“Recuperar els diners robats” és el mantra que molts polítics utilitzen per a tranquil·litzar la societat davant el reguitzell de casos de corrupció i sentències que es prodiguen pràcticament diàriament. En el cas Nóos, ni la Generalitat valenciana ni l’Ajuntament de València podran dir que han recuperat un sol euro dels 3.882.000 euros que ambdues institucions van injectar a la fundació del cunyat del rei Iñaki Urdangarín en dos anys, segons la sentència del Tribunal Suprem, que ja és ferma.

Tots els càrrecs polítics valencians que van ser jutjats per l’Audiència de Palma han quedat absolts definitivament pel Tribunal Suprem, que també ha entés que els diners que va cobrar la Fundació Nóos per muntar el congrés València Summit i un informe dels Jocs Europeus, en concret 3.882.000 euros, no hauran de tornar a les arques públiques de la Generalitat i al consistori de la capital valenciana.

Més bona sort han tingut les institucions de les Illes Balears, ja que el Tribunal Suprem ha ratificat que els membres de la trama corrupta han de retornar 619.000 euros a la Fundació Illesport.

Iñaki Urdangarín, Diego Torres i l’expresident balear Jaume Matas hauran de reintegrar el 97,5 % de 619.000 euros a la fundació per a la promoció de l’esport que va córrer amb les despeses dels capritxos del gendre del rei emèrit. L’altre 2 % el reembossarà l’exdirector general d’Esports balear Pepote Ballester i el 0,5 % restant Gonzalo Bernal, exdirector gerent de la Fundació Illesport.

L’Agència Tributària si que veurà rescabalats els diners defraudats a través de les multes imposades per l’Audiència de Palma i ratificades pel Suprem pels delictes contra la Hisenda Pública i els fraus en l’IRPF. En concret, 2.182.243,24 euros que hauran de reintegrar Urdangarín, Diego Torres, la infanta Cristina i Ana María Tejeiro.

Urdangarín haurà de pagar 839.479,44 euros per dues multes contra la Hisenda Pública i la devolució de quotes defraudades en l’IRPF. Diego Torres haurà d’abonar aquestes multes per aquests delictes, però amb un muntant d’1.033.663,8 euros. La infanta Cristina haurà d’abonar per la seua responsabilitat civil a títol lucratiu 172.550 euros per la malversació de cabals públics del seu marit i Ana María Tejeiro 172.550 euros per aquests delictes comesos per Diego Torres.

La sentencia de la Audiencia de Palma sobre el caso Nóos sostiene que en los contratos suscritos por el instituto presidido por Iñaki Urdangarin con Turismo Valencia (FTVCB) y la Ciudad de las Artes (CACSA) estarían hoy al margen de la ley, pero cuando fueron suscritos “la administración se conducía de otro modo”.

La sección primera de la Audiencia de Palma ha absuelto al exvicealcalde de València, Alfonso Grau, y a los otros cuatro acusados de la rama valenciana de la causa, incluido el exsecretario de Turismo de la Generalitat Luis Lobón.

Pese a absolver a estos procesados, la sala hace una reflexión sobre la legalidad de estas actuaciones en la parte de la sentencia en la que se analizan los convenios con motivo de los Valencia Summit de 2004 a 2006 organizados por el instituto Nóos y financiados por FTVCB y CACSA, organismos dependientes del Ayuntamiento de Valencia y de la Generalitat, respectivamente.

“Las normas administrativas deben ser interpretadas conforme a la realidad social concurrente en el momento de su aplicación, y no doce años después”, se afirma en la resolución judicial.

A continuación, añade: “En la actualidad resulta palmario que la actuación desplegada se hallaría al margen de la legalidad, pero en aquel momento lo cierto es que la administración se conducía del modo descrito, aprovechando ciertas antinomias legales”.

Por ello, añade la sentencia, “siempre existirá una alternativa razonable que explique la creencia de los acusados de que podían hacer lo que hacían”.

Según la resolución judicial, Urdangarin se puso en contacto con la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá después de noviembre de 2013 para “comentarle su reciente incorporación al Instituto Nóos y los proyectos que pretendía desarrollar”, además de exponerle cómo Valencia podría “capitalizar su reciente condición de sede de la Copa del América”.

Barberá, tal y como reconoció durante su declaración como testigo en la causa, “mostró interés en la idea pero reclamó un proyecto más concreto”, sin que se haya acreditado que se formalizara entre ambos un acuerdo verbal.

La alcaldesa remitió a Urdangarin a la Fundación Turismo Valencia y a CACSA por ser los organismos y entidades a las que “podría interesarles la idea”.

Tampoco ha quedado acreditado, a juicio de las magistradas, que Urdangarin se reuniese conjuntamente con Barberá y Camps, ni que este encuentro se produjese en el Palacio de la Zarzuela.

La idea llegó “de algún modo” a la Generalitat

No obstante, “la idea de realizar el foro de ciudad y deporte se trasladó de algún modo a la Generalitat” porque Urdangarin y su socio, Diego Torres, lograron reunirse con distintas autoridades e instituciones hasta que este último se reunió con Luis Lobón y José Manuel Aguilar.

Urdangarin remitió carta a Camps para que confirmase el proyecto y poder cerrar agendas, pero no ha quedado acreditado que recibiese la misiva personalmente, siempre según la sentencia.

La propuesta de Urdangarin fue aceptada por el director general de CACSA, Aguilar, con el visto bueno de Lobón, aunque se decidió no afrontar la totalidad de la financiación, que se compartió con FTVCB, al existir un convenio entre ambas.

La sala tampoco considera acreditado que “el único motivo para aceptar la financiación de las cumbres fuera que la persona que las ofrecía disfrutaba de un privilegiado posicionamiento institucional, con ocasión de su proximidad a la Jefatura del Estado”

Tampoco ha quedado acreditada que la financiación de los Summit fuera desproporcionada ni que la fórmula del convenio de colaboración fuera elegida para “orillar al ley de contratos de la administración, al objeto de obviar un concurso público y beneficiar directamente a Nóos”.

Por lo que respecta a la Fundación Turismo Valencia, la sentencia indica que “el delito de prevaricación requiere acreditar previamente cuál sería el procedimiento concreto que se soslaya, a fin de evaluar los controles concretos que se eluden, pues no toda ilegalidad administrativa puede ser elevada a delito, y en el presente caso, como ocurre con CACSA, no consta cumplidamente acreditado cuál sea este procedimiento”.

“Con independencia del análisis sobre la forma de gestión de un Ayuntamiento que externaliza de forma relevante en un ámbito competencial destacado como es el turismo, la sala se halla sometida al principio de legalidad y tipicidad de las infracciones”, y se añade que la FTVCB “viene actuando del mismo modo desde su creación” y “la sindicatura no la incluyó en el sector instrumental en los años 2004, 2005 y 2006”.

Por otra parte, se apunta que la FTVCB dispone de sede fija, plantilla y gestión profesionalizada y que, además, su presidente entonces, Alfonso Grau, “nunca se reunió con Urdangarin”.

La portavoz del grupo municipal socialista y responsable del recurso judicial que sentó a Alfonso Grau -el que fuera mano derecha de Rita Barberá en el ayuntamiento de Valencia- en el banquillo de Nóos, Sandra Gómez, ha valorado la sentencia del caso Nóos con “total respeto”. La Audiencia de Palma, que ha condenado a seis años y tres meses de prisión ha Iñaki Urdangarín y a ocho años y medio a su socio Diego Torres, ha absuelto al exvicealcalde y al resto de encausados valencianos.

“Como grupo socialista estamos orgullosos de haber llevado este caso y de haber defendido los intereses de todos los valencianos”, ha asegurado Gómez, quien pese a la absolución asegura que el auto pone de manifiesto “cómo gobernaba el PP y las formas de hacer política, porque tenemos que recordar que de este caso vinieron otros como el que ahora se está instruyendo sobre la posible financiación ilegal del PP de la ciudad de Valencia”.

La portavoz socialista ha añadido: “Los hechos nos han dado la razón de que la forma de hacer política y la forma de actuar de nuestros gobernantes locales en ese momento poco tenían que ver con los intereses de los valencianos”.

En este sentido ha recordado que, más allá de que la Audiencia de Palma considere que los hechos no son suficientes para privar de libertad a los acusados, “lo que está claro es que lo que se desprende de los textos que leímos en la instrucción sí que hay un reproche sobre la forma de actuar y la forma poco ética de gestionar los recursos públicos contratando un evento que nos costó 3 millones de euros a todos los valencianos y que la audiencia cifraba en 300.000 euros”.

La portavoz del PSPV, que no ha sido condenado a pagar las costas del proceso, ha dejado entrever que no recurrirán al Supremo, puesto que cuando hay absolución los recursos no suelen prosperar.

Antiguos altos cargos de la Generalitat Valenciana que tuvieron conocimiento de la contratación del Instituto Nóos han desmentido al exconseller de Economía Gerardo Camps al atribuirle la decisión de encargar los foros Valencia Summit a la asociación que presidía Iñaki Urdangarin.

En su declaración como testigo el pasado 8 de marzo, Camps aseguró que no tuvo ninguna participación en la decisión de contratar a Nóos. “No tenía contacto alguno con el Instituto Nóos, ni con nadie del Instituto Nóos ni lo he tenido nunca”, afirmó.

Este martes, la exasesora de la Secretaría Autonómica de Eventos y Proyectos Amparo Castellano ha manifestado en el juicio ante la Audiencia de Palma que en su departamento, dependiente de Economía, “no se movía un dedo sin que lo supiera el conseller”.

Castellano ha relatado que en 2004 asistió a una reunión en la que Urdangarin dio a conocer el proyecto de Valencia Summit al secretario autonómico de Eventos y Proyectos, Luis Lobón, que actuaba por indicación de Camps, como él mismo declaró en su comparecencia como acusado el 17 de febrero.

Posteriormente ha testificado Nicolás Figueras, asesor del Comisionado para la Copa América, quien ha insistido en que su función se limitaba a la supervisión del Valencia Summit, pero que la decisión de la contratación provenía del entonces conseller de Economía.

L’expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, declara aquest divendres a l’Audiència de Palma, en el judici de Nóos en qualitat de testimoni. Camps, en l’explicació sobre el seu paper en l’organització dels projectes de l’Institut Nóos, ha atribuït al seu exvicepresident, Víctor Campos, la idea d’organitzar els Jocs Olímpics Europeus, iniciativa que apadrinava Iñaki Urdangarín amb l’Institut Nóos.

Concretament, Camps ha assegurat que la proposta se li va presentar “abans de l’estiu”, que era l’època en què es preparava l’argumentari per a celebrar el debat de política al setembre, sessió parlamentaria en què Camps va anunciar la intenció de dur a terme aquest projecte esportiu. L’expresident valencià ha afirmat també que no coneixia el nom de l’Institut Nóos i que fins a la tardor del 2005 no en va saber el nom ni que Iñaki Urdangarín hi estava al darrere. És més, Camps ha dit que el seu vicepresident no el va informar d’una reunió amb Urdangarín a Barcelona per a aquest esdeveniment (tampoc d’una altra reunió amb Diego Torres a Castelló) i, quan la Fiscalia li ha recordat que Campos va afirmar que sí que l’havia informat d’això, Camps ha matisat que, si se’l va informar d’aquest fet, no ho recorda, perquè debatia molts assumptes amb els seus membres de govern.

D’altra banda, l’expresident de la Generalitat ha indicat que no seguia de prop el desenvolupament de l’organització dels jocs, sinó que en feia un seguiment “general”, malgrat que sí que li semblava “interessant”, i tot i que l’ha equiparat a l’interés d’“una depuradora, una carretera o un hospital”.

Preguntat per la Fiscalia, Francisco Camps ha justificat la no-celebració dels jocs pels quals es treballava amb Nóos pel fet que el Comité Olímpic Espanyol havia apostat per l’organització dels Jocs Olímpics a Madrid el 2016, fet que era incompatible amb els jocs valencians. Camps ha donat aquesta argumentació esgrimint una carta de l’expresident del COE, Alejandro Blanco, que li va ser remesa el 2013, segons explica l’excap del Consell, i que llavors va decidir renunciar a l’organització de l’esdeveniment “per lleialtat, per patriotisme i per espanyolisme”, renúncia que es va haver de tornar a repetir després que, una vegada fracassada l’obtenció dels jocs madrilenys, se’n renovara l’aspiració per al 2020.

Camps també ha negat qualsevol reunió amb Urdangarín i Rita Barberá al palau de la Zarzuela, i també el fet d’haver instat CACSA (la Ciutat de les Arts i les Ciències) a organitzar els València Summit, tot i que sí que ha afirmat que van obtenir una “repercussió enorme” perquè “tot el que passava a València en aquell moment tenia repercussió”.

També ha negat saber que Urdangarín estiguera darrere dels València Summit, ja que en tenia un “desconeixement absolut” malgrat les seues converses sobre el tema amb l’exalcaldessa Rita Barberá. Així, ha afirmat que “no tenia cap coneixement dels València Summit” i que per això no es va implicar en el projecte la Generalitat.

En la seua declaració Francisco Camps ha tingut algun enfrontament amb les acusacions populars; així doncs, ha criticat, per “exòtica”, una pregunta de l’advocada de Manos Limpias, qualificatiu pel qual l’ha amonestat el tribunal. També s’ha mostrat sorprés per la presència de l’advocat representant dels regidors de València, “del PSOE”, ha remarcat Camps; i quan aquest li ha preguntat “en qualitat de què” se li havia presentat Urdangarín, ha afirmat que no el van informar d’això, i que tampoc no el van informar en una altra audiència quan va rebre “bolivarians de Colòmbia” que estaven vinculats amb la fundació CEPS “de la qual va sorgir Podem”.

Francisco Camps ha declarat aquest divendres després d’haver-ho fet prèviament d’altres, com l’exalcaldessa de València, Rita Barberá, i exmembres del seu govern autonòmic, com l’exvicepresident, Víctor Campos, i l’actual europarlamentari Esteban González Pons.

Cal recordar que el jutge instructor del cas Nóos, José Castro, va demanar al TSJCV que assumira la competència de la instrucció del cas sobre els fets referits a Camps i a Barberá, pel fet d’apreciar indicis racionals de la possible participació de tots dos en delictes de falsedat documental, prevaricació, malversació de fons públics i frau a l’Administració i ser aforats (tots dos diputats a les Corts Valencianes). El Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valencia, però, va rebutjar imputar l’expresident i l’exalcaldessa “per falta de prou indicis incriminatoris” i va retornar la totalitat de la causa al jutge del Jutjat d’Instrucció número 3 de Palma.

L’Institut Nóos va rebre més de tres milions d’euros públics de les institucions valencianes per a dur a terme els seus projectes vinculats a l’esport.

El fiscal del caso Nóos, Pedro Horrach, ha puesto en duda la credibilidad de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá durante la sesión celebrada este martes en la Audiencia de Palma. La senadora valenciana ha comparecido como testigo para explicar los detalles de la contratación por parte del ayuntamiento al instituto de Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

Así, Barberá, en un momento de su declaración, tras referirse a la reunión mantenida con el cuñado del rey Felipe y su socio en el despacho de alcaldía, ha asegurado que en ese momento “de verdad acaba mi preocupación y ocupación en los Valencia Summit. Me gustaría que me creyesen”, a lo que Horrach ha contestado “es difícil”. Esta expresión ha provocado una llamada de atención de la presidenta del tribunal, Samantha Romero.

Barberá, quien ha derivado en el difunto Juan Antonio Samaranch, expresidente del Comité Olímpico Internacional, la idea de contactar con Urdangarin, ha reconocido el encuentro con los responsables del Instituto Nóos en Valencia para impulsar unas jornadas paralelas a la Copa América, los Valencia Summit. No obstante, la exprimera edil ha puntualizado que en esa entrevista no se concretó nada, al tiempo en que insistía en que ella no negoció nada: “No ordené, ni firmé, ni recomendé absolutamente nada”.

Se da la circunstancia de que el juez instructor del caso, José Castro, expresó públicamente y en diversas ocasiones su extrañeza porque tanto Barberá como el expresident Francisco Camps, que también debe testificar esta semana como testigo en la Audiencia de Palma, no estuviesen imputados. Castro achacó esta circunstancia al TSJ valenciano. Este posicionamiento del magistrado provocó que la senadora cargara contra Castro, a quien aseguró la Audiencia balear había puesto “en su sitio”.

L’exalcaldessa de València, Rita Barberá, ha afirmat que el difunt expresident del Comité Olímpic Internacional, Joan Antoni Samaranch, va ser qui li va suggerir organitzar els València Summit amb l’organització d’Iñaki Urdangarín i ha negat que fóra la Casa Reial a Zarzuela qui els instara, a ella i l’expresident Francisco Camps, a organitzar els esdeveniments.

La senadora del PP, a les preguntes del fiscal, ha declarat aquest dimarts com a testimoni davant del tribunal de l’Audiència de Palma que jutja el cas Nóos per explicar el seu paper en la contractació per part de les institucions públiques valencianes de l’associació que presidia Iñaki Urdangarín i ha assenyalat que Samaranch li va explicar l’existència de l’Institut Nóos; Barberá ha destacat que se li va presentar la institució com una “entitat sense ànim de lucre”, però que no ho va comprovar, perquè “no era missió meua”.

Barberá també ha explicat que només es va reunir una vegada a la fi de gener del 2004 al seu despatx amb Iñaki Urdangarín i Diego Torres, que li van plantejar l’organització dels València Summit, i que els va convidar a presentar el projecte a la Fundació Turisme València Convention Bureau (FTVCB) i a CACSA (Ciutat de les Arts i les Ciències), que eren les entitats que gestionaven aquest tipus d’esdeveniments.

Després d’aquesta reunió Barberá assegura que no va tenir cap vinculació amb l’organització de les jornades i que va ser la Fundació Turisme la que es va encarregar de la negociació, amb el seu vicealcalde, Alfonso Grau (imputat en el cas) al capdavant. Rita Barberá, preguntada per la jutgessa sobre la seua relació amb Grau, ha murmurat que s’havia deteriorat, però, a la pregunta de si hi havia enemistat, ha respost que “espere que no”, i ha assenyalat que les negociacions les feia Grau i que no va haver-hi “cap directriu”. A més, l’exalcaldessa ha apuntat que eren les regidories de Turisme i d’Esports les encarregades de gestionar la part pertinent a l’Ajuntament respecte de les jornades.

Pel que fa a la informació a Francisco Camps sobre l’organització dels València Summit, assegura que es va fer en alguna reunió “informal” i sense saber la data de presentació del projecte.

La Fundació Turisme València Convention Bureau (FTVCB), de la qual forma part el consistori de la capital valenciana en un 32%, va cofinançar els València Summit, que es van celebrar els anys 2004, 2005 i 2006, i van reportar uns 3 milions d’euros a l’Institut Nóos, entitat sense ànim de lucre creada pel marit de la infanta Cristina i el seu soci Diego Torres.

El exconseller de Economía de la Comunidad Valenciana Gerardo Camps ha testificado este viernes que él no tuvo ninguna participación en la decisión de contratar al Instituto Nóos para que organizara el foro Valencia Summit, en contra de lo que declaró el exsecretario de Eventos Luis Lobón.

“No tenía contacto alguno con el Instituto Nóos, ni con nadie del Instituto Nóos ni lo he tenido nunca”, ha asegurado Camps en su declaración como testigo en el juicio de Nóos, ante cuyo tribunal ha afirmado también que el entonces presidente de la Generalitat, Francisco Camps, no le dio ninguna instrucción respecto a la contratación de la entidad de Iñaki Urdangarin y Diego Torres.

Según el exconseller valenciano, actualmente diputado del PP en el Congreso, “las relaciones con el Instituto Nóos se llevaban desde el Comisionado para la Copa América, que dependía de la Presidencia de la Generalitat”, mientras que la intervención de la empresa Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), cuyo consejo de administración presidía, fue la de la ejecución de una decisión proveniente de ese comisionado.

Ha concretado que cuando se pactó con el Instituto Nóos que la Generalitat Valenciana patrocinara el foro internacional sobre eventos deportivos Valencia Summit el comisionado de la Copa América era Eugenio Pérez Mifsud, por lo que supone que supervisó directamente el acuerdo con la asociación de Urdangarin y Torres.

Iñaki Urdangarin ha asegurado este miércoles en la Audiencia de Palma que cobró 710.000 euros del Instituto Nóos entre 2004 y 2005 por su trabajo para las cumbres que organizó la entidad en Valencia y Baleares.

“Yo creo que recibí en total, en 2004 y 2005, mis honorarios por las cumbres tanto Valencia Summit como Ibforum, 710.000 euros con IVA. Eso fue los únicos ingresos que he cobrado del Instituto Nóos por los acuerdos de las cumbres, el resto siempre me ha venido por las empresas privadas a las que he asesorado”, ha dicho Urdangarin a preguntas del fiscal Pedro Horrach.

Ha detallado que cobraba en función de los baremos y precios de mercado “lo que podía cobrar un consultor de una escuela de negocios como Esade”, y lo facturó desde la empresa Aizoon, cuya propiedad compartía a medias con su esposa, la infanta Cristina y de la que es administrador.

Urdangarin ha destacado que todas las cumbres organizadas por el Instituto Nóos “tenían una connotación deportiva” y su papel era entablar “una relación con las distintas instituciones y personalidades” a quienes invitaban a participar.

“Era una relación institucional y sobre todo mi conocimiento en el mundo del deporte, dado que los dos grandes proyectos tenían una connotación eminentemente deportiva”, ha afirmado. En el caso de Valencia, la cumbre se basaba en cómo una ciudad puede aprovechar un gran acontecimiento deportivo, y en Baleares en la relación entre el turismo y el deporte, ha explicado.

El precio de los honorarios que cobraba Urdangarin al Instituto Nóos lo fijaba “el director de cada proyecto” en el que participaba, en función del cargo que tenía el entonces duque de Palma.

Ha detallado que cada director de proyecto tenía que hacer la asignación de horas de los consultores que participaban en ellos y, en su caso particular, era su secretaria quien las contabilizaba a partir de su agenda, porque era quien sabía el tiempo que había estado trabajando en Valencia o Baleares.

No se reunió con Camps

De igual forma, el cuñado del Rey ha negado haberse reunido nunca con el expresident de la Generalitat Francisco Camps, así como que tampoco tratara con él la organización de las Valencia Summit, al tiempo que ha reconocido que la única reunión que mantuvo fue con la exalcaldesa Rita Barberá, quien le dijo que “si hacía falta incluir a la Generalitat ya lo haría ella” para ver si el proyecto era “interesante”.

Estas declaraciones contrastan con la declaración de Urdangarin ante el juez Castro, cuando desveló reuniones que mantuvo con Barberá y Camps apenas unos días antes de que se adjudicara a Nóos la organización de las Valencia Summit.

Urdangarin ha apuntado que se reunió con Barberá en febrero de 2004 después de que Valencia fuese nominada como sede de la Copa América. Un encuentro en el que se ofrecieron los servicios de asesoramiento de Juan Pablo Molinero y se abordaron proyectos “en los que se estaba trabajando”. “Teníamos unas ideas, el esbozo de lo que podía ser el trabajo” que entonces no se llamaba Valencia Summit sino “Desafío Valencia”.

El exduque de Palma está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, contra Hacienda y blanqueo de capitales y se enfrenta a peticiones de condena que van de los 11 a los 26,5 años de prisión.

Iñaki Urdangarín es va reunir el 2004 amb la llavors alcaldessa Rita Barberá per oferir-li l’organització d’un fòrum de turisme i esport, que a ella li va semblar positiu; per això li va indicar que traslladara la proposta a la Fundació València Turisme Convention Bureau.

Així ho ha explicat davant del tribunal que jutja el cas Nóos l’extinent alcalde Alfonso Grau durant la seua declaració com a acusat, en què ha detallat que va comentar a Barberá que havia rebut una proposta per a organitzar un fòrum esportiu i ella li havia recordat que feia uns quants dies que s’havia reunit amb Urdangarín per tractar aquest tema.

“Li vaig dir ‘hem vist en la Fundació aquesta proposta’ i em va dir: ”ah sí, fa uns quants dies va estar ací Urdangarín i li vaig dir que em semblava una cosa que feia bona pinta, que era positiu i que la presentara, entre altres llocs, a la Fundació’“, ha descrit Grau en resposta al fiscal Anticorrupció, Pedro Horrach.

L’Institut Nóos va percebre 3,6 milions d’euros per l’organització del València Summit, malgrat que, segons consta en el sumari del cas Nóos, només s’hi van fer servir 910.600 euros.

Reunió a Zarzuela

Reunió a ZarzuelaQuan se li ha preguntat sobre la reunió que, segons l’exsoci d’Iñaki Urdangarín al capdavant de Nóos, Diego Torres, van mantenir tots dos al palau de la Zarzuela amb l’expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, i la mateixa Barberá per abordar el projecte i exposar els objectius perseguits per l’Institut, Grau ha assegurat que desconeix que haja tingut lloc aquesta trobada.

“Només puc parlar del que he fet i on he estat”, ha indicat l’inculpat, per a qui l’acusació popular exercida pels regidors socialistes de l’Ajuntament de València reclama huit anys de presó.

En concret, Torres situa la reunió el 29 de gener de 2004, gairebé nou mesos abans que fóra signat el conveni per a celebrar el primer València Summit –el 8 de setembre d’aquell any.

D’aquesta manera, van quedar citats per a una reunió posterior, en què “demanava que fóra feta la presentació de la iniciativa, en presència del llavors president de la Comunitat Autònoma de València”. Va ser la que s’hauria dut a terme a Zarzuela.

Alfonso Grau s’ha negat a respondre a les preguntes dels advocats de la Generalitat Valenciana i del sindicat Manos Limpias.

Iñaki Urdangarin se reunió en 2004 con la entonces alcaldesa Rita Barberá para ofrecerle la organización de un foro de turismo y deporte, que a ella le pareció positivo, por lo que le indicó que trasladara la propuesta a la Fundación Valencia Turismo Convention Bureau.

Así lo ha explicado ante el tribunal que juzga el caso Nóos el exvicealcalde Alfonso Grau durante su declaración como acusado, en la que ha detallado que le comentó a Barberá que había recibido una propuesta para organizar un foro deportivo y ella le recordó que hacía unos días que se había reunido con Urdangarin para tratar ese asunto.

“Le dije 'hemos visto en la fundación esta propuesta' y me dijo: ”Ah sí, hace unos días estuvo aquí conmigo Urdangarin y le dije que me parecía una cosa que pintaba bien, que era positivo y que la presentase entre otros sitios, en la fundación'“, ha descrito Grau en respuesta al fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach.

El Instituto Nóos percibió 3,6 millones de euros por la organización del Valencia Summit, a pesar de que, según consta en el sumario del caso Nóos, para ello únicamente empleó 910.600 euros.

Reunión en Zarzuela

Al ser preguntado sobre la reunión que, según el exsocio de Iñaki Urdangarin al frente de Nóos, Diego Torres, mantuvieron ambos en el Palacio de la Zarzuela con el expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps y la propia Barberá para abordar el proyecto y exponer los objetivos perseguidos por el Instituto, Grau ha asegurado desconocer que este encuentro se produjera.

“Sólo puedo hablar de lo que he hecho y donde he estado”, ha abundado el inculpado, para quien la acusación popular ejercida por los concejales socialistas del Ayuntamiento de Valencia reclaman ocho años de cárcel.

En concreto, Torres sitúa la reunió el 29 de enero de 2004, casi nueve meses antes de que fuese firmado el convenio para la celebración del primer Valencia Summit -el 8 de septiembre de ese año-.

De tal modo, quedaron emplazados para una posterior reunión, en la que “pedía que fuera realizada la presentación de la iniciativa, a presencia del entonces presidente de la Comunitat Autónoma de Valencia”. Fue la que se habría llevado a cabo en Zarzuela.

Alfonso Grau se ha negado a responder a las preguntas de los abogados de la Generalitat Valenciana y del sindicato Manos Limpias.

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau, quien declara como acusado en el juicio del caso Nóos, ha asegurado que nunca ha tenido capacidad de contratación en el Ayuntamiento, puesto que esta competencia, bajo la alcaldía de Rita Barberá, correspondía a una mesa de contratación conformada “por los más altos funcionarios de la casa, en la que no participaba”.

Así lo ha subrayado al comenzar a ser interrogado por el abogado que representa a los concejales del PSPV del Consistorio valenciano, personado como acusación popular. Se trata de la única parte, junto a Manos Limpias, que ejercita acciones penales contra Grau bajo una petición de ocho años de cárcel.

El inculpado fue enviado al banquillo al considerar la Audiencia Provincial de Baleares determinante el papel que habría desplegado en las negociaciones de los convenios que fueron suscritos en 2004, 2005 y 2006 para la celebración de los denominados Valencia Summit, por cuya organización el Instituto Nóos percibió 3,6 millones de euros, a pesar de que para ello únicamente empleó 910.600 euros.

Al ser preguntado sobre su capacidad para elaborar presupuestos, el acusado ha recordado que es doctor en Medicina y, por tanto, su capacidad en este sentido “es la que es”.

El exsecretario de Eventos y Proyectos de la Comunitat Valenciana Luis Lobón ha asegurado ante el tribunal que recibió al exsocio de Iñaki Urdangarin, Diego Torres, para que le presentara el proyecto del foro que finalmente se celebró en 2004 porque se lo pidió el entonces conseller de Economía Gerardo Camps, actualmente diputado del PP en el Congreso.

Lobón, que afronta una petición de condena de entre 8 y 11 años de prisión por presuntos delitos continuados de malversación, prevaricación, falsedad y fraude a la administración, ha detallado ante el tribunal que juzga en Palma el caso Nóos que Camps le dijo que recibiera “a esta persona” porque tenía una propuesta, para estudiar si se podía hacer y si era “interesante”.

Fue en un corrillo relacionado con la designación de Valencia para organizar la America's Cup y, según Lobón, entonces Camps no le indicó que Torres tuviera ninguna relación con Iñaki Urdangarin, lo que supo después aunque no recuerda quién se lo dijo y no le produjo “ninguna inquietud”. Por organizar los tres Valencia Summit en 2004, 2005 y 2006, el Instituto Nóos percibió unos 3,1 millones de euros de Valencia Turismo Convention Bureau, entidad del Ayuntamiento de Valencia, y de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa), dependiente de la Generalitat.

Sobre la presentación de Torres ha explicado que “no era que viene cualquiera con cualquier cosa y con cualquier palabrería” y que aportó un listado de posibles participantes. “Me quedé impresionado de que se había contactado con personas muy importantes del deporte y con ciudades”, ha añadido.

Torres planteó “una actividad de concienciación que llegaba a la opinión pública”, con una serie de ponentes que la hacían “muy atractiva” y como prometió “se cumplió”. Dijo que ya había trabajo hecho, que se estudiaba celebrar el foro en Boston y “que era una cosa importantísima para Valencia, para el turismo de Valencia y para el Ciudad de las Artes y las Ciencias”.

Lobón ha recordado cuál fue la instrucción que le dio al director de la Ciudad de las Artes, José Manuel Aguilar, tras la reunión con Torres: “Nos parece interesante, es una de la cosas que necesitamos urgentemente hacer para la economía, para la ciudad de Valencia y para el turismo y si entra dentro de lo que a Cacsa le interesa, muy bien, y si no, lo siento por el señor Urdangarin”.

Sobre el hecho de que el convenio con Nóos lo firmaran la Ciudad de las Artes y las Ciencias y la Fundación Turismo de Valencia Convention Bureau que dependía del Ayuntamiento, Lobón ha dicho que en la Generalitat no había “cuerpos estancos ni cuarteles cerrados, todo el mundo tenía fluidez, había mucha fluidez entre Valencia Turismo Convention Bureau con Cacsa”.

Lobón ha señalado que el conseller Camps supo que se iba a llevar a cabo el patrocinio del Valencia Summit porque él le informó al respecto antes de que el consejo de administración lo aprobará, en uno de los despachos que celebraba habitualmente con su superior. Sobre la fórmula elegida para contratar al Instituto Nóos, un convenio, Lobón ha argumentado que él era “responsable político” y como tal “no entraba en los detalles, ni en las firmas ni en lo que decían los convenios, los contratos o los expedientes”. “Estaba muy tranquilo porque el director general me dijo que había unos protocolos muy exhaustivos de funcionamiento y de contabilización”, ha dicho Lobón.

“Además se modificaron en algún consejo de administración y lo miramos con mucho cuidado. Creo que llegó a venir al reunión del consejo de administración o a la anterior preparatoria una responsable jurídica para asegurarnos de que los procedimientos estaban bien hechos”, ha afirmado.

El que fuera director de la Ciudad de las Artes y las Ciencias (Cacsa) de Valencia entre 2003 y 2005, José Manuel Aguilar, quien ha comenzado a declarar pasadas las 16 horas como acusado en el juicio del caso Nóos, ha desvinculado al expresidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps de las negociaciones de cara a la contratación del Instituto Nóos para la organización de los denominados Valencia Summit.

“Este señor jamás, nunca, se puso en contacto conmigo absolutamente para nada. No tengo el placer de conocerle en lo personal”, ha recalcado el exalto cargo, quien ha aseverado que únicamente ha coincidido con él en actos protocolarios.

Aguilar, al igual que ya lo hiciera ante el tribunal el también exdirector gerente de Cacsa Jorge Vela -quien le sustituyó en el cargo-, ha defendido la legalidad de la tramitación de los Summit y ha aseverado que si no hubo expediente administrativo se debe a que se trataba de un contrato de patrocinio y no requería, por tanto, la convocatoria de un concurso público.

Asimismo, sobre los fondos que fueron abonados al Instituto presidido entonces por Iñaki Urdangarin -hasta 3,6 millones de euros-, el inculpado, para quien la Fiscalía Anticorrupción solicita seis años de cárcel, ha manifestado que hubo un control del gasto, “en este contrato y en todos”. “El procedimiento interno no permitía que se recibiese una factura si no se cumplían todos los mecanismos de control”, ha especificado.

El exresponsable de Cacsa se ha desvinculado además de las decisiones en torno al precio de la contratación, como la concesión a Nóos de un canon de un millón de euros, al aseverar que de este asunto se encargó la asesoría jurídica de la empresa dependiente de la Generalitat Valenciana.

En concreto, el Instituto Nóos organizó el primer congreso Valencia Summit en 2004 con un presupuesto total, incluido el canon de 1.044.000 euros, de 1.351.638 euros; en la segunda edición, el presupuesto final se elevó a 1.791.477 euros, mientras que el último, en 2006, se redujo hasta los 1.472.483 euros.

Torres expuso el proyecto

Aguilar ha explicado que fue el exsocio de Urdangarin, Diego Torres, quien presentó el proyecto a Cacsa, en 2004, durante una reunión en la que también estuvo presente el exsecretario autonómico de Eventos Luis Lobón, también encausado. Según ha recordado, fue Torres quien expuso la iniciativa, que partió de Nóos. “Yo no le di ninguna idea”, ha incidido. El acusado ha manifestado asimismo que Torres no mencionó a Urdangarin.

Asimismo, ha precisado que el encuentro se produjo en julio de ese año, mientras que el convenio con el Instituto se rubricó en septiembre. “Ya teníamos experiencia previa como patrocinadores de terceros”, ha apostillado.

Respecto al hecho de que la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau -que también realizaba aportaciones económicas-, ha señalado que la relación con ésta “era fluida”. “Era un matrimonio perfecto porque los dos estábamos interesados en lo mismo”, ha abundado.

La declaración de Aguilar, quien al igual que los exaltos cargos valencianos que le han precedido ante el tribunal se ha negado a responder a las preguntas de las acusaciones populares, ha finalizado a las 17.30 horas.

La exdirectora de gestión de la Ciudad de las Artes y las Ciencias Elisa Maldonado, quien declara como acusada en el juicio del caso Nóos, ha manifestado, en contra de lo que declaró en fase de instrucción, que los convenios firmados con el Instituto Nóos para celebrar los denominados Valencia Summit en 2004, 2005 y 2006 no requerían estar avalados por informes técnicos y jurídicos puesto que no se sometían a la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas.

“En absoluto eran necesarios puesto que los convenios se firmaron en el ámbito privado”, ha remarcado Maldonado a preguntas de la fiscal anticorrupción Ana Lamas. La entidad presidida entonces por Iñaki Urdangarin cobró un total de 3,6 millones de euros públicos por la organización de los anteriores eventos.

En su declaración, Maldonado ha negado que el informe que elaboró en 2005 presuntamente para encubrir la ilegalidad del convenio rubricado para la primera edición del Summit, llevada a cabo en 2004, fuese para “vestir el santo” y dar apariencia de licitud a la primera contratación. “¿No era para vestir el santo, como dijo en declaración policial?”, le ha espetado Lamas, a lo que la inculpada le ha respondido: “Yo no dije eso”.

La Fiscalía sostiene, sin embargo, que fue después de que la Sindicatura de Cuentas de Valencia apuntara a la falta de justificación de la primera contratación a favor de Nóos cuando el entonces director general de Cacsa, Jorge Vela, exigió a Maldonado que redactara un informe para justificar la firma del primer convenio y que lo datara en el año 2004.

Manipulación del informe técnico

Pese a que Maldonado reconoció ante el juez José Castro que, efectivamente, manipuló el informe técnico del Summit “por orden” de Vela, la acusada ha señalado ante el tribunal que no se trataba de un informe dirigido a justificar la necesidad del convenio sino que lo que el exdirector gerente le pidió fue la elaboración de un documento que explicara “los resultados del Valencia Summit de 2004 y las posibilidades del de 2005”.

“No se trata de informes que se elaboren porque sí, sino que valoran una decisión estratégica de la empresa [en alusión a Cacsa] y recaban información acerca de los objetivos y resultados de una accion de patrocinio a efectos de informar a terceros, como podía ser el Tribunal de Cuentas”, ha incidido.

En concreto, Maldonado fue directora de gestión de Cacsa desde 2003 hasta 2008 y sus funciones consistían en gestionar los recursos de la empresa y las distintas líneas de negocio. Durante ese tiempo coincidió con el también exdirector gerente José Manuel Aguilar de 2003 a 2005, así como con Vela, quien permaneció en el cargo hasta 2009.

El exdirector de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) Jorge Vela ha asegurado este miércoles que el el acuerdo con el Instituto Nóos para la organización de los foros Valencia Summit “era un convenio más” de los muchos que realizó la entidad y no tenía que someterse a la ley de contratos públicos.

En su declaración como acusado en el juicio del caso Nóos por su intervención en la financiación de los foros Valencia Summit, que reportaron unos 3 millones de euros a la asociación creada por Iñaki Urdangarin y Diego Torres, Vela ha señalado que Cacsa estaba eximida de cumplir las reglas de contratación pública en el “patrocinio” de esos foros.

“Cacsa es de la administración pero no es administración”, ha manifestado el ex alto cargo en respuesta a preguntas de la letrada defensora de Elisa Maldonado, exdirectora de gestión de Cacsa, a quien ha indicado también que no cuestionó el precio de los foros (900.000 euros más IVA) ni la legalidad de la fórmula porque no era preceptivo y nadie le advirtió de que hubiera ningún inconveniente.

Vela, que comenzó ayer su declaración respondiendo a las preguntas de la Fiscalía en un tono que este miércoles la presidenta del tribunal, Samantha Romero, le ha pedido que “modere”, se negó a contestar al letrado de la acusación popular del grupo municipal socialista de Valencia, igual que hoy ha eludido hacerlo a la acusación particular de la Abogacía de la Comunidad Valenciana.

El exdirector general de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia (Cacsa) Jorge Vela no cuestionó el precio de organización de los foros Valencia Summit por parte del Instituto Nóos porque le “venía dado” y se trataba de “un patrocinio” exento de cumplir la normativa de contratación pública.

Vela, el primero de los antiguos altos cargos públicos valencianos acusados en el juicio de Nóos que declara ante el tribunal de la Audiencia de Palma, ha insistido en que no encargó informes económicos sobre el “canon” solicitado por la entidad de Iñaki Urdangarin porque no era preceptivo.

El acusado, que se enfrenta a peticiones de pena de entre 6 y 11 años de prisión, ha respondido a las preguntas de la Fiscalía pero se ha negado ha atender las cuestiones que deseaba plantearle la acusación popular ejercida por el grupo municipal socialista del Ayuntamiento de Valencia.

Ha basado su argumentación en que, según su opinión y la de los gestores de la administración autonómica valenciana cuando se celebraron los Valencia Summit (2004, 2005 y 2006), los foros eran un evento del Instituto Nóos que Cacsa y la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau se limitaban a patrocinar porque se ajustaban a sus fines, y no un servicio prestado a la Generalitat.

“Estábamos patrocinando un evento de un tercero, que era el Instituto Nóos”, ha incidido el exdirector de Cacsa, que se incorporó a ese cargo en 2005, cuando ya se había firmado el convenio de colaboración para los foros, por lo que su intervención fue autorizar dos renovaciones anuales del evento sin dudar de su utilidad ni de que se tuviera que pagar por ellas en torno a 1 millón de euros por edición.

Als seients dels acusats de la sala de l’Audiència de Palma (més aviat la nau enllestida amb aquesta finalitat) en què avui dimarts ha començat la vista oral del judici del cas Nóos, després de la sessió preliminar de fa uns quants dies, seuen la infanta Cristina i, també, l’expresident balear Jaume Matas, del PP. Però hi ha dos grans absents: Francisco Camps i Rita Barberá, a què el jutge que va instruir la causa, José Castro, va considerar responsables del conveni amb l’institut d’Iñaki Urdangarín que va costar més de tres milions d’euros als valencians, però no va poder acusar-los directament. La intervenció preceptiva del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, que es va negar a assumir la tasca, els va deixar al marge.

És un dels exemples més clars per a sostenir la reclamació, hui assumida per molts sectors polítics i ciutadans, que càrrecs públics, parlamentaris autonòmics, diputats i senadors deixen de gaudir d’aforament. L’expresident de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ha aconseguit fins ara eixir indemne del cas Gürtel, una causa judicial d’àmbit estatal que, pel que fa a la branca valenciana, es va dividir en sis peces i que afecta desenes de càrrecs, entre els quals hi ha diversos exconsellers i expresidents de les Corts Valencianes de l’època campista. I també de Nóos.

En Gürtel, Camps va tenir la sort processal de ser absolt per un jurat popular en el denominat cas dels vestits, en l’inici de la investigació judicial de la trama, circumstància que el va fer ‘desconnectar’ de la resta dels supòsits de prevaricació, malversació i suborn en què haurien incorregut els membres de la trama corrupta i els seus “amics de l’ànima” en la política valenciana. És veritat que va pagar un preu. Va haver de dimitir com a president de la Generalitat poc temps abans del judici. Però a hores d’ara no està imputat en cap peça.

També ha aconseguit eludir el cas Nóos gràcies al privilegi conferit pel fet que la seua eventual imputació va ser decidida per un Tribunal Superior que no va voler carregar amb la instrucció de la branca valenciana. Amb això, l’afer va quedar incomplet a Palma i els únics dos polítics capaços realment d’induir la Generalitat i l’Ajuntament a subscriure amb Urdangarín uns acords semblants als que han portat Jaume Matas al banc dels acusats poden seguir la causa en temps real des de casa.

Al banc dels acusats seuen cinc valencians: el que va ser tinent alcalde de València, Alfonso Grau, pel que fa als fons detrets de manera presumptament il·legal per Urdangarín de l’Ajuntament a través de la fundació de turisme, i Luis Lobón, José Manuel Aguilar, Jorge Vela i Elisa Maldonado, pel que fa a les empreses públiques de la Generalitat Valenciana que van contribuir al saqueig. La ruptura de Grau amb Barberá, evidenciada aquests dies després de l’esclat de l’escàndol del presumpte cobrament de comissions, del finançament il·legal del PP i del blanqueig de diners negres que s’ha emportat avall l’estructura del partit a la ciutat i ha situat la parella de Grau, María José Alcón, entre les desenes d’imputats, ha obert un impasse sobre allò que l’extinent alcalde puga arribar a declarar.

Si algú pot ‘rescatar’ Barberá per a la causa de Nóos, és Grau. S’ha de veure, però, si això li convé des del punt de vista de la seua estratègia de defensa.

El exvicealcade de Valencia Alfonso Grau, uno de los dieciocho procesados por el caso Nóos, ha asegurado que la infanta Cristina, también juzgada en esta causa, ha estado “seria” en el banquillo porque no es una situación “para estar sonriente”.

En declaraciones a Efe, Grau ha recordado que el próximo día 9 de febrero empieza la toma de declaraciones a los acusados en esta causa que investiga el supuesto desvío de fondos públicos al Instituto Nóos, presidido por el marido de la infanta Cristina, Iñaki Urdangarin.

Preguntado por cómo ha notado a la infanta mientras han estado sentados en el banquillo, ha asegurado que estaba “seria” y ha agregado: “Estar allí no es para estar sonriente, no es divertido ni agradable y la infanta está seria, pero como creo que estamos todos, no recuerdo a ninguno divertido”.

Sobre el proceso, ha indicado que su abogado ha presentado una queja por la decisión del tribunal por la negativa a aplicar en su caso la conocida como doctrina Botín porque, según ha explicado, la única acusación que pesa sobre él es la del portavoz del PSPV en el Ayuntamiento de Valencia, Joan Calabuig, “y siete personas más”.

“Es solo para que conste nuestra discrepancia pero la decisión del tribunal -sobre los acusados- ya es firme”, ha añadido Grau, quien ha resaltado que la acusación sobre él “no es del grupo” socialista sino de ocho personas.

“Hay que matizarlo y así figura en los autos. Es una acusación personal de ocho personas físicas que en aquel momento pertenecían, porque ahora la mayoría no están, al grupo socialista pero como podían haber sido socios del Valencia club de fútbol”, ha agregado.

Según Grau, la acusación “es a título personal porque como grupo no se podían presentar porque el grupo político no tiene personalidad jurídica propia; la tiene el partido pero no el grupo”.

La coordinadora general de los populares valencianos, Isabel Bonig, ha precisado este martes que no es quién para decir lo que tiene que hacer el vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, imputado en el caso Nóos, aunque ha apuntado que el número dos de Rita Barberá “conoce perfectamente cuál es la línea del PP: Es incompatible sentarse en el banquillo y ocupar un cargo público”.

Bonig, a preguntas de los medios sobre el futuro político de Grau -con quien no ha hablado tras su imputación-, se ha remitido a lo dicho por el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, y la portavoz del Consell, María José Català, y a las declaraciones que se han hecho desde el PP, “creo que está clara cuál es la postura del PP”.

Así, después de que el pasado lunes la Audiencia de Palma decidiera estimar el recurso presentado por el grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Valencia y juzgar a Grau por Nóos, el Consell -por medio de su portavoz, María José Catalá- le recordaba al vicealcalde de Valencian la “incompatibilidad” del banquillo con el acta de concejal, con lo que se aleja la posibilidad de que Grau vaya en la listas municipales del PP.

Sin embargo, la primera edil, Rita Barberá, no está muy de acuerdo y ha defendido a su número dos, “no hay una línea roja marcada en el partido más allá de los estatutos”, al tiempo que aseguraba que va a “respetar absolutamente el criterio que decida el vicealcalde, que haga lo que crea conveniente”.