El juez del caso Púnica, Manuel García-Castellón, ha dictado un auto en el que rechaza archivar la causa contra la que fuera jefa de los Servicios Jurídicos de la Asamblea de Madrid Tatiana Sonsoles Recoder, como la defensa de ésta le había pedido. Esa investigación se centra en la adjudicación del contrato de restauración y cafetería de la Cámara madrileña al empresario Arturo Fernández, decisión en la que participó Cristina Cifuentes y por la que la Guardia Civil acusa de prevaricación y cohecho a la presidenta madrileña.

“Las presentes actuaciones tienen un dilatado proceso de instrucción, pues los hechos que se instruyen tienen gran complejidad y calado para establecer potenciales imputaciones”, dice el auto, al que ha tenido acceso eldiario.es. La Fiscalía Anticorrupción todavía no se ha pronunciado acerca del informe de la UCO que se conoció con el levantamiento del secreto del sumario de mayo de 2017.

En su declaración en la Audiencia Nacional, Recoder exculpó a la presidenta madrileña, pero en este auto, fechado el pasado 6 de abril, el magistrado instructor asegura: “(Recoder) no apreció, sin que pueda determinarse aún si por ignorancia o con intencionalidad, la incompatiblidad de ser miembro de la mesa de contratación y del comité de expertos de doña Cristina Cifuentes Cuenca”.

La Guardia Civil tomó declaración a varias personas vinculadas al proceso de adjudicación del contrato a Arturo Fernández. El juez García-Castellón ha imputado por el momento a Recoder, quien prestó declaración en la Audiencia Nacional el pasado octubre y exculpó a Cifuentes. Está pendiente que las fiscales del caso Púnica, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, siguen ahondando en los hechos y propongan al juez seguir adelante o descartar los indicios contra Cifuentes.

El objeto de la investigación son los contratos de restauración de la Cámara madrileña al grupo del empresario Arturo Fernández entre 2009 y 2011. Cifuentes formaba entonces parte del comité de expertos que valoraba las ofertas. Fernández, a su vez, es uno de los empresarios que financió la campaña electoral del PP de Madrid en 2007 con 160.000 euros a través de Fundescam, una fundación del partido. Cristina Cifuentes integraba el patronato de esta fundación. Ella defiende que fue a dos reuniones del patronato y que nunca participó de su gestión económica.

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil habla de un proceso de adjudicación plagado de irregularidades en la concesión a Arturo Fernández. Y ata cabos. Cifuentes se defiende con que su cargo de vicepresidenta de la Asamblea le obligaba a integrar ese comité de expertos y que tomó la decisión con PSOE, IU y UpyD.

La Guardia Civil tomó declaración a varias personas vinculadas al proceso de adjudicación del contrato a Arturo Fernández. El juez García-Castellón ha imputado por el momento a una de ellas, la jefa de los servicios jurídicos de la Asamblea, Tatiana Recoder, quien prestó declaración en la Audiencia Nacional el pasado octubre y exculpó a Cifuentes. Está pendiente que las fiscales del caso Púnica, Carmen García Cerdá y María Teresa Gálvez, siguen ahondando en los hechos y propongan al juez seguir adelante o descartar los indicios contra Cifuentes.

El informe de la UCO trascendió en mayo de 2017. Entonces, el juez Velasco trasladó a varios medios, de manera informal, que él no apreciaba responsabilidad penal en Cifuentes. Pero Velasco fue ascendido a la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional y sustituido por el juez Manuel García-Castellón, quien deberá tomar una decisión sobre su eventual imputación.

El exministro Ángel Acebes y los empresarios Javier López Madrid y Arturo Fernández se han adherido a la petición formulada por tres exconsejeros de Bankia para que se les aplique la conocida como doctrina 'Botín' y evitar sentarse en el banquillo de los acusados por el falseamiento de las cuentas de la entidad previa salida a Bolsa.

En sus escritos presentados ante el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y a los que ha tenido acceso Europa Press, los que fueran miembros del Consejo de Administración de Bankia piden el archivo de sus causas exponiendo que ni el Ministerio Fiscal ni la acusación particular que ejerce el FROB formulan acusación contra ellos.

Se acogen así a la doctrina bautizada con el apellido del banquero Emilio Botín que evitó ser juzgado por un caso de cesiones de crédito de acuerdo con una sentencia del Tribunal Supremo en 2007 que limitaba la acción de las acusaciones cuando la Fiscalía y los perjudicados solicitaran el sobreseimiento de la causa.

Todos ellos se adhieren a la petición formulada el pasado 18 de noviembre al juez instructor por los exmiembros del Consejo de Administración de la entidad Jesús Pedroche, Estanislao Rodríguez-Ponga y Mercedes Rojo que solicitaron que se aplicara la doctrina Botín. Los tres fueron condenados en la Audiencia Nacional en febrero de este año por el uso fraudulento de las tarjetas 'black' de Caja Madrid.

En el caso del exministro del Interior Ángel Acebes, su letrado alega que no se le acusa por el delito de fraude de inversores sino por estafa en las cuentas de BFA --matriz de Bankia-- y recuerda que de su actuación no se puede derivar ninguna responsabilidad penal ya que su incorporación a la entidad fue posterior al debut bursátil del banco en julio de 2011.

Aunque el juez sentará en el banquillo a 32 personas físicas, el fiscal Anticorrupción Alejandro Luzón ejerció su acusación contra cinco: el presidente de la entidad Rodrigo Rato, para el que pide cinco años de cárcel, su 'número dos' José Luis Olivas y los exconsejeros José Manuel Norniella y Francisco Verdú Pons. A todos ellos se les imputa fraude de inversores.

Oposición de la Confederación Intersindical de Crédito

La acusación popular que ejerce la Confederación Intersindical de Crédito (CIC) se opone a la pretensión de los consejeros procesados al entender que no es cierta la premisa de que solo fue perjudicado por los hechos el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) pues el delito de falsedad contable conlleva un ilícito penal de naturaleza “supraindividual, colectivo o difuso”.

Los acusados piden la nulidad del auto con fecha de 17 de noviembre por el cual el magistrado de la Audiencia Nacional Fernando Andreu dictaba apertura de juicio oral contra 32 personas físicas además del Banco Financiero y de Ahorros (BFA), Bankia y la auditora Deloitte por la inclusión de datos falsos en el folleto informativo que aprobó el Consejo de Administración del banco previo a su debut bursátil.

El empresario Arturo Fernández puede perder su casa si sigue sin hacer frente a los préstamos por valor de 1,6 millones de euros que le concedió Avalmadrid: la vivienda de San Sebastián de los Reyes es la garantía de los préstamos

Avalmadrid, entidad para Pymes y autónomos adscrita a la Comunidad de Madrid, fue el organismo del que se benefició Fernández, entonces presidente de la Cámara de Comercio y de la patronal madrileña.

Al no haber cumplido con los plazos, la Comunidad ha reclamado la vivienda que posee en San Sebastián de los Reyes, cuyas dos hipotecas dejó como garantía.

A consecuencia de ello, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca ha organizado, junto con la Asamblea de Viviendas madrileñas y la Coordinadora de la Vivienda, una campaña este jueves: “La Coordinadora de Vivienda de Madrid se moviliza para parar el desahucio de #ArturoSeQueda, conocido por sus siestas en el sofá del Pequeño Nicolás, la condena por la corrupción de las Tarjetas Black. Y ahora, Cristina Cifuentes quiere quitarle la casa”.

La Comunidad, de la que depende Avalmadrid, está reclamando la deuda a Fernández. “El préstamo de Avalmadrid ya ha supuesto 900.000€ de pago de dinero público a los bancos”, explica la PAH: “Sabemos que Arturo ha vivido por encima de sus posibilidades, incluso ha vivido a costa de las nuestras, a costa de nuestros impuestos, de nuestros salarios de mierda, de nuestras vidas, pero no nos importa. ¡Este desahucio lo vamos a parar!”

Con esta acción la PAH “cierra el curso” durante el verano. Tras haberse presenciado en el piso del empresario, acuden en comandilla al número 3 de la Calle Jorge Juan, donde AvalMadrid tiene su sede. Aquí se disponen a recrear un desahucio: no faltan los carteles y chalecos que utilizan para cada protesta, las camisetas reivindicativas, los “no nos moverán”, y hasta un supuesto Samur y comisión judicial.

Hoy, entre los cánticos de protesta se suceden las risas que se convierten en carcajadas cuando pasa una furgoneta de Samur Social de verdad. Pero la realidad es que los que hoy se concentran son personas que forman parte de estas asociaciones casi de manera forzosa. “Todos los que están aquí son okupas, han pasado o están pasando por procesos de desahucio”, explica Mercedes Revuelta, portavoz de la plataforma.

Reparten octavillas informativas entre los viandantes y les explican que “muchos niños se quedan en la calle sin que a nadie le importe”. “Hemos sufrido y resistido a una presión brutal”, cuenta la PAH, pero confirman que seguirán a partir de septiembre tratando de impedir que más familias se queden en la calle. Porque “sí se puede”, gritan.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco y las fiscales Anticorrupción Teresa Gálvez y Carmen García Cerdá preguntaron a Arturo Fernández por su relación con Cristina Cifuentes y sobre si el grupo del que es dueño, Cantoblanco, fue favorecido en la adjudicación de la gestión del servicio de cafetería de la Asamblea durante los años 2009, 2010 y 2011. Fernández destacó en su respuesta, durante su declaración como imputado en la pieza separada de la trama Púnica sobre la financiación del PP de Madrid, su “prestigio” y “experiencia” en el sector. La respuesta de Velasco fue categórica: “Le puntuaron la experiencia y eso no se puede puntuar. Tan regular no fue”.

Este contrato, que está siendo investigado por la UCO, fue concedido al grupo de restauración cuando la actual presidenta de la Comunidad de Madrid presidía la Mesa de Contratación. Cifuentes siempre ha mantenido que el informe de esta unidad de la Guardia Civil está “equivocado” y que un juez no apreciaría delito en la gestión que hizo de aquella adjudicación.

“Mis concursos han sido todos más que transparentes y han estado todos dentro de la ley”, dijo el expresidente de los empresarios madrileño con firmeza, a la vez que presumió de su experiencia como restaurador en el Congreso de los Diputados, el Senado y la Moncloa.

Según Fernández, ese concurso le hacía perder 60.000 euros al año. Para defenderse ante la observación de la regularidad del contrato que hizo el juez, aseguró que mostró su intención de rescindir el contrato en varias ocasiones. “Yo no he amañado nada en mi vida”, insistió.

Las donaciones a Fundescam

Arturo Fernández mantuvo en su declaración que no sospechó que la donación de 60.000 euros que hizo en el año 2007 a la Fundación para el Desarrollo Económico y Social de la Comunidad de Madrid (Fundescam) era utilizado por el PP.

Según el audio de esta declaración, a la que ha tenido acceso Europa Press, el que fuera presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) explicó que donó 60.000 euros a la fundación madrileña dos meses antes de las elecciones autonómicas de 2007 como “empresario” porque le pidió una “ayuda”.

“Alguien de la fundación me dijo 'vas a ayudar a la fundación a hacer una participación'” y entonces “la di”, apostilló quitándole hierro al asunto argumentado que este donativo se ha hecho en otras ocasiones a otras fundaciones. En esta línea, Fernández enfatizó, a preguntas de la Fiscalía, que hizo esta aportación a la fundación destinada “al desarrollo de la economía madrileña” haciendo honor a “una frase muy típica” que dicen los “empresarios” sobre que “hay que devolver a la sociedad parte de lo que se gana y me parece muy razonable”.

“No sabía para qué utilizaban el dinero”

Además, aseguró que hizo esta donación “a cambio de nada”. “Por lo que veo esta fundación es problemática”, añadió, al tiempo que recalcó que “no sabía para qué utilizaban el dinero (...) si por temas electorales u otras actividades que hiciera la fundación”.

Pero Velasco centró parte de su interrogatorio en el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio González -en prisión incondicional por la 'Operación Lezo'-. El magistrado hizo hincapié en saber si Fernández no le dio “la sensación de que el dinero en vez de dárselo a una fundación se lo daba al partido”.

Tal y como recordó el juez de la Audiencia Nacional, en 2007 González era patrono de Fundescam a la vez que dirigía la campaña electoral de Esperanza Aguirre para continuar otros cuatro años más en la Presidencia de la Comunidad de Madrid. “¿Era consciente de que (González) es 'Juan Palomo, yo me lo guiso, yo me lo como'?”, ironizó Velasco.

Fernández negó saber que González era el director de campaña de Aguirre y continuó su defensa en que él daba dinero a una fundación sin saber que los del PP y los de Fundescam eran “los mismos”.

La cercanía de Fundescam y la sede del PP

El juez de la Audiencia Nacional también preguntó a Fernández sobre el ente dependiente de la Comunidad de Madrid cuando éste reveló que la sede del mismo está en las proximidades a la de los 'populares'. “Creo que está en (la calle) Génova”, contestó el empresario, a lo que a su vez Velasco se mostró sorprendido e insiste en que se supone que Fundescam es “algo autónomo” independiente del partido.

“Yo he visto la transferencia y veo que era Génova, 10. Sería ahí”, concluyó Fernández. Precisamente, la sede del PP nacional y madrileño se encuentra en el número 13 de la calle mencionada.

A raíz de estas afirmaciones, Velasco comenzó a interrogar sobre altos cargos del PP madrileño relacionadas con Fundescam como la expresidenta Esperanza Aguirre -que fue presidenta de este organismo-, sobre la que subrayó que tenía una relación buena, al igual que con sus sucesores Ignacio González o Cristina Cifuentes. También apuntó que no tuvo relación con el exgerente de los 'populares' de Madrid Beltrán Gutiérrez -“Le acabo de poner caras y ojos aquí”, indicó en su declaración- y señaló que cree que no fue la persona que le pidió la donación.

La sala de gobierno de la Audiencia Nacional ha acordado hoy proponer al Consejo General del Poder Judicial que valore si el juez Eloy Velasco puede seguir a cargo del juzgado central de instrucción 6, encargado de casos de corrupción como Púnica y Lezo, hasta que se nombre a su sustituto.

La sala, compuesta por siete jueces del tribunal incluyendo a su presidente, José Ramón Navarro, se ha reunido esta mañana para tratar, entre otros temas, el relevo de Velasco, que ha sido nombrado miembro de la sala de apelaciones de la Audiencia Nacional y ya ha dejado su puesto al frente del juzgado central de instrucción, donde llevaba desde 2008.

Según han informado fuentes de la Audiencia Nacional, los jueces han decidido aceptar la propuesta de que sean los jueces de instrucción de guardia (cada semana se encarga de la guardia uno de los seis magistrados del tribunal) los que lleven los asuntos del juzgado de Velasco hasta que se le releve.

Lo han hecho, sin embargo, “sin perjuicio” de que el CGPJ valore la posibilidad de que pueda continuar en sus funciones hasta que se cubra la plaza en su juzgado, que actualmente investiga grandes casos de corrupción política que afectan al PP. Según las mismas fuentes, se espera que el relevo de Velasco sea rápido y puede que para finales de junio el CGPJ nombre a su sustituto

El BOE publicó la semana pasada la convocatoria de esa plaza de forma interina hasta que el titular de la misma, Manuel García-Castellón retorne de Roma, donde ejerce de juez de enlace en Italia. Los aspirantes al puesto que deja Eloy Velasco tienen quince días de plazo, a contar a partir del pasado día 25, para solicitar la plaza.

Entre tanto, el Tribunal Supremo tendrá que resolver los cinco recursos presentados contra la decisión del CGPJ de conceder las plazas de la Sala de Apelaciones a Velasco y López.

Los jueces de la Audiencia Nacional Ramón Sáez, Ángel Hurtado, José Ricardo de Prada, Manuela Fernández de Prado y Clara Vayarri han recurrido contra el resultado del concurso ante la Comisión Permanente del Consejo. Una vez la comisión haya rechazado su recurso, el asunto recaerá en el Supremo.

Hay una España que trabaja o que lo intenta, que estudia o que debe irse del país a hacer “movilidad exterior”. Hay también una España de golfos y ladrones que sigue sin recibir su merecido. Por eso, entre otras cosas, son así. Porque han sentido que podían hacerlo y todavía no se ha hecho justicia. El último al que veremos en la calle será Francisco Granados. Por el módico precio de 400.000 euros, cuando no hemos recuperado ni una ínfima parte del dineral que tenía, por ejemplo, en Suiza. Solo en el altillo de los suegros guardaba un millón en metálico.

En la utópica espera de las condenas de una justicia ágil, ejemplarizante e igual para todos prestemos atención al modo de vida de estos tipos, de pulsera rojigualda, cuenta bancaria en el extranjero y saqueo del dinero de todos celebrado con “volquetes de putas”. No sabemos ni una parte de sus fechorías, pero se ha declarado una suerte de guerra de clanes y están aflorando muertos, herido graves y leves. La vendetta está arrojando pistas.

Jueces y fuerzas de seguridad relatan el modus operandi de estos emprendedores, que van de liberales, pero que se llevaban el dinero público, con una parte para ellos, otra para el partido y todos muy bien relacionados. Si la formación política participaba en las elecciones con buen presupuesto, había más opciones de ganar. Y si el partido ganaba, había más posibilidades de seguir repartiéndose el botín. Que era el dinero de todos.

Fijémonos en el caso de Arturo Fernández. Tardó doce años en “acabar Económicas”, pero es amigo de la infancia de Esperanza Aguirre. También es uno de esos empresarios cachondos que hacía reírse mucho al rey Juan Carlos. Arturo llegó a invertir en un negocio de bombones de Corinna, que aparentemente fue ruinoso, pero que a Arturito le dejaba buen sabor de boca, porque se relamía con influencias que podían ser rentables si se llevaba contratos públicos sin parar.

Arturo Fernández, moroso con Hacienda, pagaba en negro o dejaba en la ruina a cientos de trabajadores, pero gestionaba la hostelería de La Moncloa, el Congreso, el Senado, varios ministerios y RTVE. Fernández llegó a ser consejero de Bankia, por supuesto con tarjeta black, y vicepresidente de los empresarios españoles. Su concuñado, hoy en la cárcel, fue presidente. Recuerden aquellas recetas para “salir de la crisis trabajando más, cobrando menos”. Ya cobraban ellos por nosotros. Parece que cultivando amistades, volquetes y sin dejar de dejarle una parte al partido.

Si vemos a Arturo Fernández durmiendo la siesta en aquella foto del caso del “pequeño Nicolás”, recordaremos esa España “que ora y bosteza, vieja y tahúr”, de la que hablaba Machado. Son amiguetes de cacerías que se cobraban buenas piezas a diario. Como Fernández, que presumía de cazar con el rey o de tener un rifle de cien mil euros. Berlanga ya lo dejó retratado en La escopeta nacional, aquel reparto de favores del tardofranquismo. Algunos siguieron con la veda abierta y ahora hasta se están disparando entre ellos. Entró en la trena Ignacio González, ahora saldrá Francisco Granados… En fin, sigamos atentos, porque sabremos más de todas estas cacerías también gracias al fuego amigo.

El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha decidido este miércoles conceder al juez Eloy Velasco una plaza en la nueva Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional. El instructor de los casos Lezo o Púnica, entre otros, había solicitado el  cambio de destino, abandonará ahora la investigación de esas causas.

No lo hará inmediatamente. Su traslado se hará efectivo cuando su nombramiento se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), aunque Velasco puede solicitar permanecer en su plaza hasta que sea designado un sustituto, según fuentes del CGPJ. El juez Enrique López ocupará otra plaza en esa Sala.

Velasco y López han sido nombrado entre las más de 30 solicitudes con el voto a favor de seis vocales y la oposición de dos miembros progresistas de la comisión permanente del CGPJ, Álvaro Cuesta y Pilar Sepúlveda. 

Velasco instruye algunos de los procesos más importantes sobre corrupción. Se encarga de investigar todas las ramas de la trama Púnica, incluida la referente a la financiación irregular del PP de Madrid. El sumario de esa pieza separada ha destapado un informe de la Guardia Civil que implica a Cristina Cifuentes en la dinámica de obtención ilícita de fondos a cambio de adjudicaciones para empresarios amigos.

A pesar de la contundencia con la que la UCO acusa a la presidenta regional, el juez Velasco no tiene previsto imputarla. Su traslado a la Sala de Apelaciones podría implicar que no sea él quien decida si debe interrogarse como investigada a Cifuentes, que avaló con su firma la adjudicación bajo sospecha al Grupo Cantoblanco.

El juez también instruye el caso Lezo. Este martes anunció la citación como imputados de 52 personas, tras haber enviado a prisión a los cabecillas de esta trama, entre los que están el expresidente madrileño Ignacio González y su enlace en latinoamérica, Edmundo Rodríguez.

El magistrado Enrique López ocupará otra plaza en esa Sala. Este juez de la sección segunda de la Audiencia Nacional fue apartado en dos ocasiones de casos de corrupción que afectaban al PP (caso Gürtel y los papeles de Bárcenas) por su cercanía al PP.

La Sala que ahora integrará el magistrado Velasco se ocupará de resolver sobre los recursos que se presenten contra las resoluciones de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Esa posibilidad será anterior al recurso al Tribunal Supremo, la única vía para apelar contra una sentencia de la Audiencia.

“Ahora no soy casta, ahora soy trama”, se quejaba Arturo Fernández hace unas semanas ante la Comisión de Investigación sobre Corrupción Política de la Asamblea de Madrid, muy disgustado después de que Podemos estampara su rostro en el famoso Tramabús.

En teoría, el empresario había sido convocado por Podemos para hablar del fraude en los cursos de formación en la Comunidad de Madrid, pero acabó dedicando buena parte de su comparecencia a explicar su apoyo financiero a Fundescam, la fundación del PP vinculada a la presunta financiación irregular del PP de Madrid que ahora ha salpicado de lleno a la actual presidenta madrileña, Cristina Cifuentes.

Un informe de la Guardia Civil incorporado al sumario del caso Púnica y conocido este martes ha puesto de relieve la relación entre las donaciones a Fundescam, la supuesta financiación irregular del PP y la posterior adjudicación a Fernández, entre otros empresarios, “de determinados contratos públicos en los que se han detectado múltiples irregularidades penalmente relevantes”.

En el caso de Fernández, el Grupo de Delitos contra la Administración de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cita los del servicio de Cafeterías, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid adjudicados entre 2009 y 2011 a su empresa de hostelería, Cantoblanco, con Cifuentes, entonces vicepresidenta de la Asamblea, como presidenta de la mesa de contratación.

La línea de puntos trazada por la UCO arranca con dos donaciones a Fundescam por importe de 160.000 euros de marzo de 2007, dos meses antes de las elecciones autonómicas de ese año, por parte de sendas entidades vinculadas al empresario hostelero: 60.000 euros desde la fundación Cantoblanco y otros 100.000 euros a través de la patronal madrileña CEIM, de la que entonces era vicepresidente.

Esas cantidades, según la Guardia Civil, “fueron empleadas para sufragar gastos electorales” del PP madrileño.

En horas bajas

Fernández no está, huelga decirlo, en su mejor momento. Mientras ve cómo a alguno de sus antiguos colaboradores, como Lourdes Cavero (a la que colocó en CEIM), se le complica su panorama judicial (la esposa de Ignacio González está doblemente imputada por el 'caso ático' y ahora, en la Operación Lezo), a él no le va mucho mejor.

Tras ser condenado a seis meses de cárcel por las tarjetas ‘black’ de Caja Madrid, Fernández está a la espera de juicio por la salida a bolsa de Bankia, de la que fue consejero hasta su nacionalización, y está imputado por el presunto fraude en los cursos de formación en la Comunidad de Madrid. El empresario, al que un veterano político madrileño definía hace unos años como “el perejil de todas las salsas” en la región, ha visto como su grupo de empresas de hostelería se asoma a la liquidación mientras a él también se le amontonan los problemas judiciales, casi todos relacionados con escándalos del PP de Madrid.

El amigo de Aguirre

Amigo de la infancia de Esperanza Aguirre (fue alumno del Instituto Británico, como ella), Arturo Fernández (Madrid, 1945) fue durante años el rostro visible de los empresarios madrileños como presidente de CEIM, donde sustituyó a su concuñado, Gerardo Díaz Ferrán, hoy en prisión. El también exvicepresidente de la patronal CEOE heredó a los 17 años la empresa Cantoblanco, fundada por su abuelo en 1898. Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid y cursó un máster en Business Administration en Boston. 

El grupo de empresas Cantoblanco llegó a superar los 3.000 empleados y en sus buenos tiempos fue beneficiario de innumerables concesiones públicas, como las cafeterías del Congreso, el Senado, RTVE, numerosos ministerios, La Moncloa o la propia Asamblea de Madrid. Ahora, es un fijo de las listas de morosos de Hacienda, con una deuda que la última edición cifraba en más de 5,3 millones de euros.

El juez instructor del 'caso Púnica', Eloy Velasco, descarta por el momento tener como investigada en la instrucción de este caso a la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, Cristina Cifuentes, pese a que la Unidad Central Operativa (UCO) le atribuye en uno de los informes incluidos en el sumario los presuntos delitos de prevaricación y cohecho en relación a las adjudicaciones del servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid al empresario Arturo Fernández en los años 2009 y 2011.

Velasco se encuentra pendiente de que este miércoles el Consejo General del Poder Judicial le conceda una plaza en la Sala de Apelaciones de la Audiencia Nacional.

Fuentes judiciales consultadas y la Fiscalía Anticorrupción, igualmente preguntada por este asunto, explican que una cosa es la mención que puedan realizar los investigadores y otra la valoración jurídica de sus pesquisas, insistiendo en que por el momento la presidenta regional no está siendo investigada formalmente en la causa.

La UCO relaciona estas adjudicaciones con donaciones realizadas por el entonces vicepresidente de los empresarios madrileños a Fundescam, fundación del PP de Madrid, que habrían servido para financiar irregularmente campañas electorales.

La Guardia Civil cita a Cifuentes por su labor cuando era vicepresidenta de la Asamblea, formaba parte del comité de expertos que valoraba las ofertas y presidía la Mesa de contratación que adjudicó al Grupo Cantoblanco, propiedad de Arturo Fernández, los contratos de restauración.

El informe, incluido en el sumario que investiga la presunta financiación irregular del PP de Madrid, al que ha tenido acceso Europa Press, encuentra un “nexo causal” entre el “favorecimiento” a la empresa de Arturo Fernández y sus aportaciones económicas a Fundescam, fundación vinculada al PP de Madrid.

La Guardia Civil señala que esas aportaciones se realizaron en fechas próximas a las elecciones autonómicas de mayo de 2007, “y cuya investigación principal habría demostrado el carácter finalista de las mismas al objeto de financiar de manera encubierta al Partido Popular de Madrid para que sufragase gastos electorales al margen de cualquier tipo de fiscalización”.

En concreto, el informe señala dos aportaciones de Arturo Fernández por importe total de 160.000 euros. La primera de ellas se habría producido a través de la Fundación Arturo Fernández Cantoblanco por valor de 60.000 euros y la segunda, de 100.000 euros, en su calidad de vicepresidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM).

El juez del caso Púnica, Eloy Velasco, decidió hace una semana levantar el secreto sobre la pieza separada que investiga la financiación ilegal del PP de Madrid. Sin embargo, tres días después matizó su decisión para excluir algunas partes del sumario, que continuará investigando bajo secreto. Entre ellas están las pesquisas sobre los contratos de la Asamblea de Madrid con el empresario Arturo Fernández, que el magistrado indaga sí se adjudicaron a cambio de donaciones para el partido.

Uno de esos contratos para que el grupo Cantoblanco explotase la cafetería del Parlamento madrileño se aprobó en 2011. Recibió el aval del comité de expertos de la Cámara regional, presidida entonces por Cristina Cifuentes. La actual presidenta de la Comunidad de Madrid fue vicepresidenta de la Asamblea entre 2007 y 2012, un periodo que abarca al menos dos contratos bajo sospecha en la pieza separada de Púnica.

En una providencia con fecha 8 de mayo, el juez Velasco ordena que se excluyan una lista de documentos del levantamiento del secreto. Entre ellos, los expedientes de contratación relativos al servicio de cafetería, cocinas y comedores de la Asamblea de Madrid de los años 2009, 2011 y 2013. Los dos primeros se adjudicaron con Cifuentes en la vicepresidencia de la Asamblea, y supusieron ingresos cercanos a los 400.000 euros para el grupo hostelero del expresidente de la patronal madrileña (CEIM).

Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recabaron esos contratos el pasado mes de septiembre. Se presentaron en la Asamblea de Madrid por las sospechas de Velasco de que el contrato era una contraprestación a las donaciones de Fernández al PP. El empresario, condenado ahora por las tarjetas black, siempre ha presumido de que sus amistades en el PP regional sirvieron para abrir las puertas a sus negocios con distintas instituciones.

El juez había iniciado esa vía de investigación guiado por los apuntes de la agenda que se le intervino al exsecretario general del PP de Madrid, Francisco Granados, en prisión desde octubre de 2014. En ella hay pagos de empresarios que presuntamente iban directos a la caja B del partido. Velasco también tiene documentadas donaciones a través de Fundescam, uno de ellas del propio Fernández por valor de 70.000 euros.

Esa vía  llevó a la Guardia Civil a interrogar a tres funcionarios que dieron el visto bueno al contrato de 2011 como miembros del comité de expertos de la mesa de contratación. Se trata de la jefa de servicio, el técnico asesor y una letrada, informaron a eldiario.es fuentes de la investigación. Se da la circunstancia de que la única aforada de los cuatro que estamparon su firma es Cristina Cifuentes. La adjudicación bajo sospecha recibió el visto bueno en una sesión celebrada el 21 de junio de 2011.

El documento de esa sesión recoge los puntos otorgados a las tres ofertas que se presentaron. La suma colocaba a Cantoblanco muy por encima de las otras dos empresas que optaban a la licitación, aunque su oferta económica no era la mas barata. El aval lleva tres firmas. Una es la de Cristina Cifuentes y las otras dos son de funcionarios ya interrogados por la Guardia Civil.

El pasado mes de marzo, Cifuentes se enfrentó a una pregunta parlamentaria sobre su papel en la aprobación de ese contrato. Argumentó entonces que presidió la mesa de contratación por delegación, y dijo que se trataba de un órgano en el que “participaban técnicos y políticos de todos los grupos parlamentarios”. Los acuerdos se adoptaban siempre “en base a informes técnicos y siempre por unanimidad”, justificó.

Esa pregunta formulada por Podemos se produjo tras la última operación de la UCO. Los agentes se personaron en las oficinas de la Consejería de Sanidad para requerir información sobre las partidas destinadas a publicitar el proyecto de los hospitales privatizados en la época de Esperanza Aguirre. En concreto, el dinero destinado a campañas de buzoneo y vídeos, unos 23 de millones, el 1% del montante total del plan, 2.300 millones de euros.

De nuevo la agenda de Granados, interpretada por el que fuera su socio, David Marjaliza, conducía al juez y a los agentes a nuevas vías de investigación sobre la caja B del PP de Madrid. En la pieza separada se investigan los múltiples cauces de entrada de dinero negro, con Fundescam, la fundación dependiente del partido creada por Aguirre y que recolectaba fondos de multitud de empresarios, como génesis de esa financiación ilegal.

Esa parte de la investigación también va a continuar secreta. Los funcionarios de la Audiencia Nacional que se están encargando de digitalizar los más de 50 tomos del sumario tienen orden de excluir ciertos documentos, como los relativos a las subvenciones que recibió Fundescam entre los años 2007 y 2011. Según publicó El Confidencial, Velasco cree que las subvenciones de esos años se desviaron para pagar gastos de las campañas electorales.

La comisión de investigación de la Asamblea de Madrid sobre corrupción política en la región recibía este viernes al expresidente de la CEIM, la patronal madrileña, Arturo Fernández. Estaba previsto que el empresario hablara del supuesto fraude en cursos de formación subvencionados, el caso Aneri. Pero los acontecimientos de esta semana, con la detención del expresidente de la Comunidad Ignacio González en el marco de la Operación Lezo, han dominado las dos horas largas de comparecencia de Fernández.

El exjefe de los empresarios madrileños ha defendido a la entrada su relación con González y con su predecesora en el cargo, Esperanza Aguirre. Ha asegurado ser “amigo” de ambos y ha defendido a la hoy concejala del PP en el Ayuntamiento de Madrid: “No sé si Aguirre debe dimitir, pero ha sido una gran presidenta”.

Ya en su comparecencia ha mantenido el tono distendido que es habitual en él. Y ni siquiera ha torcido el gesto en su enfrentamiento más duro, con la portavoz de Podemos María Espinosa. La diputada ha acusado a Fernández de estar “en el centro de la trama” de corrupción en la región, motivo por el que Podemos lo ha incluido como uno de los rostros destacados en el tramabús.

“Yo no soy eso que dice usted, yo no encarno la trama de los negocios que hay en Madrid, sucios o blancos. Yo soy una persona muy abierta, hablo con todo el mundo, no me meto en política e intento tener muchos amigos. Eso que dice usted es muy duro, que diga que yo soy el cabecilla de todo el follón que hay... Se ha pasado usted un poquito”, le ha respondido.

Fernández ha llegado a bromear sobre su, ha dicho, buena relación con el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, y su condición de miembro de esa trama: “Yo era casta, pero ahora soy trama”.

El empresario no solo ha dicho ser amigo de Iglesias, Aguirre o González, sino que ha defendido que tejer esas relaciones era una de sus obligaciones. “Los empresarios, los político y la sociedad en general tienen que ayudarse”, ha apuntado. Para añadir: “Legalmente”. Sobre sus afinidades políticas, ha asegurado no ser “del PSOE, del PP, de Podemos ni de Ciudadanos. Yo soy apolítico”.

Fernández ha defendido que sus relaciones han sido principalmente con el PP porque era el partido que gobernaba Madrid. “Si hubiera estado el PSOE...”, ha dicho. “He sido muy afín a UGT”, ha asegurado en otro momento. Y ha recordado que su empresa, Grupo Cantoblanco, llevó la concesión del restaurante del Congreso durante 30 años.

Los diputados también le han preguntado por la donación de 60.000 euros que hizo a Fundescam, la fundación del PP de Madrid que supuestamente financió de forma irregular las campañas electorales de Aguirre. Fernández ha defendido que dicha donación, a través de una de sus fundaciones, “no tiene nada que ver con la concesión de la cafetería a la Asamblea” de Madrid.

Preguntado por la actual presidenta de la Comunidad de Madrid, que integraba el patronato de Fundescam en la época investigada, ha tirado de la casualidad para explicarse: “Casualmente la señora Cifuentes estaba aquí porque lleva muchos años”.

Dentro del macrosumario de Púnica, un entramado de corrupción que ha sumado más de 250 millones de euros en contratos con distintas administraciones, muchos de ellos amañados a través de sobornos, el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco ha encontrado un hilo del que ha tirado para investigar otro presunto caso de financiación ilegal del PP. Aunque esta rama del caso, la pieza 14 del sumario Púnica, continúa secreta, fuentes de la investigación confirman que las pesquisas apuntan al expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández y a los sucesivos contratos que le permitieron explotar el restaurante de la Asamblea de Madrid entre 2007 y 2013 a cambio de más de un millón de euros para su sociedad hostelera, Grupo Cantoblanco. 

Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han presentado este martes en la Cámara Regional para pedir los contratos. El consejero de Presidencia del Gobierno de Cristina Cifuentes, Ángel Garrido, se ha limitado a decir que los expedientes bajo sospecha rematan en 2013, precisamente el último ejercicio en que el Grupo Cantoblanco explotó el restaurante de la Asamblea, antes de renunciar a la concesión por sus dificultades económicas que derivaron en la quiebra del grupo. 

El juez Velasco trata de saber si los contratos de la Asamblea de Madrid fueron amañados y si el PP regional, con mayoría en el Parlamento regional entre 2007 y 2013 recibió mordidas a cambio. El ovillo del que tiran los investigadores es una libreta incautada al cabecilla de la red, Francisco Granados, exmano derecha de Esperanza Aguirre en el Gobierno de Madrid y en el PP regional, con apuntes que recogen pagos por 1,4 millones de euros al entonces gerente del partido, Beltrán Gutiérrez. La misma agenda lleva a los investigadores a pensar que otra parte del dinero, 690.000 euros, no llegó nunca a las arcas del partido porque se las repartieron el propio Granados y el alto cargo de OHL, Javier López Madrid.  

Velasco ya apuntó hacia otro posible caso de financiación ilegal del PP cuando acordó el registro de la sede del partido en Madrid. El pasado junio en uno de sus autos, el juez adelantó que en la “ingente cantidad de documentación tanto en soporte físico como digital” que tiene en su poder hay “potentes indicios y datos objetivos” de que Granados recibió fondos para el Partido Popular.

La Guardia Civil busca también bucea en los contratos de la Cámara de Cuentas, el Registro de Fundaciones de la Comunidad, la Consejería de Economía y un protectorado de fundaciones de la Comunidad de Madrid bajo los gobiernos de Esperanza Aguirre a empresas de servicios en busca de contratos amañados a cambio de dinero negro. La tesis de los investigadores es que era Granados el que se encargaba de recaudar las mordidas. 

La causa que instruye el juez Velasco es la última operación contra la corrupción en que ha llevado a los investigadores a bucear en la supuesta financiación ilegal del PP. Púnica se suma así a Gürtel, al llamado Caja B y a la operación Taula en Valencia que acaba de motivar la imputación de la exalcaldesa Rita Barberá y que hizo dimitir a la mayoría de su grupo de concejales, acusados de blanqueo. Un juez de Ourense indaga además sobre la confesión de un antiguo gerente del partido a sueldo de José Luis Baltar, quien también denunció la financiación irregular del partido. Y otro de La Rioja determinó que la sede del partido allí se pagó con dinero negro.

La Audiencia Nacional extiende su investigación sobre la pieza separada de la trama Púnica que afecta a la financiación ilegal del PP  de Madrid a la Asamblea, e indaga sobre si benefició al expresidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, con la adjudicación de un restaurante en las instalaciones del parlamento regional. Agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil se han presentado esta martes en la sede de la Cámara madrileña para recabar nuevos expedientes de contratación sobre la causa.

El juez Eloy Velasco, que instruye este macrosumario sobre adjudicaciones millonarias y amaños de contratos en decenas de administraciones que ya acumula medio centenar de imputados, sospecha del contrato que la Asamblea de Madrid selló con el expresidente de la patronal madrileña (CEIM) y de la Cámara de Comercio de la capital, Arturo Fernández, para que explotase el restaurante de la institución a través de su grupo Cantoblanco. Fernández siempre ha presumido de que sus amistades en el PP regional sirvieron para abrirle las puertas a sus negocios con distintas instituciones.

La documentación que quiere recabar Velasco está relacionada con la pieza número 14 de la trama Púnica, la que investiga la financiación irregular del PP madrileño. El juez ya ordenó registros en la sede de los populares para buscar pruebas de pagos del empresario López Madrid al PP de Madrid. Los agentes de la UCO registraron entonces el despacho del exgerente de la formación, Beltrán Gutiérrez.

La investigación de la concesión del restaurante en la Asamblea abre un nuevo frente judicial para Arturo Fernández, cuyo emporio empresarial fraguado en parte gracias a sus buenas relaciones en el PP regional y con su expresidenta Esperanza Aguirre, se ha ido desplomando desde 2012. Fernández tuvo que abandonar todos sus cargos –llegó a ser vicepresidente de la CEOE– a medida que proliferaban sus escándalos (es uno de los protagonistas del caso Aneri de presunto fraude en los cursos de formación).  Estos días ha vuelto a las crónicas de tribunales porque se sienta en el banquillo de los acusados como uno de los dirigentes que se benefició de las llamadas tarjetas black de Caja Madrid cargando gastos en sus propios restaurantes.

Según fuentes de la investigación, se trata de una nueva pieza secreta dentro de la causa que se destapó a raíz del descubrimiento de las cuentas suizas de Francisco Granados, mano derecha de Esperanza Aguirre, en el PP de Madrid y también en el Gobierno regional. El sumario ha costado la carrera política no solo a Granados, que permanece en prisión desde el otoño de 2014, sino también a los consejeros del último Gobierno de Ignacio González Lucía Fígar, y Salvador Victoria, ambos imputados por cargar a los fondos públicos trabajos de propaganda en Internet para mejorar su reputación. 

La Asamblea de Madrid es la última institución a la que se dirigen los agentes de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, que también ha requisado expedientes de contratación en varios departamentos del Ayuntamiento de Madrid en la época de Ana Botella y Alberto Ruiz Gallardón.

Los productos lácteos que fabrica la familia de Esperanza Aguirre se vendieron hasta 2013 en las cafeterías del Congreso de los diputados y en la Asamblea de Madrid. Tal y como publica infoLibre, los quesos y derivados de la empresa Corrales Nuevos Artesanos S.L. llegan al estómago de los diputados nacionales y autonómicos gracias a las gestiones de Arturo Fernández, expresidente de la patronal madrileña y amigo íntimo de Aguirre.

Los mismos productos también se venden a través del Grupo Cantoblanco en el Club de Campo Villa de Madrid, que pertenece en un 51% al ayuntamiento que Aguirre aspira a gobernar a partir del próximo domingo.

Corrales Nuevos Artesanos es una de las tres sociedades que administra Fernando Ramírez de Haro. Su actividad empezó en diciembre de 2009 y se constituyó con un capital inicial de 3.000 euros. Tiene su sede en el palacete de Malasaña en el que vive el matrimonio y su objeto social es la distribución de productos lácteos y alimenticios.

El 52% de las participaciones pertenecen a Fernando Ramírez de Haro, el resto se reparte a partes iguales entre sus hijos Fernando y Álvaro. Como detalla infoLibre, la sociedad no ha cumplido con su obligación de presentar sus cuentas ante el registro mercantil. En 2012 y 2013, la empresa facturó al grupo Cantoblanco más de 12.000 euros en quesos destinados a sus cafeterías en instituciones públicas.

“Veo una puerta roja y la quiero pintar de negro. Veo tu cara pintada de negro, negra como la noche, negra como el carbón”. Esto cantaban en los sesenta The Rolling Stones convirtiendo a Paint it black en una de las canciones más famosas de todos los tiempos. Llegó incluso a ser versionada en España por Medina Azahara, Azúcar Moreno o Los Salvajes. Aquí el negro siempre se ha llevado mucho. Negro es el humor de las pelis de Álex de la Iglesia. Negrín era el presidente de la República. Negras son las novelas de Lorenzo Silva. Negro es el carbón asturiano y bajoaragonés. Negro es el color del luto de los mayores de mi pueblo. Negra es la fachada del Hotel Algarrobico construido de manera ilegal, y negras son las intenciones de muchos caraduras que pasean por la capital.

La semana pasada empezaron a desfilar por la Audiencia Nacional los 78 imputados por el caso de las tarjetas black que destapó eldiario.es el año pasado y cuyos extractos de gastos están disponibles en esta misma web para disfrute de crédulos y morbosos. Un escándalo supremo del que participaron casi todos, y que resulta especialmente irritante para la gente de izquierdas, donde políticos y sindicalistas, presuntamente de izquierdas, pagaban desde el abono al Teatro Real hasta videojuegos o la compra en El Corte Inglés de Sanchinarro.

Sin embargo nada alcanza en dureza de Rockwell a la diamantina jeta del presidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, exvicepresidente de la patronal española (cuando su cuñado Díaz Ferrán era presidente) y dueño del grupo de restauración y catering Arturo Cantoblanco, hoy en concurso de acreedores tras una sospechosa ampliación de capital, habitual en ir a comer a sus propios restaurantes y que pagábamos todos vía Bankia. Esta semana le dijo al juez que iba allí porque eran suyos y eran más baratos. Sin embargo hay una cosa que nadie ha indagado. ¿Cómo se pagan 100, 300 o 1.000 euros exactos en un restaurante?. Pase que, en algebra, el 100 es un número compuesto, octadecagonal y abundante, ¿pero tan abundante es en las facturas? ¿Acaso el precio de todos los productos que sirven los establecimientos Cantoblanco son números naturales, sin céntimos, con el IVA incluido? Y si no es así, ¿la suma de los céntimos acumulados de la factura siempre da un múltiplo de cien? Y por último, ¿de verdad se creen que somos tan gilipollas?

El capitalismo madrileño se basa en tres principios: primero, privatizar los beneficios; segundo, nacionalizar las pérdidas; y tercero, pedir siempre otra ración de gambas. Si algo público funciona, por ejemplo los donantes de sangre, hay que ver cómo te puedes forrar con él. Si una empresa tuya va mal, como las autopistas radiales, comparte el pufo con todos los demás. Por último, si se te ha acabado el plato, no te quedes con las ganas de pedirte otro más, especialmente cuando no lo piensas pagar tú. Total, para algunos, lo que es de todos no es de nadie.

A nadie le extrañaría si, al final, nos terminamos enterando de que Arturo Fernández se pedía un “menú del día” de macarrones con tomate, escalope con patatas, vino con casera, pan y café o postre, y le pedía al camarero que le facturase una langosta y una botella de Dom Pérignon a la carta. Para algunos da igual que la tarjeta sea blanca o negra, propia o ajena, lo importante es que la coja el datafono.

Uno de los dispendios a cargo de las tarjetas 'black' de Caja Madrid fue cometido por el expresidente de la patronal madrileña Arturo Fernández, quien llegó a facturar 10.495 euros en restaurantes de su propiedad. Durante su declaración este miércoles como imputado en la Audiencia Nacional, el juez Fernando Andreu preguntó a Fernández por qué pasaba el plástico en sus establecimientos. “Porque son más baratos y porque son míos”, contestó.

Durante su declaración, Fernández aseguró que pensaba que la tarjeta era “transparente”, en referencia a la declaración que suponía hacía Caja Madrid de sus gastos. Según fuentes presentes en la declaración, el tramo más tenso de la misma se produjo cuando el juez preguntó a Arturo Fernández si conocía los restaurantes Cantoblanco. “Si, son de mi propiedad”, replicó el empresario.

Ya como consejero de Bankia, constan tres cargos de Fernández por un importe agregado de 1.450 euros a sus restaurantes (son los únicos que hay en esa etapa). Curiosamente, los tres se realizan por las mismas fechas: 26 y 27 de diciembre de 2011. Y dos de las operaciones (por un total de 1.350 euros) se cargaron el mismo día (26 de diciembre) y a la misma hora.

Esta mañana, Fernández le dijo al juez que en sus establecimientos mantenía “relaciones institucionales” para lo que tenía una cuenta abierta, no solo en Cantoblanco, también en Nicolasa. Periódicamente, hacía liquidaciones de lo que gastaba.

Fue en ese momento cuando el juez le preguntó por el motivo de que eligiera sus propios locales y Fernándeaz replicó que son más baratos que otros y que son suyos. “¿Y le redondeaban la cuenta?”, preguntó con sorna el juez. “Pues sí”, admitió sin empacho el empresario.

En uno de esos días, la tarjeta se pasa a las 00:50 horas, y el juez preguntó hoy por qué. “Sería la chica que hace la cuenta”, replicó el imputado. Arturo Fernández gastó en total 37.200 euros con la tarjeta 'black'. Cuando saltó el escándalo intentó devolver el dinero a la Fundación Caja Madrid, que le remitió al FROB, donde depositó el total de la cuantía.

Su concuñado y entonces presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, también se gastó 47.900 euros en establecimientos del grupo Cantoblanco.

La relación entre el 'pequeño Nicolás' y Arturo Fernández era de la más absoluta confianza. Así lo demuestra la imagen del empresario en la terraza de la vivienda usada por Francisco Nicolás Gómez Iglesias en el lujoso barrio madrileño de El Viso. En esa fotografía, a la que ha tenido acceso eldiario.es, se ve al empresario durmiendo una siesta en uno de los sofás ubicados en el exterior de la propiedad que el joven utilizaba para sus contactos políticos y empresariales.

Eldiario.es se ha puesto en contacto con un portavoz del presidente de la patronal madrileña que ha reconocido haber visitado el chalé en el que el 'pequeño Nicolás' hacía sus contactos. Según este portavoz, “Arturo Fernández acudió a esa casa para dar una charla a jóvenes amigos de Nicolás sobre el espíritu empresarial”. Según las mismas fuentes, “se trató de un encuentro ingenuo, no de negocios”. Hasta la fecha, el jefe de los empresarios madrileños se había limitado a decir que conocía al personaje por haber participado en su campaña pero negando que su relación fuese más allá de un saludo ocasional y alguna foto.

Reuniones y escenas como la plasmada en la fotografía se sucedieron entre junio de 2013 y junio de 2014 en el sitio de mayor confianza y seguridad para el 'pequeño Nicolás', el chalé de la calle Carbonero y Sol, 32 que la empresa Asistencia de Construcciones de Obras SL (ACO) alquiló a Kyril de Bulgaria para uso y disfrute del joven que ahora está en boca de todos y que acaba de ser denunciado por el Gobierno a instancias del CNI.

En esa vivienda, Francisco Nicolás se reunió con numerosos empresarios. Así lo han reconocido a esta redacción portavoces de la empresa Acero y Bellón a quienes consiguió diferentes entrevistas con asesores del secretario de Estado de Comercio, Jaime García Legaz, con la intención de encontrar compradores para su empresa.

Según distintas fuentes que frecuentaron ese chalé, “era habitual que Fran y Arturo Fernández comieran y cenaran juntos tanto para asuntos de la CEIM como por otros negocios. Por ejemplo, en el chalé de Carbonero y Sol quedaban a comer antes de ir a los partidos de fútbol del Atlético de Madrid, donde el presidente de la CEIM le llevaba al palco presidencial”.

Preocupación por las grabaciones

Lo que más preocupados tiene en estos momentos a los empresarios que pasaron por ese chalé son las 32 cámaras que se instalaron en la lujosa vivienda de Carbonero y Sol, 32 y que no existían durante la época de Kyril de Bulgaria. “El 'pequeño Nicolás' grabó muchas reuniones en esa vivienda, tanto audios como vídeos, algunas de ellas con información sensible relacionada con el mundo de los negocios y la política”. Según estas fuentes empresariales, “Fran le organizó a Arturo Fernández varias reuniones para que entrara capital en su empresa”.

Desde el entorno de Francisco Nicolás, aseguran que podría haber grabaciones en el restaurante José Luis en el paseo de la Habana y en otros lugares públicos con Carlos García Revenga y con la jefa de Gabinete del director del CNI, Félix Sanz Roldán.

Inseparables durante la campaña

Quienes conocían la relación entre el presidente de la patronal madrileña y el joven aseguran que “el niño le acompañaba a todas las comidas y cenas de la CEIM. Estuvo en su campaña, desde el primer día hasta el último. De hecho, fue el único apoderado de la mesa en la que él voto y que hizo el recuento. Fran le iba informando puntualmente del recuento. No hubo acto de comida o de reunión de campaña al que no le acompañara”.

La relación era de total y absoluta confianza. Arturo le dejaba su Volvo, con su conductor para que le llevara a diferentes sitios. Estuvo con él disparando en el campo de tiro de Cantoblanco, donde después de una copiosa comida Arturo Fernández volvió a echarse en su sillón.

En España no tenemos emprendedores como Steve Jobs (Apple), Mark Zuckerberg (Facebook), Bill Gates (Microsoft) o Jeff Bezos (Amazon), pero tenemos a Arturo Fernández Álvarez y a su concuñado Gerardo Díaz Ferrán, hoy en la cárcel. ¿Aún no conoce cuál es la diferencia esencial entre España y EEUU?

El primero es presidente de los empresarios madrileños, incluso de aquellos a los que adeuda cientos de miles de euros, lo que es ensañamiento en el recochineo. El segundo lo fue de todos los empresarios de España, la CEOE, ese grupo yihadista en lo económico que genera, junto sus círculos (de empresarios, se entiende), decenas de propuestas con el fin de hacerle la vida imposible a la mayoría en nombre del bien de la minoría: supresión del salario mínimo interprofesional, despido barato, gratis si fuera posible, mujeres menos fértiles entre los 25 y los 45 años, supresión de los domingos libres, que ya no va a misa ni dios, y acabar con el dispendio de 30 días de vacaciones pagadas. Estos dos últimos puntos no son una invención, es que se ven venir. Al tiempo: nos quitarán lo bailado y con intereses de demora.

Juntos o separados, Fernández y Díaz Ferrán representan una clase empresarial rentista, cutre, de mira corta, cobarde, que se nutre del amiguismo, el pelotazo, y no de la cultura del esfuerzo y la capacidad. ¡Que inventen ellos! ¡Que muera la inteligencia! En eso seguimos, contando las excepciones.

Lo mismo que no debemos mezclar el Círculo de Empresarios con los círculos de Podemos, tampoco hay que confundir al presidente de los empresarios y acreedores madrileños con el actor Arturo Fernández Rodríguez (Gijón, 1929). Les une el nombre, un apellido y la ideología, pero les separa el físico y la decencia, o eso creo.

El ­Fernández malo nació en Madrid, en 1945. Alardea de ser un hombre hecho a sí mismo, frase decimonónica que suele pronunciar un tipo de empresario que basa su negocio en amistades bien situadas y la escasa transparencia de las concesiones y prebendas. No se hacen a sí mismos, les hacen, les esculpen al tanto por ciento.

Dicen que heredó a los 17 años la empresa Cantoblanco fundada por su abuelo en 1898, año del hundimiento del resto del imperio español. Debió de ser una señal del destino, algo chungo relacionado con los hados y los astros. Pese a nacer gafado, a nuestro emprendedor le ha ido bien en la vida. Supo diferenciar nuestras deudas de su beneficios. Era cuestión de tiempo de que al mal fario se sumara la célebre sentencia: la tercera generación es la que hunde los imperios y empresas.

Se licenció en Ciencias Económicas y Empresariales en la Universidad Complutense de Madrid, lo que en su caso es una doble exageración lingüística e intelectual, y cursó un máster en Business Administration en Boston. Eso sostiene su currículo, esa letanía de méritos abultados que luego casi nadie lee. Estudiar tanto, al menos en apariencia, no fue determinante en su ascenso a los cielos. Ser el más listo suele ser un problema en España; aquí triunfan los jetas.

El braguetazo, con perdón, fue sentarse en el pupitre adecuado, seña pepera del éxito, y no el talento, la capacidad de innovar y escoger colaboradores entre los más capaces y no entre los más obedientes. Donde esté un buen amigo o amiga que se quiten los inventores y los americanos.

Ya sabemos que Miguel Blesa se lo debe todo, incluso el no estar en la cárcel con Díaz Ferrán, al hombrecillo insufrible (Aznar). Fue un golpe de suerte coincidir con él en la preparación de una oposición a inspectores de Hacienda. También sabemos que Juan Villalonga labró su sino de asquerosamente rico en pantalón corto, pierna con pierna con Aznar en la bancada del Colegio del Pilar. El hombre hecho a sí mismo se lo debe todo a coincidir en el Colegio Británico con Esperanza Aguirre, a quien saca siete años. Pero si lo dice su biografía, si él presume de ello, no vamos a dudar de su verosimilitud. No me los quiero imaginar correteando por los pasillos, llenos de sueños de recortes, privatizaciones de hospitales y una vida en papel cuché.

Nuestro tipo inquietante se lo debe todo a la lideresa, esa mujer exuberante en el habla, capaz de aparcar en el carril bus cuando le sale… sí, de ahí; que se enfrenta como una Doña Quijota a los molinos de viento de la policía machista de movilidad; la celebérrima descubridora de la red Gürtel, la mismísima que nos dejó en prenda al prenda de Ignacio González. Ella es la ‘padrino’, que no madrina, de Fernández el malo. Él, agradecido a la mano que mece su cuenta, no oculta la admiración por la lideresa más liberal de la Vía Láctea.

Al hombre hecho así mismo le regalaron por la filosa la concesión del catering de la Asamblea de Madrid, del Congreso de los Diputados, del Teatro de la Ópera, del IFEMA, Telefónica, TVE, Endesa, los cuarteles de la OTAN en España y alguno más. Todo legal, eso sí, como el asunto de las tarJETAS de Caja Madrid. Que para eso hacemos la leyes y tenemos asesores a 8.000 euros el mes.

Su quebrado Grupo Cantoblanco, quebrado para esquivar a los acreedores, otra de sus especialidades, llegó a emplear a 4.000 personas. Tampoco es su fuerte la ley laboral. Pese al chollo de los ingresos garantizados por el Dedo Divino de Ella, el Fernández malo era incumplidor por costumbre en el pago de las nóminas de sus empleados, tampoco lo era con Hacienda ya que abonaba en negro las horas extras y otros complementos. Todo muy liberal.

Este gran empresario presunto defraudador es aún presidente de la Confederación Empresarial de Madrid (CEIM). Sus amigos de la patronal local le acaban de salvar de la quema al prorrogar su confianza hasta las elecciones de 2015, a las que, en teoría, no se presentará. Que los grandes empresarios madrileños apoyen a un colega con estas credenciales da la idea del nivel del empresariado español. Es como el caso del pequeño Nicolás: ¿cómo descubrir a un simulador en un mundo de simuladores?

Fernández vive en una nube de ego, borracho de sí mismo; una nube blindada, eso sí, y fabricada con los mismos materiales de impunidad de su vida terrenal. Allá arriba no ven ni sienten las penurias de sus trabajadores con familia, niños y pagos a los que hacer frente a comienzo de cada mes. Un grande como él no se fija en menudencias que afectan al populacho.

Los que le tratan sostienen que es cordial, con la labia cálida del embaucador. Es de los que se quita la chaqueta, no para repartir mamporros como Manuel Fraga, sino por campechanería, para relajar a su interlocutor, es decir, su víctima. Puede que no sea solo una treta populista (¡vaya!: ya está la palabra) sino una precaución, un movimiento defensivo para que no le birlen la cartera. Incluso los que le sufren en sus impagos dicen que es capaz de vender hielo a los esquimales. En su caso no tiene tanto mérito cuando el jefe de los esquimales es Espe, la mujer de hielo.

Como a Miguel Blesa, otro perseguido del rojerío que nos invade, le gustaba la vida a lo grande. Célebres eran sus cumpleaños en el Teatro Real junto a decenas de dirigentes y amigos del PP. ¡Qué días aquellos! ¡Qué palmadas en la espalda! ¡Qué risotadas! Si la risa es un acto revolucionario, en su caso es indecente.

El hombre hecho a sí mismo presume de contactos. Ese es su verdadero currículo, el que se lee. ¿Para qué trabajar si todo se arregla acodado en la barra de un bar o sentado a la mesa de un restaurante de no sé cuantos tenedores? Le gusta la cámara más que a un tonto una tiza. Le embriaga sentirse reconocido. Su lema “que hablen de mí aunque sea mal” le tendrá eufórico estos días porque por fin está en boca de todos, incluidos los blasfemos y malhablados.

Como los grandes emprendedores de este país, a los que el trabajo bien hecho les importa un bledo, el Fernández malo tiende a rodearse de fieles, incondicionales sin voz, sirvan o no sirvan. Lo importante es que obedezcan sin rechistar. Es un mal extendido. ¿Para qué queremos talento en la alta dirección si el maná desciende del cielo?

Ahora está en caída libre, pero con paracaídas; no sabemos aún si ‘made in Suiza’, Andorra o en algún paraíso fiscal. Dicen que las primeras en abandonar un barco que se hunde son las ratas. No hay causa-efecto con la frase anterior, pero varios de sus antiguos amigos, los hermanos Pascual y Mahou, entre otros, demandan la devolución de lo adeudado. El hombre hecho a sí mismo ha perdido casi todas sus concesiones. Al dedazo se le acabaron las pilas.

Adeuda mucho a pequeñas empresas y a sus trabajadores. Abandonado por todos, no sabemos si por Aguirre también, le queda su sitio preferente en el palco del estadio Vicente Calderón para ver al Atleti junto a su amigo Enrique Cerezo.

En la CEOE de Madrid, tuvo como número dos a Lourdes Cavero, mujer de Ignacio González, con quienes ha compartido mantel y viajes. Así, el vendedor de hielo a los esquimales se aseguró el trato de favor cuando su amiga lideresa tuvo que dar un paso a un lado. Todo siguió viento en popa hasta que se acabó el viento.

Pese a su largo historial, ha sido el escándalo de las tarjetas en negro el que le ha dado la puntilla. No es por lo que se gastó –37.326,57 euros– sino por dónde lo gastó. ¡Mira que pagar facturas elevadas y de números extrañamente redondos en sus propios restaurantes! Se investigan los créditos blandos en condiciones perjudiciales para la caja de la que era consejero. Él afirma que no ha hecho nada malo, que es víctima de sus enemigos, como el pequeño Nicolás. La diferencia es que a uno le pueden brear y los demás se irán de rositas, como siempre.

Corrió un tuit ingenioso en las redes sociales que resume la situación de este tipo inquietante y de todo lo demás: una comida entre el hombre hecho a sí mismo y su amigo Rodrigo Rato. Al terminar, ambos sacan sus tarjetas pufo y empiezan a discutir: que si pago yo; que no, que pago yo. ¿Saben quién paga al final? Al final paga usted.

Dinero negro para facturar a empresas propias. El vicepresidente de la CEOE y presidente de la patronal madrileña, Arturo Fernández, se 'autofacturó' presuntamente compras por importe de 10.495 euros con cargo a la tarjeta 'black' (sin declarar a Hacienda) de la que disfrutó durante sus años vinculado a Caja Madrid y Bankia.

Según se recoge en el extracto de gastos del empresario remitido por Bankia al juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, esos casi 10.500 euros se cargaron fundamentalmente a Restaurantes Cantoblanco, perteneciente a su grupo empresarial, con un total de 8.375 euros entre 2010 y 2011.

También hay un sólo cargo por importe de 450 euros en Arturo-Teatro Real, la concesión administrativa concedida al polémico empresario en el emblemático y exclusivo recinto madrileño.

Ya como consejero de Bankia, constan tres cargos de Fernández por un importe agregado de 1.450 euros a sus restaurantes (son los únicos que hay en esa etapa). Curiosamente, los tres se realizan por las mismas fechas: 26 y 27 de diciembre de 2011. Y dos de las operaciones (por un total de 1.350 euros) se cargaron el mismo día (26 de diciembre) y a la misma hora.

El extracto también detalla cómo el empresario, que recientemente ha asegurado que hizo un “uso responsable” de su tarjeta, se gastó, en apenas dos operaciones de compra, la friolera de 2.223 euros en estaciones de servicio, 185 euros en cápsulas de café Nespresso, 164,8 euros en suscripciones a Unidad Editorial (la editora del diario El Mundo), 350 euros en una zapatería y 666 euros en diferentes farmacias.

Además de su propia empresa, su establecimiento favorito, como el de muchos de los por entonces consejeros y directivos de Caja Madrid que tenían una tarjeta como la suya, era El Corte Inglés, donde se gastó un total de 12.647 euros.

Las tarjetas 'black' fueron un filón para el grupo de Arturo Fernández, cuyas empresas actualmente atraviesan una delicada situación financiera. Su concuñado y entonces presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, también se gastó 47.900 euros en establecimientos del grupo Cantoblanco.

La mitad de las comidas que Gerardo Díaz Ferrán pagó con su tarjeta 'black' de Caja Madrid fueron en locales de su concuñado, Arturo Fernández, actual presidente de la patronal madrileña y del Grupo Cantoblanco (restaurante Cantoblanco, Edelweiss...). En total: 47.900 euros. Y los importes eran de 800, 1.000, 1.200, 1.500 y 1.800 euros.

Así, en cifras redondas y en el mismo día en ocasiones, tal y como se pueden observar en los extractos a los que ha tenido acceso eldiario.es, en los que también se puede constatar que la mayoría de estas operaciones con grandes cantidades de dinero redondas, incluso repetidas en el mismo día, se produjeron a partir de 2008 –tenía la tarjeta desde 2005–, cuando comenzaron los problemas económicos con sus empresas, hasta el punto de presionar al presidente de Caja Madrid, Miguel Blesa, para conseguir créditos para sus empresas.

Está en prisión preventiva desde 2012 por la causa en la que se investiga el vaciamiento patrimonial del grupo Marsans.

La mayoría de los gastos, en el caso de Díaz Ferrán, fueron en restaurantes. Pero sólo la mayoría. También aparece un cargo de 1.000 euros en Kidama, definido como “confección textil en general”; otro de 2.000 en El Corte Inglés; 3.003 en un comercio llamado Decoración y Arquitectura: en total, unos 6.000 euros.

Esta información está contenida en el CD que analiza el juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu y que ha provocado la citación como imputados de Rodrigo Rato, Miguel Blesa e Ildefonso Sánchez el próximo 16 de octubre. La existencia de las tarjetas black fue desvelada, sin embargo, diez meses antes, en diciembre de 2013. Entre los correos de Blesa publicados por el diario.es, que los obtuvo a través de una fuente anónima derivada por el Partido X, había uno en el que dos directivos de la entidad aludían al plástico.