El 9 de octubre de 2020, el Tribunal Supremo confirmó la mayoría de penas de cárcel para los condenados por el saqueo de 23 millones de euros de la depuradora de Pinedo (València) durante los años 2006 a 2011. Las penas de prisión fueron desde un año y cuatro meses para uno de los técnicos, a los 12 años y medio que el alto tribunal le impuso al exgerente de la empresa pública Emarsa Esteban Cuesta como principal responsable del fraude. Menos de cuatro años después, entre rejas solo quedan tres de los principales acusados: el propio Cuesta, el expresidente de Emarsa y exvicepresidente de la Diputación de Valencia, Enrique Crespo, y el que fuera director financiero Enrique Arnal. El resto ya goza del tercer grado o arresto domiciliario por buen comportamiento y tras haber cumplido, al menos, un tercio de la pena.

El último en salir ha sido José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), uno de los dos altos cargos de la Generalitat que fueron necesarios para montar la trama corrupta de Emarsa.

Morrenilla entró el 16 de noviembre de 2020 y salió el pasado mes de mayo tras cumplir tres años y ocho meses en la cárcel de Murcia de los nueve a los que fue condenado. En estos momentos se encuentra en tercer grado CIS (Centro de Inserción Social), es decir, que todavía va a dormir a la cárcel y no puede salir antes de las 9 de la mañana. Recientemente el que fuera mano derecha de los consellers del PP fallecidos Juan Cotino y José Ramón García Antón ha sufrido importantes problemas de salud.

Sebastián García Martínez, alias “Chanín”, fue condenado a 7 años de cárcel. Salió en enero de este año tras cumplir tres años y dos meses de reclusión. Chanín fue uno de los cerebros de la trama de gastos informáticos dentro de la causa Emarsa. Decidió pasar sus años a la sombra en la cárcel de Teruel, uno de los centros más indulgentes. En Teruel también estuvo el empresario Enrique Sena, quien cumplió un tercio de los seis años a los que fue condenado. En estos momentos se encuentra en régimen abierto. Las empresas de este conocido emprendedor de l'Horta Sud cobraron por servicios no realizados, según la sentencia.

El hermano de Enrique Sena y también empresario, José Luis, también ha salido de prisión. Por la gravedad de los hechos en los que participó al no querer colaborar con la justicia, ha cumplido tres de los cuatro años a los que fue condenado. No tiene la condicional, pero está en casa con pulsera de seguimiento por parte de las autoridades penitenciarias. El empresario Daniel Calzada, que entró en prisión porque fue detenido tras la sentencia, también ha cumplido su pena.

Jorge Ignacio Roca Samper, el “facturero” que ayudó a la trama a desviar hasta 13 millones de euros por el fraude con la contabilización de los fangos que generaba la depuradora estuvo en prisión varios años tras ser detenido en Moldavia. Estuvo fugado dos años y fue detenido gracias a la colaboración de la Interpol. Recientemente fue condenado a otros dos años de cárcel por el fraude en el IVA junto con Cuesta y Crespo.

La única mujer que entró a la cárcel por esta trama, Eva Marsal, cumplió dos años y medio en la prisión de Tenerife. Pareja de Enrique Arnal, se benefició con viajes y otros bienes del saqueo de la depuradora. Hubo otros condenados a prisión que no llegaron a entrar por no cumplir la mínima o que canjearon por multas.

Siguen en prisión Enrique Crespo, quien tiene que cumplir un total de 15 años. Diez por la sentencia del Supremo, tres por el fraude del IVA y dos por multa. En estos momentos lleva casi cuatro años en el módulo de Preventivos de la cárcel de Picassent. Arnal, que tiene que cumplir 10 años y medio, también se encuentra preso en Picassent, en este caso en el módulo de Penados.

Esteban Cuesta, el que mayor condena recibió, se enfrenta a 17,5 años a la sombra. Lleva casi cuatro años y eligió la cárcel de Albacete para cumplir la pena, que no serán menos de ocho años.

Los bolsos de Louis Vuitton eran una suerte de fetiche de la moda de lujo para la exalcaldesa popular de Valencia Rita Barberá. Hasta tres tramas corruptas vinculadas al PP agasajaron a la antigua primera edil con bolsos y otros complementos de la conocida marca. Los últimos regalos que han trascendido, según un informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que figura en el sumario del 'caso Azud', ascienden a 5.131 euros en juegos de maleta, monederos y otros complementos de Louis Vuitton. Además, la empresa Acciona regaló a la entonces alcaldesa vino valorado en 1.520 euros. Los investigadores del Instituto Armado vinculan los regalos de la empresa a una supuesta mordida de 2,5 millones de euros que cobraron el cuñado de Barberá, José María Corbín, y el abogado Diego Elum por supuestos trabajos de asesoría en la licitación de una contrata de saneamiento.

Los regalos navideños que recibió de Acciona entre 2004 y 2008, “por su valor, podrían exceder los usos sociales generalmente admitidos”, sostiene la UCO. Sin embargo, Rita Barberá consideraba que “un bolso de Louis Vuitton es un regalo absolutamente habitual”. Lo dijo después de la revelación de que Esteban Cuesta, exgerente de la depuradora de Pinedo y uno de los principales condenados por el 'caso Emarsa', le regaló un bolso de la marca Loewe valorado en 990 euros y pagado por la empresa pública saqueada.

La alcaldesa respondió al regalo, adquirido en 2007 en la tienda de la marca de lujo en la calle del Marqués de Dos Aguas de Valencia, con un 'saluda' en el que agradecía el “obsequio tan bonito que ha tenido la amabilidad de enviarle”, según el diario Levante-EMV.

La secretaria del gerente de Emarsa, Marisol Gálvez, declaró como testigo en la causa que se encargó de entregar en el ayuntamiento dos bolsos de lujo de Loewe para la entonces alcaldesa cuyos modelos eran seleccionados previamente.

“Todos los políticos y funcionarios de este país, incluidos los medios de comunicación, han recibido regalos y ya está bien de hipocresía”, alegó la entonces primera edil.

Sin embargo, no se trata de los únicos regalos lujosos que recibió la que fuera alcaldesa de Valencia entre 1991 y 2015. En una conversación telefónica intervenida por la Policía a Álvaro Pérez 'El Bigotes' el 2 de enero del 2009, el delegado de la trama Gürtel en Valencia comentaba que se encontraba en una tienda de Louis Vuitton en Valencia comprando un bolso para la entonces alcaldesa.

Se trataba de una suerte de regalo preventivo a pesar de que la red Gürtel obtuvo contratos de la Generalitat Valenciana y no del consistorio que gobernaba Barberá. La alcaldesa “no nos da nada, pero tampoco nos hace nada”, decía El Bigotes, quien también recordaba a su interlocutor que llevaba cuatro años haciendo regalos a Rita Barberá.

Un nuevo lote de bienes embargados y subastados a los condenados por el saqueo de Emarsa (Entidad Metropolitana de Aguas Residuales SA), empresa pública que gestionaba la depuradora de Pinedo, ha permitido recuperar otros 740.050 euros para la Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos) y la Epsar (Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales), lo que supone que las dos administraciones públicas que fueron víctimas del saqueo de cerca de 24 millones de euros, el Ayuntamiento de València y la Generalitat Valenciana, ya han recuperado hasta la fecha 3,2 millones de euros. Durante el procedimiento, ambas entidades públicas acordaron un reparto de las indemnizaciones que establece un 45% para la Emshi y un 55% para la Epsar.

En concreto, la nueva cifra recuperada proviene de tres embargos de bienes que pertenecían a diferentes condenados. Así, las seis naves industriales ubicadas en Alaquàs y que figuraban como patrimonio de Vicente Ros se han adjudicado por 690.000 euros. También en este último lote se ha subastado por un precio de 7.050 un vehículo Nissan Juke que pertenecía a Juan José Morenilla. Por último, una finca situada en València, propiedad de Ignacio Bernácer, se ha adjudicado por 43.000 euros.

La presidenta de la Emshi, Elisa Valía, ha recordado que “el caso Emarsa es la mayor trama de corrupción conocido en la Comunitat Valenciana y fue orquestada por políticos del Partido Popular” y ha hecho hincapié “en el enorme volumen de dinero público malversado”. Es por ello que, “el goteo de cantidades recuperadas es evidentemente más lento de los deseable, pero no cejamos en el empeño de sanear las arcas públicas esquilmadas por el Partido Popular y cuyos responsables cumplen hoy penas confirmadas por el Tribunal Supremo”.

Valía ha insistido en que “desde la administración estamos esforzándonos al máximo para poder devolver el dinero robado a donde pertenece, que es a la ciudadanía porque no podemos olvidar que esos cerca de 24 millones de euros deberían haberse destinado a inversiones que redundan en una mejora del servicio que se presta para el bienestar de la sociedad”. 

Algunos de los condenados por el caso Emarsa, la empresa pública que gestionó la mayor depuradora de la Comunitat Valenciana en Pinedo hasta su quiebra, disponen de un extenso patrimonio inmobiliario, compuesto tanto por fincas rústicas, industriales o urbanas; otros disponen de apartamentos en Andorra y otros tienen garajes y trasteros. Con el objetivo de recuperar las cantidades totales defraudadas se embargaron diversos inmuebles, fincas rústicas e industriales, vehículos, valores, participaciones sociales y cuentas de los condenados

El equipo jurídico que está llevando el caso consiguió que a la Emshi se le reconociese, además, el derecho al cobro de las costas del procedimiento y se alcanzaron acuerdos con algunos condenados para el cobro de las mismas, recuperándolas así parcialmente para la entidad. Con quien no se alcanzó un acuerdo, llegado el momento, se instará la tasación de las costas para su cobro.

Penas íntegras

El caso Emarsa destapó el saqueo de la depuradora de Pinedo por parte de los cargos directivos nombrados en su momento por el Partido Popular valenciano. Una auténtica trama que robó casi 24 millones de euros por medio de dos empresas públicas cuyos máximos responsables de entonces cumplen largas penas de prisión confirmadas por el Tribunal Supremo.

La sentencia mantiene casi íntegras las penas de los cabecillas de la trama: 12 años de prisión para Esteban Cuesta, el exgerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa); 10 años para Enrique Crespo, expresidente de Emarsa y ex vicepresidente de la Diputación; y nueve años para José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar).

En paralelo a las sentencias penales, los responsables del fenomenal robo también han sido condenados a devolver un total de más de 20 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas.

La subasta durante el pasado mes de enero de un nuevo lote de bienes embargados a los condenados por el saqueo de 24 millones de euros de la depuradora de Pinedo ha permitido a la administración recuperar otros 226.706 euros que se suman a los 2,2 millones de euros que se habían obtenido anteriormente. De esta forma, ya son casi 2,5 millones los que se han logrado devolver a lar arcas públicas.

Según ha averiguado elDiario.es, en la última venta de bienes se obtuvieron 65.256 correspondientes a un dúplex en Massarojos; 7.023 euros por plaza de garaje en Manises, 85.160 euros por la venta de una vivienda en Manises; 10.401 euros correspondiente a BMW; y 13.193 euros recuperados de un fondo de inversión. A estas cifras se añaden distintas sumas que los condenados fueron ingresando en la cuenta de la Sala, lo que en total alcanza los 226.706 euros mencionados.

De esta cuantía, a la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), dependiente de la Generalitat Valenciana, le corresponden un 55% de los fondos recuperados y a la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi), un 45%. Ambas fueron las entidades saqueadas.

El caso Emarsa destapó el saqueo de la depuradora de Pinedo por parte de los cargos directivos nombrados en su momento por el Partido Popular valenciano. Una auténtica trama que robó casi 24 millones de euros por medio de dos empresas públicas cuyos máximos responsables de entonces cumplen largas penas de prisión confirmadas por el Tribunal Supremo.

Penas íntegras

La sentencia mantiene casi íntegras las penas de los cabecillas de la trama: 12 años de prisión para Esteban Cuesta, el exgerente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa); 10 años para Enrique Crespo, expresidente de Emarsa y ex vicepresidente de la Diputación; y nueve años para José Juan Morenilla, exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar).

En paralelo a las sentencias penales, los responsables del fenomenal robo también han sido condenados a devolver un total de más de 20 millones de euros, según el Tribunal de Cuentas.

Al respecto, la concejala del Ayuntamiento de València y presidenta de la Emshi, Elisa Valía, ha recordado que “Emarsa es la mayor trama de corrupción del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, dado el altísimo volumen de dinero público robado. No vamos a parar hasta lograr recuperarlo porque, además, la intención es invertirlo en mejorar el servicio que pagamos todos y todas”.

Las dos administraciones públicas víctimas del saqueo de la depuradora de Pinedo, la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) y la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), han recuperado hasta la fecha más de 2,1 millones de euros de los cerca de 24 millones de euros malversados por el caso Emarsa, la empresa pública que gestionaba la mayor depuradora de la Comunitat Valenciana hasta su quiebra, y cuyos responsables cumplen penas de cárcel – en algunos casos de más de diez años de prisión- confirmadas por el Tribunal Supremo.

La presidenta de la Emshi, Elisa Valía, ha dado cuenta de ello en la Junta de Gobierno, celebrada esta misma mañana de manera telemática y ha especificado que sólo la Emshi ya ha recuperado un total de 1.033.364,94 euros.

“Los procesos judiciales son lentos, pero eso no quiere decir que no avancen. Al revés. De hecho, confiamos en que todo el dinero defraudado vuelva al lugar que le corresponde: las arcas públicas de ambas entidades perjudicadas”, ha manifestado Valía.

“Emarsa es la mayor trama de corrupción del Partido Popular en la Comunitat Valenciana, dado el altísimo volumen de dinero público robado. No vamos a parar hasta lograr recuperarlo porque, además, la intención es invertirlo en mejorar el servicio que pagamos todos y todas”, ha añadido Elisa Valía.

En el curso del procedimiento y de diversas piezas separadas derivadas del mismo, se alcanzó un acuerdo en virtud del cual, de las cantidades que se van recuperando un 45% son para la Emshi y en 55% para la Epsar, que depende de la Generalitat Valenciana.

El equipo jurídico que está llevando el caso consiguió que a la Emshi se le reconociese además el derecho al cobro de las costas del procedimiento y se alcanzaron acuerdos con algunos condenados para el cobro de las mismas, recuperándolas así parcialmente para la entidad. Con quien no se llegó a tal acuerdo, llegado el momento, se instará la tasación de las costas para su cobro.

Con el fin de recuperar las cantidades totales defraudadas se han embargado diversos inmuebles, fincas rústicas e industriales, vehículos, valores, participaciones sociales y cuentas de los condenados.

Alguno de los condenados dispone de un amplio patrimonio inmobiliario, compuesto tanto por fincas rústicas, como industriales, como urbanas; otros condenados disponen de apartamentos en Andorra; y otros tienen garajes y trasteros. Respecto de todo el patrimonio conocido de los condenados, se ha acordado iniciar la vía de apremio, por lo que van a ir ejecutándose sus bienes para cobrar las cantidades adeudadas.

De hecho, ya se ha iniciado la subasta de bienes embargados, por lo que es previsible seguir recuperando importantes cantidades. Algunos condenados disponen de un amplísimo patrimonio inmobiliario (más de 22 fincas), que va a ser subastado para cubrir con el producto obtenido de dichas subastas las responsabilidades civiles adeudadas.

De modo que la previsión es ir incrementando las cuantías recuperadas conforme se vayan ejecutando los bienes de los responsables de haber esquilmado las arcas públicas de las entidades víctimas del saqueo.

La estela de corrupción y podredumbre del caso Emarsa, la mayor trama de corrupción del Partido Popular en territorio valenciano, no se ha acabado tras el ingreso en prisión de veintena de condenados. Una causa derivada del caso se ha saldado con la condena a cuatro años de prisión por delitos fiscales para el consejero delegado de Emarsa, Enrique Crespo, el gerente Esteban Cuesta y el facturero Jorge Ignacio Roca. Los tres cumplen penas de prisión como autores del frenético saqueo de la depuradora de Pinedo (Valencia).

La titular del Juzgado de lo Penal número 6 de València les ha impuesto una multa de 1,3 millones de euros a cada uno (la misma cifra que la cuantía defraudada) e indemnizaciones a la Hacienda Pública por valor de 1,9 millones que deberán abonar conjunta y solidariamente. Esta cantidad se suma a los 20,5 millones de euros que Crespo y Cuesta deben pagar como “responsables contables directos y solidarios” del importe robado, según estableció el Tribunal de Cuentas.

La sentencia establece que los condenados hincharon las declaraciones del IVA con facturas por servicios inexistentes en materia de gestión de lodos para obtener comisiones ilícitas mediante las devoluciones. Crespo, Cuesta y Roca tenían “pleno conocimiento” de que los proveedores no prestaban los servicios que facturaban por el sencillo motivo de que otras empresas ya se encargaban tales servicios “a la mitad de precio y con un tipo de gravamen inferior”.

El facturero de la trama, Jorge Ignacio Roca, concertado con los dos responsables de la depuradora nombrados por el PP, usó tres de sus sociedades (Erwinin SL, Zonday Investments SL y Printergreen SL) para la operativa del fraude. Sin prestar servicio alguno a la empresa pública, las mercantiles de Roca “se interponían entre Emarsa y los verdaderos gestores de residuos para emitir una facturación irregular” con la que los responsables de la depuradora se deducían cuotas de IVA “ficticias”. Las tres empresas obtuvieron 1,6 millones de euros en cuotas de IVA soportado entre 2006 y 2009. 

Los empresarios proveedores, “debido a su vinculación personal o política con los acusados principales, se aseguraron durante años unos ingresos sin aportar a Emarsa contraprestación alguna”, defiende la jueza. La sentencia asegura que Crespo y Cuesta “pactaron verbalmente con Roca” la emisión de facturas falsas a la firma pública. Los responsables de la empresa pública, que cumplen prisión actualmente por el descomunal saqueo, sabían que Roca “no realizaba más actividad que la de proporcionar a otros empresarios facturas por servicios simulados en las que se incluían cuotas del IVA soportado ficticias para facilitarles un ahorro fiscal ilícito”. 

El 'facturero' contó la mecánica del fraude en el juicio

Jorge Ignacio Roca, preso actualmente en el centro penitenciario de Teruel tras pasar un año en una cárcel moldava, aplicaba un tipo de gravamen del 16% a pesar de que a la depuración de aguas residuales se le aplica un tipo del 7% de IVA. El facturero, experto en optimización fiscal según se ha autodefinido, hinchaba así las devoluciones a obtener y, por tanto, la comisión que iba a parar a los bolsillos de los corruptos. Esta mecánica “permitía incrementar artificiosamente el precio facturado”, señala la sentencia. 

La mercantil Erwinin SL fue constituida “con la única finalidad de emitir facturas a Emarsa” al carecer de medios personales propios y no contar con la menor infraestructura para gestionar los lodos procedentes de la depuradora de Pinedo (Valencia).

El facturero explicó con todo detalle la mecánica del fraude durante la vista del juicio: “Si han visto Barrio Sésamo es muy fácil”, espetó en tono altanero al tribunal. Roca tenía 17 sociedades mercantiles sin trabajador alguno (“empleados, ¿para qué?”, se preguntó) y aseguró en el juicio que los auditores siempre le permitieron facturar al 16%. “Yo no soy quien para bajarlo al siete”, dijo. Roca, fugado en el extranjero y preso en Moldavia durante un año, siempre ha sostenido que en la causa faltaban algunos saqueadores por juzgar.

Los antiguos responsables de la empresa pública, según el fallo, “no sólo mejoraban la comisión ilícita” que les pedía Roca, sino que también se embolsaban una mayor devolución de la cuota tributaria que les solicitaba Hacienda. Crespo y Cuesta tenían “pleno conocimiento” de que el proveedor no había prestado servicio alguno a Emarsa y de que el servicio ya se prestaba a mitad de precio y con el gravamen correcto del 7%. 

El caso Emarsa, una macrocausa compleja con decenas de investigados y de comisiones rogatorias al extranjero, aún no está cerrado del todo. El empresario José Luis Sena, uno de los presuntos cerebros del saqueo, tiene pendiente aún un juicio en la Audiencia Provincial de València. Sena le abrió las puertas de Emarsa de par en par al facturero Jorge Ignacio Roca.

Jorge Ignacio Roca, el facturero de la trama que saqueó la depuradora pública de València, ha vuelto a señalar a su socio, el empresario Joan Borràs Alabern, como la persona que le introdujo en la conjura corrupta. Roca, en una declaración con tono altivo durante la primera sesión del juicio por el fraude con el IVA por la que ha sido incluso reprendido por la magistrada, ha lamentado que su exsocio “nunca ha sido enjuiciado” por el descomunal saqueo, que se ha saldado con largas penas de prisión confirmadas por el Tribunal Supremo. 

El empresario Jorge Ignacio Roca, que estuvo fugado en Moldavia, ha sido condenado a seis años y un día de prisión por la Audiencia Provincial de València, a seis meses de prisión por la Audiencia Nacional por un delito de blanqueo de capitales, y a dos años de prisión por simular una operación comercial para la exportación de 10.000 taxis a Pakistán.

¿Cómo llegó Roca a ser el facturero de la trama corrupta? El acusado ha contado que fue el empresario José Luis Sena quien le propuso, a través de su socio Joan Borràs, trabajar para la empresa pública valenciana. “Todos esos años estuvimos con la promesa de que el Partido Popular nos estaba protegiendo y amparando”, ha asegurado. 

El empresario catalán que introdujo a Roca en la trama, según la versión del facturero, era el encargado de supervisar la extracción de lodos presuntamente fraudulenta de la depuradora de Pinedo. Borràs declaró como testigo, a pesar de las graves acusaciones sobre su presunta implicación en el cobro de comisiones, y ha sido señalado en repetidas ocasiones por Roca como el enlace con la trama.

“Joan Borràs es administrador de la empresa Adobs Organics, cobraba tres euros por tonelada de lodo y nunca ha sido enjuiciado”, ha lamentado este lunes en la primera sesión del juicio por el presunto fraude en el IVA su antiguo socio, detenido en Moldavia tras estar fugado durante años. En el transporte de los lodos, “Borrás se ponía de acuerdo con Sena en lo que cobraban ellos y me venían a mi”, sostiene el facturero de la trama. “Cuando Borràs se fue en 2009, yo cobraba más”, ha insistido Roca. Los sobres con el dinero en negro eran entregados al empresario José Luis Sena en València o a Joan Borràs en Barcelona, según ha rememorado Roca en el juicio.

Los saqueadores de las depuradoras públicas valencianas, condenados a prisión en sentencia firme, deberán pagar una factura que asciende a 20,5 millones de euros. El Tribunal de Cuentas ha rechazado los recursos del exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla, y de Enrique Crespo, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y expresidente de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa), contra la sentencia en primera instancia del órgano que vela por las cuentas públicas que cifró el descomunal saqueo en la depuradora metropolitana de València en 20,5 millones de euros.

La sentencia de la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas, a la que ha tenido acceso elDiario.es, confirma que los recurrentes Morenilla y Crespo, además del exgerente de Emarsa Esteban Cuesta, el exdirector financiero de Emarsa Enrique Arnal y el número dos del gerente de la Epsar, Ignacio Bernácer, son “responsables contables directos y solidarios” del importe saqueado. Morenilla se enfrenta al abono de hasta 12 millones de euros mientras que en el caso de Crespo la cifra se eleva hasta los 20,4 millones.

Todos fueron condenados a penas de prisión por la Audiencia de València (Morenilla a nueve años y Crespo a 10). La sentencia inicial del Tribunal de Cuentas se fundamenta además en los testimonios del exdirector financiero de Emarsa Enrique Arnal (al que le cayeron ocho años y seis meses de prisión) y del empresario Jorge Ignacio Roca, condenado a seis años y un día de prisión.

La sentencia del Tribunal de Cuentas incide en la responsabilidad de ambos en la vigilancia y el control de los fondos públicos. Morenilla “en el ejercicio de sus funciones debía haber comprobado que los costes de financiación abonados correspondieran efectivamente a la ejecución de obras y prestación de servicios o suministros realizados por Emarsa”. El tribunal concluye que “al no haberse producido esta circunstancia se deduce al menos una culpa in vigilando” del exgerente del Epsar y recuerda que en el procedimiento “ninguna de las partes ha cuestionado que los hechos enjuiciados en la causa criminal seguida en la Audiencia Provincial de València sean los mismos que los que fundamentan las pretensiones de responsabilidad contable”.

Enrique Crespo se defendió en el recurso contra la sentencia en primera instancia aduciendo que “la multitud de asuntos que debía atender” —era alcalde y diputado provincial— le impidieron fiscalizar el fraude, por el que fue condenado a una década entre rejas. El argumento no ha colado y el Tribunal de Cuentas le reprocha que su argumento “no hace sino confirmar la delación o incumplimiento de las funciones que debía realizar en Emarsa”.

La sentencia tampoco acepta que que la responsabilidad contable endosada a Crespo “sea consecuencia de una valoración de la prueba ilógica o irracional, sino todo lo contrario”. “La resolución recurrida”, en contra de lo argumentado por la representación de Crespo, “no tipifica delito alguno ni atribuye a los responsables contables hechos constitutivos de responsabilidad penal, sino que valora, para imputar cada una de las responsabilidades contables, la totalidad de la prueba practicada en la que se encuentra incorporada como documental parte del material probatorio aportado al proceso penal”, señala la Sala de Justicia del Tribunal de Cuentas.

El Ministerio Fiscal, al igual que la Abogacía de la Generalitat Valenciana, se opuso a los recursos de los dos condenados. “Ha quedado acreditado”, sostiene la Fiscalía, que Crespo “tenía todas las facultades de gestión y administración y era una de las personas autorizadas en las cuentas bancarias”. Sobre Morenilla, recuerda que “tenía atribuidas todas las funciones directivas de gestión, aprobación de gastos y disposición de fondos”.

La Abogacía de la Generalitat argumentó que Crespo, “lejos de iniciar actuaciones tendentes a recuperar el equilibrio financiero [en Emarsa], jamás hizo constar ni adoptó medida alguna”. “Gracias a su condición de consejero delegado evitó cualquier tipo de control sobre la gestión de la empresa por parte del consejo de administración, permitiendo al gerente administrarla a su antojo”, señala la Abogacía, que también considera “impensable” que “un fraude de tal magnitud, que requirió de aumentos continuos de financiación, pudiera realizarse” sin la colaboración de Morenilla y su conocimiento del área de negocio (las aguas residuales).

La sentencia, que no es firme y contra la que cabe recurso de casación ante el Tribunal Supremo, impone las costas del proceso a Morenilla y a Crespo.

El 'caso Emarsa', que se refiere al saqueo de la depuradora metropolitana de Valencia, se ha convertido en el diario de sesiones del Senado en un desconocido 'caso Barça'. La confusión afecta a la intervención del senador de Compromís Carles Mulet durante la comparecencia, este jueves, de la líder de su formación, la vicepresidenta valenciana Mónica Oltra, en la comisión sobre la financiación de los partidos que el PP ha creado en la Cámara Alta como respuesta a la investigación en el Congreso centrada en los casos de corrupción del partido de Mariano Rajoy.

Mulet aprovechó su intervención para desgranar la larga lista de casos en los que está implicado el PP. “Me gustaría saber si Compromís se ha financiado robando en el caso Lezo”, proclamó el senador. “Si la señora Oltra sabe si para financiar a Compromís han robado con ayudas públicas al tercer mundo. Si Compromís ha usado el caso Cooperación para financiarse ilegalmente y robar. Me gustaría saber si Compromís ha usado el IBAN para financiarse y robar”. En este punto, la transcripción convierte las siglas del Instituto Valenciano de Arte Moderno (IVAM), en IBAN, el código internacional de cuentas bancarias.

Más adelante, Mulet proseguía: “Ciñéndonos siempre al objeto de esta comisión, me gustaría saber si robaron con las depuradoras de Valencia. Si tienen casos Guateque, y hablando de guateques, si la fiesta en Compromís tampoco acaba nunca. Ciñéndonos siempre al motivo de esta comparecencia, si la sede Compromís la pagaron ustedes también en B, como otros partidos. Me gustaría saber si Compromís ha robado en el caso Taula, en el caso Imelsa, en el caso Barça (sic)”.

Aquí es donde el diario de sesiones convierte el caso Emarsa, por el que han sido juzgados, entre otros, el exalcalde de Manises y exvicepresidente de la Diputación de Valencia Enrique Crespo, y el exgerente de la depuradora de Valencia, Esteban Cuesta, en un desconocido 'caso Barça'.

“Esto es echar tinta de calamar para intentar oscurecerlo todo, dar la sensación de que en todas partes cuecen habas”, dijo Mónica Oltra sobre su comparecencia en una comisión del Senado para hablar de las cuentas de Compromís cuando los tribunales no dan abasto a las causas que afectan a dirigentes y cargos públicos del PP.

Fuentes de Compromís señalabn este viernes con sarcasmo la poca seriedad del asunto y apuntaban que habría que dar un cursillo o entregar una guía a los servicios de la Cámara Alta para que sepan identificar los casos de corrupción del PP realmente existentes cuando algún senador los saca a relucir.

La depuradora de Pinedo da servicio a 1,5 millones de personas de València y su área metropolitana. Es con diferencia la mayor planta de depuración de aguas de la Comunitat Valenciana y de las más grandes de España. Su nombre ha estado vinculado a la corrupción desde que el verano de 2010 saltara el escándalo Emarsa, nombre de la empresa pública que explotaba las instalaciones. Siete años después hay 25 personas entre responsables políticos, empresarios y directivos de la sociedad pública sentadas en el banquillo de los acusados por saquear presuntamente unos 24 millones de euros de dinero público.

En octubre de 2010, en pleno escándalo mediático por el mal uso de los fondos de Emarsa -viajes por todo el mundo, regalos de lujo, prostitutas...- la Generalitat y la Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos (Emshi) -ambas instituciones controladas por el PP- decidieron liquidar Emarsa y sacar a concurso la gestión de las plantas Pinedo I y II. La tercera fase ya estaba privatizaba y su gestión la llevaba la UTE Aguas de Valencia-Sociedad Agricultores de la Vega (SAV)-DAM.

En un concurso convocado por urgencia el 8 de octubre de 2008, la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), organismo dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente sacó a licitación la gestión de Pinedo I y II por 16 millones de euros. La decisión, como se ha acreditado durante la instrucción del caso Emarsa la tomaron unilateralmente el entonces conseller Juan Cotino y la alcaldesa de València, Rita Barberá, cuyo ayuntamiento controlaba la mayoría del consejo de la saqueada Emarsa y de su propietaria, la Emshi.

En menos de tres meses la Epsar adjudicó la joya de la corona de la depuración valenciana a quienes ya gestionaban Pinedo III, la UTE Aguas de Valencia-SAV-DAM, que bajaron la oferta de los 16 millones a 13,5. Unos 20 millones de euros de contrato anual entre Pinedo I, II y III, ahora reconvertidas a Pinedo I y II.

Este concurso convirtió a estas firmas en los líderes del mercado del la depuración del agua en la provincia de València. En la actualidad explotan el 77 % de las depuradoras de la provincia y el 59 % de la Comunitat Valenciana. Y es que en los últimos diez años la explotación de las 482 plantas depuradoras de la Comunitat Valenciana se ha concentrado en cuatro empresas con, además, un reparto territorial según la sede social de cada una. Un negocio que puede alcanzar los 200 millones de euros al año.

Aguas de Valencia (ahora Grupo Omnium), SAV-DAM, Facsa y Suez-Hidraqua (antigua Aguas de Barcelona) copan más de 80 % de la explotación de las depuradoras. Les siguen muy de lejos la empresa mixta Egevasa (51 % diputación-49 % Aguas de Valencia), con el 6,3 %, y distintos ayuntamientos también en cooperación con empresas privadas con un 5,7 %. La otras competidoras no llegan al 2 % del mercado adjudicado por la Epsar.

Pero donde se observan verdaderos monopolios es cuando la información se traslada a nivel provincial. Facsa, del Grupo Gimeno y acusada por Anticorrupción de presuntamente financiar ilegalmente al PP, controla la explotación del 85,63 % de las depuradoras públicas de Castelló. Esta empresa fichó a un exgerente de la Epsar, José Juan Morenilla, como director general en 2011. SAV-DAM y Suez no llegan ni al 2 % del mercado pese a ser mayoritarios en Valencia y Castelló.

En la provincia de Valencia copan el mercado Aguas de Valencia y SAV-DAM. Suez no tiene ni el 3 %. Otras empresas como Exman o AMS-Sacede no llegan al 2,5 % del mercado. Facsa no trabaja en esta zona, como tampoco lo hace en Alicante. La mixta Egevasa ha conseguido el 13,75 % de la explotación de las depuradoras de la Epsar.

En Alicante, es Suez-Hidraqua la que controla el mercado. Dispone del 39,36 del mercado a lo que hay que sumar las que gestiona Aguas de Alicante, donde participa en empresa mixta con ayuntamientos. Aguas de Valencia ha conseguido el 15,91 % del mercado de explotación de depuradoras y SAV el 19,51 %.

Enrique Crespo, expresidente del consejo de administración de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises (PP), ha insistido en su inocencia en el saqueo de la depuradora de Pinedo y ha repetido ante el tribunal juzgador que “nunca” le han dado tarjetas bancarias para extraer dinero irregular de los lodos; que “nunca” ha ido a Rumanía ni tampoco ha enchufado a nadie, pese a que, según su versión, otros expresidentes lo hacían. Frente a su versión, varios acusados apuntan a que se benefició del fraude.

Crespo, quien se enfrenta a 14 años de prisión por un delito de prevaricación en concurso con un delito de falsedad y un delito de malversación de caudales, se ha manifestado en estos términos durante su declaración -continúa a la que prestó ayer— en el juicio por la pieza principal del caso Emarsa, procedimiento en el que se ha investigado un supuesto desfalco de más de 25 millones de euros en la gestión de la depuradora de Pinedo (València).

El investigado ha vuelto a lamentar la falta de financiación en la empresa pública y ha aludido a un “déficit estructural” debido a que solo se contemplaban 30 puestos de trabajo cuando en Emarsa había unos 100. “No hay ninguna empresa que pueda aguantar eso”, ha manifestado.

Al respecto, ha lamentado que “cada presidente que llegaba a Emarsa iba poniendo a más personas. El PSPV, el Partido Comunista... Así hasta que esta empresa política sumara 100 operarios y yo no podía hacer frente a eso”. Pero en su caso ha especificado que no “enchufó” a nadie.

“El secretario —de la mercantil— me dijo que históricamente eso había sido un despilforre y que cada presidente había estado metiendo entre 15 y 20 personas. Se metía a gente cada vez que llegaba un presidente nuevo”, ha aseverado.

Esta situación se la trasladó al exconseller de Medio Ambiente José Ramón García Antón -ya fallecido— y éste le comentó, según ha manifestado, que no se debía dar más financiación a la empresa: “El se negaba a pagar puestos que entendía que eran políticos y que ciertos políticos habían puesto ahí. Pidió que se quitaran”, ha dicho.

Por este motivo, le trasladó estas conversaciones al exgerente de la entidad Esteban Cuesta y le comentó que como no despidiera a gente, “esto no iba a poder acabar”. “Yo le digo que haga lo que crea conveniente, pero no le doy órdenes de despido porque no sé a cuántos tiene que despedir ni nada de eso”, ha expuesto.

Al acusado se le ha preguntado también si existe alguna persona más que pueda corroborar la versión que ofreció ayer de que Cuesta fue “recomendado” tanto por García Antón como por el entonces delegado del Consell en la provincia de Valencia Fernando Coquillat, ambos fallecidos, a lo que ha respondido: “No. Y siento que estén así porque me hubiera gustado que vinieran aquí a declarar lo que me dijeron”.

En cuanto al asunto de los regalos sufragados por Emarsa, Crespo ha reconocido que encargaba a Cuesta regalos para un listado de personas que no estaban relacionadas con la planta pero que entendía que eran “compromisos”. “Como presidente de la planta encargaba regalos navideños que se enviaban a personas conocidas, relevantes. Era por mi labor de representación”, ha aseverado.

Viajes, hoteles, tarjetas

Crespo ha manifestado, a preguntas de su defensa, que “nunca” le han dado tarjetas bancarias de Emarsa -el exgerente Esteban Cuesta y un ex alto cargo de Epsar, Ignacio Bernácer, ofrecieron una versión contraria— ni ha sido beneficiario de ellas; así como tampoco ha participado en ninguna trama para estafar con los lodos: “Absolutamente no”, ha apostillado.

Tampoco ha visto “en su vida” al empresario fugado Jorge Ignacio Roca, ni a José Luis Sena -también empresario procesado--. Respecto a los viajes, ha negado que la empresa publica le costease ningo. “El único viaje que me ha pagado Emarsa ha sido a la Expo de Zaragoza, con otros miembros del consejo de administración”, ha dicho. “Pero no he ido nunca ni a París, ni a Sudamércia ni a Rumanía”.

El exvicepresidente de la Diputación de Valencia ha negado así mismo que Emarsa le pagase alojamientos en hoteles ni comidas que no estuvieran relacionadas con su cargo. En cuanto a diferentes ingresos en efectivo que figuran en sus cuentas entre los años 2004 a 2007, ha insistido en que se debían a regalos de su exsuegro y “solían hacerse en verano y en la fecha de mi cumpleaños”, ha señalado.

La Fiscalía, la acusación popular que ejerce el PSPV y la Abogacía de la Generalitat han pedido este miércoles la citación como testigo en el caso Emarsa del empresario José Luis Sena, que este martes quedó fuera del proceso al excluirlo la sala por situación de indefensión tras la renuncia sucesiva de sus letrados.

Las peticiones se han producido al inicio de la vista por el caso del supuesto desvío de más de 20 millones de euros de la empresa gestora de la depuradora de Pinedo (València), dedicada a cuestiones previas.

La fiscal ha insistido en que Sena es “pieza clave, sirve de enlace según las pruebas entre la trama de los lodos y la empresa pública, e incluso algún acusado le atribuye la función de repartir el dinero supuestamente malversado”.

“No se nos puede privar de esta parte del relato, por eso solicitamos que declare como testigo, con los derechos reconocidos a todo acusado y asistencia letrada”, ha subrayado la fiscal.

Piden la exclusión del PSOE como acusación

Las defensas de los principales acusados, José Juan Morenilla y Enrique Crespo, y otras, como la de José Ramón Cuesta, han cuestionado la presencia de la acusación popular que ejerce el PSPV, particularmente la de Ramón Marí como denunciante, ya que fue miembro del consejo de administración de Emarsa, y, en consecuencia, han solicitado su expulsión de la causa.

Por otra parte, las defensas de al menos tres de los 24 procesados han pedido que se dicte respecto a sus defendidos una sentencia de conformidad de forma previa al inicio de la fase testifical del juicio, y han citado como precedente la causa de los trajes contra Francisco Camps y Ricardo Costa, en el que se dictaron dos sentencias de conformidad respecto de otros dos procesados, Víctor Campos y Rafael Betoret.

El judici per la peça principal del cas Emarsa, amb 25 processats i un presumpte desfalc que ronda els 25 milions d'euros, intentarà arrancar de nou aquest dimarts en l'Audiència de València després de dos ajornaments, un d'ells al novembre de 2015 i un altre al març d'enguany.

El primer ajornament, fa ja més d'un any i mitjà, va tindre lloc després de reclamar-ho algunes defenses sobre la base de que feia tres mesos que s'havia detingut al fugat Jorge Ignacio Roca i s'estava a l'espera que fóra extraditat a Espanya. Llavors el cas va tornar al jutjat, es van practicar noves diligències i es va assenyalar nova data de judici per al 13 de març de 2017.

Durant aqueix temps, alguns acusats van canviar d'advocat a causa de renúncies o alguna incapacitat, i precisament aquest va ser el motiu al·legat per les defenses per a tornar a demanar la suspensió de la vista en el mes de març. El tribunal va tornar a acceptar un ajornament i va fixar nova data de judici per a aquest dimarts, 2 de maig. La vista està assenyalada a les 9.45 hores en la secció primera de l'Audiència per un cas que porta investigant-se des de fa set anys.

93 sessions i més de 200 testimonis

La Sala ha previst 93 sessions, fins al mes de desembre. Durant els tres primers dies de judici es resoldran les qüestions prèvies i la declaració dels acusats arrancarà el 9 de maig i es perllongarà 11 sessions. El tribunal preveu, a més, tres dies per a resoldre possibles incidències o demores. El 6 de juny començaran les compareixences de testimonis, que superen els 200, per a les quals es reserva el major nombre de sessions, 56 més quatre dies per a possibles incidències.

Posteriorment, el 14 de novembre començaran les declaracions de perits, que es perllongaran durant sis sessions. Finalment, l'exposició de conclusions i informes està prevista per al 27 de novembre.

Entre els acusats en aquesta peça, a més de Roca, es troben l'exvicepresident de la Diputació de València i expresident del consell d'administració d'Emarsa, Enrique Crespo; i els que van ser càrrecs de l'Entitat Pública de Sanejament d'Aigües Residuals (Epsar), José Juan Morenilla (gerent) i Ignacio Bernácer (cap d'Explotacions).

Així mateix, s'asseuran en el banc dels acusats l'exgerente de la depuradora, Esteban Cuesta; Enrique Arnal, exdirector financer d'Emarsa; Adolfo Polo, cap de l'àrea mediambiental; Sebastián García Martínez 'Chanín', exinformàtic de l'entitat; Enrique Arnal Llorens, exdirector economicofinancer; Santos Peral, cap de comptabilitat i que tenia responsabilitats polítiques en el PP de València; i Ignacio Martínez Maiques, cap de compres i igualment membre del Partit Popular.

Al costat d'ells figuren els empresaris José Luis i Enrique Sena i Vicente Ros Bartual, relacionats amb Notec; María Paz García Martínez, germana de 'Chanín'; l'administradora del Grup Mes, Eva Marsal Gil; Juan Manuel García, administrador d'Arrima Centre d'Estudis; Juan Carlos Gimeno, que va ser encarregat de gestió ambiental de la planta i posteriorment administrador de Area Este i CRM Adecua i Vicente Tomás Benlloch, administrador de Viajes Benimàmet.

Altres acusats són Ana María Ríos Solaz, periodista contractada per Emarsa; Leonor Moreno, advocada de l'entitat; Luis Antonio Botella, advocat i primer tinent alcalde de Montcada; Rafael Quiles, assessor del grup d'empreses de 'Chanín'; Daniel Calzada de la mercantil Llar Calzada i a José Ramón Cuesta, germà de l'exgerent.

El procediment va saltar a la llum en 2010, quan el PSPV va denunciar que Emarsa acumulava un dèficit d'almenys 16 milions d'euros, a més de contractes no justificats per valor d'uns 32 milions més. El procés es va dividir en 11 peces, entre elles la principal, amb 25 acusats -més un a títol lucratiu-.

Dues condemnes

Per aquest macroprocediment ja hi ha dues condemnes judicials fixades per diverses peces separades. La primera d'elles contra el fugat Jorge Roca, a qui se li han fixat dos anys de presó per simular una operació comercial per a l'exportació de 10.000 taxis a Pakistan. Es va estipular la mateixa pena per a dos empresaris més: José Luis Sena i Vicente Ros.

La segona condemna -de quatre mesos de presó i una multa de 62.000 euros- ha recaigut sobre la dona d'Ignacio Bernácer per permetre que aquest ingressara en els seus comptes bancaris part dels diners públics que va detraure il·legalment d'Emarsa.

El Jutjat d’Instrucció número 15 de València ha dictat la interlocutòria que transforma les diligències prèvies en procediment abreujat, posa fi a la instrucció suplementària i processa l’empresari José Ignacio Roca Samper en la peça principal del cas Emarsa pels delictes de malversació de cabals públics i falsedat en document mercantil.

Segons el Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana, la jutgessa conclou que hi ha indicis de la presumpta participació de Roca “com a administrador de les diferents mercantils constituïdes ex professo per al fi pretés, dissenyant i executant de manera continuada amb els altres investigats un pla d’actuació amb la finalitat d’obtenir, tots ells, un benefici patrimonial il·lícit a costa dels fons públics” assignats a Emarsa per a l’explotació de la depuradora situada a Pinedo “mitjançant la interposició de manera artificiosa de diferents mercantils”.

La interlocutòria, que deixa el cas preparat per al judici, assenyala que “entre el 2005 i el 2010 Emarsa va rebre factures de distintes mercantils (Etwas, Erwinin, Zonday, Printergreen, Notec) per la gestió de llots i desbastos, bé per serveis que no es van prestar en absolut, bé per serveis realment prestats per altres mercantils (Adogs, Trabisa) a preu de mercat, però que, mitjançant l’artificiosa interposició en la facturació d’aquelles, van ser cobrats a l’empresa pública a preus molt superiors als existents en un mercat normal”.

La instructora considera que Roca va actuar en connivència amb els directius de la companyia pública i va interposar les seues empreses, que no tenien mitjans humans, materials i financers per a desplegar cap activitat econòmica en la cadena de facturació de llots i desbastos entre els anys 2005 i 2010 per incrementar artificiosament el valor de les faenes dutes a terme.

El jutge dóna ara un termini de deu dies a les acusacions perquè sol·liciten l’obertura de judici oral i formulen els seus escrits d’acusació; en aquest tràmit, poden demanar també el sobreseïment de la causa o, de manera excepcional, la pràctica de més diligències.

En crida i cerca des del 2012

L’investigat estava fugit de la justícia des del principi de la investigació i va ser detingut a Moldàvia. La seua extradició es va dur a terme el 15 d’abril. Tres dies després, la jutgessa, a petició de la Fiscalia, a la qual es van adherir totes les acusacions, va acordar presó provisional comunicada sense fiança.

La instructora va tenir en compte la falta d’arrelament a Espanya de l’imputat així com també la seua habilitat per a moure’s a l’estranger i la possibilitat d’intentar destruir proves o influir en testimonis abans de la celebració del judici.

Jorge Ignacio Roca Samper va estar en crida i cerca des del gener del 2012; va ser arrestat a la República de Moldàvia el juliol passat, tres mesos abans que començara el judici per delictes contra els altres 24 acusats de dissenyar i participar d’un entramat empresarial que durant almenys sis anys (entre el 2004 i el 2010) va detraure més de 23 milions d’euros de fons públics de l’Empresa Metropolitana d’Aigües Residuals (Emarsa).

Roca, imputat en la causa que investiga les irregularitats en la gestió de la depuradora de Pinedo des del març del 2011, ha estat en parador ignorat durant tota la instrucció. El gener del 2012, el magistrat instructor va ampliar la imputació que es dirigia contra ell amb nous fets i delictes i uns dies després, el 9 de gener, va dictar ordre de cerca i detenció internacional.

La vista oral per la peça principal, que inicialment s’havia de celebrar en l’Audiència Provincial de València en absència seua el 2 de novembre passat, es va suspendre després que fóra detingut a Moldàvia. La Secció 1a va acordar tornar la causa al Jutjat número 15 per a practicar una instrucció complementària quan el pròfug fóra extradit, instrucció que ara es dóna per tancada.

En la peça principal del cas Emarsa, el judici de la qual va quedar en suspens arran de la detenció de l’empresari hui empresonat, estan acusats per delictes de malversació de cabals públics, suborn, blanqueig, prevaricació administrativa i falsedat en document mercantil, exdirectius d’Emarsa, d’Emshi (Entitat Metropolitana de Serveis Hidràulics), d’Epsar (Entitat Pública de Sanejaments Residuals) i uns quants empresaris.

Roca està també processat en la peça separada número 6 per delicte contra la Hisenda Pública. La jutgessa, després de fer una instrucció suplementària, conclou que va emetre factures per import de 667.300 euros que no responien a cap servei i va afavorir amb això que l’empresa contra la qual girava aqueixes factures defraudara més de 251.000 euros.

El Juzgado de Instrucción número 15 de Valencia ha dictado el auto que transforma las diligencias previas en procedimiento abreviado, pone fin a la instrucción suplementaria y procesa al empresario José Ignacio Roca Samper en la pieza principal del “Caso Emarsa” por los delitos de malversación de caudales públicos y falsedad en documento mercantil.

Según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, la jueza concluye que existen indicios de la presunta participación de Roca, “en su calidad de administrador de las diferentes mercantiles constituidas ex profeso para el fin pretendido, diseñando y ejecutando de manera continuada con los demás investigados un plan de actuación con la finalidad de obtener, todos ellos, un beneficio patrimonial ilícito a costa de los fondos públicos” asignados a Emarsa para la explotación de la depuradora ubicada en Pinedo “mediante la interposición de manera artificiosa de diferentes mercantiles”.

El auto, que deja el caso preparado para el juicio, señala que “entre 2005 y 2010 Emarsa recibió facturas de distintas mercantiles (Etwas, Erwinin, Zonday, Printergreen, Notec) por la gestión de lodos y desbastes, bien por servicios que no fueron prestados en absoluto, bien por servicios realmente prestados por otras mercantiles (Adogs, Trabisa) a precio de mercado pero que, mediante la artificiosa interposición en la facturación de aquellas, fueron cobrados a la empresa pública a precios muy superiores a los existentes en un mercado normal”.

La instructora considera que Roca actuó en connivencia con los directivos de la compañía pública e interpuso sus empresas, que carecían de medios humanos, materiales y financieros para desplegar actividad económica alguna en la cadena de facturación de lodos y desbastes entre 2005 y 2010 para incrementar artificiosamente el valor de los trabajos realizados.

El juez da ahora un plazo de diez días a las acusaciones para que soliciten la apertura de juicio oral y formulen sus escritos de acusación; en este trámite pueden pedir también el sobreseimiento de la causa o, de manera excepcional, la práctica de más diligencias.

En busca y captura desde 2012

El investigado se encontraba huido de la Justicia desde el principio de la investigación y fue detenido en Moldavia. Su extradición se realizó el 15 de abril. Tres días después, la jueza, a petición de la Fiscalía, a la que se adherieron todas las acusaciones, acordó prisión provisional comunicada sin fianza.

La instructora tuvo en cuenta la falta de arraigo en España del imputado así como su habilidad para moverse en el extranjero y la posibilidad de intentar destruir pruebas o influir en testigos antes de la celebración del juicio.

Jorge Ignacio Roca Samper estuvo en busca y captura desde enero de 2012; fue arrestado en la República de Moldavia en julio pasado, tres meses antes de que comenzara el juicio por delitos de contra los otros 24 acusados de diseñar y participar de un entramado empresarial que durante al menos seis años (entre 2004 y 2010) detrajo más de 23 millones de euros de fondos públicos de la Empresa Metropolitana de Aguas Residuales (Emarsa).

Roca, imputado en la causa que investiga las irregularidades en la gestión de la depuradora de Pinedo desde marzo de 2011, ha estado en ignorado paradero durante toda la instrucción. En enero de 2012, el magistrado instructor amplió la imputación que se dirigía contra él con nuevos hechos y delitos y días después, el 9 de enero, dictó orden de búsqueda y detención internacional.

La vista oral por la pieza principal, que inicialmente se iba a celebrar en la Audiencia Provincial de Valencia en su ausencia el pasado 2 de noviembre, se suspendió tras su detención en Moldavia. La Sección 1ª acordó devolver la causa al Juzgado número 15 para practicar una instrucción complementaria cuando el prófugo fuera extraditado, instrucción que ahora se da por concluida.

En la pieza principal del “caso Emarsa”, cuyo juicio quedó en suspenso tras la detención del empresario hoy encarcelado, están acusados por delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, blanqueo, prevaricación administrativa y falsedad en documento mercantil, exdirectivos de Emarsa, de Emshi (Entidad Metropolitana de Servicios Hidráulicos), de Epsar (Entidad Pública de Saneamientos Residuales) y varios empresarios.

Roca está también procesado en la pieza separada número 6 por delito contra la Hacienda Pública. La jueza, tras realizar una instrucción suplementaria, concluye que emitió facturas por importe de 667.300 euros que no respondían a servicio alguno y favoreció con ello que la empresa contra la que giraba esas facturas defraudara más de 251.000 euros.

Este lunes 2 de noviembre empieza el juicio por el conocido caso Emarsa, en el que se juzga el presunto saqueo de 23,7 millones de la empresa pública de la depuradora de aguas del área metropolitana de Valencia (que incluye a una treintena de localidades). En el proceso se sientan en el banquillo de los acusados un total de 24 imputados acusados de ser una “trama organizada”, según el juez instructor, que habría actuado entre el 21 de julio de 2004 y el 26 de julio de 2010.

Entre los acusados destacan el expresidente de Emarsa, exvicepresidente de la Diputación de Valencia y exalcalde de Manises por el PP, Enrique Crespo; el exdirector financiero de la entidad, Enrique Arnal; o el exgerente de la Entidad Pública de Saneamiento de Aguas Residuales (Epsar), José Juan Morenilla. Pero además cabe recordar que se mantiene una orden de busca y captura respecto del imputado fugado Jorge Roca, propietario de cuatro sociedades que formaban parte de una estructura organizada de facturación irregular para Emarsa. Los imputados están acusados de haber cometido delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación administrativa, falsedad, cohecho y blanqueo, provocando un agujero de 17 millones de euros. Para ellos la fiscalía pide hasta 14 años de prisión.

El grueso del desfalco tenía como modo de operación hinchar facturas por el tratamiento de los lodos, cantidad que ascendía a 13,05 millones y que se obtenía desviando fondos a firmas del empresario prófugo, el cual cobraba 42 euros por tonelada tratada (dinero pagado con el recibo del agua de todos los valencianos), mientras que él sólo pagaba 18 euros a un contratista. Pero esto además hay que enmarcarlo en que el tratamiento era de 18 municipios, incluido Valencia, y que diariamente eran 324.800 metros cúbicos de aguas residuales equivalentes al vertido de 800.000 habitantes.

El dinero cobrado de más, según el juez, volvía a los imputados en cantidades en metálico y que repartiría Esteban Cuesta. Entre los dispendios el juez detalla que Crespo y Cuesta se gastaron 375.302 euros en restaurantes, con banquetes que ascendieron hasta cantidades de 5.125 euros. Por otro lado también se señalan el gasto de 261.202 euros en viajes y hoteles a distintos puntos de España sin estar justificados por la actividad de la empresa, pero hubo viajes que llegaron a París, Estocolmo, Moscú y Johanesburgo, entro otros.

Y si el sector saqueado no es lo bastante sórdido cabe recordar que además hubo uso de caudales públicos para regalos de lujo (entre ellos políticos como Francisco Camps o Alfonso Rus) y comilonas, así como al pago de presuntas 'traductoras' rumanas, en viajes de los directivos a este país. Este capítulo consistía en que se contrataron los servicios de ocho chicas jóvenes de alrededor de 20 años que tuvieron pagados sus vuelos desde Rumanía y sus hospedajes en hoteles de lujo en España y en el extranjero, traductoras de las que no han aparecido los contratos que afirmaban tener los dirigentes de la trama.

Finalmente está el fraude del mantenimiento de la informática a través de los proveedores, con un gasto de hasta 7,2 millones de euros. Además de este mantenimiento aparecieron facturas por suministros como “164 teclados, 66 DVD, 141 licencias antivirus, 79 monitores, etc”, cuando en Emarsa sólo hubo instalados 30 ordenadores.

La Lotería de Navidad

Para dar más color a la trama cabe recordar que en 2011 tocó el segundo premio de la Lotería de Navidad en el PP de Manises, 125.000 euros por décimo. La euforia se desató entre los agraciados, y entre ellos Enrique Crespo y Alfonso Rus, este último llego a enseñar en televisión que poseía 5 de estos décimos (625.000 euros), mientras Crespo, al ser preguntado por su premio aseguró tener “basantes más” que Rus.

El mismo día 22 el juez instructor dictó una providencia pidiendo a Crespo que aclarara cuantos décimos tenía, se trataba de una medida cautelar destinada a hacer frente a las posibles responsabilidades civiles del entonces alcalde de Manises en el caso. Desde el momento de la imputación de Crespo el juez ya ordenó “practicar cuantas diligencias fueran necesarias para la averiguación de su patrimonio”.

Pero Crespo afirmó tener un sólo décimo, mientras que casualmente sus familiares directos (padres y hermano) tenían 99 décimos premiados. Ante esta situación el juez ordenó bloquear un total de 12,4 millones de euros de cuentas bancarias de los familiares de Crespo y los llevó a juicio.

El resultado: sentencia de dos años de carcel para Enrique Crespo y su hermano por un delito de blanqueo de capitales, el pago de una multa de 500.000 euros y las costas del juicio. Además también suponía indemnizar con 357.019 euros a la Entidad metropolitana de servicios hidráulicos (Emshi) por el dinero blanqueado más los intereses legales.