva de la licencia necesaria para poder avanzar, van en la etapa cero”, explica a elDiario.es, por mensaje de texto, la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia, Irene Vélez. 

Algunos pobladores de la cuenca se han quejado, además, de la supuesta discreta voluntad de la compañía española para cumplir con su obligación legal de informar a la comunidad local sobre los impactos de la construcción. Se trata de pueblos campesinos, negros y palenqueros, descendientes directos de esclavos africanos del periodo colonial, con altos índices de pobreza y desigualdad. “Además de los términos de referencia específicos que fueron emitidos por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), hicimos un alcance en agosto de 2025 con el propósito de evitar que un proyecto grande y complejo como este termine por impactar a los habitantes. Era una medida de criterio para evitar lo que se conoce como racismo ambiental”, subraya Vélez.

Sacyr, presidida por Manuel Manrique Cecilia, deberá hacerse cargo de la operación y mantenimiento de los 115 kilómetros de extensión del Canal del Dique durante 15 años. No sin antes sortear los escollos regulatorios. Una situación que no supone ninguna novedad. La empresa ya ha recibido más de una multa, librado varios pleitos y procesos de arbitraje internacional por sus obras en Colombia. Se trata de un operador que, desde 2012, ha adelantado un sinnúmero de proyectos de infraestructura vial y concesiones. Algunos han sido clave para mejorar la atrasada red de carreteras y autopistas del país sudamericano. Otras, sin embargo, han tenido controversias por la modesta calidad constructiva, demoras en la entrega o sobrecostes. 

De cualquier forma, el ingeniero civil Rodrigo Fernández, experto en licitaciones y miembro de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, concluye subrayando un asunto de fondo: “Los anuncios del Gobierno a veces crean desconcierto. Los parámetros y estructura de los contratos vigentes se deben cumplir de parte y parte. Es inaceptable que Petro utilice recursos que ya están comprometidos para una obra, escudado en la emergencia económica, como si fuera una fuente de ahorro de la Nación”.

La llamada telefónica que tuvieron este miércoles los presidentes de Colombia, Gustavo Petro, y de Estados Unidos, Donald Trump, rebajó las tensiones diplomáticas entre ambos países, que se habían profundizado desde el sábado pasado con la detención en Caracas del mandatario venezolano, Nicolás Maduro.

Los Gobiernos de Colombia y Estados Unidos destacaron el “tono constructivo” de la conversación, que se prolongó por una hora y puso fin, al menos de momento, a una escalada verbal en la que Trump incluso afirmó que le sonaba bien hacer en Colombia una operación como la que terminó con la captura de Maduro.

Al intervenir en una manifestación en Bogotá que había convocado “en defensa de la soberanía” tras las amenazas de Trump, el presidente colombiano aseguró: “En medio del debate de estos dos, tres días que se ha desatado, hoy traía un discurso y tengo que dar otro. Eso no es fácil. El primer discurso era bastante duro”.

Trump, por su parte, anunció que se reunirá con Petro en la Casa Blanca y manifestó que fue “un gran honor” hablar con el presidente Petro, quien lo llamó para exponer la situación relacionada con el narcotráfico y otros desacuerdos existentes entre ambas administraciones.

Petro afirmó a la multitud reunida en la Plaza de Bolívar, en Bogotá, que habló con Trump sobre varios asuntos de interés bilateral, uno de ellos restablecer las comunicaciones entre ambos Gobiernos, a través de la Cancillería y el Departamento de Estado, que estaban interrumpidas por los constantes episodios de crisis en la relación.

“Si no se dialoga, hay guerra. Nos lo ha enseñado la historia de Colombia”, manifestó Petro en su discurso, en el que lamentó “la incomunicación con el Gobierno de Trump” desde que este inició su segundo periodo presidencial en enero de 2025.

El presidente colombiano también le aclaró a su homólogo estadounidense que no es narcotraficante y le presentó las cifras de su Gobierno en la lucha contra las drogas, al tiempo que destacó la colaboración que tuvo con el ejecutivo de Maduro para enfrentar este flagelo.

“Le tuve que lanzar las cifras, pocas, las mismas que he repetido aquí de por qué se me sindica (de narcotraficante) si yo llevo 20 años arriesgando mi vida, luchando contra 'traquetos' (mafiosos) de alto poder y políticos aliados de ellos”, dijo.

Igualmente le contó del trabajo hecho con el Gobierno venezolano para enfrentar el narcotráfico: “Le hablé que con Maduro habíamos cuadrado operaciones conjuntas, él allá y yo acá, en (la región fronteriza de) el Catatumbo”, donde operan la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), disidencias de las FARC y grupos narcotraficantes.

Petro es un crítico acérrimo de las operaciones contra el narcotráfico de Estados Unidos en el mar Caribe y en el Pacífico oriental, en las que han sido hundidas decenas de lanchas supuestamente cargadas con drogas y donde han muerto más de un centenar de tripulantes.

Esa postura ha deteriorado su relación con EE.UU., que en septiembre le retiró el visado y luego el Departamento del Tesoro lo incluyó, junto con otras personas de su entorno, en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), conocida como Lista Clinton, después de que Trump lo acusara de ser un “líder del narcotráfico”.

Conversación con Delcy Rodríguez

Petro también informó a Trump de la conversación que tuvo hace dos días con la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, a quien le propuso un diálogo tripartito con Estados Unidos para estabilizar la sociedad venezolana y evitar un estallido de violencia.

“Hablé también hace dos días con la presidenta actual en Venezuela, Delcy. A ella la conozco desde el principio de todo esto. La invité a Colombia. Y queremos establecer un diálogo tripartito, y ojalá mundial, para estabilizar la sociedad venezolana, que como en Colombia podría estallar en violencia entre ella misma y (que eso) no se produzca”, destacó.

En ese sentido, Petro manifestó que cuando se reúna con Trump en la Casa Blanca “toca hablar” de esa propuesta, pues “la paz de Venezuela es la paz de Colombia y viceversa”.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, fue de los primeros en reaccionar ante el ataque de Estados Unidos contra su vecino, Venezuela, en la madrugada de este sábado. “En este momento bombardean Caracas. Alerta a todo el mundo: han atacado a Venezuela. Bombardean con misiles”.

Posteriormente, el presidente Donald Trump confirmó en su red social Truth Social que “Estados Unidos de América ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, ha sido capturado junto con su esposa y trasladado fuera del país”.

La operación se produce después de meses de amenazas de Washington de una incursión militar en Venezuela. El despliegue estadounidense, llevado a cabo por las fuerzas especiales Delta, tiene ecos del cerco que estableció George H. W. Bush en 1989 contra el dictador panameño Manuel Antonio Noriega, acusado de narcotráfico y otros delitos. 

En su primer mensaje, Petro no mencionó la captura de Nicolás Maduro, en el poder desde 2013. Se limitó a denunciar el ataque aéreo y pidió una convocatoria urgente de organismos internacionales para evitar una escalada militar en la región.

“Colombia reafirma su compromiso irrestricto con los principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas, en particular el respeto a la soberanía y la integridad territorial de los Estados, la prohibición del uso o la amenaza del uso de la fuerza, y la solución pacífica de las controversias internacionales. En este sentido, el Gobierno colombiano rechaza cualquier acción militar unilateral que pueda agravar la situación o poner en riesgo a la población civil”, escribió el presidente colombiano en un segundo mensaje.

También anunció que, “de manera preventiva, el Gobierno ha dispuesto medidas para proteger a la población civil, preservar la estabilidad en la frontera colombo-venezolana y atender oportunamente eventuales necesidades humanitarias o migratorias, en coordinación con las autoridades locales y los organismos competentes”.

Por su parte, el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, confirmó que el Ejército activó “todas las capacidades” para anticipar cualquier intento de ataque terrorista en la frontera por parte de agrupaciones ilegales. En especial del Ejército de Liberación Nacional (ELN), formación insurgente de raíces castristas que desde hace décadas ha convertido los 2.219 kilómetros de frontera entre Colombia y Venezuela en su centro de operaciones.

Sánchez explicó que el despliegue busca preservar la estabilidad en la zona, donde delinquen diversos grupos criminales que se financian con el narcotráfico. Algunos de ellos, de acuerdo con reportes de Inteligencia y otros estudios, se han movido en suelo venezolano sin mayor control por parte de los organismos de seguridad chavistas.

Más tarde, después de haberse reunido con su consejo de seguridad nacional durante la madrugada, Petro informó a través de X del despliegue de las fuerzas de seguridad en la frontera colombiana: “Se despliega la fuerza pública en la frontera, se despliega toda la fuerza asistencial que dispongamos en caso de entrada masiva de refugiados”, ha escrito, sin ofrecer más detalles.

Colombia y Venezuela comparten una frontera terrestre de 2.219 kilómetros, cuyos principales pasos fronterizos están entre la ciudad colombiana de Cúcuta y San Antonio del Táchira y Ureña, en el estado venezolano de Táchira. En la apertura este sábado de los pasos fronterizos de Cúcuta la situación era de total normalidad, según constató la Agencia EFE en el lugar.

El presidente ha dicho que “el Gobierno de Colombia rechaza la agresión a la soberanía de Venezuela y de América Latina”. “Los conflictos internos entre los pueblos los resuelven los mismos pueblos en paz. Ese es el principio de la autodeterminación de los pueblos que es base del sistema de las Naciones Unidas. Invito al pueblo venezolano a encontrar los caminos del diálogo civil y su unidad. Sin soberanía no hay nación. Es la paz el camino y el diálogo entre los pueblos es fundamental para la unión nacional. Diálogo y más diálogo es nuestra propuesta”.

En su mensaje anterior, dijo que “la Cancillería de Colombia debe mantener canales diplomáticos abiertos con los gobiernos involucrados y promoverá, en los espacios multilaterales y regionales pertinentes, iniciativas orientadas a la verificación objetiva de los hechos, y la preservación de la paz y la seguridad regional”.

La historia daría para una miniserie. En noviembre, un tabloide sensacionalista sueco publicó unas imágenes de Verónica Alcocer, esposa del presidente Gustavo Petro —aunque separada de él desde hace un tiempo—, durante su estadía en Estocolmo. La portada del Expressen titulaba “Primera dama prófuga”, bajo la premisa de que se trata de una escala no oficial rodeada de lujos, abrigos costosos y visitas a restaurantes exclusivos.

La prensa colombiana no tardó en hacerse eco de la información. Y retomó el material como arma política adobada con todo tipo de conjeturas. Primero, se abrieron interrogantes sobre el posible derroche de fondos públicos. Pero también dudas a propósito de su presencia en un país con el que Colombia acababa de cerrar un contrato para la compra de 17 cazas de combate Gripen por unos 4.387 millones de dólares.

Casi ninguno de los medios locales que alimentaron estas teorías, instigadas desde la oposición, aclaró que la información provenía de uno de los diarios sensacionalistas de Suecia. “Su cobertura privilegia las noticias de celebridades, entretenimiento, crímenes y escándalos. Pero, al mismo tiempo, aborda temas políticos desde un ángulo serio”, explica por correo la analista de medios sueca Ulricha Facht. De cualquier forma, el artículo sobre Verónica Alcocer se centraba en su supuesta vida de lujo y ajena a la austeridad que los críticos creen que debería llevar la pareja del primer gobernante de izquierdas en Colombia.

El controvertido bloqueo de la web

Para complicar aún más las cosas, desde que se difundió la historia, a mediados de noviembre, muchos lectores colombianos han constatado con inquietud que el sitio web del hasta entonces desconocido tabloide sueco fue bloqueado de repente. ¿Se trató de censura oficial? El Gobierno de Gustavo Petro ha argumentado que la restricción fue impuesta en 2021, cuando aún no estaba en el poder, por el órgano regulador de los juegos en línea. La razón es que la página permite anuncios publicitarios de casas de apuestas piratas prohibidas en Colombia.

La congresista opositora Katherine Miranda, sin embargo, detectó que dicho bloqueo ha sido intermitente. Con información suministrada por el Ministerio de Tecnologías certificó que, el pasado 30 de octubre —15 días antes de la publicación del Expressen— se renovó el veto al portal nórdico. “En principio, cuando se estaba conociendo la información, todo el mundo en Colombia tuvo acceso a la página. Solamente dos días después se ejecutó el bloqueo real”. La parlamentaria advierte, mientras se aclaran los puntos ciegos de esta parte de la historia, de que en “un Estado democrático la prensa no puede ser objeto de represalias ni de limitaciones arbitrarias”.

Los titulares de la prensa colombiana presentaron esta cobertura de 'Expressen' como una investigación seria. Nadie cuestionó su origen y agrandaron un tema insignificante sin ningún ángulo de peso”.

María Paula Martínez Concha — Politóloga y analista

Se trata de un asunto complejo, marcado por vacíos normativos que podrían poner en riesgo la libertad y el derecho a la información. De momento, el crítico de prensa y académico Omar Rincón señala que la raíz de todo este asunto se halla en la “sobrepolitización” de los medios en Colombia. Con especial acento sobre la figura del primer mandatario y aspectos de su vida privada que no son de interés público: “Hay un cambio de clase social del poder. De la élite agropecuaria del presidente Uribe pasamos a la burguesía tradicional bogotana con Santos. Hoy tenemos una expresión diferente, con un mandatario que viene de lo popular, con pasado guerrillero, y su esposa, que es una mujer costeña, atrevida y extrovertida. Y eso es un aspecto que a los medios les molesta”.

La politóloga y analista María Paula Martínez Concha asegura que el trato periodístico a otras primeras damas tuvo otro rasero. Era inusual, por ejemplo, que los medios escudriñaran con tanta insistencia el precio de sus atuendos: “Ha sido con mala intención desde los paparazis europeos que la persiguieron con la cámara casi clavada en su cara. Sin embargo, los titulares de la prensa colombiana presentaron esta cobertura de Expressen como una investigación seria. Nadie cuestionó su origen y agrandaron un tema insignificante sin ningún ángulo de peso”.

En imágenes de vídeo publicadas por el tabloide se ve a Alcocer junto a su hija Antonella Petro, de 17 años, y el empresario catalán Manuel Grau Pujadas, nacionalizado colombiano en tiempo récord bajo el Gobierno actual. Se trata de una figura cercana a Petro desde que este fuera alcalde de Bogotá (2012-2016). Eso, y el hecho de que el español forma parte de la junta directiva de Cisa (Central de Inversiones del Estado Colombiano), y de que participó en la visita oficial de la primera dama a Nicolás Maduro en Caracas en 2023, también han sido utilizados como argumentos y munición de descrédito.

Alcocer: “Duele profundamente”

De esta forma, la bola de nieve siguió creciendo y Verónica Alcocer se vio forzada a pronunciarse brevemente hace unos días en su cuenta de X: “Duele profundamente cuando la persecución y la calumnia intentan destruir la verdad, la justicia y tu buen nombre. Duele cuando, aunque se conocen los hechos, siguen los señalamientos”, escribió el pasado 4 de diciembre, adjuntando un comunicado de Saab, la empresa sueca de defensa y seguridad responsable de fabricar los aviones cazas adquiridos por el Gobierno de Gustavo Petro.

El texto, firmado desde la casa matriz de la firma aeronáutica en Linköping (Suecia), refuta a través de seis puntos algunos de los rumores difundidos en medios y redes sociales colombianos para mantener al rojo vivo la agitación preelectoral de cara a las presidenciales del próximo mayo. “El compromiso con la transparencia y los valores éticos es la base de nuestro trabajo. No toleramos la corrupción y seguimos una política estricta que regula nuestra conducta, acorde con las normas internacionales de la OCDE”, argumenta la compañía.

Tanto Verónica Alcocer como el presidente Petro —separados, pero sin divorcio formal— figuran desde el 24 de octubre en la Lista Clinton de la OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros), una sanción impuesta por la Administración Trump con el argumento de que la cooperación del Gobierno de Colombia en la lucha contra las drogas ha sido insuficiente y ha dado alas al cultivo de coca.

Tras esta medida se congelaron sus compras de billetes aéreos, las cuentas bancarias y los pagos ligados al sistema estadounidense como Visa o Mastercard, entre otras. Por eso, Expressen apostó por el titular sensacionalista “Primera dama en fuga”, a fin de retratar a una figura pública cuya vida privada se vio estancada de golpe en Estocolmo.

Medios locales han informado de que Verónica Alcocer regresó a Bogotá el fin de semana del 14 de diciembre en un vuelo comercial. La secuencia de hechos da pie a Omar Rincón para exponer algunas claves sobre los resortes de la agenda noticiosa en Colombia: “El ‘petrocentrismo’ informativo ha logrado algo nefasto para el periodismo y es que, por dedicarse a hacer lo más fácil, que es activismo disfrazado de análisis u opinión, se olvidó por completo de su labor básica: trabajar con fuentes, datos, documentos y contexto. Por eso, hoy da lo mismo si la información proviene del New York Times o de un periódico sensacionalista sueco en busca de clics”.

Un paso más en la escalada de tensión de EEUU contra Venezuela. El Ejército de EEUU ha interceptado y confiscado un petrolero frente a las costas de Venezuela este miércoles, según ha anunciado el presidente de EEUU, Donald Trump, en la Casa Blanca: “Acabamos de incautar un petrolero en la costa de Venezuela. Un petrolero grande, muy grande, el más grande que se haya visto nunca, y están sucediendo otras cosas que verán más tarde”.

¿Y qué va a pasar con ese petróleo? “Nos lo quedaremos, supongo”, ha respondido Trump.

“Hoy, el FBI, el Departamento de Seguridad Nacional y la Guardia Costera de Estados Unidos, con el apoyo del Departamento de Guerra, han ejecutado una orden de incautación de un petrolero utilizado para transportar crudo sancionado de Venezuela e Irán”, ha afirmado la fiscal general, Pam Bondi, en X: “Durante varios años, el petrolero ha estado sancionado por Estados Unidos debido a su participación en una red ilícita de transporte de petróleo que apoya a organizaciones terroristas extranjeras. Esta incautación, realizada frente a las costas de Venezuela, se llevó a cabo de forma segura y protegida, y nuestra investigación continúa junto con el Departamento de Seguridad Nacional para impedir el transporte de petróleo sancionado”.

Según informa Bloomberg, EEUU ha llevado a cabo una “acción judicial contra un buque sin bandera” que había atracado en Venezuela. La petrolera estatal Petróleos de Venezuela SA y los ministerios de Petróleo e Información de Venezuela no han respondido a las peticiones de comentarios.

La acción de Estados Unidos, que es un paso más en la tensión con el Gobierno de Nicolás Maduro, supone bloquear la exportación de petróleo por parte de Venezuela. La mayor parte del petróleo venezolano se destina a China, informa Bloomberg.

En un discurso tras una marcha de agricultores en Caracas, Nicolás Maduro ha asegurado que su país está preparado “para partirles los dientes al imperio norteamericano si hiciera falta”. “Las mismas manos productivas que tenemos son las manos que agarran los fusiles, los tanques, los misiles para defender esta tierra sagrada de cualquier imperio invasor, de cualquier imperio agresor”.

La incautación del petrolero se ha comunicado el mismo día en que María Corina Machado, líder de la oposición venezolana y partidaria de la intervención extranjera para deponer al presidente del país, ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

“Petro será el siguiente”

El presidente de EEUU también ha lanzado amenazas al presidente colombiano, Gustavo Petro: “Ha sido bastante hostil con Estados Unidos. Va a tener grandes problemas si no entra en razón. Produce muchas drogas, tienen fábricas que producen cocaína y la venden directamente en Estados Unidos. Así que más le vale entrar en razón, o será el siguiente. Será el siguiente. Espero que esté escuchando. Va a ser el siguiente”.

Asesinatos extrajudiciales y presión del Congreso

“Lo que he visto en esa sala ha sido una de las cosas más inquietantes que he visto en mi carrera pública”. El representante de Connecticut Jim Himes, el líder demócrata del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes, se expresaba así después de ver el vídeo del ataque del 2 de septiembre que les mostró el Pentágono a puerta cerrada en el que se ve cómo rematan a dos supervivientes: “Hay dos personas en clara situación de peligro, con una embarcación destruida, que fueron asesinadas por Estados Unidos”.

El mismo día en que el almirante Frank 'Mitch' Bradley comparecía ante el Congreso para dar explicaciones sobre ese ataque, el Ejército de EEUU ha comunicado un nuevo hundimiento, en el Pacífico Oriental: “El 4 de diciembre, bajo la dirección del secretario de Guerra, Pete Hegseth, la Fuerza Operativa Conjunta Southern Spear llevó a cabo un ataque letal contra una embarcación en aguas internacionales operado por una organización designada como terrorista. Los servicios de información confirmaron que transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental. Cuatro narcoterroristas varones a bordo del buque resultaron muertos”.

Así, la cifra asciende a 87 asesinatos extrajudiciales en total. Sin proceso, sin pruebas, de civiles indefensos.

Los ataques contra supuestas 'narcolanchas' que arrancaron el 2 de septiembre en aguas del Caribe y el Pacífico Oriental, y tres meses después empiezan a hacer mella en la Administración Trump. Así, el secretario de Guerra, Pete Hegseth, se encuentra sometido a presión del Senado y la Cámara de Representantes por haber ordenado rematar a dos supervivientes en el primer hundimiento, que terminó con 11 asesinatos extrajudiciales.

Tanto republicanos como demócratas en el Congreso han abierto investigaciones ante lo que podría constituir un crimen de guerra por la ejecución de personas a la deriva, y este jueves comparecía en el Capitolio el comandante que, según la Administración Trump, ordenó el segundo ataque, el almirante Frank 'Mitch' Bradley.

Un ataque posterior a finales de septiembre ha llevado a la familia de un colombiano a presentar una denuncia formal ante el principal organismo de vigilancia de los derechos humanos en el continente americano. La petición de la familia de Alejandro Carranza afirma que el ejército bombardeó su barco pesquero el 15 de septiembre, violando las convenciones de derechos humanos.

La Cámara de Representantes estuvo casi dos meses sin actividad porque los republicanos no querían presión política durante el cierre del Gobierno. Pero una vez superado, se acumulan las resoluciones registradas para evitar un ataque a Venezuela que viene telegrafiando Donald Trump desde septiembre.

La última, registrada, el martes de la semana pasada, dice lo siguiente: “El Congreso ordena al presidente que retire a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos de las hostilidades dentro de Venezuela o contra este país, a menos que se autorice explícitamente mediante una declaración de guerra o una autorización legal específica para el uso de la fuerza militar”.

La resolución ha sido impulsada por el representante demócrata por Massachusetts James McGovern, y apoyada por el republicano por Kentucky Thomas Massie.

Y el miércoles pasado, los demócratas del Senado, junto con el senador Rand Paul (republicano por Kentucky), han presentado otra resolución sobre los poderes de guerra para impedir que la Casa Blanca utilice las fuerzas armadas en hostilidades con Venezuela sin la aprobación del Congreso.

La resolución, presentada por Paul y los senadores Tim Kaine (demócrata por Virginia), Adam Schiff (demócrata por California) y el líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer (demócrata por Nueva York), ordena a Trump que deje de utilizar el ejército “a menos que esté específicamente autorizado por una declaración de guerra o una autorización específica para el uso de la fuerza militar”.

Qatar se ha ganado la fama de ser un hábil mediador en conflictos casi imposibles de resolver y entre actores irreconciliables. Por ejemplo, Estados Unidos y los talibanes firmaron un acuerdo en Doha en el año 2020 para poner fin a la invasión estadounidense de Afganistán. En los últimos más de dos años, el Gobierno qatarí ha mediado entre otros dos acérrimos enemigos, Israel y Hamás, para tratar de parar el genocidio contra los palestinos en Gaza.

Ahora, con las tensiones en aumento en el Caribe y el presidente Donald Trump amenazando con atacar Venezuela, ¿podría Qatar mediar y lograr un arreglo negociado entre Trump y el régimen de Nicolás Maduro para evitar una confrontación armada?

El portavoz del Ministerio de Exteriores qatarí, Majed Al Ansari, ha afirmado que su Gobierno no ejerce ningún tipo de mediación entre las dos partes “oficialmente” en estos momentos, pero está en comunicación con ambos países. “En el pasado, tuvimos conversaciones entre EEUU y Venezuela, que dieron lugar a un acuerdo de intercambio [de presos], y seguimos comprometidos con ese proceso, si nos necesitan”, ha declarado en un encuentro con medios internacionales en Doha, entre los que estaba elDiario.es. “Estamos esperando a que nos pidan [mediar]”, ha agregado.

Qatar espera que le pidan mediar

El acuerdo entre EEUU y Venezuela al que se refirió el portavoz fue sellado en diciembre de 2023. En aquel momento, el Gobierno del emirato destacó en un comunicado que el pacto formaba parte de “un esfuerzo de mediación más amplio destinado a abordar las cuestiones pendientes entre los dos países”. Desde entonces, no ha habido más anuncios oficiales, pero los canales de comunicación con Washington y Caracas se mantienen abiertos y Qatar ha ofrecido su mediación a las dos partes, sobre todo tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca a principios de 2025.

En el pasado, tuvimos conversaciones entre EEUU y Venezuela, que dieron lugar a un acuerdo de intercambio de presos, y seguimos comprometidos con ese proceso

Majed Al Ansari — Portavoz del Ministerio de Exteriores de Qatar

Rashid Al Mohanadi, vicepresidente del Centro para la Investigación de Política Internacional (un think tank del Gobierno qatarí que apoya la labor de mediación), considera que “existe la posibilidad de un acuerdo negociado” entre EEUU y Venezuela, pero admite que es un asunto “complejo”. En una entrevista con elDiario.es en Doha, el experto y asesor del Gobierno destaca que, ante todo, en cualquier intento de mediación, “ambas partes deben estar dispuestas”.

En este caso, los dos se muestran desafiantes en público: “Por un lado, Estados Unidos eleva la tensión y, por el otro, Maduro baila en YouTube”, dice Al Mohanadi, pocos días después de que el presidente venezolano apareciera bailando al ritmo de un remix creado para rechazar las amenazas de Trump.

A pesar de todo, afirma que hay “indicios de que ambas partes están dispuestas a alcanzar una solución negociada”. Al Mohanadi agrega que Qatar se ha ganado “la reputación de mediador al que acudir cuando la gente tiene problemas que cree que pueden ser resueltas a través de la negociación”.

Hay indicios de que ambas partes están dispuestas a alcanzar una solución negociada

Rashid Al Mohanadi — Experto y asesor del Gobierno catarí

El analista de política internacional explica que Qatar se involucra en disputas más allá de su región, en lugares tan lejanos como América Latina, porque “se beneficia de un orden mundial basado en normas” y también porque tiene intereses en ese continente. “Tenemos inversiones en Latinoamérica. Mantenemos vínculos culturales con Latinoamérica a través del arte, el fútbol, etc. Para nosotros, la estabilidad de Latinoamérica es importante porque estamos implementando esta política de cooperación sur - sur”, que Doha está fomentando.

Mediación nacional en Colombia

De hecho, Qatar acaba de llevar a cabo una mediación entre el Gobierno de Colombia y el autodenominado Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), más conocido como Clan del Golfo, el mayor cartel de narcotráfico del país. Ambas partes sellaron un acuerdo en la capital qatarí el 5 de diciembre en el que fijaron una serie de “compromisos” para la paz, incluida la promesa por parte del clan de dejar de reclutar a niños y adolescentes en los territorios colombianos que controla.

Noruega, Suiza y España también participaron en la mediación de un acuerdo que, según el Ministerio de Exteriores de Qatar, “refleja consenso, responsabilidad y la determinación de aliviar el sufrimiento de la población civil, poner fin al conflicto armado y allanar el camino para que ambas partes construyan una paz sostenible”.

Precisamente, el éxito de las conversaciones entre Bogotá y el EGC, así como la guerrilla Ejército de Liberación Nacional (ELN), llevó al presidente colombiano a pedir al emir de Qatar, Tamim bin Hamad al Thani, que mediara para “desescalar el conflicto con Trump”. El presidente Gustavo Petro visitó Doha a principios del pasado mes de noviembre, cuando las tensiones con la Administración Trump ya se habían disparado, tanto con su Gobierno como con el venezolano.

“Doha siempre está abierta al diálogo. Si ambas partes quieren reunirse, Qatar puede facilitar [las reuniones]”, asegura Al Mohanadi preguntado por este periódico sobre la posibilidad de unas conversaciones en Doha. Pero el asesor también aclara que el Gobierno qatarí también tiene su autonomía y libertad a la hora de elegir en qué conflicto mediar. “Tenemos que decidir si una mediación es viable o no. Rechazamos muchas mediaciones cuando creemos que no van a ser viables en ese momento. En el caso de Venezuela, ambas partes tienen que estar de acuerdo que la mediación es la solución”.

Tenemos que decidir si una mediación es viable o no. En el caso de Venezuela, ambas partes tienen que estar de acuerdo que la mediación es la solución

Rashid Al Mohanadi — Experto y asesor del Gobierno catarí

El experto y asesor gubernamental descarta, de momento, la posibilidad de que Nicolás Maduro acabe exiliado en Qatar, en el caso de que se vea forzado a abandonar el poder, y califica de “especulaciones” lo que han publicado algunos medios de comunicación en EEUU. “No tenemos ninguna información concreta ni petición” para acoger al presidente venezolano, dice Al Mohanadi, quien admite que ha habido casos en los que algún mandatario se ha exiliado en la vecina Arabia Saudí –como el dictador tunecino, Zine El Abidine Ben Ali, en enero de 2011, tras la revuelta popular en su país– con el objetivo de desactivar un conflicto, pero repite que tiene que ser una iniciativa de las partes involucradas.

En el caso de EEUU y Venezuela, apunta que eso resolvería el problema si fuera personal, pero –en su opinión– va más allá de la figura de Maduro. “El problema es económico, social y de intereses. Venezuela tiene una relación muy estrecha con Rusia y China, y Estados Unidos, con su nueva doctrina Monroe hacia el hemisferio occidental, está preocupado por eso”, dice Al Mohanadi.

La semana pasada, Trump anunció su estrategia de seguridad nacional, en la que fija los objetivos para el hemisferio occidental, esto es, América Latina: “Pueden resumirse en 'reclutar y expandir”, se lee en el documento que, de alguna forma, vuelve a abrir la puerta a las intervenciones de Washington en los asuntos internos de los países latinoamericanos, como ya hizo en el pasado, cuando alentó golpes de Estado y guerras civiles y apoyó a dictadores favorables a sus intereses.

Un planteamiento totalmente opuesto al de Qatar, un pequeño país sin un ejército poderoso que basa su influencia internacional en la venta del gas natural y en una diplomacia discreta que busca resolver conflictos a través de la negociación. “Ningún país va a mediar por el simple hecho de mediar, tiene que tener algún interés detrás. Qatar es un pequeño Estado que se beneficia de un orden global basado en las normas. Estamos viendo que ese orden se está rompiendo y eso nos preocupa. En lugar que ver diálogo pacífico entre las partes, vemos que se bombardean”, admite Al Mohanadi.

Incluso, Qatar fue blanco de un bombardeo de Israel el pasado septiembre, a pesar de actuar como mediador entre ese país y el grupo palestino Hamás –una de cuyas oficinas se encuentra en la capital qatarí, con el beneplácito de Washington–. El ataque contra los negociadores de Hamás en Doha no hizo que el país abandonara las negociaciones, ni renunciara a su papel de mediador, junto a Egipto y EEUU. Según Al Mohanadi, eso demuestra la “firmeza” de Qatar a la hora de buscar una salida pacífica y no responder a la violencia con más violencia.

El Gobierno de Qatar ha invitado a elDiario.es al Foro de Doha 2025 y ha corrido con los gastos del viaje.

Por su centralidad en el mapa regional, Colombia ha sido siempre un lugar estratégico para las agencias de inteligencia estadounidenses. Su proximidad al Canal de Panamá y el papel en la producción y tráfico de cocaína han sido, además, razones de peso para que servicios secretos de múltiples países destinen agentes en Bogotá. Pero varios episodios de los últimos meses revelan que el país es hoy un hervidero del espionaje internacional.

Uno de los últimos casos no hizo mucho ruido a pesar de ser una seria alerta de seguridad nacional. Algo no cuadraba, sin embargo, en las imágenes emitidas a principios de julio en el telediario de mayor audiencia nocturna en Colombia. En ellas se registraba la captura, en la ciudad portuaria de Barranquilla, de un veinteañero vestido con una cazadora al viejo estilo universitario estadounidense.

Se trataba de Gonzalo de Jesús Ramos Santos, aprehendido en la terminal de autobuses local por su presunto rol como enlace y reclutador de agentes para el Servicio Federal de Seguridad, los servicios de inteligencia rusos, según denunciaron las autoridades. Antes de ser esposado y reducido boca abajo bajo en el asfalto hirviente del Caribe, había transitado por Moscú, Lituania, Noruega y España. Tenía una orden de detención de la Interpol de la máxima prioridad. Y la Policía colombiana seguía sus pasos.

Casi dos meses más tarde, el 13 de octubre, dos activistas exiliados venezolanos sufrieron un atentado cometido por sicarios a plena luz del día en el norte de Bogotá. Los opositores políticos Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga, que sobrevivieron, habían huido a Colombia en mayo. Lo hicieron tras la detención policial, sin amparo judicial, de un amigo periodista en Caracas.

Media docena de expertos consultados para este reportaje bajo condición de anonimato sostienen la tesis de que se trató de una represalia de las fuerzas de Maduro y se preguntan sobre la estrategia de los servicios de seguridad e inteligencia para protegerse de estas actividades criminales.

“El país hoy es un espacio de disputa internacional estratégica. El Gobierno colombiano tuvo siempre lazos muy fuertes con Washington, que tiene aún una oficina con misión especial en las instalaciones del Ministerio de Defensa, pero tras la llegada de Petro han entrado otras variables en juego”, explica un veterano analista. La política del Ejecutivo de Petro fue extremar la precaución con los estadounidenses y las acciones de Washington en la región han tensado al máximo esas relaciones. El propio presidente Trump ha introducido a Petro y su familia en la lista de narcotráfico, lo que, evidentemente, complica la cooperación a cualquier nivel.

Falta de recursos para el contraespionaje

El problema, a su juicio, radica en el poco contrapeso de las políticas de inteligencia estratégica del Ejecutivo en Bogotá. De hecho, en más de tres años del Gobierno de Petro, se han depurado diversas unidades.

También ha habido múltiples relevos de agentes y funcionarios dentro de un sistema de contrapesos que opera a través de ramas paralelas: el Ejército, la Fuerza Aérea, la Armada y la Policía cuentan cada uno con sus propios servicios secretos. A estas se suma la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), creada en 2011 para coordinar y, en teoría, ejercer algún control sobre todas las anteriores.

“En tres años acabaron con numerosos grupos de operaciones especiales. Reemplazaron a veteranos entrenados por los estadounidenses. La directiva de presidencia era tener todas las prevenciones posibles con la CIA”, explica otro investigador. Menciona en concreto el desmonte de los batallones de inteligencia de frontera, que tenían como tarea supervisar los movimientos a lo largo de los 2.219 kilómetros de límite común con Venezuela.

Otro estudioso del tema añade: “Petro desmanteló la Dirección de Inteligencia Policial (Dipol). Esa fue una decisión estratégica fatal para el país. También depuró unidades militares de despliegue rápido o de fuerza conjunta en zonas de disputa con grupos armados”.

El argumento del Gobierno es que la corrupción enquistada en muchas de aquellas unidades suponía una ventaja para los criminales. Tras el caso de la Dipol se halla, por ejemplo, la turbia compra por 11 millones de dólares del programa de espionaje Pegasus a los israelíes en 2021. Un investigador y politólogo recuerda, sin embargo, que la situación no es nueva.

Durante las Administraciones de los expresidentes Álvaro Uribe, Juan Manuel Santos e Iván Duque también hubo recortes similares guiados por sus afinidades políticas. Históricamente, los servicios secretos se han instrumentalizado con seguimientos contra opositores y periodistas, o a través de agentes enfocados en obstaculizar el proceso de paz del Estado con la desmovilizada guerrilla de las FARC.

La ideología entorpece el trabajo

En gobiernos anteriores, además, los movimientos del bloque geopolítico de Venezuela, Cuba y Nicaragua eran prioritarios. Por eso el experto habla de una “ideologización” permanente de la inteligencia que ha derivado en “enormes retrocesos operativos”. “En ese vacío se han vinculado con mayor intensidad agencias extranjeras interesadas, sobre todo, en obtener información de Venezuela”, afirma.

También precisa que, a partir de 2010, comenzaron a llegar funcionarios muy “sospechosos” a algunas embajadas: “Nos empezamos a cuestionar si, más allá del conflicto colombiano, existe un pulso profundo a nivel regional que ya no depende solo del impacto del narcotráfico”.

Desde entonces, han surgido noticias como la expulsión de dos miembros de la legación rusa en 2020. O la presencia de agentes de la Dirección General de Contrainteligencia Militar de Venezuela en Colombia en 2024, entre otras. “En este cuatrienio también ha habido un despliegue considerable de chinos e iraníes que antes actuaban en Caracas. Hoy lo hacen en Colombia porque, en esencia, no hay nadie que los persiga”, opina un investigador.

Fue en este contexto en el que, hace unos días, el presidente Petro anunció que suspenderá parte del intercambio de información con las agencias de seguridad estadounidenses. Sin embargo, su ministro de Interior, Armando Benedetti, matizó el alcance de la decisión y aseguró que la colaboración con el FBI y la DEA, entre otras, seguiría su curso.

El pragmatismo acaba siendo necesario. “La desconfianza entre este Gobierno y los americanos ha existido desde el principio de esta Administración. No obstante, la Casa Blanca reconoce que la importancia de Colombia, en términos de información sobre crimen organizado, es fundamental y, en lugar de abordar a una DNI hiperpolitizada, han mantenido la conversación con cada una de las demás fuerzas por separado”, recuerda uno de los expertos consultados.

El nombramiento de un ministro de Defensa militar como Pedro Sánchez en febrero de este año ayudó a calmar un poco las cosas. El escenario internacional, no obstante, es crítico. A los bombardeos estadounidenses contra lanchas supuestamente cargadas de droga se suma la llegada a aguas del Caribe del USS Gerald R. Ford; el mayor buque de guerra del mundo, que hace sombra al régimen de Nicolás Maduro. La tensión va en ascenso.

Entre tanto, los analistas barajan otros retos para los organismos de inteligencia colombianos. Uno de los consultados apunta que “hay una nueva dimensión económica en torno al control de las minas de oro”, pero advierte de que “con las purgas de oficiales en el DNI o la Policía, y el hecho de que algunos países ya no son un objetivo claro a nivel estratégico, se ha perdido mucha capacidad de tener información sólida sobre quién entra y sale del país”.

Rosa Yolanda Villavicencio (Bogotá, 1962) lleva menos de cinco meses al frente de la cartera de Exteriores de Colombia, pero ya le ha tocado navegar toda una crisis diplomática con Washington. Las relaciones se han deteriorado desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, con episodios recientes de tensión como la escalada verbal con Gustavo Petro, las sanciones y la retirada de su visado –ella renunció al suyo “en solidaridad” con el presidente– mientras EEUU eleva la presión sobre Venezuela e intensifica los ataques contra supuestas narcolanchas en el Caribe y el Pacífico, que se han cobrado decenas de vidas, también colombianas.

Villavicencio llega armada con un puñado de folios llenos de datos y mapas a la entrevista en Casa de América. Su objetivo es desmontar la narrativa trumpista que sostiene que Colombia ha fracasado en la lucha contra el narcotráfico. “Colombia ha hecho muchas incautaciones de cocaína en alta mar y no ha hecho falta una presencia militar para ello, ni muertes extrajudiciales”, dice a elDiario.es la canciller, que no obstante señala que su país se encuentra en un proceso de “desescalada” con EEUU.

La capital española es un lugar familiar para la jefa de la diplomacia colombiana, que fue elegida en 2007 diputada de la Asamblea de Madrid por el PSOE –se convirtió en la primera mujer de origen latinoamericano en ocupar un escaño en la Cámara Regional–. “Extraño mucho Madrid. Es una ciudad muy apacible. Aunque también tiene lo suyo, si se compara con los niveles de zozobra y de estrés que hay en este momento en América, se nota y se añora”.

Ha llegado a la cancillería en un momento turbulento, atravesado por la tensión con Washington, cuyas consecuencias para Colombia son inciertas. ¿Cómo define el estado actual de la relación con EEUU?

Durante un tiempo corto ha ido muy mal, cada vez peor. Actualmente, estamos en un momento de desescalar esa tensión y de no debatir en público sobre las diferencias, porque no ayuda mucho a buscar que se restablezca de nuevo el diálogo diplomático y la negociación política para clarificar controversias que se han generado en torno a los resultados de la lucha contra el narcotráfico por parte de Colombia.

¿A qué se refiere?

Ha habido unas mediciones inexactas según las cuales parece que no se ha hecho nada y que el número de toneladas por hectárea, la productividad, es más grande de lo que realmente es, porque no se han considerado las dinámicas internas de las negociaciones y de los procesos de sustitución de cultivos que han llevado a que algunas zonas que históricamente fueron cultivos de coca hoy en día ya no lo sean tanto, y que vayan disminuyendo.

Esta ha sido una controversia bastante grande, porque fue casi la única variable que tuvo en cuenta EEUU para descertificar a Colombia [en la lucha contra las drogas]. EEUU no solamente puede medir la lucha contra las drogas por la erradicación de hectáreas, porque la erradicación sin una sustitución y sin una alternativa real para los campesinos no sirve de nada, tiene que haber una transformación del territorio y de esas economías ilícitas a economías lícitas.

El número de toneladas de cocaína incautadas en Colombia ha aumentado año a año de manera considerable, así como la destrucción de laboratorios y el número de personas extraditadas. Muchas de estas incautaciones se hacen en alta mar y no ha hecho falta una presencia militar para ello, sino la colaboración de siempre en términos de intercambio de información de inteligencia con EEUU y con otros países para poder detener a estas embarcaciones en aguas internacionales sin cometer violaciones del derecho internacional humanitario, ni muertes extrajudiciales. No había que hacer nada de esto, porque la cooperación militar y de seguridad funciona para tener los resultados esperados. 

El temor a una eventual intervención de EEUU en Venezuela es grande, porque suponemos que una presencia militar con portaaviones, tan desproporcionada, no es en vano

Mencionaba que están en un proceso de desescalada con EEUU, pero esta misma semana Trump abrió la puerta a la posibilidad de atacar instalaciones relacionadas con la droga en Colombia.

Intentamos que ni el presidente Trump ni el presidente Petro generen un debate público sobre esas controversias porque eso no ayuda a la posibilidad de una mediación. Una intervención tampoco es buena para EEUU porque va a afectar a su economía. 

Naciones Unidas se ha pronunciado sobre las muertes extrajudiciales, que no se ajustan al derecho internacional humanitario. La propia CELAC ha declarado no estar de acuerdo con la presencia militar en el Caribe y con la posibilidad de una agresión. Países como Reino Unido y Países Bajos están diciendo que si continúan estos bombardeos a personas en embarcaciones no van a compartir información de inteligencia. Falta más acción de la comunidad internacional para detener esta posibilidad de agresión en un hemisferio que se declara como región de paz y que, aunque tiene sus problemas internos, no tiene en este momento un conflicto como el de Rusia y Ucrania o como lo que todavía sucede en Gaza. ¿Qué interés hay en conflagrar más el mundo? 

Hay un manifiesto rechazo y esperamos que lo siga habiendo. Si hay una agresión, solamente las poblaciones podrán ejercer alguna presión sobre los gobiernos para que se pronuncien en contra.

Su Gobierno amagó con suspender el intercambio de datos de inteligencia con EEUU por los ataques, pero después se dijo que el anuncio se había “malinterpretado”. ¿Qué pasó?

El Gobierno ha dicho que continuará la colaboración militar. Antes de que empezaran las agresiones, Estados Unidos, por temas presupuestarios y de visión, redujo los fondos de la [agencia] USAID, la cooperación para temas humanitarios, para algunos aspectos productivos y para la acogida de migrantes en Colombia, un país que recibió a casi tres millones de venezolanos.

En cambio, se mantuvo toda la cooperación militar para la lucha contra el tráfico y el multicrimen. A raíz de los bombardeos, donde ya han muerto cerca de 80 personas, se dijo que no vamos a compartir una información que sirva para violar derechos humanos. Pero se mantiene, porque tenemos varios procedimientos, por ejemplo, sobre la migración en los aeropuertos, donde se comparte información con Europol e Interpol, eso se mantiene, al igual que la cooperación militar para la lucha contra el tráfico de drogas.

Trump ha desplegado un gigantesco portaaviones en el Caribe, lo que eleva aún más la presión sobre Maduro, y sopesa si emprender acciones militares contra Venezuela. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Cuál es la posición de Colombia ante una eventual intervención?

El temor es grande, porque suponemos que una presencia militar con portaaviones, tan desproporcionada, no es en vano. Ojalá se retire. Puede que haya alguna operación encubierta.

Nosotros nos preparamos para la posibilidad de que haya un éxodo que afectaría mucho el norte de Colombia y generaría una crisis humanitaria, porque los municipios y los departamentos de toda esa frontera no tienen la capacidad para recibir a no sabemos cuántas personas. En la crisis anterior, fueron tres millones de personas, y contábamos con el apoyo de cierta cooperación, pero ya no la hay. Por supuesto, los recibiríamos porque son pueblos hermanos y muchos seguramente serán colombianos o descendientes de colombianos. También habría un impacto económico, porque se pararía la economía y afectaría al intercambio comercial, lo que generaría más pobreza en Venezuela. El impacto sería muy negativo para nuestras industrias, confecciones y alimentos que abastecen en buena parte a Venezuela.

El rescate a Milei, el castigo a Brasil con aranceles, los ataques contra embarcaciones… ¿Está asistiendo la región a una reactivación de una suerte de “doctrina Monroe” por parte de Washington para reafirmar su hegemonía en el hemisferio occidental?

Estados Unidos está nadando a contracorriente, porque hoy en día todos los países ven la necesidad de diversificar sus relaciones políticas y económicas. América, África y la UE son conscientes de que hay que hacerlo, lo que requiere una mayor colaboración y no una actitud tan reactiva por querer conservar un peso que va perdiendo y ya no tiene. Es una respuesta en un mundo con tanta conectividad y lazos entre poblaciones que quieren ampliar sus relaciones estratégicas. No se puede oponer a eso, pero lo está haciendo. 

Mientras que todos los países están intentando hacer transiciones energéticas para no depender de los combustibles fósiles y no calentar más el planeta, EEUU va en contramano

¿Es la estrategia de EEUU eficaz para frenar el narcotráfico?

El tráfico de drogas es una justificación para controlar un recurso fósil como es el petróleo. Estados Unidos no reconoce el cambio climático, no se adapta a las nuevas tendencias de la naturaleza por la propia intervención del hombre, que ha causado grandes desequilibrios y acelera fenómenos como la cada vez más frecuente presencia de tifones y huracanes en ecosistemas frágiles como el Caribe. No quiere cambiar a energías limpias, por lo que, para que su economía funcione, necesita un recurso fósil como el petróleo. Y, en América Latina, en este momento, solamente hay grandes reservas de petróleo en Venezuela.

El interés es hacerse con el control de este recurso fósil. Mientras que todos los países están intentando hacer transiciones energéticas para no depender de los combustibles fósiles y no calentar más el planeta, EEUU va en contramano. Esa política económica va acompañada de una política militar, con una presencia exacerbada en la región. La justificación es la lucha contra las drogas, cuando ya se hace y los resultados están ahí, porque hay colaboración desde hace tiempo, no solamente con EEUU, sino también con otros países. Es ir a contramano frente a lo que el mundo demanda.

Parece que el ultraderechista José Antonio Kast tiene todas las de ganar en las elecciones de Chile. ¿Su victoria puede apuntalar la ola ultraconservadora en América Latina? ¿Teme el impacto en la relación bilateral y en la cooperación regional?

Ya quedan muy pocos gobiernos progresistas en América Latina: Uruguay, Colombia... La región ha llegado a una madurez de valores democráticos y aun teniendo gobiernos no progresistas, esos mínimos se respetan en cada uno de los países. Hay proyectos estratégicos que pueden brindar una cierta soberanía a América en términos de energía, de seguridad alimentaria y temas digitales. Son problemas comunes que sí que la unen, con independencia de las coyunturas políticas. Y eso es lo que representa la CELAC, un diálogo político sobre unos mínimos que todos comparten y el avance de unos proyectos estratégicos que hace que trabajen juntos con independencia de qué tipo de gobierno haya en cada país.

¿Cuál es el diagnóstico del Gobierno sobre el fracaso del ambicioso proyecto de la ‘paz total’ –la política de negociar con diferentes grupos armados al mismo tiempo–?

En términos de la implementación de los acuerdos de paz de 2016, hay resultados muy tangibles. Después de 2016, gobernó Iván Duque, que no avanzó en la implementación porque no creía en ese proceso. El Gobierno de Gustavo Petro ha avanzado muchísimo en términos de reforma rural integrada, tanto que del 24 al 27 de febrero de 2026 tendremos la cumbre mundial sobre este tema. En ese sentido, ha sido muy positivo.

En lo relativo a la negociación y de la ‘paz total’, la idea de mantener diálogos con organizaciones –que a lo mejor no mostraron evidencia de llegar a algún resultado– se suspendió. Se negocia con grupos que realmente muestren voluntad de querer estar, con negociaciones más concretas para encontrar puntos en común. Incluso se piden mediaciones, como es el caso de Qatar, para mostrar avances muy concretos. Se reúnen en un lapso corto de tiempo con una agenda ya negociada para ir llegando a acuerdos. Ese método ha sido mucho más eficaz que tener una mesa permanente que no llegaba a conclusiones ni mostraba avances. Y es un cambio en la perspectiva de la aplicación de la política de ‘paz total’.

La política exterior de Estados Unidos está marcando la agenda de la Unión Europea. La Cumbre UE-CELAC (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños), que se va a celebrar los días 9 y 10 de noviembre en Santa Marta (Colombia), llega sin la participación de importantes líderes europeos como la presidenta de la Comisión, Ursula Von der Leyen, el canciller alemán Friedrich Merz o el presidente francés, Emmanuel Macron. 

La desbandada coincide con el anuncio de Donald Trump de imponer sanciones a Colombia y las acusaciones contra el presidente, Gustavo Petro, al que ha calificado de “líder del narcotráfico que incentiva fuertemente la producción masiva de drogas en campos grandes y pequeños por toda Colombia”, las amenazas contra el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, que incluye el desplazamiento de un portaviones en la zona, o los ataques militares estadounidenses contra barcos relacionados supuestamente con el narcotráfico.

Según el Consejo Europeo, en esta cumbre se discutirán temas como “la defensa del multilateralismo, el comercio y la inversión, las transiciones verde y digital, planes paz y seguridad y la lucha contra el crimen organizado, la corrupción, el tráfico de drogas y la trata de personas”. A pesar de esta agenda, un portavoz de la Comisión Europea justificó la ausencia de Von der Leyen en que “en vista de la actual agenda política europea y la baja participación de otros jefes de estado y de gobierno, la presidenta Von der Leyen no asistirá a la cumbre, pero sigue en cualquier caso plenamente comprometido con el fortalecimiento de las relaciones entre la UE y CELAC”. Fuentes del Gobierno alemán utilizaron el mismo argumento de la baja participación de líderes para excusar la participación de Merz. Tanto Von der Leyen como Macron y Merz sí asistirán a la COP30 en Brasil.

Fuentes diplomáticas han mostrado su malestar ante la posición de Von der Leyen, ya que al ser una cumbre entre dos bloques de países, la presidenta de la Comisión Europea debería asistir por protocolo. En su lugar irá la Alta Representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, y también acudirá el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, ante el revuelo creado por la ausencia de la principal dirigente de la UE.

Los funcionarios de la UE temen enfadar a Trump y que rompa el frágil acuerdo comercial cerrado el pasado verano entre Europa y los EEUU y recuerdan la dependencia de armamento y la inteligencia militar estadounidense que necesita Ucrania para defenderse de Rusia, según publica Financial Times.

La presión de EEUU a los países latinoamericanos llega cuando la UE está a punto de cerrar el acuerdo comercial con Mercosur, que se podría firmar el próximo 20 de diciembre en Brasil. Von der Leyen ya retrasó su ratificación hasta para lograr la consecución del pacto de aranceles con Trump.

En esta situación, el presidente de Colombia denunció en la red social X que “fuerzas ajenas a la paz de América han querido que la cumbre Celac/Europa fracase. Y claro que en la nueva geopolítica fósil y antidemocrática se busca que los pueblos que desean la libertad y la democracia no se junten”. Ante el posible descalabro de la cumbre, el presidente de Brasil, Lula Da Silva, anunció que participaría en la reunión pese a que en un primer momento su Gobierno anunció que no acudiría a Santa Marta.

Aunque la Administración Trump ha incrementado la presión sobre el presidente colombiano con acusaciones sin pruebas de apoyar al narcotráfico, la realidad es que EEUU ya anunció posibles sanciones cuando Petro apuntó en mayo que Colombia se uniría a la iniciativa de infraestructuras Belt and Road de Pekín durante una visita a China.

Ese mismo mes se celebró una reunión China-CELAC en Pekín con la participación de los líderes de Brasil, Lula da Silva; Colombia, Gustavo Petro, y Chile, Gabriel Boric, donde el presidente chino, Xi Jinping, anunció que “China aumentará sus importaciones de productos de alta calidad de países de América Latina y el Caribe e incentivará a sus empresas a expandir sus inversiones en esa región”. Además, Xi le mandó un mensaje velado a Trump al comentar que “la intimidación y la coerción solo conducen al aislamiento” e insistió en que China iba a impulsar la colaboración con los países latinoamericanos como respuesta a las tensiones geopolíticas.

EEUU no ha parado de lanzar mensajes intimidatorios a los países latinoamericanos que trataban de impulsar las relaciones comerciales con China. A esta política coercitiva responde la amenaza de Trump de utilizar la fuerza para recuperar el control del canal de Panamá. Tras la advertencia, el gobierno panameño se bajó de la iniciativa de infraestructuras Belt and Road de China.

Además, en el caso de Colombia hay que añadir que en un año hay elecciones presidenciales. Trump estaría buscando un nuevo presidente más afín a sus intereses y desbaratar la posibilidad de que Petro rompa el acuerdo de cesión de bases militares a EEUU en territorio colombiano para combatir el narcotráfico. “Llegó la hora de sacar todas las bases estadounidenses del país”, comentó Petro el pasado 20 de octubre.

Dentro de la estrategia de política exterior de Trump está romper con las reuniones multilaterales. Estados Unidos ha presionado para que la República Dominicana cancelara la Cumbre de las Américas que iba a tener lugar el próximo diciembre, donde habrían participado líderes latinoamericanos junto a Estados Unidos y Canadá.

España rebaja la importancia de las ausencias

El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, anunció hace tiempo su participación en la cumbre en Colombia. España tiene especial interés en el éxito de estas reuniones que han sido promocionadas por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Fuentes de Moncloa han rebajado la importancia a las ausencias de líderes europeos con el argumento de que todos los países van a mandar a representantes a Santa Marta y se centran en que la cumbre se va a celebrar, que es la prioridad para España.

Respecto a las amenazas de Trump sobre las supuestas implicaciones de los gobiernos de Venezuela y Colombia con el narcotráfico, fuentes de Moncloa señalan que es una prioridad luchar contra las redes de narcotráfico y el crimen organizado mediante cooperación política y judicial y el intercambio de información.

El Gobierno de España recuerda que la Unión Europea va a presentar en Santa Marta un proyecto propio para abordar la lucha contra el narcotráfico. Desde Moncloa se apunta que tanto Venezuela como Colombia han decidido abordar el problema común del narcotráfico, que preocupa a ambos lados del Atlántico, y que España defiende que es un reto que se tiene que afrontar desde el cumplimiento del Derecho internacional.

El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), una organización que representa a 350 grandes empresarios de todos los países de Iberoamérica que participa tanto en el foro empresarial como observador en la parte política del encuentro UE-CELAC, señala que “nunca antes EEUU había puesto tanto interés en Latinoamérica” y que “la reacción de la Unión Europea ha sido acelerar y potenciar los tratados comerciales con las principales economías de Latinoamérica. Ahí está el tratado con México, con Mercosur o con Chile. Cuando estén todos en vigor, el 94% del PIB de la región se beneficiará de tratados comerciales con la UE”. 

Iván Cepeda, senador de voz pausada y reconocido por sus camisas sin cuello, será la principal carta de la izquierda colombiana para buscar la continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro en las elecciones de mayo de 2026. A sus 63 años, este bogotano ha emergido de la consulta interna de la coalición gubernamental del Pacto Histórico como un imán para el heterogéneo espacio progresista local. Tras superar a la exministra de Salud del actual Gobierno, Carolina Corcho, su candidatura simboliza una etapa inédita de madurez política en un bloque ideológico que fue marginal durante años. Además, su padre, el también congresista Manuel Cepeda, fue asesinado por los paramilitares en 1994, un legado trágico que ha guiado su defensa de los derechos humanos. Y hoy el optimismo en los cuarteles generales de la fuerza gobernante es tangible.

La fuerza que irradia Cepeda también está cimentada en sus denuncias contra el expresidente de derechas Álvaro Uribe Vélez por manipulación de testigos en un caso engarzado al mundo paramilitar. El proceso judicial, interpuesto por el senador de izquierdas, ha superado dos etapas penales. En principio desembocó en una condena a 12 años contra el poderoso político antioqueño. La revisión del caso en segunda instancia, sin embargo, revocó la condena. Y el expediente ahora sigue su curso, en teoría, hacia su último capítulo en la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia, en un recurso que puede tardar hasta cinco años más. 

Una consulta abierta a toda la ciudadanía

Mucho se ha debatido en Colombia sobre el alcance de los 2,7 millones de votantes que participaron en las primarias del pasado domingo. Fue un proceso abierto a toda la ciudadanía –no solo a los militantes de la coalición–. Analistas y opositores coinciden en que se trata de un umbral muy aceptable para un ejercicio que no es frecuente en el país. “Esta es una experiencia que otorga legitimidad al Pacto Histórico. Más aún en una democracia donde los partidos se caracterizan por un modelo personalista. Aquí los barones electorales eligen a los candidatos con bolígrafo. Sin discusión democrática en las bases”, explica a elDiario.es Jorge Iván Cuervo, académico de la Universidad Externado.

“La primera lección de esta consulta es que solo la izquierda ha logrado encontrar un mecanismo democrático para dirimir una candidatura entre sus aspirantes y, además, organizar una lista cerrada para las elecciones a Congreso. Este último punto resulta un mecanismo muy novedoso en el país. Nunca se había empleado”, afirma por su parte el politólogo Yann Bassett. Se refiere a que la consulta interna también sirvió para definir las listas del progresismo al Senado y la Cámara que competirán en las legislativas del próximo 8 de marzo. En resumen, y a pesar de algunos tropiezos logísticos en la organización de la Registraduría, la jornada ha servido para perfilar varios puntos aún pendientes en el caso de otras fuerzas políticas. 

A juicio del sociólogo y militante de izquierda Luis Eduardo Celis, el hecho de que el centro político y la derecha se hayan negado a celebrar sus propias consultas de manera paralela denota una realidad que no beneficia a la democracia. Apunta que la derecha, “que no es suicida”, sabe que debe defender su candidatura a través del Centro Democrático. No pueden llegar divididos en la primera vuelta de mayo próximo. De hecho, ya han anunciado que realizarán una especie de encuesta en noviembre. “Les ha costado mucho organizarse, y supongo que querían evaluar primero lo que sucedía con el Pacto Histórico antes de enfrentarse a una competencia que podría resultarles desfavorable”.

La izquierda ha logrado encontrar un mecanismo democrático para dirimir una candidatura entre sus aspirantes y, además, organizar una lista cerrada para las elecciones a Congreso

Yann Bassett — Politólogo

Para formarse una idea, los más de dos millones y medio de sufragios depositados el pasado domingo se acercan al número de electores que impulsaron la lista cerrada del progresismo en las legislativas de 2022. En aquella ocasión, el PH sumó un 18,5% del total de escaños. Un resultado histórico, dado que la izquierda colombiana siempre fue residual dentro de un sistema presidencialista férreo y bipartidista. Celis describe aquel viejo mundo como “una fiel representación del viejo mundo republicano ligado al capital, no al trabajo”. Sin embargo, en los últimos 25 años, la cerrazón ha cedido y en su opinión hoy existe un panorama mucho más abierto. Allanado, quizás, por el proceso de paz entre el Estado y la desmovilizada guerrilla de las FARC (2016) y el estallido social de 2021: “Hoy el progresismo puede demostrar que es la mayor fuerza organizada del país”.

Continuismo

Desde la victoria de Gustavo Petro en 2022, se venía barajando la tesis de que, después de casi dos siglos de vida republicana, la contienda política en Colombia se había “latinoamericanizado”. El péndulo se movía, de una vez por todas, en ambas direcciones. Como en Argentina, Chile o Brasil. Con una izquierda democrática, además, deslindada de viejos estigmas guerrilleros. “Quiero agradecer, en especial, a los campesinos, a los pueblos indígenas y a los pueblos afrodescendientes (...). No voy a ir a debates a insultarnos con otros precandidatos, ni a amenazarnos ni a denigrarse. Hablemos sobre retos, conceptos e ideas de país y no sobre amenazas”, afirmó Iván Cepeda el domingo en la noche tras conocer los resultados.

Varias cosas quedaron claras. El flanco que representa Cepeda, enraizado en una izquierda clásica de aparato, recoge la voz contra la violencia de Estado, especialmente del paramilitarismo de extrema derecha, y continúa con el proyecto reformista de Petro. Por eso los resultados también refrendaron la gestión del presidente, cuyos niveles de aprobación giran en torno al 34% con un repunte en la percepción de su gestión en agosto, según una encuesta confeccionada por el portal Bloomberg. Las críticas contra su fallida estrategia de paz con los grupos armados ilegales o la deriva profunda en la reforma de salud no han pasado factura entre sus seguidores.

Ahora queda por verse el impulso político que recibirá la derecha tradicional, tras la exoneración en segunda instancia de su líder natural, el expresidente Álvaro Uribe. Esta decisión judicial, que revocó la condena inicial de 12 años de prisión por soborno de testigos y fraude procesal en una investigación vinculada al paramilitarismo, ha sido recibida como un bálsamo por ese sector político. Al proceso penal, impulsado por Iván Cepeda, aún le queda un último capítulo que será dirimido por la sala de casación de la Corte Suprema de Justicia. ¿Ahora cuál será la narrativa de la izquierda de cara a 2026?

Las primarias dejaron algunas pistas. Para Jorge Iván Cuervo, ha emergido un nuevo electorado. En su opinión más complejo, y cuyo voto, quizás, se aleja cada vez más de los canales tradicionales de la política colombiana: “Un universo que no cabe en los programas de los partidos históricos o conservadores porque no tienen una respuesta para llegar a los movimientos sociales, a los votantes de las comunidades étnicas. También hay que resaltar la renovación de liderazgos en la izquierda colombiana. El análisis quedaría incompleto sin mencionar la influencia de jóvenes que han hecho la tarea para llegar al Congreso con un perfil más mediático, a través de las redes sociales. Todo esto era un anhelo hace cuatro años, hoy es una realidad sobre el mapa político”.

La lista Clinton nació en los noventa para aislar económicamente a narcotraficantes y blanqueadores de dinero. Supuestamente, era en su origen un instrumento de cooperación internacional contra el crimen organizado. Hoy, su uso se ha degradado hasta convertirse en un arma política. La decisión tomada por Donald Trump de incluir en ella a Gustavo Petro, a varios miembros de su familia y a su ministro del Interior marca un punto de inflexión: ya no se sanciona a presuntos delincuentes, sino a adversarios políticos.

Michelle Manatt, exfuncionaria demócrata del departamento de Estado y una de las arquitectas del programa original, se pronunció sin rodeos desde Estados Unidos: “en mi país ya no existe el debido proceso; primero tomaron la decisión política de poner su nombre ahí y luego buscaron elementos para justificarlo”. Pocas declaraciones definen mejor la arbitrariedad. Lo que en teoría debería ser un mecanismo jurídico se transforma así en una forma de chantaje ad hominem: un aviso a cualquier dirigente que pretenda desafiar los planteamientos de Trump. 

Ataques políticos como este, no solo no fortalecen la lucha contra el narcotráfico, la erosionan. Si todo el mundo es un narcotraficante, nadie lo es. El resultado es una banalización que deja más espacio a los verdaderos cárteles. “Reemplazar constantemente la verdad por la mentira no hace que las mentiras sean aceptadas como verdad, sino que el sentido de la realidad se destruya” escribió Hannah Arendt. Ese es el punto en el que nos encontramos: un mundo donde la lucha contra el narcotráfico se usa para encubrir maniobras políticas oscuras, y donde la verdad parece depender de quién tenga más capacidad de imponerla.

Pero vamos a los hechos. Los cultivos de hoja de coca en Colombia alcanzaron cotas muy altas en el gobierno del uribista Iván Duque, cuando se destruyó la política de sustitución voluntaria de cultivos que había implantado en su día Juan Manuel Santos. En 2021, bajo el gobierno Duque la tasa de crecimiento de cultivos estaba en el 42%. Hoy, según datos adelantados por el propio presidente colombiano, la tasa de crecimiento de cultivos va en claro declive: 13% en 2022; 9% en 2023; 3% en 2024.

Petro pagó el precio de haber dicho lo que muchos piensan y pocos jefes de estado o de gobierno se atreven a verbalizar con tanta claridad. Denunció los asesinatos extrajudiciales en alta mar, las detenciones de madres y padres migrantes delante de sus hijos, las deportaciones de personas esposadas de pies y manos a sus países de origen y las entregas a terceros países donde se les pierde la pista. Fue de los más contundentes ante el genocidio en Gaza. Pero hizo algo más. Puso sobre la mesa el elemento de fondo que explica que Trump tenga el mayor portaviones del mundo a pocas millas de la costa venezolana: el petróleo.

Y es que la geopolítica puede ayudarnos a entender la situación actual en la región. En su disputa con China por las tierras raras, Trump es consciente de que América Latina concentra en sus entrañas buena parte de estos minerales. No tendrá ningún problema en controlar el litio argentino, mientras Javier Milei continúe al frente del país. Tampoco tendrá mayores obstáculos para abordar un giro en la relación con Bolivia, país enormemente rico en litio y otros minerales, tras la elección de Rodrigo Paz como presidente. El petróleo venezolano gana valor en este contexto de transición energética global. 

En este tablero, falta Brasil. Llama la atención el silencio del presidente Lula da Silva. Al frente de la principal potencia regional, es evidente que su voz tendría capacidad disuasoria sobre aventuras bélicas en la región. La única explicación pasa por asumir que ha optado por la vía del diálogo directo con Trump, con quien se vio esta misma semana en Malasia, en la defensa de su propio interés nacional. Sin embargo, si esa posición se mantiene, el resultado será una América del Sur fragmentada, donde cada gobierno lo supedite todo a su interés nacional concreto. Pero el coste de esa estrategia no será menor y el silencio ante Trump puede tener también derivadas internas. El gobernador bolsonarista que ordenó el pasado martes la incursión en una favela de Río de Janeiro y que se saldó con más de 130 muertos, muchos de ellos jóvenes con tiros en la nuca, hizo suya, precisamente, la justificación de Trump: “todos eran narcotraficantes”.  

El caso Petro demuestra que la defensa de la democracia latinoamericana no pasa por complacer a Trump, sino por recuperar el valor de la política. La democracia no puede depender de la aprobación del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos ni de los intereses de turno de una administración. Si los pueblos eligen libremente, ningún buró financiero debería tener la potestad de atentar contra esa voluntad. De lo contrario, lo que se destruye no es solo un gobierno o a un presidente, sino la idea misma de que la política pueda ser algo distinto de una sucursal del poder ajeno.