Los socorristas de las playas de Barcelona han llegado a un acuerdo con el Ayuntamiento tras 27 días de huelga. En un comunicado, tras más de siete horas de reunión con el consistorio, han anunciado que pondrán fin a la movilización este jueves.

Los socorristas han pactado con el ejecutivo municipal algunas de las mejoras que exigían en el contrato actual, como es el caso de la temporalidad. En el acuerdo, la temporalidad gozará de una ampliación que irá desde abril hasta las dos primeras semanas de octubre.

En cuanto a la temporada baja, habrá una ganancia de 26 días más laborables, mientras que la temporada alta se extenderá tres semanas más, con la incorporación de tres refuerzos desde el principio.

Todas las torres de control para vigilar a los bañistas también estarán operativas desde el tercer fin de semana de mayo, incluyendo sábados y domingos y el festivo de la segunda Pascua.

Ante estas mejoras, los socorristas también han afirmado en el comunicado que participarán en un proyecto de reformas de los locales de salvamento para mejorar las instalaciones, y que se les ha asegurado un seguimiento del contrato actual para fiscalizar las acciones de la empresa y que habrá una regularización de las “incompetencias administrativas” de la FCC.

La huelga arrancó el 1 de agosto, convocada por el sindicato CGT principalmente por dos motivos: la precariedad laboral y la falta de personal. Sobre lo primero, los socorristas destacaban que los espacios en los que atienden a los bañistas o en sus zonas de descanso y aseo hay diversos desperfectos.

En cuanto al personal, se quejaban del número “ínfimo” de plantilla que conforma el panorama de socorristas de Barcelona. “Hace años que la plantilla debería ser de 80 a 90 personas, pero no hay gente, no se contrata a nadie”, destacaba uno de los portavoces del sindicato, Gustavo Imperiale, en unas declaraciones para elDiario.es.

El Ayuntamiento, por su parte, tuvo una primera postura en la que afeaba la actitud de los trabajadores y exigían “máxima responsabilidad”, teniendo en cuenta el uso que la ciudadanía hacía de las playas en plena ola de calor.

Además, el consistorio ha ido insistiendo en que han hecho cuatro encuentros con los socorristas para llegar a un acuerdo, ofreciéndoles mejoras, aunque ninguno habia llegado abuen puerto. Hasta ahora. El conflicto se enconó hasta el punto de que el teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, se vio obligado a comparecer a petición de la oposición municipal.

Batlle declaró que la última propuesta del consistorio que se ha llevado a debate ha sido la ampliación de la plantilla de un 12% en los días de temporada baja y 14 días de refuerzo de vigilancia en temporada alta, con un incremento económico global de 850.000 euros para los próximos tres años que “beneficiaría al 100% de la plantilla”.

El acuerdo entre el Ayuntamiento de Barcelona y los socorristas para poner fin a la huelga parece lejos de ser una realidad. El teniente de alcalde de Seguridad, Albert Batlle, ha comparecido de urgencia este viernes, a petició de la oposición, para dar explicaciones cuando se cumplen 22 días desde que se inició el paro.

Junts, los Comuns, ERC y el PP tramitaron la petición para que el gobierno municipal diera respuesta a la huelga indefinida de los socorristas tras los cuatro encuentros fallidos que no han servido para llegar a un acuerdo con los trabajadores. Los grupos municipales le han reprochado al Ejecutivo de forma unánime –incluido Vox, pese a no estar dentro de la petición de comparecencia– que se les haya informado del del conflicto con los socorristas.

“Se ha demostrado que hay un gobierno desaparecido y la incapacidad a la hora de enfrentar y gestionar conflictos urgentes y rápidos”, ha declarado la regidora de Junts, Francina Vila.

Batlle, por su parte, ha llamado a la concordia y ha afirmado que la seguridad de las playas de Barcelona está “absolutamente garantizada”. También ha recordado que en 2023 se licitó un nuevo contrato de salvamento y socorrismo que incorporaba mejoras y que no solo tiene total vigencia, sino que la intención es renovarlo por tres años más.

La oposición al completo ha criticado el papel del equipo de Collboni, y ha valorado que las condiciones de los socorristas son “insuficientes”. Entre las críticas, la concejal Sonia Devesa, del Partido Popular, ha insistido en que los socorristas “solo piden recursos, no lujos”, mientras que Marc Serra, por parte de los Comuns, ha denunciado la precariedad a la que se somete a estos trabajadores por vivir en Barcelona con la “escasa temporalidad” que se les ofrece trabajar.

En este sentido, el teniente de alcalde ha querido añadir que la última propuesta del consistorio que se ha llevado a debate ha sido la ampliación de la plantilla de un 12% de los días de temporada baja y 14 días de refuerzo de vigilancia en temporada alta, con un incremento económico global de 850.000 euros para los próximos tres años que “beneficiaría al 100% de la plantilla”.

El desacuerdo con los socorristas

Los socorristas, por su parte, han mostrado el descontento con el ayuntamiento, con el que hasta ahora no han podido llegar a un acuerdo y han denunciado las “mentiras” que el consistorio ha proclamado. Así lo han manifestado en una concentración a las puertas del Ayuntamiento.

El secretario general de la sección sindical de la CGT, Ignacio García, ha destacado en la manifestación frente al consistorio que aún no se les ha planteado “ninguna propuesta atractiva”. Además, ha denunciado que, lejos de beneficiar a todos los trabajadores, la propuesta del gobierno del aumento de días solo ayudaría a ocho de 30 socorristas que hay durante la temporada baja.

La plantilla sigue ofreciendo los servicios mínimos tras los encuentros fallidos con el ejecutivo, que han llevado a mantener la movilización de manera indefinida hasta conseguir una mejora en las condiciones laborales.

Uno de los portavoces del sindicato, Gustavo Imperiale, ha afirmado que “el Ayuntamiento no tiene un compromiso firme y concreto de mejorar la seguridad de los vecinos ni las condiciones dignas para la plantilla”. “Consideramos que la comparecencia ha llegado tarde, y además por presión de la oposición política, lo que demuestra que no hay voluntad de solucionar nada”, ha concluido.

En la Playa de Sant Sebastià, una de las más grandes de Barcelona, estos días solo hay cuatro socorristas para ocuparse de la seguridad de todos los bañistas que se agrupan en sus más de 650 metros. Esta situación se debe a la actual huelga de los socorristas que, encabezada por la CGT, empezó el primer día de agosto y se convocó de manera indefinida.

Después de casi dos semanas y dos negociaciones (la última este martes por la mañana) los trabajadores han decidido que siguen y no van a desconvocar la huelga, a pesar de que las playas están llenas hasta la bandera. Una bandera que, ante la falta de socorristas, estos días ondea de color amarillo, aunque las condiciones del mar sean buenas.

Para los turistas y ciudadanos, la situación supone un problema preocupante debido a la falta de vigilancia, solo mantenida por los servicios mínimos de emergencia. “Es muy complejo, te sientes inseguro, porque ves casetas vacías y la que está ocupada tiene mucho tramo que vigilar, da la sensación de que no estás protegido”, alegaba una de las bañistas de la playa de Sant Sebastià este lunes.

Los socorristas, que mantienen servicios mínimos del 50%, son conscientes de la sensación de los bañistas, pero aun así apuestan por seguir con la huelga. La han convocado por dos motivos, principalmente: la precariedad laboral y la falta de personal. Sobre lo primero, destacan que los espacios en los que atienden a los bañistas o en sus zonas de descanso y aseo hay diversos desperfectos.

“Cuando llueve, se cuela el agua por el techo; además es un habitáculo hermético y cuando se duchan varias personas, del desagüe salen aguas fecales”, afirma uno de los portavoces de los socorristas, Gustavo Imperiale. También insiste en que en muchos módulos hay cucarachas y ratas. “Cuando yo entré ya se reclamaban estas cosas. La sección sindical se creó unos doce años atrás, pero no hemos conseguido que se nos escuche”, concluye.

En cuanto al personal, los socorristas se quejan del número “ínfimo” de plantilla que conforma el panorama de socorristas de Barcelona. “Hace años que la plantilla debería ser de 80 a 90 personas, pero no hay gente, no se contrata a nadie”.

Dos negociaciones frustradas

En esta última negociación con el Ayuntamiento y la empresa adjudicataria (FCC), y bajo la mediación del departamento de Trabajo, los trabajadores han decidido levantarse de la mesa ante la falta de nuevas propuestas. “No han traído nada serio que frene la convicción de los trabajadores”, han dicho desde la CGT después de la reunión.

Por su parte, el Ayuntamiento afea la actitud de los trabajadores, a quienes exigen “máxima responsabilidad” teniendo en cuenta el uso que la ciudadanía hace de las playas en plena ola de calor. También desmienten a los socorristas y aseguran que sí han presentado una propuesta de acuerdo que “mejoraba sensiblemente la propuesta aceptada por el Comité de Huelga la semana pasada” y que fue rechazada posteriormente por la asamblea.

Pero los socorristas niegan la mayor y aseguran que la primera mediación, que duró más de ocho horas, no acabó en ningún tipo de entendimiento: “No sabemos de dónde ha salido ese preacuerdo, cuando la oferta que presentaron en la mediación fue la misma que llevaron hace un mes y que, precisamente, fue la que desencadenó la aceleración de la huelga”, afirma Imperiale.

Los socorristas aseguran que su propuesta de huelga es “lógica” y “sólida”, cosa que no comparten desde el Ayuntamiento. El consistorio sostiene que el modelo de contratación de este colectivo, que fue actualizado hace sólo un año, cuenta con “unas buenas condiciones laborales” que se traducen, por ejemplo, en un 40% más de remuneración respecto a lo que estipula el convenio y un alargamiento de la temporada de baño que, en el caso de Barcelona, va de Semana Santa hasta octubre.

“Cuando se firmó ese contrato ya se incorporaron demandas de los trabajadores y en base a ellas se licitó el servicio. Pedimos responsabilidad”, afirmó hace unos días la primera teniente de alcaldía, Laia Bonet.

Por su parte, los socorristas insisten en que su preocupación no es el sueldo, sino que reclaman tener más compañeros en plantilla y que las instalaciones se mejoren. “Nos asombra que se toque el motivo económico cuando nosotros no lo hemos utilizado como motivo de la huelga”, aclara Imperiale. “Nos parecen mucho más graves las malas condiciones de trabajo y la intranquilidad de no tener compañeros que el dinero”, mantiene.

A pesar de que su postura es firme, los socorristas siguen abiertos a dialogar. Lo mismo que el Ayuntamiento, que espera que la situación pueda “reconducirse”. Por lo pronto, el consistorio ha descartado cerrar las playas ante la falta de vigilantes, tal como han llegado a plantear los trabajadores, de tal manera que se pueda garantizar la seguridad de los bañistas.

Mientras dure la huelga, además de los servicios mínimos del 50%, siguen activos los servicios de playas de la Cruz Roja y se ha reforzado la presencia de agentes de la Guàrdia Urbana. Por su parte, los socorristas tienen previsto realizar diversas manifestaciones hasta, al menos, la convocatoria de la próxima mediación que, a pesar de estar en plena ola de calor, todavía no tiene fecha.

Los socorristas de las playas de Barcelona han iniciado una huelga indefinida a partir de este viernes para reclamar mejoras laborales y denunciar el incumplimiento de los acuerdos pactados en años anteriores.

Según el sindicato CGT, convocante de la huelga, la plantilla ha apostado por los paros por unanimidad tras una reunión fallida que se celebró el pasado lunes entre el comité de empresa y FCC Medioambiente, la concesionaria del servicio.

Los trabajadores reclaman un convenio propio, la reducción de la temporalidad de la plantilla y el cumplimiento de las mejoras laborales previamente acordadas, informa la Agència Catalana de Notícies (ACN). Además, han denunciado que su situación ha empeorado desde 2023, pese a dos huelgas y múltiples rondas de negociación con el Ayuntamiento.

En un comunicado, CGT ha señalado que el posicionamiento de la plantilla se ha fortalecido después de que el consistorio haya propuesto unos servicios mínimos del 80% durante la huelga. Esta decisión, ha criticado el sindicato, es una muestra de la importancia de un servicio del que el Ayuntamiento “se ha desentendido”.

El sindicato ha cargado contra el Ayuntamiento por considerar el servicio como esencial “solo cuando le conviene”, esto es, durante la temporada de verano, de mayor afluencia a las playas.

La plantilla también ha lamentado por “paradójico” que el consistorio use los mismos argumentos que los socorristas han esgrimido a sus reivindicaciones desde hace años, como que el elevado volumen de afluencia a las playas y el aumento de la temperatura del agua son factores que inciden “directamente” en las condiciones laborales.

Los trabajadores han denunciado que su situación es “de precariedad absoluta” y han recordado que, además de los socorristas, las malas condiciones de trabajo también afectan a técnicos sanitarios, enfermeros, tripulantes y patrones de embarcación.

En varias ocasiones, asegura el sindicato, la empresa ha admitido la existencia de un “problema estructural grave” que condiciona la operativa diaria de los equipos acuáticos, sanitarios y marítimos. CGT también ha convocado una concentración en la plaza Sant Jaume este viernes.

Su trabajo es salvar vidas, pero se enfrentan a menosprecio o acoso por parte de quienes podrían necesitar su ayuda. Son mujeres socorristas en playas, piscinas y parques acuáticos y lidian cada día con frases del tipo “¿me vas a salvar tú a mí?”, “vaya morenaza, ¿tienes novio?” o “porque no me has pillado más joven, que si no te ibas a enterar...”. 

María Antonia Martínez se convirtió en 1967 en la primera mujer en ejercer la profesión de salvamento y socorrismo. Tenía que nadar a escondidas para evitar las riñas de sus padres de pequeña y tuvo que luchar “muchísimo” para conseguir ser socorrista, contaba en un reportaje para RTVE. Desde entonces, se ha normalizado la presencia de mujeres en la silla de vigilancia, pero ellas denuncian que se las toma menos en serio que a sus homólogos masculinos. “Muchos hombres ni nos miran cuando nos dirigimos a ellos en presencia de otros compañeros”, cuenta María.

María (nombre ficticio) tiene 38 años y es socorrista en las piscinas del Ayuntamiento de Madrid, concretamente en una que califica de “conflictiva”. De los seis socorristas que trabajan allí, la mayoría son hombres. Cuando hay que hablar con alguna persona usuaria o alguien se acerca a preguntar algo, María se siente invisible si está con un compañero. “Le miran a él, es como si yo no estuviera”, describe. Además, explica que la gente hace más caso a los socorristas varones, “sobre todo en temas de normativa”, y que los adolescentes “se ponen más gallitos” con ellas (y con un compañero gay).

Las caras del acoso: usuarios insisten en averiguar a qué hora salen las socorristas, un vigilante que envió una ‘fotopolla’ no consentida por redes o el operario que dijo “yo puedo ser tu ginecólogo, mira qué dedos”

Más allá del menosprecio en lo profesional, María ha visto todo tipo de acoso por parte de todos en sus 13 años como socorrista. Usuarios que insisten en conseguir el Instagram de sus compañeras más jóvenes o averiguar a qué hora salen. Compañeros que sexualizan a las usuarias o aquella ocasión en la que un trabajador de seguridad mandó una ‘fotopolla’ no consentida a otra socorrista tras encontrar sus redes sociales.

María también ha sufrido este machismo en persona, como aquella vez que un operario, al ver que ella hablaba con otra trabajadora sobre el ginecólogo, le dijo: “Si quieres yo hago de tu ginecólogo, mira los dedos que tengo”. Este tipo de actitudes las ha visto incluso en sus jefes. Uno le dijo “qué asco, depílate” y otro —50 años mayor que ella, recalca— le soltó al verla salir del vestuario “porque no me has pillado más joven, que si no te ibas a enterar”.

No es posible saber cuántas personas socorristas hay en España y en qué proporción son mujeres porque no existe una sola titulación homologada, pero los datos disponibles apuntan a que aunque es una profesión masculinizada, el número de mujeres no es despreciable. La mayor base de datos accesible, la de la Federación Española de Salvamento y Socorrismo, contabiliza 11.701 licencias; una de cada tres tiene por titular a una mujer.

“A mí no me vas a poder sacar”

Aunque María, la socorrista de Madrid, ha tenido que sufrir “bastante a menudo” a hombres que fingen ahogarse —“socorrista, me estoy ahogando, ven a salvarme tú”, relata que le dicen—, la percepción mayoritaria es que una mujer estaría en situación de desventaja respecto a un hombre a la hora de efectuar un rescate. “Con mi peso, tú no me vas a poder sacar”, le han dicho a María, que remarca que hombres y mujeres socorristas hacen pruebas conjuntas cada dos años y “lo hago mejor que otros y otros lo hacen mejor que yo”. 

Las socorristas sufren menosprecio en su desempeño profesional por parte de personas que insisten en que no podrán rescatarles cuando, en el agua, más vale maña que fuerza

“Vale más maña que fuerza” en el agua y siempre se puede pedir ayuda, recuerda la socorrista. Está de acuerdo con ella Marta, pseudónimo de una chica de 22 años que pasó los veranos de sus 17 a sus 19 como socorrista en un parque acuático de la Costa del Sol: “Muchas veces no es la fuerza que tengas, sino lo avispada que estés para darte cuenta de que alguien se está ahogando o lo rápido que pidas ayuda si tú sola no puedes”.

Marta experimentaba la misma desconsideración que María, pero sufría más por el acoso constante. “Tenía que aguantar comentarios continuos, que me dieran su número o me preguntaran si tenía novio. También se me acercaban de más: me hablaban poniéndose muy cerca de mi cara o aprovechaban la cola del tobogán para rozarme”.

En el parque acuático

Han pasado tres años desde la última vez que Marta ejerció de socorrista. Tiene “oxidados” algunos recuerdos de todo el machismo que sufrió en el parque acuático —incluso cuando era menor de edad—, pero hay un día que no olvida: “Estaba en la piscina de una zona infantil cuando me vi rodeada de repente por 10 o 15 chicos de 20 a 30 años formando dos filas alrededor de mí”. La chica trató de expulsarlos —“no podéis estar aquí; es zona infantil”, decía—, pero seguían con sus comentarios: “Bombón”, “ojalá ser ese bañador” o “qué suerte tiene el sol de verte todos los días, guapa”.

Marta (pseudónimo) no olvida la ocasión en que 10 o 15 chicos la rodearon y se pusieron a lanzarle comentarios sexuales. No hacían caso de su incomodidad ni de sus peticiones de que se fueran y tuvo que intervenir su jefa.

Haciendo caso omiso de la incomodidad de Marta, la docena de hombres que la acosaban no paró hasta que la chica pudo contactar a su jefa y esta vino a echarlos. Incluso eso “se lo tomaron a broma, no tomaban en serio a la jefa por ser mujer”. Marta se sintió “intimidada, indefensa y muy pequeña” ante la situación.

Las sensaciones de miedo e inseguridad le acompañaban después de colgar el bañador; mucha gente que la conocía comentaba su trabajo. “Les parecía algo extraño que yo estuviera allí trabajando en bañador rodeada de chicos, lo veían morboso”. Así, boca a boca, mucha gente de su pueblo o de los alrededores acabó reconociéndola y saludándola por su nombre en la calle. Esto la asustaba tanto que decidió hacer privadas todas sus redes sociales.

En la piscina de la urbanización

Elena tiene 24 años y ha trabajado como socorrista en la piscina de una comunidad de vecinos entre junio y julio, momento de su despido, que ella cree que tiene motivaciones “en parte” machistas: “Dicen que se quejaban de mí en la piscina, pero no sé qué tipo de queja sería porque yo hacía mi trabajo”. Su desempeño en la zona de recreo acuático de la urbanización empezó con trabas desde el primer minuto: “Trabajaba incómoda porque se ponían muchos hombres en mi zona y yo voy a trabajar, no a que liguen conmigo”, resume.

Cansada de soportar el baboseo diario, la socorrista se puso en contacto con el presidente de la piscina. Este le dijo que en cuestión de “dos días” limitarían su zona para que tuviera un poco de espacio. “Al igual que una camarera tiene la barra y la gente no se mete detrás”, hace Elena la analogía. Esto no solo no ocurrió, sino que el acoso fue a más: además del que ya recibía de forma generalizada por los hombres de la piscina, un usuario de unos 60 años empezó a convertirse en acosador habitual. “Venía dos horas antes de finalizar mi turno, se sentaba al lado y me miraba mucho. Estaba muy incómoda”, relata. A las dos semanas de empezar acudir, el hombre se envalentonó y le invitó a cervezas en tres ocasiones. “Le di largas educadamente; no puedo ser borde en mi trabajo”, explica.

Cada vez somos más conscientes, estamos más unidas y hablamos más. Mis compañeros saben que hay algunas cosas que no pueden decir delante de mí. Pasan cosas terribles, pero está mejorando

María — Socorrista en una piscina del Ayuntamiento de Madrid

Ante la situación de acoso creciente, Elena buscó desahogarse con otro trabajador con el que se llevaba bien: el jardinero de la urbanización. Lejos de apoyarla, este hombre “se chivó” de las quejas de la chica a sus superiores. “Me lo confirmaron a la hora de firmar el despido, creo que el jardinero tuvo un papel clave en que me echaran”, opina Elena. Este trabajador era un hombre de 34 años con mujer e hijo que la socorrista cree que se sentía atraído por ella: “Me respondía en Instagram a las 3 de la mañana y llevaba el tema a lo personal cuando hablábamos de trabajo por WhatsApp. A mí me sorprendía porque no venía a cuento, pero no me quería llevar mal con él porque se portaba bien conmigo”.

En retrospectiva y respecto a su despido, Elena considera que “lo mejor que me podía pasar es que yo me fuese”, aunque lamenta que a estas alturas del verano no pueda encontrar trabajo de socorrista. Aun así, es optimista y cree que podrá encontrar empleo en otro sector.

Marta o Elena no están ejerciendo en este momento de socorristas, pero María asegura que se pueden crear espacios seguros para mitigar las discriminaciones. “Cada vez somos más conscientes, estamos más unidas y hablamos más. Mis compañeros saben que hay algunas cosas que no pueden decir delante de mí”, defiende María, que quiere dar un toque de optimismo: “Pasan cosas terribles, pero la situación está mejorando”.

A lo largo de la próxima semana las piscinas de Bilbao volverán a abrir sus puertas después de que los trabajadores de mantenimiento, que llevaban en huelga desde el pasado 20 de mayo, llegaran a un acuerdo con la empresa empresa gestora UTE Giroa Ansareo que mejora sus condiciones laborales. La empresa es subcontratada por Bilbao Kirolak, el Instituto Municipal de Deportes del Ayuntamiento de Bilbao. El acuerdo, que afecta a 22 personas, contempla una subida salarial del 5,7% para el 2023, un 3,6% para el 2024 y subidas de IPC más el 0,75% y un 0,25% más variable para los años 2025, 2026, 2027 y 2028. Además, durante la vigencia del convenio se dará una reducción de jornada, llegando a las 1.592 horas en 2027. Otra de las principales reivindicaciones de la plantilla era la mejora del plus festivo, que ahora pasará de 20 euros a ser de 80 euros por festivo trabajado. Hasta ahora, la plantilla cobraba como un día laborable ordinario los domingos trabajados. Ahora, con el nuevo acuerdo, cobrará 60 euros en 2024 y 2025, 70 euros 2026 y 2027, y 80 euros en 2027. Asimismo, también se han conseguido 16 horas para poder acudir al médico y un día de libre disposición.

“Estamos contentos, es un buen acuerdo que mejora las condiciones del convenio sectorial”, reconoce a este periódico Eneko Martín, monitor, socorrista desde hace 18 años en el polideportivo de Errekalde y representante de la sección sindical de ELA. Martin se refiere al convenio firmado el pasado 7 de junio por UGT, CCOO y LAB. El sindicato ELA se opuso al considerar que las mejoras no eran suficientes y que el nuevo acuerdo “no garantizaba el mantenimiento del poder adquisitivo”, por lo que continuó con la huelga para exigir un convenio para cada centro. 

72 días después, el acuerdo para los trabajadores de mantenimiento ha llegado con mejoras, sin embargo, los 230 monitores y socorristas gestionados por la empresa Emtesport siguen sin tener noticias de la empresa desde que comenzaron con los paros. A pesar de ello, han decidido paralizar la huelga en agosto para “no afectar más a los usuarios”. “En una asamblea hemos decidido volver a trabajar en agosto y dar una margen de confianza a la empresa. Queremos mostrar nuestra buena voluntad para que el peso de este conflicto no siga recayendo en los usuarios. Nos damos de plazo hasta otoño, si la empresa no pone de su parte y nos ofrece un acuerdo, volveremos a la huelga”, reconoce Martín.

Para Martín, el acuerdo de los trabajadores de mantenimiento es una “posible hoja de ruta” para que Emtesport proponga uno adaptado al resto de trabajadores. “Es un buen ejemplo que se puede ajustar y reproducir”, sostiene. De no ser así, alerta. “Tenemos clarísimo que volveremos a la huelga. Somos conscientes de que no es una situación fácil y a nadie le gusta llegar hasta aquí, pero entendemos que son nuestros derechos laborales”, asevera.

Al igual que los trabajadores de mantenimiento, los monitores y socorristas también solicitan subidas salariales por encima del IPC, ya que, según denuncian los trabajadores, la gran mayoría tienen jornadas a tiempo parcial, sin llegar a los 1.000 euros mensuales, jornadas de 1592 horas anuales en dos años, pluses por la preparación de las clases y por los festivos que se trabajen y horas de asuntos propios como para poder acudir al médico. “No estamos pidiendo una locura, son derechos laborales básicos”, sostiene Martín.

Preguntado por si el calor de la última semana ha precipitado el acuerdo al menos para los de mantenimiento, Martín indica que era algo que “es posible”. “No nos ha ayudado el verano que llevamos, si hubiera sido como el del año pasado, con días de más calor, es posible ese calor hubiera hecho más presión y que el conflicto se hubiera resuelto antes. Entendemos que el primer escollo que han querido resolver desde el Ayuntamiento de Bilbao y la empresa ha sido el de los trabajadores de mantenimiento, porque no queda bien con el calor tener las piscinas cerradas”, concluye.

Este jueves han comenzado con las labores de limpieza y llenado de las tres piscinas municipales exteriores, las de Artxanda, Txurdinaga y Errekalde. Tras los controles de calidad requeridos, las piscinas abrirán la próxima semana, pero no quieren adelantarse a concretar un día específico. El año pasado las piscinas abrieron a principios de junio, por lo que los usuarios de Bilbao Kirolak comenzaron una recolecta de firmas en la plataforma Change.org para que la empresa escuchase a los trabajadores. “Bilbao Kirolak tiene una gran responsabilidad hacia su comunidad, que incluye asegurarse de que todas las instalaciones públicas sean accesibles y disfrutables para todos. Desafortunadamente, en los últimos años, las condiciones laborales de los empleados de las piscinas exteriores de Bilbao Kirolak se han deteriorado. La precariedad laboral es inaceptable y está afectando la disponibilidad y utilidad de las piscinas durante el verano. Esto no solo perjudica a los empleados, sino a toda la comunidad que depende de estos servicios”, sostiene el escrito, que ha superado las 1.700 firmas.

“Estamos buscando a 87 personas para trabajar como socorristas en Madrid”. Esa es la frase escogida por el concejal de Empleo del Ayuntamiento de Jaén, Luis García Millán, para promocionar una oferta de empleo que queda a 300 kilómetros de la capital jienense.

La propuesta laboral ha generado polémica porque hay quienes le achacan al edil que desde el Consistorio se ofrezcan trabajos lejos del municipio y que, además, lo haga un Gobierno municipal en el que está Jaén Merece Más, el partido político que nació con carácter provincial “para defender los intereses de Jaén”.

La oferta, que la promueve el Instituto Municipal de Empleo y Formación Empresarial (IMEFE), cuenta con el respaldo del Ayuntamiento de Jaén que, desde las pasadas elecciones municipales, está gobernado en coalición por el Partido Popular y por Jaén Merece Más.

Además, se trata de un empleo con carácter temporal ya que sería para trabajar como socorrista “desde mediados de junio a mediados de septiembre”. El sueldo: 1.300 euros netos por 40 horas semanales. Una cantidad que también parece baja para quienes han comentado la publicación que el propio edil ha subido a su cuenta de Instagram para promocionar la oferta.

La empresa, SOS Andrómeda, que tiene su sede social en Jaén, justifica los empleos alegando que en Madrid hacen falta muchos más socorristas que en la capital jienense y con respecto al sueldo sostienen que “al que no le parezca bien que hable con la Presidencia del Gobierno y que legislen subir el sueldo al doble”. “Por nosotros encantados”, sentencian.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento de Jaén niegan que se subvencione de modo alguno a la entidad: “Solo se promociona la oferta, tal y como se hizo en la convocatoria del año pasado con el anterior equipo de Gobierno. Mismo procedimiento”. No obstante, fuentes del PSOE, que ostentaba la Alcaldía en 2023, afirman que “se anuló por completo la relación con la empresa”.

Sin embargo, entre las críticas recibidas por parte del concejal de Empleo, que pertenece a Jaén Merece Más, destacan precisamente las de quienes le recuerdan de qué formación política procede. “¿Lo de fomentar el empleo en la provincia qué tal lo llevamos?”, le escribe una usuaria al edil. “Jaén Merece Más y lo primero que se hace es ayudar a buscar empleo fuera de Jaén”, expone otro. Al respecto, desde el Ayuntamiento de Jaén dicen no ver “polémica” alguna en la oferta de trabajo.

Por el contrario, el propio concejal defiende la propuesta porque la empresa es de Jaén. “¿Ves correcto que desde IMEFE no apoyemos a una empresa de Jaén que tiene negocio en Madrid? Mis estatutos me mandan apoyar al empresariado y debemos hacer una gestión de lo público de acuerdo a la ley”, responde el concejal a uno de los comentarios recibidos en la publicación. Una respuesta que posteriormente alarga para contar su propia experiencia personal cuando le cuestionan que un sueldo de 1.300 euros sea bueno para la capital de España.

El edil dice que vivió con “300 euros al mes”

“He sido el primero que ha tenido que salir de Jaén durante años para tener experiencia y poder volver para montar mi empresa y contratar gente. Estuve tres meses en Murcia con 300 euros al mes y pagando un cuarto en un piso. Eso está en mi mochila y me ha ayudado en el día de hoy. No veo esta oportunidad laboral (bastante mejor pagada que la que yo tuve) como echar gente fuera de Jaén al tratarse de algo temporal y para ganar experiencia”, dice el concejal de Empleo.

De igual modo, no es la primera vez en este mandato que el IMEFE de Jaén aparece relacionado con una oferta de trabajo polémica. En noviembre, la cuenta de la red social X @soycamarero, que se dedica a exponer ofertas de trabajo precarias en el sector de la hostelería, compartió una de las propuestas laborales del instituto jienense de empleo. En ella, se buscaba a un profesional que trabajase durante seis días a la semana, con tan solo uno de descanso.

Continúa la lucha de los socorristas en la isla de Eivissa por mejorar sus condiciones laborales. Una profesión que, en palabras de sus representantes sindicales, “no está valorada”. Y es que un trabajador en este sector cobra entre 1.000 y 1.070 euros netos al mes. Este verano, los socorristas de las doce playas de Santa Eulària des Riu y las cuatro de Sant Joan de Labritja que cuentan con la cobertura del servicio de vigilancia y socorrismo arrancaron un incremento salarial del 10% (con efecto retroactivo) para toda la temporada en que se contempla este servicio (del 1 de mayo al 15 de octubre), que en las playas del norte de Eivissa explota Cruz Roja Balears mediante un convenio con los dos ayuntamientos.

Esta subida se consiguió tras una reunión que tuvo lugar a principios de agosto entre CGT Eivissa y Formentera (que representa a trabajadores y trabajadoras) y Cruz Roja Balears, en el Tribunal de Arbitraje y Mediación de las Illes Balears (TAMIB). El acuerdo, además, evitó que los socorristas fueran a la huelga, que habían anunciado para el 13 de agosto. “También conseguimos que se nos reconociera el plus de supervisión”, explica a elDiario.es Carles Tur, delegado sindical de CGT Eivissa y Formentera en el sector, que, sin embargo, insiste en que la lucha principal está en negociar un convenio colectivo autonómico que deje atrás “las carencias” con las que consideran que desarrollan su actividad estos profesionales.

Un convenio autonómico es “la solución”, señala la CGT

Entre otras cuestiones, reivindican que en el convenio colectivo autonómico que negocian CGT, CCOO y UGT y la Agrupación Empresarial SALVIB (que incluye empresas como Marsave Mallorca S.L., Emergències Setmil S.L. o el Institut Balear de Emergències S.L.) haya una mejora de las condiciones salariales, se incluyan días de asuntos propios, se aumente en un día las vacaciones (pasando de 30 a 31 días naturales anuales), se estipule con mayor claridad el proceso mediante el cual se subroga a los trabajadores (es decir, la manera en que los empleados pasan de una empresa a otra, en caso de que se produzca un cambio después de que los ayuntamientos saquen el servicio a licitación y concurso público).

Los trabajadores también piden que en el convenio colectivo autonómico se estipule la baja por maternidad, la incapacidad temporal y las horas extras, que son otros puntos de conflictividad, según señalan desde la CGT. “Luchar por un convenio autonómico es muy difícil, pero la verdad es que vi que era realmente una solución a todos los problemas, siempre que esté bien”, asegura Tur.

Este convenio también buscaría evitar que los socorristas que trabajan en la piscina de un hotel no tengan las mismas condiciones que aquellos que trabajan en playas porque, según denuncia Tur, el convenio de hostelería “permite externalizar el servicio”, lo que redunda en que el empresario puede fijar el sueldo al trabajador en función de su convenio de empresa, que en cualquier caso tiene que respetar el Estatuto de los Trabajadores.

Precisamente, este es otro de los problemas que tienen, sostiene la CGT. Los socorristas de las doce playas de Sant Josep de sa Talaia que cuentan con este servicio trabajan para Marsave Mallorca S.L., adjudicataria para los años 2020-2024, con las condiciones que establece el convenio de empresa. En este caso particular, ello no afecta a sus condiciones salariales, que vienen determinadas en el pliego de condiciones que redacta el Ajuntament de Sant Josep. “Cuando una empresa gestiona un servicio público, debería acogerse a un convenio autonómico, estatal o sectorial, que especifica mejor las condiciones laborales, pero Marsave aplica el de empresa, que no especifica casi nada (y que hace referencia a lo que indica el Estatuto de los Trabajadores, que es de ‘mínimos’)”, se queja Tur.

Cuando una empresa gestiona un servicio público, debería acogerse a un convenio autonómico, estatal o sectorial, que especifica mejor las condiciones laborales, pero Marsave aplica el de empresa, que no especifica casi nada

Carles Tur — Delegado sindical de CGT Eivissa y Formentera

El convenio de Marsave Mallorca S.L., que se puede consultar a través de la resolución de la Conselleria de Trabajo, Comercio e Industria del Govern balear, publicada el 7 de abril de 2016 en el BOIB, detalla en su artículo 4 del capítulo 1 su carácter temporal, señalando su vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021. “Este convenio colectivo podrá ser prorrogado expresa o tácitamente. Se entenderá prorrogado tácitamente por períodos anuales si no mediara aviso de denuncia formulado por cualquiera de las partes con al menos tres meses de antelación a la finalización de su vigencia o en su caso de la prórroga en curso”, establece el texto.

La reforma laboral aprobada en 2012, con Fátima Báñez como ministra de Empleo y Seguridad Social del primer ejecutivo de Mariano Rajoy, limitaba a un año la ultraactividad de los convenios colectivos. Es decir, transcurrido un año desde la pérdida de vigencia sin que se hubiera llegado a un acuerdo para su renovación, este dejaba de estar en vigor, siendo sustituido por uno de ámbito superior, según explica el Col·lectiu Ronda, cooperativa experta en el ámbito jurídico y laboral (es decir, hasta el 31 de diciembre de 2022).

Con la nueva reforma laboral impulsada por el Ministerio de Trabajo de Yolanda Díaz, en caso de denuncia del convenio (a diferencia de lo que establecía la anterior reforma), se mantendrá vigente en tanto duren las negociaciones para su renovación. El año pasado los representantes sindicales de los socorristas de Sant Josep denunciaron el convenio a la Inspección de Trabajo del Ministerio por “lesividad”, según la versión de CGT.

De momento, los trabajadores de Sant Josep han conseguido negociar una mejora de la remuneración de las horas extra, fijada en 13 euros brutos la hora, 14,60 euros brutos la hora en el caso de los supervisores, mientras que la empresa, según CGT, ofrecía 8 y 9 euros la hora, respectivamente, unas condiciones que, según Tur, son mejores que las que tienen sus compañeros y compañeras de los municipios de Eivissa y Sant Antoni de Portmany. En dichos municipios, el servicio de vigilancia y socorrismo está gestionado por Emergències Setmil S.L. (del grupo IBE) y Marsave Mallorca S.L., respectivamente.

También señalan que este sector se ha visto beneficiado en los últimos años por las progresivas subidas del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), que alcanzó los 900 euros brutos con Magdalena Valerio y los 1.000 euros brutos (en 14 pagas) con Yolanda Díaz al frente de la cartera de Trabajo. 

Los socorristas amenazan con “ir a la huelga”

Las negociaciones para firmar el convenio colectivo autonómico están, en estos momentos, “estancadas y en una fase muy inicial”, asegura Tur, delegado sindical de CGT de los socorristas de Eivissa. Según explica, a partir de este año empezaron las conversaciones entre los sindicatos CGT, CCOO y UGT y la patronal, Agrupación Empresarial SALVIB. Después de haber viajado a Palma en tres ocasiones para tratar este asunto, espera que en septiembre se pueda reanudar el diálogo con todos los actores implicados.

“Si las negociaciones en septiembre no van bien, plantearíamos ir a la huelga el 30 de septiembre, también con los trabajadores de Cruz Roja”, manifiesta Tur. elDiario.es se puso en contacto con Marsave Mallorca S.L. por primera vez el 30 de agosto, para recabar su versión acerca de las quejas de los socorristas de Sant Josep y el estado de las negociaciones del futuro convenio autonómico, sin haber obtenido respuesta, hasta este momento.

Hoy se ha presentado en la Explanada del Auditorio el Plan de Vigilancia y Rescate en Playas y Salvamento en la Mar de la Región de Murcia (COPLA). Desde hoy y hasta el 11 de septiembre este Plan tendrá presencia en vigilancia y salvamento en playas desde las 11:30h hasta las 19.30 horas.

El dispositivo, prestado por Salvad y coordinado por el Servicio Municipal de Protección Civil y Emergencias del Ayuntamiento Águilas, con la colaboración de Policía Local, Guardia Civil, 061 y el Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento, cuenta con 60 socorristas acuáticos distribuidos en 14 puestos, más un vehículo todoterreno para la vigilancia y socorrismo de aquellas playas sin puesto fijo de vigilancia dentro del término municipal de Águilas. Todas son playas cardioprotegidas, cuentan con desfibriladores externos semiautomáticos y cabe destacar que el 100% del personal está formado en materia de desfibrilación, lo que es un punto importante a enfatizar teniendo en cuenta que los bañistas pueden sufrir cualquier tipo de desvanecimiento o ahogamiento y van a tener una asistencia en desfibrilación de forma inmediata. También se cuenta con tres embarcaciones de rescate más una cuarta de reserva, que se encargan de cubrir toda la costa de Águilas. Como ya ocurriera el pasado año se van a dotar de sillas anfibias, y las ayudas técnicas que puedan necesitar las personas con movilidad reducida, un total de tres playas de nuestra localidad.

Entre las novedades, según anunciaba el edil de Seguridad Ciudadana, Cristóbal Casado, destaca la dotación de todas las embarcaciones con motores de 40 caballos con el objetivo, por un lado, de reducir la contaminación marítima y, por otro, reducir el tiempo de la intervención.

La Federación de Salvamento y Socorrismo de Galicia y alcaldes de varios ayuntamiento avisan de que la comunidad encara el verano con un déficit de socorristas para vigilar las playas gallegas. Será previsiblemente, más común, encontrarse con paneles informativos sobre seguridad al llegar a los arenales.

La presidenta de la federación, Nuria Rodríguez, culpa de la falta de candidatos a los requisitos que ha impuesto la Xunta, sobre todo los que se refieren a las horas de formación, que son 420 para lograr al certificado profesional. Hace diez años solo se requerían unas 80. El problema, recalca, es “importante” y era previsible con el cambio de requisitos. “Se esperaba que hubiese un déficit, pero se rompieron las previsiones”, insiste. Antes de la reforma de 2012 que elevó las exigencias habría tres vías para ser socorrista en una playa gallega: a través de la Federación de Salvamento, con la Cruz Roja o con Protección Civil. Ahora, quienes estén certificados deben estar también anotados en el registro de la Xunta.

Algunos alcaldes coinciden con el diagnóstico de la situación. El de Valdoviño, Alberto González, asegura que este déficit se da en Galicia, pero no en otras comunidades autónomas, según Europa Press. “Hay que aplicar la racionalidad en los cursos”, pide. El regidor propone aplicar exigencias de formación diferentes según la peligrosidad de los arenales.

Nuria Rodríguez apunta que los salarios no son iguales en todos los ayuntamientos, de modo que los aspirantes se suelen presentar a varias playas y luego optan por “la que más les conviene”. Las horas de formación, la poca duración de un trabajo vinculado al periodo estival y el salario hace que los jóvenes, que señala que son el perfil de socorristas para estas fechas, prefieran otros sectores. Tras la pandemia, “algunos volvieron, pero no tantos”.

El Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, a través del concejal Iván Díaz, ha denunciado que la playa de la capital se ha quedado desde este miércoles, 18 de abril, “sin servicio de socorrismo por la desidia y dejadez del grupo de Gobierno (PSOE-CC), cuya falta de gestión ha llegado a unos extremos muy preocupantes para la ciudad”, indica el PP en una nota de prensa.

Díaz afirma que la excusa expuesta por el alcalde, Sergio Matos, para que la playa se haya quedado sin socorristas es “el retraso en la aprobación del presupuesto de 2018 y la baja médica de un funcionario, disculpas que solo sirven para dejar aún más en evidencia la parálisis en la que se encuentra inmerso el ejecutivo capitalino, y que ahora afecta incluso a la seguridad de los bañistas”.

El concejal del PP recuerda que “los contratos cuando se firman tienen una fecha de finalización”, por lo que el Grupo de Gobierno “es consciente desde hace meses, que no desde hace días ni semanas, de que la concesión se iba a cumplir y había que elaborar unas bases para publicarlas, valorar las ofertas y adjudicar el servicio antes de que se dejara de prestar, para lo que se necesita previsión, capacidad e interés, de lo que socialistas y nacionalistas carecen”.

Iván Díaz mostró su “preocupación por el anuncio del alcalde de que el procedimiento para la renovación de este servicio tardará sobre un mes y medio, un período de tiempo en el que o se buscan alternativas o estaremos sin socorristas en la playa”.

El Partido Popular entiende que esta “delicada situación es una prueba más de lo que el grupo de Gobierno pretende de la playa, una infraestructura por la que claramente no apuesta y que, por ello, no ha cumplido con el objetivo de convertirla en un motor para el desarrollo socioeconómico de la ciudad”. A propósito, se indica en la nota, el PP denuncia “la falta de iniciativas de los gobernantes locales para dotar a este recurso de equipamientos y potenciarla con el desarrollo de eventos”.

El machismo ha ganado con la decisión. La jefatura de Salvamento del Ayuntamiento de Gijón ha recomendado a las socorristas encargadas de la vigilancia de la playa de San Lorenzo que trabajen con pantalón corto para tapar el bañador con el que llevan haciendo su trabajo desde el inicio del verano. El consejo responde a las fotografías que llenaron las redes sociales el pasado domingo acompañadas de comentarios machistas.

El pantalón forma parte del uniforme oficial de las socorristas, pero su uso no es obligatorio. Por ello, la recomendación de Salvamento ha levantado una enorme oposición por poner el foco en las propias socorristas y no en la mirada machista que las cosifica. “Lo de las socorristas de Gijón es lo de siempre. Debemos taparnos nosotras porque ellos no pueden controlarse. Asqueroso.”, aseguraba una tuitera este lunes.

La misma opinión comparte la socióloga e investigadora en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) Beatriz Ranea, para la que el consejo es una forma de “responsabilizar a las mujeres y contribuir a esa cultura patriarcal en la que la culpa de una acción machista la tienen ellas y no los que la llevan a cabo”. ¿Qué tipo de mensaje manda a la sociedad? “Que las mujeres deben taparse, que es el mito patriarcal que llevamos escuchando siempre: Provocáis a los hombres y debéis hacer algo para evitarlo”, prosigue.

De hecho, varios comentarios de estos días se detenían precisamente en ello, en el supuesto carácter provocativo de la vestimenta. Así era el titular de la noticia con el que Antena 3 informaba de la decisión de Salvamento, cuya jefa, Flor Palacio, no ha querido hacer declaraciones, según recoge El Comercio, que añade que las propias profesionales también han querido mantenerse al margen.

Juzgar su cuerpo y no su profesionalidad

La fiscal Inés Herreros identifica además otro elemento como parte de la polémica generada que tiene que ver con “la consideración de que los hombres tienen instintos y actitudes irrefrenables, que no pueden controlar ni evitar porque es parte de su naturaleza, de manera que somos nosotras las que tenemos que controlarnos”, opina la que también es presidenta de la organización feminista Gafas Lilas.

Ambas expertas lamentan que la solución de la jefatura de Salvamento haya sido esta recomendación y no aludir a la profesionalidad de las trabajadoras y mostrarse de manera tajante contraria a las actitudes machistas. “Debería haber incidido en que las socorristas están ahí para hacer su trabajo y no para aguantar este tipo de comportamientos, independientemente de cómo vistan. El foco debería haber sido el contrario”, matiza Ranea.

Algo que sí ha hecho el concejal de Seguridad Ciudadana, Esteban Aparicio, que defendió este lunes a las profesionales y aseguró que “la perversión del uniforme puede que esté en las mentes de algunos”. Lo importante, prosiguió, “es que los socorristas de Gijón no han tenido ni una sola víctima mortal en la mar en dos años, eso es en lo que hay que fijarse y no en otras cosas”.

Los comentarios machistas sobre las socorristas ahondan en la habitual forma de obviar la profesionalidad de las mujeres para resaltar otros aspectos que nada tienen que ver con ello, como su estado civil o sus condiciones físicas. Algo que trasciende este ámbito “y se da también en otros como en la política, el deporte, el periodismo...Todavía cuesta mucho que una mujer sea juzgada únicamente por lo que hace y de qué manera”, critica Ranea.

Dos veranos, una misma polémica

Con sus diferencias, el verano acoge nuevamente una polémica relacionada con el cuerpo de la mujer, al igual que ocurrió el pasado año. En esta ocasión lo es por ir demasiado desnudas, el pasado por ir demasiado vestidas. En 2016 lo fue la utilización de un hiyab por parte de Doaa Elghobashy en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro y la prohibición del burkini en Francia, que se extendió, por ejemplo, a algunos parques acuáticos de Girona.

Una muestra de que “el cuerpo de la mujer siempre está en el centro del cuestionamiento”, analiza Herreros, a lo que Ranea añade: “Si vas a la playa con un burkini, te van a criticar, si vas con un bikini, te van a criticar. El tema es seguir imponiendo unos mandatos a las mujeres y diciéndoles cómo tienen que vestirse. Algo que perpetúa esa posición inferior de la mujer a la que constantemente hay que tutelar e indicarle cómo debe ser”.

Las dos califican de “indispensable” que los hombres “que no se sienten reconocidos en esas prácticas interpelen a los que sí lo hacen”, explica Ranea. Así opina también el psicólogo Rubén Sánchez, que hace hincapié en que “debemos identificar y señalar a estos hombres y desmarcarnos para no convertirnos en cómplices porque ellos suelen buscar tu mirada de complicidad. Hay que mostrar de forma contundente una oposición y no seguir asentando uno de los pilares del patriarcado, que es el control del cuerpo de las mujeres”.

Para combatir el calor u organizar el ocio estos días los vitorianos tendrán que pensar en sitios diferentes a las piscinas municipales. El Ayuntamiento de Vitoria ha decidido cerrar la instalaciones municipales de las piscinas de Gamarra y de Mendizorroza tras comprobar que el seguimiento de la huelga de socorristas y monitores está siendo casi total en el primer turno que se ha iniciado a las ocho de la mañana de este domingo.

En el turno de la tarde, que ha comenzado a las 15.00, también casi todos los trabajadores se han sumado a la convocatoria, por lo que el Ayuntamiento mantiene cerrados los mismos recintos.

Los sindicatos LAB, ELA y CC OO han llamado a la huelga a 450 socorristas y monitores de piscinas y del pantano que trabajan en Álava desde hoy y hasta el 31 de julio al considerar “insuficiente” la oferta económica de las empresas del sector. En principio, encima de la mesa de negociación estaba un aumento salarial del 1 % a los monitores y del 7 % a socorristas. El salario es de unos 700 euros mensuales.

Con trabajo, “pero pobres”

Tras una pancarta con la leyenda 'Actividades deportivas por un convenio digno', los trabajadores en huelga se han concentrado en la Plaza de la Virgen Blanca de la capital alavesa. Allí han denunciado que “las categorías englobadas en el grupo 4 (cancheros, vigilantes y control de instalaciones) tienen un salario miserable de 6,22 euros la hora, que hace que teniendo trabajo seamos pobres”.

Los sindicatos reclaman para este año y los dos siguientes un aumento salarial del IPC más un 1 % para socorristas y monitores; y adelantar a este año las mejoras de los trabajadores del grupo 4 -trabajadores de campos de fútbol, frontones o personal de control de instalaciones-, ya que el salario de este colectivo es de 6,22 euros a la hora.

Además de afectar a los dos principales recintos de ocio a los que se acercan miles de personas diariamente en época estival, el paro ha afectado a las piscinas cubiertas de Aldabe, Lakua, Judizmendi y San Andrés. Junto a esas instalaciones, que permanecen cerradas, tampoco han abierto los frontones de Lakua, Los Astrónomos, Abetxuko, Zaramaga y Adurza, ni los “rocódromos” de Ariznavarra y Hegoalde.

La concesionaria del servicio de vigilancia y socorrismo en las playas de Dénia, la UTE Salvamar, formada por Eulen y Aunar Group 2009, acaba de recibir un duro varapalo judicial. Los tribunales han resuelto el conflicto que se generó el año pasado cuando esta mercantil se adjudicó el servicio tras quedar descalificada por un incomprensible error la Cruz Roja, que presentó una oferta unos céntimos superior al máximo permitido en la licitación. Aquello suscitó que la ONG despidiera a los socorristas que tenía en plantilla. Ahora, una sentencia obliga a la nueva adjudicataria a incorporarlos a su plantilla en las mismas condiciones que tenían en Cruz Roja o, en caso contrario, indemnizarlos con una cifra que, en conjunto, roza los 47.000 euros. Todo junto abre un panorama incierto respecto al futuro del servicio en las playas dianenses.

Y es que las condiciones laborales que tenían los socorristas de Cruz Roja eran sustancialmente superiores a las que, desde el pasado verano, cuando la UTE se hizo cargo del servicio, aplica Salvamar. La empresa puede recurrir la sentencia y, mientras se resuelve el recurso, lo normal es que pase el próximo verano, que es el último del actual contrato.

La sentencia, dictada por el Juzgado de lo Social número 1 de Benidorm, resuelve la demanda interpuesta contra Cruz Roja y la nueva adjudicataria por 30 de los socorristas despedidos. En el procedimiento, Cruz Roja defendió que se vio obligada a proceder a los despidos una vez que se había quedado sin el servicio municipal de salvamento y socorrismo, y que la legislación obligaba a la nueva adjudicataria a incorporar al servicio mediante subrogación a todos los socorristas que tuvieran en Cruz Roja una antigüedad mínima cinco meses anteriores a la finalización del servicio. En concreto, 40 de los 43 despedidos.

La discusión jurídica radicaba en cuál era el convenio laboral de aplicación para este caso: el de Cruz Roja, el Estatuto de los Trabajadores (como defendía Salvamar) o el convenio colectivo estatal de instalaciones deportivas y gimnasios (como decía Cruz Roja). La jueza resuelve que el caso debía enmarcarse en este último, lo que obliga a la subrogación. Por tanto, afirma la sentencia, Salvamar “ha de subrogarse en las relaciones laborales de los trabajadores de la empresa saliente adscritos a la contrata”.

Además, el fallo señala que “la extinción de la relación laboral de los demandantes que tuvo lugar en fecha 02.06.16, habiéndose negado la nueva adjudicataria del servicio UTE Salvamento y Socorrismo Playas Dénia a subrogarse en las relaciones laborales de los demandantes, ha de considerarse un despido del que debe responder la citada mercantil, y dadas las características del mismo procede calificarlo como improcedente”. Es decir, que Salvamar tendrá que elegir entre incorporar al servicio a los 30 socorristas demandantes, o abonarles la indemnización por el despido de Cruz Roja. En total, la cifra asciende a 46.694,41 euros.

El concejal de Playas, el socialista Óscar Mengual, ya ha avanzado que la próxima licitación sí que incluirá la necesidad de que la nueva entidad que asuma el servicio incorpore la plantilla anterior. Visto lo visto, eso habría ahorrado el problema laboral que se generó el pasado año.

Un hombre de 86 años ha fallecido tras ser rescatado del mar por socorristas en la playa del Camisón del municipio tinerfeño de Arona, informó el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad 112.

Los socorristas de la mencionada playa practicaron al hombre, de nacionalidad belga, maniobras de reanimación cardiopulmonar básicas y utilizaron además un desfibrilador, pues el hombre se encontraba en parada cardiorrespiratoria.

Posteriormente, el personal de una ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario continuó practicando al bañista maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas sin obtener resultado, por lo que se confirmó su fallecimiento.

La Policía Local colaboró con los recursos de emergencia y el Cuerpo Nacional de Policía custodió el cuerpo del fallecido hasta la llegada de la autoridad judicial, además de instruir las diligencias correspondientes.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma debatirá el próximo lunes, 16 de enero, en sesión plenaria el proyecto de presupuestos para el ejercicio 2017, que se eleva a 15.191.441 euros, “una cantidad que supone un incremento del 3,25% respecto a los 14,7 millones del año 2016”, informar el Consistorio en una de prensa. Los presupuestos municipales “vuelven por tanto a crecer tras el leve descenso (el 0,34%) del pasado ejercicio respecto a 2015”. Las previsiones económicas del Consistorio capitalino para el presente ejercicicio incluyen una partida para la seguridad de la nueva playa y la contratación de socorristas.

El alcalde de Santa Cruz de La Palma, Sergio Matos, y el concejal de Hacienda y Cuentas, Julio Felipe, señalan que estos presupuestos “continúan en la línea marcada en el ejercicio anterior, al priorizar la atención social y la mejora de los servicios públicos, con un criterio de eficacia a la hora de priorizar las inversiones” y destacan “el esfuerzo a la hora de buscar un presupuesto consensuado que recoja la mayor parte de las propuestas presentadas a través de enmiendas por los diferentes grupos municipales en las comisiones previas”.

En la nota se apunta que “las inversiones reales contempladas en el capítulo VI del presupuesto ascienden a 565.736 euros, con un aumento del 6,18% respecto al ejercicio anterior y un incremento notable de la aportación municipal para este capítulo (más de 100.000 euros respecto a 2016)”. En este apartado, añade, se incluyen actuaciones como un plan de embellecimiento para la Avenida Marítima, el asfaltado de diversas vías urbanas, el ascensor urbano de la Plaza de la Constitución o la mejora en infraestructuras culturales y deportivas“. Como novedad ”significativa“, subraya, ”habrá una partida específica para la seguridad de la nueva playa y la contratación de socorristas“.

El capítulo I, relativo a gastos de personal, “supone el 59,64% del presupuesto y cuenta con una partida que asciende a 9,15 millones de euros”. El Ayuntamiento mantendrá su plantilla actual de 243 empleados (incluyendo personal funcionario, laboral y eventual)“.

Los gastos corrientes en bienes y servicios (capítulo II del documento) experimentan un crecimiento del 10,71%, pasando a 3,2 millones de euros. “En dos años se ha incrementado este apartado en más de medio millón de euros, atendiendo al compromiso del grupo de Gobierno municipal de reforzar y potenciar los servicios públicos que se prestan al ciudadano (limpieza, alumbrado, parques y jardines y obras y vías), así como los créditos destinados a promoción turística, actuaciones juveniles, culturales y deportivas y participación ciudadana. En el ámbito de los Servicios Sociales se mantiene la línea de prestaciones y ayudas a las personas y colectivos más necesitados”, se indica en la nota.

El capítulo III de gastos financieros “continúa la tendencia reduccionista de los últimos años, gracias tanto a los menores intereses de las operaciones de crédito vigentes como a la disminución de la deuda financiera en los últimos cuatro ejercicios, la cual se ha visto reducida en más de 5,2 millones de euros”.

Aumenta un 1,97% el capítulo IV, de transferencias corrientes, hasta los 617.500 euros. “Fruto de la mejora económica de la Corporación”, añade, “es posible mantener, e incluso incrementar ligeramente, la totalidad de las subvenciones y transferencias aprobadas para 2016”.

En el estado de gastos “cabe reseñar el capítulo XI, destinado a los pasivos financieros, que asciende a 1.364.312 euros, cantidad suficiente para hacer frente a la amortización de las operaciones de endeudamiento contratadas”.

En el apartado de ingresos, “las mayores aportaciones se deben a transferencias corrientes (5,8 millones de euros), impuestos directos (3,9 millones), impuestos indirectos (3,06 millones) y tasas y otros ingresos (1,9 millones)”.

Por último, el presupuesto del Patronato Municipal de la Bajada de la Virgen para 2017 asciende a 30.000 euros, contemplando los gastos en tareas preparatorias de las próximas Fiestas Lustrales, toda vez que ya se ha hecho frente a la totalidad de los gastos de la edición del año 2015.

Sin ajustarse a la normativa ha decidido proceder el Ayuntamiento de Turleque, gobernado por el Partido Popular, para adjudicar cuatro plazas temporales de empleo en esta localidad toledana. Se trata de dos plazas de socorrista y otras dos de taquillero para la piscina municipal, que serán asignadas mediante un sorteo “ilegal”, según ha denunciado el responsable de FSC-CCOO, José Luis Arroyo, quien recuerda a la alcaldesa, María del Pilar Martín, que en España hay una regulación del acceso al empleo público que debe cumplir ante cualquier oferta de contratación, “aunque sea para cubrir puestos de carácter temporal. 

De momento, el sindicato ha descartado solicitar por vía judicial la suspensión cautelar de la convocatoria emitida por el Ayuntamiento de Turleque, “pese a su evidente ilegalidad”. “No queremos que la alcaldesa se refugie en un mandato judicial para aplazar la apertura de la piscina municipal y privar de su disfrute a sus vecinos ni un solo día”, argumenta Arroyo.

Pero afirma que puesto que el Ayuntamiento ha anunciado la apertura de la piscina el próximo día 1 de julio, todavía está a tiempo de rectificar y elaborar unas nuevas bases para la contratación de los socorristas y taquilleros, “adecuándose a la legalidad”. CCOO espera que así lo haga para evitarse la “inevitable censura judicial que nos ocuparíamos que recayese sobre la causante de la ilegalidad”. Además, recuerda que ya en la pasada legislatura los tribunales anularon a instancias de este sindicato el proceso de cobertura de empleos públicos mediante sorteo que realizó el Ayuntamiento de Torrijos, también gobernado entonces por un edil del PP.

Igualmente, pide a la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y a la Subdelegación provincial en Toledo que ejerzan el “control de legalidad que les compete” para garantizar que tanto el Ayuntamiento de Turleque como cualquier otro Consistorio de la provincia y de la región “respetan en sus convocatorias de empleo los principios establecidos en el Estatuto básico del Empleado Público y en la Ley de Empleo Público”.

Después de unos días de tensión el Ayuntamiento ha cedido a la petición que hacían los trabajadores del servicio de socorrismo y salvamento de las playas de Barcelona: que garantice que la nueva empresa adjudicataria del servicio, Proactiva, mantendrá el personal que hacía esta tarea hasta ahora con la Cruz Roja.

La veintena de trabajadores que se encerraron el viernes en el Ayuntamiento de Barcelona para reivindicar que aplique la subrogación y que, por tanto, la nueva empresa adjudicataria del servicio los mantenga, ha abandonado el vestíbulo esta madrugada tras alcanzar un acuerdo con el consistorio barcelonés.

Tal y como pedían los afectados, fuentes municipales aseguran que el Ayuntamiento se ha comprometido a garantizar todos los puestos de trabajo y mantener las condiciones laborales. Así, según aseguran las mismas fuentes, el consistorio velará para que la empresa adjudicataria y los trabajadores lleguen al acuerdo definitivo “con la máxima celeridad posible”. Desde este viernes, la teniente de alcaldía Janet Sanz y otros miembros del equipo de gobierno han mantenido “un largo diálogo con Proactiva y los trabajadores”.

Según han hecho saber fuentes municipales “el Ayuntamiento agradece la actitud plenamente colaboradora de la nueva entidad adjudicataria para poder solucionar un problema sobrevenido” y atribuyen el problema a “la autoexclusión de Cruz Roja” porque presentó una oferta con una propuesta económica que superaba el precio de licitación, lo que provocó que quedara automáticamente excluida porque no se adecuaba a las características del concurso público.

Ante esta situación el Ayuntamiento ha abierto una vía de diálogo para encontrar una solución a los trabajadores de manera prioritaria a pesar de “la dificultad de obligar legalmente a la nueva entidad adjudicataria a subrogar personal de otras empresas”, según señalan.

La temporada media de playas de Barcelona se pondrá en marcha el 25 de marzo, coincidiendo con la Semana Santa, y el lunes se hará el arado. El servicio de salvamento y socorrismo también se pone en marcha coincidiendo con el inicio de la temporada media de playas. Con el objetivo de dar una mejor cobertura del servicio, el concurso del contrato salió por un importe de 1.230.000 euros, con un incremento de 154.000 euros.

Una veintena de trabajadores de salvamento de las playas de Barcelona se encuentran encerrados en el ayuntamiento de la ciudad. El grupo, según ha manifestado un portavoz, se ha desplazado a primera hora de la mañana a las puertas de la casa consistorial. Allí han visto que entraba la alcaldesa y le han pedir hablar con ella. Ada Colau, ha aceptado que entraran en el edificio y ha iniciado un breve diálogo con ellos y ha manifestado que daría respuesta.

Ante esta situación, los trabajadores han decidido que esperarán a que la máxima edil municipal les diga si el ayuntamiento instará la subrogación o no de los socorristas afectados.

La clave del conflicto es el papel que pueda adoptar el consistorio. Se convocó un concurso para renovar la concesión de la vigilancia de las playas de Barcelona que tradicionalmente ha realizado la Cruz Roja. Esta entidad presentó una propuesta económica superior a la máxima contemplada en el concurso: 3 millones cuando la cifra más alta incluida en el pliego de condiciones era de 2,46 millones. Esto hizo que se aceptara la propuesta de Proactiva Servicios Acuáticos, SL.

Una vez terminado el proceso de adjudicación queda un problema: Qué hacer con los trabajadores que tienen una preparación especializada y que pueden quedar en la calle. Estos operarios inmediatamente reclamaron que el Ayuntamiento ejerciera la subrogación sobre la plantilla, lo que implicaría que Proactiva tuviera que asumirlos. Pero una vez revisado el contrato la obligatoriedad no queda clara.

Según Cruz Roja, la entidad que parece que ha querido desembarazarse de la concesión porque afirma que perdía dinero, fue ella la que reclamó al ayuntamiento que en el pliego de condiciones hubiera una referencia a la subrogación del personal. A la postre, esta alusión está, pero de una manera ambigua. Se menciona la subrogación, acompañada de la coletilla, en su caso.

Los trabajadores interpretan el sufijo en el sentido de que es el Ayuntamiento de Barcelona quien puede hacer que Proactiva asuma los trabajadores. Pero el consistorio hace una lectura menos taxativa y, al menos hasta hace dos días, consideraba que era Proactiva quien debía decidir si subrograva o no. Ahora la decisión la tiene la alcaldesa. A la entrada del ayuntamiento los socorristas esperan.

El presidente de la Asociación Hotelera y Extrahotelera de la provincia de Santa Cruz de Tenerife (Ashotel), Jorge Marichal, ha reclamado este viernes que se aumente el número de socorristas en las playas de Canarias.

Jorge Marichal indica en un escrito que tras los accidentes que durante la semana pasada se han producido en Fuerteventura, Gran Canaria y Tenerife, en los que cuatro personas han fallecido ahogadas en las playas, es preciso hacer una reflexión seria en torno a lo que sucede en las costas.

“Esas irreparables pérdidas, con el drama que ello supone, lleva a preguntarse a quienes se dedican al sector hotelero si son equitativas las normas establecidas para las playas en relación con las que funcionan en las piscinas”, comenta Jorge Marichal, quien es consciente de que en un territorio insular no se puede poner una cadena de socorristas por todo el litoral.

Pero el presidente de Ashotel cree que es vital frenar esos accidentes, y para ello propone que se instale algún sistema de información obligatoria en las zonas donde no se disponga de socorristas, al tiempo que se aumente el número de estos profesionales.

Jorge Marichal es partidario de dejar a un lado los lamentos y empezar a prevenir.

A su juicio, la laxitud que hay en la vigilancia de las playas de Canarias contrasta con el excesivo control de la seguridad en las piscinas.

Comenta que según datos del Istac entre 2000 y 2013 se produjeron en las islas 150 muertes por ahogamientos en aguas naturales y diecisiete en piscinas.

Reconoce que el grado de peligrosidad en aguas abiertas no es el mismo que el de las aguas controladas de las de las piscinas de los establecimientos turísticos, porque en este último caso son lugares pequeños no expuestos a los golpes de mar, pero también porque en todas las piscinas de hoteles y apartamentos hay socorristas.

Jorge Marichal no se opone a que las piscinas estén reguladas pero, añade, “no podemos permitirnos en un destino como el nuestro, de los más seguros del mundo”, que las playas cuenten con profesionales de la seguridad solo en los casos en los que aspiran a tener banderas azules.