La Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha y Plena inclusión Castilla-La Mancha han formalizado un convenio de colaboración para la promoción de la accesibilidad cognitiva, la formación y la atención a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo. 

El documento ha sido suscrito por el delegado del Gobierno en la comunidad, José Pablo Sabrido, y el director gerente de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado.

La iniciativa parte de la necesidad de avanzar en la formación y sensibilización de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y del personal de la Administración General del Estado en Castilla-La Mancha, así como en la mejora de la accesibilidad cognitiva y comunicativa de sus dependencias, procedimientos y materiales.

Además parte de la premisa de “una especial necesidad de atención y acompañamiento adecuado” a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo que sean víctimas, testigos o aquellas que participen en procedimientos administrativos o judiciales, tal y como recoge la Ley del Estatuto de la Víctima del Delito.

Coordinación para garantizar derechos

El delegado del Gobierno ha agradecido a todas las organizaciones que se dedican a luchar por la inclusión de las personas con discapacidad, destacando que “realizan una labor fundamental”. En este sentido, ha puesto en valor que, de no ser por el asociacionismo, el avance para la consecución de la igualdad real iría a otro ritmo.

Además, Sabrido querido destacar que este acuerdo pone en evidencia el compromiso del Gobierno con la inclusión de las personas con discapacidad y que, por ende, “nadie puede quedar atrás en el ejercicio de los derechos, todos somos iguales y vamos todos avanzando de la mano”.

Por último, el delegado del Gobierno ha elogiado la labor de integración de las personas con discapacidad, que cumplen con sus deberes y cuyos derechos hay que garantizar tras el trabajo conjunto entre todas las administraciones y asociaciones.

Es un paso muy decisivo para que una parte importante de la sociedad vea garantizados sus derechos

Por parte de Plena inclusión Castilla-La Mancha, Daniel Collado ha valorado este acuerdo como un “paso adelante” fundamental en la coordinación dentro de Castilla-La Mancha, agradeciendo el compromiso de la Delegación y de las plantillas de Policía y Guardia Civil.

“Es un paso muy decisivo para que una parte importante de la sociedad vea garantizados sus derechos cuando estos han sido vulnerados o cuando la persona ha podido ser responsable de una presunta falta o delito”, ha explicado Collado.

Por ello, el protocolo establece un marco de actuación coordinada para desarrollar medidas destinadas a garantizar la accesibilidad cognitiva en depedencias, procedimientos y documentos de uso público y administrativo; la formación y sensibilización del personal de la Administración General del Estado y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la región; la atención adecuada a las personas con discapacidad intelectual o del desarrollo y la coordinación institucional para promover una seguridad ciudadana inclusiva.

Ámbitos de colaboración

El protocolo, que tendrá una vigencia de cuatro años, se centra, principalmente, en los siguientes ejes operativos dentro del territorio castellanomanchego:

Para velar por el cumplimiento de estos objetivos en Castilla-La Mancha, se constituirá una Comisión de Seguimiento paritaria que se reunirá al menos una vez al año para planificar y evaluar las actuaciones derivadas del protocolo.

Este acuerdo se fundamenta en el marco legal vigente, incluyendo el Estatuto de la Víctima del Delito y la Estrategia Española sobre Discapacidad 2022-2030.

El 7 de diciembre de 2025 las cámaras de seguridad de un locutorio en Torremolinos registraron la muerte violenta de un hombre tras ser reducido por varios agentes de la Policía Nacional. El hombre se llamaba Haitam Mejri, tenía 35 años, y recibió al menos ocho descargas eléctricas disparadas desde una táser, un tipo de arma categorizada como no letal o menos letal, y cuyo uso está cada vez más generalizado entre los diferentes cuerpos policiales que existen en España. Sin embargo, no existe un protocolo unificado ni transparente para su utilización de forma segura y, en ocasiones, algunos cuerpos contravienen las recomendaciones del fabricante para evitar daños irreversibles.

Hablamos con Néstor Cenizo, periodista de elDiario.es en Andalucía que ha desvelado la historia de la muerte de Haitam, sobre cómo sucedieron los hechos recogidos por las cámaras de seguridad del establecimiento donde falleció este hombre. Con Ter García, periodista de Civio, organización que promueve la transparencia pública, analizamos qué dicen los protocolos policiales sobre el uso de las táser y cómo se adaptan a lo que recomiendan los fabricantes de un arma que puede llegar a ser mortal. 

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El nuevo delegado del Gobierno en Castilla-La Mancha, José Pablo Sabrido, ha hecho mención hoy a la queja formal que CCOO le ha hecho llegar por la “actuación desproporcionada” de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado tras la huelga del metal en Puertollano que se llevó a cabo a principios de noviembre. Según el sindicato, después de esta protesta, ha habido hasta 16 personas detenidas.

Este último es un dato que Sabrido no ha confirmado. Ha explicado que hasta donde él sabe y según la información de la que dispone, después de noviembre, la Policía ha tomado declaración a varias personas y ha abierto “atestados”.

“Hay que distinguir la actuación que hubo en noviembre durante la huelga en Puertollano y, después, lo que está suponiendo la actuación de la policía para tomar declaraciones a los manifestantes. Hasta donde yo sé, los llevaron a la comisaría, hacían un atestado y volvían a su casa. No estuvieron detenidos ni pasaron a disposición judicial. Y eso es porque entenderían los policías que estarían incurriendo en algún tipo de infracción administrativa o de índole penal, que en este momento desconozco”, ha añadido.

Previamente, el delegado del Gobierno ha manifestado su “respeto absoluto” a los sindicatos, a los sindicalistas y a los trabajadores. Pero esa libertad, ha agregado, se tiene que ejercer en la “compatibilidad con los derechos y libertades del resto de ciudadanos y aquí es donde tenemos que ponderar la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”.

Ha hablado de los hechos con CCOO

Además, ha desvelado que CCOO se puso en contactó con él para comunicarle que iban a interponer una queja formal. “Les prometí el respeto a sus actuaciones dentro de la ley y buscar su colaboración para que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad defiendan los derechos y libertades de manifestantes y no manifestantes”.

Sabrido respondía con todo ello a las declaraciones del secretario general de CCOO Castilla-La Mancha, Javier Ortega, quien se ha mostrado muy crítico con la actuación policial que se ha saldado, meses después, con la detención en Puertollano (Ciudad Real) de 16 trabajadores que participaron en la huelga del metal desarrollada los pasados días 3 y 4 de noviembre de 2025 en la provincia de Ciudad Real.

El líder sindical ha reprochado que la Policía Nacional fuera al centro de trabajo para detenerlos y esposarlos, un hecho que ha calificado de “insólito, improcedente y abusivo”.

Jaume Ripoll Vaquer (Palma, 1977), es productor cinematográfico, cofundador y máximo ejecutivo de Filmin. La plataforma, apoyada por las principales productoras del país, lleva casi 20 años en funcionamiento con un éxito fuera de lo común si se tiene en cuenta que compite con gigantes como Netflix, Disney o HBO Max, y además lo hace ofreciendo cine independiente, creativo y a veces incómodo.

Precisamente un documental disponible en la plataforma está haciendo pasar a Ripoll por uno de sus peores momentos profesionales. Se trata de Ícaro: la semana en llamas, que narra cómo vivieron diversos grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Policía Nacional, llegados de diversos puntos del Estado, los disturbios tras la sentencia del procés en 2019. La cinta, que omite los puntos de vista y las experiencias de los Mossos d'Esquadra, que también se enfrentó a los disturbios, ha recibido numerosas críticas por su falta de pluralidad.

De hecho, hasta hace pocas semanas, Ícaro: la semana en llamas no había sido aceptada por ninguna plataforma. Pero sorpresivamente ha aparecido en Filmin, sin promoción ni ruido hasta que ha cosechado las alabanzas de la activista de extrema derecha Macarena Olona, una de las fundadoras del partido Vox, que la descubrió en el catálogo de la plataforma. O se la descubrieron.

“Ícaro: la semana en llamas forma parte de un lote de películas que contratamos recientemente y por solo unos meses, hasta el 31 de enero”, explica Ripoll en conversación telefónica con elDiario.es. Reconoce el ejecutivo que la empresa no supo “detectar” el título y su temática “en un lote tan grande”. “Se nos pasó a pesar de que solemos aplicar filtros rigurosos. De haberla detectado, habríamos hablado con el vendedor para descartarla del lote, porque pensamos que en Filmin no tiene cabida una cinta como esta”, apostilla.

Campaña contra Filmin

La publicación laudatoria de la política y abogada del Estado, actualmente fuera de Vox, generó una potente reacción en X por parte de numerosos usuarios, que iniciaron una campaña de cancelación de suscriptores de Filmin. Algunos usuarios llegaron incluso a apelar al llamado “caso Galinsoga” de los años 60 del siglo pasado, en referencia al director de La Vanguardia que dijo “los catalanes son una mierda” y recibió 20.000 cancelaciones de suscripciones al diario.

De nada sirvió el comunicado que la plataforma emitió hace dos días apelando a la “libertad artística” y pidiendo “no censurar las películas por su orientación ideológica”. Al día siguiente, la puerta de las oficinas de Filmin, en Barcelona, amaneció con la siguiente inscripción pintada: “Filmin colaborador con la represión española”.

A este respecto, Ripoll deja claro que tanto él como Filmin están ideológicamente muy alejados de los valores que intenta transmitir el documental. “De haber detectado el título a tiempo, al vendedor le hubiéramos sugerido que buscase otra plataforma más adecuada porque no la veíamos para Filmin”, asevera. Además, añade que desde el punto de vista de la calidad de realización no es una cinta destacable.

Ripoll deja claro que tanto él como Filmin están ideológicamente muy alejados de los valores que intenta transmitir el documental

Defiende, adicionalmente, que su catálogo tiene otras películas documentales incomodadas como Ciutat Morta, que cuestiona los métodos policiales en Barcelona durante los años más duros de la crisis económica. También Catalunya-Espanya, un filme documental dirigido por Isona Passola y favorable a la independencia catalana.

Y desvela que en ambas cintas Filmin sí se implicó en la promoción, pero asegura que, a diferencia de Ícaro: la semana en llamas, “tienen una calidad y un valor cinematográfico” que el propio Ripoll no ve en el documental dirigido por Elena G. Cedillo y Susana Alonso. El responsable de Filmin asegura que salvaría de Ícaro “algunas escenas iniciales” pero poca cosa más, y critica la banda sonora, “con clara intención política”.

Solo hasta el 31 de enero

Por todo ello considera Ripoll que “no es un documental con cabida en Filmin”, pero lamenta que firmaron un contrato que no pueden rescindir e insiste en que el 31 de enero desaparecerá del catálogo. “Si hubiéramos sabido que el documental podía generar el lío que se ha formado, por supuesto no lo hubiéramos incluido en la compra del lote”, confiesa Ripoll.

El productor, que recalca que la plataforma jamás se implicó en la promoción del mismo, reconoce que la campaña de cancelación en X ha dado lugar a “unas cuantas bajas”, sin querer precisar el número pero lamentando que “aunque sean pocas duelen, porque son bajas de personas que llevamos casi 20 años fidelizando”.

Si hubiéramos sabido que el documental podía generar el lío que se ha formado, por supuesto no lo hubiéramos incluido en la compra del lote

Ripoll se ratifica en lo escrito en su comunicado cuando dice que “Filmin no censura películas por su orientación ideológica”, y reitera su “compromiso con el cine y el documental como herramientas para entender, contrastar y debatir, siempre dentro del marco legal”. El jefe de Filmin ensalza la pluralidad de su amplísimo catálogo, con más de 11.000 títulos. “Si has estado trabajando a tus clientes durante años, buscando títulos que les enriquezcan, es muy doloroso que de un día para el otro cancelen esta historia en común de tantos años por solo un título inadecuado entre 11.000”, lamenta.

También reconoce que, como fenómeno paralelo, la polémica le ha venido bien a la cinta, que ha tenido más visualizaciones de las que de otro modo hubiera conseguido dada su calidad, pero matiza que “ni de lejos se acerca a los valores de las más vistas”. Finalmente, Ripoll recuerda que Filmin tiene a disposición de los usuarios un sistema de valoraciones que permite puntuar negativamente aquellas películas que no nos gustan, “y así prevenir a otros usuarios sin que sea necesario ir pidiendo que se cancelen las suscripciones”.

Filmin, a través de sus redes sociales, ha emitido un comunicado donde defiende la inclusión del documental Ícaro: la semana en llamas en su catálogo. La plataforma incluye desde la pasada semana en su oferta este documental que narra cómo vivieron diversos grupos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la policía española, llegados de diversos puntos del Estado, los disturbios tras la sentencia del Procés.

Dirigida por Elena G. Cedillo y Susana Alonso, la cinta incluye imágenes inéditas hasta ahora de los incidentes, grabadas por agentes de estas unidades y también por helicópteros policiales, además de imágenes grabadas por los medios de comunicación que siguieron las protestas, si bien no se citan especificamente. La película tampoco incluye testimonios de Mossos D'esquadra, que junto a la Policía Nacional participaron en el operativo.

Se acabó de editar en 2022, pero hasta ahora no se ha publicado en ninguna plataforma, y de hecho ha pasado fuera del radar de la opinión pública hasta hace pocos días, cuando gracias a un tuit laudatorio de la exfundadora de Vox Macarena Olona la polémica se ha disparado en la red social conocida como X.

En su publicación de Olona escribe: “Qué manera de llorar anoche viendo el documental. Lágrimas de orgullo, respeto y mucha impotencia. ”Operación Ícaro“, la historia de la semana que Barcelona ardió en llamas tras la sentencia del proces, contada por los agentes de la UIP desplegados. Debería ser obligatorio que se exhibiera en todos los colegios y Academias policiales de España. Podéis verlo en Filmin. Fuerza y honor”.

Las réplicas en X no se han hecho esperar, a las que Olona ha respondido llamando a muchos de sus adversarios “anormales con lazo amarillo”.

Comunicado de Filmin

Pero las protestas también han ido dirigidas hacia Filmin por incluir esta cinta en su oferta, a lo cual la plataforma ha respondido por boca de su fundador y máximo ejecutivo Jaume Ripoll con un comunicado tambien en X.

“En Filmin somos muy conscientes de que los hechos de octubre de 2019 siguen siendo una herida abierta para la sociedad catalana”, comienza el comunicado. “Por ello, entendemos el malestar y las críticas que ha suscitado el estreno de Ícaro: la semana en llamas. Somos una empresa con sede en Barcelona, fundada en 2007, y sabemos que este debate no es abstracto: atraviesa familias, círculos de amistades y entornos laborales”, prosigue.

La plataforma asegura seguidamente que Icaro: la semana en llamas es un documental de 2022 que aporta una mirada concreta, de parte, sobre aquellos días, centrada únicamente en el testimonio de agentes desplegados en Barcelona“. ”Como cualquier obra, tiene un punto de vista y no pretende abarcar toda la complejidad de lo que ocurrió“.

Y advierte que “programar una película en Filmin no equivale a suscribir su enfoque” además de dejar claro que no ha sido producida ni distribuida por Filmin; “es una incorporación por tiempo limitado que dejará el catálogo el 31 de enero”.

A continuación Ripoll recuerda que “Filmin no censura películas por su orientación ideológica; nuestro compromiso es con el cine y el documental como herramientas para entender, contrastar y debatir, siempre dentro del marco legal y creemos, además, que la pluralidad no se proclama: se demuestra con un catálogo tan diverso como el nuestro con más de 11.000 títulos”.

“Por eso”, apostilla, “en Filmin conviven obras muy vinculadas al debate político y cultural catalán (entre otras, «L'endemà», «Cataluña- Espanya», «Ciutat morta» o «Quatre d'onze, castell per l'independencia») con otros títulos con miradas diferentes sobre el Procés y su contexto”.

El comunicado termina diciendo: “Agradecemos sinceramente los mensajes que recibimos y los leemos con respeto, nos ayudan a pensar y a mejorar y si algo nos parece importante ahora mismo es recordar que el cine no debe servir para confirmar lo que ya pensamos, sino también para ayudarnos a mirar de frente aquello que nos incomoda, con espíritu crítico”.

Ataques a las oficinas de Filmin

Pero las explicaciones de Jaume Ripoll no han sido bienvenidas en X por parte de algunos usuarios, algunos de ellos con marcada relevacia política, que han promovido la cancelación masiva de suscripciones a la plataforma por parte de los abonados.

A lo largo de la tarde de ayer se sucedieron en X las contestaciones al comunicado, y esta mañana el propio Ripoll ha colgado una publicación en esta red denunciando un ataque a las oficinas de la empresa, con pintadas que se pueden ver en las imágenes adjuntadas. En ellas se puede leer: “Filmin colaborador con la represión española”. Tras los ataques, el dirigente de Filmin se ha declarado “bastante hecho polvo”.

La Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, el Gobierno de España y la Fiscalía de Castilla-La Mancha han firmado un acuerdo para la constitución de la Mesa Técnica de la Prevención, Intervención y Seguimiento del Acoso Escolar en la Comunidad Autónoma. Dicho acuerdo ha sido rubricado por el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, en nombre del Gobierno de Castilla-La Mancha y el fiscal general de Castilla-La Mancha, Emilio Manuel Fernández.

La Mesa Técnica que se constituye tiene por objeto establecer la colaboración entre la Administración regional y la Delegación del Gobierno en representación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para la mejora de la prevención, detección, conocimiento, intervención y seguimiento de las situaciones de acoso escolar en Castilla-La Mancha.

El fin último de la misma es proceder, en el plazo más breve posible, a la elaboración de un Protocolo o Acuerdo común de actuación contra el acoso escolar.

De la convivencia positiva a la detección temprana

La colaboración de las partes se articulará en establecer medidas preventivas que fomenten la convivencia positiva, conseguir una coordinación ágil y rápida entre los diferentes agentes implicados, detectar de forma temprana situaciones de acoso, intervenir de manera inmediata y coordinada, asegurar el seguimiento de los casos hasta su resolución y promover la implicación de toda la comunidad educativa.

Para el desarrollo de los trabajos de la Mesa Técnica se creará una comisión mixta con representación de las partes, cuya finalidad será conocer y proponer el desarrollo de las distintas líneas de actuación previstas.

Los trabajos de la Mesa Técnica tendrán un plazo inicial de cuatro años desde su constitución, y finalizarán en su caso, por la Firma del Acuerdo o Protocolo que se elabore, pudiendo prorrogarse antes de la expiración del plazo inicial.

El consejero de Educación, Cultura y Deportes ha señalado la importancia de trabajar de la mano para dar una respuesta contundente a los casos de acoso escolar, una lacra con la que curso a curso luchamos y que nos debe exigir a todas las administraciones públicas la colaboración más absoluta.

El régimen de Bashar Al Asad colapsó entre el 7 y el 8 de diciembre de 2024. En los días previos, la mayoría de sus fuerzas de seguridad y armadas dejaron de luchar, abandonaron sus puestos y sus armas, y no ofrecieron resistencia ante el avance de los grupos opositores armados que acabaron tomando el poder.

Casi dos meses después, las nuevas autoridades, encabezadas por la formación islamista Hayat Tahrir al Sham (HTS) y su líder Ahmad Al Sharaa, han ordenado que se disuelva el Ejército y todos los cuerpos de seguridad afiliados al régimen. Mientras, decenas de miles de exmiembros del régimen derrocado han entregado sus armas en las pasadas semanas y buscan integrarse en la nueva Siria, recuperar sus puestos de trabajo o, al menos, no ser perseguidos. Integrarlos en las nuevas instituciones de seguridad que las autoridades de Damasco han anunciado que crearán parece una misión casi imposible.

“No creo que puedan ser integrados, quizás solo los individuos especializados, siempre y cuando no hayan cometido crímenes contra el pueblo sirio”, dice Muhsen Al Mustafa, analista del Centro Omran para Estudios Estratégicos sobre Siria (que durante la guerra civil fue establecido en Turquía). Sin embargo, señala que es difícil saber quién no tiene las manos manchadas de sangre porque en cada cuartel militar y en cada sede de las fuerzas de seguridad del régimen se cometían abusos y atrocidades. “Incluso los que trabajaban en las oficinas, recopilaban información para arrestar a los opositores, los activistas, los periodistas”, destaca.

Las nuevas autoridades han hecho una amnistía general para los que estaban obligados a hacer el servicio militar, pero incluso entre ellos hay criminales, porque fueron testigos o participaron en los crímenes“ del régimen derrocado, remacha el experto en las relaciones entre los ámbitos civil y militar en Siria.

¿Reclutas o criminales?

En los llamados centros de regularización abiertos por el Gobierno interino sirio, la mayoría de los hombres que acuden a arreglar su situación administrativa son reclutas que servían en el Ejército o en otros cuerpos de seguridad del régimen porque estaban obligados a hacerlo. Los que no querían hacer el servicio militar tenían que elegir entre pagar miles de dólares –una cifra impensable para la mayor parte de sirios– o abandonar el país. Son muchos los que huyeron de Siria para no tener que servir en unas fuerzas que estaban asediando, bombardeando y masacrando a su propio pueblo, y que no pudieron regresar durante los casi 14 años de guerra civil para no ser reclutados por la fuerza o castigados.  

En el centro de regularización del barrio de Mezze (donde se concentraban las instituciones y cuarteles del régimen), decenas de hombres hacían cola a mediados de enero para entregar sus armas y obtener un nuevo documento de identidad, y dejar así de estar vinculados al régimen de Al Asad. Es el primer paso para “limpiar” su historial y, quizás, tener un futuro en la nueva Siria. 

Milicianos afiliados a HTS se encargan de gestionar el centro y llevar a cabo el proceso burocrático. Primero, les asignan un número a los hombres que llegan cada mañana y les sacan una foto, de frente y de perfil; luego, les hacen un breve interrogatorio para saber qué hacían dentro de la maquinaria de guerra del régimen y dónde estaban cuando este colapsó el pasado diciembre. Para los rebeldes que ahora gobiernan es importante saber si no ofrecieron resistencia o si lucharon por Al Asad hasta el último momento.

Mohamed Rayab contó a elDiario.es que decidió quedarse en casa unos diez días antes de la caída del régimen porque presentía que algo iba a ocurrir, aunque recibía “mensajes de tranquilidad” de sus superiores. El hombre de 31 años, padre de dos hijos, trabajaba en la temida Seguridad del Estado, en la capital. No quiso hacer el servicio militar obligatorio, pero, para evitarlo, tendría que haber pagado mucho dinero, así que se ofreció voluntario para servir en ese cuerpo de seguridad. 

“A los de la capital nos enviaban al frente, por eso no quise ir al Ejército, para poder quedarme en Damasco con mi familia”, relató Rayab después de que le sacaran la foto de frente y de perfil, junto al número que le asignaron para su proceso de regularización. Lamentó que el sueldo que recibía en la Seguridad del Estado solo le bastaba para pagar el alquiler y tenía que tener otro trabajo. El joven, de aspecto inofensivo, es pizzero y aseguró que ahora solo quiere dedicarse a este oficio, no desea recuperar su puesto.

El encargado del centro de regularización de Mezze, que se identificó como Abu Abdulrahman. Explicó a este periódico que, un mes después de haber abierto sus puertas, un millar de personas seguían acudiendo cada día para entregar las armas y normalizar su situación administrativa de cara al nuevo Gobierno. “El objetivo es crear un ambiente de seguridad en la sociedad y que se reintegren, porque había mucha tensión entre ellos y la gente”, señaló el oficial del nuevo Ministerio de Interior.

Detalló que los que se someten al proceso de regularización son miembros del Ejército, la Policía, los llamados 'comités populares' y otras fuerzas paramilitares o milicias que fueron armadas por el régimen durante el conflicto en Siria. “Existe un indulto general para todos ellos, para los que entregan las armas y regularizan su situación; pero a los que no vienen de forma voluntaria los vamos a perseguir”, aseguró Abu Abdulrahman. 

Las nuevas autoridades cuentan con un inventario aproximado de las armas que estaban en manos de los miembros del régimen, desde pistolas de pequeño calibre hasta granadas y lanzagranadas. Según el encargado del centro de Mezze, cada día de mediados de enero se estaban entregando entre 100 y 150 armas solo en este lugar de la capital siria, donde hay otros centros de regularización. En varias provincias del país se han abierto numerosos centros, al mismo tiempo que se han efectuado campañas de arrestos contra los que no han acudido y no han entregado sus armas en las primeras semanas tras la caída del régimen. 

Nidal Qasem es uno de los que acudió a entregar su pistola, más de un mes después de la caída del régimen. “He venido ahora porque siempre hay mucha gente, lo he intentado varias veces”, se justificaba. Qasem sirvió varios años en las filas de las fuerzas de seguridad del régimen. Es originario de la localidad de Zabadani, uno de los bastiones de la oposición, ubicada al noroeste de Damasco. Su hermano desapareció, como tantos otros durante la guerra civil en Siria. 

“Elegí servir en la Policía para no hacer el servicio militar, porque tenía que mantener a mi familia”, relató. El hombre de 32 años estaba tenso al hablar de su experiencia y de su pasado, temeroso de sufrir represalias o un trato poco agradable. “Me gustaría volver a mi cargo en la Policía, donde estuve desde 2016”, admitió. De momento, las autoridades le han entregado un carnet de identidad temporal y un comprobante de que entregó su pistola, para que no tenga problemas ni se le reclama esa arma más adelante. El carnet será válido hasta que se forme un nuevo ejecutivo, algo que está previsto que ocurra en el mes de marzo, tal y como explicó Abu Abdulrahman.

El peligroso componente sectario

Aparte de los que servían en el Ejército u otros cuerpos de forma obligatoria o como forma de sustento, se calcula que eran cientos de miles los uniformados con los que contaba el régimen. El analista del Centro Omran para Estudios Estratégicos afirma que no se conoce ese número con exactitud, pero que 115.000 eran reservistas, por lo que en total eran más de 300.000. Al Mustafa ha publicado en la web Syria in Transition los datos que se conocían a mediados de 2024 sobre la composición sectaria de las fuerzas armadas y de seguridad.

Los alauíes –secta del islam a la que pertenece la familia Al Asad– ocupaban el 88,5% de los 40 puestos más altos del Ejército sirio y los oficiales procedentes de provincias con destacada presencia alauí representaban el 84% del total. En las agencias de seguridad, que desempeñaban un papel muy destacado dentro del régimen, los alauíes ocupaban el 65% de los puestos de mando, frente al 23% de los suníes (que son la mayoría de la población en Siria). La integración de los uniformados alauíes, sobre todo de los altos cargos, en la nueva Siria es la más complicada y problemática porque al papel que desempeñaron durante la guerra se añade el elemento sectario.

El experto sirio asegura que la persecución de los exmiembros del régimen se basa en su implicación en los crímenes que se cometieron durante la guerra, no en su pertenencia sectaria o religiosa. “Las nuevas autoridades no van en contra de los alauíes, pero estos se sienten perseguidos porque representaban la mayoría de las fuerzas armadas y de seguridad”, dice Al Mustafa. Agrega que cualquier persona que quiera denunciar a un uniformado o a un paramilitar por supuestos crímenes que haya cometido tiene que presentar pruebas ante las nuevas autoridades.

Respecto a los altos mandos del régimen, se cree que la mayor parte huyeron de Siria cuando colapsó el régimen. Al Mustafa no descarta que algunos se marcharan a Rusia, al igual que Al Asad y su familia, pero señala que la mayoría están en Libia, Irak y Líbano, según la información de la que dispone el analista. El 8 de diciembre, algunos cruzaron las fronteras de Siria con Irak y Líbano. Unas dos semanas después, el Gobierno iraquí devolvió a Siria a casi 2.000 soldados y oficiales que habían escapado por miedo a represalias, pero les confiscó sus armas y pidió a las nuevas autoridades que los acogieran, y los trataran con benevolencia. De momento, parece poco probable que encuentren una base en los países vecinos para reorganizarse y lanzar una contraofensiva más adelante.

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha decidido no acudir al desfile de las Fuerzas Armadas que se celebra este sábado en Madrid, el acto central del Día de la Fiesta Nacional. Al acto, presidido por los reyes y la princesa Leonor, ha acudido el Gobierno casi al completo. Según informan desde el equipo de la ministra, Rego no ha asistido “porque así lo ha decidido conjuntamente la organización, Izquierda Unida”.

En el palco tampoco están la ministra de Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero —que está lesionada— y las titular de Igualdad, Ana Redondo.

Rego es la única que, de momento, explica su ausencia por motivos políticos. En 2022, el entonces coordinador de Izquierda Unida y ministro de Consumo, Alberto Garzón, sí acudió a la parada militar. “Izquierda Unida vuelve a la actitud tradicional de no asistir a los desfiles militares ni al besamanos del jefe del Estado”, apuntan desde el equipo de Rego.

Quien sí ha asistido, por primera vez en 14 años, es un president de la Generalitat de Catalunya, este año el socialista Salvador Illa.

Por el Paseo del Prado y la plaza de Colón van a pasar un total de 4.092 efectivos de las Fuerzas Armadas, 266 vehículos motorizados y 210 caballos. Las 85 aeronaves que iban a volar no van a poder hacerlo, debido a la fuerte lluvia que está cayendo sobre la capital, lo que ha obligado a Defensa a suspender el desfile aéreo. Así, no podrá volar la Patrulla Águila —que pinta todos los años la bandera nacional en el cielo— ni hacer su tradicional salto el paracaidista de la Patrulla Acrobática de Paracaidismo del Ejército del Aire y del Espacio (PAPEA).

Adriana Lastra ha tomado posesión esta mañana como delegada del Gobierno en Asturias, en un emotivo acto que contó con la presencia del ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, el presidente del Principado, Adrián Barbón, los principales representantes políticos, empresariales y militares de la región, y con dos protagonistas muy especiales, sus dos hijos, Alejandro y Olivia.

Lastra, visiblemente emocionada, tuvo que interrumpir su intervención al mencionar a su familia “trabajadora” de la que aseguró estar siempre muy orgullosa, y también a su familia política, la Federación Socialista Asturiana, en la que afianzó sus valores y pronto encontró sus referentes, según ella misma reconoció. El aplauso de un abarrotado salón de actos ayudaron a la recién estrenada delegada a continuar.

Quien fuera vicesecretaria general del PSOE y actual vicesecretaria de Acción Política e Institucional de la FSA-PSOE aprovechó sus primeras palabras en la cargo para hacer un llamamiento a la dirección de Arcelor Mittal, para que dé el paso y acepte “la mayor subvención concedida por el Gobierno de España” para descarbonizar su acería, pues su proyecto de hidrógeno circular “es clave para el futuro de Asturias”.

Asimismo ha fijado como prioridades al frente del cargo “la lucha contra la violencia de género y las desigualdades, realizando un llamamiento a las mujeres víctimas de la violencia machista para que confíen en las fuerzas de seguridad del Estado, y haciendo un especial guiño a ”mis compañeras de viaje del Tren de la Libertad“ con el que hace diez años consiguieron parar la ”dañina“ reforma de la ley del aborto que pretendía el Gobierno de Mariano Rajoy.

La delegada del Gobierno ha destacado que en su ADN está activar todos los resortes para reforzar la cooperación entre administraciones y destacó que “Asturias y España están en su mejor momento en décadas” gracias al gobierno de Pedro Sánchez “que no ha dejado atrás a nadie”. De Sánchez precisamente ha destacado que “juntos hemos pasado por todo tipo de vicisitudes” y por eso ella se dejará la piel por el país “al igual que hace él”.

Lastra ha asegurado tener la certeza de que el Gobierno de Asturias tiene un aliado en el ministro Torres a la hora de defender los derechos de los niños solos. “Aunque algunos no la tengan, los españoles y el gobierno de España tienen alma”, ha dicho en clara referencia a Vox.

Por su parte, el ministro de Política Territorial ha aprovechado para repasar algunas de las últimas actuaciones programadas por el Estado en Asturias, como la reciente mejora de la depuradora de agua de Maqua, que recibirá una inversión de setenta millones y ha asegurado que las relaciones bilaterales con Asturias son “inmejorables”.

Con un mensaje de “optimismo y esperanza” concluía la delegada su intervención, asegurando que “desde la unidad conseguiremos consolidar la década del cambio” y que Asturias será un referente económico y social para el resto de España.

Asturias se ha sumado hoy al minuto de silencio convocado en toda España contra la violencia de género y las 21 mujeres asesinadas por esta lacra en lo que va de 2021.

Ha sido uno de los últimos actos de la delegada del Gobierno, Delia Losa, quien será sustituida en el Consejo de Ministros de mañana martes por Adriana Lastra.

La propia Losa lamentaba que uno de sus últimos actos tuviesen que ser por una “tragedia” de la que es tan difícil ser consciente como la violencia contra las mujeres, en cuyos protocolos de prevención el Gobierno de España continúa trabajando sin descanso.

La delegada del Gobierno ha hecho un llamamiento a las víctimas de violencia machista para que “salgan de ese infierno porque no están solas”. Losa ha insistido en que hay dispositivos de protección para ellas y sus hijos e hijas. En este sentido ha asegurado que las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tienen establecido un sistema de protección para que las víctimas puedan salir de los entornos de los maltratadores.

En Asturias hay registradas, según los últimos datos, 1989 víctimas “ninguna en nivel máximo de riesgo”. Niveles que son “puros datos”, ha señalado losa, pues “quien es capaz de maltratar a una mujer por el hecho de serlo, en cualquier momento cambia de nivel”.

Los agentes de la Comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Gijón están llevando a cabo una investigación “discreta” para tratar de identificar al grupo de personas que, el pasado 28 de junio, se concentraron para cantar el “Cara el Sol”, brazo en alto, frente al monumento a los 'Héroes del Simancas', situado en la fachada del colegio de la Inmaculada, en Gijón.

Un acto de exaltación fascista que no ha querido pasar por alto el jefe superior de Policía de Asturias, Luis Carlos Espino, que este martes ha confirmado la apertura de una investigación para su esclarecimiento.

La escena, que concluyó con gritos de “Viva España” y al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, fue grabada por varias personas que en ese momento se encontraban en la zona y sus vídeos, en escasos minutos, se convirtieron en virales en las redes sociales.

Entre otros, la concejala de Podemos Xixón, Olaya Suárez, mostró su rechazo en la red social X donde comparte el vídeo de Álex Zapico que resalta en su post cómo este acto se desarrolló a tan solo 100 metros de la Comisaría de la Policía Local, tal y como se reproduce a continuación.

La escultura de 'Los Héroes del Simancas' conmemora la resistencia del bando franquista en el cuartel homónimo durante la Guerra Civil española. Realizada por Manuel Álvarez Laviada, en colaboración con el arquitecto Luis Moya Blanco, se inauguró el 21 de octubre de 1958 y es uno de los principales símbolos franquistas que aún se conservan en Gijón.

La ley (de memoria democrática) es la que es para todos y esos símbolos no están permitidos

Luis Carlos Espino — Comisario principal. Jefe superior de Policía de Asturias

“La ley (de memoria democrática) es la que es para todos y esos símbolos no están permitidos y yo creo que están totalmente fuera de lugar”, ha asegurado el jefe superior.

Luis Carlos Espina no se ha extendido mucho más en sus declaraciones ante los medios de comunicación al ser preguntado por estos hechos durante el acto que presidió este martes en Oviedo junto a la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, en conmemoración del “Día de las víctimas del terrorismo en la Policía Nacional” que se realizó de forma simultánea en el resto de las comunidades autónomas del país.

La Jefatura Superior recuerda que inicialmente la fecha elegida fue el 16 de junio, día en el que la organización terrorista ETA asesinó en 1981 a la inspectora jefa María José García Sánchez en la localidad guipuzcoana de Zarauz.

Los asesinatos de policías a manos de ETA

Por ello, anualmente en esa fecha concreta o en una próxima se celebra esta jornada como muestra de reconocimiento, respeto y solidaridad para que su memoria se perpetúe en el seno de la institución policial y en el resto de la sociedad de acuerdo con “los principios de memoria, dignidad, justicia y verdad”.

Unos principios que inspiran el compromiso del Estado de reparar a las víctimas y de perseguir “la derrota definitiva, incondicional y sin contrapartidas del terrorismo en todas sus manifestaciones”

La Policía Nacional ha sufrido con dureza el golpe terrorista. Un total de 188 integrantes del Cuerpo han sido asesinados entre 1968 y 2015, una cifra a la que hay que añadir las decenas de policías heridos y de familias destrozadas por sus actos.

El jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha, Javier Pérez, ha reivindicado el papel de los agentes que conforman este cuerpo como “garantes de los derechos y la libertades” en el país.

“Hoy celebramos un día histórico y una colosal obra colectiva construida por hombres y mujeres que han dado lo mejor de sí mismos”, ha dicho el jefe superior en el acto con motivo del bicentenario de la Policía Nacional que ha albergado la plaza del Ayuntamiento de Toledo, con presencia de la delegada del Gobierno, Milagros Tolón; el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital, Juan Alfonso Ruiz Molina; el alcalde de Toledo y una nutrida representación de la sociedad civil castellanomanchega.

En este marco, que ha aglutinado a numeroso público, tras recordar cómo se creo el cuerpo de la Policía Nacional, ha destacado que en sus 200 años de trabajo ha pasado de ir en caballo a usar drones y sondear el ciberespacio para combatir el crimen.

Especial atención ha dedicado también el jefe superior de la Policía Nacional en Castilla-La Mancha a la labor de estos agentes, a partir de 1978, fecha a partir del cual han contribuido a la consolidación y fortalecimiento de la democracia en España.

En este punto ha recordado lo “mucho” que ha costado “defender los derechos y libertades”, una ardua tarea que se ha cobrado la vida de 178 policías nacionales, víctimas del terrorismo.

Dicho esto, ha defendido que la Policía Nacional ha trabajado por convertirse en una institución “sólida, útil y fiable”, poniendo el foco en que la ciudadanía española valora el trabajo que desarrollan los agentes por garantizar la seguridad pública en España.

“Hoy es un día para renovar nuestro compromiso con España y ofrecer nuestro mejor servicio, en un escenario difícil que nos ha tocado vivir, de tiempos vertiginosos, con tensiones geopolíticas, en constante renovación tecnológica y con una actividad delincuencia que no deja reinventarse”, ha dicho.

“La nuestra no es una tarea fácil, no lo ha sido nunca”, ha reconocido Javier Pérez que, no obstante, ha admitido que, en la actualidad, la Policía Nacional cuenta con el mayor número de efectivos de su historia, con las mejores condiciones laborales y más medios materiales que le permiten hacer frente a las “amenazas” y “desafíos” del terrorismo, del crimen organizado, proteger a las mujeres, a los menores y a perseguir, entre otros, los delitos de odio y de trata de seres humanos con diversos fines.

“En esta tareas no estamos solos, contamos con una sociedad que valora nuestro trabajo, con el apoyo del Ministerio de Interior y otras instituciones”, ha añadido el responsable del cuerpo en Castilla-La Mancha, que ha finalizado reclamando a sus agentes trabajar con la determinación de “ser mejores servidores públicos”.

País próspero y seguro gracias a la Policía

El acto ha contado con la presencia de la delegada del Gobierno en la región, Milagros Tolón, que ha mostrado su “orgullo” por el hecho de que su primer acto institucional en el cargo sea el del 200 aniversario de la Policía Nacional.

“En este día izamos la bandera nacional en muchos lugares del país para simbolizar el irrompible vínculo del cuerpo nacional policial con el Estado, con la unidad de España y el bienestar general de sus gentes”.

Según ha destacado Tolón, dicho vínculo se mantiene de forma firme con la Constitución de 1978, que encarga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado “la labor fundamental de proteger y defender las libertades y los derechos fundamentales”, algo que ha permitido construir un país “próspero y seguro con sólidas bases de libertad, igualdad, solidaridad y tolerancia”.

Así las cosas, ha reparado en la gran transformación que ha experimentado la Policía Nacional en sus 200 años de vida, que le ha permitido superar muchos hitos, como la lucha contra el terrorismo, el tráfico de drogas, la violencia machista o la trata de personas.

La delegada del Gobierno, que también ha aludido al 45 aniversario de la incorporación de la mujer al cuerpo, ha destacado la inversión y los medios con los que el actual Ejecutivo de Pedro Sánchez ha dotado a la Policía, asegurando que las nuevas comisarías que se edifican en Cuenca y Puertollano estarán operativas este 2024.

“Como delegada del Gobierno de España en Castilla-La Mancha deseo expresar mi más sincero agradecimiento y reconocimiento a todos los agentes por su excepcional labor”, ha añadido Tolón, que ha concluido su intervención con vivas al Rey, a España y a la Policía Nacional, que han arrancado una gran ovación entre el numeroso público que, desafiando la fría mañana, se ha dado cita en el corazón del Casco Histórico de Toledo.

Mientras, el consejero de Hacienda, Administraciones Públicas y Transformación Digital ha ensalzado el papel fundamental de la Policía Nacional durante estos últimos 200 años para garantizar la convivencia y la seguridad en la sociedad, destacando la importancia de un cuerpo que es una institución en la comunidad y en el país por su ejercicio diario para velar por la protección y defensa de los derechos y libertades de la ciudadanía.

Por su parte, el alcalde capitalino, que no ha intervenido en el acto, ha indicado, a través de una nota de prensa, que este 13 de enero es “un día de homenaje, de reconocimiento y felicitación a la Policía Nacional por estos 200 años garantizando la seguridad y la libertad de todos los españoles, procurando una sociedad más justa y más libre”.

Fortalece la democracia en España

Desde Ciudad Real, el vicepresidente segundo del Ejecutivo regional, José Manuel Caballero, ha ensalzado a la Policía Nacional como garante de libertad, seguridad y bienestar de la ciudadanía y pone en valor su papel como elemento fortalecedor de la democracia en España.

En el mismo acto de homenaje, el presidente de la Diputación, Miguel Ángel Valverde, ha reconocido al cuerpo “por haber estado siempre al servicio de todos los españoles, en momentos fáciles y difíciles, siempre defendiendo la seguridad de todos y contribuyendo al desarrollo de nuestro país”.

Desde la plaza de la Puerta de Toledo, el alcalde, Francisco Cañizares, ha dicho que Ciudad Real “le debe mucho a la Policía Nacional”, que es la que vela por la seguridad, haciendo que sea “una de las ciudades más seguras del país, gracias a la dedicación de muchísimos profesionales que a lo largo de los años han prestado servicio”.

Capacidad de evolución del Cuerpo

Mientras, la subdelegada del Gobierno de España en Cuenca, Mª Luz Fernández, ha subrayado la capacidad de “evolución de la Policía Nacional” buscando dar respuesta inmediata y eficaz a lo que la ciudadanía demandaba, “adaptándose a los desafíos de cada época”, y poniendo de manifiesto que hoy es una de las instituciones más queridas y valoradas por la sociedad, un “pilar básico para nuestra democracia”.

La subdelegada ha recordado que 2024 será el año que Cuenca estrene una nueva Comisaría Provincial de Policía, que ha sido un objetivo del Gobierno de España y que “ahora ya es una realidad”.

Los actos de reconocimiento se han dado en diversos lugares de la región, como Talavera de la Reina, donde su alcalde, José Julián Gregorio, ha asegurado el Ayuntamiento seguirá siendo un fiel colaborador de la Policía Nacional, “que es la de todos los españoles” y que además es el cuerpo estatal más antiguo de todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de España“.

Junio de 2023. Cuatro personas son detenidas por su supuesto vínculo con un grupo criminal dedicado a la explotación laboral de personas migrantes. Los afectados vivían en “viviendas precarias”, eran “estafados” y “explotados laboralmente”, según relataba la Policía Nacional. Se conoce el número de personas que fueron detenidas en este entramado, pero cuántas fueron las víctimas. “Finalizada su jornada laboral, regresaban a domicilios que los propios detenidos les facilitaban, generalmente viviendas en estados muy precarios y conviviendo en situaciones de insalubridad”, detallaban fuentes de la investigación.

Julio de 2023. La Policía Nacional desarticula dos redes criminales que se dedicaban presuntamente a la explotación laboral en los sectores de la construcción y agrícola. Los agentes del cuerpo localizaron durante la investigación una bodega en la que vivían hacinadas unas 40 personas. Las víctimas pasaban la noche en un lugar que tenía un baño “prefabricado e insalubre” y “sin las mínimas condiciones de higiene”, según el relato hecho público por el cuerpo policial. Se trataba de una red empresarial del sector agrícola que mantenía a trabajadores en condiciones infrahumanas. Los hechos ocurrían en Cuenca. 23 personas fueron detenidas, entre la provincia conquense y Málaga.

Son sólo dos ejemplos de la trata de personas en el ámbito laboral. Un problema del que alerta la Fiscalía de Castilla-La Mancha en su última memoria anual, haciendo especial énfasis en la “vulnerabilidad” de la población extranjera. La región, junto a Murcia y Andalucía, fue donde más víctimas de trata laboral se detectaron en el año 2022. Cuando se habla del concepto de trata, se hace referencia al “reclutamiento”, y también al transporte, albergue o recepción de personas, a través de la amenaza o el uso de la fuerza para lograr el “propósito de explotación”. Aunque el concepto se conoce más en referencia a la trata de personas con fines de explotación sexual, pero la laboral también existe.

Como un ejemplo de este tipo de delitos, el Ministerio Fiscal recuerda el caso de un vecino de Socuéllamos, en Ciudad Real, a quien se le acusaba de un presunto delito contra los derechos de los trabajadores contra un ciudadano marroquí, al mantuvo trabajando para sí durante unos tres años “sin abonarle ningún salario, ni firmar contrato de trabajo alguno ni darle de alta en la Seguridad Social”. Los sindicatos como CCOO han hecho referencia a casos de explotación laboral en Castilla-La Mancha, especialmente en el caso del sector agrícola. “Es el único sector en el que denunciamos explotación laboral. Esto es algo insoportable. Para que nadie piense que criminalizamos al sector, este tiene que sentarse y establecer reglas del juego para evitar que haya explotadores”, lamentaba el secretario general del sindicato, Paco de la Rosa. Por eso ha propuesto que quien no garantice condiciones laborales dignas no pueda optar a las ayudas de la Política Agraria Común (PAC).

Futuro protocolo

En la memoria de la Fiscalía se señala que en Castilla-La Mancha “no se ha elaborado ningún protocolo específico” en materia de trata de seres humanos ligados al ámbito laboral. Eso sí, puntualiza que la problemática se aborda desde las reuniones anuales previstas en el Protocolo Marco de Protección de las Víctimas de Trata de Seres Humanos. La Consejería de Economía, Empresa y Empleo de Castilla-La Mancha explica que, efectivamente, no existe ningún protocolo en esta materia, aunque el departamento de Igualdad del Ejecutivo regional ha anunciado recientemente que se creará una Mesa contra la Trata y que se elaborará un protocolo para ayudar a las mujeres a salir “de la espiral de dolor, de chantajes y de violencia”.

De todos modos, desde la Junta de Comunidades afirman que la inexistencia de un protocolo concreto para abordar este problema “no significa que no se vele, desde el Gobierno regional, ante un posible caso de trata laboral”. La Administración autonómica subraya que hay varios marcos de actuación contra “esta lacra del mercado de trabajo” como el Plan de Acción Nacional contra el Trabajo Forzoso, aprobado en Consejo de Ministros el pasado 10 de diciembre de 2021; o el Convenio 2023 firmado entre el Ministerio de Trabajo y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“Trabajamos de manera intensa y constante con la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, competente en esta materia, para velar por el correcto funcionamiento de nuestro mercado de trabajo”, resaltan fuentes de la consejería que afirman que si se conoce algún caso se pone “inmediatamente” en conocimiento de la Inspección y de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. “Competentes en esta materia, junto con la Fiscalía”, añaden. La misma memoria de la Fiscalía explica que efectivamente se atribuye “casi en exclusiva” la identificación formal de las víctimas de trata “sin que exista colaboración de otras entidades” y que tampoco se suple por las Oficinas de atención a la Víctima, “por problemas de personal y presupuestarios”. La última información el Ministerio de Defensa en relación a estas oficinas señala que en cada una de las provincias de Castilla-La Mancha hay un psicólogo o psicóloga, así como un gestor procesal y administrativo/a. En el caso de Ciudad Real hay también una funcionaria del cuerpo de tramitación procesal.

La identificación de las personas que son víctimas de trata laboral, al igual todos los otros tipos de trata, es fundamental para que puedan acceder a sus derechos reconocidos y también a ser protegidos.

“Hay serios problemas en la acogida de las víctimas para su asistencia inmediata”

Entonces, ¿qué ocurre con estas víctimas? La Fiscalía advierte de una serie de consecuencias, como por ejemplo, que hay “serios problemas en la acogida de las víctimas para su asistencia inmediata”. Y este problema se vincula esencialmente a la trata laboral, ya que, son “decenas de personas” las que suelen necesitar de asistencia a la vez. Existen trabas, como que la Guardia Civil tiene “prohibido” transportar particulares en sus vehículos y la situación pasa a depender de los medios de ayuntamientos, Organizaciones No Gubernamentales (ONG) o la misma Junta de Comunidades.

La cuestión se plantea esencialmente en la trata laboral, pues a veces son decenas de personas las que requieren asistencia, observando la Guardia Civil que ellos tienen prohibido transportar particulares en los vehículos oficiales de modo que diversas instituciones tales como ayuntamientos, ONG y Junta de Comunidades aportan sus medios para subvenir estas necesidades inmediatas hasta su retorno al país de origen. Normalmente las víctimas “desean volver rápidamente”, pero también se puede optar por la investigación del delito de trata, lo que le permitiría obtener también autorización de residencia y trabajo, por razones “excepcionales”.

A diferencia de las víctimas de trata sexual, no siempre optan por la protección de su identidad, aunque algunas sí piden permanecer en el anonimato, puesto que temen las “perniciosas consecuencias” que su actuación en el ámbito judicial pueda tener sobre sus familiares. Cuando no lo hacen, explican desde la Fiscalía, es porque no suelen ser víctimas individuales, sino que suelen ser grupos de personas que iniciaron el viaje “convencidos por la oferta de unas supuestas buenas condiciones de trabajo” y cuentan entonces con una sensación de seguridad personal “mayor”.

Finalmente, el Ministerio Fiscal también apunta a que la Audiencia Provincial de Albacete es “reacia” a aplicar el artículo 177 bis del Código Penal en materia de trata laboral. De esta forma, se “reconduce de ordinario” este tipo de conductas al ámbito de los delitos contra los derechos de los trabajadores.

¿Existen medidas que se tomarán en un futuro?

El Gobierno de Castilla-La Mancha explica que ya existe un anteproyecto de ley orgánica contra la trata y explotación de seres humanos, que está en desarrollo. “Esta herramienta, que esperemos que pueda ver la luz pronto y con el mayor consenso posible, debe mejorar y amplificar la cobertura, prevención y persecución de este tipo de delitos en un marco nacional, que aplicaremos desde luego en las comunidades autónomas en el marco de nuestras competencias o en la colaboración que realizamos con la Inspección”, señala. Además, advierten de que ya hay algunas herramientas para luchar contra este tipo de “lacra”.

“Apoyaremos el desarrollo de la ley, para contar con un marco más definido y potente para combatir la trata laboral. Esa ley tendrá un carácter transversal, que aborda conjuntamente la lucha contra todas las formas de trata de seres humanos y prevé combatir todas las formas de explotación que constituyen la finalidad de la trata, como el trabajo forzoso, la servidumbre, la esclavitud y otras formas de explotación”, aseguran las fuentes del departamento. Y también han añadido que “si se considera la necesidad” de diseñar un protocolo específico para nuestra región“ colaborarán para su diseño e implementación. Desde la Junta advierten de que no se han detectado casos a través de los sistemas de orientación e intermediación del servicio de empleo de la región, porque ”suelen producirse al margen de los cauces normalizados“. Si ocurriera, ”se pondrían inmediatamente en conocimiento tanto de la Inspección de Trabajo como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado“.

Yolanda Adriana Ramírez Soto, de 22 años, fue asesinada en diciembre de 2012 en el estado mexicano de Chihuahua. Cinco agentes de la Policía Federal dispararon contra la camioneta que conducía su novio, en la que ambos circulaban con sus hijas: los disparos le destrozaron la mano cuando ella la sacó por la ventanilla para pedirles que cesaran el fuego y advertirles de que había dos niñas en el vehículo. Luego dos balas la lesionaron en el cráneo.

Aunque se comprobó que los agentes sembraron armamento y droga en la camioneta para justificar su ataque, el novio de Yolanda fue sentenciado a siete años de cárcel por portación de arma prohibida, mientras que los cinco policías responsables del asesinato de la joven y de la manipulación de evidencias quedaron libres de todo cargo penal por “falta de elementos”.

Los policías federales estaban ahí, vigilando las calles, como parte de la estrategia conocida como ‘guerra contra el crimen organizado’ lanzada seis años antes por el entonces presidente de México, Felipe Calderón, y continuada por sus sucesores.

“Para mí –dice Dolores, la mamá de Yolanda– el Gobierno federal es el responsable [de su muerte], porque es el que manda esas instituciones aquí. Nos destruyó la vida a todos, a ella, a mí y a mi esposo, a mis hijos y a mi niña [la hija de Yolanda, de 3 años en el momento del ataque]. Pero a mí me hace sufrir más la situación de mi niña, porque soy una persona adulta, ya no tengo la manera de sacarla adelante; a veces tengo que andar trabajando todo el día, viendo las necesidades y viendo la falta que le hace su mamá, porque no la puedo sustituir, y eso gracias a la ley”. “Siempre eduqué a mis hijos a no pasar por encima de la ley y ¿para qué? Para que me hicieran esto”, añade.

Lejos de ahí, en el otro costado del país, en el estado de Michoacán, Alfredo sobrevivía y llevaba un poco de dinero a su madre cosechando limón. Él es un joven campesino sin tierra, que ahora tendría 25 años de edad, y que solía ir de pueblo en pueblo, de plantación en plantación como jornalero, es decir, laborando en ranchos por un salario diario.

De uno de esos plantíos de limón se lo llevaron por la fuerza los soldados de la Guardia Nacional un día de enero de 2020, ya durante el Gobierno del actual presidente del país, Andrés Manuel López Obrador, en el que la guerra continúa. Desde ese día, Alfredo está desaparecido y solo Eufrosina, su mamá, lo busca.

En ausencia de la autoridad, fue ella quien recorrió el pueblo de donde se llevaron a su hijo, La Peña, y en soledad fue ella quien localizó dos grupos de testigos: primero, a jornaleros que presenciaron cómo su hijo fue privado de la libertad por los soldados. Luego habló con quienes vieron el momento en que los soldados entregaron a su hijo, en otro punto del poblado, a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo criminal que controla la zona, quienes se lo llevaron con rumbo desconocido en la batea de una camioneta pick-up.

“Mis carnes no son estas –dice Eufrosina, cuando han pasado más de tres años desde que busca a Alfredo–. Aunque me mire por fuera así, por dentro mi corazón está marchito… Odio al Gobierno”.

1.524 historias

Entre los años 2006 y 2022, es decir, desde que las autoridades nacionales declararon el inicio de la guerra contra el crimen organizado, en México se han podido documentar al menos 1.524 casos de desaparición forzada, asesinato y ejecución extrajudicial, cometidos supuestamente por cuerpos de seguridad federales y estatales en contra de personas inocentes o indefensas. 

Personas como Yolanda y Alfredo, sobre quienes no pesaba ninguna sospecha, que no tenían armas ni se enfrentaron a la autoridad, sin órdenes de aprehensión en su contra. Personas que sólo habían salido por algo de comer, jugaban a fútbol, fueron a la tienda o simplemente paseaban, como Yolanda y su familia.

Por supuesto, esos 1.524 casos documentados no representan la totalidad de las víctimas que ha dejado el actuar de autoridades durante esta guerra, ni tampoco todos los abusos oficiales cometidos en el país en el marco del conflicto armado interno. Son únicamente aquellos casos que han podido ser revisados y verificados por esta investigación de Animal Político, con base en los registros de comisiones de derechos humanos, organismos públicos de procuración y administración de la justicia, organismos civiles, investigaciones periodísticas y fundamentalmente por denuncias públicas de sus propias familias, que pudieron ser identificadas. 

Es decir, son solo una fracción del total. Pero incluso así, tratándose solo de una muestra de casos, esas 1.524 desapariciones forzosas, asesinatos y ejecuciones extrajudiciales equivalen a una víctima de las autoridades cada seis días a lo largo de 16 años. 

Cada caso es una historia diferente pero, vistos en conjunto, narran la historia de una forma de violencia que en México se volvió cotidiana con la guerra: la violencia sistemática de Estado, aquella que el poder público ejerce de forma reiterada y premeditada, es decir, planificada, contra integrantes o grupos de la sociedad.

Estos crímenes han sido cometidos por soldados, marinos, guardias nacionales, policías federales, así como policías preventivos estatales y agentes ministeriales del fuero común y del federal. Es decir, por los integrantes de las instituciones encargadas de instrumentar la estrategia de combate al crimen organizado, durante los Gobiernos encabezados por Felipe Calderón (postulado por el Partido Acción Nacional), Enrique Peña Nieto (postulado por el Partido Revolucionario Institucional y el Partido Verde) y Andrés Manuel López Obrador (postulado por el partido Movimiento Regeneración Nacional, el Partido Verde, el Partido del Trabajo y el Partido Encuentro Social).

Los asesinatos se produjeron en el marco de una política pública de seguridad basada en la confrontación armada, refrendada por cada grupo político que ha conquistado el poder de 2006 a la fecha, que ha golpeado a personas que no empuñaron un arma y que no estaban involucrados en alguna actividad ilícita. Casos, todos, que recuerdan que cualquiera puede ser víctima de unas fuerzas de seguridad que actúan impunes.

Una estrategia que, como han denunciado diversas organizaciones, viola la Constitución al poner a las Fuerzas Armadas como vigilantes del comportamiento de la población civil –tal como concluyó la Suprema Corte de Justicia de la Nación– y que en el tiempo que lleva en marcha ha cuadruplicado el número de muertes violentas en el país. 

Las 1.524 historias en las que se basa la presente investigación periodística dan cuenta de que los crímenes perpetrados por las fuerzas del Estado, de un lado, y la violencia homicida generalizada, de otro lado, son dos fenómenos que avanzan de la mano en México, ya que durante el tiempo que ha durado el conflicto armado interno, ambos indicadores de violencia incrementan en las mismas regiones y en los mismos periodos de tiempo. 

Las víctimas

Los crímenes recabados en esta investigación se perpetraron principalmente al amparo de operaciones o políticas de seguridad pública para abatir la incidencia delictiva, pero también ocurrieron durante operativos para reprimir protestas sociales, así como en actos delictivos perpetrados por agentes del Estado, de forma autónoma o en complicidad con la delincuencia organizada.

Además, estos actos de violencia fueron ejercidos contra regiones e integrantes de grupos específicos de la población civil, elegidos bajo criterios de edad, sexo, condición socioeconómica, características físicas o por alguna condición de vulnerabilidad fija o transitoria.

Las víctimas son, por ejemplo, personas jóvenes, personas que se encontraban solas o en grupos numéricamente inferiores ante los agentes, habitantes de ciertas localidades, manifestantes, integrantes de sectores económicamente marginados o de sectores estigmatizados (como personas con adicciones, sin ocupación o que portan tatuajes en el cuerpo), e incluso contra personas que mostraron comportamientos que para la autoridad fueron indebidos, aunque no representaran delito alguno (como no detener la marcha del auto, vestir cierta ropa o actuar con reservas, nerviosismo o miedo en presencia de uniformados).

Personas que salieron a comprar comida, a trabajar, a la escuela, a atender necesidades básicas, a divertirse. En todos los casos identificados, no representaban amenaza alguna para la autoridad y, además, estaban indefensas, por lo que tampoco eran un riesgo para las autoridades. Las víctimas eran personas inocentes.

Al estar enmarcados en una confrontación armada, este tipo de ejecuciones están prohibidas por las leyes internacionales de la guerra, establecidas en los Convenios de Ginebra, ya que estas no solo aplican para conflictos entre países sino también para todo tipo de confrontación armada “que surja en el territorio” de los Estados firmantes. México suscribió estos tratados en el año 1952.

Esas normas internacionales, que rigen el comportamiento de los Estados firmantes durante confrontaciones armadas, prohíben que las fuerzas oficiales incurran en “atentados contra la vida y la integridad corporal, especialmente el homicidio en todas sus formas”, “la toma de rehenes” y “las ejecuciones sin previo juicio ante un tribunal legítimamente constituido, con garantías judiciales”. 

También establecen que, en el marco de conflictos armados, todas las personas, pero particularmente los civiles, “serán, en todas las circunstancias, tratadas con humanidad, sin distinción alguna de índole desfavorable, basada en la raza, el color, la religión o la creencia, el sexo, el nacimiento o la fortuna o cualquier otro criterio análogo”.

Los hechos de violencia en los que se basa esta investigación podrían inscribirse en la definición de crímenes de lesa humanidad recogida en el Estatuto de Roma (ratificado por México en el año 2000), que da forma a la Corte Penal Internacional, al tratarse de asesinatos y desapariciones forzadas cometidas por integrantes de fuerzas gubernamentales “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil”, para lo cual es requisito que exista “una línea de conducta que implique la comisión múltiple de los actos mencionados contra una población civil, de conformidad con la política de un Estado o de una organización”.

Desapariciones y ejecuciones “sistemáticas”

La mayor cantidad de asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas a autoridades federales y estatales mexicanas que esta investigación ha logrado identificar, se concentró en el estado de Veracruz, con un 20% de los casos; seguido de Tamaulipas (15%); Guerrero (10%); Michoacán (8%) y Chihuahua (6%).

Sin embargo, los datos recabados dan cuenta de que prácticamente en todo el territorio nacional se han registrado de forma reiterada este tipo de crímenes a lo largo de los 16 años que ha durado el conflicto armado interno.

Durante el gobierno de Felipe Calderón esta investigación identificó 444 asesinatos, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas atribuidas a fuerzas estatales y federales (sin que esto represente que son la totalidad de los casos ocurridos) perpetrados en 26 de las 32 entidades del país.

Luego, en el gobierno de Peña Nieto, esta investigación logró identificar al menos 713 crímenes de lesa humanidad documentados en 29 entidades del país. Finalmente, durante los primeros cuatro años de gobierno del actual presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se han documentado al menos 308 crímenes de Estado en 29 entidades.

La acumulación de todos estos casos durante tres gobiernos diferentes y a lo largo de toda la geografía mexicana es una muestra de que el asesinato, la ejecución extrajudicial y la desaparición forzada son formas de violencia de Estado que se han ejercido de forma generalizada en contra de la población civil, en el marco de la política de seguridad vigente hasta el día de hoy.

“Fue el Estado”

De los 1.524 casos identificados en esta investigación, una tercera parte de las víctimas fue falsamente presentada por las autoridades como personas con actividades o antecedentes delictivos, o bien, como responsables de su fallecimiento o desaparición por su forma de vida o un comportamiento imprudente. Así, la criminalización es otro comportamiento sistemático por parte de las autoridades. 

A través de consultas de Transparencia, las 32 Fiscalías de Justicia del país reportaron haber iniciado investigaciones penales contra 241 funcionarios federales y estatales por asesinatos, ejecuciones y desapariciones cometidos durante el periodo de la guerra, aunque los tribunales estatales informaron que sólo contra 87 se emitió sentencia condenatoria. Las autoridades no pudieron aclarar el número de víctimas de dichos funcionarios públicos.

Cabe destacar que, durante esta investigación, no se ha logrado identificar ninguna sentencia emitida contra altos mandos de corporaciones federales o estatales por delitos de homicidio, ejecución extrajudicial o desaparición forzada cometidos entre 2006 y 2022, sino sólo contra elementos de tropa o mandos menores.

A la luz de esta información, para muchos la consigna “Fue el Estado”, con la que distintos sectores de la población han señalado la responsabilidad de los grupos en el poder durante manifestaciones contra la guerra a lo largo de estos 16 años, pierde su sentido metafórico y se vuelve literal. Para ellos, el responsable de los hechos aquí señalados es un Estado mexicano que ha extendido a sus agentes un permiso tácito para matar y para hacer desaparecer a personas.

Esta investigación fue publicada originariamente en Animal Político.

La irrupción de la Policía Municipal en una clase de zumba celebrada el pasado martes en el Parque Tierno Galván de Madrid dejó una imagen sorprendente. Para muchas personas, inexplicable. Lo que podría haberse quedado en una estampa dantesca se reveló como una situación continuada en el tiempo, con varias intervenciones a las sesiones de este grupo de baile en los últimos meses, según detallaron a este medio una alumna y un monitor.

Los afectados no querían cargar todas las culpas en el cuerpo local, ya que entienden que acuden después de que alguien les contacte con una queja sobre su actividad. Pero la falta de explicaciones concretas por parte de los agentes, que no han tramitado ninguna denuncia o expediente de sanción al respecto como reconocen fuentes del propio Ayuntamiento liderado por José Luis Martínez-Almeida, acrecenta la incertidumbre del grupo. Una inquietud que trasciende este caso concreto, a tenor de otros sucesos que han tenido lugar en la capital durante los últimos meses.

Es lo que han vivido, por ejemplo, en la Asamblea Popular de Carabanchel, asociación dedicada al fomento de la participación vecinal. Jorge, uno de sus miembros, relata a Somos Madrid hasta tres injerencias policiales a su juicio “injustificables” acaecidas en lo que va de año. La última de ellas tuvo lugar el 9 de julio, cuando organizaron una charla sobre cambio climático en el parque de la plaza de Oporto de Carabanchel a la que acudieron unas 30 personas.

“La Policía Nacional pasó varias veces alrededor y no sucedió nada. Poco después llegó la Municipal, varios agentes se bajaron de sus vehículos y nos dijeron que la concentración se tenía que acabar. Se amparaban en que si éramos más de 20 personas, deberíamos haber solicitado un permiso. Les respondí que eso es completamente falso y que nos ampara el artículo 21 de la Constitución”, cuenta Jorge. Este apartado de la Carta Magna reconoce lo siguiente: “El derecho de reunión pacífica y sin armas. El ejercicio de este derecho no necesitará autorización previa. En los casos de reuniones en lugares de tránsito público y manifestaciones se dará comunicación previa a la autoridad, que solo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes”.

Jorge entiende que la actividad no era ni siquiera una manifestación, y desde luego no había motivo alguno para pensar en posibles amenazas al orden público. “Pero a los policías les daba igual lo que les decíamos, nos contestaron muy mal, decían que la ley son ellos y hasta se metieron con la ropa que llevábamos. Finalmente, asustaron mucho la gente y decidimos disolver el encuentro”, explica con pesar. Para más inri el acto se celebró, o se trató de celebrar, frente al escenario y el mural conmemorativos del movimiento vecinal, la participación ciudadana y el 15M.

Con el paso de las semanas la preocupación continúa en la Asamblea, que no ha vuelto a celebrar ningún acto desde entonces. “¿Si nos juntamos 20 personas a hablar vamos a tener a la Policía Municipal amenazándonos con detenciones y multas?”, se pregunta Jorge. Este vecino cree que “hay miedo y eso es lo que se busca: que antes de juntarnos, aunque sea sencillamente para hablar, nos lo pensemos dos veces”. En su opinión, las autoridades persiguen que “los espacios públicos se destinen a las terrazas sin que las vecinas y vecinos podamos hacer vida normal en nuestros barrios”, de forma que “las calles se vacíen de tejido social”. Una postura que, dice, “va contra nuestra libertad”.

La indignación de Jorge no nace únicamente de este hecho. Ya en marzo, agentes municipales interpusieron dos multas a integrantes de la Asamblea por repartir pasquines llamando a acudir a la manifestación en defensa de la Sanidad Pública. Finalmente, dado que la ordenanza de publicidad exterior de la ciudad no prohíbe tal cosa, el propio consistorio se vio obligado a reconocer que los policías “se extralimitaron”, calificó las sanciones de “erróneas” y las acabó archivando.

Incidentes con la policía durante la consulta por la Sanidad Pública

Solo un mes más tarde, volvieron a sufrir un problema similar en la consulta ciudadana sobre el estado del sistema sanitario madrileño. La agrupación solicitó por escrito los permisos oportunos para la colocación de las mesas y las urnas a la Junta Municipal del Distrito de Carabanchel, pero no recibieron contestación.

En la gran mayoría de ellas todo discurrió con normalidad. Pero el primer día de la acción, Jorge (que coordinaba el buen funcionamiento de las mesas y contaba con copias del escrito presentado a la Junta del Distrito en caso de que les requiriesen una autorización) recibió la llamada de “una señora mayor muy nerviosa”. La mujer le expuso que agentes municipales “les amenazaron con que iban a ser sancionadas o incluso detenidas si no levantaban la mesa y recogían todo”. Jorge le respondió que mantuviese la calma, ya que los efectivos policiales “no pueden actuar así cuando se ha efectuado una solicitud en el tiempo y la forma pertinentes”.

La Policía Municipal se trasladó entonces a la mesa en la que se encontraba Jorge, que procedió a mostrarles la documentación oportuna. No obstante, los agentes insistieron bajo pretextos como “la obstrucción a la circulación”. Un argumento que, según Jorge, choca con la proliferación de terrazas en las aceras y el espacio público en general: “Parece que molesta más en una mesa de cámping en una plaza peatonal enorme”. Pese a que acudieron más agentes municipales requeridos por los primeros en intervenir, mantuvieron la votación. No en vano esto ocurrió un lunes y la votación se alargó hasta el domingo, sin más incidentes el resto de la semana. Jorge, sin embargo, fue multado. Una de estas sanciones es además por desobediencia, en aplicación de la todavía vigente Ley Mordaza.

El Ayuntamiento de Madrid defiende que cuando se produce una actuación policial, más todavía si se interponen multas, hay motivaciones que lo amparan, muchas veces relacionados con la falta de permisos. En el controvertido caso zumba fuentes del área de Seguridad del Ejecutivo municipal vinculan las intervenciones a la música de las clases, ante la cual “se les puede pedir que limiten el sonido”, o al requerimiento de “licencias del distrito para desarrollar las sesiones en la vía pública si se trata de una actividad económica”. Pero algunas personas empiezan a trasladar la sensación de que, en ciertos contextos, su libertad se resquebraja en la ciudad que más bandera hace de ese concepto.

Cinco boletines de denuncia a un solo conductor de una tacada. Son las infracciones —supuestamente por saltarse un stop, no llevar el cinturón, tirar una colilla, tener la ITV caducada y no hacer caso a sus requerimientos— que impuso un guardia civil del destacamento de Tráfico de Gandia a un conductor el 1 de agosto del 2021 a la salida de Oliva (Valencia). Sin embargo, el jefe de pareja de la patrulla en ningún momento presenció los hechos, sospechó que eran falsos y alertó a sus superiores, que abrieron un expediente disciplinario por falta grave. Tras analizar los indicios, el instructor del expediente puso los hechos en conocimiento de la Fiscalía, que solicita para el agente una pena de cuatro años y medio de prisión, además de multa e inhabilitación especial por cinco años, por un presunto delito de falsificación de documento oficial cometido por funcionario público.

El agente ha negado ante el tribunal de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia que se inventara las multas. El guardia asegura que vio todas y cada una de las infracciones y, al no atender el conductor las señales luminosas que hizo, anotó la matrícula para elaborar más tarde los boletines de denuncia en un área de servicio. También asegura no conocer “absolutamente de nada” al conductor multado.

“Atendiendo a la lógica, soy inocente, no he falsificado ningún tipo de denuncia y al presunto infractor no lo conozco de nada”, ha dicho en su turno de última palabra. Sin embargo, el testimonio del jefe de pareja de la patrulla ha sido diametralmente opuesto. El testigo ha asegurado que en ningún momento vio durante la patrulla que un vehículo cometiera las cinco infracciones ni mucho menos que su compañero le indicara al presunto infractor con señales luminosas que parara.

Cuando ambos guardias pararon a tomar un café, el acusado le dijo al jefe de pareja (el agente con más antigüedad que se sitúa delante en su motocicleta) que iba a denunciar a un vehículo, aunque sin indicarle por qué tipo de infracciones. El hombre se extrañó: “Me sorprendió porque cinco boletines lo veo excesivo, es muy difícil ver cinco infracciones”.

Además, sostiene que es “imposible” que el vehículo se saltara una señal de stop porque, en el lugar donde supuestamente se cometieron las infracciones, hay un semáforo. “Yo no vi ningún coche que se saltara el semáforo”, ha reiterado a preguntas del presidente del tribunal.

Cuando revisó los boletines de denuncia, también detectó que figuraban como notificados al presunto infractor, algo que le sorprendió al no haberse separado de su compañero en toda la ruta y no haber presenciado la entrega. Además, su “sorpresa” fue en aumento cuando vio que en el apartado de la firma del testigo, estaba rubricado por él, cuando niega haberlo hecho.

El acusado ha declarado que fue denunciado por el jefe de pareja por “mala fe”. “No encuentro otro sentido”, ha agregado. También ha reconocido, como posible hipótesis, que fue condenado por denuncia falsa contra otro agente que sería amigo del testigo que le incrimina. Sin embargo, el agente que denunció los hechos ha matizado que simplemente se limitó a proporcionar asistencia letrada, como responsable de una asociación del Instituto Armado, a ambos guardias con ocasión de la denuncia por una supuesta agresión. También ha aclarado que no tenía enemistad con el acusado.

“Ni una sola prueba”, según la defensa

La representante del Ministerio Público ha asegurado que las manifestaciones del testigo han sido “claras, concisas y determinantes”. “Está claro que estamos ante una falsedad, son multas absolutamente falsas”, ha concluido la fiscal.

Por su parte, la letrada de la defensa del agente de la Guardia Civil ha pedido la absolución al no haber, a su juicio, “ni una sola prueba” que acredite los hechos. Además, ha argumentado que en el parte de servicio hay una diferencia de 30 kilómetros en el trayecto recorrido por el acusado y el testigo, lo que desmentiría que el jefe de pareja estuviera durante todo el trayecto delante de su motocicleta. “Evidentemente, es porque en algún punto se separan”, ha asegurado.

La abogada, que ha denunciado “irregularidades” en el procedimiento, ha concluido: “Es totalmente posible que mi cliente viera esas infracciones”.

La Asociación Agraria-Jóvenes Agricultores (ASAJA) de Ciudad Real reclama a la Subdelegación del Gobierno especial vigilancia en la comarca de Campo de Criptana para impedir que se sigan produciendo robos. Y es que, desde hace unas semanas una oleada de hurtos tiene “hartos y desesperados” a los propietarios de las explotaciones agropecuarias afectadas de las localidades de Criptana, Tomelloso, La Alameda y Arenales de San Gregorio, entre otras.

Según trasladan los agricultores a ASAJA, no son robos rápidos y habituales, porque entran a las naves y se llevan todo, incluso las cosas de mucho peso. Están sufriendo sustracciones de miles de euros de sus propiedades: baterías, arados, gasóleo, piezas de riego, … e incluso tractores que después se han encontrado abandonados a pocos kilómetros. Pero a las pérdidas económicas que esto conlleva para los agricultores hay que sumarle los daños provocados en las parcelas y en sus instalaciones.

“Incertidumbre y miedo” es lo que viven los profesionales del campo de esta comarca, quienes piden que se intensifiquen los controles en la zona para disuadir a los cacos. De momento, llevan veinte días haciendo ellos mismos patrullas nocturnas de vigilancia. La organización ha lamentado que “haya personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado suficiente para estar en las inspecciones a los agricultores y no lo haya para evitar los robos en el campo”.

Ante esta situación, ASAJA Ciudad Real pide que se intensifique la seguridad, especialmente por las noches, festivos y los fines de semana. Asimismo, la organización agraria pide que se endurezcan las sanciones contra los autores de estos robos, para evitar que se sigan produciendo.

Por último, la organización agraria pide colaboración ciudadana y anima a aquellos agricultores que observen vehículos sospechosos merodeando por sus explotaciones, que lo pongan en conocimiento de los Equipos ROCA de la Guardia Civil. También recuerda que pueden asesorarse en su oficina habitual de ASAJA de las ventajas de contar con un seguro de explotación ante este tipo de situaciones.

Un sábado por la tarde, a principios de septiembre, el intendente de la Policía Municipal de Madrid José Rodríguez Vacas acudió a un local de intercambio de parejas en el centro de Madrid acompañado de dos colegas. Según el relato del propietario del club, la encargada de recepción les indicó que la entrada valía 50 euros, que a partir de las 22:00 solo permitían la entrada a parejas y no a hombres solos y que, llegada esa hora, debían irse. Rodríguez Vacas, tras un tenso intercambio, sacó su placa y anunció: “Ahora sí puedo entrar”. 

Este suceso del que informó el diario El Mundo ha acabado en la Fiscalía Anticorrupción. No por los hechos de ese día, sino por la identidad de una de las dos personas que acompañaban al intendente cuando quisieron entrar en el club. Se trata de José Valverde Turiégano, un policía de Alcalá de Henares que se encuentra en la última fase de las oposiciones libres para inspector del Cuerpo, un proceso de cuyo tribunal formaba parte hasta la publicación de estas noticias el propio José Rodríguez Vacas. 

El Ministerio Público ha abierto una investigación para dilucidar posibles irregularidades en el proceso de oposiciones a intendentes e inspectores de la Policía Municipal de Madrid, aunque otras informaciones publicadas recientemente llevan al principal partido de la oposición, Más Madrid, a hablar de un “modus operandi” fraudulento. La formación ha presentado una denuncia ante la Fiscalía Provincial de Madrid para que investigue si ha habido tratos de favor en los tribunales y filtraciones a una de las academias que entrena a los opositores en estos procesos. 

Rodríguez Vacas presentó su dimisión como miembro del tribunal a principios de mes porque el caso es comprometido: según la regulación de estos procesos, un miembro del tribunal no puede tener relaciones de amistad o familiares con los aspirantes. Valverde tiene hasta ahora la tercera mejor nota en el proceso: un 7,74. En su denuncia, Más Madrid considera que Rodríguez Vacas “debiera haber comunicado a sus superiores y al propio presidente del tribunal la amistad íntima con un opositor, cuya relación se remonta según las informaciones de prensa a su etapa como compañeros en el ayuntamiento de Alcalá de Henares”.

La aparente conexión del intendente y el opositor no es la única que empaña el proceso de las oposiciones de libre acceso para inspectores de la policía madrileña. El tribunal está presidido por José Luis Morcillo Pérez, comisario principal de la Policía Municipal. Morcillo fue sancionado este mismo año con una semana sin empleo y sueldo por la presencia de varios agentes vestidos de gala en el funeral de su madre –junto a Morcillo, el Cuerpo expedientó también a Rodríguez Vacas por obligar a los agentes a acudir así uniformados–, un servicio exclusivo para actos protocolarios del Ayuntamiento.

La segunda mejor nota hasta el segundo ejercicio de estas oposiciones a inspector la ostentaba Sarah Maia Silveira con quien, según fuentes policiales, Morcillo mantiene una estrecha relación personal. La mejor puntuación en las dos primeras pruebas la había obtenido Oscar García Martínez, quien es amigo y trabajó directamente con el suplente de Morcillo en el tribunal, Luis Fernando Martín Bernal. 

La academia Cronos 

En las informaciones publicadas en los últimos días, tiene una importancia especial la academia Cronos, una empresa de formación de oposiciones para la policía en la que enseña el intendente Miguel Carmona. Justo por debajo de Valverde en la lista de clasificados hasta el segundo ejercicio para las oposiciones de inspector figuraban Carolina Hernando Boiso, nuera de Carmona, y Miguel Carmona, hijo del intendente, con un 7,65 y un 7,44 respectivamente. Ambos son en la actualidad policías locales del municipio de Arganda del Rey. 

Este diario ha tenido acceso a los resultados de la tercera prueba de conocimientos para esas oposiciones, realizada el 14 de octubre. La mejor calificación ha sido obtenida por Hernando Boiso, con un 8,33, con la que supera incluso a Martínez, que obtiene un 8,19. Jorge Blanco Arce, el tercer clasificado, con un 7,79, fue durante un tiempo chófer de Carmona en el distrito de Barajas, donde es intendente, y había sacado hace poco su plaza de oficial. El cuarto, con un 7,75, vuelve a ser el hijo del profesor de Cronos.

Según las fuentes consultadas, esta última prueba era la más subjetiva de las tres. El resto, salvo Eduardo Atienza, también estudiante de la academia, han obtenido notas por debajo del 6. Valverde Turiégano no aparece en la referencia de las puntuaciones, por lo que es presumible que tras los últimos acontecimientos haya renunciado a seguir compitiendo por la plaza.

El profesor conoce “a todos” y los alumnos aprueban

El intendente y profesor fue grabado en noviembre del año pasado por uno de sus alumnos mientras impartía una clase en la academia. En esa conversación, revelada hace unos días por El Plural, Carmona presumía de ser “el que más sabe de esto” por llevar “40 años” y por conocer “a todos”. “Los test que yo paso los dos últimos meses os caen el 80% de las preguntas [...]. Primero hay que ver quién está en el tribunal; yo me los conozco a todos, la mayoría han sido compañeros míos. Sé qué temas les interesan, y sobre eso elaboro un simulacro. Un trabajo de campo que merece la pena porque luego vosotros aprobáis y eso redunda en mi prestigio profesional”, admitía. 

elDiario.es ha tenido acceso a otra conversación similar. Ocurre unos meses después de aquella, pocos días antes de que los alumnos se enfrenten a una de las pruebas. Carmona reparte unos simulacros de examen a los alumnos y les avisa: “Lo que os den por ahí no vale nada, solo vale lo que hago yo. Lo vais a comprobar el lunes [el día después del examen]. Lo que hagáis aquí, el 85% del examen más o menos lo tenéis”. En un momento dado, el profesor advierte a los alumnos de que no por acudir ese día a realizar los simulacros lo tienen hecho. “No porque hoy vengáis aquí ya lo tenéis solucionado. Una leche. Esto es darle el último empujón”, dice. 

Ese impulso, continúa, le ha costado mucho esfuerzo. “Es un repaso al uso y de las charlas que mantengo por ahí”, comenta. No aclara dónde ha tenido las conversaciones, pero sí detalla que cada miembro del tribunal pone una pregunta y luego el presidente elige y aconseja que se estudien algunos artículos específicos del Código Penal. Carmona prohíbe a los aspirantes hacer fotos de los simulacros que les está entregando en ese momento y que luego les pasará corregidos y con aclaraciones en la pantalla, y les advierte de las consecuencias de que estos simulacros salgan del “entorno”. “Si hago este esfuerzo, me jode un montón si luego me entero yo de que lo tiene alguien que no es alumno mío –dice–. Si yo me entero de eso y es alguien de vosotros, os aseguro que me va a oír”, asegura.

Filtraciones de exámenes

En 2021, el Cuerpo examinó a 326 agentes de movilidad que aspiraban ascender a policías. En aquellas oposiciones de promoción interna no hubo pruebas físicas, únicamente un examen teórico y un test psicotécnico para acceder a una de las 66 plazas ofertadas. 139 consiguieron aprobar el teórico, pero solo 53 pasaron la última criba, el psicotécnico. En aquel momento, InfoLibre publicó una noticia con las denuncias que varios aspirantes habían interpuesto contra el proceso. Entre las irregularidades, señalaban que el tribunal no había respetado la salvaguarda de la identidad de cada uno de los opositores, pero sobre todo se quejaban de que los ejercicios del examen psicotécnico coincidían casi al completo con los simulacros que “varias academias” habían brindado a sus alumnos. 

“Si aún alguien tuviera fe en que el tribunal hubiera actuado conforme a la ley, es decir, a las bases de la convocatoria, resulta que el mismo examen psicotécnico y frases coincidentes del examen de personalidad que se realizó coinciden fielmente con el que la semana previa al examen se había realizado en varias academias de preparación de oposiciones para policía, siendo esto algo más que una simple casualidad”, rezaba uno de los recursos de alzada presentados ante el Área de Gobierno de Portavoz, Seguridad y Emergencias, que dirige Inmaculada Sanz. 

Este diario ha tenido acceso a algunas de las fotos del examen que la academia Cronos repartió a sus alumnos días antes de la prueba. En las imágenes, adelantadas esta semana por El Plural, se pueden observar las preguntas que luego los examinados tuvieron que responder en la prueba, en hojas marcadas en agua con el logo de la academia y con sello de la Policía Municipal. Otra de las academias que forman a los opositores denunció los hechos ante la Dirección y la Jefatura del Cuerpo. 

Cronos, al igual que su profesor Miguel Carmona, presume de la gran cantidad de aprobados que salen de la academia. En las oposiciones de promoción interna para ascender de policía a oficial celebradas entre 2020 y 2021 se convocaron 54 plazas. Un total de 45 de los aprobados habían estudiado en Cronos, el 83,3% del total, como celebraba el centro de formación según se puede ver en una captura de su web.

Un tribunal para intendente sin apenas policías

El año pasado, la policía convocó unas pruebas de acceso libre para seleccionar a seis nuevos intendentes. Este puesto está en la escala policial solo por debajo de los comisarios y los comisarios principales. Es una categoría de nivel técnico: los intendentes tienen a cargo distritos municipales enteros, que en Madrid pueden llegar a contener la población de muchas ciudades de España. Fuencarral-El Pardo, por ejemplo, ronda los 250.000 habitantes. 

En la concurrencia de esta prueba, los aspirantes deben superar una prueba de conocimientos para la que se preparan un centenar de temas. Aproximadamente el 90% son jurídico-policiales, el 5% de protección civil y el 3% de gestión de equipos. El segundo test es la presentación de un proyecto acorde al nivel de intendente, que incluya servicios especiales, como la gestión de grandes eventos tipo las Campanadas de Fin de Año o la Vuelta Ciclista, así como circunstancias más complejas como un atentado terrorista. 

A pesar del alto nivel de conocimientos policiales técnicos que requieren estas pruebas, el tribunal seleccionador elegido para esta convocatoria solo incluía a un policía, en la categoría de suplente del presidente, el comisario general, Oskár de Santos. 

El resto son cargos de confianza, con experiencia en la administración pero sin bagaje policial acreditado. El presidente de este tribunal es Segundo Sánchez Moreno, subdirector general de Informática, Comunicaciones y Nuevas Tecnologías; la secretaria titular es Encarnación Rentero, que ocupa un puesto de nivel 29 de libre designación.

Una de las vocales titulares es María Cruz Sánchez, subdirectora general de Recursos Humanos de la policía, un puesto también de libre designación, en este caso de nivel 30. Es licenciada en Derecho y ha ocupado diferentes puestos en la administración local desde su ingreso en 1996; otra es Adela Domínguez, la segunda de María Cruz Sánchez, otro puesto de confianza; después, el médico del Samur Carlos Guillermo Barra y el enfermero del Samur Carlos Rodríguez Blanco. Si no tuviera otra titulación, algo que no figura en la información pública, no podría ser miembro de ese tribunal.

En esa oposición, Ana María Padilla Beltrán, según algunas fuentes pareja del director general de la Policía Municipal, Pablo Enrique Rodríguez, obtuvo la segunda mejor nota, un 6,27. 

Más Madrid ha puesto la mayoría de estos hechos en conocimiento de la Fiscalía de Madrid para que la Justicia analice si ha habido tratos de favor en todos estos procesos, por la presencia de nexos de amistad o sentimentales entre los miembros del tribunal y los aspirantes, y si de alguna manera la academia Cronos tuvo acceso a información privilegiada antes de los exámenes que dio a esos alumnos una ventaja sobre el de otras academias. De confirmarse este extremo, el profesor Miguel Carmona que aparece en estas informaciones se habría granjeado un prestigio que le habría beneficiado económicamente a costa de infringir la normativa. 

Miles de funcionarios se han manifestado este sábado en Madrid, convocados por la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), “por una subida salarial justa, contra el empobrecimiento social y el deterioro de los servicios públicos”. El sindicato ha asegurado que a la manifestación han acudido más de 70.000 personas, mientras que la Delegación del Gobierno en Madrid ha situado la participación entre 15.000 y 17.000 personas.

A esta protesta, iniciada a las 12.00 horas, estaban convocados trabajadores de toda España, tanto del sector público como del ámbito privado. Han acudido Edmundo Bal, vicesecretario de Ciudadanos, y la exdiputada de Vox Macarena Olona.

El presidente de CSIF, Miguel Borra, ha afirmado que “el Gobierno está siendo ingrato” con los trabajadores, “tanto del sector público como del sector privado”, y que la multitudinaria manifestación “es la primera evidencia de que está perdiendo el apoyo de la calle”. Borra ha resaltado que los empleados públicos “arrastran un 20% de pérdida de poder adquisitivo” en la última década, desde que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero “les bajó el sueldo”. “No puede ser que la crisis caiga siempre sobre los hombros de los trabajadores”, ha añadido.

Pese a que esta misma semana el Ministerio de Hacienda ha convocado a los sindicatos para iniciar el próximo miércoles la negociación de los sueldos en las administraciones públicas en el marco de los próximos Presupuestos Generales del Estado (PGE), la CSIF ha decidido continuar con la movilización ante la situación económica actual y la falta de eficacia de las medidas del Gobierno.

De cara a esta negociación, Borra, en declaraciones a los medios, ha asegurado que exigirán al Gobierno que “ya en este ejercicio 2022 haya una compensación por el poder adquisitivo perdido”, con carácter retroactivo, y que haya un compromiso de negociación conjunta para los PGE de los ejercicios 2023 y 2024.

Jupol pide equiparación salarial

A la manifestación también se ha sumado Jupol, que ha pedido durante la jornada de este sábado la equiparación salarial a las fuerzas de seguridad autonómicas. El secretario general del sindicato, Aarón Rivero, ha reivindicado la “jubilación digna” para policías nacionales y guardias civiles, que se jubilan con “800 o 900 euros menos que un mosso d'Esquadra”.

Entre los asistentes a la manifestación se encontraba el vicesecretario general de Ciudadanos, Edmundo Bal, que ha mostrado su “apoyo al empleo público” y ha reivindicado la necesidad de equiparar el sueldo de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

La exdiputada de Vox Macarena Olona, que también ha acudido a la marcha, ha mostrado su apoyo a los funcionarios y a las fuerzas de seguridad del Estado que “están luchando por la equiparación con fuerza y honor”.

Actualizar salarios en 2022

En concreto, CSIF exige al Gobierno una actualización de los salarios públicos en 2022, con carácter retroactivo, para recuperar el poder adquisitivo perdido este año en línea con la medida adoptada por Francia el pasado julio.

Además, reclaman un acuerdo de subida salarial plurianual que permita avanzar en la recuperación del poder de compra de los empleados públicos que se ha visto mermado desde 2010 y plantean al Gobierno abordar un debate transparente y objetivo sobre el futuro de las pensiones.

También piden la puesta en marcha de medidas económicas eficaces que ayuden a los trabajadores a combatir la “desmesurada” subida del precio de la cesta de la compra, de la luz y de la energía, e instan al Ejecutivo a garantizar unos servicios públicos de calidad aportando tanto los recursos materiales como humanos necesarios.

El Tribunal Supremo ha confirmado la sanción disciplinaria a un guardia civil que realizó comentarios racistas a dos trabajadores ecuatorianos que regentaban un bar en Mallorca. Los magistrados mantienen la suspensión de un año de empleo al agente, que se dirigió al propietario de un bar “con expresiones tales como que 'había salido de una selva’; que ‘se subía a un cocotero'; 'ecuatoriano, viniste en patera y eres un muerto de hambre' y que 'iba en patera y era un cabrón”, según expone la sentencia recurrida, publicada por elDiario.es.

El fallo recoge que mientras se dirigía a ellos con “expresiones ofensivas y denigratorias, a causa de su nacionalidad y condición de inmigrantes”, también manifestaba “públicamente su condición de miembro de la Guardia Civil de forma asidua” y alardeaba “del daño que podía hacer con su placa”. 

El Supremo desestima el recurso presentado por el agente contra este fallo. Además, los jueces destacan que la “ostentación” que realizó el sancionado de su pertenencia al Instituto Armado protagonizando las “injustas vejaciones” por las que ha sido condenado perjudican la imagen de esta institución, según la sentencia emitida por la Sala de lo Militar el 20 de junio. 

Los hechos que impulsaron esta causa sucedieron en la localidad mallorquina de Algaida a lo largo de 2019. Durante las visitas del agente al establecimiento –“en numerosas ocasiones” y con testigos presentes–, el guardia civil se dirigió tanto al dueño del bar como a una empleada con “expresiones ofensivas y denigratorias, a causa de su nacionalidad y condición de inmigrantes”.

En paralelo a los comentarios despectivos hacia el propietario del establecimiento, el recurrente se dirigió a una camarera como “ecuatoriana, no sirves para nada, trabajas cuando te da la gana”, detalla la sentencia recurrida, emitida por el Tribunal Militar Central. Además de esas faltas de respeto, los magistrados castrenses destacaron un episodio que produjo a la camarera “un marcado estado de ansiedad que precisó asistencia médica en un centro sanitario de la localidad” y la prescripción de un ansiolítico durante siete días. 

Ostentación de pertenencia a la Guardia Civil

Ese punto de inflexión tuvo lugar a la una de la madrugada del 24 de julio de 2019. Según detalló el tribunal, “en el curso de una discusión mantenida” con la camarera, “acerca de si ésta tenía personas que se encargaban del cuidado de su perro, el recurrente se dirigió a ella con expresiones tales como 'parásito', 'eres insignificante', 'solo sirves para poner copas', 'sois unos muertos de hambre que llegasteis en patera' y 'sois unos narcos', tras lo cual le dijo: 'Mi placa puede hacer mucho daño, te vas a enterar”.

Teniendo en cuenta estos hechos, la directora general de la Guardia Civil le impuso el pasado 28 de octubre de 2020 una sanción de un año de suspensión de empleo como autor de una falta muy grave consistente en “el abuso de atribuciones que cause grave daño a los ciudadanos o a la Administración”, prevista en el régimen disciplinario del Instituto Armado. El caso ha llegado a la justicia militar después de que el agente haya recurrido esta decisión, que fue ratificada el 23 de febrero de 2021 por la ministra de Defensa. En noviembre el Tribunal Militar Central ratificó la sanción y el Supremo avala esa actuación.

La defensa del agente adscrito a la unidad orgánica de Policía Judicial de la zona de Baleares alega en el recurso presentado que se ha vulnerado el derecho de su cliente a la presunción de inocencia y del principio ‘in dubio pro reo’, que manifiesta que en caso de duda se deberá favorecer al acusado. Además, apuntan que se ha infringido el principio de legalidad y el principio de proporcionalidad de la sanción.

Para los magistrados del Alto Tribunal, el recurso presentado contra la sentencia de la Justicia castrense tiene “inconsistencia” en su argumentación y en él, el sancionado no expone “razonadamente” por qué el fallo infringe “la norma o la jurisprudencia”. Y defienden que los razonamientos de la sentencia recurrida son “exhaustivos, precisos y convincentes”.