La juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela ha finalizado la instrucción por las operaciones de crédito presuntamente irregulares de la Caja de ahorros del Mediterráneo (CAM) con la sociedad Valfensal para adquirir hoteles y parcelas en el Caribe y propone juzgar a trece investigados, entre ellos al exdirector general Roberto López Abad, por delitos de apropiación indebida y/o administración desleal.

En su auto de pase a procedimiento abreviado, la juez entiende que, además de por los anteriores delitos, existen indicios para juzgar a los empresarios Juan Vicente Ferri y José Salvador y a José Francisco Climent también por seis delitos contra la Hacienda Pública correspondientes a los ejercicios fiscales entre 2008 y 2013.

La magistrada da a partir de ahora un plazo de diez días a las partes para que soliciten la apertura de juicio oral formulando escrito de acusación o bien el sobreseimiento de la causa, al tiempo que acuerda el archivo de las actuaciones respecto de otras once personas y señala como eventual responsable civil solidaria a Valfensal SL.

El auto describe las operaciones de crédito sospechosas, fundamentalmente en México y República Dominicana, y señala que el informe pericial de la UCO expresa en todas ellas una “serie de irregularidades comunes”, tales como documentación previa a la aprobación de la operación, la información aportada por Baldó y Ferri a los directivos de la sociedad TIP, la tasación sobre terrenos, estudios previos de mercado o estudios jurídicos, los cuales “fueron muy deficientes y no se respetaron las vías establecidas para llevar a cabo las propuestas de financiación que realizaba Valfensal”. Además, remarca que las propuestas eran aprobadas por la Comisión de Riesgos de Central el mismo día que eran tramitadas o al día siguiente en una de ellas.

De esta forma Roberto López y Daniel Gil, entonces director general de Empresas, afirma Lamela, “consintieron que ambos empresarios dispusieran de elevadas cantidades económicas y las utilizasen en aquella inversión que estimasen más oportuna, contribuyendo con esta operativa a generar una confusión entre préstamos e inversiones efectivamente realizadas”.

La juez explica que conforme expresa el informe emitido por Deloitte SL en 2011 y el expediente sancionador del Banco de España en 2012 “es difícil concebir que toda la actividad desplegada por los querellados Roberto López Abad y Daniel Gil en el seno de la CAM y e TIP se realizara totalmente al margen de sus órganos directivos, pese a las importantes sumas que salieron de la entidad. ”Y así lo entendió el Banco de España reflejando en el expediente sancionador que los Miembros de la Comisión de Control de CAM, por ser a la vez miembros de la Comisión de Control de TIP, no pueden considerarse ajenos a las deficiencias en los sistemas de control y transparencia de las operaciones de inversión realizadas por TIP, deficiencias que supusieron unas pérdidas, en relación a las operaciones que ahora nos interesan, de más de 25 millones de euros“, apunta.

El escrito señala cómo el 22 de julio de 2011 el Banco de España, tras la intervención de la CAM, comunicó la sustitución provisional de los miembros del órgano de Administración de CAM y designó al FROB como administrador provisional. Como consecuencia de ello, las pérdidas incurridas fueron asumidas posteriormente por el Fondo de Garantía de Depósitos, a través de una inyección de capital en diciembre de 2011. Las operaciones realizadas a través de TIP supusieron 1.011 millones de euros del total inyectado y ha ocasionado unos perjuicios de 28 millones de euros para el Fondo de Garantía, reseña el auto.

La titular del Juzgado Central de Instrucción 3 pone fin a la instrucción de este procedimiento y llega a la calificación provisional de los hechos una vez que ha tomado declaración a investigados, testigos y peritos, por la documental obrante en las actuaciones y fundamentalmente por los informes de los peritos del Banco de España, de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Agencia Tributaria, así como también por los guardias civiles que han intervenido en calidad de testigos-peritos.

Este martes se daba a conocer la sentencia de la Audiencia Nacional que condena por los delitos societarios continuados de falsedad contable y falsedad en la información a los inversores a penas que van de los dos años y nueve meses a los cuatro años de cárcel a cuatro exdirectivos de la extinta Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), responsables del saqueo de la entidad. El tribunal ha absuelto a los otros cuatro acusados, Modesto Crespo,  Vicente Soriano, Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa.

Se trata de los exdirectores generales Roberto López Abad y María Dolores Amorós (tres años de prisión a cada uno de ellos), el exdirector general de Planificación y Control Teófilo Sogorb (cuatro años) y el exdirector general de Inversiones y Riesgos Francisco José García (dos años, nueve meses y un día).

La alicantina María Dolores Amorós, mano derecha de Roberto López Abad, fue la última directora general de CAM, entidad en la que entró a trabajar con apenas 20 años en 1982. Apenas duró unos meses en el cargo. Asumió la dirección general en noviembre de 2010 -relevó a López Abad, de quien fue su adjunta desde 2001- y en el verano de 2011 la entidad fue intervenida por el Banco de España. En agosto de 2011 los interventores del FROB primero la suspendieron de empleo y poco después, en septiembre, la despidieron al constatar irregularidades en su gestión en forma de “contabilidad creativa” y al entender que utilizó su cargo en beneficio propio.

Amorós, conocida en su meteórico ascenso como 'la maga de los números' por su habilidad para cuadrar las cuentas, se fijó como directora general un salario anual de 593.040 euros y pactó con el expresidente de la CAM, Modesto Crespo, una pensión anual vitalicia de más de 30.000 euros mensuales -370.000 euros al año-. En octubre de 2011 fue noticia de nuevo, cuando se apuntó al paro para tener derecho a una prestación por desempleo de unos 1.400 euros al mes.

En cuanto al mentor de Amorós y su antecesor en el cargo, Roberto López Abad (Alcoy, 1955), éste llegó a la dirección general de la CAM en 2001 con el beneplácito del entonces presidente de la Generalitat Eduardo Zaplana y abandonó la caja definitivamente apenas unas semanas antes de la intervención del Banco de España. López Abad se embolsó una indemnización de 3,8 millones de euros y se fijó una pensión vitalicia de 345.000 euros anuales -ligeramente inferior a la de Amorós-.

Según los datos del Tribunal de Cuentas, el Banco de España ha inyectado en el rescate de la CAM unos 11.000 millones de euros. La caja alicantina fue saneada y posteriormente vendida al irrisorio precio de un euro al Banco de Sabadell.

La Secció Quarta de la Sala Penal de l’Audiència Nacional ha condemnat a penes que van de dos anys i nou mesos i quatre anys de presó quatre exdirectius de la Caixa d’Estalvis del Mediterrani (CAM), entre els quals els exdirectors generals Roberto López Abad i María Dolores Amorós, per haver falsejat presumptament els comptes relatius als exercicis 2010 i 2011.

La sentència de l’Audiència Nacional condemna pels delictes societaris de falsedat comptable i falsedat en la informació als inversors per contribuir aquests directius a “vulnerar el principi d’imatge fidel de la CAM en moments de greu crisi econòmica i financera”. Segons queda provat, els banquers duien a terme conductes “tendents a distorsionar els comptes i balanços de l’entitat, contribuint així a la vulneració del principi d’imatge fidel de la CAM, en moments de greu crisi econòmica i financera que es va intentar amagar o, almenys, maquillar”.

La sentència, de 310 fulls, considera provat que els quatre condemnats són responsables de reflectir en els estats financers de l’entitat una situació econòmica de beneficis en compte de les pèrdues que realment generava aquesta entitat. Així, en el primer trimestre del 2011 es van presentar uns comptes davant del Banc d’Espanya amb un resultat positiu de l’exercici (benefici) de 39.771 milions d’euros que no reflectien de cap manera la situació real econòmica de la Caixa, els resultats de la qual a 30 de juny del 2011, preparats pel FROB, fixaven en 1.163,493 milions d’euros de pèrdues i una ràtio de morositat del 19%.

Les xifres dels estats de balanç, diu la sentència, eren “irreals i espúries” i aqueixa disparitat de xifres, afig el tribunal, “va constituir un dels motius rellevants per a la intervenció de l’entitat, pels riscos que suposava aquesta situació per al sistema financer en conjunt, a banda de la contravenció del principi de seguretat juridicocomptable que això implicava”.

Pel que fa als delictes d’estafa agreujada, apropiació indeguda, administració deslleial i falsedat en document mercantil per les remuneracions obtingudes pels exdirectius, la Sala els absol per una “total absència de prova de l’acte enganyós, especialment quan crida l’atenció que cap dels pretesos enganyats ha acudit al judici a explicar aquell o aquells pretesos actes de disposició que van dur a terme per l’engany previ a què van ser pretesament sotmesos”.

El tribunal absol la Fundació de la Comunitat Valenciana Obra Social de Caixa Mediterrani (Fundació CAM) el Banc Sabadell i la Caixa d’Assegurances Reunides, Companyia d’Assegurances i Reassegurances (CASER) de les reclamacions dineràries que se’ls formulaven.

Les penes completes són: als exdirectors generals de l’entitat financera, Roberto López Abad i Maria Dolores Amorós, 3 anys de presó pel delicte societari continuat de falsedat comptable; a l’exdirector general de Planificació i Control Teófilo Sogorb, 4 anys de presó per delicte societari continuat de falsedat comptable (3 anys) i delicte de falsedat en la informació als inversors (1 any); a l’exdirector General d’Inversions i Riscos Francisco José Martínez García, la Sala li imposa dos anys, nou mesos i un dia pel delicte societari continuat de falsedat comptable. El Tribunal absol els altres 4 acusats, Modesto Crespo, Vicente Soriano, Juan Luis Sabater i Salvador Ochoa.

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido este lunes los cargos contra siete miembros de la excúpula de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM), a los que ha acusado de “hacer trampas” en los estados contables de 2010, que arrojaron cerca de 200 millones de euros de beneficio por operaciones “sin lógica económica”.

Durante la lectura de sus conclusiones, el fiscal Luis Rodríguez Sol ha asegurado que esas “cuentas falseadas” de forma “intencionada” consolidaron una situación de “tranquilidad” en el ejercicio siguiente que ocasionó un “daño innegable” tanto al mercado como a los inversores, quienes “no habrían adquirido cuotas participativas de haber sabido que no obtendrían nada”.

En este sentido, ha cargado contra los exdirectivos de la entidad por “engañar” e “inflar” el resultado con el único fin de “ganar la partida” y mejorar la liquidez, objetivo para el cual considera acreditado que los siete incurrieron en una gestión con “deficiencias críticas” que avaló operaciones sin sentido cuyos riesgos no fueron controlados.

Entre éstas, ha señalado el pase de créditos fallidos a normales, estrategia que, junto a las titulizaciones, figura en uno de los correos remitidos por el ex director general y “administrador de hecho” de la caja Roberto López Abad en noviembre de 2010, en el que se hacía eco de la precaria liquidez de la CAM, que necesitaba de 300 millones de euros.

López Abad, primer responsable de las irregularidades

El Ministerio Público ha destacado a López Abad por ser el primer responsable de las irregularidades cometidas en el seno de la caja, así como a su adjunta, María Dolores Amorós, en tanto que ha señalado al exdirector general de Riesgos Francisco Martínez como cooperador necesario al ser su departamento el encargado de ejecutar las titulizaciones y reclasificaciones de créditos investigadas.

Una acusación similar a la que formula contra el ex director general de Planificación y Control Teófilo Sogorb, quien “conocía las cuentas perfectamente como experto que era” y, además, autorizó unas retribuciones de 47,3 millones para el equipo directivo que “nunca deberían haberse percibido de haberse reflejado los resultados reales”.

De este modo, acusa a los cuatro de un delito de falsedad contable continuada y de estafa, por lo que mantiene su petición de siete años y medio de cárcel, una solicitud que baja hasta el año y dos meses en el caso de los exdirectores de Financiación y Gestión de Liquidez y de Información Financiera Juan Luis Sabater y Salvador Ochoa.

Sobre el exdirector general de Recursos Vicente Soriano, que se enfrenta a diez meses de cárcel, el fiscal ha reconocido que su participación fue más limitada que la del resto, si bien lo continúa creyendo “cómplice” de la estafa; tampoco ha variado su postura en relación al expresidente de la CAM Modesto Crespo, contra el que no ejerce cargos.

La Fiscalía ha pedido también que los acusados abonen las indemnizaciones tanto a los inversores de cuotas participativas entre el 1 de marzo y el 22 de julio de 2011, fecha en la que la CAM fue intervenida por el Banco de España, así como a Banco Sabadell, que, no obstante, podría tener que hacer frente a una posible responsabilidad civil extracontractual.

Els exdirectius que formaven part de la cúpula de la Caixa d'Estalvis del Mediterrani (CAM) han sol·licitat aquest dilluns en la primera vista oral del judici que acull l'Audiència Nacional per les presumptes irregularitats comeses entre 2010 i 2011, que s'excloga a les acusacions particulars afectades per la compra de quotes participatives emeses en els anys previs a aquestes dates.

En aquesta primera sessió dedicada a les qüestions prèvies, els lletrats dels acusats han argumentat que es va crear una peça separada sobre la venda de participatives en 2007 quedant arxivada provisionalment en 2016, per la qual cosa no veuen cabuda la seua inclusió en aquest procés que senta en el banc dels acusats a vuit alts càrrecs de l'exdirecció de la caixa feta fallida per falsificar presumptament els comptes anuals dels exercicis 2010 i 2011.

La sol·licitud d'excloure del procés a les acusacions exercides per l'advocat Diego de Ramón i pel particular Cristóbal Pons, ha sigut formulada pel lletrat de l'exdirector general Roberto López Abad, i s'han adherit les defenses dels acusats Francisco José Martínez García (Inversions i Riscos), Juan Luis Sabater (Finançament i Gestió de Liquiditat) i Salvador Ochoa (Informació Financera) a més del Banc Sabadell, en qualitat de responsable civil subsidiari.

La Fiscalia, que conclou que la CAM va desemborsar indegudament una mica més de 20 milions d'euros, demana per a set dels vuit acusats penes que van des dels deu mesos de presó fins als set anys i mig si bé l'acusació popular eleva la petició a 16 anys de presó pels delictes de falsedat en els comptes, estafa i apropiació indeguda.

Tema “resolt”

De Ramón ha justificat la seua personació en el procés en el perjudici causat als afectats per la compra de les quotes i s'ha referit a l'expedient disciplinari que va obrir en 2012 el Banc d'Espanya contra la cúpula de la caixa a la qual acusa de ser “conscient d'una forma molt freda del que estaven fent”. Per la seua banda, el fiscal del cas Luis Rodríguez Sol ha exposat en el seu torn de paraula que la comercialització de participatives es va estudiar en una peça separada i per tant és un tema “resolt”.

La Fiscalia acusa als exdirectius d'impulsar un mecanisme per a incrementar de forma fictícia els beneficis de l'entitat en 2010 i també d'assegurar-se el pagament d'una sèrie de complements retributius als quals no tenien dret a causa de l'estat real dels comptes de la caixa que finalment va ser adjudicada al Banc Sabadell per un euro després de rebre una injecció de més de 5.200 milions d'euros pel Fons de Garanties de Dipòsits, personat com a acusació particular.

L'expresident de la CAM, malalt

La lletrada del que fóra president de la CAM Modesto Crespo ha sol·licitat al tribunal que el seu client -per al qual el FGE demana nou anys de presó malgrat que el Ministeri Fiscal li exclou de responsabilitat- es puga absentar de les vistes assenyalades fins al pròxim mes de juliol a causa que pateix una cardiopatia “que li incapacita especialment en situacions de tensió”.

La defensa de l'exdirectora general adjunta del banc Dolores Amorós ha demanat que s'incorpore a la causa quasi un centenar de documents i correus electrònics relacionats amb comunicacions internes sobre recapitulació de la CAM i necessitats de capital així com els mantinguts entre alts càrrecs del Banc d'Espanya i la caixa extinta sobre classificacions, redotacions i titulacions a més de l'acta de reunió de data de febrer de 2011 entre les quatre caixes que van formar el SIP (Sistema Institucional de Protecció).

Mentre que la representació processal de Teófilo Segorb, exdirector general de Planificació i Control, ha informat al tribunal que renuncien a 19 testimonis proposats, entre els quals es troba l'exdirectiu de la CAM Bernardo Chulià Martí i l'exdirector de compliment normatiu Manuel Pomares Hurtado, testifical que es mantindrà en ser sol·licitada per altres defenses.

A l'eixida del judici una vintena de perjudicats per la compra de participatives ha esbroncat als vuit acusats al crit de “lladres” i “xoriços” i ha increpat a l'expresident de la caixa Modest Crespo mentre intentava pujar a un taxi. La vista es reprèn matí amb l'inici de l'interrogatori als encausats.

La fiscalía pide en su escrito de acusación cuatro años de prisión para el expresidente de la CAM, Modesto Crespo, y para su director general, Roberto López Abad, porque entiende que se urdió un plan para que Crespo recibiera un sueldo de 300.000 euros, a través de una empresa de la entidad, para salvar la prohibición de cobrar siendo presidente.

La presidencia de la caja, recuerda la fiscalía, era un cargo “honorífico y gratuito” y, sin embargo, Abad, como “inductor y cooperador necesario”, planeó que Crespo presidiera un nuevo consejo de administración en Tinser Cartera, una sociedad propiedad de la CAM, para embolsarse 300.000 euros anuales.

Según fiscalía, Abad logró que el Consejo de Administración de la CAM –los 19 consejeros también están acusados--, aprobara su plan sobre Tinser Cartera. Así, les atribuye los delitos de apropiación indebida agravada y un delito societario de administración desleal. Entiende que el director general López Abad fue inductor y cooperador necesario del plan, mientras que considera que el resto de los 20 acusados, incluido Modesto Crespo, son autores de los delitos.

Según el fiscal, la comisión de Retribuciones lo aprobó y dio traslado al Consejo de Administración de la CAM, que también lo autorizó. Así, se creó, con fecha de 9 de diciembre de 2009, un consejo de administración en Tinser Cartera, del que Crespo era presidente y por cuyo cargo recibió 600.000 euros entre 2009 y 2011, y en el que había otros cuatro miembros que no percibían remuneración.

Además, fiscalía matiza: “Alfonso Rodríguez Rabadán siguió siendo el administrador de hecho de Tinser Cartera, S.L., ya que los nombramientos del Presidente y de los vocales del nuevo Consejo de

Administración fueron meramente formales; también fueron meramente

formales las Juntas de dicho Consejo, que nunca se reunió físicamente“.

   El fiscal considera que Modesto Crespo Martínez no participó en la toma de ninguna decisión relativa a la administración o gestión de Tinser Cartera, S.L. A pesar de ello, percibió de esta sociedad durante el tiempo en que fue nominalmente presidente de su Consejo de Administración, 600.000 euros como retribución por una supuesta dedicación.

Por todo ello, la Fiscalía pide, además, a Modesto Crespo el decomiso de bienes por valor de 600.000 euros y solicita que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a Bansabadell Inversió Desenvolupament SA, actual propietario de la CAM, con otros 600.000 euros.

Solicita cuatro años de prisión y multa de 120.000 euros para López Abad y Modesto Crespo; tres años de prisión y multa de 81.000 euros, para Antonio Gil-Terrón Puchades, Luis Esteban Marcos y Martín Sevilla Jiménez; y, para el resto de los acusados, dos años de prisión y multa de 48.000 euros.

La Audiencia Nacional ha archivado la causa por la comercialización de las cuotas participativas de la CAM, al tiempo que mantiene la que se sigue por la venta de preferentes y deuda subordinada y propone juzgar a los exdirectores generales de la entidad Roberto López Abad y Dolores Amorós Marco.

En un auto con fecha de este viernes, la jueza Carmen Lamela considera que los exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) deben ser juzgados por estafa y por las irregularidades en la comercialización de las participaciones preferentes y deuda subordinada.

Lamela aclara que aunque es cierto que se publicó un folleto informativo que incluía los riesgos y las características de preferentes y deuda subordinada, se distribuyó a través de una circular interna que recomendaba la realización de un test de idoneidad que “se diseño y realizó de manera irregular”.

Además, la magistrada considera responsables civiles subsidiarias a la Fundación de la Comunidad Valenciana Obra Social de Caja Mediterráneo y a Banco Sabadell.

El Supremo ha ordenado a la Audiencia Nacional que repita la sentencia que absolvió a dos exdirectivos de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) y dicte una nueva en la que tenga en cuenta las alegaciones que, como acusaciones particulares, presentaron la propia Caja de Ahorros del Mediterráneo y el Fondo de Garantía de Depósitos.

La Audiencia Nacional absolvió a Roberto López Abad -director general- y a Juan Ramón Avilés -presidente de la Comisión de Control- para los que la Fiscalía pidió cuatro y dos años y medio de prisión respectivamente, de haber ideado un sistema irregular de cobro de dietas y de concesión de préstamos.

Ahora, el alto tribunal ha anulado aquella sentencia que les exoneraba de los delitos de apropiación indebida, administración desleal y otorgamiento de contrato simulado y ordena a la Audiencia que acepte la legitimación de las dos acusaciones particulares para presentar cargos contra los acusados.

Así, la nueva sentencia deberá resolver todas las cuestiones que dichas representaciones plantearon al tribunal en sus conclusiones definitivas, ya que fue en sentencia cuando se les excluyó del proceso y no durante la vista, cuando sí fueron escuchados -razón por la que no será necesario repetir el juicio.

El Supremo considera que la Audiencia denegó de forma arbitraria la legitimación de las dos acusaciones, cuando la CAM era perjudicada por los hechos y el Fondo quien se encargó de sanear la entidad en defensa del sistema financiero nacional.

Las acusaciones particulares imputaban a los acusados hechos como el cobro de 308.000 euros por Avilés en concepto de dietas que consideraban indebidas e ilícitas o la concesión de créditos y refinanciación de empresas vinculadas a los directivos.

La Fiscalía del Tribunal Supremo apoyó el recurso de las acusaciones particulares y solicitó al alto tribunal la anulación de la sentencia de la Audiencia Nacional para reconocer al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y a la entidad su condición de perjudicados “sin trabas ni límites”.

La posible participación de Avilés en la concesión de créditos irregulares, por la que ha sido absuelto junto a otras personas, no ha podido ser examinada adecuadamente por el tribunal “por cuanto a quien le acusaba por el cobro ilícito e indebido de dietas se le deniega legitimación de manera implícita”, dice el Supremo.

La Audiencia, según dice el fallo del alto tribunal, deberá dictar una nueva resolución judicial motivada.

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha pedido al alto tribunal que anule la sentencia de la Audiencia Nacional que absolvió a dos exdirectivos de CAM y ordene dictar una nueva en la que devuelva al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y a la entidad su condición de perjudicados “sin trabas ni límites”.

En sendos informes, el fiscal de Sala del Tribunal Supremo Fidel Ángel Cadena apoya los recursos que interpusieron el FGD y la Fundación CAM contra la resolución que absolvió a Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés de haber ideado un sistema irregular de cobro de dietas en una participada de la caja y en la concesión de préstamos al segundo.

La Fiscalía del Tribunal Supremo explica que las acusaciones de estos dos perjudicados iban más allá que las de la Fiscalía Anticorrupción, que solo atribuía a Avilés un delito de administración desleal, por el que pedía dos años y medio de prisión.

Asimismo, consideraba que las indemnizaciones derivadas de esta causa debían ir a parar al Sabadell o a la participada Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP) por las dietas percibidas por los miembros de su Comisión de Control, que ascendían a casi 1,5 millones.

De hecho, con su decisión, la Audiencia exoneraba además a los otros 18 partícipes a título lucrativo de devolver las cantidades que percibieron como miembros de la Comisión de Control de TIP.

Sin embargo, el FGD y la CAM elevaban su solicitud a diez años de cárcel al acusarle también de apropiación indebida por la concesión de préstamos por valor de 17 millones a sociedades vinculadas a él y por el asunto de las dietas de la participada, en la que se adjudicó 308.000 euros mientras fue su presidente.

De compartir la tesis del fiscal y de los recursos del FGD y la Fundación CAM, el Supremo obligará a la Audiencia Nacional a repetir su sentencia, en la que deberá pronunciarse sobre las solicitudes de ambos que evitó hacer en la primera.

Para el fiscal del Alto Tribunal, la sección cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional vulneró el derecho del FGD a la tutela judicial efectiva al negarle la legitimidad para ejercer la acusación particular.

Lo mismo opina respecto a la Fundación CAM que como “beneficiaria legal de la actividad financiera no puede caber duda” de que debía ostentar esta misma condición, que también le fue negada por la sala.

Y ello pese a que al inicio del juicio, celebrado el pasado mes de enero, el tribunal presidido por la magistrada Teresa Palacios permitió a ambos desempeñar la acusación para después, “inexplicablemente”, retractarse en la sentencia.

En su resolución, la Audiencia reconocía como único perjudicado al Banco Sabadell, entidad que adquirió por un euro una CAM ya saneada tras la inyección de 5.249 millones que había recibido por parte del FGD y que nunca pidió personarse.

Al cambiar “copérnicamente” en sentencia el criterio que había sido reiterado por la Audiencia Nacional, la sección cuarta vulneró el derecho a la tutela judicial efectiva de los únicos perjudicados personados en la causa: el FGD y la CAM.

La Fiscalía Anticorrupción ha mantenido su petición de cuatro y dos años y medio de prisión para los exdirectivos de CAM Roberto López Abad y Juan Ramón Avilés, por la “sinvergonzonería” que cometieron al adjudicar dietas a los miembros de una participada de la caja “por no hacer nada”.

Así lo ha expuesto el fiscal Luis Rodríguez Sol durante la quinta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Nacional contra ambos exdirectivos, a los que reclama además que se les condene a indemnizar bien al Banco Sabadell, -entidad a la que fue adjudicada la CAM por un euro tras su intervención-, o bien a su participada Tenedora de Inversiones (TI) en la cantidad de 1.494.029,99 euros.

Fraude de ley

El fiscal acusa a López Abad y al fallecido presidente Vicente Sala de haber incurrido en un fraude de ley al haber creado una comisión de control en esta última sociedad, participada al 100 % por CAM, para adjudicar a sus miembros -que eran los mismos de la comisión de control de la caja, incluido el propio Avilés, que la presidía- unas dietas que no les correspondían.

“No se trabajaba nada entre reunión y reunión, tenían un enorme grado de desconocimiento de sus funciones”, ha subrayado el representante de Anticorrupción, que ha añadido que “era como asistir a una conferencia, uno va, se sienta y escucha lo que se le dice y como mucho hace preguntas al final”.

Puesto que “no tenían ninguna responsabilidad ni derecho a cobrar absolutamente nada, pedimos algo tan razonable como que devuelvan lo que recibieron y que no tenían ningún derecho a cobrar”, ha dicho sobre los 18 miembros de esa Comisión de Control de TI, a los que considera partícipes a título lucrativo y por ello cree que deben afrontar la cantidad de forma solidaria con los acusados.

El organismo en TI se creó en 2005 y estuvo activo hasta 2011, periodo en el que se cobraron dietas, incrementadas de manera sucesiva hasta multiplicarse por 150, de entre 9.000 euros y los 308.000 que se desembolsó el propio Avilés.

Préstamos irregulares

Además, el fiscal se ha referido a los préstamos que recibió de manera presuntamente irregular a una sociedad vinculada a Avilés, “La Vereda de Sucina”, que controlaba mediante sociedades interpuestas y varios familiares por valor de casi 17 millones.

Para eludir el control del Instituto Valenciano de Finanzas y renovar sus préstamos, simuló un traspaso de acciones a su hermana, que ingresó 90.000 euros en una cuenta que le había dado la esposa del acusado, el cual evitaba así un impago que le hubiera obligado a abandonar su puesto en la caja.

“El préstamo tenía muerte cerebral, no se podía reanimar y mantenerlo era perjudicial para la caja; era como una bola de nieve, la deuda va creciendo”, ha relatado.

Acusación particular

Mientras, el letrado Carlos Gómez-Jara, que ejerce la acusación particular en nombre del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) y la Fundación CAM, ha mantenido también su petición de cárcel de seis años para López Abad y de diez para Avilés.

Asimismo, ha reclamado una indemnización de 4,9 millones por el “quebranto” derivado de los préstamos para el Fondo de Garantía de Depósitos, ya que este organismo le inyectó 5.249 millones antes de la venta de CAM al Sabadell.

“El FGD hace la labor de bombero del sistema financiero, y si tiene que soportar lesiones por su intervención, hay que indemnizarle, y cada culpable deberá hacerlo en su proporción”, ha concluido.

Comienza el juicio en la Audiencia Nacional contra el exdirectivo de la CAM y exconcejal del Ayuntamiento de Murcia, Juan Ramón Avilés, y contra el exdirector general de la entidad, Roberto López Abad, ambos acusados de los posibles delitos de apropiación indebida, administración desleal y delito societario.

La Fiscalía Anticorrupción pide dos años y medio para Avilés y cuatro años de prisión para López Abad. Además, la acusación ejercida por la CAM a través del FROB solicita diez años de cárcel para Avilés y seis para López Abad, y la Plataforma de Afectados ha pedido 16 años y medio de prisión para Avilés y 14 años para López Abad.

La Fiscalía estima que la Comisión de Control creada por López Abad era “un instrumento” para percibir dietas irregulares, logrando cobrar “unos emolumentos muy superiores a los que tenían derecho conforme a la normativa sobre cajas de ahorros y los propios estatutos de la CAM”.

Sobre Juan Ramón Avilés, que fue director de dicha Comisión de Control de CAM, pesa también un posible delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero. A la vez que responsable en la caja, Juan Ramón Avilés era propietario y gestor efectivo de “La Vereda de Sucina” a través de varios familiares y sociedades interpuestas, empresa que recibió 16,6 millones en préstamos de CAM.

Según ha informado la agencia Europa Press, la Sección Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional prevé nuevas sesiones en este proceso para los días 26, 27 y 28 de enero, y para los días 12 y 16 de febrero.

El expresidente de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) Modesto Crespo ha admitido ante el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez que cobró de una sociedad participada de la entidad seis meses antes de que fuera nombrado al frente de la misma, informaron fuentes jurídicas.

Crespo, que ha comparecido como imputado en la causa en la que se le investiga junto a 19 consejeros de la extinta caja alicantina por el cobro de dietas irregulares, ha señalado que, a pesar de que fue nombrado presidente de la sociedad Tinser Cartera el 29 noviembre de 2009, percibió su sueldo de 300.000 euros anuales con carácter retroactivo desde junio, mes en el que fue designado “presidente institucional” de la CAM.

El exdirectivo, imputado por un delito de apropiación indebida, ha explicado que percibió sus retribuciones con retroactividad porque comenzó a trabajar para Tinser Cartera desde el momento en que fue nombrado como presidente de la CAM y que el nombramiento se produjo seis meses después por cuestiones formales.

Avalada por el Consejo de Administración

También ha declarado como imputado el exdirector general de la CAM Roberto López Abad, que ha reconocido que la propuesta de nombramiento de Crespo al frente de la sociedad participada partió de él y fue aprobada por el Consejo de Administración, que avaló tanto la cuantía de la retribución como el cobro con carácter retroactivo, “así consta en las actas, que no son falsas”.

Al ser preguntado por qué el consejero Martín Sevilla le advirtió de que la retroactividad salarial no había sido abordada en la Comisión de Retribuciones de la entidad, de la que formaba parte, López Abad ha alegado que se le “olvidó” comentar ese detalle.

La Fiscalía Anticorrupción indicó, en un escrito dirigido al juez, que, a pesar de que el expresidente de la CAM no accedió a la presidencia de la filial de la caja que agrupa sus participaciones industriales hasta el mes de diciembre de 2009, los consejeros imputados aprobaron que cobrara “de forma retroactiva” las dietas de los dos últimos trimestres del año en una reunión celebrada el 27 de noviembre de 2009.

Según han informado fuentes jurídicas, los miembros del Consejo de Administración aprobaron de viva voz las actas correspondientes a la reunión de noviembre en otro encuentro celebrado el 9 de diciembre. En ese documento, sí venían recogidas las dietas investigadas, según su versión.

Gómez Bermúdez ha realizado a estos dos interrogatorios después de finalizar la ronda de declaraciones de todos los miembros del Consejo de Administración, que en su gran mayoría apuntaron que aprobaron el cobro de las dietas supuestamente irregulares y que se limitaron a votar el nombramiento de Crespo como presidente de Tinser.

Otras causas

Gómez Bermúdez ya investiga a Crespo y a López Abad junto a otros antiguos directivos de la caja --el exdirector general de recursos de la CAM Vicente Soriano Terol; el exdirector de planificación y control de la caja alicantina, Teófilo Sogorb; y la última directora general de la caja alicantina, María Dolores Amorós- por presuntos delitos societarios, estafa y manipulación del precio de las cosas, por el cobro de pensiones de jubilaciones abusivas y su papel en la quiebra de la entidad.

El magistrado dictó, además, hace un año el ingreso en prisión eludible con una fianza de 1,5 euros para López Abad al que atribuye haber desviado millones de euros de la CAM que destinó a la compra de hoteles en el Caribe a través la participada Valfensal, junto a los empresarios de Benidorm Juan Ferri y José Baldó. El exdirector general de la entidad permaneció seis días en la cárcel, que abandonó tras presentar bienes que cubrían la caución.

La CAM fue intervenida en junio de 2011 por el Banco de España y en diciembre de 2011 el Sabadell se la adjudicó por un euro. El Fondo de Garantía de Depósitos inyectó 5.249 millones de euros en la entidad que se sumaron a los cerca de 2.800 que aportó el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB).

La Audiencia Nacional ha abierto juicio oral al ex director general de CAM Roberto López Abad y al exdirectivo Juan Ramón Avilés, a los que ha impuesto una fianza civil de 1,9 y 6,6 millones, respectivamente, por irregularidades en el cobro de dietas y la concesión de 17 millones en préstamos a este último.

En un auto, el juez Javier Gómez Bermúdez acusa a los dos de apropiación indebida, administración desleal y un delito societario, pero añade para Avilés, que fue director de la Comisión de Control de la caja alicantina, el de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero.

López Abad se enfrenta a unas solicitudes de pena de cuatro años por parte de la Fiscalía, de seis por la acusación ejercida por la CAM a través del FROB y de 14 por parte de la Plataforma de Afectados, mientras que en el caso de Avilés pasan por dos años y medio, diez y 16 y medio, respectivamente.

Asimismo, Gómez Bermúdez da un plazo de 24 horas a los acusados para abonar estas cantidades que, en el caso de López Abad, deberá pagar de forma solidaria junto a otros 18 miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de Tenedora de Inversiones (TI), sociedad participada por la CAM, que cobraron de forma presuntamente irregular dietas de entre 9.566 y los 308.000 euros que se embolsó el propio Avilés en lugar de los 15.000 que le correspondían.

Gómez Bermúdez considera a todos ellos partícipes a título lucrativo de los hechos, por lo que deberán devolver las dietas que cobraron como miembros de la Comisión de Control de TI más el tercio de esa cantidad que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con lo que las cifras a pagar oscilan entre los 12.000 y los 386.600.

También considera partícipes a título lucrativo a la mujer de Avilés, Inmaculada Alcaraz, su hermana, Josefa, y su hijo Ginés, si bien archiva la acción penal respecto a ellos tres.

De no pagar ese dinero, el magistrado subraya que se procederá al embargo de “bienes suficientes para cubrir dicha suma” en el caso de que no acrediten antes su insolvencia.

La Fiscalía ha pedido para el primero cuatro años de prisión por apropiación indebida agravada, por el que le reclama también una multa de 90.000 euros, y para Avilés rebaja la pena a dos años y medio por un delito de otorgamiento de contrato simulado en perjuicio de tercero.

Asimismo, quiere que ambos indemnicen al Banco Sabadell -al que se le adjudicó la CAM por un euro tras su intervención-, con casi 1,5 millones de euros de forma solidaria junto a los miembros de la Comisión de Seguimiento y Control de Tenedora de Inversiones.

La CAM, por su parte, representada por el abogado designado por el FROB Carlos Gómez-Jara, considera que, además de la pena de cárcel, Avilés debe pagar una indemnización de 4,9 millones de euros por el “quebranto” derivado de los préstamos que le concedió la entidad.

Sin embargo, opina que esta cantidad debe ir a parar al Fondo de Garantía de Depósitos, ya que este organismo le inyectó 5.249 millones antes de la venta de CAM al Sabadell.

De todos ellos, solo López Abad ya sabe lo que es dormir en prisión, donde ingresó bajo fianza de 2,5 millones -que abonó en apenas seis días- por haber desviado presuntamente 247 millones a un paraíso fiscal en el Caribe a través de la sociedad Valfensal.

Se trata del segundo juicio que abre la Audiencia Nacional a los gestores de las antiguas cajas tras el de los cuatro exdirectivos de Caixa Penedès Ricard Pagès, Manuel Troyano, Santiago José Abella y Joan Caellas, que deberán sentarse en el banquillo de los acusados el próximo 19 de mayo donde se enfrentarán a penas de entre tres y tres años y medio de cárcel que reclama para ellos Anticorrupción.

Si Gómez-Jara, abogado designado por el Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) para defender los intereses de la CAM, ha pedido seis años de prisión para Roberto López Abad -exdirector general de la entidad- y diez años para Juan Ramón Avilés -expresidente de la Comisión de Control de la entidad-, además de las correspondientes multas y la reparación del millonario daño causado por el saqueo de Caja de Ahorros del Mediterráneo, Fiscalía Anticorrupción ha solicitado cuatro años de cárcel para López Abad y dos años y seis meses para Avilés.

En el escrito de acusación remitido a Gómez Bermúdez, magistrado responsable del caso, Fiscalía reclama una indemnización de 1.494.029 euros al Banco de Sabadell, propietaria de la CAM, cuyo rescate podría llegar a costar hasta 15.000 millones de euros.

Anticorrupción exige que tal cantidad sea abonada por Avilés y otros 18 miembros de la Comisión de Seguimiento de la Tenedora de Inversiones (TIP), propiedad al cien por cien de la caja alicantina, a quienes acusa de percibir entre 9.000 y 308.000 euros, y le reclama una sanción de 90.000 euros a López Abad.

El pasado enero, se hacía pública la acusación del juez de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, al exdirector general de la CAM Roberto López Abad y al expresidente de la Comisión de Control de la entidad Juan Ramón Avilés del cobro “irregular” de dietas, un sistema de retribuciones que según señalaba Gómez Bermúdez habría ideado López Abad. Además, el magistrado reprochaba que empresas vinculadas a Avilés y su familia se habían beneficiado de préstamos en condiciones ventajosas que supusieron unas pérdidas de 4,92 millones para la caja alicantina.

Pues bien, este miércoles se ha conocido que el abogado designado por el Frob (Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria) para defender los intereses de la CAM, Carlos Gómez-Jara, ha presentado un escrito en la Audiencia Nacional en la que solicita para López Abad y Avilés penas de prisión, multas y la reparación del daño millonario causado a la CAM, única víctima a indemnizar, según informa el diario Información.

El escrito de Gómez-Jara, hace referencia a la refinanciación “fuera de toda lógica” de los proyectos de Avilés en un momento en el que la situación financiera de la CAM era muy delicada, próxima a ser intervenida por el Banco de España -el rescate de la Caja de Ahorros del Mediterráneo puede alcanzar los 15.000 millones de euros-.

Además, Avilés llegó a simular la venta de una de sus empresas, la que tenía un déficit mayor, a su hermana para ocultar su relación con una empresa que era incapaz de amortizar los créditos concedidos por la CAM, principal financiador.

El escrito de la acusación también se refiere a cómo, al percibir López Abad y Avilés sólo dietas por asistencia y desplazamiento a la comisión de control de la CAM, éstos idearon otra comisión de control en una empresa inmobiliaria propiedad en su totalidad de la caja, Tenedora de Inversiones y Participaciones (TIP). Gracias a la asistencia a esta segunda comisión de control, López Abad y Avilés multiplicaron por diez sus dietas -este último habría llegado a percibir 308.700 euros mientras que el resto de los miembros de la comisión habrían percibido más de millón y medio por este concepto-, por lo que la el abogado de la acusación particular se refiere a este cobro de dietas como un delito continuado de apropiación indebida en la modalidad agravada por el valor de lo defraudado.

Petición de penas

Así, Gómez-Jara solicita para Roberto López y Juan Ramón Avilés seis años de prisión para cada uno y una multa de doce meses -400 euros por día-, lo que se traduce en 145.000 euros, además de plantear la inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y para desempeñar cualquier cargo, empleo o profesión en el seno o por cuenta de una entidad bancaria y de crédito en España durante el tiempo la condena.

De igual forma, a esta acusación se le suma el cargo de administración desleal en concurso con un delito de contrato simulado en perjuicio de tercero (CAM) por la obtención de los créditos y la supuesta venta de una de sus empresas a su hermana para Avilés. Por ello, la acusación considera que la actuación tiene, si cabe, más reproche porque debía velar porque no se produjeran este tipo de situaciones y solicita cuatro años de prisión -por lo que sumarían 10 años-.

En el escrito se considera que también se lucraron, además del resto de los miembros de la comisión de control, la esposa, dos hijos y la hermana de Avilés, por lo que se reclama que devuelvan lo indebidamente percibido.