“La Cuesta del Cholo” es uno de los rincones más conocidos, pisados y celebrados de Gijón. Recibe el nombre oficial, por placa municipal, de “Tránsito de las Ballenas”, pero, como bien es sabido, el nombre popular perdura en la memoria en detrimento del oficial. Fue calle o cuesta de despiece de ballenas y diferentes cetáceos hace ya unos cuantos siglos, en el barrio alto: el de las sardineras, pescadores y cigarreras.

Hoy, “La Cuesta del Cholo” tiene fama de recibir un sensacional atardecer, tiñendo el cielo y su espejo, el vecino muelle, en tonos violetas y anaranjados.

Los más veteranos de Cimavilla, esos playos que vivieron tiempos dominados por ratas, penurias y droga, comentan con cierta sorna que en “La Cuesta del Cholo” impera el postureo y el botellón: un botellón callejero consentido por la Policía Local, que decide ponerse de perfil en cuanto anochece en el barrio más visitado de Gijón.

“Botellómetros frente al muelle”

La polémica está servida entre los vecinos por culpa de una medida muy controvertida. El Gobierno de la ciudad, con Foro y PP, quiere destinar una partida presupuestaria de 200.000 euros a la construcción de unas gradas en “La Cuesta del Cholo”. La “Asociación Vecinal Gigia de Cimavilla” entiende que, en un barrio tensionado por el turismo y con graves carencias si hablamos de servicios públicos (no hay línea de bus urbano, ni centro de salud, ni centro municipal gestionado por el Ayuntamiento), la prioridad no puede ser un “botellómetro” frente al muelle.

El portavoz del grupo de Foro y del Gobierno local, Jesús Martínez Salvador, asegura que el proyecto para instalar las gradas mejorará el entorno de “La Cuesta” notablemente. Y el presidente de OTEA (Hostelería y Turismo de Asturias), Javier Martínez, dice que las gradas suponen algo muy bueno para Gijón; le parece una decisión acertada e incide en la magnífica conexión que mantiene OTEA con el consistorio. En la misma sintonía se encuentra Jorge García, empresario hostelero y habitual de “La Cuesta del Cholo”: “Ver un atardecer en La Cuesta es un espectáculo maravilloso; no veo mal que pongan unas gradas para contemplar cómodamente ese gran espectáculo”.

“Fomentar el turismo del botellón”

Desde la Asociación de Vecinos expresan su malestar y coinciden con la Federación de Asociaciones Vecinales de la ciudad. En un reciente comunicado resaltan lo preocupante del proyecto: están en contra de propiciar más zonas para uso hostelero en un espacio público, con una patronal de la hostelería que, según lamentan, “maneja” el ocio de Gijón con horarios permisivos y abusivos, terrazas sin control, paseos gastros y otros inventos similares.

Carla Petrelli y Eva Abad, de la Asociación Vecinal de Cimavilla, son muy críticas con las gradas. Petrelli considera que “La Cuesta no necesita modificación alguna y dar vía libre en un barrio BIC (Bien de Interés Cultural) a la hora de poner esas gradas no es una necesidad real para el barrio”. Abad no duda y comenta que “el Ayuntamiento quiere contentar una vez más a OTEA” y le pide a la alcaldesa, Carmen Moriyón, un intento serio por pacificar la vida de la vecindad: “No vale todo con tal de fomentar el turismo de botellón”.

Cimavilla parece transitar en los últimos años entre una noche descontrolada y un turismo depredador, al que le sobran visitas guiadas, conducidas por guías oficiales y oficiosos. En la suma no faltan un número indeterminado de viviendas turísticas, algunas de ellas sin licencia, tramitadas como VUT (Vivienda de Uso Turístico). Sin olvidar ese enorme edificio de Tabacalera, que podría volver a ser el corazón vecinal del barrio y que en estas fechas no es más que un hueso de piedra sin tuétano, a la espera de albergar un megamuseo.

Más de 170 años de historia de muro

La plataforma “Apadrina un edificio” nació con la intención de “vigilar” y proteger el patrimonio urbanístico de la ciudad. David Alonso, geógrafo y responsable de la asociación, advierte del impacto que provocaría la construcción de las gradas sobre el entorno patrimonial: el muro sobre el que descansarían esas gradas tiene más de 170 años y dibuja la historia portuaria de Gijón y su barrio alto. Y, ante una posible ejecución de la obra, “Apadrina un edificio” va a requerir al Ayuntamiento el expediente de dicha ejecución.

A Lorena Menéndez le preocupan los niños y los ancianos. Cree esta profesora, que reside en Cimavilla, que “las gradas no están pensadas ni para los críos ni para la gente mayor. ¿Qué pasa con la superficie sobre la que se jugaba, charlaba o paseaba? Desaparece de un plumazo. Esas gradas solo tienen una función: que los más jóvenes se sienten allí a beber”.

Privilegios frente a necesidades

Entre los clubes deportivos de Cimavilla destaca su club de baloncesto por su compromiso con el barrio y su actividad social, con dos equipos: uno de maxibasket y un equipo cadete en competición oficial. Juega el Cimavilla Basket en un pabellón cubierto al que, en los días de lluvia y viento, le entra agua casi por los cuatro costados. Su presidente y jugador, Miguel Gómez, no duda en opinar acerca de las polémicas gradas: “Son algo inconcebible. Gijón necesita arreglar sus calles, el tráfico y una estación de autobuses decente; cuidar los parques infantiles; contar con zonas cubiertas en los días lluviosos... Y este barrio está harto de tanto botellón y precisa de una línea de minibús urbano, unas bicicletas municipales cerca de la pista de skate, cerrar en condiciones la pista cubierta. Pero ya se sabe: aquí prevalecen los privilegios de unos pocos frente a las necesidades reales de muchos”.

Unos pocos “deciden”, sentencia Miguel Gómez. Un vecino del barrio pasea por el muelle en esta mañana fría de febrero. En “La Cuesta del Cholo” y, en ese muro de 170 largos años de historia, lee una pintada que dice: “Turismo NO, Xixón no ye un zoo”. Juega una niña, pelota en mano, con su sonriente madre; las dos, despreocupadas ante ese futuro incierto de capricho y decreto que decidirá lo mejor o lo peor, y tal vez lo más costoso, en “nuestros venideros días”, piensa en voz alta.

El diputado de Foro Adrián Pumares ha advertido este viernes de que la compra, por parte de la Autoridad Portuaria de Avilés, de los terrenos de las antiguas baterías de coque puede terminar convirtiéndose «en una nueva ZALIA» si no existe detrás un proyecto industrial real, solvente y con compromisos empresariales firmes.

Pese a tratarse de unos terrenos con indudable valor estratégico por su ubicación, dada su conexión directa con el puerto y su potencial logístico e industrial, el parlamentario forista ha recordado que la adquisición del suelo «por sí sola no genera ni empleo ni actividad económica» y que lo importante no es la operación inmobiliaria, sino la actividad productiva que pueda desarrollarse después, ha señalado en un comunicado.

Grandes anuncios, pero sin empresas

Así, ha recordado que Asturias ya ha vivido experiencias de grandes anuncios vinculados al desarrollo de suelo industrial que no se tradujeron en implantaciones empresariales reales ni en la creación del empleo esperado.

Para Pumares, el puerto de Avilés es una infraestructura estratégica para el desarrollo económico del área central y del conjunto de Asturias que debe liderar proyectos «con bases sólidas y garantías de viabilidad», sin asumir riesgos que carezcan de un respaldo industrial claro.

«Asturias lo que necesita es actividad económica real, empresas produciendo y trabajadores empleados. No se trata de hacer operaciones que sirvan para cuadrar balances de empresas públicas, sino de impulsar un proyecto industrial que tenga retorno económico y social», ha afirmado.

El pleno del Ayuntamiento de Gijón rechazó este miércoles la iniciativa de Vox que pedía negar la entrada a edificios municipales a personas que oculten el rostro con prendas como el burka. La alcaldesa, Carmen Moriyón, aseguró que en la ciudad hay “cero casos y cero incidencias” relacionadas con esta cuestión, pero la propuesta llegó al pleno y evidenció las divisiones dentro del equipo de gobierno.

La iniciativa salió adelante únicamente con el apoyo de los cinco concejales del PP, socios de gobierno de Foro, del edil forista Pelayo Barcia y de la única representante de Vox, Sara Álvarez Rouco. Votaron en contra PSOE, IU, Podemos, el concejal no adscrito Óliver Suárez y siete de los ocho ediles de Foro, partido de la alcaldesa.

“Una mentira consciente”

Moriyón defendió que en Gijón no existe un problema de seguridad relacionado con el acceso a edificios públicos con el rostro cubierto y acusó a Vox de llevar al pleno “una mentira consciente” y actuar con “mala fe”, dado que la medida no podría aplicarse por falta de competencias municipales. La regidora subrayó que su partido no defiende el fundamentalismo ni el uso de prendas que atentan contra la libertad y la individualidad de las mujeres.

Por su parte, Sara Álvarez Rouco defendió la iniciativa como una medida de seguridad para dotar a los edificios municipales de herramientas que eviten actuaciones violentas y frente a determinadas “indumentarias que inducen al temor y producen inseguridad, más allá del tópico del burka o el niqab”.

“No es una prioridad en Gijón”

El PP, a través de su portavoz y primer teniente de alcalde, Ángel Pumariega, justificó su apoyo señalando que, aunque la cuestión “no es una prioridad en Gijón”, sí lo es en otras ciudades españolas. Según Pumariega, su respaldo se basó en la defensa de la igualdad, la libertad y la dignidad de la persona, sin intención de excluir a nadie por motivos religiosos, sino para pedir “respeto e integración basados en los valores de España”.

La oposición rechazó de manera contundente la propuesta. La portavoz socialista, Carmen Eva Pérez, afirmó que en Gijón “no existe un problema de burkas ni de seguridad pública” y recordó que el Tribunal Supremo ha dictaminado que cuestiones que puedan afectar a la libertad religiosa no pueden regularse desde un ayuntamiento. El portavoz de IU, Javier Suárez Llana, acusó a Vox de dedicar su labor a plantear “soluciones a problemas que no existen” y fomentar “el señalamiento de personas hacia las que vierte su odio, racismo y xenofobia”. Por su parte, Olaya Suárez, de Podemos, calificó de “vergüenza” debatir “estas sandeces” y criticó al PP por respaldar la iniciativa, al tiempo que definió a Vox como “profesionales del odio”.

Más allá del resultado de la votación, el debate puso de manifiesto las tensiones dentro del Gobierno municipal y volvió a situar en el centro del pleno una cuestión que, según los distintos grupos, no responde a una realidad constatada en la ciudad.

Pelayo Roces Arbesú, político y empresario asturiano, falleció este domingo a los 65 años, dejando un legado destacado en la política regional y en el ámbito empresarial. Su muerte ha provocado numerosas muestras de afecto y condolencias, tanto en el ámbito institucional como entre sus amigos y compañeros de partido.

Natural de La Felguera (Langreo), Roces inició su trayectoria política como concejal del Ayuntamiento de Siero y posteriormente fue diputado autonómico del Partido Popular entre 1995 y 2011, periodo durante el cual ocupó la Vicepresidencia Segunda de la Junta General del Principado de Asturias. En enero de 2011 abandonó el PP para encabezar la comisión promotora que dio origen a Foro Asturias, junto a Francisco Álvarez-Cascos y otras figuras del ámbito popular, consolidando una nueva fuerza política regional.

Carta de Cascos

Además de su labor política, Roces estaba vinculado al mundo empresarial a través de la compañía familiar Juan Roces S.A., con sede en Tiñana (Siero).

Entre los homenajes que se han ido haciendo públicos tras conocerse su muerte , destaca la carta enviada por Francisco Álvarez-Cascos, cofundador de Foro Asturias y amigo, que expresa la profunda pérdida personal y el impacto de Roces en la política asturiana: “Al conocer la tristísima noticia que conmovió hasta el infinito a mis entrañas, solo mi fe de creyente consigue ayudarme a superar la pena que llevo clavada en mi ánimo… Pelayo: estás ya en la vida eterna que te ganaste a pulso, porque nos has dado ejemplo de fe, te has esforzado como nadie luchando por tu tierra española y asturiana, has cuidado a tu familia y nos has ayudado desinteresadamente a todos tus amigos.”

Cascos acompaña su mensaje con un emotivo fragmento del himno del Padre Gabaráin, La muerte no es el final, como reflejo de consuelo y esperanza: “En Tu palabra confiamos / Con la certeza que Tú / Ya le has devuelto a la vida / Ya le has llevado a la luz”

Estrecha relación con Cascos

El homenaje de Cascos a Roces, su fiel escudero, llega nueve meses después de que él mismo fuera absuelto por el Tribunal de lo Penal de Oviedo del delito continuado de apropiación indebida relacionado con el uso de fondos de Foro Asturias, un proceso judicial mediático que mantuvo en el centro de la atención pública al exministro y durante el que Pelayo Roces apoyó siempre a Cascos, mostrandole lealtad hasta el final.

Roces defendió públicamente que los gastos formaban parte de un acuerdo retributivo pactado desde un primer momento para mantener el nivel económico del exministro, quien “trabajaba 24 horas y sin vacaciones” y explicó que los tiques y pagos “se supervisaban” y que nunca existió ningún “desmadre”, subrayando que “había personas en el entorno de Cascos con poder en Foro; no era solo él”.

Su defensa contribuyó a poner en contexto las acusaciones y finalmente Cascos fue absuelto.

Jorge Carro, Rubén Souto Robla, Amadeo Bernabé, Iván Radio y David Álvarez entraron en la mina de Zárreu/Cerredo, en el concejo asturiano de Degaña, el 31 de marzo como otro lunes cualquiera. Sobre el papel, su jornada laboral consistía en extraer mineral para investigación sobre usos de grafito. Esa era la actividad que, en teoría, iban a realizar y para la que disponía de licencia Blue Solving, la sociedad que gestiona la mina.

Sin embargo, dentro de la explotación minera se produjo una explosión de grisú que alcanzó de lleno a los trabajadores, rompió para siempre su futuro y dejó en la mayor desolación a sus familias. Los cinco mineros dejaron su vida en la mina, mientras otros cuatro compañeros sobrevivieron, aunque sufrieron heridas de diversa consideración.

Las sospechas sobre la actividad

Las primeras horas desde que se registró el accidente laboral se vivieron entre el desconcierto, la confusión, la preocupación, el desconsuelo y, finalmente, la fatal confirmación de que la mina se había cobrado de nuevo la vida de unos trabajadores. En ese momento, nadie se atrevió a decir en voz alta y clara que en la mina se realizaba extracción ilegal de carbón, una actividad para la que la empresa carecía de licencia.

Con el paso de los días ya cambió el panorama y empezaron a surgir los primeros comentarios que hacían alusión a que era “un secreto a voces” en el concejo que se estaba llevando a cabo esta actividad ilegal.

La promesa de investigar “hasta el final”

Los cinco mineros tenían familia, amigos, compañeros y una vida por delante que se vio truncada de golpe, sin avisar. A su entorno más cercano se dirigieron los políticos en sus intervenciones. Les prometieron investigar “a fondo”, para llegar “hasta el final” hasta dar con los responsables y depurar las posibles negligencias que propiciaron un accidente de estas dimensiones.

Un siniestro laboral que resultaba inimaginable a estas alturas del siglo XXI, cuando se está en pleno proceso de descarbonización a través de la transformación de los recursos tradicionales de la actividad minera en activos para el desarrollo sostenible y las nuevas energías. 

La Comisión de Investigación

Los mensajes de solidaridad se sucedieron en esa jornada y en las siguientes. Los grupos políticos primero se enzarzaron en la necesidad o conveniencia de crear una comisión parlamentaria para investigar lo sucedido, de forma paralela a la vía judicial.

Al final del debate, se optó por la creación de una comisión parlamentaria y se eligió a los diez representantes –dos por cada grupo político– que van a escuchar los testimonios de más de 90 personas que serán citadas para su comparecencia en la sede de la Junta General del Principado.

Aún faltan 35 comparecencias

Actualmente están pendientes de comparecer 35 personas que están citadas, entre ellas la ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, en su calidad de presidenta del Instituto de Transición Justa durante la etapa en la que se concedieron las ayudas a la descarbonización.

El objetivo es llegar a esclarecer las responsabilidades de un accidente que unió para siempre los nombres de los cinco trabajadores fallecidos, que residían en las comarcas leonesas de Laciana y El Bierzo y tenían edades en una horquilla entre 32 y 54 años.

Ofrecer la verdad a la familia minera

La diputada del Grupo Mixto e integrante de Somos Asturies, Covadonga Tomé, fue elegida como presidenta de la comisión de investigación a propuesta del Grupo Parlamentario Socialista.

La comisión se constituyó para cubrir el doble objetivo de ofrecer la verdad a la sociedad asturiana –muy especialmente a la familia minera– y la puesta en marcha de todos los recursos a su alcance “para llevar a cabo los cambios necesarios para evitar que se repita lo sucedido”.

¿Avanzan los trabajos?

Aún no se ha llegado al ecuador de estos trabajos, pero las declaraciones de Gustavo García, director de Mina de Orovalle Minerals, que forma parte de la comisión especial de investigación constituida este año en el seno de la Comisión Regional de Seguridad Minera del Principado, durante su comparecencia ante los grupos parlamentarios el pasado 3 de noviembre, han hecho saltar las primeras alarmas.

Gustavo García ha reconocido que este órgano se encuentra condicionado por la vía judicial y que está a la espera de recibir información, es decir, no avanza desde el pasado mes de julio. A continuación, reproducimos el vídeo que recoge su declaración difundida en Youtube por la Junta General del Principado.

Eldiario.es Asturias ha pulsado la opinión de los representantes de los distintos grupos políticos en la comisión de investigación sobre el desarrollo de las sesiones y este ha sido el balance provisional, a la espera de que avancen los trabajos con nuevas comparecencias en sede parlamentaria.

Somos: “Hay que evitar otro siniestro”

La diputada Covadonga Tomé, portavoz de Somos Asturies e integrante del Grupo Parlamentario Mixto, explica que entre las razones que le llevaron a asumir la presidencia de esta Comisión de Investigación estaba el firme propósito de garantizar la transparencia, con un objetivo muy claro: “poner todo de nuestra parte para no tener que vivir otro siniestro laboral de estas características en Asturies”, señala. 

Ya ha quedado demostrado -sin ningún tipo de duda- que, desde el accidente de 2022, se sabe que había labor extractiva de carbón en la mina

Covadonga Tomé — Preside la Comisión de Investigación. Diputada del Grupo Parlamentario Mixto e integrante de Somos Asturies

El proyecto de investigación

Covadonga Tomé matiza, de antemano, que los trabajos siguen en marcha y aún faltan aproximadamente 35 comparecientes. No obstante, considera que hasta la fecha se han clarificado ya algunas cuestiones. Entre los ejemplos que cita señala que “se ha hablado bastante de la falta de comunicación entre consejerías, concretamente entre la competente en cuestiones medioambientales y la competente en minería”. 

Otro de los temas de análisis ha sido el proyecto de investigación complementario que, en teoría, daba permiso a Combayl –después Blue Solving– para extraer carbón con una finalidad concreta.

“Como su propio nombre indica, daba permiso para investigar y valorar si había carbón grafitable. Sin embargo, ya ha quedado demostrado –sin ningún tipo de duda– que, desde el accidente de 2022, se sabe que había labor extractiva de carbón en la mina”, corrobora la diputada de Somos Asturies.

¿Se hicieron inspecciones suficientes?

Una de las preguntas que su grupo se plantea es “si se hicieron inspecciones suficientes y si se fue lo suficientemente diligente entre que ocurrió uno y otro accidente. Si, en realidad, se tomaron las medidas necesarias para cambiar las cosas”, interpela. Una pregunta para la que aún no tiene respuesta.

PSOE: “Es pronto para que podamos sacar conclusiones”

El diputado socialista René Suárez Fernández cree que aún es prematuro hacer un balance de las sesiones desarrolladas hasta el momento: “Es una Comisión en marcha y, por lo tanto, es pronto para que podamos sacar conclusiones. Falta todavía mucho, en nuestra opinión, para poder hacer valoraciones serias, matizadas y rigurosas, y para efectuar un análisis ponderado de todo lo escuchado”, corrobora.

Para el Grupo Parlamentario Socialista, la Comisión de Investigación del accidente minero se está desarrollando según lo previsto en el plan de trabajo acordado por los grupos, “escuchando los testimonios de los comparecientes y su experiencia, y analizando toda la documentación solicitada”, describe.

En las sesiones que llevamos de la Comisión, ninguno de los comparecientes ha trasladado que tuviera conocimiento, con anterioridad al accidente, de que se estuviese extrayendo carbón de la mina de Cerredo y las inspecciones de los agentes del Medio Natural, tramitadas según el procedimiento establecido, en ningún momento denunciaron extracción de carbón en Cerredo

René Suárez Fernández — Diputado del Grupo Parlamentario Socialista

Los testimonios escuchados hasta el momento en las comparecencias que ya se han realizado no son suficientes, en opinión del diputado socialista, para extraer conclusiones.

“En las sesiones que llevamos de la Comisión, ninguno de los comparecientes ha trasladado que tuviera conocimiento, con anterioridad al accidente, de que se estuviese extrayendo carbón de la mina de Cerredo y las inspecciones de los agentes del Medio Natural, tramitadas según el procedimiento establecido, en ningún momento denunciaron extracción de carbón en Cerredo”, argumenta.

El descontrol sobre la actividad minera

El diputado Rafael Alonso, del Grupo Parlamentario Popular, avanza que, de las diferentes comparecencias ya efectuadas hasta el pasado miércoles, día 5 de noviembre, se desprende “el descontrol existente sobre la actividad minera de las empresas Combayl y Blue Solving, con un capital mínimo y de más que dudosa solvencia, que irrumpen en Cerredo en el final de la minería del carbón”.

A estas circunstancias el diputado popular suma el hecho de que era conocido en el sector carbonero y en la Administración “el vínculo y entramado familiar entre las empresas Combayl y Blue Solving”, así como el dato de que la primera de ellas ya había reconocido la extracción ilegal de carbón; un hecho detectado a raíz de otro accidente mortal en agosto de 2022 en la misma explotación.

PP: “Era la coartada para extraer carbón”

“Pese a estos antecedentes, se autoriza la trasmisión de derechos mineros entre ellas, y a Blue Solving se le concede una autorización para extraer carbón usando como coartada que ya contaban con unas subvenciones del Instituto de Transición Justa, y desde que inicia su actividad, en lugar de hacerle un seguimiento exhaustivo –destaca– no se le hace más que una inspección en los nueve meses anteriores al fatal accidente”.

La Administración no controló como era necesario la actividad que se desarrollaba en Cerredo y, ante empresas de cuyo carácter anómalo ya había sido advertida, o bien les dejó hacer o bien no actuó de forma disuasoria para que cumplieran estrictamente con lo autorizado y con las normas de seguridad exigibles

Rafael Alonso — Diputado del Grupo Parlamentario Popular

“Todo eso pone de manifiesto la dejadez demostrada por la Administración que no controló como era necesario la actividad que se desarrollaba en Cerredo y, ante empresas de cuyo carácter anómalo ya había sido advertida, o bien les dejó hacer o bien no actuó de forma disuasoria para que cumplieran estrictamente con lo autorizado y con las normas de seguridad exigibles”.

IU: “Se hace un trabajo bastante serio”

El diputado de Izquierda Unida (IU)–Convocatoria por Asturies, Xabel Vegas, asevera que en la comisión se está haciendo un trabajo “en principio bastante serio”, pero lamenta también que la estrategia del Partido Popular (PP), de Vox y de Foro Asturias esté siendo “la de alargar esto todo lo posible pidiendo comparecencias que no aportan absolutamente nada”.

Es una pena que hayamos tardado más de dos meses en empezar a hablar de verdad del accidente que se produjo en la mina de Cerredo, porque han desfilado por la Cámara un montón de funcionarios que no tenían absolutamente nada que ver, ni siquiera habían pisado las instalaciones de Cerredo y han sido convocados sobre todo por el PP, Vox y Foro Asturias para dilatar toda esta comisión de investigación y que llegue lo más allá que pueda para que se acerque sus conclusiones a las elecciones de 2027

Xabel Vegas — Diputado de IU-Convocatoria por Asturies

Maniobras “dilatorias de la derecha”

Xabel Vegas cree que es “una pena” que hayan tardado más de dos meses en empezar a hablar “de verdad” del accidente que se produjo en la mina, porque explica que “han desfilado por la Cámara un montón de funcionarios que no tenían absolutamente nada que ver y ni siquiera habían pisado las instalaciones de Cerredo”.

Unos comparecientes que, según precisa, habían sido convocados sobre todo por el PP, Vox y Foro Asturias, “precisamente para dilatar toda esta comisión de investigación y que llegue lo más allá que pueda para que se acerque sus conclusiones a las elecciones de 2027”.

Las claves de los sindicatos

El parlamentario de IU opina que las comparecencias más significativas, más allá de algún agente de Medio Natural, han sido “las de los delegados, tanto de UGT como sobre todo de Comisiones Obreras (CCOO) en la Comisión de Seguridad Minera”.

Estos comparecientes han sido los que, bajo su prisma, han proporcionado muchas claves porque “han indicado que obviamente este es un accidente cuyo principal responsable es un empresario, si es que se le puede llamar empresario, que se ha saltado cualquier criterio de seguridad laboral elemental”.

Los fallos en la administración

“Desde luego también ha habido fallos en la administración que han impedido que haya un control efectivo sobre este tipo de empresas pirata que se dedican a explotar minas que ya estaban cerradas”, señala Xabel Vegas.

“Después queda también por ver ese instrumento que es el proyecto de investigación complementario, que está siendo muy polémico, porque algunos entendemos que es un instrumento que se ha utilizado para permitir de forma subterránea o de forma oculta, la explotación de decenas de miles de toneladas de carbón, como en el caso de Cerredo, que se permitía la extracción de 60.000 toneladas de carbón”.

Expectantes ante la vertiente política

“En todo caso, –apunta el diputado– yo creo que hay que esperar a que pasen por la comisión de investigación los responsables políticos sobre todo los últimos consejeros y consejeras de Industria y de Minería, que creo que van a ser las comparecencias más relevantes porque son ellos al final los últimos responsables de las políticas en torno a la seguridad minera”.

Vegas: “Hay grupos ya con conclusiones”

No obstante, opina que hasta ahora los trabajos se desarrollan con normalidad: “Es cierto que hay grupos parlamentarios que la sensación que da es que tienen unas conclusiones ya elaboradas desde el principio y que les da lo mismo quién pase por la comisión que van a llevarlas hasta el final”.

Unas palabras que, aún sin nombrar expresamente hacia quién van dirigidas, apuntan hacia el Grupo Parlamentario de Vox, que convocó una rueda de prensa en octubre donde avanzó su primer balance del desarrollo de estos trabajos de la Comisión de Investigación.

Evitar que se repitan estos accidentes

Esta forma de actuar demuestra, según el diputado de IU–Convocatoria por Asturies, “el poco interés que tienen estos grupos en saber qué es lo que de verdad ocurrió y en plantear en el dictamen de la Comisión medidas para que no vuelva a ocurrir”.

Con esta forma de actuar calcula que realmente lo que estos grupos políticos pretenden es “simplemente hacer política y utilizar un accidente que provocó cinco muertos y en el que, desde luego, hay que dilucidar por qué la Administración no fue capaz de evitarlo. Pero quieren utilizar ese accidente –recalca– para hacer política en el peor sentido de la palabra”.

Vox: “Minas no comprobó la actividad”

Unas alusiones sin nombrarlo directamente hacia el diputado de Vox en la Junta General, Gonzalo Centeno, quien tiene claro que las comparecencias de responsables de los servicios de Guardería de Medio Natural, Gestión Forestal, Montes e Inspección de Minas, los documentos y testimonios evidencian que la Dirección General de Minas incurrió en “una clara responsabilidad al no comprobar las actividades reales que se desarrollaban en el entorno del Grupo Cerredo”.

“Desde 2021, cuando se inician los trabajos de la Comisión, hasta el accidente del 25 de agosto de 2022, en el que murió un trabajador y otro perdió una pierna, la actuación fue notoriamente deficiente, ya que nadie comprobaba lo que se hacía allí”, explica el diputado Centeno.

Uno de los graves fallos que se han detectado en este accidente es que las visitas de inspección “siempre se anuncian con antelación”, lo que da la posibilidad de “ocultar actividades irregulares o ilegales”.

Las autorizaciones irregulares

Gonzalo Centeno asegura que, tras ese accidente, quedó acreditado que “el carbón transportado por el camión siniestrado procedía de una mina interior sin autorización de explotación, en proceso de cierre”, y denuncia que, pese a ello, la Administración autorizó después nuevas transmisiones mineras en condiciones irregulares.

“Se permitió la concesión de derechos a una mercantil sin informes de solvencia, sin plan de restauración y sin fianza, amparándose en un instrumento –el llamado Permiso de Investigación Complementaria– que ni siquiera figura tipificado por la Ley ni por el Reglamento de Minas”, señala.

Sin informes de solvencia de la empresa

El diputado Gonzalo Centeno resalta que ese permiso se concedió única y exclusivamente porque la solicitud venía amparada por una subvención del Instituto de Transición Justa, lo que a su juicio revela “una actuación que podría haber sido influida por autoridades superiores”.

Asimismo, ha advertido que tras el accidente “se autorizaron nuevas transmisiones y actividades extractivas en condiciones irregulares, sin los informes de solvencia, planes de restauración ni fianzas exigidas por ley”, y que incluso “se permitió la extracción de 60.000 toneladas de carbón amparadas en un permiso que no figura tipificado ni en la Ley ni en el Reglamento de Minas”.

“La Administración se audita a sí misma”

El diputado de Vox cuestiona el papel de la Comisión de Seguimiento Minero, que califica de “prácticamente superflua”, ya que “sus actas no tienen fuerza ejecutiva, el orden del día lo fija la Administración y las sugerencias pueden ser ignoradas”.

“Lo que nos demuestra esta comisión es que la Administración se audita a sí misma y no rinde cuentas a nadie”, denuncia.

Hace 30 años los inspectores imponían respeto; hoy avisan con antelación de sus visitas, no actúan de oficio y apenas pisan las explotaciones. Se limitan a certificar lo que les dicen

Gonzalo Centeno — Diputado de Vox en la Junta General del Principado

Centeno: “Las inspecciones se avisan”

Centeno critica igualmente el estado actual de la Inspección de Minas, ya que incide en que “ha pasado de ser una institución respetada a una burocracia de despacho”.

“Hace 30 años los inspectores imponían respeto; hoy avisan con antelación de sus visitas, no actúan de oficio y apenas pisan las explotaciones. Se limitan a certificar lo que les dicen”, lamentó.

Vox ha anunciado que continuará trabajando en la comisión para esclarecer dos cuestiones clave: “Si la Inspección de Minas facilitó la tramitación de la autorización concedida, en julio de 2024, a las empresas vinculadas a Jesús Rodríguez Morán, y si lo hizo por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de niveles superiores”, argumenta Centeno.

Los dos tipos de comparecientes

El diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, integrado en el Grupo Mixto, matiza que la Comisión de Investigación del caso de Cerredo sigue con sus trabajos todavía, por lo que estima que “evidentemente es precipitado hacer una valoración de qué va a acabar determinando”, pero sí puede hacer un balance de qué temas han podido quedar claros a partir de las manifestaciones que se han escuchado en los comparecientes que ya han declarado.

En primer lugar, el diputado Pumares distingue entre dos tipos de comparecientes: “los que vienen a la Comisión de Investigación a no decir absolutamente nada, que tienen un marcado perfil político y poca memoria y los que tienen un perfil más técnico y dicen la verdad de que en Cerredo se estaba actuando con absoluta impunidad y es imposible que una administración diligente no se enterara”.

Por tanto, las manifestaciones vertidas por los comparecientes con un perfil más técnico le llevan a un razonamiento lógico: “lo que tenemos claro hasta ahora en la Comisión es que en la mina de Cerredo se estaba extrayendo carbón de forma ilegal e irregular”.

No es la única conclusión a la que su grupo parlamentario ha llegado hasta ahora. Para Foro Asturias, también está claro que “las empresas o el entramado de empresas, porque al final con Blue Solving eran empresas del mismo núcleo familiar, de la misma familia, actuaban con total impunidad y ahora lo que nos queda determinar a la Comisión es por qué se actuaba de esa manera”.

Adrián Pumares da especial relevancia también a las declaraciones de los delegados sindicales, coincidiendo en este caso con el diputado Xabel Vegas.

“Desde luego, no resulta creíble que nadie supiese en la Administración que allí se estaba sacando carbón de forma irregular porque, como han dicho por ejemplo los miembros de los sindicatos, fundamentalmente de CCOO, que están en la Comisión de Seguridad Minera, con un vistazo rápido al tipo de material que se estaba utilizando, ya se puede determinar que se estaba extrayendo carbón de forma irregular”, ratifica.

Ahora lo que tiene que determinar la Comisión y esperemos que lo podamos hacer y que lo hagamos además con absoluta independencia es por qué la Administración pudo permitir o no se enteró de que la empresa estaba actuando con absoluta impunidad. No debemos obviar que existen actas de la Guardería de Medio Natural que dicen que en aquella mina pasaba algo extraño, ni que existió un correo con una denuncia anónima que decía que en Cerredo se estaba extrayendo carbón de forma ilegal

Adrián Pumares — Diputado del Grupo Parlamentario Mixto. Portavoz de Foro Asturias

El diputado de Foro Asturias cree que es también muy significativo que en esta misma explotación se registraran otros accidentes laborales con víctimas mortales.

“No podemos tampoco perder de vista que ya en el año 2022 hubo un accidente donde hubo un fallecido y una persona resultó herido grave y perdió una pierna. No debemos obviar –añade– que existen actas de la Guardería de Medio Natural que dicen que en aquella mina pasaba algo extraño, ni que existió un correo con una denuncia anónima que decía que en Cerredo se estaba extrayendo carbón de forma ilegal”.

“No es un circo, como vaticinó Barbón”

Adrián Pumares tiene claro, a tenor de las comparecencias que ya se han ido sucediendo desde la puesta en marcha de la comisión, que había una empresa que “actuaba con total impunidad” y ello conllevó un accidente con un trabajador fallecido y otro herido grave en 2022 y cinco trabajadores muertos este año 2025.

“Ahora lo que tiene que determinar la Comisión y esperemos que lo podamos hacer y que lo hagamos además con absoluta independencia –dice el diputado– es por qué la Administración pudo permitir o no se enteró de que se estaba actuando con esa absoluta impunidad”.

A modo de resumen, para Foro Asturias, otra conclusión que obtiene es que la Comisión de Investigación está realizando trabajos de una forma “muy ordenada, muy diligente y muy respetuosa” y por tanto “aquel vaticinio de Adrián Barbón de que la Comisión iba a ser un circo, se quedó en una mentira, como era predecible”, razona.

Un arte o una tortura por maltrato animal. La polémica entre taurinos y antitaurinos se ha adelantado al mes de agosto, fecha en la que el coso de El Bibio acoge la feria taurina de Begoña, y ha llevado el debate al terreno político y social con opiniones contrapuestas sobre si la recuperación de los toros en Gijón/Xixón son un éxito o un despropósito.

La llama la ha encendido el grupo municipal del PP que ha distribuido por la ciudad un mupi publicitario con la imagen de un torero de espaldas junto al lema “2 años de libertad” dentro de una campaña promocional de la gestión realizada durante estos dos años de gobierno municipal en coalición con Foro.

Aunque la campaña se extiende también a otros temas donde se enorgullece de su compromiso con la vivienda, el impulso al sector empresarial y al deporte, la creación de empleo o el turismo de calidad, las alusiones al regreso de la feria taurina de Begoña, han hecho saltar la chispa.

El PP considera que la recuperación de los toros es un éxito propio, después de que durante la etapa del gobierno de coalición de PSOE e IU que lideraba la anterior alcaldesa, la socialista Ana González, decidiera no renovar la concesión para la celebración de corridas.

Las reacciones

Las juventudes de IU (IU Mocedá) han criticado abiertamente no solo la campaña publicitaria, sino también el espectáculo taurino. En su opinión, han sido “dos años de tortura” y vaticina que “a este chiringuito sádico y subvencionado por todos le queda poco” porque sostiene que Xixón “es y será antitaurina a pesar de vuestra propaganda”, dice en alusión al PP.

La portavoz municipal y concejala de Podemos en el Ayuntamiento de Gijón, Olaya Suárez, ha rechazado abiertamente el regreso de los toros a la ciudad. En su post, difundido en la red social X, ha escrito el siguiente texto: “Seguid, seguid. Seguid presumiendo de una barbarie que rechaza la mayoría de esta ciudad”.

Las críticas de PSOE y Vox

También la concejala socialista María Caunedo, que durante parte del pasado mandato estuvo a cargo de la Concejalía de Salud Animal, compartió la imagen del mupi del PP con una sola palabra con la que describía gráficamente la sensación que le producía: “asco”.

También se ha sumado a las críticas el grupo municipal de Vox en Gijón, pero en este caso no es por el regreso de los toros a la ciudad, una iniciativa que aplauden, sino por atribuirse el PP un éxito que consideran que es suyo.

“Sin Vox no habría toros en Gijón, porque fue quien permitió el gobierno. En Asturias, Vox es el único partido que defiende la tauromaquia sin excepción alguna y los aficionados lo saben”, asevera. Y termina su mensaje con una interpelación: “¿Qué compromiso tiene el PP con la fiesta nacional en Oviedo?”.

La polémica está servida. ¿Es Gijón/Xixón una ciudad taurina o antitaurina? ¿Es un arte y un espectáculo? o por el contrario ¿Es una tortura y un maltrato animal?. El debate ya ha traspasado el terreno político y se sigue ya en la calle.

Ya hay fecha para la constitución de la comisión de investigación en el parlamento asturiano que analizará las circunstancias que rodearon el accidente laboral que, el pasado 31 de marzo, costó la vida a cinco trabajadores y dejó heridos a otros cuatro en la mina de Zarréu, en Degaña, en la zona suroccidental del Principado.

La polémica se centra actualmente en el nombre de la persona que presidirá la comisión. La diputada del Grupo Mixto Covadonga Tomé ha vuelto a postularse para ocupar ese puesto.

Por su parte, IU Convocatoria por Asturies ha propuesto como candidata a su diputada Delia Campomanes. Su portavoz parlamentario, Xabel Vegas, defiende su candidatura en base a que es la persona “adecuada por su independencia” y ante la necesidad de evitar que la ultraderecha convierta esta herramienta en un “espectáculo”.

El viernes, último día para designar a los integrantes

La Junta de Portavoces de la Cámara autonómica se reunió hoy, miércoles, y seguidamente se ha anunciado la convocatoria para la constitución de la comisión fijada para el próximo jueves, día 15, a las 12 del mediodía.

Los grupos parlamentarios tendrán de plazo hasta este próximo viernes, día 9, para designar a los diputados y diputadas que formarán parte de la misma.

Las fuerzas que sustentan al gobierno, PSOE e IU-Convocatoria por Asturies, dieron el pasado 23 de abril vía libre a la constitución de esta comisión a pesar de considerar que “solo obedece a un interés partidista que será aprovechado por la extrema derecha”, una opinión que comparte el presidente del Principado, Adrián Barbón.

Las críticas internas

La creación de esta comisión especial fue propuesta por PP y Foro y contó con el apoyo de Vox y de la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé.

IU Convocatoria por Asturies se opuso en principio, al igual que el PSOE, y esa negativa le costó las críticas internas entre ellas la de la Agrupación de IU en el Ayuntamiento de Ribera de Arriba que llegó a pedir a su coordinador regional y consejero de Ordenación del Territorio, Ovidio Zapico, que rectificase y apoyase la comisión de investigación.

Los dos socios de Gobierno -PSOE e IU Convocatoria por Asturias- emitieron un comunicado conjunto en abril en el que dejan claro su compromiso con la verdad, la justicia y la regeneración y su ánimo de llegar hasta el final

El PSOE no se opondrá aunque los socialistas consideran que esta comisión de investigación solo servirá para dar alas a la extrema derecha para criticar al ejecutivo.

El pasado 23 de abril, los dos socios de Gobierno -PSOE e IU Convocatoria por Asturies- emitieron un comunicado conjunto en el que dejan claro su compromiso “con la verdad, la justicia y la regeneración” y su ánimo de “llegar hasta el final”.

Pese a que ambas fuerzas políticas coinciden en que “la comisión planteada por la derecha solo obedece a intereses partidistas”, no se oponen a su constitución, como ha quedado patente en los últimos días.

La propuesta de IU

Entre tanto, comienzan a conocerse otros nombres alternativos a Covadonga Tomé para presidir la comisión. La diputada del Grupo Mixto fue la primera y única que desde un principio se postuló para asumir la presidencia ya que su voto, sumado a los de PP, Foro y Vox, fue decisivo para llevar esta iniciativa adelante.

IU Convocatoria por Asturias se ha sumado ahora y ya ha hecho público el nombre de su candidata para presidir la comisión. Se trata de la diputada Delia Campomanes. El anuncio ha corrido a cargo del portavoz parlamentario, Xabel Vegas, quien ha defendido la necesidad de evitar que la ultraderecha convierta esta herramienta en un “espectáculo”.

Más vigilancia en las explotaciones

El portavoz parlamentario espera que la comisión sea “lo más rigurosa posible, que se investigue todo lo que ha ocurrido y que mantenga el mayor de los respetos a las familias de los cinco fallecidos”.

Además, ha recordado que estos grupos de extrema derecha que “ahora claman por la verdad” son los mismos que, al día siguiente del trágico accidente, pretendían que la Junta General aprobara una proposición no de ley para flexibilizar los requisitos administrativos de las explotaciones mineras y para privatizar las inspecciones.

“Es justo lo que no necesitamos. En este momento lo que necesitamos es que haya más vigilancia a esas explotaciones, a cualquier tipo de explotación industrial, pero muy particularmente a esas explotaciones”, ha añadido.

No vamos a permitir que la extrema derecha convierta esa comisión en un espectáculo. La candidata de IU es Delia Campomanes que es la persona más adecuada para presidir la comisión, porque representa la independencia que le da una minoría progresista que ha estado siempre reclamando la regeneración de ese departamento de Industria

Xabel Vegas — Portavoz parlamentario de IU-Convocatoria por Asturies

Delia Campomanes es, a su juicio, la persona más adecuada para presidir la comisión, porque representa la “independencia” que le da una minoría progresista que ha estado siempre reclamando la regeneración de ese departamento de Industria.

Conocer la verdad

“Ahí está la hemeroteca para saber qué hemos dicho cuando se ha producido el nombramiento de la anterior consejera de Industria -en referencia a Belarmina Díaz, aunque sin nombrarla- y cómo hemos actuado en todo momento reclamando transparencia y que se abrieran puertas y ventanas para conocer lo ocurrido”.

En cualquier caso, ha advertido Xabel Vegas, “no vamos a permitir que la extrema derecha convierta esa comisión en un espectáculo. Nos consta que la diputada del grupo mixto Covadonga Tomé se ha propuesto a sí misma para presidir esa comisión”.

“Nosotros creemos -continúa- que tiene que decidir si quiere ser rehén de la extrema derecha, porque sólo puede presidir esa comisión con los votos de una extrema derecha que la conoce bien en esta Cámara y sabe que con su presencia lo único en que la va a convertir es en un circo, o si quiere estar con la mayoría social progresista que representa el espacio de la mayoría de izquierda de esta Cámara”.

Las reacciones

En el otro extremo se encuentra el PP. Su portavoz adjunto, Luis Venta, asegura que el hecho de que IU pretenda presidir la comisión después de “oponerse y desacreditarla” sería el equivalente a introducir un “caballo de Troya” en la presidencia de la misma por lo que ya ha anunciado que su grupo se opondrá a esta candidatura.

Venta ha explicado que la prioridad del PP es que la comisión no esté “teledirigida” por IU y el PSOE y ha dicho que su partido está dispuesto a apoyar a Covadonga Tomé “si cumple con esos parámetros”.

No hay ninguna posibilidad de que IU o PSOE presidan la comisión porque no se puede poner al zorro a cuidar de las gallinas

Adrián Pumares — Diputado del Grupo Mixto

Adrián Pumares, diputado de Foro Asturias integrado en el Grupo Mixto, ha asegurado que “no hay ninguna posibilidad” de que IU o PSOE presidan la comisión porque en su opinión “no se puede poner al zorro a cuidar de las gallinas” y considera que “es muy fácil” que llegue a un acuerdo con Covadonga Tomé, porque ambos aplican “el sentido común”.

A nosotros nos da igual que la presidencia recaiga en la socia oficial o en la socia de oficio del Gobierno y llegado el momento votaremos la opción menos mala

Carolina López — Portavoz parlamentaria de Vox

La portavoz de Vox Carolina López, por su parte, ha afirmado la voluntad de su partido de que la presidencia de la comisión “no sea parte del Gobierno para intentar ocultar información importante” y, si bien ha indicado que a su grupo le da igual que la presidencia recaiga en la “socia oficial o en la socia de oficio” del Gobierno, en referencia a Tomé, ha asegurado que llegado el momento votarán “la opción menos mala”.

“Si son esos dos los candidatos que hay, Delia Campomanes y Covadonga Tomé, que la elección sea lo menos mala posible, porque estamos ante una situación complicada”, ha afirmado.

Tomé se sigue postulando a la presidencia

Covadonga Tomé se ha reafirmado en postularse ella misma para presidir la comisión. Mantiene que su propuesta es “exactamente la misma” que hace “una semana y dos” porque advierte que es “la más razonable”.

Sobre la propuesta de Convocatoria-IU y PSOE, que proponen a la diputada Delia Campomanes a la presidencia, Tomé ha resaltado la reticencia que ambos tuvieron a la hora de inclinarse a favor de la constitución de esta comisión.

Me comprometo a que si asumo la presidencia de la comisión, ésta sea transparente, ágil y diligente. Me he mantenido siempre firme en la constitución de la comisión, respaldada por la militancia de Somos Asturies y por el interés común de la sociedad asturiana que quiere saber la verdad.

Covadonga Tomé — Diputada del Grupo Mixto

“A mí me resulta, de verdad, absolutamente incoherente querer dirigir algo que no querías ni que existiese”, ha recalcado.

La diputada del Grupo Mixto, integrante y respaldada por Somos Asturies, ha incidido en que ninguno de los dos partidos hablaron con su grupo parlamentario ni sobre la presidencia ni sobre la composición de la Mesa.

“Es decir, de forma activa nos están expulsando de esa Mesa mientras reconocen que somos el voto número 23 que completa la mayoría progresista en la Cámara”, ha puntualizado. 

Un voto número 23 que, bajo su prisma “ha demostrado desde mayo de 2023, una absoluta coherencia en todos los pasos que hemos ido dando y una cierta lealtad con esa mayoría progresista a la que hemos ayudado, sin ir más lejos, a sacar adelante dos presupuestos”. 

Tomé se ha comprometido a que, en el caso de que ella asuma la presidencia, a lograr que sea una comisión “transparente, ágil y diligente”.

Ha reiterado que ella se ha mantenido siempre firme en su postura de apoyo a la comisión, respaldada por la militancia de Somos Asturies y por el interés común de la sociedad asturiana que “quiere saber la verdad”. 

El exministro y expresidente del Principado de Asturias Francisco Álvarez Cascos no tendrá que volver a sentarse en el banquillo de la Audiencia Provincial de Asturias por la querella que le interpuso Foro Asturias por un delito continuado de apropiación indebida del que fue absuelto. La Fiscalía y Foro Asturias le acusaron del desvío de fondos del partido regionalista -que él mismo fundó en 2011 tras abandonar tres décadas de militancia en el PP- para gastos personales suyos y de su entorno, unas imputaciones de las que fue absuelto.

La sentencia absolutoria ha sido ratificada ahora por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) que entiende que la resolución fue “correcta” en su motivación y derivó en el descarte de “cualquier actividad delictiva imputada”.

Los magistrados de la Sala de lo Civil y Penal aseguran en la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es Asturias, que Álvarez Cascos fue absuelto sobre la base de que “no han resultado suficientemente acreditados, con la necesaria certeza que debe presidir todo fallo penal condenatorio los delitos cuya comisión se atribuye”.

La argumentación del tribunal

Un resultado absolutorio al que llegó el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias, con sede en Oviedo, tras analizar “pormenorizadamente” las pruebas practicadas, unidas a las declaraciones testificales y el soporte documental.

Además, el TSJA suma a estas circunstancias los argumentos que aportó la Audiencia para sostener este fallo absolutorio que, en su opinión, fueron “más que razonables, lógicos y ajustados a las máximas de experiencia”, señala la sentencia.

El acuerdo para no perder estatus

A través de 32 páginas, la Sala de lo Civil y Penal va descartando una a una todas las alegaciones presentadas por la Fiscalía en su recurso de apelación y al que se adhirió la acusación particular ejercitada por el abogado Luis Llanes en representación de Foro Asturias. Las acusaciones mantenían que el expolítico tuvo “una conducta delictiva, con ánimo de lucrarse y descapitalizar a Foro Asturias”.

Por el contrario, el TSJA incide en que Álvarez Cascos llegó a un acuerdo con dirigentes de Foro Asturias cuando le propusieron que se incorporara a este partido para presentarse a las elecciones autonómicas, por el que aceptaba su oferta a cambio de que “no experimentase pérdida de capacidad económica respecto a su estatus previo a retomar la actividad política con la adhesión a la formación política en proyecto de constitución”.

Los gastos

Una versión del acusado que, según el TSJA, “es confirmada con claridad por las declaraciones de una serie de testigos destacados en la génesis del partido y que otros testigos que no la refrendan se limitan a decir que no la conocían y precisa que tal versión -añade el fallo- cuenta además con el aval de un dato empírico, que los gastos fueron abonados al acusado conforme a un mecanismo temporalmente dilatado de liquidación y control”.

Unos gastos que el expolítico gijonés pagaba inicialmente de su peculio y que posteriormente presentaba al partido con los tickets y facturas; unos documentos que una vez contabilizados por la organización se unían a una hoja de gastos.

Posteriormente, los apoderados autorizados en las cuentas bancarias aprobaban el reintegro de su importe y estaban a disposición de los integrantes de la Comisión Directiva.

Sin cuestionamiento

El tribunal hace hincapié además en esta sentencia en que las cuentas anuales fueron sucesivamente aprobadas “sin cuestionamiento alguno de las partidas de gastos ahora controvertidas”.

Otra de las cuestiones debatidas por la Sala de lo Civil y Penal se referían al control absoluto que ejercía supuestamente Álvarez Cascos en el partido, según declararon algunos testigos, lo que facilitaría a priori que no tuviera oposición alguna a la hora de desviar presuntamente fondos de Foro Asturias para sus gastos personales. En este tema concreto, el tribunal también entra a fondo.

Los magistrados entienden que “semejante circunstancia carece de sustento privatorio”, ya que Álvarez Cascos no ocultaba los gastos discutidos, que presentaba para su contabilización, revisión y liquidación, “siendo de general conocimiento”.

“No cabe hablar -afirma el TSJA- de ruptura dolorosa del principio de confianza en base al que se entregaba el dinero, ni de ninguna deslealtad o incumplimiento de encargo recibido, que es una característica del delito de apropiación indebida, en cualquiera de sus variantes dinámicas y que distancia también la conducta enjuiciada del tipo de administración desleal”.

Juicios de valor

Todas estas argumentaciones han sido suficientes para que el TSJA desestime íntegramente el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía y al que se adhirió la acusación particular que ejercitó Foro Asturias.

El propio Álvarez Cascos recurrió el fallo absolutorio, a través de su abogado defensor Luis Tuero, para que su nombre no quedara “manchado con insinuaciones o hechos tergiversados” que, según explicó en su día, “se apoyan en relatos basados en juicios de valor contradichos por las evidencias”.

Una desestimación que ha llevado a la Sala de lo Civil y Penal a confirmar la sentencia absolutoria que dictó el tribunal de la Sección Tercera de Oviedo el pasado 4 de febrero y que ha confirmado en todos sus extremos.

Entradas al tenis y una cama

En el turno de última palabra del juicio, Álvarez Cascos no desaprovechó la ocasión e intervino para afirmar que era víctima de una “campaña de alquitrán mediático” sobre su persona.

Las facturas que se dirimieron en este juicio eran de todo tipo: desde comidas y cenas en restaurantes con su familia, viajes a Córdoba o a Madrid para ver a sus hijos, entradas para ellos a ver la Copa Davis, gastos de un procurador en un proceso judicial por un tema personal ajeno a la actividad política, estancias en hoteles, tickets de comida a domicilio, un videojuego, billetes de AVE, una cama completa, una moqueta, tapicería y visillos.

La dedicación a Foro

Para el expolítico, eran unos gastos “normales” como compensación a su dedicación a la actividad política que desarrollaba, según su versión, las 24 horas del día al servicio del partido y de Asturias.

“Tuve plena dedicación a Foro Asturias y nula voluntad de enriquecimiento. En todos los gastos que pagó el partido no hay ni uno solo suntuario ni que salga fuera de lugar”, llegó a decir; una argumentación que ha convencido primero a la Audiencia Provincial y ahora al TSJA, que ha ratificado la sentencia absolutoria.

Las obras de rehabilitación del puente sobre el río Sella en la nacional 632 a su paso por Ribadesella, en la zona oriental asturiana, aún no han comenzado y ya mantienen movilizados a residentes, comerciantes, turistas, corporaciones municipales y partidos políticos por el corte al tráfico rodado durante las 15 semanas que se estima que durarán los trabajos que comenzarán a partir de septiembre.

Una manifestación convocada por el equipo de gobierno riosellano, que conforman PP y Foro Asturias, congregó ayer, domingo, en el puente a más de un millar de personas para mostrar su rechazo por la falta de una vía alternativa que impida tener que hacer rodeos de más de 20 kilómetros para pasar a uno u otro lado de la villa.

Los vecinos y vecinas se concentraron enfrente de la Oficina de Turismo y desde allí fueron caminando hacia el puente. Su recorrido fue acompañado, además, por una veintena de tractores que se unieron también a la convocatoria. 

No solo protestaban por la medida, sino que además tenían a una persona en concreto en su punto de mira. Era la delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra, que a su condición de máxima representante del Ejecutivo central en el Principado une su condición de riosellana, por lo que este asunto le afecta también de una forma más personal.

“No al cierre del puente de Ribadesella”, “El mayor lastre de Ribadesella”, “Puente nuevo o nada”, “Atención puente conflictivo. Extreme la precaución”, o “No nos creemos que lo que nos propones sea la única alternativa posible en 2025”, ésta última una alusión directa a Adriana Lastra, fueron algunas de las pancartas exhibidas durante la marcha.

“Se deja a Ribadesella desamparada, en dos orillas totalmente incomunicadas. El perjuicio es evidente para la gente mayor, los que necesitan utilizar el coche para su trabajo diario, el centro de salud, los veterinarios...”, aseguraban algunos de los manifestantes.

Al frente de esta manifestación se encontraba el alcalde del PP, Paulo García, quien ha entrado en una confrontación directa con la delegada del Gobierno, por considerar que no está atendiendo a las peticiones vecinales que reclaman la construcción de un puente alternativo mientras duren las obras por los perjuicios que ocasionará no solo a los residentes, sino también a los comerciantes y hosteleros.

Los derechos de los riosellanos

“Por encima de las siglas políticas están los derechos de los riosellanos, y por eso estamos aquí, para exigir un paso alternativo durante esas 15 semanas que nos quieren imponer”, reiteraba el alcalde ante los periodistas.

En sus redes sociales, Paulo García agradecía la asistencia y el apoyo recibido en una concentración que calificaba como “una muestra de civismo y ejemplaridad”, como dejó constancia en su perfil de instagram.

Paulo García estuvo arropado por el presidente de su partido en Asturias, Álvaro Queipo, quien destacaba que con esta manifestación se estaba dando la oportunidad a los riosellanos de manifestar lo que piensan que, en su opinión, “era un clamor en la calle que queda patente”.

Queipo: “Es una propuesta baratija”

Queipo opina que la delegada del Gobierno debe dar explicaciones sobre por qué en un primer momento se barajó un proyecto que contemplaba un paso rodado alternativo para luego pasar a “un proyecto baratija” que lo excluye y que “castiga a los riosellanos”.

“Hemos pasado de tener un proyecto que permitía el tráfico rodado a una propuesta baratija. El Ministerio y la Delegada del Gobierno deben explicar a dónde se va el dinero que niegan a Ribadesella”.

Una semana antes de esta manifestación, ya desde la Delegación del Gobierno se aclaraba que la obra respondía a criterios técnicos, como quedaba reflejado en un post de X.

Casi simultáneamente a la manifestación, Lastra comparecía ayer ante los medios de comunicación en la sede de la Delegación del Gobierno en Oviedo para ratificar, de nuevo, que no se trataba de una decisión política, sino de una actuación “necesaria” e “inaplazable” que respondía a criterios técnicos y en la que se va a invertir 7,5 millones.

La consulta al Ejército

Por ello, consideraba que desde las filas del PP se está tratando de “manipular” a los vecinos, haciéndoles creer que es un asunto de voluntad política, cuando ha reiterado hasta la saciedad que es un tema exclusivamente “técnico”.

Lastra ha insistido en que no hay alternativas, como sostiene el equipo de gobierno riosellano, y ha vuelto a recordar que se llegó a plantear esta posibilidad al Ejército y no se consideró viable, por lo que el Gobierno “ha elegido actuar con responsabilidad”.

“La actuación sobre el puente es una decisión basada exclusivamente en criterios técnicos, avalada por informes profesionales y responde a una necesidad urgente de seguridad ciudadana”, ha corroborado.

En un “mensaje de tranquilidad” a sus vecinos, Lastra ha incidido en que el puente va a permanecer abierto para los peatones siempre, incluidas las 15 semanas que se van a necesitar para sustituir el tablero, y que se ha diseñado un plan de movilidad para facilitar la conexión entre ambas partes de la villa con autobuses lanzadera.

Lastra: “Ribadesella no merece bloqueos”

La delegada ha señalado que el gobierno municipal de PP y Foro “no ha presentado propuestas” alternativas a ese plan de movilidad, aunque espera que lo hagan en las próximas semanas porque este proyecto “es de todos y Ribadesella merece compromiso y soluciones, no excusas ni bloqueos”.

“La actuación sobre el puente es una decisión basada exclusivamente en criterios técnicos, avalada por informes profesionales, y responde a una necesidad urgente de seguridad ciudadana”, ha subrayado la delegada antes de recordar que con una inversión de 7,5 millones se va a garantizar “la seguridad y movilidad de Ribadesella, ahora y en el futuro”.

La violencia política “organizada”

La manifestación y su rueda de prensa coincidían este domingo con la publicación de un artículo de opinión firmado por Lastra en el periódico La Nueva España bajo el título “El odio: víctimas de la violencia política por ser mujeres y de izquierdas” donde denuncia que está siendo víctima de “violencia política organizada” desde la derecha y donde el PP juega un papel de complicidad.

Unos ataques que ni el alcalde, ni el presidente del PP regional han frenado, según explica, e incluso ha sido utilizado como herramienta de movilización de su electorado “más radicalizado”.

Lasta reconoce en este artículo que “da miedo esta derecha que no respeta las reglas democráticas y que alienta la persecución ideológica” y avisa que cada ataque, cada insulto y cada intento de escarnio “nos hace más fuertes y más determinadas” y manifiesta su determinación por seguir luchando “por una democracia feminista, libre, donde nadie tenga que pedir perdón por pensar, por actuar o por ser”.

El puente de Ribadesella que conecta la villa de esta localidad costera asturiana con la playa de Santa Marina ha sido inmortalizado en miles de fotografías y videos durante la prueba deportiva del descenso del Sella. La necesidad de acometer obras, tanto de reparación por el deterioro de las pilastras como de ampliación de esta infraestructura, provocará el cierre al tráfico rodado durante las 15 semanas que se prevé que duren los trabajos de rehabilitación, aunque se seguirá permitiendo el paso de peatones.

Los técnicos sostienen que no es viable realizar un puente alternativo y en sus informes se basa la delegada del Gobierno en Asturias, la riosellana Adriana Lastra, para descartar esta opción.

Sin embargo, el equipo de gobierno de Ribadesella que forman el PP y Foro Asturias, reclama la realización de otro puente alternativo mientras duren las obras y especialmente el alcalde, Paulo García, que ha protagonizado un enfrentamiento abierto con la delegada que ha elevado en muchos momentos la tensión y dividido a los riosellanos.

Lastra ha insistido en que las obras, que tendrán un presupuesto de siete millones de euros, responden a criterios técnicos y niega cualquier motivación política e incide en que es una actuación “urgente y técnicamente imprescindible”.

La delegada ha recalcado que así lo han determinado los informes del Ministerio de Transportes, que fueron explicados “detalladamente” a la corporación municipal de Ribadesella y que concluyen que las condiciones estructurales del puente “hacen inviable seguir demorando su intervención”.

La propia Delegación del Gobierno ha explicado la situación a través de varios post en la red social X como reproducimos a continuación.

En el lado contrario se sitúa Paulo García, del PP, quien no solo discrepa abiertamente de estas explicaciones, sino que ha entrado en una confrontación directa acusando a Lastra de “mentir a los vecinos”; unas afirmaciones que ella ha negado.

La convocatoria de concentración

El alcalde ha hecho un llamamiento a los vecinos y vecinas de esta localidad del oriente asturiano y a los representantes políticos de los concejos de la comarca para que este próximo domingo, 20 de abril, acudan masivamente a una concentración en protesta por el cierre al tráfico rodado del puente sobre el río Sella.

Paulo García sostiene que su cierre al tráfico supondría bloquear la comunicación natural de un pueblo en dos, sin dar otra solución alternativa real al paso de los vehículos. Y además, no se explica cómo en el siglo XXI es inviable su realización.

Al debate ha entrado el presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que ha pedido públicamente a Lastra que “explique, desde un punto de vista técnico, qué es lo que ocurre en las pilastras, por qué no pueden soportar ese tráfico, y si esto es realmente un problema de seguridad, que nadie explica, o económico, como nos sospechamos”.

Una defensa a ultranza desde las filas del PP para la instalación de un puente alternativo tipo 'Mabey' mientras se realizan las obras de remodelación. Los 'Mabey' son un tipo de puente modular con capacidad para soportar grandes volúmenes de tráfico, permitiendo la circulación de vehículos.

La propia delegada presentó el pasado día 8 de abril el plan de movilidad. Durante su comparecencia ante los medios de comunicación incidió en que “con la voluntad de explorar todas las vías posibles”, llamó a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para solicitar la colaboración del Ejército.

Las tres alternativas

El Mando de Ingenieros del Ejército de Tierra se desplazó a Ribadesella para inspeccionar el terreno y elaboró un estudio técnico con tres posibles alternativas de paso provisional.

“Dos fueron descartadas por inviabilidad técnica”, detalló Lastra, “y la tercera que implicaba una gran obra civil con relleno de la ría y la instalación del único puente Mabey disponible tras la DANA de Valencia fue finalmente descartada por el propio Ejército, esa es la verdad, y los informes están ahí”, ratificó.

El conflicto por el puente de Ribadesella llegó a su punto más álgido cuando el enfrentamiento entre Alcaldía y Delegación del Gobierno se vio enconado aún más cuando desde las redes sociales se emprendió una campaña de desprestigio hacia la delegada del Gobierno, que ya ha sido denunciada ante la Guardia Civil.

Lastra ha asegurado que se están vertiendo contra ella “mentiras, infundios, calumnias, injurias e incluso mucho odio”, y en principio su denuncia va dirigida a identificar a los vecinos y vecinas que pueden estar detrás de esos mensajes que le están afectando tanto a ella personalmente como a su entorno familiar.

El proyecto

En abril de 2022, la entonces ministra de Transportes, Raquel Sánchez, acudió a Ribadesella para presentar el proyecto de rehabilitación. Pero los trabajos quedaron paralizados en septiembre de 2023, debido a problemas entre el Ministerio de Transportes y la unión de empresas encargadas de la reforma por el modificado de la obra ante el deterioro de las pilastras.

Un año y medio más tarde, la previsión apuntaba a que esta primavera se reforzarían las pilastras desde la plataforma del puente, lo que implicaría el cierre de uno de los carriles. Y a partir de julio, y hasta la primera quincena de septiembre se paralizarán las obras de nuevo debido a la masiva afluencia de turistas a la localidad riosellana.

Según las previsiones, a mitad de septiembre se retomarían las obras y durante 15 semanas quedará totalmente cerrado el paso al tráfico rodado y seguirá abierto a los peatones.

El Gobierno del Principado reunirá el próximo 10 de abril al Comité Consultivo del Lobo para informar sobre el programa anual de actuaciones de control de la especie, después de que el Congreso de los Diputados haya aprobado este jueves su salida del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre).

Así lo ha manifestado el consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, en una rueda de prensa, tras conocerse el acuerdo adoptado esta mañana por el Congreso de los Diputados.

El consejero ha afirmado que, al estar ya aprobado de manera anticipada el programa anual que recogía los controles a realizar en el marco del Plan de Gestión del Lobo de Asturias, el Principado va a convocar directamente el Comité para empezar a ejecutar extracciones en la comunidad autónoma.

La Administración autonómica publicará en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) la resolución que abrirá la vía para la extracción de ejemplares en zonas conflictivas. Esta medida permitirá volver a aplicar el plan de gestión de la especie en todos sus términos, incluidos los controles de población, paralizados desde 2021. 

La postura del Gobierno asturiano

La salida del lobo del Lespre ha sido recibida con satisfacción por el Ejecutivo autonómico, que desde el principio se había mostrado contrario a otorgar un grado de protección tan elevado a este cánido.

En un comunicado oficial, el Gobierno asturiano mantiene que siempre ha defendido la misma postura: la aplicación del plan de gestión autonómico, que permite la coexistencia de la especie con la práctica de la ganadería extensiva.

Los votos de los socialistas

Marcos ha expresado su satisfacción, en consonancia con la postura que el Gobierno del Principado ha defendido “claramente” en los últimos años, por la aprobación de la desprotección de la especie, que ha salido adelante como una enmienda de la Ley de prevención de las pérdidas y el desperdicio alimentario apoyada por PP, Vox, Junts y PNV, al tiempo que ha manifestado su “decepción” con el PSOE por no apoyarla.

No obstante, ha indicado que el voto en contra de los dos diputados asturianos del PSOE en el Congreso no es responsabilidad del Gobierno de Asturias ni del partido a nivel autonómico, ya que es una decisión del PSOE a nivel nacional, que se toma en la Comisión Ejecutiva Federal del PSOE, en el seno de los grupos parlamentarios socialistas en el Congreso y el Senado y el Gobierno de España.

Marcos ha reiterado que el Principado se ha venido posicionado “claramente” en contra de la inclusión del lobo en el Lespre, porque siempre ha entendido, en consonancia con “criterios científicos rigurosos”, que el estado de la población en el Principado era “favorable”.

En esta línea, ha defendido la aplicación del plan autonómico, que ha asegurado que es “equilibrado” y posibilita la coexistencia de estos cánidos con la práctica de la ganadería extensiva.

Presente en el 83 por ciento del territorio

Según ha afirmado, el lobo ocupa actualmente el 83 por ciento del territorio asturiano y su hábitat abarca una superficie de 8.300 kilómetros cuadrados, lo que asegura la sostenibilidad de la especie y garantiza su favorable estado de conservación.

Asturias cuenta ahora con 45 manadas, de las cuales 42 son reproductoras, de modo que la población estimada se sitúa entre los 360 y los 405 ejemplares.

Esta cantidad supone un crecimiento del 18,4 por ciento si se compara con los datos del período 2013-2018 y refleja la consolidación de la expansión de la especie.

También ha afirmado que la inclusión del lobo en el Lespre ha generado consecuencias negativas, con un incremento de las situaciones conflictivas relacionadas con la especie, como los ataques al ganado y una mayor sensación de inseguridad entre la población de la zona rural. 

La reacción de las asociaciones agrarias

Las asociaciones agrarias también han valorado la exclusión del lobo del Lespre, aunque algunas como Asaja han reclamado que se avance “en el mismo sentido al sur del Duero”, con un “cambio urgente de la normativa europea”.

En concreto, han demandado el cambio de la Directiva Hábitats, para que el lobo pase de ser una especie “estrictamente protegida” a simplemente “protegida” y salga inmediatamente del listado en toda Europa.

La valoración de Asaja

Para Asaja, la medida aprobada este jueves en el Congreso de los Diputados “es fundamental para devolver a las comunidades autónomas la capacidad de gestionar de forma adecuada esta especie según sus particularidades territoriales”.

En un comunicado, ha criticado “la postura del Gobierno y de quienes han preferido mantener la protección actual, priorizando la presencia del lobo frente al bienestar del sector ganadero”.

La opinión de COAG

La asociación agraria COAG también ha mostrado su satisfacción por su exclusión del Lespre ya que, según sus datos, los ataques del lobo al ganado han aumentado un 40 por ciento desde la inclusión de esta especie en el Lespre en 2022.

La exclusión del lobo “responde a una de las principales reivindicaciones de COAG durante los intensos procesos de movilizaciones llevados a cabo durante los últimos años”, ha asegurado el secretario general de la organización, Miguel Padilla, en un comunicado.

UPA y Unión de Uniones

UPA ha enfatizado que se trata de una medida que los ganaderos vienen reclamando desde que se tomó la decisión de establecer el máximo nivel de protección a este depredador que “está en expansión en nuestro país y causa graves daños a la ganadería, especialmente a la extensiva”.

Por su parte, Unión de Uniones ha indicado que los cambios aprobados relativos al lobo permitirán un mejor control de la sobrepoblación de este depredador y la protección más eficaz de los ganaderos frente a los ataques.

PP: “Los daños causados a ganaderías están disparados”

El presidente del PP asturiano, Álvaro Queipo, asistió a la sesión del Congreso de los Diputados y mostró su satisfacción por la salida del lobo del Lespre: “Esto es historia, llevamos peleando mucho tiempo porque se hiciera justicia y finalmente lo hemos conseguido”, fueron sus primeras palabras.

No obstante, ha criticado duramente la postura del PSOE por haber votado en contra de la enmienda, una postura que ha calificado como una “traición” al campo asturiano.

Foro: “La sobreprotección era un sinsentido”

El secretario general y portavoz parlamentario de Foro Asturias en la Junta General, Adrián Pumares, ha celebrado la aprobación en el Congreso de los Diputados de la iniciativa que permitirá volver a cazar al lobo al norte del Duero.

“Es una buena noticia que el Congreso haya aprobado que el lobo pueda volver a cazarse en esta zona. Esperamos que se acabe con el sinsentido de la sobreprotección del lobo y que se proceda a su exclusión del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre)”, afirmó Pumares.

El dirigente forista subrayó que ahora la responsabilidad recae en el Gobierno del Principado, al que instó a actuar con determinación en la gestión de la especie.

Pumares también reprochó la actitud de los diputados del PSOE por Asturias, que votaron en contra de la iniciativa: “Si los diputados del PSOE por Asturias fuesen coherentes, hubieran votado a favor de la propuesta. Aunque la realidad es que a estas alturas no esperamos ya nada de ellos”, lamentó.

Vox: “El lobo es una alimaña”

La portavoz de Vox en la Junta General, Carolina López, ha criticado este jueves la “hipocresía y falta de respeto” que a su juicio han demostrado los diputados del PSOE por Asturias por haber votado en el Congreso de los Diputados en contra de la desprotección del lobo.

La portavoz de Vox ha subrayado que los diputados socialistas han votado en contra pese a que el lobo “es una alimaña, un depredador natural que está causando un gran perjuicio para los ganaderos, para los productores de queso”, y ha añadido que “incluso ya supone un peligro para las personas”.

Francisco Álvarez-Cascos, exvicepresidente del Gobierno durante la etapa del PP de José María Aznar y expresidente del Principado con Foro Asturias, también va a recurrir en apelación la sentencia que le absolvió del delito continuado de apropiación indebida.

Aunque la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias le eximía de toda responsabilidad penal en el desvío de fondos del partido que fundó en 2011 con antiguos dirigentes del PP y con el que llegó a la presidencia del Ejecutivo asturiano, tras abandonar la militancia en el PP, no quiere que su nombre quede manchado con insinuaciones o con hechos “tergiversados” que, según sostiene, se apoyan en relatos basados en “juicios de valor contradichos por las evidencias”.

Reitera que sí existió la sede de Madrid del partido regionalista y niega que haya “descapitalizado Foro”; una descapitalización de la que responsabiliza a la presidenta de Foro Asturias y actual alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

La defensa prepara el recurso

El abogado defensor, Luis Tuero, prepara ya el recurso de apelación que interpondrá ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) contra la sentencia absolutoria dictada, el pasado mes de febrero, por los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias.

Francisco Álvarez-Cascos quiere con este recurso evitar que prosperen las peticiones de la Fiscalía y la acusación particular, que ejercita en nombre de Foro Asturias el letrado Luis Llanes, para que el juicio se repita con la composición de otro tribunal.

La “indefensión” de la Fiscalía

La Fiscalía recurrió la sentencia absolutoria tras alegar la existencia de una infracción de normas o garantías procesales, en infracción de ley en la concepción del delito de apropiación indebida y en un error en la valoración de la prueba.

A juicio de la acusación pública, la sentencia absolutoria incurre en “déficit de motivación y en falta de racionalidad y lógica”.

Además, el fiscal Enrique Valdés-Solís incidía en que el tribunal de la Sección Tercera le situó en una “clara indefensión” al inadmitir la documentación que presentó con anterioridad al juicio y que fue la que determinó la modificación de su escrito de conclusiones provisionales, tanto en cuanto al relato como a la pena solicitada.

La documentación que llegó a Anticorrupción

Un cambio que vino motivado por la recepción de nueve cajas de documentación que llegaron a la Fiscalía Anticorrupción con datos y fechas de actuaciones presuntamente delictivas de Álvarez-Cascos. La Fiscalía, que pedía inicialmente una pena de dos años de cárcel, elevó su solicitud a tres años y medio de prisión tras examinar todas las facturas recibidas.

Durante la vista oral, cifró el perjuicio económico ocasionado a Foro Asturias en 181.648 euros, cargados al partido entre 2011 y 2017, por gastos personales frente a los 7.793 euros que le imputaba inicialmente, una vez valorada la documentación que llegó a Anticorrupción.

Foro Asturias también recurre la absolución

La Sala de lo Civil y Penal del TSJA también tendrá sobre la mesa el recurso de apelación anunciado por Foro Asturias.

La acusación particular comparte los argumentos de la Fiscalía e imputa al expolítico gijonés el uso indebido de fondos del partido para gastos personales, de su familia y de su entorno más próximo.

Entre los gastos denunciados figuraban desde una cama o visillos a la entrada a museos, partidos de tenis, zapatos, almuerzos, la renovación de su licencia de pesca, viajes, billetes de AVE y estancias en hoteles por actividades ajenas a su actividad política.

Las alegaciones del exministro

El exministro de Fomento ha trasladado a su defensa su intención de que la sentencia final no recoja aquellos hechos que se dan como probados y con los que él no solo discrepa sino que niega rotundamente.

Entre las razones que aduce se encuentra la supuesta tergiversación que la Fiscalía hizo en su exposición de hechos ya que, a su juicio, se basaban en “juicios de valor contradichos por las evidencias, por las pruebas aplastantes aportadas por los propios querellantes y por todos los testimonios convincentes aportados por personas independientes que acreditaron la veracidad de los hechos”.

Reitera, como ya mantuvo en la vista oral del juicio, que sí existió la sede que Foro Asturias tenía en Madrid, como tanto él como exdirigentes políticos afines a él y la galerista María Porto, su tercera exesposa, ratificaron ante el tribunal.

La sede de Madrid “sí existió”, reitera Álvarez-Cascos

A través de una videoconferencia, María Porto explicó que Foro Asturias Ciudadanos (FAC) disponía de una oficina en el Paseo de la Castellana en Madrid que le alquilaba la empresa Cinqualium, de la que ella empezó a llevar la administración y gestión a raíz de que su entonces esposo le cediera las acciones cuando él no pudo continuar por su dedicación a la actividad política.

Álvarez-Cascos ha trasladado a su abogado defensor que tampoco está conforme con la forma en que la Fiscalía se refirió a la sede, que afirma que está acreditado que tenía en Madrid y que fue la única de las 26 que tenía el partido que pasaron por la Comisión Directiva para el contrato y para su resolución.

La revisión del caso, en manos del TSJA

La pelota ahora está en el tejado del TSJA que tendrá que ver si valida y confirma la sentencia de la Audiencia Provincial que eximía de responsabilidad penal al expolítico gijonés por el que afrontaba una petición de las acusaciones pública y particular de tres años y medio de cárcel frente a la tesis que prosperó de su defensa de libre absolución.

En la sentencia, a la que ha tenido acceso elDiario.es, los magistrados argumentaban que los pagos que recibió Álvarez-Cascos del partido eran para saldar deudas, además, el acusado no podía acceder directamente a ese dinero, sino que los gastos que Álvarez-Cascos adelantaba se le compensaban luego mediante un procedimiento de pago reglado establecido por el propio partido (mediante la presentación de tickets y facturas).

Además, los magistrados afirman que ese procedimiento de pago era supervisado por un órgano del partido –la Comisión Directiva– y que “nadie cuestionó” esas partidas de gastos.

El principal partido de la oposición en Asturias, el Partido Popular de Álvaro Queipo acaba de firmar un pacto de colaboración, a nivel parlamentario, con Foro Asturias, partido fundado por Francisco Álvarez-Cascos. El presidente del PP asturiano y Adrián Pumares, secretario general de Foro Asturias, presidido por la alcaldesa de Xixón, Carmen Moriyón, han firmado un acuerdo que califican de “histórico” para el centro derecha en Asturias “y responde a lo que reclama la sociedad asturiana”.

Este acuerdo, rubricado por todo lo alto en el Salón Europa del parlamento asturiano, supone materializar de manera “oficial” el proceso de acercamiento que ya habían iniciado ambas formaciones políticas hace meses, con una colaboración que les llevará de la mano en el planteamiento de propuestas, estrategias e iniciativa política, destacan, “para ayudar a una Asturias mejor que necesita saber que también hay un futuro mejor”.

En virtud de este acuerdo, que garantiza, según los firmantes, la autonomía e independencia de ambas formaciones y tampoco implica, dicen, ninguna cesión en relación con los principios ni líneas ideológicas, los dos partidos se comprometen a trabajar de manera conjunta en la cámara asturiana “para defender los intereses del Principado ante los vaivenes del gobierno de Pedro Sánchez”.

Por ello, se han comprometido a celebrar reuniones periódicas para la fijación de posturas conjuntas y estrategias compartidas.

El acto, celebrado a las doce del mediodía, ha contado con representantes de las dos formaciones políticas firmantes.

Foro Asturias, el partido regionalista que fundó en 2011 el exministro Francisco Álvarez-Cascos con antiguos militantes del PP, ha tardado en adoptar la decisión y se lo ha pensado mucho, pero finalmente ha acordado recurrir en apelación la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias que, el pasado mes de febrero, absolvió al exvicepresidente del Gobierno y expresidente del Principado de un delito continuado de apropiación indebida.

El partido imputaba al expolítico gijonés el uso indebido de fondos del partido para gastos personales, de su familia y de su entorno más próximo, entre los que figuraban desde una cama o visillos a la entrada a museos, partidos de tenis, zapatos, almuerzos, la renovación de su licencia de pesca, viajes, billetes de AVE y estancias en hoteles por actividades ajenas a su actividad política.

Los testigos afines a Álvarez-Cascos

Sin embargo, los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Asturias concedieron una mayor credibilidad a la declaración de testigos afines a Álvarez-Cascos que formaban parte de su entonces Comisión Directiva, entre ellos al exidiputado Pelayo Roces, que sostuvieron en la vista oral que habían accedido a las peticiones que el expresidente había impuesto como condiciones para su regreso a la política activa para intentar acceder a la presidencia del Principado.

Entre otros requisitos, había reclamado mantener su nivel de ingresos -que rondaban una media de 90.000 a 100.000 euros anuales- y que pudiera seguir conciliando su vida familiar con la laboral realizando visitas a sus hijos que residían fuera del Principado.

El tribunal estimaba que ese acuerdo era “razonablemente comprensible para motivar a la persona buscada para liderar el proyecto político que se ponía en marcha”, dando así más veracidad a las declaraciones de testigos que consideraba que fueron “destacados en la génesis y ulterior acción del partido”, como Isidro Martínez Oblanca, Pedro Leal, Javier Canal, José Ramón Campo y Pelayo Roces.

Condiciones pactadas en una sidrería de Gijón

Unas condiciones, selladas en una sidrería de Gijón, y que eran desconocidas para la actual dirección del partido, que preside la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, quien denunció los hechos ante la Fiscalía y ratificó la versión del contenido de la querella interpuesta contra Álvarez-Cascos por el supuesto desvío de fondos durante el juicio, desarrollado a lo largo de seis sesiones.

El secretario general y diputado de Foro Asturias, Adrián Pumares, ha confirmado a elDiario.es Asturias que el partido ha decidido adherirse al recurso de apelación que interpuso la Fiscalía para que se anule la sentencia y se repita el juicio con la composición de un nuevo tribunal.

El abogado Luis Llanes, que ejercitó la acusación particular en el juicio, asumirá de nuevo la representación del partido con la adhesión al recurso de la Fiscalía dentro del plazo de diez días que se abre a partir de ahora y que se ha notificado este mismo viernes.

Un ánimo de “lucrarse”

La Fiscalía anunció, el pasado 21 de febrero, que recurría en apelación y su contenido era un duro alegato en contra de la argumentación del tribunal.

El fiscal Enrique Valdés-Solís siguió la tónica de la que había dado muestra en el juicio. Así, reiteró que Álvarez-Cascos había mantenido una conducta “claramente delictiva” y dirigida por un “ánimo palmario de lucrarse” a costa de “descapitalizar” a Foro Asturias.

Las cuantías presuntamente 'desviadas'

El Ministerio Fiscal cifró el perjuicio económico causado al partido en 181.648 euros frente a los 218.000 euros en que cuantificaba el partido la cantidad presuntamente desviada por su exlíder.

Foro Asturias no se esperaba la sentencia absolutoria y sus actuales dirigentes expresaron, a través de un comunicado, nada más conocer la resolución judicial que “consideraba cumplido su deber político, ético y moral al haber adoptado la decisión, inédita en la historia democrática de España, de sentar en el banquillo de los acusados a su expresidente”.

La Fiscalía del Principado ha recurrido la sentencia de la Audiencia Provincial de Asturias que a principios de este mes absolvió al exvicepresidente del Gobierno y exministro de Fomento con el PP, Francisco Álvarez-Cascos, de un delito continuado de apropiación indebida por el uso de fondos del partido Foro Asturias, del que fue fundador, para gastos personales y de su familia.

El Ministerio Fiscal ha interpuesto este viernes un recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) donde solicita la repetición del juicio oral que se celebró ante los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial.

El recurso se basa en la existencia de una infracción de normas o garantías procesales, en infracción de ley en la concepción del delito de apropiación indebida y en un error en la valoración de la prueba.

La Fiscalía pide que el juicio se vuelva a celebrar con una nueva composición del tribunal, por ser imposible, de acuerdo con la legislación vigente, que el acusado sea condenado por el TSJA.

La “indefensión” de la Fiscalía

A juicio de la acusación pública, la sentencia absolutoria incurre en “déficit de motivación y en falta de racionalidad y lógica”.

La Fiscalía ha optado por recurrir la sentencia al considerar que el tribunal de la Sección Tercera le ha situado en una “clara indefensión” al no haber admitido la documentación que presentó con anterioridad al juicio y que fue la que determinó la modificación de su escrito de conclusiones provisionales, tanto en cuanto al relato como a la pena solicitada.

Un cambio que vino motivado por la recepción de nueve cajas de documentación que llegaron a la Fiscalía Anticorrupción con datos y fechas de actuaciones presuntamente delictivas de Álvarez-Cascos. La Fiscalía, que pedía inicialmente una pena de dos años de cárcel, elevó su solicitud a tres años y medio de prisión tras examinar todas las facturas recibidas.

La Fiscalía sostiene que el tribunal le dejó en una situación de indefensión al rechazar una prueba "esencial y de forma incorrecta". Una prueba que consistía en una documentación que avalaba queÁlvarez-Cascos cargó al partido, entre 2011 y 2017, gastos personales que ascendieron a 181.648 euros frente a los 7.793 euros que le imputaba inicialmente y que motivaron que variara su petición de condena inicial de dos años de cárcel a tres años y medio de prisión

Una petición más elevada de cárcel que respondía al hecho de que en esa documentación se podía comprobar que el monto económico que presuntamente había desviado el exvicepresidente del Gobierno durante la etapa de José María Aznar era mucho mayor.

Asi, la Fiscalía estimaba que Álvarez-Cascos cargó al partido, entre 2011 y 2017, gastos personales que ascendieron a 181.648 euros frente a los 7.793 euros que le imputaba inicialmente

Rechazada la “prueba esencial”

Para la Fiscalía, esta documentación era “una prueba esencial”, que además, fue rechazada por la Sala “de forma incorrecta”.

En su recurso, la acusación incide en que la nueva documental fue propuesta “en tiempo y forma”, fue aceptada en un primer momento mediante providencia, admitida en el juicio oral se llegó incluso a exhibir parte de la misma y, posteriormente, en la sentencia, se ha excluido.

Igualmente, considera que tanto la modificación de las conclusiones del Ministerio Fiscal como el contenido de la misma, “censurado por el tribunal,” -afirma- se realizó de forma pertinente, tal y como fundamenta a lo largo de las veinte páginas del recurso, apoyado en numerosa jurisprudencia.

Los errores detectados

Asimismo, resalta que la sentencia infringe los artículos 786.2. y 788.5 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, así como el artículo 24.1 de la Constitución española, ya que el Ministerio Fiscal también es titular del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva, en la variante de posibilitar el acceso a los distintos medios de prueba para garantizar su intervención en el proceso.

La Fiscalía entiende que se produce igualmente una infracción de ley, en tanto en cuanto la sentencia considera que los hechos no subsumen en delito de apropiación indebida, lo cual, “aparte de discreparse en la valoración probatoria, no se comparte por el Ministerio Fiscal”.

La calificación

Recuerda que la acusación se formulaba por un delito de apropiación indebida en su modalidad de distracción, y sostiene que “parece deducirse del sentido de la sentencia” que el tribunal se centra en la modalidad clásica de apropiación, consistente en una recepción previa de un objeto o dinero.

“El tribunal considera que falta el requisito de recepción de metálico con obligación de restituirlo, pero ese requisito, en la modalidad de distracción, queda superado por la tenencia del control del mismo y la disposición a una finalidad distinta a la legítima”, advierte.

La sentencia absolutoria

En la sentencia, a la que tuvo acceso elDiario.es Asturias, los magistrados argumentan que los pagos que recibió Álvarez-Cascos del partido eran para saldar deudas, además, el acusado no podía acceder directamente a ese dinero, sino que los gastos que él adelantaba se le compensaban luego mediante un procedimiento de pago reglado establecido por el propio partido (mediante la presentación de tickets y facturas).

La Sala afirma en su resolución que ese procedimiento de pago era supervisado por un órgano del partido –la Comisión Directiva– y que “nadie cuestionó” esas partidas de gastos.

El tribunal alega que no se pudo determinar si determinadas actividades por las que Álvarez-Cascos recibió pagos del partido (por ejemplo, acudir a espectáculos) se deben enmarcar o no en el contexto de las funciones de una formación política.

Los argumentos del tribunal

Si esas actividades, dicen los jueces, permiten sugerir “su distanciamiento de la acción del partido”, por lo que “cabría su reprobación”, no obstante recuerdan que el acusado y varios testigos aseguraron en el proceso que el pago de esas actividades entraba dentro del acuerdo previo para que el Álvarez-Cascos no perdiera poder adquisitivo.

El expresidente del Principado, exvicepresidente del Gobierno y exministro de Fomento cargó a Foro Asturias, entre otros gastos personales, entradas para sus hijos a la Copa Davis, una cama, visillos, almuerzos y estancias en hoteles para él y su familia.

Todos estos gastos fueron justificados por el acusado en la necesidad de mantener su nivel de vida en Asturias si accedía a regresar a la política activa presentándose a la presidencia del Principado con el partido que él y un grupo de antiguos militantes del PP habían fundado.

Sus retribuciones anuales rondaban entonces entre 90.000 y 100.000 euros; unas cantidades que, según la sentencia, fueron admitidas por esos directivos afines a Álvarez-Cascos.

De momento, Foro Asturias aún no ha anunciado públicamente si finalmente va o no a recurrir en apelación la sentencia absolutoria contra el expolítico gijonés.

El fiscal Enrique Valdés-Solís ha asegurado este viernes que el exvicepresidente del Gobierno y expresidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, cometió un delito continuado de apropiación indebida por el desvío a su patrimonio personal de fondos de Foro Asturias Ciudadanos (FAC), en una conducta que ha definido como “claramente delictiva” y dirigida por un “ánimo palmario de lucrarse” a costa de “descapitalizar” al partido regionalista que él mismo fundó en 2011, tras abandonar el PP.

Con esta argumentación, la Fiscalía ha mantenido su petición de pena de tres años y medio de cárcel para el exministro de Fomento durante la etapa de gobierno de José María Aznar por haber ocasionado al partido un perjuicio económico que cifra en 181.648 euros en la sexta y última sesión del juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo.

Las peticiones de pena

Aunque inicialmente estaba previsto que la vista oral que comenzó el pasado día 7 de enero concluyera el próximo viernes, día 31, finalmente el tribunal de la Sección Tercera ha acordado que las conclusiones definitivas y los informes de la Fiscalía, acusación particular -que ejercita Foro Asturias- y la defensa se adelanten a esta jornada, tras la celebración de la prueba pericial.

El abogado Luis Llanes, que ejercita la acusación particular, ha solicitado la misma condena que la Fiscalía, al sostener que Álvarez-Cascos cobró indebidamente 219.000 euros de Foro Asturias en gastos suyos y de sus hijos en un claro caso de “nepotismo” .

El abogado defensor, Luis Tuero, ha interesado su libre absolución por entender que “ni ha cometido ni ha realizado ninguna conducta encardinable con cualquier tipo penal”.

En caso de que esta petición absolutoria no prospere, la defensa ha propuesto subsidiariamente que se aprecien las atenuantes de dilaciones indebidas y la cuasi-prescripción del procedimiento.

Las justificaciones del procesado

Álvarez-Cascos ha utilizado el turno de última palabra en el juicio para asegurar que una vez finalizado el juicio “se va con la conciencia tranquila” porque lo más importante de una persona es su palabra y él ha cumplido con la palabra dada “a los gijoneses, a los asturianos y a los españoles” durante su gestión política a lo largo de más de 40 años, primero con el PP -donde militó durante 34 años- y más tarde con FAC.

Para el expresidente, Foro Asturias se ha caracterizado durante su etapa por ser un partido donde “no había ánimo de lucro y sí una enorme transparencia”. Asimismo ha afirmado que a él no le pagaron “ningún gasto suntuario”.

Los argumentos del fiscal

La sesión ha comenzado con la prueba pericial y seguidamente ha llegado el turno de los informes de las partes. El fiscal ha sido muy duro en su intervención y ha reprochado con contundencia el comportamiento de Álvarez-Cascos. Ha considerado acreditado que de las pruebas practicadas se ha podido ratificar que su conducta ha sido “desleal, ilegítima y delictiva” y estaba dirigida a “lucrarse”.

“El ánimo de lucro es palmario, significa por un lado que se carga a Foro gastos que debería haber pagado con su peculio y, por otro, es una salida de capital de Foro para integrarlo en su patrimonio”, ha manifestado.

Las justificaciones ofrecidas por el acusado son, a juicio de la Fiscalía, “inaceptables” porque no hay “honestidad”, sino que “se trata de defender lo injustificable”.

La calificación correcta es la de apropiación indebida; es el mismo delito que en el caso de José Ángel Fernández Villa (el exlíder minero) y no queda amparada por la legalización de la actuación que hizo el exdiputado Pelayo Roces, que en tal caso estaría también embarrada hasta la cintura

Enrique Valdés-Solís — Fiscal

Según el Ministerio Público, la calificación correcta es “la de apropiación indebida” y la ha comparado con el caso de la sentencia del exlíder minero asturiano José Ángel Fernández-Villa, en la que se confirmó la condena por el desvío de dinero en las obras de construcción de un geriátrico, ubicado en el municipio asturiano de Aller, que fueron financiadas con cargo a los fondos mineros.

Ha sostenido que, en el caso de Álvarez-Cascos, también se trata de una causa por apropiación indebida que no queda amparada por la legalización de la actuación del exdiputado Pelayo Roces, que “en tal caso estaría también embarrada hasta la cintura”. Pelayo Roces era quien llevaba el control económico de facto en FAC, al carecer el partido en su organigrama de un tesorero y había admitido en el juicio que había dado la instrucción de que “si no había mariscadas, puticlubs o cocaína, se le pagaba todo” a Álvarez-Cascos.

Los testigos “muy leales” al acusado

Enrique Valdés-Solís también ha cuestionado la falta de objetividad en las declaraciones de algunos testigos “muy leales” a Álvarez-Cascos que han declarado a su favor puesto que “han defendido lo indefendible” y ha citado expresamente al exdiputado Pedro Leal ya que el representante del Ministerio Púbico opina que podría haber incurrido en un delito de falso testimonio.

Unos testigos a los que ha restado toda clase de credibilidad porque, a su juicio, han ofrecido unas declaraciones “artificiosas”y donde han utilizado incluso las mismas expresiones. Además, ha censurado que quieran convertir “lo ilegítimo en legítimo” y que den cobertura a que todos los gastos eran justificados por las condiciones de la oferta para su regreso a la vida política activa, cuando cobró gastos personales procedentes de “fondos públicos” del partido.

Los ingresos anuales de Álvarez-Cascos

A lo largo de estas seis sesiones, el propio Álvarez-Cascos y el entorno de exdiputados y exsenadores más próximos a él han sostenido que su regreso a la política activa como líder de Foro Asturias se pactó en una sidrería de Gijón con la condición de que no perdiera poder adquisitivo, con unos ingresos anuales a los que tenía en torno a 90.000 y 100.000 euros, mantuviera el mismo nivel de vida y pudiera seguir viendo a sus hijos.

La Fiscalía ha incidido en estos extremos al detallar los ingresos del expolítico: en 2012 cobró 152.000 euros; en 2013 fueron 160.000 euros; en 2014 la cantidad ascendió a 184.000 euros; en 2015 tuvo unos ingresos declarados de 135.000 euros; en 2016 percibió 96.000 euros anuales y en 2017 la cuantía fue de 102.000 euros.

Hoteles, comidas, flores y espectáculos pagados a los hijos

A la vista de estas cantidades económicas, el fiscal considera que su “ánimo de lucro” fue “palmario”, dado que llegó a cobrar gastos personales que facturó al partido de hoteles y restaurantes, comidas a domicilio, billetes de AVE, zapatos de la marca Callaghan, o entradas para la Copa Davis y el Circo del Sol, unas bermudas, un polo, la renovación de su licencia de pesca o las pruebas psicotécnicas para el carné de conducir que “debería haber pagado con su peculio”.

Especialmente ha criticado que siendo ministro de Fomento con el PP pasara los gastos a Foro Asturias de la estancia y comidas en Galicia cuando acudió como testigo al juicio del Prestige.

Unos gastos que además se extendían a sus hijos, con los que acudió a los partidos de tenis y que compartieron estancias de hotel y comidas, e incluso a su suegro -el padre de su tercera exmujer, María Porto- quien estuvo alojado en el hotel La Campana, en Asturias, junto al resto de los familiares, sin tener relación alguna con la actividad política.

“En el partido se hacía 'Lo que diga Cascos' y nadie le tosía”

En su descripción sobre el funcionamiento del partido regionalista durante su etapa como presidente el fiscal ha destacado una frase que pronunció durante su declaración el testigo Ignacio Iglesias, miembro de la comisión directiva entre 2012 y 2016 y concejal de FAC en el concejo asturiano de Noreña, quien afirmó que en el partido tenían una frase para todo: “LQDC que quería decir lo que diga Cascos”.

Una expresión que se extendía “a las decisiones económicas” y con la que la Fiscalía ha resumido que al expresidente “nadie le tosía” y él era quien decidía “todo” porque en esa oferta inicial para convencerle para liderar el partido “en ningún caso aparecen complementos, ni gastos de representación, ni de libre disposición, sino que fue una convalidación posterior porque no se discutía nada de lo de Cascos”.

Enrique Valdés-Solís se ha mostrado especialmente duro con el comportamiento del acusado y con sus alegaciones de que los gastos estarían justificados en su dedicación absoluta al partido, las 24 horas del día, sin vacaciones y sin indemnización; unas argumentaciones que ha echado por tierra la acusación pública.

La sede de Madrid alquilada a una empresa del matrimonio

“El trabajo intenso que dice, que es exagerado, no justifica tampoco que en vacaciones se puedan pagar sus gastos personales”, ha añadido.

Unos gastos que incluían desplazamientos, al menos dos veces al mes a Madrid, para ver a sus hijos y en vacaciones a Andalucía que también han sido cuestionados por el fiscal, quien ha llegado a decir que deberían haber sido cubiertos exclusivamente por el acusado.

“Si sus hijos llegan a estar en Nueva York, ¿le pagamos también el vuelo?”, ha interpelado con ironía.

Sobre la sede en el paseo de la Castellana, en Madrid, alquilado a la empresa Cinqualium, cuya administración llevaba su tercera exmujer, María Porto y cuya existencia se ha cuestionado a lo largo del juicio, el fiscal ha explicado que la prueba contra el acusado es más contundente: “No se discute que la sede existía, pero sí que se alquila para obtener dinero y se pretende blanquear con la presencia en ella del exsenador Isidro Martínez Oblanca, ya que antes se intentó blanquear con el exdiputado Enrique Álvarez Sostres, pero no funcionó”.

Aquí no se trata de una vendetta de carácter político. Se pusieron los hechos en conocimiento de la administración de Justicia por higiene democrática a raíz de la auditoría encargada por la actual comisión directiva. No fueron unos hechos aislados sino que fueron trazados para convertir al partido en una trama para mantener su modo de vida

Luis Llanes — Abogado de la acusación particular en representación de Foro Asturias Ciudadanos (FAC)

El informe de la acusación particular

El abogado de la acusación particular, Luis Llanes, negó que esta querella que partió de la actual comisión directiva que encabeza la presidenta de FAC y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, se deba a una “vendetta de carácter político”, ya que se decidió poner los hechos en conocimiento de la administración de Justicia “por higiene democrática” a raíz de la auditoría encargada cuando asumió el relevo de Álvarez-Cascos.

Luis Llanes considera que no fueron unos hechos aislados sino que, en su opinión, fueron trazados para “convertir al partido en una trama” para mantener su modo de vida.

Ha afirmado que Álvarez-Cascos, previamente a la oferta para fundar FAC, había sido “cortejado por el PP” para volver a la vida política activa y tenía a su alrededor a una “legión de incondicionales que creían que él era el Mesias”; y se rodeó de acólitos que se limitaban “a hacer lo que él decía”.

En esta “tormenta perfecta” creó un partido a su medida donde no había nombrado un tesorero, ni había mecanismos de control; convergiendo en el líder “todas las prebendas” en esa estructura que él había creado. Ha ido desgranando todos los gastos cargados a FAC y ha coincidido en todas sus apreciaciones con la Fiscalía.

¿Por qué dice que la licencia de pesca la pagó el partido? La pagó la secretaria y ahí está el justificante bancario; hay que ver todo en su totalidad porque la realidad se tergiversa, pero es machacona y constante

Luis Tuero — Abogado de la defensa

Los alegatos de la defensa

Luis Tuero ha lamentado que muchas declaraciones a favor de su defendido se pongan en cuestión cuando, según su versión, son verídicas y responden a la verdad: “¿Por qué dice que la licencia de pesca la pagó el partido? La pagó la secretaria y ahí está el justificante bancario; hay que ver todo en su totalidad porque la realidad se tergiversa, pero es machacona y constante”, ha aseverado.

También ha rechazado que, tal y como mantienen las acusaciones, FAC haya abonado los gastos de un procurador en un pleito por el despido de uno de los hijos del procesado: “Aquí lo que es blanco se torna a negro y los nubarrones se ciernen sobre mi cliente. Esa factura también la pagó Álvarez-Cascos”, ha puntualizado.

Luis Tuero ha tratado de desmontar las contradicciones en las que, según ha asegurado, incurre el abogado de la acusación particular: “en 2012 dijo que las cuentas eran opacas y ahora, el mismo abogado dice que las cuentas estaban a disposición de los militantes”.

También ha descartado cualquier tipo de comparación con el caso del exsecretario general del SOMA-UGT, José Ángel Fernández Villa, condenado por el caso Hulla como llegó a plantear la acusación.

“Son situaciones diferentes. En el caso de Villa se hablaba de 417.000 euros y aquí hablamos de otra cosa. Era un dinero que tenía que devolver. No es lo mismo”, ha reiterado.

Álvarez-Cascos utiliza el turno de última palabra

Momentos antes de que el presidente del tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial, el magistrado Javier Domínguez Begega, anunciara que el juicio quedaba visto para sentencia ofreció al acusado la posibilidad de utilizar el turno de última palabra y Álvarez-Cascos no desperdició la ocasión.

Durante esta última sesión había estado tomando notas en una hoja y la utilizó a modo de guión. En primer lugar se dirigió al tribunal para mostrar su gratitud “después de los grandísimos trabajos para esclarecer los hechos que han provocado esta querella”.

Seguidamente ha reconocido que a lo largo de estas seis sesiones de juicio ha escuchado relatos “verdaderamente artificiosos” porque con las argumentaciones de las acusaciones aplicado a la actividad política “todos los senadores y diputados de España podrían ser procesados y sentados en un banquillo por sus gastos de libre disposición y los gastos que regulan la actividad de un dirigente de un partido político. Todos sin excepción”.

He sufrido una campaña de alquitrán mediático sobre mi persona.Tuve plena dedicación a Foro Asturias y nula voluntad de enriquecimiento. En todos los gastos que pagó el partido no hay ni uno solo suntuario ni que salga fuera de lugar

Francisco Álvarez-Cascos — Acusado. Exvicepresidente del Gobierno con el PP, expresidente del Principado de Asturias y expresidente de Foro

La poesía de Machado y los aplausos

Ha reiterado, de nuevo, su “plena dedicación” a FAC y su nula “voluntad de enriquecimiento”. Ha recalcado que en todas las facturas cargadas a Foro Asturias no hay ni un solo gasto “suntuario” ni que salga “fuera de lugar”.

En varios momentos de su intervención se ha mostrado emocionado y con la voz entrecortada ha recordado que a raíz de la querella presentada por los actuales dirigentes de Foro, se siente “invalidado civil y políticamente”.

“He sufrido una campaña de alquitrán mediático sobre mi persona”, ha denunciado. En su largo turno de última palabra ha citado a Antonio Machado y su poesía sobre la verdad que, según ha indicado, se puede ver en las 113 actas de las comisiones directivas de Foro que fueron aportadas a la causa y calificó de “pasmoso” y “doloroso” que algunas de las personas que las firmaron en su día hayan prestado declaraciones contradictorias ante el tribunal.

Tras las palabras de Álvarez-Cascos y segundos después de que el presidente del tribunal anunciara que el juicio quedaba visto para sentencia, varias personas que estaban asistiendo a la vista oral como público irrumpieron en aplausos; una circunstancia que llevó al magistrado a advertirles que se encontraban en una sala de audiencias y “no estaban en un teatro”.

Foro Asturias Ciudadanos (FAC) contaba en su plantilla con una secretaria que hacía “favores personales” a Francisco Álvarez-Cascos cuando el entonces presidente del partido regionalista le pedía que renovara su licencia de pesca, porque él no podía desplazarse desde Madrid y cuyas tasas reintegraba posteriormente a su cuenta bancaria a través de una transferencia.

Otro ejemplo: uno de sus dos chóferes habituales trajo en una ocasión en un todoterreno a la sede de Oviedo “una cama plegable, envuelta en plástico” que procedía de las oficinas que tenían en el madrileño Paseo de la Castellana que habían sido alquiladas a la empresa 'Cinqualium', de la que era administradora la tercera exmujer del expolítico gijonés, una vez que se había decidido en 2015 su cierre tras el fracaso electoral.

Han sido dos testimonios relatados por los testigos en la sala de vistas de la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo, en el juicio que se sigue contra Álvarez-Cascos como presunto autor de un delito continuado de apropiación indebida.

La dinámica del partido

Son dos situaciones que pueden dar una idea aproximada de la dinámica sobre algunas particularidades del funcionamiento del partido durante una etapa que, según han definido algunos de los miembros de la entonces Comisión Directiva, se caracterizaba por regirse de un modo “presidencialista”.

La Fiscalía y la acusación particular, que ejercita el abogado Luis Llanes en representación de FAC, solicitan tres años y medio de cárcel para Álvarez-Cascos. Su abogado defensor, Luis Tuero, pide la absolución al negar que el acusado desviara fondos del partido a su patrimonio personal.

El alquiler de la sede madrileña

El Ministerio Público cuantifica en 181.648 euros los gastos personales facturados a FAC; una cuantía que el partido regionalista que Álvarez-Cascos fundó junto a antiguos dirigentes del PP asturiano eleva a 219.000 euros.

Foro Asturias llegó a pagar 173.855 euros en concepto de alquiler por la sede del Paseo de la Castellana, en Madrid, que, según las acusaciones pública y particular, era “ficticia” y que el entorno más afin al expresidente asturiano sostiene que era“real” y estaba perfectamente amueblada, con carteles y logos del partido e incluso tenía una bandera de España con la que se podía colegir que era una sede política.

Esta mañana se ha celebrado la quinta sesión de la vista oral con la que ha finalizado la prueba testifical. Una jornada a la que se ha podido reincorporar el acusado, ya recuperado. Él mismo ha hecho entrega, en pleno juicio, del informe médico que avala que tuvo que ausentarse ayer debido a la indisposición que sufría como consecuencia de los mareos y vómitos que había tenido la noche anterior después de haber recibido diálisis peritoneal.

Sus problemas de salud motivaron que su abogado defensor, Luis Tuero, solicitara al tribunal que se le dispensara de estar presente en la sala; una circunstancia “excepcional” que fue adoptada de acuerdo con las acusaciones pública y particular, que ejercita FAC.

Sin objeciones para que mantuviera el mismo estatus

FAC era el partido que antiguos dirigentes del PP regional echaron a andar tras “convencer” al exvicepresidente y exministro de Fomento durante la etapa de José María Aznar para que fuera su “líder” y lograran llegar hasta la sede de la Presidencia del Principado.

Ellos, en agradecimiento por su regreso a la política activa, no pusieron objeciones para cumplir las condiciones que pidió para volver a Asturias: “seguir manteniendo su estatus económico y poder conciliar su actividad política con su vida familiar” y ello implicaba que cubrieran sus gastos personales, entre los que estaban sus desplazamientos fuera de la comunidad autónoma para visitar a sus hijos.

Han alegado que no pusieron impedimento alguno a los gastos personales porque, según su declaración, “eran gastos normales”, “no se iba a traer a un líder por mil euros al mes” o “si no había mariscadas, puticlubs o cocaína, se pagaba todo”.

Los favores “personales”

Muchos de estos antiguos militantes, exdiputados y exsenadores de Foro Asturias, han descrito en sala a un Francisco Álvarez-Cascos que trabajaba a tres turnos y dedicaba las 24 horas del día al partido y al Ejecutivo regional. El mismo presidente del Principado que lo mismo enviaba un correo electrónico a las “dos o tres de la madrugada” que pedía a una secretaria que le renovara su licencia de pesca y que ella hacía “como un favor personal”.

En esta jornada han comparecido una decena de testigos: cinco de ellos a través de videoconferencias desde A Coruña y Pontevedra, en Galicia, desde Pozuelo de Alarcón y Majadahonda, en Madrid, y desde Logroño y otros cuatro presenciales ante los magistrados de la Sección Tercera.

Todos los testigos que han declarado en esta jornada habían sido propuestos por la defensa y todos ellos han coincidido en que los gastos que pasó al partido Álvarez-Cascos estaban justificados por su actividad política.

El juicio del Prestige y la compra de zapatos

Entre los testigos citados estaba la abogada del Estado Consuelo Castro. El interrogatorio de la defensa se centró en conocer si mantuvo una reunión en A Coruña con el expolítico en los días previos al juicio del Prestige. Ella respondió que conoció por razones profesionales a Álvarez-Cascos a raiz de ese procedimiento penal y, a preguntas de la acusación particular sobre si habían ido juntos a comer, ella ha contestado que “cree que no”.

Hasta los más mínimos detalles sobre las facturas han llevado a la defensa a citar a algunos testigos para corroborar que su cliente no se aprovechó del partido para gastos personales. Es el caso de la citación de Salvador Marín, director financiero de la empresa de calzado que comercializaba los zapatos de la marca Callaghan a la que el expresidente de FAC encargó y pagó 29 pares desde el año 2013.

La asistencia a un funeral

En una situación similar se ha encontrado el testigo Pedro García Rama, quien ha asegurado en la Audiencia Provincial que en junio de 2018 Cascos estuvo “dos días” alojado en el Parador de Villanueva de Cangas de Onís, pero la razón de su estancia era la asistencia al funeral de su hija, que había muerto en un accidente de tráfico.

“Fue para acompañarme. Él me apoyó en el funeral y al día siguiente fue a mi casa”, ha respondido al ser preguntado si había acudido en visita institucional, en su condición como presidente del partido o a título personal. Él ha contestado abiertamente que “era militante del partido que él fundó y además amigo”.

Carmen Martínez Rodríguez, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), también ha justificado la causa por la que el expresidente de FAC pernoctó en el parador de Corias, en el concejo de Cangas del Narcea, adonde se había desplazado para reunirse con ella porque iba a dar una conferencia para el partido.

“Él vino a conocer el potencial viticola de Cangas del Narcea. Esta es una zona de montaña, era invierno y se hizo de noche”, ha afirmado.

La cesión del primer local

El resto de las declaraciones de los testigos ya han seguido la misma línea argumental que se ha estado escuchando estos últimos días sobre la sede del Paseo de la Castellana.

Javier Tejedor, propietario del primer local que utilizó FAC en Madrid como sede del partido en la calle Hilarión Eslava, conoció a Álvarez-Cascos a través de su entonces mujer, María Porto, de la que era amigo. Una amistad que le llevó a ceder el local desinteresadamente a finales de 2010 para la recogida de firmas para la campaña de las elecciones generales de 2011.

“Hicimos una campaña de firmas muy intensa. Por la noche me las llevaba a mi casa para que no nos las robaran, ni desaparecieran. Era un local comercial, un espacio diáfano”, ha descrito.

Unos camellos para el Belén navideño

Cuando él necesitó utilizar el local, FAC tuvo que cambiar de sede y, según ha afirmado, se llevó la documentación que había a las oficinas del Paseo de la Castellana.

“Estuve varias veces en esas oficinas en dos etapas, primero como militante y después cuando me dí de baja cuando Francisco me llamó para que les ayudara en las elecciones europeas de 2014. De hecho, aún tengo el mando a distancia del edificio de la Castellana, que tenía en la guantera”, ha dicho al tiempo que lo mostraba ante el tribunal.

La cesión gratuita del local se había producido en las navidades de 2010 y Álvarez-Cascos personalmente le hizo un regalo por su altruismo: “Recibí unos camellos de artesanía para los belenes que me regaló Francisco en agradecimiento por haberle prestado el local”, ha especificado el testigo.

Sobre cómo estaba amueblado el local del Paseo de la Castellana ya no podía recordar con tanto detalle: “Recuerdo que el local estaba amueblado, pero no recuerdo si tenía un sofá verde o una silla roja, sí que tenía despachos y sala de juntas. Tenían carteles de Foro y una bandera de España. Anunciaban que estaba ahí Foro”, ha comentado.

Mantener la “llama” en Madrid

Su declaración ha precedido a la testifical de Javier García Isaac, que fue director de campaña del partido en Madrid en las elecciones generales de 2011 y en 2014 en las elecciones europeas pero tras éstas últimas se desvinculó de FAC.

La sede madrileña servía, según este testigo, como centro de las reuniones que se mantenían con simpatizantes y militantes porque era “un sitio recurrente”. Él particularmente intentaba “mantener la llama con la gente de Madrid que quería que Foro fuese también un partido nacional, aunque en Asturias, los que mandaban no tenían muchas ganas de que eso sucediera”, ha manifestado.

Otro de los testimonios que de forma más explícita puede dibujar la dinámica de ese funcionamiento ha sido el de la secretaria de la sede regional Cristina Durán. Ella estuvo en FAC desde 2011 a 2020 y ha incidido en que sí existió la sede de Madrid.

La testigo ha reconocido que la persona que más la utilizaba era el “entonces senador Isidro Martínez Oblanca” y además era conocido “por todos en el partido” que se había alquilado a una empresa de la entonces mujer de Álvarez-Cascos, María Porto.

De forma tajante ha negado que el partido pagara la licencia de pesca de Álvarez-Cascos. Y lo sabe a ciencia cierta porque fue ella misma quien la renovó cuando se lo pidió él personalmente desde Madrid.

“No es cierto que el partido pagara la licencia de pesca de Cascos. Lo hice yo como un favor personal y él me hacía luego una transferencia a mi cuenta”, ha ratificado.

Una respuesta que no ha convencido al fiscal Enrique Valdés-Solís, quien ha interpelado a la testigo sobre cómo puede decir con tanta seguridad que Foro no pagó alguna vez la licencia.

Ante la pregunta del fiscal, la testigo ha llegado a decir que “podría tener la duda si dejó el ticket en su mesa”, porque era ella -ha reiterado- la que pagaba las tasas que caducaban cuando el expresidente le pedía el favor personal desde Madrid..

La secretaria ha recalcado que el nivel de trabajo de Álvarez-Cascos era “indiscutible” y tenía mensajes suyos “a las dos y tres de la madrugada y tenía que tener preparadas cosas los sábados”.

También ha testificado Javier Caso Viejo, responsable de la administración del hotel-restaurante La Campana, en Pruvia, donde el expresidente asturiano se alojó junto a su familia a su regreso a Asturias, quien ha explicado que Foro Asturias organizó en sus instalaciones la campaña electoral de 2011, por lo que se generaron “muchas facturas” al reservar muchas habitaciones, el salón y encargar comidas “a la carta”; unos gastos que se facturaron al partido.

El juicio continuará este viernes, día 24, con la prueba pericial y está previsto que la última sesión de la vista oral se celebre el próximo día 31 con los informes de conclusiones de Fiscalía, acusación particular y defensa.

Álvarez-Cascos tendrá la oportunidad de utilizar, si lo desea, el turno de última palabra antes de dejar el procedimiento penal visto para sentencia.

El juicio contra el exvicepresidente del Gobierno y expresidente del Principado, Francisco Álvarez-Cascos, por un delito continuado de apropiación indebida, por el que afronta una petición de pena de las acusaciones de tres años y medio de cárcel, se ha reanudado este lunes en la Audiencia Provincial de Asturias sin su presencia.

Al inicio de la cuarta sesión del juicio, para la que había citados 18 testigos, el abogado defensor, Luis Tuero, pidió permiso al tribunal para que se dispensara a su representado de asistir a la jornada de hoy alegando que Álvarez-Cascos “se encontraba mal”.

La defensa ha aducido razones de salud del expolítico gijonés, de 77 años, y tras ser examinado por un médico forense, el tribunal ha autorizado “excepcionalmente” su ausencia para que acuda a revisión al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

El exvicepresidente del Gobierno y expresidente del Principado, de 77 años, había recibido la víspera diálisis peritoneal. Tras ser examinado por un médico forense en el propio edificio judicial se recomendó su traslado al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para una revisión. El expolítico gijonés abandonó la Audiencia en un coche particular

El letrado ha explicado que el exministro de Fomento con el PP había recibido diálisis peritoneal ayer, domingo, y había pasado “mala noche, con fiebre, vómitos y mareos”.

Al parecer, el expresidente asturiano recibe diálisis desde hace un año y medio por un problema renal que padece desde hace tiempo.

Una asistencia al juicio “sin riesgo físico”

La defensa requería la valoración de un médico forense para que evaluara si Álvarez-Cascos podía continuar asistiendo a las sesiones “sin riesgo físico” para su salud.

La Fiscalía y el abogado de la acusación particular, Luis Llanes, no se opusieron a esta valoración y mostraron su conformidad a su solicitud “como una excepcionalidad”.

El presidente del tribunal, el magistrado Javier Domínguez Begega, ha acordado un receso para que un médico forense constatara su estado de salud “ante esta contingencia si se encuentra en malas condiciones” y, una vez examinado, se decidió su traslado al centro hospitalario.

En ese momento, Álvarez-Cascos abandonaba la sede de la Audiencia Provincial en un coche particular. Fuentes del HUCA han declinado facilitar cualquier tipo de información sobre su estado, ni tan siquiera si ha estado en Urgencias, amparados en la Ley de Protección de Datos.

La Audiencia Provincial de Asturias juzga, desde el pasado 7 de enero, al exvicepresidente del Gobierno durante la etapa de José María Aznar, como presunto autor de un delito continuado de apropiación indebida tras la querella interpuesta por la actual comisión directiva, encabezada por la presidenta de FAC y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón.

Las facturas a Foro

La Fiscalía imputa al exdirigente forista el cobro de gastos personales por importe de 181.648 euros que facturó a FAC; una cuantía que el partido regionalista que Álvarez-Cascos fundó junto a antiguos dirigentes del PP asturiano eleva a 219.000 euros. Su abogado defensor, Luis Tuero, niega las acusaciones y pide su absolución.

Facturas de hoteles y restaurantes, tickets de comida a domicilio, billetes de AVE, entradas para él y para sus hijos para ver la Copa Davis, una cama completa o visillos son algunos de los gastos personales que fueron facturados al partido.

También se le acusa de cobrar a FAC el alquiler de una oficina situada en el Paseo de La Castellana de Madrid vinculada a la empresa de la tercera exmujer de Cascos, María Porto, y que según la Fiscalía fue un arrendamiento “ficticio hecho a escondidas” de la comisión directiva de Foro.

Las declaraciones de los testigos

Un total de 18 testigos, entre exdiputados, exalcaldesas y fundadores de Foro Asturias Ciudadanos (FAC), estaban citados a comparecer este lunes en la cuarta sesión del juicio y, al inicio de la sesión, la defensa renunció a once de ellos: Carmen Fernández, José Luis Magro, José Ramón Fanjul, Daniel Armas, Manuel Fano, Covadonga García de la Llana, Ignacio Onís, Albano Longo, Eduardo Estrada, Vanesa Fernández y Teresa Domínguez.

El primer testigo en declarar ha sido Antonio José González, quien fue conductor de Álvarez-Cascos durante cinco años y medio, entre 2012 y 2018.

En su declaración, ha asegurado que existía la sede de Foro Asturias en el Paseo de la Castellana, una oficina que según la comisión directiva actual de FAC era “ficticia” y que según el acusado y su entorno más próximo era “real”, como ha corroborado el chófer.

Los viajes a Madrid y los bocadillos de lomo

“La mayor parte de las veces íbamos y veníamos en el día a Madrid. Conocía el despacho de La Castellana, 91, porque allí iba a recogerle. También subí a la oficina a recoger documentación cuando se hacían campañas como las elecciones europeas de 2014”, ha afirmado.

El testigo ha recordado que la sede estaba en la planta novena y había un letrero en la puerta que ponía 'Cinqualium' y ha afirmado que en el despacho había un sofá de dos plazas que en un momento dado se podía abatir“. Este dato es importante ya que la tercera exmujer de Álvarez-Cascos, la galerista María Porto, llevaba la administración y gestión de la empresa que alquilaba a FAC estos locales durante la etapa del expolítico.

A lo largo de esos más de cinco años de trabajo con el expresidente, el conductor llegó a realizar aproximadamente un millón de kilómetros. Realizaban dos viajes a Madrid semanales y si él excedía la jornada laboral, le relevaba al volante Álvarez-Cascos. El vehículo estaba equipado para que el expresidente trabajara en su interior, ya que estaba provisto de cargadores para el ordenador y el móvil e incluso con un flexo.

Según su relato, “a veces se le preparaba un bocadillo, con pan comprado en Alimerka, y lomo. Y eso es lo que comía durante los viajes. Nunca nos sentamos en una mesa para comer”.

Canal: “Pasamos de ser desconocidos a ganar las elecciones”

Javier Canal Blanco, uno de los fundadores de FAC, ha respaldado la tesis principal de la defensa de que la comisión directiva conocía que Álvarez-Cascos había puesto como condición para regresar a la política activa el mantenimiento de su estatus económico.

“La única condición que nos puso Cascos es que siguiera con las mismas retribuciones que tenía. Y en cuatro meses pasamos de ser unos completos desconocidos a ganar las elecciones. Ese fue el resultado”, ha aseverado.

La forma de gestionar el partido a nivel económico era bastante peculiar. Según su testimonio, “funcionábamos de aquella manera; yo tenía firma electrónica, igual que Pelayo Roces (exdiputado de Foro) y Enrique Lanza (uno de los fundadores de FAC). A mí me llamaban de cuando en cuando para que pasase a firmar. Firmaba y se extendía el cheque. Luego ya se le dio firma a Charo Cabal (la contable) para no andar con este trasiego”.

Martínez: “En el partido sabíamos que esas oficinas eran de Cascos”

El expresidente del PP de Langreo y uno de los promotores de FAC, José Antonio Martínez Fernández, ha refrendado su versión y ha ratificado que “lo que pedía Cascos (mantener su nivel retributivo y viajar con frecuencia a Madrid para ver a sus hijos) no era una cosa desproporcionada y le dijimos que sí, porque lo que queríamos era que viniera”.

Él también conoció la sede de Madrid, primero la que tuvo en la calle Hilarión Eslava y después la del Paseo de la Castellana y a ésta última también acudió “alguna vez con Cascos y Martínez Oblanca (exdiputado). En el partido sabíamos que esas oficinas eran de Cascos”, ha corroborado.

Carmen Sela: “La mayoría de sedes eran de gente del partido”

La exdiputada y exresponsable de FAC en el concejo asturiano de Villaviciosa, Carmen Sela Fernández de Córdoba, ha declarado ante el tribunal que si bien desconoce si Álvarez-Cascos “pasaba gastos”, sí le había visto “sacar dinero y pagar”.

A su juicio, era conocido que en Madrid tenían una sede y a todos les parecía “muy bien, porque la mayoría de sedes era de gente del partido” y era un tema que se habló “dentro y fuera” de las comisiones directivas.

“Era algo transparente y nunca se ocultó. Nunca me dio qué pensar, la verdad. Se comentó en la comisión directiva, pero no se votó la sede de Madrid igual que no se votaron el resto de sedes”, ha reiterado la testigo.

Campo: “Traía a los hijos a las reuniones sectoriales”

José Ramón Campo, exdiputado de FAC por la circunscripción occidental asturiano y exconcejal en Pola de Allande, ha reconocido que él oyó hablar de la sede de Madrid “cientos de veces” y era un tema “muy polémico” y ha admitido que si bien en el partido había gente que “no quería dar el salto a Madrid”, lo que él desconocía era que la sede “era propiedad de Álvarez-Cascos”.

La polémica de la sede se abordaba especialmente en los pasillos: “Era un tema polémico no la sede en sí, sino lo que significaba ir a Madrid. Eso lo oía en el pasilleo de antes y después, pero el tema de las sedes siempre era polémico”.

El testigo ha manifestado que las condiciones que había impuesto Álvarez-Cascos para regresar a la política se cumplían, además de no rebajar sus retribuciones para mantener el mismo estatus el que pudiera conciliar la vida política con la familiar.

“Traía a los hijos a las reuniones sectoriales, por ejemplo, en Pravia. Iba con ellos a cuestas”, ha sostenido.

Domínguez: “Si buscas a un 'numero 1' no le vas a traer por mil euros”

La exsenadora Rosa Domínguez de Posada ha declarado en términos similares. Ha comentado que Álvarez-Cascos trabajaba “por todos, trabajaba continuamente”, las 24 horas del día y veía lógico que para regresar a la política pusiera condiciones.

“Cuando estás buscando a un número uno de la política, no le vas a traer desde Madrid por mil euros. Obviamente había que garantizarle el mismo sueldo y en eso se quedó”, ha expuesto ante el tribunal.

Más de 150.000 kilómetros al año en viajes

En la vista oral también ha declarado su otro conductor, Alfredo Navarrete, que trabajó bajo las órdenes de Álvarez-Cascos desde mayo de 2011 a junio de 2012, quien ha coincidido con el otro chófer que declaró previamente, que se realizaban en torno a 150.000 kilómetros al año.

Según su testimonio, iban a Madrid “dos y tres veces la semana”, iban hacia el mediodía para llegar a tiempo a recoger a los hijos del expresidente asturiano a la salida del colegio, sobre las cuatro y media de la tarde, luego los dejaban en casa de su madre alrededor de las ocho y media y de vuelta, en el mismo día a Asturias, adonde llegaban en torno a las doce y media de la noche o la una de la madrugada.

Tras la declaración de otros cuatro testigos, excargos de FAC, que han testificado en términos muy parecidos a los anteriores, ha concluido el juicio. Mañana, martes, habrá una nueva sesión a partir de las 10 de la mañana.

La galerista María Porto, tercera exesposa del exvicepresidente del Gobierno y expresidente del Principado de Asturias, ha reconocido este jueves en la Audiencia Provincial de Asturias, en Oviedo, que Foro Asturias Ciudadanos (FAC), partido regionalista que él fundó en 2011, disponía de una oficina en el Paseo de la Castellana en Madrid que le alquilaba la empresa Cinqualium, de la que ella empezó a llevar la administración y gestión a raíz de que su entonces marido le cediera las acciones cuando él no pudo continuar por su dedicación a la actividad política.

María Porto ha comparecido esta mañana en calidad de testigo, a través de una videoconferencia desde Madrid, en la tercera sesión del juicio que se sigue en la Sección Tercera de la Audiencia contra Álvarez-Cascos, quien está acusado de un delito continuado de apropiación indebida por el desvío a su patrimonio personal de los fondos de FAC.

Sin relación actual con su exmarido

Las acusaciones pública y particular -que ejercita Foro Asturias- solicitan para el exministro de Fomento una pena de tres años y medio de cárcel por cargar al partido sus gastos personales y los de su familia que, según la Fiscalía ascendían a 181.648 euros y que la acusación particular eleva a 219.000 euros.

Su defensa solicita la absolución al sostener que todos los gastos estaban “autorizados” y esa había sido una de las condiciones que había impuesto a las personas que “le habían convencido” para regresar a la vida pública activa para ponerse al frente de Foro, tras abandonar el PP después de 34 años de militancia. Un requisito exigido para no perder poder adquisitivo con su vuelta a Asturias para optar a las elecciones autonómicas, que finalmente le auparon ese mismo año a la presidencia del Principado.

María Porto ha explicado que actualmente no tiene “ninguna relación” con su exmarido, al que se ha referido en unas ocasiones como “don Francisco” y en otras como “el señor Álvarez-Cascos”.

Un alquiler vinculado a una empresa del matrimonio

La mayor parte de su interrogatorio se ha centrado en conocer si FAC poseía una sede real en Madrid, en el Paseo de la Castellana, que justificara los pagos en alquileres, como sostiene su exmarido, o si tal y como afirma la presidenta actual del partido y alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, y algunos de los miembros de la comisión directiva era “ficticia”.

La testigo ha admitido que esas oficinas en Madrid estaban vinculadas a una empresa de su propiedad y su marido le transfirió las acciones sin coste alguno porque había una hipoteca.

A pesar de que carecía de logotipo representativo, Foro tenía “un despacho” en la décima planta, con una sala de reuniones; una circunstancia que ella conocía porque ahí se reunían “gente del partido de Madrid y Asturias” con la que se “había cruzado por el pasillo”, ya que ella tenía también su oficina en el mismo edificio e iba a trabajar todos los días.

Porto: “Yo solo firmaba las cuentas anuales”

La galerista ha corroborado que, si bien ella figura como administradora, en realidad nunca se encargó de gestión alguna en materia de contratos.

“Yo solo firmaba las cuentas anuales y no conocía los detalles porque no era mi negocio. Había una persona de confianza de él que se encargaba de gestionar los alquileres”, ha expresado ante el tribunal.

Ha comentado que ella se enteró de que Foro iba a cerrar las oficinas de Madrid porque “me dijo Álvarez-Cascos que no podía ocuparse de ellas. Y yo estuve de acuerdo -ha dicho- porque no me quería ocupar de ellas tampoco, no tenía tiempo”.

Los despachos estaban “siempre ocupados”, ha reiterado, y estaban completamente amueblados y la empresa también gestionaba los alquileres de plazas de garaje.

Los viajes para entrevistarse con Núñez Feijóo

La acusación particular le ha preguntado por un viaje realizado por Álvarez-Cascos a A Coruña, en 2011, donde el expresidente pasó la factura de cuatro días de estancia en un hotel con su familia. María Porto ha incidido en que tiene una tía viviendo en Galicia, a la que iba a visitar, pero ha matizado que cuando ella iba pagaba con su tarjeta.

Sí ha recordado que su entonces marido tuvo que realizar algún desplazamiento a la comunidad autónoma gallega para reunirse con Alberto Núñez Feijoo, cuando era presidente de la Xunta, “por unos temas de los presupuestos”, sin entrar en más detalles, con los que Álvarez-Cascos justifica en motivos laborales los tickets que facturó a FAC por gastos de comida y alojamiento suyos y de familiares.

Previamente a la declaración de la galerista han testificado el empresario Ignacio Iglesias, miembro de la comisión directiva entre 2012 y 2016 y concejal de FAC en el concejo asturiano de Noreña, la secretaria general de Foro Asturias María Teresa Alonso, la contable Rosario Cabal, el exconcejal de Oviedo que asumió la presidencia de la Real Federación Española de Tenis (RFET), Fernando Fernández Ladreda, el exsenador Isidro Martínez Oblanca y el exdiputado Enrique Álvarez Sostres.

Tomaba nota manuscrita de forma discreta cuando acudía a las reuniones para conocer el estado de las cuentas. Yo nunca las vi. Me di cuenta que los ingresos eran 950.000 euros, y al año siguiente eran los mismos y al siguiente, igual. Era una situación incoherente. Teníamos una frase para todo: 'Lo que diga Cascos'

Ignacio Iglesias — Empresario, exconcejal en Noreña y miembro de la Comisión Directiva de FAC de 2012 a 2016

Iglesias: “En Foro se nos 'cantaban' los gastos”

Ignacio Iglesias ha expuesto sin género de dudas que el expresidente era la persona que tomaba “las decisiones”, y el partido era “una caja de resonancia”. En materia económica, era Álvarez-Cascos quien tenía “la última palabra”.

El empresario tomaba nota manuscrita de forma discreta cuando acudía a las reuniones para conocer el estado de las cuentas: “Yo nunca las vi”, ha ratificado.

Un dato le llamó poderosamente la atención: “Me di cuenta que los ingresos eran 950.000 euros, y al año siguiente eran los mismos y al siguiente, igual. Era una situación incoherente”.

“Teníamos una frase: 'Lo que diga Cascos'

“Nosotros teníamos una frase para todo: 'Lo que diga Cascos' y en los temas económicos, claramente”, ha asegurado el exdirectivo de Foro Asturias.

Nadie del partido tenía la certeza a diario de dónde se encontraba Álvarez-Cascos y había una razón: “A él no le gustaba tener móviles inteligentes, precisamente para no ser fácil de localizar”.

Tampoco tenía constancia de que el partido tuviera una sede en Madrid: “Yo no tenía ni idea de que tuviésemos abierta una sede en Madrid, porque para las reuniones estaban los despachos aquí en Asturias. Si hubiésemos tenido una sede en Madrid creo que me hubiese enterado”, ha opinado.

Cabal, contable: “Tenía instrucción de pagar todo”

Rosario Cabal, encargada de la contabilidad desde los inicios de la formación en 2011, sigue trabajando para Foro y desde hace dos años es responsable del área económica y financiera del partido.

Ha reconocido que, por indicaciones de la entonces secretaria general del partido, Teresa Alonso, tenía que pagar todos los gastos que pasaba su presidente, Francisco Álvarez-Cascos, sin que tuviese capacidad alguna de control o discriminación.

Se le pidió que llevara solo apuntes contables y todo lo hacía en la calle General Elorza de Oviedo, pero ella nunca tomaba decisiones económicas. Una situación que cambió a finales de 2012 cuando a ella le otorgaron poder de firma en los bancos “para que las cosas se hicieran con mayor agilidad”.

Sí tenía clara la instrucción que le había dado la secretaria general de FAC, Teresa Alonso: “Todos los gastos que pasara el presidente se pagaban”.

“El señor Álvarez-Cascos pasaba sus facturas y se valoraban por dos apoderados y a veces se pagaban en metálico y otras veces por transferencia. Los gastos que él pasaba al partido se pagaban todos, porque esa era la instrucción. Los gastos de Álvarez-Cascos nunca se cuestionaban, esas eran las indicaciones que me dio Teresa Alonso”, ha reiterado.

El partido no tenía tesorero y las decisiones económicas las tomaba el exdiputado Pelayo Roces y el señor Álvarez-Cascos. Nunca ejercí labores de auditora, porque sería ir contra la ley el haberlo hecho y no las fiscalicé, porque eso es competencia del Tribunal de Cuentas

Rosario Cabal — Contable de FAC

La fiscalización

La testigo ha insistido en que el Tribunal de Cuentas era el órgano que fiscalizaba las cuentas del partido y nunca cuestionó las facturas de comidas o viajes.

No había ninguna figura de fiscalización interna. Ha explicado que “ella era la última persona a la que llegaba todo para contabilizarlo, era la última de la cadena, pero no hacía ningún tipo de control. El partido no tenía tesorero y las decisiones económicas las tomaba Pelayo Roces -exdiputado y entonces mano derecha del presidente- y el señor Álvarez-Cascos”.

Ella contabilizaba en la cuenta de “alquileres” más de un despacho y unos garajes en Madrid, pero ella “no entraba” en el uso que se hacía de ellos.

Aunque Álvarez-Cascos aseguró en su declaración inicial que ella se encargaba de auditar y fiscalizar las cuentas del partido, Rosario Cabal lo ha negado con rotundidad: “Nunca ejercí labores de auditora, porque sería ir contra la ley el haberlo hecho y no las fiscalicé, porque eso es competencia del Tribunal de Cuentas”, ha puntualizado.

“Desconocía el uso de la sede”

Asimismo, ha reconocido que no se hizo ninguna auditoría externa porque no encontraron ninguna empresa que quisiera hacerla, dado el pequeño volumen de las cuentas anuales del partido, en torno a los 1,4 millones de euros.

A preguntas de la defensa, ha reconocido que tampoco vio “gastos raros” de Álvarez-Cascos. FAC pagaba a 0,19 euros el kilómetro y la contable ha sostenido que él no pasaba kilometraje porque “con la cantidad tan grande de kilómetros que hacía, hubiese sido impagable. Él tenía un chófer y un coche particular. Y a Madrid viajaba por lo menos dos veces por semana”, ha añadido.

Nunca se le dio instrucciones de que algunas facturas o gastos tuviesen que permanecer ocultas. Algunas le llegaban por correo o se las dejaban en el casillero.

“Nunca se escondió nada. Siempre tuve autonomía y nunca nadie me dijo nada sobre el trabajo de contabilidad que yo realizaba”, ha expresado.

Nunca se cuestionaban los gastos del expresidente de Foro, que era nuestro líder, por indicación expresa de Pelayo Roces, ni se entraba en detalles. Tampoco se pedía información en la comisión directiva sobre sus gastos

María Teresa Alonso — Secretaria general de FAC entre 2011 y 2015

María Teresa Alonso: “Nunca se cuestionaba al presidente”

La secretaria general de FAC ha dicho que ella no era “la número 2 al uso”, sino la persona que “daba la cara” para atender a las personas que acudían a la sede regional, en Oviedo, para darles información, escucharles o afiliarles, y era “Cascos, nuestro líder” el que tomaba todas las decisiones.

La otra persona que le daba “instrucciones” durante los cuatro años que estuvo en el partido -entre 2011 y 2015- era Pelayo Roces que fue quien le dijo que había que “pagar todos los gastos a Álvarez-Cascos”. Unos pagos que ella tampoco cuestionaba y se limitaba a abonar.

“Teníamos una caja con 1.500 euros para todos los gastos diarios que pudieran surgir durante el día”, ha indicado.

“Nunca se cuestionaban los gastos del expresidente de Foro, por indicación expresa de Pelayo Roces, ni se entraba en detalles. Tampoco se pedía información en la comisión directiva sobre sus gastos”, al menos mientras ella estuvo.

Álvarez-Cascos le pidió que firmara el contrato de la sede en Madrid porque, según le explicó, él necesitaba una sede para atender a gente en la capital. “Y por supuesto, lo firmé”, ha manifestado.

Bajo su percepción, siempre fue una oficina, nunca fue una sede. Y tuvo conocimiento de que años después se dio de baja ese contrato de alquiler, si bien ella nunca estuvo ahí y tampoco tuvo conocimiento de que nadie del partido hubiese estado allí.

Fernández Ladreda: “Interesaba Cascos en la Copa Davis”

Fernando Fernández Ladreda, exconcejal ovetense por el PP, ha declarado que la Federación Española de Tenis organizó una eliminatoria de la Copa Davis a través de un acuerdo con el Ayuntamiento de Oviedo en el Palacio de los Deportes y en aquella ocasión se trató con el Principado y con el consistorio.

Ha comentado que Cascos estuvo ahí porque al Ayuntamiento le interesaba que estuviera “por su relevancia política”. Una representación que el expolítico gijonés extendió a su familia con la compra de entradas para sus hijos que facturó a FAC y que justificó en esa condición previa que había obtenido en su vuelta a Asturias para conciliar la vida política con la familiar.

Las declaraciones de exdiputados y exsenadores

En la sesión de esta mañana también han prestado declaración el exsenador de FAC, Isidro Martínez Oblanca y el exdiputado Enrique Álvarez Sostres, que han coincidido en que la idea de alquilar la sede de Madrid partió del propio Álvarez-Cascos.

Esa ha sido la única coincidencia porque el resto de la testifical ha sido bien diferente. Así, Martínez Oblanca ha sido el único testigo que hasta el momento ha reconocido mantener una relación de amistad con el exvicepresidente del Gobierno y ha apoyado todo su alegato defensivo.

Álvarez Sostres, diputado en Cortes entre 2011 y 2015, periodo en el que Isidro Martínez Oblanca también obtuvo representación en el Senado, ha asegurado que no había ninguna estructura de partido en Madrid, donde contaba con un centenar de afiliados, y ha indicado que “nunca pisó esas oficinas”, ni se utilizaron como sede “porque no tenía políticamente ningún sentido”.

Tuve una reunión con Cascos en su domicilio en 2013. Me sugirió la idea de alquilar unos locales para arrendárselos a Foro. Le dije que no me parecía buena idea. No volví a saber nada de esos locales hasta que en 2019 me llamó la presidenta de FAC, Carmen Moriyón, para comunicarme que había unos contratos mercantiles. Quedé muy impactado porque cuando tuve la reunión con Cascos hacía ya seis meses que estaban alquilados

Enrique Álvarez Sostres — Diputado en Cortes por Foro entre 2011 y 2015

Sostres: “Cuando me lo contó Moriyón quedé muy impactado”

Sostres ha afirmado que sólo tuvo conocimiento de esos locales a raíz de que Cascos le convocase a su domicilio en la calle Zurbano de Madrid, el 13 de marzo de 2013, y le comentase que tenía pensado alquilar unas oficinas suyas a Foro porque “estaba pasando momentos difíciles. Eran problemas de corte familiar, personal y económico”.

“No me sonó bien esa música, pero tampoco fui muy renuente. No había una oficina. Era un 'intento' de oficina en Madrid y él me dijo que estaba pasando unos momentos personales muy delicados y era conveniente alquilar unos locales para arrendárselos a Foro. En su momento -ha añadido- le sugerí a Cascos que era mala idea”.

Desde 2013 a 2019 no volvió a saber nada de esos locales hasta que en esta última fecha le llamó la presidenta de FAC, Carmen Moriyón, para comunicarle que había unos contratos mercantiles y que se habían alquilado esos locales.

“Ante esa noticia, yo me quedé muy impactado porque cuando tuve la reunión con Cascos hacía ya seis meses que estaban alquilados”, ha concluido.

La principal razón para abrir una sede en Madrid fue porque había 40.000 asturianos que vivían en Madrid, por lo que para nosotros fue fundamental. Yo iba tres veces a Madrid y tenía esa sede a mi disposición. Nunca tuve conocimiento de que hubiera contrato, ni nada de eso. Tenía una acreditación permanente y se me facilitó una llave

Isidro Martínez Oblanca — Exsenador de Foro

La versión opuesta de Martínez Oblanca

Su versión ha sido diametralmente opuesta a la aportada por Isidro Martínez Oblanca, que sigue teniendo relación con Álvarez-Cascos y fue uno de los principales partícipes en su vuelta a la vida política activa.

En la reunión que hicieron en una sidrería de Gijón para convencerle de liderar FAC, él estaba y Álvarez-Cascos puso como condiciones que pudiese mantener “su núcleo familiar en Madrid, seguir prestando estrechamente atención a sus hijos pequeños y no ver menguado su poder adquisitivo”.

Ha declarado que él le acompañó en una decena de actos donde se hicieron intervenciones que, según ha enfatizado, eran “una obra de arte” que se reunieron en un tomo denominado “Gobernanza a tres turnos”.

“Nosotros teníamos un partido transparente, siempre tuve esa sensación. Cuando Álvarez-Cascos planteó la necesidad de abrir una sede en el Paseo de la Castellana me pareció muy bien”, ha reconocido.

'Captar' a los 40.000 asturianos en Madrid

Ha aducido como principal razón para abrir una sede en Madrid de la que tuvo conocimiento en la primavera de 2013 en el censo que había de asturianos: “Había 40.000 asturianos que vivían en Madrid, por lo que para nosotros fue fundamental. Yo iba tres veces a Madrid y tenía esa sede a mi disposición. Nunca tuve conocimiento de que hubiera contrato, ni nada de eso. Tenía una acreditación permanente, y se me facilitó una llave”.

En su declaración durante la instrucción de la causa dijo que había acudido a esa sede unas 15 veces y a tres reuniones con compañeros de Foro Madrid. Sin embargo, en la jornada de hoy no ha podido facilitar los nombres de esas personas.

En una conversación telefónica él mismo y Álvarez-Cascos hablaron de cerrar ya la sede de Madrid y desconoce cuál fue su destino final, que acabó en manos de una entidad bancaria.

Ha añadido que él “empaquetó” cajas del interior para su traslado a las oficinas de la calle Pepe Cosmen, en Oviedo. Y nunca vio una cama, ni un sofá-cama, ni un tresillo.

Las argumentaciones de las facturas

La sesión continúa esta tarde y en principio están citados una veintena de testigos. Ante el retraso que se está registrando respecto al organigrama inicial, debido al elevado número de personas que deben comparecer ante el tribunal y las prolijas declaraciones que están efectuando, se ha habilitado una sesión para el próximo día 31 de este mes en que, si nada lo impide, podría concluir el juicio con los informes de las partes.

Hasta ahora se han celebrado tres de las seis sesiones previstas. En las dos sesiones anteriores, celebradas la pasada semana, Álvarez-Cascos calificó como “ridículas” las imputaciones a las que se enfrenta y justificó los gastos personales facturados a FAC en su dedicación absoluta al partido durante las 24 horas del día, una actividad política que tenía que compatibilizar con sus responsabilidades familiares.

Entre los tickets y facturas abonadas en el período comprendido entre mayo de 2011 y octubre de 2016 hay entradas de sus hijos para ver la Copa Davis, un juego de la 'play', así como viajes y estancias en hoteles y almuerzos en restaurantes con la familia, una cama completa,visillos, billetes de AVE e incluso una minuta de un procurador por un caso previo a la existencia de Foro Asturias.

La actual presidenta del partido, la alcaldesa de Gijón Carmen Moriyón, y el actual vicesecretario de Organización y uno de los fundadores del partido, Enrique Lanza, que declararon como testigos, aseguraron que la sede del Paseo de la Castellana, en Madrid, por la que FAC pagaba 5.000 euros mensuales a una empresa vinculada con la tercera exmujer de Álvarez-Cascos, la galerista María Porto, era “ficticia” porque “nunca existió”, ni tenía correo electrónico, ni teléfono y en los informes sobre sedes oficiales no figuraba.

No es la primera vez que los asuntos económicos de la alcaldesa de Xixón, Carmen Moriyón, son motivo de debate en el Pleno municipal. Este miércoles, las cuentas de la regidora han vuelto a la palestra, tras verse obligada a reconocer, durante su declaración en el juicio al expresidente de Foro, formación que ella preside desde 2018, Francisco Álvarez-Cascos, que percibe un sueldo por sus labores al frente de la formación política.

Hasta aquí no habría ningún problema, pues cada partido político decide cómo gestiona sus dineros, salvo porque en el caso de Moriyón, la ocultación de este “sueldo” incumple flagrantemente la normativa de transparencia a la que todos los cargos públicos están obligados, que consiste en publicar la declaración de bienes, actividades y reintegros económicos que perciben por ellas. Eso a Carmen Moriyón se le había olvidado, pues en la página web del Ayuntamiento de Gijón, en el apartado de la regidora, nada aparece sobre su actividad como presidenta de Foro ni sobre el sueldo que por ello podría estar recibiendo.

El Grupo Municipal Socialista presentó el pasado lunes una moción de urgencia, pues ya estaba cerrado el plazo de presentación de iniciativas plenarias para incluir en el orden del día de la sesión del mes de enero, la primera del año, en busca de un acuerdo plenario que obligase a Moriyón a regularizar su declaración de actividades y a comparecer en la Comisión de Hacienda para dar explicaciones sobre, por ejemplo, el tiempo que lleva cobrando un sueldo de su partido, en concepto de qué, cuál es la vía de pago o información detallada sobre las actividades privadas que realiza y por las que cobra.

Llegado el momento de dar explicaciones, y tras aceptarse la moción de urgencia con los votos a favor del PSOE, Izquierda Unida, Podemos y Vox, y la abstención de Foro, PP y el concejal no adscrito, que a la hora de votar es como uno más de los ediles de gobierno, la alcaldesa de Gijón se descuelga del debate con el rotundo anuncio de que, el pasado lunes, presentó en la Secretaría General del Ayuntamiento, un cumplido informe fiscal que especifica todas sus actividades laborales y el dinero que percibe por ellas, algo, reivindicaba la regidora, que había hecho de manera voluntaria pues no está obligada por ley, según ella.

Y así comenzaba un cruce de acusaciones entre la regidora y la portavoz adjunta del Grupo Municipal Socialista, Carmen Eva Pérez. Acusando la primera al PSOE de intentar desacreditarla “una vez más”, como única forma que tienen los socalistas de hacer política, y afeándole que durante su intervención se refiriese al proceso judicial que ha sentado en el banquillo a Francisco Álvarez-Cascos.

La concejala socialista, por su parte, recordó los cargos irregulares realizados al Grupo Municipal de Foro, por los que el Tribunal de Cuentas condenó a Moriyón a devolver 35 000 euros para dejar caer que, “seguramente los cobros recibidos por Carmen Moriyón de su partido, podrían estar sucediendo ya en aquel momento”, en el mandato del 2015 al 2019, cuando ella aún era alcaldesa de la ciudad (abadonó la Alcaldia entre los años 2019 y 2023).

Incómoda y enfadada, la alcaldesa obligó a la secretaria del Ayuntamiento a intervenir durante la refriega con la concejala socialista para que acreditase que la información que había presentado respecto a sus cuentas era suficiente, a lo que la secretaria respondió “está cotejado que cumple escrupulosamente”.

También intervinieron en el debate los portavoces de Izquierda Unida, Javier Suárez Llana, y de Podemos, Olaya Suárez. Ambos coincidieron en que lo que se estaba debatiendo no era el cobro en sí, si no la falta de transparencia de la alcaldesa al ocultarlo. De hecho, el portavoz de IU consideró que este tipo de cobros ya son “una tradición en la derecha de este país”, refiriéndose a Mariano Rajoy o Alberto Núñez Feijóo.

Mientras Olaya Suárez reconocía estar sorprendida por la necesidad de cobrar “más y más”. “Cobra de su partido casi como lo que yo dono a mi partido”, le espetó a Moriyón.

Llegado el momento de la votación, Carmen Moriyón, con su voto de calidad como alcaldesa, sumado al de los concejales del gobierno (Foro-PP) y el edil no adscrito, consiguió librarse de dar explicaciones ante la Comisión de Hacienda.

La realidad es que la alcaldesa habrá presentado la información de sus actividades y remuneraciones ante la Secretaría General del Ayuntamiento, si nos atenemos a lo que ella explicó ante el Pleno, pero con eso no se cumple la Ley de Transparencia porque, al menos hasta ahora, esa información no es pública. Ni está a disposición de los concejales y concejalas de la Corporación, ni tampoco lo está de la ciudadanía.