El Congreso de los Diputados ha aprobado esta semana durante la tramitación y negociación de los PGE 2018, la reducción al 4% del tipo impositivo que se aplica a los servicios de atención a las personas dependientes. El cambio fundamental es que la financiación pública ha de cubrir un mínimo del 10% del precio, mientras que hasta ahora el mínimo era del 75%.

El pleno del Congreso ha admitido la Enmienda transaccional presentada por PDeCAT, apoyada por el PP y promovida por CEAPs -Circulo Empresarial de Atención a las Personas-, la organización empresarial más representativa del sector de la Dependencia.

“Esta medida, aunque no alcanza al conjunto de los mayores y dependientes, como es nuestro primer objetivo, sí aliviará, de manera significativa, la economía de muchos dependientes que podrán ver un ahorro mensual importante por los servicios y prestaciones que reciben del Sistema de Dependencia”, ha declarado la presidenta de CEAPs, Cinta Pascual.

Esta enmienda a la Ley de Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2018 ha contado, además de los votos del PP y del PDeCAT, con el apoyo de Ciudadanos, PNV, ERC, Foro Asturias, Coalición Canarias y Nueva Canarias. Por el contrario Podemos y Compromís han votado en contra y el PSOE y Bildu se han abstenido.

Residencias valencianas

En la Comunitat Valenciana afectará, por ejemplo, positivamente a unas 7.000 personas que actualmente utilizan una plaza residencial privada para mayores aunque también se ven beneficiados centros de día y servicios de ayuda a domicilio.

Teniendo en cuenta un precio medio de plaza residencial de 1441,42 euros mensuales, según el informe de Inforesidencias.com, la diferencia de aplicar un 10% a un 4% sería de 86.48 euros mensuales, lo que supone un total de 1.037,76 euros al año. Si tenemos en cuenta que la pensión media de la Comunitat Valenciana es de 858,76 según los datos de Marzo de la Seguridad Social, esta reducción tendría el mismo efecto que cobrar una paga y quinto más al año.

José María Toro, Presidente de AERTE, ha mostrado su satisfacción por el resultado. “De nuevo, las asociaciones empresariales han demostrado su responsabilidad y compromiso social defendiendo el interés de las personas en situación de dependencia y hemos logrado reducir esta injusticia fiscal que se estaba produciendo. Queremos agradecer públicamente el apoyo a todos los grupos políticos que han votado a favor de esta propuesta”.

La Federación Provincial de Asociaciones Democráticas de Pensionistas y Jubilados de UDP Valencia, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana y el Consejo Valenciano de Colegios de Farmacéuticos se han unido, según un comunicado de las entidades, para pedir a la Conselleria de Sanitat la marcha atrás del modelo de prestación farmacéutica de las residencias de mayores presentado sin su conocimiento.

Estas entidades, en un comunicado, como agentes implicados, muestran su voluntad de cooperación y de aportar mejoras al modelo existente, pero desde la colaboración y el diálogo por lo que se pide que se paralice el nuevo modelo propuesto por la Conselleria de Sanidad Pública y Salud Universal y que se inicie, desde la base, un proceso participativo contando con todas las entidades que actúan en el mismo.

Desde la UDP y AERTE se ha valorado de manera muy positiva el trabajo que realizan los profesionales farmacéuticos en el modelo vigente y se ha insistido en que “se debe contar con la opinión de las organizaciones que están trabajando en la gestión actual para conocer de primera mano las circunstancias concretas de la realidad de las residencias privadas”.

Todos los integrantes, siempre según el comunicado, manifiestan que el sistema que se aplique debe garantizar que se va a mantener la misma calidad del servicio que reciben actualmente las personas mayores que viven en las residencias y no consideran que el modelo propuesto por la Conselleria vaya a ser capaz de hacerlo al prestarse desde un único servicio de farmacia para más de 250 centros, con características, necesidades y ubicaciones muy diferentes. Por ejemplo, se plantea un reparto semanal de medicamentos cuando actualmente se está haciendo varias veces a la semana e incluso en determinados casos, de manera diaria.

Es muy importante, dicen, que la Conselleria remita al resto de entidades el estudio económico que ha llevado a cabo para poder contrastarlo de manera conjunta y poder analizar áreas de mejora.

Además, sería un buen momento para seguir avanzando en una coordinación sociosanitaria completa e integral que podría suponer un nuevo sistema de atención a las necesidades sociales y que podría conllevar un ahorro de unos 125 millones de euros anuales, según los estudios presentados en los últimos años.

La secretaria autonómica de Servicios Sociales y Autonomía Personal, Sandra Casas, ha asegurado que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas “ha tomado las medidas necesarias para terminar con el sistema de atención a las personas con trastorno mental grave que había puesto en marcha el antiguo Gobierno, y que abocaba a sus familias a ceder la tutela a la Generalitat por no poder costear los gastos de una plaza residencial”.

Así lo ha manifestado Casas a los representantes de Aerte, entidad que gestiona centros donde residen personas con trastorno mental grave tuteladas por la Generalitat, y en la que se les ha solicitado su “colaboración en las modificaciones y medidas adoptadas por la Conselleria”.

La secretaria autonómica ha explicado que el anterior Ejecutivo favorecía que las familias que tenían a su cargo personas con trastorno mental grave cedieran su tutela a la Generalitat para obtener plaza residencial, ya que el anterior Gobierno utilizaba unas prestaciones que en principio debían ser para personas con escasos recursos, para pagar las plazas residenciales que ocupaban las personas tuteladas.

El pago de estas plazas residenciales se sustanciaba a través de las prestaciones económicas individuales (PEI), que es una subvención personal y finalista para personas con algún tipo de diversidad funcional que se encuentran en una situación de extrema urgencia y necesidad y que no pueden costearse un servicio de atención residencial especializado.

Sin embargo, desde el anterior Gobierno “se priorizaba el pago de esta subvenciones a sus propios tutelados, lo que hacía que se agotara el presupuesto previsto para las personas no tuteladas y sus familias”.

El PP “favorecía” un modelo “asistencialista y de beneficiencia”

Esta forma de actuar, a juicio de la secretaria autonómica, favorecía un modelo “asistencialista y de beneficencia”, en el que las familias se veían “obligadas a ceder la tutela a la Generalitat al no haber fondos suficientes para poder pagar este tipo de subvención a todas las personas que la solicitaban y que realmente eran quienes más lo necesitaban”.

Así, a partir de ahora, las personas tuteladas por la Generalitat van a cobrar una nómina mensual para financiarse las estancias residenciales sin necesidad de realizar ningún otro trámite administrativo como venía sucediendo hasta el momento, de manera que “pasan a formar parte de un sistema donde se les reconoce el derecho subjetivo a la atención que merecen frente al sistema asistencial y de beneficencia del anterior Ejecutivo”.

La secretaria autonómica ha explicado que, desde la Conselleria de Igualdad, se ha decidido ir incorporando al sistema de la Dependencia las prestaciones económicas que reciben las personas con trastorno mental grave tuteladas por la Generalitat que residen en un centro, “con pagos que recibirán mensualmente y que cubrirán el coste de las plazas que ocupan, lo que beneficiarán también a las propias residencias”.

868 expedientes incorporados

En este proceso, se han incluido un total de 868 expedientes de personas tuteladas, de las cuales 377 ya han sido resueltos y comenzarán ya a cobrar este mes de septiembre. Se prevé la incorporación del resto en las nóminas de octubre y noviembre.

Casas ha afirmado que la situación en la que antiguo gobierno dejó la administración, con escasez de personal y de recursos hace que sea complicado la gestión de este cambio que permitirá terminar con “este sistema perverso”.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha denunciado que los enfermos mentales tutelados por la Generalitat -unos 1.500- están “desamparados”. Estas personas, han recordado desde la asociación, se encuentran bajo la protección de el Consell ya que o no tienen familia, o ésta no puede hacerse cargo de ellos. Normalmente son atendidos en centros especializados donde se trabaja para su rehabilitación.

Estas personas reciben las ayudas de dependencia con la que pagan los servicios que reciben en los centros, por lo tanto, hasta que el usuario no recibe el pago de la prestación, el centro no cobra por toda la atención prestada. “Pues bien, no han cobrado ni una sola mensualidad en todo el año 2016, por lo que acumulan más de ocho meses de atrasos y esto ha impedido que salden la deuda que mantienen con los centros en los que son atendidos”, ha denunciado Aerte.

En otros casos, las personas con trastorno mental grave reciben una PEI -prestaciones económicas individuales-, que son subvenciones para el servicio recibido y que se conceden anualmente. En este caso, la asociación ha lamentado que también se han producido “problemas” porque todavía no se han resuelto las de 2016 y, por lo tanto, también siguen pendientes de pagar. En este caso, “parece aún más grave porque el retraso no es por una cuestión económica, sino a causa de la lenta gestión administrativa que se hace y que está retrasando de una manera enorme todo el procedimiento”.

“Casi cinco millones de deuda”

Si bien los centros mantienen la atención prestada, “los casi cinco millones de euros de deuda actuales pueden acabar generando problemas financieros, ya que algunos de ellos han anunciado a sus plantillas que no podrán hacer frente a la próxima nómina. Esto está generando un ambiente que no es el más adecuado para atender a personas en esta situación”, ha criticado Aerte.

La asociación ha lamentado que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas “lleva meses diciendo que la situación se va a resolver y que los pagos se harán de manera mensual y con la retroactividad que se haya generado, pero pasa tiempo y la situación es cada vez más grave”. Por todo ello, la Comisión de Salud Mental de Aerte ha decidido solicitar una reunión con Ana María Lanuza, fiscal decana de la Sección Civil y de Protección de las personas con discapacidad de la Fiscalía Provincial de Valencia y con el Síndic de Greuges, José Cholbi, para dar a conocer la situación que actualmente viven estas personas en situación especialmente vulnerables y que están siendo atendidos por la responsabilidad de muchas pequeñas y medianas empresas que gestionan esos centros.

“En los peores años de la crisis ya tuvimos que sostener el sistema frente al abandono y los impagos de la Administración. Hoy parece que aún quedan situaciones, como las de salud mental, en la que tenemos que seguir atendiendo a la gente por profesionalidad y compromiso con las personas tuteladas que son, por cierto, con los que mayor responsabilidad tiene la administración”, ha declarado el presidente de Aerte, José María Toro.

Aerte, la patronal de las residencias de la tercera edad, “celebra” la decisión de Mónica Oltra, consellera de  Igualdad y Políticas Inclusivas, que ha anunciado cambios en el llamado modelo Cotino, el sistema por el cual desde 2007 varias empresas del sector reciben generosa financiación pública por acoger a ancianos en sus instalaciones cuando hay centros públicos sin ocupar e, incluso, residencias públicas cerradas.

Oltra anunció que el sistema para la adjudicación de plazas concertadas de personas mayores “se regularizará” “por medio de un procedimiento público”. Aerte, crítica desde hace años con el modelo Cotino, está a la espera de la concreción de las medidas propuestas por la Generalitat. “Queda por saber con mayor profundidad cómo va a ser el proceso de regularización y de qué manera se va a llevar a cabo para poder formular una opinión fundamentada”, asegura en un comunicado.

Según fuentes del sector, las empresas del modelo Cotino se han forrado gracias a los privilegios supuestamente concedidos por los gobiernos del PP. En esencia, las plazas de accesibilidad, aquellas de centros privados que son subvencionadas por la Generalitat, cobran más por plaza que otros centros con conciertos (hasta 56,14 euros frente a los 50 que reciben ayuntamientos o entidades sin ánimo de lucro, por ejemplo) aunque afrontan exigencias menores que otros centros en número de personal y salarios.

Oltra ya ha dicho que quiere acabar con el negocio de “sátrapas” como Cotino en el sector y el PSOE ha presentado una proposición para que el parlamento valenciano investigue ese sistema. “Ha llegado el momento de aclarar todas estas dudas y de que se exijan responsabilidades para que los ciudadanos conozcan qué ha estado pasando con el dinero público”, dijo Concha Andrés, diputada socialista.

La patronal de las residencias de la tercera edad, AERTE, ha aplaudido la propuesta del PSPV-PSOE de crear una comisión para investigar las adjudicaciones de las administraciones del PP a empresas de la familia de Juan Cotino, expresidente de les Corts Valencianes, y otros gigantes del sector.

La consellera de Bienestar Social, Mónica Oltra, también quiere acabar con este sistema, que según fuentes del sector ha beneficiado a la familia del fáctotum del PP y a otras sociedades con buenas conexiones políticas. Hasta ahora, la Generalitat ha financiado en condiciones muy generosas plazas de los centros de tercera de edad propiedad de los Cotino, aunque tiene instalaciones cerradas y plazas públicas por cubrir.

AERTE, según un comunicado, “valora positivamente la propuesta realizada por el PSPV-PSOE de crear una comisión de investigación relativa a esclarecer las adjudicaciones, de forma supuestamente irregular, de plazas concertadas a ciertas empresas. Esta es una situación que lleva denunciando hace años. Además, la patronal de asistencia a la dependencia ya solicitó en julio de 2014 al anterior Gobierno valenciano que abriera una investigación interna.

“AERTE –sigue el comunicado- insta al actual Consell a no seguir resolviendo plazas por encima del primer tercio del total, a las empresas supuestamente favorecidas por este hecho, hasta que se aclare la situación y a revisar los contratos de plazas residenciales que se mantienen con dichos centros. Solicitud que también reclamó en varias ocasiones al anterior Gobierno valenciano.

La patronal reclama que “no se continúe en esta situación irregular pero sin perjudicar a las personas en situación de dependencia que requieren atención, que se permita a los dependientes que obtengan una plaza concertada que puedan elegir libremente, por procedimiento de urgencia, dónde quieren ser atendidos entre todos los centros acreditados de la Comunidad Valenciana.

La apuesta por lo social, y en particular por la mejora de la atención a personas dependientes, como uno de los pilares de la hoja de ruta que se plantea para la nueva legislatura de Les Corts está generando expectativas muy positivas en el sector. Así, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) espera que, “por fin, se trate al sector con la importancia que requiere”.

José María Toro, director general de Aerte, reconocía que “hay mucha esperanza en que se acometan las medidas necesarias para que se resuelvan los principales problemas”, como la urgente resolución de los expedientes de dependencia y la dotación de recursos necesarios para que sea efectiva, “estaremos encantados de poder colaborar con el nuevo Consell para lograrlo”.

En este sentido, dos de los puntos clave son en primer lugar, lograr la tan esperada libertad de elección de centro o servicio donde quieren ser atendidos las personas dependientes. En segundo lugar, conseguir que los centros puedan participar en los conciertos de la Conselleria de Bienestar Social de forma igualitaria, logrando así el equilibrio del sector.

Toro apuntaba que todas las administraciones “deben trabajar con transparencia para garantizar una adecuada gestión de los recursos y la igualdad de oportunidades en la contratación que evite distorsiones y privilegios en los concursos públicos. Creemos que la despolitización de los órganos de control ayudará a que la gestión sea más eficaz y se consiga un mayor nivel de responsabilidad en la actuación administrativa”.

Aerte tiene claro que la lucha contra la corrupción y el clientelismo es un requisito indispensable para mejorar el nivel de excelencia en el servicio al ciudadano, “ya que fomenta la sana competencia entre empresas, por lo que entiende que la creación de una oficina de lucha contra el fraude y la corrupción tendrá un impacto extraordinario en la dinamización del sector”.

Por otro lado, consideraban que es necesario mejorar el procedimiento de contratación de las empresas y servicios públicos ya que las entidades deben ser valoradas por la calidad de sus propuestas y no sólo por el criterio económico, “aumentar los mecanismos de control y transparencia es clave para favorecer la mejora de la calidad”.

Así mismo, Toro apuntaba que incrementar la dotación presupuestaria “es necesario para prestar unos servicios adecuados. Durante estos años de crisis el sector ha estado al borde de la quiebra por los continuos impagos del Gobierno. A pesar de ello, las empresas del sector han mejorado los ratios de eficiencia de la Administración, sumando lo mejor de la gestión pública con lo mejor de la gestión privada”, y añadía que “en tiempos de crisis, hemos sido un gran colaborador de la Administración pública, hemos servido de amortiguador para mantener el pago de las nóminas, el de las facturas de los proveedores y los centros abiertos a pesar de las graves dificultades de la administración para cumplir sus compromisos de pago. Hemos demostrado nuestro compromiso social”.

Aerte siempre ha planteado la necesidad de establecer un modelo de atención a las personas a largo plazo, con una planificación adecuada que favorezca la mejora continua. Y para ello la colaboración público privada, no sólo es necesaria, sino imprescindible. Toro señalaba cómo “para lograr este objetivo es necesario utilizar todos los recursos disponibles, centros de día, servicios de ayuda a domicilio, teleasistencia, centros residenciales y recursos preventivos centrados siempre en la persona”.

El esfuerzo realizado en esta materia, en concreto en la prevención, “permite reducir de manera significativa las necesidades posteriores de recursos económicos y personales. Sectores como el de salud mental sufren las consecuencias de la ausencia de un modelo de atención que prevenga más que cure”.

El líder del PSPV, Ximo Puig, continúa trabajando en la elaboración de las listas electorales de cada a las elecciones autonómicas del próximo 24 de mayo, y parece que lo hace pensando en 'despolitizar' la candidatura. Si ya sorprendió con su decisión de presentarse por Castellón -el exalcalde de Morella no renuncia a su circunscripción, lo que le ha provocado las críticas del president Fabra, que tildó de “invento” esta decisión-, ahora apuesta por un perfil diferente para los primeros puestos de la lista por Valencia.

La renovación que pretende Puig en su candidatura se puede ver ya en el primer puesto por Valencia, en el que aparecerá la economista María José Mira, gerente de Aerte (Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes), tal y como avanza el diario Levante-EMV. Con el fichaje de Mira, que ha encabezado las reivindicaciones de la patronal de las residencias contra el Consell en los últimos años, el líder de los socialistas valencianos hace un guiño al sector de la dependencia, maltratado por los recortes del Gobierno valenciano.

La apuesta del secretario general del PSPV no queda ahí, ya que a la directora de Aerte le acompañarían en los primeros puestos por valencia dos escritores y periodistas, como son el canario Fernando Delgado, afincado en la localidad valenciana de Faura desde hace muchos años, y la valenciana Carmen Amoraga, ganadores de los prestigiosos premios Planeta y Nadal respectivamente.

Contrastan estos nombres con los que componían la lista socialista por Valencia en los pasados comicios autonómicos, con mucho más peso político. En 2011, al entonces secretario general del PSPV, Jorge Alarte, le acompañaban la alcaldesa de Quart de Poblet, Carmen Martínez, además Cristina Moreno o Carmen Ninet.

AERTE , la patronal de la dependencia de la Comunidad Valenciana, no quiere que la Generalitat siga favoreciendo las cuentas de las residencias de la familia de Juan Cotino, expresidenta de las Corts Valencianes, y otras empresas del sector. La Asociación ha solicitado a la Conselleria de Bienestar Social brevedad y claridad para determinar cómo se sacarán a concurso público y abierto 3.000 plazas concertadas para que los mayores dependientes puedan elegir centro.

La patronal, en un comunicado, considera “de una gravedad extrema” que, pese a los informes en contra de la abogacía de la Generalitat y el Consell Jurídic Consultiu, se sigan “derivando personas en exclusiva hacia” los llamados “centros de accesibilidad social”, empresas privadas que tienen garantizado por ley ingresos públicos. Básicamente, estas residencias reciben dinero de la Generalitat por acoger a ancianos en sus instalaciones cuando hay centros públicos sin ocupar .

AERTE considera que este sistema es lesivo para otras empresas privadas excluidas del sistema e incluso para los centros de la Generalitat o los ayuntamientos, ya que muchos tienen plazas disponibles. Entre las empresas beneficiadas por el sistema estarían Savia, propiedad de los Cotino y el constructor Enrique Ortiz, La Saleta, Solimar o Novaire.

Solimar está presidida por Eugenio Pérez Mifsud, exalcade de Tavernes de Valldigna por el PP y comisionado de la Generalitat para la Copa del América 2007 y Novaire es de OHL, la empresa del Ibex 35 propiedad de Juan Villar Mir, imputado por supuestas donaciones ilegales al PP. La familia Cotino y Ortiz también están supuestamente relacionados con la financiación irregular de ese partido.

Informes contrarios a un sistema viejo

El sistema por el que la Generalitat beneficiaría a las empresas de la accesibilidad nace en 2001, aunque es en 2007, con Juan Cotino de conseller de Bienestar Social, cuando los beneficios de estas empresas se disparan. Ahora, tras varios informes contrarios y en medio de una lucha empresarial, la conselleria ha mostrado su voluntad de cambiarlo. AERTE considera que ese concurso pondrá fin “a una situación irregular de más de cinco años de desigualdades”. Es una “decisión valiente”, “tomada a pesar de las presiones” que podría romper el lucrativo “monopolio de plazas concertadas” que existe ahora.

El Consell triplica el plazo medio de pago a los centros de atención a la dependencia respecto al resto de los gobiernos autonómicos, según los datos aportados por distintas asociaciones autonómicas de centros de atención a dependientes consultados por Aerte, la patronal de las residencias.

La mayoría de las comunidades tardan entre 40 y 60 días en abonar las cantidades pendientes, es el caso de Madrid, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Aragón, Cantabria, Asturias, Extremadura o Murcia. En cambio, Andalucía tarda una media de 120 días y Castilla la Mancha 90.

No obstante, ninguna llega al caso de la Comunitat Valenciana, que tarda como mínimo una media de 165 días, entre cinco y seis meses, en abonar las partidas mensuales a los más de 200 centros y servicios de atención a la dependencia. Una situación insólita en toda España, ya que llega a triplicar el plazo medio de pago respecto a la mayoría de lasc Comunidades. Así, la deuda acumulada con el sector valenciano a finales de noviembre se situará en más de 80 millones de euros si el Consell sigue sin abonar este mes las cantidades pendientes. Las partidas más afectadas siguen siendo:

Las plazas concertadas más de 25 millones de deuda acumulada, entre siete y ocho meses sin cobrar

- Las plazas de atención a la discapacidad de titularidad pública, 17,4 millones de deuda, entre cinco y seis meses de impagos.

- Las plazas de personas mayores, superan los 23 millones, entre cinco y seis meses de impagos.

- La deuda por las prestaciones económicas de atención a personas que sufren algún tipo de trastorno relacionado con la salud mental o a personas tuteladas por la Generalitat supera los 8 millones de deuda, con un impago en la mayoría de más de un año

El sistema Bono residencia, centro de día o respiro: más de dos millones. La mayoría de las cuales no se han abonado cantidad alguna durante un año.

- Los centros que funcionan bajo el sistema de subvenciones: más de cuatro millones, acumulados durante seis meses.

María José Mira, directora general de Aerte, explica que “los centros de esta comunidad no pueden estar más tiempo anclados en una situación que se remonta a más de 4 años, por la ineficacia del Gobierno autonómico para establecer un plan de pagos y cumplirlo”.

Por una parte, “la incapacidad de ponerse al día en los pagos asfixia al sector desde hace años, y por otro, la falta de respuesta a la petición ya histórica de un plan de pagos equilibrado que permita normalizar una situación básica, como es su derecho a cobrar todos los meses y atender los aplazamientos de deuda con los préstamos que las empresas están solicitando a la banca para seguir sobreviviendo, y atender a más de 22.000 personas”.

Con respecto a la situación de los tutelados, Mira apunta además, “que los tutelados sean prioritarios para una Conselleria de Bienestar Social, que tiene los mismos problemas sin resolver que hace años es un mal que debe mirarse con urgencia. Todo el año sin abonar estos servicios dice mucho de la prioridad de la Administración valenciana en este ámbito”.

10.000 personas pendientes de recibir la prestación

Según denuncian, la Generalitat sigue incumpliendo la Ley de Dependencia en la resolución de expedientes. La ley fija su resolución en un plazo máximo de seis meses, mientras la Comunitat Valenciana mantiene bloqueados, en algunos casos desde 2011, más de 10.000 expedientes de personas que ya han sido reconocidas dependientes graves o severas y que esperan la resolución de un expediente que parece que nunca llega.

La Comunitat Valenciana es la sexta con más personas pendientes de recibir la prestación, (23,63% dependientes a la espera), según datos del Imserso de septiembre de este año, situándose casi cuatro punto por de bajo de la media nacional. Aun así, es la única comunidad que no cumple con el plazo máximo de 6 meses legalmente establecido.

Así mismo, se sigue sin cumplir la sentencia de diciembre de 2013 del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en la que recuerda que las personas tienen derecho a elegir, dentro de la prestación residencial, una modalidad distinta de las plazas concertadas (actualmente sólo existentes en los centros de 8 empresas de las más de 200) como son las relativas a Prestación Vinculada al Servicio (PVS), ayuda directa, con el fin de poder escoger el centro o el profesional que ellas o sus familias consideren más adecuado a sus necesidades.

Mira apunta que “casi cuatro años después de estar reclamando su resolución, muchos familiares o han desistido o han visto fallecer a la personas dependiente sin ver su expediente resuelto. Muchos también han desistido en poder elegir centro ya que es la única forma que tienen de ver su expediente resuelto en menos de dos meses. Todo ello, a pesar de tener una sentencia judicial sobre sus espaldas en las que el juez obliga a la Conselleria a resolver respetando la libertad de elección del dependiente”.

El sector de atención a personas dependientes de la Comunitat Valenciana vuelve a estar en una situación crítica debido a la escalada de continuos impagos por parte del Gobierno valenciano, y vuelve a sufrir agravios comparativos en los pagos al no ejecutarse, de nuevo, de forma homogénea.

La deuda acumulada de la Generalitat con los centros y la prestación de servicios supera los 70 millones de euros. Afecta a todo el sector, tanto a grandes centros como a pequeños y residencias familiares. Algunos de los más perjudicados son: las plazas concertadas padecen una deuda acumulada de más de 21 millones con una media de entre seis y siete meses sin cobrar; las plazas de atención a la discapacidad de titularidad pública sufren una deuda de 14,9 millones, mientras que las correspondientes a personas mayores superan los 20 millones, ambos servicios entre cuatro y cinco meses de impagos. La atención residencial a más de 10.000 personas está nuevamente en peligro por las tensiones de liquidez generadas.

La deuda por las prestaciones económicas de atención a personas que sufren algún tipo de trastorno mental o a personas tuteladas por la Generalitat supera los 7 millones de deuda. Según han denunciado, el Consell no abona la mayoría de estas prestaciones desde comienzos de año, al igual que en el caso del sistema Bono residencia, centro de día o respiro, que alcanzan más de dos millones.

Tampoco los centros que funcionan bajo el sistema de subvenciones se salvan de la dramática situación: más de 4 millones de impagos, acumulados durante seis meses, el 60% de la subvención.

Reunión de urgencia con Hacienda

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas en Situación de Dependencia (Aerte) solicitó ayer una reunión de urgencia a Juan Carlos Moragues, conseller de Hacienda, ante la escalada de impagos que de nuevo se está produciendo por parte de la Generalitat. Ésta es la cuarta vez que la patronal pide al conseller que no dé la espalda a un sector que atiende a personas de una vulnerabilidad e indefensión extremas.

María José Mira, directora general de AERTE, espera que en esta ocasión “nos pueda recibir, llevamos más de un año intentado reunirnos con el conseller Moragues. Más de 12.000 profesionales, más de 200 centros y servicios, y más de 22.000 personas en situación de dependencia necesitan alguna respuesta por parte del Gobierno valenciano. La Comunidad Valenciana es la única que mantiene estos niveles de deuda”.

Mira apunta además que “llevamos más de cuatro años padeciendo continuos impagos. Una situación que desequilibra a todo el sector, generando total y absoluta incertidumbre sobre el futuro del sistema de atención sociosanitaria. A medida que se extiende en el tiempo, crece la dificultad de los centros y profesionales para poder prestar los servicios. Ya hemos solicitado en varias ocasiones una solución al conseller de Hacienda, y no hemos obtenido respuesta, ni de los plazos de pago, ni de si se abonará la deuda, ni tampoco del plan de pagos equilibrado que desde AERTE llevamos reclamando desde hace más de un año”.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) ha denunciado este domingo que la Generalitat debe al sector de atención a la dependencia 60 millones de euros, con una media de seis meses de impagos.

La patronal del sector ha asegurado que si la media continúa así se situará de nuevo a las empresas y profesionales del sector “en una situación de fragilidad absoluta sobre su futuro”.

La directora general de Aerte, María José Mira, ha explicado que un año después de solicitarlo siguen a la espera de reunirse con la Conselleria de Hacienda “para determinar un necesario plan de pagos equilibrado que resuelva de una vez esta situación, que afecta directamente a la viabilidad del sector”.

Según ha indicado, cada mes de impagos supone 15 millones de euros, “lo que conlleva una continua espiral de deuda que alimenta la gravísima situación del sistema de atención a la dependencia en la Comunitat Valenciana, generando una perenne incertidumbre sobre el futuro de los centros, más de 200, o los más de 14.000 empleos directos que genera y los servicios que ofrecen a los más de 22.000 personas dependientes que necesitan cuidados sociosanitarios diarios y profesionales”.

Además, la asociación ha recordado que los pagos deben de efectuarse “de forma equilibrada y sin diferencias por programas” porque, tal y como ha apuntado Mira, “la falta de criterio en este sentido tiene como consecuencia que unas partidas se cobren y otras no, unas facturas estén contabilizadas y otras no, unos tutelados tengan sus expedientes correctamente resueltos y cobrando y otros no, unos ayuntamientos pueden ir pagando poco a poco los servicios que contratan y otros no”.

“Tenemos una comunidad que funciona a diferentes velocidades en este sector”, ha lamentado la directiva, que ha indicado no obstante que “a día de hoy todos los programas de asistencia padecen la deuda de la Administración”.

Por ejemplo, ha insistido, “los centros de atención a personas que sufren algún tipo de discapacidad, de titularidad pública pero que gestionan las empresas, tienen 12,4 millones de deuda acumulada, entre tres y cuatro meses sin cobrar; los mismos tipos de centros pero que atienden a personas mayores 16,9 millones, entre tres y cuatro meses sin cobrar; y las plazas concertadas, 20 millones, entre cinco y seis meses sin cobrar”.

Asimismo, “la deuda con los bonos residencia, centros de día y respiro, donde algunos centros no han cobrado nada en todo el año, alcanza los 3,5 millones o los centros que atienden a personas con problemas relacionados con la salud mental e incluso a personas tuteladas por la Generalitat, 3,5 millones”.

Así, Mira ha insistido en la necesidad de que la Conselleria de Bienestar Social “contabilice toda la deuda al día, de modo que no vuelva a ocurrir como con el Bono de Alicante, que no se ha cobrado todavía porque la dirección territorial parece que no había contabilizado a tiempo las facturas al tener personal de vacaciones”.

La Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (AERTE) “se dirigirá al fiscal anticorrupción” para que se investigue el supuesto trato de favor por parte de la Generalitat al grupo Savia, la empresa de residencias de ancianos participada por la familia de Juan Cotino y el constructor Enrique Ortiz.

La patronal del ramo cree que la administración autonómica pudo favorecer a esta empresa privada, especialmente cuando Cotino dirigía la conselleria de Bienestar Social. Las conversaciones telefónicas grabadas por la policía entre Enrique Ortiz y el responsable de Savia, desveladas por El Mundo, así lo indicarían.

“Yo al conseller le tengo que decir que no están cumpliendo porque a la fecha que estamos tendrían que estar llenas (las residencias)”, dijo Ortiz en marzo de 2009, cuando Cotino aún era el conseller encargado de regular el sector. AERTE, a la vista de estas conversaciones, también “solicita a la Administración valenciana a no resolver ninguna plaza a la empresa supuestamente beneficiada por este escándalo hasta que se aclare la situación.

Gran parte de las residencias, muy perjudicadas por los impagos, está en armas contra el gobierno valenciano desde hace tiempo por este asunto. En enero de 2014, la Generalitat ya soliviantó al sector al comunicar que financiaría 4.000 plazas en residencias de ancianos en centros que pertenecían a la familia de Juan Cotino y otras empresas privadas con centros públicos sin ocupar e, incluso, residencias públicas cerradas.

Cotino, discutido en su partido por su supuesta implicación en varios casos de corrupción, está aguantando los envites de Alberto Fabra y, de momento, asegura que no dimitirá.

En la Comunitat Valenciana existen más de 13.000 expedientes de dependientes sin resolver por la Generalitat Valenciana. Esta falta de resolución de las prestaciones de atención a la dependencia; los problemas en su ejecución e impagos de ayudas; la desinformación y dificultades en la libre atención de centro y servicio problemas de tutela son algunos ejemplos de dificultades que afectan directamente a las personas reconocidas dependientes y a los profesionales y centros que los asisten, una situaciones “provocadas por la ineficacia de Conselleria”.

Ante este complejo panorama, la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunitat Valenciana (Aerte) celebraba esta semana una jornada informativa para profesionales, usuarios y familiares de dependientes para informarles de cómo proceder para consegir la resolución de situaciones difíciles y, en algunos casos, dramáticas.

Vías de resolución

Durante la jornada se aconsejó a los operadores coordinarse para lograr objetivos comunes y recurrir al TSJCV (Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana) en caso de no lograr solventar su situación por vía administrativa. En cuanto a los solicitantes y beneficiarios de las ayudas a dependencia, se les aconsejó exigir sus derechos, presentar quejas por falta de resolución, recurrir por vía administrativa y judicial en caso de falta de satisfacción de las mismas o elegir conforme al criterio profesional el recurso más adecuado y la modalidad de ayuda que más convenga, ya que así lo establece la ley.

Así, si el interesado no considera adecuada la plaza adjudicada en la elaboración del Programa Individual de Atención (PIA), la ley establece que se reconoce al beneficiario el derecho a obtener la Prestación Económica Vinculada al Servicio (PVS). Una reciente sentencia del TSJCV recuerda que los beneficiarios de ayudas de la Ley de Dependencia tienen libertad para elegir, dentro de la prestación residencial, una modalidad distinta de las plazas concertadas, con el fin de escoger el centro o profesional que considere más adecuado a sus necesidades, ya que lo que prevalece es el derecho del dependiente para la libre elección de centro.

95% de casos resueltos favorablemente

La jornada concluyó con la idea de que la solución jurídica es la única vía para salvaguardar los derechos, tanto de las personas dependientes como de los profesionales que los atienden, ya que la Administración, “siempre basándose en la falta de presupuesto, termina por no resolver todas estas situaciones irregulares que se están produciendo”, y que los tribunales están resolviendo de forma favorable para los dependientes en más de un 95% de los casos.

La Conselleria de Bienestar Social ha comunicado a la Asociación Empresarial de Residencias y Servicios a Personas Dependientes de la Comunidad Valenciana (Aerte) que entre el 30 de diciembre de 2013 y el 2 de enero de 2014 abonará unos 25 millones de euros, pertenecientes a la deuda acumulada que mantiene con los centros y residencias de atención de dependientes y que asciende a un total de 100 millones.

Ante este anuncio Aerte explica que las empresas del sector encontrarán en este abono un “respiro puntual a la extrema complejidad” en la que se encuentran muchos centros y residencias debido a la deuda acumulada que mantiene la Administración valenciana, a día de hoy más de 100 millones, y que en algunos casos se mantiene durante más de doce meses seguidos.

Desde el sector, esperan que el pago se realice en los plazos previstos y de una manera equilibrada entre todas las empresas, “evitando la asimetría continuamente practicada por Conselleria de Bienestar Social que supone un agravio comparativo continuo entre centros, pero también entre personas dependientes”. Recuerdan que gran parte de la deuda no ha sido abonada desde la Conselleria al no haber contabilizado las facturas, y reconocido así la deuda en tiempo y forma. Entre otros, por ejemplo, las correspondientes a la gestión de centros de titularidad pública o el sistema Bono.

Insisten además en que el abono de los 25 millones corresponde a deuda acumulada “desde hace demasiado tiempo”. En este sentido, subrayan que es necesario que se realice el pago mensual correspondiente al sector, “cada mes de impago supone más de 15 millones de euros, lo que conlleva una continua espiral de deuda que no da solución definitiva a la gravísima situación actual del sistema la dependencia en la Comunitat”.

Por ello, Aerte reclama un plan de pagos para 2014 “que se cumpla”, tanto de las cantidades pendientes de deuda acumulada como de las mensuales, de modo que permita a las empresas tomar las medidas oportunas “para evitar cierres de centros o el impago a los trabajadores”. Así mismo, insta una vez más a colaborar con la Administración para encontrar aquellos mecanismos que permitan garantizar el abono.

Por último, reclaman con urgencia al Consell que resuelva los más de 13.000 expedientes que tiene pendientes -2.000 más que hace un año- de personas que han sido reconocidas dependientes y que esperan las prestaciones que por ley les corresponde, en algunos casos desde hace mas de tres años.