Como un tiro. Al PSPV de Ximo Puig no le ha sentado nada bien enterarse por la prensa de la decisión de la Ejecutiva Municipal de Alicante de revelar a Eva Montesinos como portavoz del grupo municipal socialista. El líder de los socialistas valencianos ha reconocido estar “sorprendido” de esta medida unilateral que tomó en la tarde noche de este lunes la agrupación que a la postre controla en la sombra el exsenador Ángel Franco. Y todo después de que fuera el propio Puig el que bajara hasta Alicante el domingo para animar a la militancia tras perder la alcaldía el jueves pasado por la abstención de la edil tránsfuga Nerea Belmonte.

Allí vino a respaldar a Montesinos como la garante de la estabilidad que necesita el partido de cara a este año de transición hasta los comicios de 2019. “Estamos más cerca del Gobierno de Alicante en 2019, hemos actuado con ética y responsabilidad”, llegó a decir. Nada más lejos de la realidad. 24 horas después, el PSOE alicantino decidía desplazar a Eva Montesinos de la portavocía del grupo municipal –solo cuatro días después de que fuera propuesta alcaldesa- y ponía en su lugar a Miguel Castelló, que se estrenó el pasado jueves como nuevo concejal en sustitución del dimisionario Gabriel Echávarri.

El exalcalde Echávarri, que tuvo que renunciar a su acta por su doble procesamiento por presuntamente fraccionar contratos y por despedir por venganza a la cuñada del ahora alcalde Luis Barcala, se preguntaba al enterarse de la decisión de sus compañeros si “era necesario” cesar como portavoz a la que fue su delfín.

Ahora es el PSPV el que mueve ficha y reconoce que ha constituido la Comisión de Ética y Garantías a la que van a tener que acudir “todas las personas afectadas” de la agrupación alicantina. En ella no se descarta la apertura de expedientes disciplinarios con el objetivo de restituir a Montesinos como cara visible del proyecto socialista. Blanquerías sopesa, en última instancia, la creación de una gestora en Alicante para tomar el control.

La jueza ha abierto este martes juicio oral al exalcalde socialista de Alicante Gabriel Echávarri por un delito continuado de prevaricación relacionado con el presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio.

Además, la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado para él 10 años y 1 día de inhabilitación, según han informado a Efe fuentes próximas al caso.

En su auto, la magistrada María Luisa Carrascosa decreta también la apertura de juicio oral contra dos antiguos asesores del que fuera primer edil, el exjefe de su gabinete, Eduardo Díez, y el exasesor de Comercio Pedro de Gea.

Considera que ambos pudieron incurrir en el mismo delito, prevaricación continuada, aunque en grado de cooperación necesaria, como sostiene en su escrito de acusación provisional la Fiscalía, que reclama para ambos la misma pena que para Gabriel Echávarri.

La magistrada ha dejado fuera del objeto del juicio el presunto delito de usurpación de funciones que apreció en la conducta de Díez y De Gea al dictar el auto de procedimiento abreviado de la causa, el pasado mes de noviembre.

La juez ha tomado esta decisión después de que Anticorrupción haya pedido el sobreseimiento de las diligencias por esta infracción penal y de que el PP, que ejerce la acusación particular, tampoco la haya incluido en sus conclusiones provisionales.

En su escrito, el PP ha pedido una pena de inhabilitación de 12 años y 7 meses al exalcalde para Echávarri por el delito continuado de prevaricación y 7 años para cada uno de sus exasesores.

El líder de los socialistas valencianos reunió este domingo en Alicante a casi medio centenar de militantes y altos cargos con el objetivo de hacer borrón y cuenta nueva. El acto comenzó con lamentos por lo que pudo ser y no fue y acabó con la esperanza de volver en 2019 a la alcaldía. Entre medias hubo comida, bebida y poca autocrítica.

“¿Autocrítica? No hemos podido hacer más para retener la alcaldía de Alicante”, afirma a este diario una miembro de la Ejecutiva del PSPV-PSOE. La culpa, insistió Ximo Puig en el almuerzo, de que la socialista Eva Montesinos no sea hoy alcaldesa fue de la tránsfuga Nerea Belmonte –“tendrá que dar explicaciones- y de Ciudadanos –”han propiciado que vuelva el peor partido popular de la historia“-.

¿Y de nadie más? “Está claro que el tripartito en Alicante ha sido muy conflictivo por el carácter de sus tres líderes, que políticamente no han encajado bien –asume un militante de la agrupación alicantina- pero llegamos al pleno del jueves por muchas cosas que no eran culpa del PSOE”.

La opinión del entorno de la familia socialista alicantina parece que va por esta línea. Otra militante recuerda que el PSOE ya hizo lo posible por retener la alcaldía. “Quitamos a Echávarri y pusimos a Montesinos como la mejor opción, la más sensata”, añade. Hasta Ximo Puig, distante con el exalcalde doblemente procesado cuando se aferraba al cargo, tuvo este domingo palabras de ánimo de cara a los juicios a los que se enfrenta: “No es ni Alperi ni Castedo”, comentó.

Solo en el sector sanchista se siguen oyendo voces críticas con la gestión de estos tres años en general, y por la investidura fallida en particular. Como recogió este diario, los de Pedro Sánchez parten de la base de que la elección de Eva Montesinos como alcaldable fue un error fatal pues suponía arrastrar la larga y pesada sombra de Echávarri –fue él quien la propuso- y que la opción de Sofía Morales hubiera sido más adecuada.

Compromís y Guanyar

La postura del PSOE contrasta con la de Compromís. Su líder, Natxo Bellido, si bien también ha cargado contra Belmonte y Ciudadanos, entiende que su formación, PSOE y Guanyar cometieron errores previos cuando gobernaron juntos. “Solo con el Belmontazo no se pueden explicar las cosas”, sentencia.

“Es cierto que en Alicante ha habido un proyecto de cambio fallido”, explica Bellido. “Deberíamos haber reaccionado antes ante un gobierno plural que daba muestras de que las cosas no se estaban haciendo bien”, comenta. Más allá del papel jugado por Compromís, el portavoz de su grupo municipal cree que existen posibilidades en 2019 de que se pueda reeditar en el Ayuntamiento un pacto de izquierdas. Para ello pide responsabilidades a su exsocios de gobierno. “Creemos que el PSOE de la provincia de Alicante tiene que hacer un proceso de reflexión, y si no lo hace, el PSPV debería actuar”. A Guanyar, Bellido también le reclama que “resuelva la cuestión clave de si quiere ser oposición o ser gobierno”. Y todo para repetir la “fórmula del Botànic”, en alusión al gobierno valenciano, “esa tiene que ser la fórmula del futuro de Alicante”.

En cambio, al portavoz de Guanyar, Miguel Ángel Pavón, no parece que le siente bien que Bellido asuma el liderazgo de la izquierda Alicante para la próxima cita electoral, como ha dicho. “Bellido se autoerige de forma pretenciosa en líder de la izquierda”, escribía en su Facebook –este medio ha intentado contactar con él sin éxito-. En esta red social, Pavón se hace eco de una noticia de El Mundo para cargar contra Bellido al que acusa de dar la alcaldía de Alicante a Echávarri en 2015 “al no querer saber nada de la posibilidad de que yo fuera alcalde”.

La Sindicatura de Cuentas de la Comunidad Valenciana recoge en su último informe cómo el Ayuntamiento de Elche incumplió la ley al fraccionar contratos durante 2015 (último año del Partido Popular) y 2016 (PSOE, Compromís y por entonces Ilicitanos por Elche). El troceo de fracturas o la conversión de contratos que deberían ser mayores por su importe en otros menores es algo que ha venido ocurriendo en numerosos municipios del país, aunque Alicante parece que haya sentado un precedente por las repercusiones políticas que ha tenido.

Allí, el dimisionario alcalde Gabriel Echávarri se vio forzado a dejar el cargo por su doble procesamiento al haber despedido –presuntamente- de manera irregular a una funcionaria interina y por, sobre todo, supuestamente haber fraccionado como contratos menores facturas de distintas campañas publicitarias por valor de 190.000 euros en la concejalía de Comercio que dirigía en 2016.

En Elche, la Sindicatura de Cuentas también encuentra esta misma práctica por el mismo concepto, publicidad institucional, pero con un importe inferior: el conjunto de las facturas revisadas asciende a 40.588 euros. La Ley de Contratos del Sector Público cifraba entonces en 18.000 euros el importe máximo para la realización de contratos menores. La reciente modificación legal rebaja a 15.000 euros el tope máximo. Es por ello que concluye que en 2015 –cuando aún gobernaba el Partido Popular de Mercedes Alonso- “se han identificado diversas facturas con una misma empresa por la emisión en una televisión local de Elche –TeleElx- de diversos programas audiovisuales, como la retransmisión de la agenda cultural o política municipal, entre otros muchos”.

El informe de este organismo independiente fiscaliza la actuación municipal hasta el 2016, fecha en la que también se hallan contratos menores irregulares en la concejalía de Medio Ambiente, dirigida hasta la actualidad por Compromís. El texto afirma que “se han adjudicado dos contratos menores por una cuantía conjunta de 21.786 euros” referente a un producto para luchar contra la plaga del picudo rojo que afecta a las palmeras, cuando “deberían haberse tramitado y licitado conjuntamente, siguiendo los principios de publicidad y transparencia de la contratación administrativa”.

Con todo, a estas irregularidades hay que sumar que, “en un elevado número de los reparos de los ejercicios 2015 y 2016 que han sido revisados se pone de manifiesto que en las relaciones de facturas revisadas se incluyeron algunas por importes superiores a 3.000 euros”, sin que se promovieran los preceptivos expedientes de contratación. “En otras ocasiones –como hemos citado- se hace referencia a que, en determinados gastos, se ha fraccionado el importe al objeto de no promover un procedimiento de contratación”

Es por ello que la Sindicatura de Cuentas establece entre sus “recomendaciones más importantes” que el Ayuntamiento “debe garantizar que no se produzca el fraccionamiento de contratos, con la finalidad de garantizar una mayor concurrencia y una gestión más eficiente de los recursos públicos”.

La Sindicatura valenciana también da un tirón de orejas al consistorio ilicitano por haber permitido durante casi un año la vigencia del contrato caducado “de elevada cuantía”, 4.903.846 euros, consistente en un servicio “de ayuda a domicilio”. El informe especifica que “el contrato tiene una duración de un año, más la posibilidad de un año adicional de prórroga”, pero que la vigencia del contrato anterior finalizaba el 31 de diciembre de 2014, incluidas sus prórrogas legales, mientras que “la formalización del actual contrato” se realiza el 26 de octubre de 2015, “habiéndose comprobado que en el transcurso de este plazo, el anterior contratista siguió prestando el servicio, por común acuerdo entre dicho contratista y el Ayuntamiento”.

Interventor vacante

El organismo fiscalizador también carga contra el Ayuntamiento de Elche por contar con un puesto de interventor vacante “desde hace más de 25 años”. Como el fraccionamiento irregular de contratos, también viene siendo habitual en algunos municipios españoles tener a interventores interinos, en lugar del funcionario de habilitación nacional que marca la ley.

Esto ha permitido a partidos gobernantes ejercer presiones sobre este órgano fiscalizador con el fin de condicionar las decisiones que deba tomar. Este es el argumento que defiende, por ejemplo, el interventor Fernando Urruticoechea, conocido por haber destapado numerosas corruptelas en los municipios que ha estado, los últimos Crevillente o recientemente el de Orihuela del que asegura que tuvo que irse por sufrir “una persecución constante”.

Una gasolinera pública

La Sindicatura de Cuentas también ha revisado las cuentas del año 2016 de las empresas municipales, entre ella Pimesa, que gestiona la concesión de explotación del servicio público de la estación de autobuses de Elche, que incluye la anómala actividad complementaria de “una estación de servicios para venta de carburante”, es decir, una gasolinera pública. El informe aclara “que no es un servicio público sino una iniciativa pública para el desarrollo de una actividad económica en régimen de competencia con el sector privado, por lo que su continuidad está supeditada a que se garantice el cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria y de sostenibilidad financiera”.

Dir que l’eixida forçosa de Gabriel Echávarri de l’alcaldia d’Alacant era la crònica d’una mort anunciada és, a més de gens original, una mica presumptuós. El que és cert és que el compte arrere de la seua marxa va començar fa 12 mesos quan va esclatar el cas Comerç primerament, i l’acomiadament de la cunyada del líder del PP després, pels quals va cavar la seua pròpia tomba. Però el pas per l’Ajuntament d’Alacant d’Echávarri no ha estat exempt de polèmica gairebé cap dia.

La imatge tan deteriorada que arrossega el primer edil, fins aquest dilluns, dista de la que el va portar a liderar el PSPV-PSOE i la ciutat. Abans d’acariciar el poder, pràcticament hi havia unanimitat a Alacant: el llavors diputat en el Congrés responia al perfil d’un advocat culte que ho tenia tot per a obrir les portes i les finestres d’un consistori impregnat per l’aroma de corrupció que havien portat els alcaldes del PP que el van precedir, Luis Díaz Alperi i Sonia Castedo. Està clar que la seua comesa principal no l’ha aconseguida.

La caiguda en desgràcia d’Echávarri va començar no fa un any, sinó quasi tres, quan va prendre possessió del càrrec que ara deixa. Mentre a Alacant el flamant alcalde posava amb la vara de comandament agafada també pels portaveus de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, i de Compromís, Natxo Bellido, a dos-cents quilòmetres i a la mateixa hora, l’alcalde de València Joan Ribó renunciava en el seu discurs a la vara i al comandament. Ací, en aqueixes quatre parets, començava la mala fortuna.

Massa galls en un galliner en què els socialistes van obtenir els mateixos regidors que Guanyar Alacant (sis cadascun, per tres de Compromís). Fonts pròximes a Echávarri apunten que “no ha estat precisament senzill” treballar amb Compromís i sobretot amb el líder de Guanyar Pavón. De fet, el repartiment de regidories que va atorgar el PSOE (amb més pes per a la coalició d’EU i Podem) va deixar de seguida l’empremta que l’Ajuntament no sols estava sent governat per un tripartit, sinó que en la pràctica hi havia tres compartiments estancs que remaven en direccions oposades.

Encara que des dels partits d’esquerres també recalquen que “el caràcter de Gabriel” ho ha condicionat tot. “Li ha passat factura”, reconeixen des de l’equip d’Echávarri. Això explica les seues eixides de to constants tant en xarxes socials com al carrer, on ha protagonitzat unes quantes baralles amb veïns. I això explica qüestions clau com la negativa del regidor socialista a delegar la regidoria de Comerç en què al desembre del 2016 pretesament va fraccionar contractes per un valor pròxim a 190.000 euros; o la seua confessió en Facebook dies després que havia acomiadat Catalina Rodríguez, la funcionària interina cunyada del portaveu del grup del PP, Luis Barcala, com a represàlia per la denúncia interposada pel PP en el primer cas.

Embolics judicials

En l’últim any, Echávarri ha passat d’estar doblement processat –a les portes de seure en sengles judicis, pel cas Comerç i l’acomiadament per venjança–, a estar doblement reprovat per un ple en què els seus socis han optat per eixir del govern i, finalment, veure’s forçat a dimitir davant de la pressió de contraris i propis.

“En realitat no ha fet res. Han estat errors administratius i tot s’ha sobredimensionat”, afirmen des de l’equip de govern. Des del PSPV-PSOE s’ha insistit que Echávarri no està investigat per casos de corrupció, terme que Alacant associa als exalcaldes Alperi i Castedo, que s’enfronten a deu anys de presó per haver falsejat el PGOU per afavorir l’empresari Enrique Ortiz.

No en té la mateixa opinió l’oposició. Si bé reconeix que Echávarri no xafarà la presó, dóna per feta una inhabilitació de càrrec públic. “És il·legal trossejar contractes i ha de complir les línies roges del seu partit”, asseveren. Pel cas Comerç també estan processats per un presumpte delicte de prevaricació i suplantació de funcions l’assessor socialista Pedro de Gea i el cap de gabinet de l’alcalde, Lalo Díez, mà dreta de l’encara edil provinent del món de l’oci nocturn i la presència del qual en l’Ajuntament ha debilitat més que ha ajudat el seu amic de joventut.

Nova alcaldessa

En definitiva, Gabriel Echávarri no ha sabut envoltar-se d’un equip de confiança i ha anat prenent decisions que l’han dut a un atzucac amb una única eixida possible, la dimissió. El PSPV-PSOE espera restablir en les pròximes setmanes la confiança perduda i investir Eva Montesinos com a nova Líder. Amb ella són ja cinc les vares de comandament que s’han anat succeint només en quatre anys i amb ella està per comprovar si la butaca de l’Alcaldia d’Alacant té mala fortuna o simplement gestors incompetents.

Decir que la salida forzosa de Gabriel Echávarri de la alcaldía de Alicante era la crónica de una muerte anunciada es, además de nada original, un poco presuntuoso. Es cierto que la cuenta atrás de su marcha comenzó hace 12 meses cuando estalló el caso Comercio primero, y el despido de la cuñada del líder del PP después, por los que cavó su propia tumba. Pero el paso por el Ayuntamiento de Alicante de Echávarri no ha estado exento de polémica prácticamente ningún día.

La imagen tan deteriorada que arrastra el hasta este lunes primer edil dista de la que le llevó a liderar el PSPV-PSOE y la ciudad. Antes de acariciar el poder, prácticamente había unanimidad en Alicante: el entonces diputado en el Congreso respondía al perfil de un abogado culto que lo tenía todo para abrir las puertas y ventanas de un consistorio impregnado por el aroma a corrupción que habían llevado los alcaldes del PP que le precedieron, Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo. Está claro que su principal cometido no lo ha logrado.

La caída en desgracia de Echávarri comenzó no hace un año sino casi tres, cuando tomó posesión del cargo que ahora deja. Mientras en Alicante el flamante alcalde posaba con la vara de mando agarrada también por los portavoces de Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, y de Compromís, Natxo Bellido, a doscientos kilómetros y a la misma hora, el alcalde de Valencia Joan Ribó renunciaba en su discurso a la vara y al mando. Ahí, en esas cuatro paredes, comenzaba el mal fario.

Demasiados gallos en un gallinero en el que los socialistas obtuvieron los mismos concejales que Guanyar Alacant (seis cada uno, por tres de Compromís). Fuentes cercanas a Echávarri apuntan a que “no ha sido precisamente sencillo” trabajar con Compromís y sobre todo con el líder de Guanyar Pavón. De hecho, el reparto de concejalías que otorgó el PSOE (con más peso para la coalición de EU y Podemos) dejó en seguida la impronta de que el Ayuntamiento no solo estaba siendo gobernado por un tripartito sino que en la práctica había tres compartimentos estancos que remaban en direcciones opuestas.

Aunque desde los partidos de izquierdas también recalcan que “el carácter de Gabriel” lo ha condicionado todo. “Le ha pasado factura”, reconocen desde el equipo de Echávarri. Esto explica sus salidas de tono constantes tanto en redes sociales como en la calle, donde ha protagonizado varios rifirrafes con vecinos. Y esto explica cuestiones clave como la negativa del regidor socialista a delegar la concejalía de Comercio donde en diciembre de 2016 supuestamente fraccionó contratos por un valor cercano a 190.000 euros; o su confesión en Facebook días después de que había despedido a Catalina Rodríguez, la funcionaria interina cuñada del portavoz del grupo del PP, Luís Barcala, como represalia por la denuncia interpuesta por el PP en el primer caso.

Líos judiciales

En el último año, Echávarri ha pasado de estar doblemente procesado -a las puertas de sentarse en sendos juicios, por el caso Comercio y el despido por venganza-, a estar doblemente reprobado por un pleno en el que sus socios han optado por salir del gobierno y, finalmente, verse forzado a dimitir ante la presión de contrarios y propios.

“En realidad no ha hecho nada. Han sido errores administrativos y todo se ha sobredimensionado”, afirman desde el equipo de gobierno. Desde el PSPV-PSOE se ha venido insistiendo en que Echávarri no está siendo investigado por casos de corrupción, término que Alicante asocia a los exalcaldes Alperi y Castedo, que se enfrentan a diez años de cárcel por amañar el PGOU para favorecer al empresario Enrique Ortiz.

No guarda la misma opinión la oposición. Si bien reconoce que Echávarri no va a pisar la cárcel, da por hecha una inhabilitación de cargo público. “Es ilegal trocear contratos y tiene que cumplir las líneas rojas de su partido”, aseveran. Por el caso Comercio también están procesados por un presunto delito de prevaricación y suplantación de funciones el asesor socialista Pedro de Gea y el jefe de gabinete del alaclde, Lalo Díez, mano derecha del todavía edil proveniente del mundo del ocio nocturno y cuya presencia en el Ayuntamiento ha debilitado más que ayudado a su amigo de juventud.

Nueva alcaldesa

En definitiva, Gabriel Echávarri no ha sabido rodearse de un equipo de confianza y ha ido tomando decisiones que le han llevado a un callejón con una única salida posible, la dimisión. El PSPV-PSOE espera restablecer en las próximas semanas la confianza perdida e investir a Eva Montesinos como nueva lideresa. Con ella son ya cinco las varas de mando que se han ido sucediendo en solo cuatro años y con ella está por comprobar si el sillón de alcaldía de Alicante tiene mal fario o simplemente gestores incompetentes.

L'alcalde d'Alacant, el socialista Gabriel Echávarri, ha anunciat aquest divendres que delega les seues funcions en la seua segona, Eva Montesinos, fins al 8 d'abril perquè la resta de forces en el consistori negocien els 15 vots necessaris per a trobar-li un substitut al capdavant del consistori. Si el 9 d'abril, data en la qual deixa signada la seua renúncia, no s'ha arribat a un acord, Echávarri presentarà la seua dimissió com a alcalde i regidor.

Així s'ha anunciat en una roda de premsa que ha oferit a València al costat del sotssecretari general dels socialistes valencians, Manolo Mata, qui ha indicat que Echávarri no tornarà a ser alcalde perquè ha delegat competències a Montesinos i ha signat la seua dimissió amb efectes del dia 9.

Echávarri es troba processat en dues causes judicials, l'última d'elles, d'aquest mateix dimarts. La primera pel presumpte fraccionament de contractes en la regidoria de Comerç, que ell mateix va dirigir, i la segona per l'acomiadament de la cunyada del portaveu del PP en l'Ajuntament d'Alacant, Luis Barcala, en suposada represàlia precisament per la denúncia dels populars de la primera causa.

La situació de Echávarri ha provocat una crisi en l'Ajuntament d'Alacant, on els grups que formaven part de l'equip de govern -Guanyar i Compromís- van eixir d'ell arran de les recerques a l'alcalde i han estat demanant reiteradament la seua dimissió. No obstant açò, l'alcalde advertia que no s'aniria si açò suposava lliurar l'Alcaldia al PP i exigia 15 vots perquè la seua segona, Eva Montesinos, fora la seua successora.

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha anunciado este viernes que delega sus funciones en su segunda, Eva Montesinos, hasta el 8 de abril para que el resto de fuerzas en el consistorio negocien los 15 votos necesarios para encontrarle un sustituto al frente del consistorio. Si el 9 de abril, fecha en la que deja firmada su renuncia, no se ha llegado a un acuerdo, Echávarri presentará su dimisión como alcalde y concejal.

Así se ha anunciado en una rueda de prensa que ha ofrecido en València junto al vicesecretario general de los socialistas valencianos, Manolo Mata, quien ha indicado que Echávarri no volverá a ser alcalde porque ha delegado competencias en Montesinos y ha firmado su dimisión con efectos del día 9.

Echávarri se encuentra procesado en dos causas judiciales, la última de ellas, de este mismo martes. La primera por el presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio, que él mismo dirigió, y la segunda por el despido de la cuñada del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, en supuesta represalia precisamente por la denuncia de los 'populares' de la primera causa.

La situación de Echávarri ha provocado una crisis en el Ayuntamiento de Alicante, donde los grupos que formaban parte del equipo de gobierno -Guanyar y Compromís- salieron de él a raíz de las investigaciones al alcalde y han estado pidiendo reiteradamente su dimisión. Sin embargo, el alcalde advertía de que no se iría si ello suponía entregar la Alcaldía al PP y exigía 15 votos para que su segunda, Eva Montesinos, fuera su sucesora.a de Comercio, que él mismo dirigió, y la segunda por el despido de la cuñada del portavoz del PP en el Ayuntamiento de Alicante, Luis Barcala, en supuesta represalia precisamente por la denuncia de los 'populares' de la primera causa.

La situación de Echávarri ha provocado una crisis en el Ayuntamiento de Alicante, donde los grupos que formaban parte del equipo de gobierno -Guanyar y Compromís- salieron de él a raíz de las investigaciones al alcalde y han estado pidiendo reiteradamente su dimisión. Sin embargo, el alcalde advertía de que no se iría si ello suponía entregar la Alcaldía al PP y exigía 15 votos para que su segunda, Eva Montesinos, fuera su sucesora.

De manera inmediata. Ximo Puig ha demandado a Gabriel Echávarri que deje la alcaldía cuanto antes. Esta petición, que se formalizará este viernes en un encuentro de la dirección de la Ejecutiva del PSPV, es la respuesta al segundo procesamiento del primer edil que confirmó la Justicia este miércoles y que deja a Echávarri a las puertas del banquillo de los acusados por el 'caso Comercio' y por el despido de la cuñada del portavoz del grupo municipal del PP, Luís Barcala.

El secretario general de los valencianos ha estado este jueves en Alicante donde, como presidente del Consell, ha inaugurado los actos del Día Mundial del Agua. “Es evidente que nosotros hemos buscado una solución y el alcalde sabe cuál es nuestra opinión”, ha afirmado Puig a preguntas de los periodistas. El líder del PSPV también ha aclarado, en alusión a las acusaciones del PP, que confía en la inocencia de Echávarri por las dos causas judiciales abiertas de las que ha renegado que sean casos de corrupción.

El movimiento del PSPV busca frenar un posible pronunciamente del PSOE de Pedro Sánchez y acelerar la dimisión de Echávarri para evitar el desgaste -aún mayor- de la marca socialista en una de sus principales plazas. De esta manera, Puig se posiciona contrario a la hoja de ruta que está tratando de imponer el regidor alicantino que pasa por lograr más de 15 apoyos en la investidura de su número dos, Eva Montesinos, como próxima alcaldesa. Considera así el PSPV que la posibilidad que se abriría de que el PP vuelva al gobierno local, obligará al resto de fuerzas a forzar el nombramiento de Montesinos como sucesora de Echávarri.

En este sentido, de momento el PSOE alicantino reconoce que no ha conseguido los 15 votos necesarios. A los 6 socialistas, 5 de Guanyar Alacant y 3 de Compromís aún faltaría el de la tránsfuga de Podemos, Nerea Belmonte, con la que se han sentado a negociar. De momento, Ciudadanos se ha desmarcado de cualquier respaldo y el PP insiste en promover una moción de censura.

El alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, ha admitido que se encuentra “hecho polvo” a raíz de su doble procesamiento judicial y ha afirmado que el “linchamiento” del que es objeto “no es normal”.

Echávarri ha hecho estas declaraciones poco después de conocer que la titular del juzgado de Instrucción número 2 de la ciudad le procesa por presunta prevaricación administrativa en el despido de una funcionaria interina, Catalina Rodríguez, cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala, a raíz de que éste último le denunciara por fraccionar contratos en el área de Comercio.

Se trata del segundo procesamiento ya que hace dos semanas también se dictaminó que fuera procesado por el referido 'caso Comercio', en el que, junto a dos asesores, se le atribuye una presunta prevaricación por el fraccionamiento de 14 facturas cuando era concejal responsable de Comercio, por un valor de 144.000 euros.

En rueda de prensa, el alcalde del PSPV-PSOE ha insistido en que pese a la “rabia y desamparo” que siente, también cuenta con “la fuerza de saber” que no ha hecho “absolutamente nada” ilegal, y de este modo ha reafirmado que siguen sus planes de seguir en el cargo hasta, al menos, que se decrete la apertura de juicio oral por el 'caso Comercio'.

Ha hecho hincapié en que la decisión de echar a la cuñada del líder de la oposición había sido avalada previamente por dos técnicos municipales y también por un tercer informe de la abogada municipal, que determinaron que dicha trabajadora estaba en situación irregular, por lo que cree que no debería ser investigado.

Además, ha proseguido que, poco después del despido, la citada interina fue readmitida a raíz de que lo pidiera por mayoría el pleno municipal a partir de una moción del PP, por lo que tampoco ve que haya habido un perjuicio por su decisión.

Pese a su doble procesamiento, ha incidido en que ambos son por prevaricación administrativa y no por supuestos delitos de corrupción: “Ni las personas que más me odian han puesto en duda mi honorabilidad, nadie”, ha enfatizado.

Echávarri ha repetido que la interina, según suscribieron los técnicos y la abogada del consistorio, “está en situación irregular y sigue trabajando y cobrando de los alicantinos”, pese a lo cual se le abre procedimiento abreviado a él “por la decisión de restituir la legalidad”.

Ha comparado la actitud de la fiscalía, un órgano del que ha recordado que está “jerarquizado” y que depende del Gobierno, con su persona con respecto de la exalcaldesa del PP de Cartagena, y ha comentado que “habrá que empezar a alzar la voz” contra estos agravios.

Independientemente de las novedades judiciales, el socialista ha asegurado su compromiso de que “aquí no va a gobernar el PP”, partido del que ha comentado que defiende “que a las cuñadas no se nos tocan”, y ha mantenido que solo dimitirá si cuando se dicte apertura de juicio oral por el 'caso Comercio' hay una mayoría de concejales que votan para que le reemplace su número dos, Eva Montesinos, sin condiciones previas.

La magistrada del Jutjat d'Instrucció número dos d'Alacant, Patricia Romero, ha processat l'alcalde d'Alacant, el socialista Gabriel Echávarri, per la segona causa judicial que tenia pendent, l'acomiadament de la cunyada del portaveu municipal del PP, Luis Barcala.

La jutgessa Romero esgrimeix en l'acte que existeixen indicis d'un possible delicte de prevaricació administrativa del primer edil en entendre que el cessament de la funcionària Catalina Rodríguez va poder ser una represàlia per la denúncia que va interposar prèviament el grup municipal del PP per un presumpte fraccionament de contractes en la regidoria de Comerç. Precisament, per aqueixa suposada actuació delictiva Echávarri ja ha sigut processat, segons va confirmar l'Audiència Provincial recentment.

El que ha eixit ben parat de la causa oberta per l'acomiadament de la cunyada de Barcala és el regidor de Recursos Humans de l'Ajuntament d'Alacant, Carlos Giménez, a qui la jutgessa ha retirat el càrrec de prevaricació administrativa en suposar que l'edil va actuar “mogut per la preeminència orgànica de l'alcalde”.

Ara les parts podran presentar els seus escrits d'acusació com a pas previ a l'obertura de judici oral, encara que Echávarri podrà recórrer la resolució davant l'Audiència Provincial. Amb aquest acte, el Jutjat d'Instrucció número 2 d'Alacant es posiciona en la mateixa línia que la Fiscalia, que es va oposar a l'intent del primer edil que s'arxivara la causa perquè, al seu parer, s'aprecien “indicis de desviació de poder greu” motivats per “represàlies”.

Echávarri ha admès que es troba “fet pols” arran del seu doble processament judicial i ha afirmat que el “linxament” del que és objecte “no és normal”.

La magistrada del Juzgado de Instrucción número dos de Alicante, Patricia Romero, ha procesado al alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, por la segunda causa judicial que tenía pendiente, el despido de la cuñada del portavoz municipal del PP, Luis Barcala.

La jueza Romero esgrime en el auto que existen indicios de un posible delito de prevaricación administrativa del primer edil al entender que el cese de la funcionaria Catalina Rodríguez pudo ser una represalia por la denuncia que interpuso previamente el grupo municipal del PP por un presunto fraccionamiento de contratos en la concejalía de Comercio. Precisamente, por esa supuesta actuación delictiva Echávarri ya ha sido procesado, según confirmó la Audiencia Provincial recientemente.

El que ha salido bien parado de la causa abierta por el despido de la cuñada de Barcala es el concejal de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alicante, Carlos Giménez, a quien la jueza ha retirado el cargo de prevaricación administrativa al suponer que el edil actuó “movido por la preeminencia orgánica del alcalde”.

Ahora las partes podrán presentar sus escritos de acusación como paso previo a la apertura de juicio oral, aunque Echávarri podrá recurrir la resolución ante la Audiencia Provincial. Con este auto, el Juzgado de Instrucción número 2 de Alicante se posiciona en la misma línea que la Fiscalía, que se opuso al intento del primer edil de que se archivara la causa porque, a su juicio, se aprecian “indicios de desviación de poder grave” motivados por “represalias”.

Echávarri ha admitido que se encuentra “hecho polvo” a raíz de su doble procesamiento judicial y ha afirmado que el “linchamiento” del que es objeto “no es normal”.

Es el partido más votado y con más ediles en el consistorio alicantino. Con ese argumento, el grupo municipal del Partido Popular ha optado por tratar de buscar protagonismo en medio de las negociaciones que el resto de fuerzas están teniendo para lograr la salida del alcalde socialista, Gabriel Echávarri, doblemente imputado.

El portavoz del PP en el Ayuntamiento, Luís Barcala, ha anunciado este viernes en rueda de prensa que su grupo va a abrir una ronda de negociaciones con el resto de partidos con representación para salvar el mandato, que caduca dentro de un año, en 2019.

Se trata de una pretensión que nace muerta pues partidos como Guanyar o Compromís, sin olvidar el PSPV-PSOE, llevan tiempo anunciando que bajo ningún concepto dejarán el gobierno local en manos del PP al que atribuyen los escándalos urbanísticos de los últimos años.

Actualmente, el PP cuenta con 8 concejales que, sumados -de manera hipotética- a los 5 de Ciudadanos, dejarían a los populares todavía con la necesidad de convencer a dos regidores.

A este respecto, esta semana se ha sabido que Gabriel Echávarri, que ya ha anunciado que dimitirá solo si consigue que su número 2, Eva Montesinos, sale elegida alcaldesa por la mayoría de 15 concejales, está estudiando “fórmulas jurídicas” para que “nadie se eche atrás” con la intención de que “no gobierne el PP” en caso de que se diera un posible ‘tamayazo’.

Dispositivo de grabación

El portavoz del grupo municipal Guanyar Alacant, Miguel Ángel Pavón, ha registrado esta mañana en la Sindicatura de Greuges una queja después de que el gobierno municipal de Gabriel Echávarri no haya facilitado la información que obra en el Ayuntamiento sobre el supuesto micrófono detectado en el despacho de la Concejalía de Urbanismo, “habiendo transcurridos los 5 días preceptivos que marca el Reglamento Orgánico de Pleno” para que se facilite la documentación.

Pavón fue el anterior edil de Urbanismo y desde que se supiera que la actual titular, la socialista Eva Montesinos, encontrara el dispositivo en su despacho, ha criticado al equipo de gobierno por no habérselo comunicado “como afectado”.

El PSPV-PSOE busca evitar cualquier conato de gestora en la agrupación de Alicante. La confirmación por partida doble del procesamiento de su secretario local, Gabriel Echávarri, por el ‘caso Comercio’ y por el despido de la cuñada del portavoz del PP, ha terminado de acelerar el proceso en la elección de una nueva dirección en la que no estaría el primer edil.

De esta forma, el aparato del partido, controlado por el exsenador Ángel Franco, podría seguir ostentando el poder como hasta la fecha. En caso contrario, la ya anunciada salida de Echávarri de la Ejecutiva Municipal desembocaría en la creación de una gestora que dejaría al histórico dirigente sin el control que ha venido ejerciendo.

La Comisión Ejecutiva de los socialistas alicantinos se ha decantado por la fecha del sábado 24 de marzo para la elección del nuevo secretario general. Se trata de un adelanto en los tiempos que manejan otras grandes agrupaciones, como por ejemplo Elche, cuya asamblea se espera para después de Semana Santa.

A ella, Ángel Franco acudirá respaldando al exconseller de Trabajo y Sanidad con Joan Lerma Miguel Millana. En caso de victoria del que fuera presidente de la Confederación Empresarial de Sociedades Laborales de España, cuestión probable teniendo en cuenta que en las elecciones comarcales el aspirante de Franco Baltasar Ortiz se hizo sin problemas con la secretaría del Alacantí, Millana no optaría a la alcaldía. Tampoco lo hará la diputada autonómica Sandra Martín, la primera opción del veterano exsenador para suceder a Echávarri en la dirección del partido, que se ha encontrado con la negativa de esta, según explican fuentes internas. Estas mismas fuentes también descartan a Eva Montesinos, actual portavoz en el grupo municipal y la elegida por Echávarri para sucederle en la alcaldía.

En frente, Millana tendrá a José Miguel González, el hombre elegido por la plataforma de Pedro Sánchez para tratar de hacerse con la secretaría del partido. En principio, los sanchistas han rechazado de plano cualquier acercamiento con Millana a la hora de pactar una lista conjunta. Aunque antes de que llegue ese escenario, los contrarios a Franco no descartan impugnar la asamblea por fallos en las formas. Consideran, entre otras reclamaciones, que no se va a cumplir el plazo reglamentario de diez días para comunicar la convocatoria de la asamblea o que su celebración en la Universidad de Alicante y no en la ciudad va a impedir desplazarse a un elevado número de militantes.

El PSOE esperará a la apertura del juicio oral para exigir la dimisión del alcalde de Alicante, Gabriel Echávarri, procesado en relación al supuesto fraccionamiento de contratos adjudicados por la Concejalía de Comercio.

Así lo ha confirmado la 'número dos' del partido, Adriana Lastra, que ha confirmado que en este caso la formación aplicará su Código Ético vigente, que establece que “cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé trasladodel auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria”.

“En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”, añade el artículo 5.2. de ese Código Ético, elaborado en 2014, durante la primera etapa de Pedro Sánchez al frente de los mandos de Ferraz.

Lastra ha señalado que la Ejecutiva Federal se mantiene en permanente contacto con el PSPV -la federación valenciana- en relación con este caso y ha confirmado que el momento de concretar las acciones que afecten a Echávarri llegará cuando se le abra juicio oral.

El propio Echávarri ha anunciado este lunes que dejará la Alcaldía en el momento en que consiga los 15 votos necesarios en una sesión de investidura para hacer alcaldesa a su número dos, la portavoz del equipo de Gobierno, Eva Montesinos.

Gabriel Echávarri ha enfriado su inminente dimisión como alcalde de Alicante y su intento de marcar los ritmos de su renuncia al cargo ha irritado a todas las fuerzas de la oposición.

Es con ellas con las que ha pedido establecer un diálogo para que, en el tiempo que estima que se podría decretar la apertura del juicio oral por el 'caso Comercio -alrededor de mes y medio-, su número dos Eva Montesinos se haga con la vara de mando en sesión de investidura. En caso contrario, el primer edil, procesado por un presunto fraccionamiento de contratos, se negaría a dimitir porque ello supondría dejar la alcaldía de Alicante en manos del PP, “un partido podrido y corrupto”.

La premisa de no devolver el poder a los populares también la suscriben los tres ediles de Compromís, formación con la que compartió el equipo de gobierno aunque, para empezar, los de Natxo Bellido rechazan que el actual alcalde les haya pedido “una negociación sin condiciones”.

En caso del voto afirmativo de la coalición valencianista, sumado a los seis ediles del PSPV-PSOE, todavía faltarían seis para llegar a los 15 asientos que dan la mayoría absoluta en Alicante. Los socialistas van a volver a mirar a los cinco concejales que ostenta Guanyar, sin descartar tratar de convencer a los otros cinco representantes de Ciudadanos.

Con respecto a los primeros, su líder Miguel Ángel Pavón, ha afirmado que la propuesta de Echávarri de traspasar la alcaldía a la portavoz del grupo municipal socialista no es de su agrado. La gestión que ha protagonizado Montesinos con el escándalo por la aparición de un dispositivo de grabación en el despacho de la concejalía de Urbanismo, sumado a su decisión de apartar a técnicos del área que anteriormente dirigía Pavón, pondrían en duda el voto favorable de Guanyar.

No obstante, tanto Guanyar como Compromís supeditarían su posicionamiento al resultado de consultas internas, que tendrían la última palabra. Y con todo, si salieran adelante las arduas negociaciones, en estas también debería dar luz verde al menos uno de los dos ediles no adscritos del Ayuntamiento, Nerea Belmonte, exconcejala de Guanyar, y Fernando Supulcre, antiguo regidor de Ciudadanos.

El president de la Generalitat y líder del PSPV-PSOE, Ximo Puig, ha admitido que el alcalde de Alicante, el también socialista Gabriel Echávarri, ha podido incurrir en “prácticas no correctas” aunque no en corrupción, y ha abogado por una “solución política” para la “crisis” que vive el ayuntamiento. Además, ha confirmado Echávarri no se presentará a la reelección como secretario local del PSPV, en la asamblea para ello convocada para el próximo 24 de marzo en la Universidad de Alicante.

El jefe del Consell ha reconocido que en el Ayuntamiento de Alicante existe una “crisis política” que se tiene que afrontar porque los ciudadanos “merecen tener un gobierno sólido, de progreso y capaz de conectar con la Generalitat”, y se ha mostrado convencido de que Echávarri pondrá “por encima de cualquier otra cosa el interés general de la ciudadanía de Alicante” y tomará las decisiones que correspondan para ello.

El líder de los socialistas valencianos ha sostenido que existen dos itinerarios: uno para “la estabilidad y el buen gobierno” de la ciudad y el segundo, “que se haga caso a lo que dijeron los ciudadanos, que no querían al PP” en el gobierno municipal en los pasados comicios.

Su futuro, pendiente del juicio oral

El portavoz del PSPV, Jorge Rodríguez, también se ha referido a la situación del alcalde de Alicante, procesado por el 'Caso Comercio'. Rodríguez se ha remitido al código ético de los socialistas, que marca la renuncia de sus cargos públicos cuando llega el juicio oral: “no obstante, no es comparable una imputación por cuestiones administrativas, como es este caso, con lo que sucedió en la pasada legislatura con la exalcaldesa Sonia Castedo, quien fue imputada por corrupción”. No obstante, ha apuntado que el futuro candidato a la alcaldía o a la secretaría general del PSPV en Alicante “está en manos de los militantes”.

De escándalo en escándalo. Si la semana no empezaba bien para Gabriel Echávarri por su cuestionada actuación al detectar un dispositivo de grabación en el despacho de la concejalía de Urbanismo, no podía acabar peor para el alcalde de Alicante. La confirmación, por parte de la Audiencia Provincial, de su procesamiento y el de dos de sus asesores por presuntamente fraccionar contratos por más de 180.000 euros por lo que se conoce como el ‘caso Comercio’, no ha hecho más que ahondar en la herida de un equipo de gobierno de por si tocado por varios frentes.

Desde el PSPV-PSOE se lleva tiempo insistiendo en que la línea roja que separa a un cargo público imputado o investigado de su dimisión es la apertura de juicio oral, cuestión que está ahora más cerca al rechazar el juzgado el recurso del primer edil. Sin embargo, desde alcaldía se han apresurado a atajar cualquier conato: “en ningún momento va a dimitir -ha afirmado la vicealcaldesa Eva Montesinos- porque no ha hecho nada”. Esgrime la también edil de Urbanismo que la encrucijada del ‘caso Comercio’ obedece a “una denuncia política” de un PP “que quiere alcanzar la alcaldía por la vía judicial”.

Por su parte, el portavoz del Partido Popular alicantino, Luís Barcala, ha instado al líder autonómico del PSPV-PSOE, Ximo Puig, a que “intervenga inmediatamente” para “ordenar” a Echávarri “que se vaya”; también ha demandado al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, “que tome cartas en el asunto”. Mientras tanto, el PP llevará al próximo pleno la petición de reprobación de Echávarri y ha solicitado un pleno extraordinario para tratar “la difícil situación con el primer alcalde procesado de la historia de Alicante”.

También ha sido tajante Ciudadanos, cuya portavoz local, Yaneth Giraldo, ha insistió en que el consistorio “no puede estar presidido por una persona a la espera de juicio oral”. “No podemos ser el hazmerreir de España”, ha aseverado. Como el PP, Cs ha apuntado a Valencia al asegurar que “los titubeos de Ximo Puig para forzar su dimisión ya no tienen ningún sentido puesto que quien calla otorga”.

“Al alcalde de Alicante no le queda otra salida que la dimisión”, ha señalado Miguel Ángel Pavón, portavoz del grupo Guanyar. “Nos tememos que no va a querer dimitir”, ha añadido el que fuera socio de gobierno de los socialistas que como el resto de fuerzas ha pedido la intervención del presidente valenciano.

Por último, para Compromís ha dado por hecho “que va a llegar a juicio oral” y que el regidor alicantino “no puede seguir ni un minuto más” al no reunir “la exigencia democrática que nos hemos puesto todos y todas”, ha declarado su portavoz Natxo Bellido.

Mónica Oltra

La vicepresidenta del Consell y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha afirmado este viernes que todos los gobiernos deben estar a la altura de las expectativas y necesidades de los ciudadanos, y de las exigencias de transparencia y buen gobierno.

Oltra, que según recoge EFE, ha considerado “un tema municipal” y sobre el que el Consell “no tiene nada que decir”, también ha dicho que le preocupa la transparencia y el buen gobierno y por eso hizo unas normas que los miembros del Gobierno valenciano “cumplen” para evitar situaciones como la que se está dando en la alcaldía de Alicante. La vicepresidenta ha manifestado que puede responder por los miembros del Consell, que sí tienen suscritos códigos de buenas prácticas y actúan “en consecuencia”.

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Alicante ha confirmado el procesamiento del alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, y de sus dos asesores investigados, Pedro de Gea y Lalo Díez, por el presunto fraccionamiento de contratos del 'caso comercio'. De esta forma el juzgado rechaza el recurso interpuesto por el primer edil al que se le investiga por la campaña de promoción que lanzó el consistorio alicantino en la Navidad de 2016 por un importe de 180.000 euros.

Una vez desestimado el recurso, la causa ahora volverá al juzgado de instrucción para que las acusaciones, la Fiscalía y el Partido Popular, soliciten el decreto de apertura de juicio oral. Este último, de la mano de su líder Luís Barcala, se ha apresurado a confirmar que tomará esta medida que supondría, en teoría, la salida del gobierno local de Gabriel Echávarri en cumplimiento de su código ético cuyo artículo 5 dicta: “ Cualquier cargo público u orgánico del PSOE al que se le abra juicio oral por un procedimiento penal dimitirá de su cargo en el mismo momento en el que se le dé traslado del auto de apertura del mismo y solicitará la baja voluntaria. En caso contrario, será suspendido cautelarmente de militancia y, en su caso, expulsado del partido”.

Sin embargo, en declaraciones recientes, el propio Echávarri se ha postulado para repetir de número 1 en la candidatura socialista. Este empecinamiento obligaría al líder valenciano del PSPV-PSOE, Ximo Puig, a actuar y mover ficha, provocando una crisis interna. Al alcalde de Alicante también se le está investigando por el despido de una interina.

A la espera de saber si el alcalde de Alicante, el socialista Gabriel Echávarri, se sienta en el banquillo por partida doble por presunto fraccionamiento de contratos en la Concejalía de Comercio y por el despido de la cuñada del líder del PP local, la cuerda se tensa y amenaza con ahogar las aspiraciones del PSOE en la ciudad y, de paso, dar un disgusto al president Puig.

De momento, este martes se ha vivido un nuevo capítulo con el Teatro Principal de Alicante como telón de fondo, donde se ha escenificado la entrada del Consell como accionista en la institución cultural cuya gestión municipal queda reducida para dar cabida también al Banco Sabadell.

A preguntas de los periodistas, Echávarri se ha vuelto a erigir como candidato número uno a la alcaldía de Alicante, aunque esta vez lo ha hecho delante del también líder del PSPV-PSOE Ximo Puig. De esta forma, ha ratificado sus recientes palabras en el diario Información y se ha escudado en los estatutos del partido para afirmar que está “en condiciones y opciones de ser candidato” porque estos “marcan que el alcalde es candidato salvo que el 50% de la agrupación diga que haya primarias”.

El regidor alicantino también ha tirado de ironía para referirse a las declaraciones de la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, en las que le comparaba con el ex president popular Francisco Camps: “Habrá que preguntarle si es bueno o malo porque creo que ella adora al señor Camps”, ha señalado.

Al mismo tiempo, todas las miradas han estado puestas en Ximo Puig, quien preguntado por si la situación judicial que atraviesa Echávarri le permite postularse para repetir en el consistorio, ha sido esquivo al afirmar que había acudido a Alicante como president de la Generalitat y, por lo tanto, “en representación de todos” los valencianos, lo que le impedía entrar en “cualquier consideración de carácter partidario”.

“Cuando estoy en mi trabajo institucional, estoy en mi trabajo institucional”, ha insistido el jefe del Consell quien de manera ambigua ha añadido que respetará “siempre los cauces de la legalidad y la calidad democrática de mi país y en eso estamos trabajando”.

“Balón de oxígeno” para el PP

El portavoz del PP de Alicante, Luis Barcala, ha invitado a Puig “a no hacerse el ingenuo como ha intentado hacer” cuando le han preguntado por la postulación de Echávarri. En ese sentido, Barcala se ha aventurado a señalar que “una de dos, o Echávarri se ha aprovechado de Puig y le ha utilizado engañándole atreviéndose a lanzar ese desafío o lo que ha hecho el presidente de la Generalitat es venir a dar cobertura a un alcalde doblemente imputado al que no se atreve a cesar, como es el caso de Echávarri”.

De cualquier forma, Barcala considera que el presidente de la Generalitat “ha venido a darle un balón de oxígeno a Echávarri, que está en sus horas más bajas, o así lo ha querido dar a entender el alcalde utilizando su presencia en un acto público para postularse como candidato a pesar de su complicada situación judicial”. “Y ante eso, ¿que ha respondido Puig? Nada”.