Vox apoya en las Corts Valencianes una proposición de ley que considera la enseñanza intensiva del valenciano como una “aberración pedagógica”. El partido de ultraderecha, que modificó el reglamento de las Corts Valencianes para que se expusiera esta iniciativa legislativa popular, dará apoyo a la tramitación de la petición de Hablamos Español, que adapta un compromiso electoral de la formación, como reconoce su portavoz parlamentario, José María Llanos. “Es nuestro compromiso, nuestra firme voluntad”, ha reiterado el síndic.

La asociación ha presentado una iniciativa legislativa popular este miércoles en el Pleno de las Corts Valencianes, que, bajo el paraguas de “la libertad de elección” pide reducir las horas lectivas del valenciano. En concreto, la iniciativa apunta que “los padres de los alumnos menores de edad tendrán derecho a elegir la lengua oficial en la que sus hijos reciban la enseñanza” y aplica exenciones para la enseñanza en valenciano. La propuesta legislativa dice que “los alumnos que se incorporen al sistema educativo de la Comunitat Valenciana en un territorio en el que sea obligatoria la enseñanza del valenciano como materia, procedentes de otra parte del territorio nacional o del extranjero, gozarán, a partir del último ciclo de primaria, este incluido, de una exención de la calificación en valenciano en al menos tres cursos académicos”. También que “se tendrá derecho a la exención de cursar la materia de valenciano, previa solicitud al efecto, en los municipios declarados como de predominio de uso del castellano”.

La presidenta de Hablamos Español, Gloria Lago, que define la entidad como una “asociación independiente”, asegura: “A ningún grupo parlamentario le interesaba que habláramos de política lingüística”. Lago defendió que su propuesta se basa en sentencias del Tribunal Constitucional y defiende los derechos de los hispanohablantes, al tiempo que considera que el modelo actual de plurilingüismo genera problemas en los alumnos. “La inmersión obligatoria es una aberración pedagógica”, afirmó en el Pleno de las Corts Valencianes. Lago también considera que obligar a estudiar asignaturas no lingüísticas es otra lengua es “negativo”, afecta al aprendizaje y, “en el caso de lenguas romance, [supone] una perniciosa mezcla de códigos”. “Tener más de una lengua no supone más riqueza” cultural, dijo en sede parlamentaria.

Compromís advierte que presentará un recurso institucional porque la medida supone “la muerte del valenciano” y atenta contra el Estatuto de Autonomía. El PSPV ha defendido la diversidad lingüística y su integración, especialmente en las escuelas, donde hay que “garantizar un mínimo del 25%” en cada lengua cooficial.

El PP se ha distanciado de la propuesta apoyada por sus socios de gobierno. El diputado popular Eduardo Dolón, también alcalde de Torrevieja, quien defiende “la libertad educativa”, apunta que “hay matices” que impiden su apoyo a esta iniciativa: en concreto, ocho artículos que “podrían no estar alineados con nuestro Estatuto de Autonomía”. Dolón defendió que en la ley de acompañamiento ya se adoptaron algunas medidas como las que reclama esta asociación y avanzó que el PP va a presentar una nueva ley de plurilingüismo, a lo que la representante de Hablamos Español le reprochó: “Usan la suavidad superficial para esconder una ley que se va a parecer mucho a la legislación en Galicia, que impide que los niños estudien plenamente en una lengua y en la otra”. Después, Dolón le ha pedido que tenga “paciencia y esperanza” porque el PP va a trabajar en esta línea. “Si alguien en esta Cámara ha acreditado que quiere libertad para todos sus padres... es el PP y Vox”, enunció.

El Parlamento valenciano ha escuchado este miércoles a los promotores de otras tres iniciativas legislativas populares, que llevaban pendientes de debate varios años. Se ha escuchado a los promotores de la ILP para una ley de gratuidad de los productos para la menstruación, que busca evitar el agravio económico y hacer accesible el uso de productos de higiene menstrual, además de reducir los residuos desechables, presentada por Esquerra Republicana de Catalunya; también una ILP que busca una ley de adecuación de la ratio máxima de alumnado por aula a las necesidades del sistema educativo valenciano, que pide bajar el número de alumnos por aula, y una ILP para la implantación de la enfermera o del enfermero en los centros educativos no universitarios.

El Consell Jurídic Consultiu, órgano asesor de la Generalitat Valenciana, cuestiona algunos aspectos del recorte al valenciano en las zonas castellanohablantes en el que trabaja la Conselleria de Educación. El organismo estima que la suspensión de una parte de la norma, incorporada al proyecto de ley de Acompañamiento, debería haber pasado por el Consell Escolar, como marca la legislación autonómica.

El dictamen del Consell Jurídic al proyecto de ley de acompañamiento de 2024, en el que se incluye la modificación del decreto de plurilingüismo, cuestiona el proceso legislativo emprendido por el departamento que dirige José Antonio Rovira. El texto subraya que no se ha recabado el informe preceptivo del órgano escolar, considera que pese a tramitarse en la ley de medidas administrativas no pierde el carácter de “proyecto de ley en materia educativa” y que “incide en el ámbito educativo y en los proyectos y derechos lingüísticos del alumnado y de los centros escolares”. Por tanto, cuestiona que se haya introducido la modificación en la ley de medidas fiscales y administrativas -llamada coloquialmente ley de acompañamiento a los Presupuestos- y no como proyecto legislativo independiente.

El anteproyecto de ley prevé regular “todo un abanico de materias que no guardan esa relación funcional y que suponen modificaciones de un tan amplio como diversificado elenco de normas, que quizá podrían haberse segregado en otros tantos proyectos de leyes que fueran objeto de la tramitación parlamentaria ordinaria”, dice el organismo, que habitualmente ha afeado a los Ejecutivos autonómicos el uso de la ley de acompañamiento como cajón de sastre. A su vez, el Jurídic recuerda que “el Consell de la Generalitat Valenciana deberá introducir progresivamente la enseñanza del valenciano en los territorios de predominio lingüístico castellano, y favorecerá cuantas iniciativas públicas y privadas contribuyan a dicho fin”.

Voto particular de tres consejeros

El pleno del Jurídic no plantea demasiadas objeciones más respecto al decreto de plurilingüismo, pero el dictamen recoge el voto particular de tres consejeros al respecto. Son Fernanda Lapresta, Javier de Lucas y Joan Carles Carbonell, nombrados por el ala progresista del parlamento autonómico. Los juristas piden a la Conselleria de Educación que se precise el marco de suspensión de los artículos, dado que lo contrario hace suponer una derogación. Sobre los derechos lingüísticos, los consejeros se preguntan si la norma es solo la suspensión de una obligación -la regulación de una exención- o debe entenderse como afectación a un derecho reconocido en el Estatut d'Autonomia.

Los juristas indican que la norma todavía en vigor, que aplica un programa único para el territorio con un mínimo del 25% de horas lectivas en valenciano, supone una uniformidad en el sistema educativo que ya contempla la incorporación paulatina de la lengua. El proyecto de Rovira da a los centros la posibilidad de pasar algunas asignaturas al castellano, algo que, para estos consejeros, “no parece suficiente para conseguir, no ya las previsiones de la legislación educativa de conseguir el dominio pleno y equivalente en la lengua castellana y, en su caso, en la lengua cooficial correspondiente- esto es, el valenciano-, sino fundamentalmente la previsión estatutaria contemplada en el artículo 6 del reconocimiento del derecho de todos los valencianos y las valencianas al conocimiento de ambas lenguas cooficiales”.

Además, argumentan: “Precisamente el hecho de residir en una comarca de dominio predominantemente castellano supone una dificultad considerablemente superior a la que puedan tener los residentes en zonas de predominio valenciano. Justamente por eso tendría que mantenerse en todo caso la enseñanza en valenciano al menos en el mismo nivel en todo el territorio de la comunidad. Por no incidir en que es justamente el hecho de no tener un contacto cotidiano e intenso con la lengua un motivo más que suficiente para intensificar su práctica y su enseñanza si se pretende un dominio adecuado de esta”. Para concluir, los juristas insisten en que “el Estatuto de la Comunidad Valenciana en su artículo 6 determina la cooficialidad del valenciano en todo el territorio de la Comunidad Autónoma y reconoce el derecho de todos los ciudadanos a su conocimiento en plenitud”.

La mayoría del pleno del CJC considera que la suspensión planteada por Educación no afecta al derecho de conocimiento del valenciano, pero los consejeros progresistas creen que eso no agota el debate sobre la cuestión. Así, plantean que cabe preguntarse si “afecta a la garantía del derecho que tienen todos los estudiantes de la Comunidad Valenciana, en condiciones de igualdad, a recibir la enseñanza en valenciano”. Y recalcan: “el Consell de la Generalitat Valenciana tiene la obligación jurídica por mandato estatutario de introducir progresivamente la enseñanza del valenciano en los territorios de predominio lingüístico castellano, y de favorecer cuántas iniciativas públicas y privadas contribuyen a este fin.”

Compatibilidad docencia y actividad política

El organismo también realiza algunas consideraciones sobre la posibilidad de que los altos cargos cobren por dar clase. En su dictamen, el Jurídic pide limitar las horas de compatibilidad de la docencia, concretar el salario que pueden percibir y que se realicen informes de incompatibilidades. El texto considera que “dado que se extiende la compatibilidad de la docencia no solo a la universitaria -con modalidades determinadas de docencia a tiempo parcial-, sino también a centros públicos o privados de selección y perfeccionamiento de empleados públicos, o de preparación para el acceso a la función pública, se estima que debería preverse, en estos últimos casos, la posibilidad de fijar un límite de horas a impartir en este tipo de centros, con la finalidad de garantizar que dicha actividad adicional no impida o menoscabe el estricto cumplimiento de sus deberes y obligaciones”.

El CJC sugiere que se prevea la existencia de “una previa resolución individualizada de compatibilidad o medida de control, que facilitará, además, la mayor transparencia”. Por otro lado, indica el texto, debería precisarse la distinción que se efectúa en el apartado 3 entre “actividad docente” y “de investigación”, así como el modo de computar el “30% de la retribución”, que actúa como límite cuantitativo; es decir, si se computa sobre la retribución anual, mensual o sobre las retribuciones brutas.

El Comité Económico y Social de la Comunitat Valenciana cuestiona la rebaja de horas de enseñanza de valenciano que plantea el bipartito de PP y Vox. El organismo consultivo ha emitido su dictamen sobre la ley de medidas fiscales, que pasará en breve por el debate parlamentario, y que incluye algunas modificaciones legislativas además de las reformas fiscales.

El documento del Ejecutivo autonómico suprime la obligatoriedad de una base del 25% de las asignaturas curriculares en valenciano en las zonas castellanohablantes, además de la obligatoriedad de impartir en valenciano como mínimo, otra área, materia o asignatura no lingüística curricular de carácter troncal o análoga. También modifica las obligaciones de tiempo curricular en primaria, secundaria y bachillerato y deroga la oficina de derechos lingüísticos.

El CES, en su informe, opina que “carece de justificación que la Administración educativa, con carácter universal, impida la formación del alumnado en uno de los dos idiomas de la Comunidad Valenciana, por el simple hecho de residir en ”términos municipales de predominio lingüístico castellano“. El organismo sostiene que la lengua valenciana ”forma parte indisoluble de la extraordinaria riqueza cultural del pueblo valenciano“ por lo que el Comité incide en que ”hay que adoptar todas las medidas necesarias para preservar y generalizar su pervivencia, uso y enseñanza en todo el territorio“ autonómico.

Además, el Comité reitera no dispone de documento que indique que esta medida, trascendental para la plantilla del profesorado de centros radicados en términos municipales de predominio lingüístico castellano, haya sido incluida en la correspondiente Mesa de Negociación de la Generalitat, cuestión que “obligatoriamente debe ser considerada”. Algunos consejeros consideran que la redacción de la norma genera inseguridad jurídica y critican que no se tenga en cuenta como “merece” la opinión del claustro en la elección de los programas educativos

El aspecto relativo al plurilingüismo es de los pocos puntos que tuvo que ser sometido a votación en el seno del consejo. Según consta en la resolución, la Confederación Empresarial Valenciana (CEV) emitió un voto particular para distanciarse de los sindicatos y otros agentes sociales. Pese a que la patronal “respeta y valora la riqueza lingüística de esta Comunitat y defiende la normal convivencia de las dos lenguas oficiales”, considera que “a la vista de que el plurilingüismo en nuestra Comunitat ha sido politizado e ideologizado en exceso (...) no desea posicionarse sobre este ámbito, como tampoco lo hizo cuando el proyecto plurilingüe fue implantado”.

El Tribunal Supremo ha emitido la providencia por la cual afirma que el Decreto de Plurilingüsimo no puede ser objeto de litigio por “la pérdida sobrevenida del objeto procesal, por el hecho de haberse derogado el Decreto de Plurilingüismo”.

Esta providencia ha sido hecha pública desde el departamento que encabeza Vicent Marzà asegurando que “reafirma los argumentos de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y no comparte los criterios de la sección cuarta del Tribunal Superior de Justicia de haber continuado sentenciando una normativa que ya estaba derogada por el Gobierno valenciano”. Así cabe destacar que el TSJCV ha llegado arechazar el archivo de 10 procedimientos contra este drecreto al considerar que, pese a estar derogado desde el mes de septiembre pasado, consideraba que “mantiene íntegra su vigencia”.

Esta conclusión la ha realizado la alta instancia judicial estatal en referencia al Decreto 9/2017 de Plurilingüismo respecto al cual, la sección cuarta del TSJCV, emitió una sentencia en abril de 2018 cuando hacía meses que había sido derogado por la Generalitat y no estaba en vigor.

Desde la Generalitat recuerdan que, además el criterio del Tribunal Supremo ha sido compartido y aceptado por la Fiscalía, y que coincide con la posición del Gobierno valenciano, indicado que el Decreto de Plurilingüismo, el 29 de diciembre de 2017, se queda sin objeto el litigio.

Así mismo desde el Consell se señala que en la providencia “se interpreta que la sección cuarta del TSJCV tendría que haber aceptado, desde ese momento, todas las peticiones de archivo que la Generalitat ha formulado en los diferentes procesos pendientes, alegando esta causa”.

Hay que recordar que el plurilingüismo educativo está regulado mediante la Ley de Plurilingüismo aprobada el 14 de febrero de 2018 en Les Cortes Valencianas.

Cabe recordar también que el TSJCV planteó el pasado mes de marzo una cuestión de inconstitucional frente al decreto-ley 3/2017 al entender que este mantiene el modelo lingüístico sobre el uso del valenciano en las enseñanzas no universitarias recogido en el decreto 9/2017 que había sido suspendido por el Alto Tribunal meses antes.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha declarado la nulidad parcial del decreto de plurilingüismo que establece el modelo lingüístico educativo valenciano a raíz de un recurso presentado por varios colectivos de padres, por entender que se vulneraba su derecho de elección de lengua de escolarización.

La Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Alto Tribunal afirma en la sentencia que el contenido del decreto supone “una discriminación del castellano frente al valenciano en las aulas”. Así dicta que “la inmersión lingüística tiene cabida siempre que exista oferta alternativa de enseñanza sostenida con fondos públicos en la que se utilice como vehicular cada una de las lenguas cooficiales”, “sin que la línea castellana sea una mera apariencia”, y que este extremo se incumple en la Comunitat Valenciana, vulnerando con ello varios artículos de la Constitución.

Añade que “si esas son las obligaciones que impone la Ley a los poderes públicos (en España a las Comunidades Autónomas), obviamente, debe existir el correlativo derecho a exigirlas, en nuestro caso, estimamos que los padres o tutores son los primeros destinatarios de ese derecho, por tanto, debe existir una oferta alternativa razonable y proporcionada para los padres que quieran que sus hijos estudien en castellano puedan optar a ella”.

Por tal motivo, concluye que este derecho de los padres no puede ser sustituidos ni por la Administración ni por el Consejo Escolar ni por las Asociaciones de Padres. “La mejor forma de ajustar la demanda de los padres y la oferta de la Administración es dejarles que opten primero y organizar los PLC (Proyectos Lingüísticos del Centro) en función de su elección”.

En contra señala el TSJCV que el decreto este derecho de elección “no existe como derecho individual”, puesto que “los padres entre el 22 y 29 de mayo de 2017 tuvieron que elegir centro con el programa plurilingüe aprobado, además, prácticamente no podían elegir centro”. Así concluye que “el sistema actual, desde el prisma del derecho de los padres o tutores a elegir que sus hijos tengan como lengua vehicular el castellano es manifiestamente insuficiente, a lo que se une la práctica imposibilidad de elegir centro al no ser la lengua vehicular criterio de preferencia, extremo en el que se produce una nueva vulneración de la legislación autonómica, estatal y la Constitución”.

Polémica de la derogación

El TSJCV insiste en su premisa en que el decreto de plurilingüismo está “formalmente” derogado por la nueva ley, no obstante insiste el tribunal en que “sus efectos se prolongaban en el tiempo por haberlo asumido el Decreto ley 3/2017, de 1 de septiembre, del Consell por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación, durante el curso 2017/2018 de los proyectos lingüísticos de centro (PLC)” y por Ley valenciana 4/2018 (disposición transitoria segunda) aprobada en febrero,que regula y promueve el plurilingüismo en el sistema educativo valenciano.

Desde el tribunal también se advierte que ya ha dictado cinco sentencias que resuelven en el mismo sentido los recursos interpuesto contra el decreto de plurilingüismo, y que el decreto ley aprobado en septiembre, a punto de comenzar el curso, se llevó adelante “para esquivar la orden del TSJ que obligaba a mantener el modelo anterior”.

Por esta argumentación el TSJCV aprobó hace unas semanas plantear un recurso de inconstitucionalidad ante el TC. Por su parte desde la Conselleria de Educación se insistía en que el decreto está derogado y que no afecta al alumnado.

La Conselleria de Educación ha informado este miércoles de que el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que plantea una cuestión de inconstitucionalidad sobre el decreto ley 3/2017 “no afecta al alumnado” ni a los centros, porque dicho decreto está derogado.

La sección cuarta de lo Contencioso Administrativo considera que la norma, aprobada por el Consell en septiembre, no hace sino mantener el modelo lingüístico sobre el uso del valenciano en las enseñanzas no universitarias recogido en el decreto 9/2017, suspendido por el Alto Tribunal meses antes.

Educación ha recordado que este decreto ley está derogado desde la entrada en vigor de la Ley de Plurilingüismo que se publicó en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV) el pasado 21 de febrero.

Por tanto, señala que el acuerdo del TSJCV es una decisión del tribunal que no afecta, en ningún caso, ni al alumnado valenciano, ni a sus familias, ni al funcionamiento normalizado de los centros educativos.

La Conselleria de Educación defiende asimismo que la Generalitat ha cumplido en todo momento con aquello que ha dictaminado el TSJCV en referencia a la normativa sobre plurilingüismo.

Recuerda que el Decreto ley se impulsó por parte de la Generalitat y se ratificó a Les Corts Valencianes para cumplir con las determinaciones judiciales del TSJCV en relación a la ejecución de la suspensión cautelar del Decreto de plurilingüismo 9/2017 (un decreto que también está derogado) y para garantizar a la vez el inicio de curso con normalidad.

Educación añade que el mismo preámbulo del Decreto ley señalaba que era el resultado de la urgente necesidad para cumplir con las determinaciones judiciales y garantizar la normalidad del inicio de curso 2017-2018, “como así fue”.

Manifiesta además que el decreto ley ya incluía las observaciones que el TSJCV hacía sobre igualar horas lectivas en inglés así como para continuar aplicando la normativa vigente anterior al decreto 2017.

Actualmente los centros disponen de una nueva ley propuesta por diferentes grupos parlamentarios y aprobada por amplia mayoría en Les Corts Valencianes, que “supera y deroga las normativas anteriores y da un paso adelante en la apuesta real y efectiva por el aprendizaje de todos los niños y niñas del inglés, el castellano y el valenciano”, añaden las mismas fuentes.

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha rechazado la petición de la Generalitat Valenciana para que se archivaran los diez procedimientos judiciales. Así afirma la Sala de lo Contencioso Administrativo que pese a que el decreto está derogado y que se ha aprobado uno nuevo, “mantiene íntegra su vigencia”, y asegura que “mantiene los mismos efectos que el día que se dictó, a pesar de existir cuatro autos de la Sala ordenando la suspensión cautelar con efecto inmediato, en concreto, desde el 23 de mayo de 2017”.

La Administración autonómica entendía que la derogación de la citada norma, que establece el modelo lingüístico educativo valenciano y regula su aplicación en las enseñanzas no universitarias de la Comunidad, suponía su desaparición del ordenamiento jurídico y por tanto hacía innecesaria la continuación de los pleitos por “carencia sobrevenida de objeto”.

Pero en su auto, la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo, recuerda que el decreto ley aprobado por el Consell en septiembre por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación, durante el presente curso de los proyectos lingüísticos de centro “mantiene en su mayor parte los efectos del decreto derogado”.

A este respecto, los magistrados explican que “para salvar el escollo que suponían la existencia de las tres primeras resoluciones incumplidas, se dictó el Decreto Ley Decreto ley 3/2017, de 1 de septiembre, del Consell, por el que se adoptan medidas urgentes para la aplicación, durante el curso 2017-2018, de los proyectos lingüísticos de centro. El Decreto Ley 3/2017, al asumir los proyectos lingüísticas de centro resultantes de la aplicación de la regulación del Decreto 9/2.017, mantiene en su mayor parte los efectos del Decreto derogado”.

La Sala, basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremo y del Constitucional, concluye que, en la medida que “el Decreto derogado mantiene íntegra su vigencia, y por tanto, sigue desplegando sus efectos –ultraactividad-” es necesario el pronunciamiento de este Tribunal en las causas aún pendientes de resolución.

La decisión de la Sala supone que se mantiene abierta la vía para plantear cuestión de inconstitucionalidad sobre el Decreto Ley 3/2017, al entender que pretendía impedir la ejecución de los autos de suspensión, tal y como solicitó la Diputación de Alicante.

No afecta al alumnado

Ante esta interlocutoria del TSJCV desde la Generalitat Valenciana se ha afirmado que “el Decreto de Plurilingüismo 9/2017 se derogó el 29 de diciembre de 2017 en Pleno del Consejo”, y que el Decreto ley del 1 de septiembre de 2017 “está también derogado con la entrada en vigor de la Ley de Plurilingüismo que se ha publicado hoy, jueves 21 de febrero, al DOGV”. Por ello asegura el Gobierno valenciano que ninguno de los dos decretos referidos por el tribunal “existen ya” y que “están los dos derogados”.

Con todo la Generalitat ha concluído que la decisión del TSJCV de continuar el proceso rechazando la petición de archivo “es una decisión del tribunal que no afecta, en ningún caso, ni al alumnado valenciano, ni a sus familias, ni al funcionamiento de los centros educativos”.

Amb la típica brega que caracteritza aquests temes s'ha aprovat aquest dimecres la llei de plurilingüisme presentada per PSPV, Compromís i Podemos després que el TSJ suspenguera un punt del decret de la conselleria de Vicent Marzà.

Els populars, que han rebutjat la proposta, han aprofitat per a acusar al Consell de catalanista i independentista. “Això és l'inici del procés valencià”, ha dit la diputada Beatriz Gascó, que a més ha acusat el projecte de “franquista” i de ser “una dictadura lingüística”. La diputada s'ha enredat amb el seu homòleg de Compromis Josep Nadal, a qui ha dirigit les acusacions. A més, els populars han amenaçat l'Executiu que “si fan el mateix, tindrà les mateixes conseqüències”, en referència a la judicialització del decret i insisteixen que atempta contra la llibertat d'elecció.

Al franquisme ha al·ludit també Josep Nadal per a retraure al PP un model monolingüe que predomina fins i tot en els mitjans de comunicació. “La nostra llengua va estar proscrita i perseguida durant la llarga nit del franquisme”, ha expressat, per a posar en valor la nova normativa que dóna més presència al valencià en les aules.

“Volem que tots els xiquets i xiquetes dominen les dues llengües oficials i un idioma estranger. No volem una educació segregadora i amb privilegis com la del PP”, ha enunciat en la seua intervenció la socialista Ana Besalduch.

L'objectiu de la llei és dotar de major protagonisme a la pedagogia, que els xiquets aprenguen llengües i afavorir el coneixement en valencià, especialment en aquelles zones on l'ecosistema lingüístic no ho permet, i generar igualtat d'oportunitats.

Con la típica bronca que caracteriza estos temas se ha aprobado este miércoles la ley de plurilingüismo presentada por PSPV, Compromís y Podemos después de que el TSJ suspendiera un punto del decreto de la consellería de Vicent Marzà.

Los populares, que han rechazado la propuesta, han aprovechado para acusar al Consell de catalanista e independentista. “Esto es el inicio del procés valenciano” ha dicho la diputada Beatriz Gascó, que además ha acusado al proyecto de “franquista” y de ser “una dictadura lingüística”. La diputada se ha enzarzado con su homólogo de Compromis, Josep Nadal, a quien ha dirigido las acusaciones. Además, los populares han amenazado al Ejecutivo com que “Si hacen lo mismo, tendrá las mismas consecuencias” en referencia a la judicialización del decreto e insisten en que atenta contra la libertad de elección.

Al franquismo ha aludido también Josep Nadal para reprochar al PP un modelo monolingüe que predomina incluso en los medios de comunicación. “Nuestra lengua estuvo proscrita y perseguida durante la larga noche del franquismo” ha expresado, para poner en valor la nueva normativa que da más presencia al valenciano en las aulas.

“Queremos que todos los niños y niñas dominen las dos lenguas oficiales y un idioma extranjero. No queremos una educación segregadora y con privilegios como la del PP” ha enunciado en su intervención la socialista Ana Besalduch.

El objetivo de la ley es dotar de mayor protagonismo a la pedagogía, que los niños aprendan lenguas y favorecer el conocimiento en valenciano, especialmente en aquellas zonas donde el ecosistema lingüístico no lo permite, y generar igualdad de oportunidades.

El nou programa d'educació plurilingüe comença a debatre's. PSPV, Compromís i Podem han presentat aquest dimecres en les Corts el projecte educatiu per a fomentar el valencià. Els socis del Botànic han adaptat el model que va promoure el conseller d'Educació, Vicent Marzà, i que el PP ha intentat tombar en els tribunals amb diversos recursos.

El primer decret, suspès cautelarment, és ja història. La conselleria va crear una norma de rang superior per a salvar el curs present i els tres partits que recolzen al Govern van presentar aquesta iniciativa parlamentària. El nou model elimina el principal aspecte conflictiu del seu antecessor, substituint l'aprenentatge per nivells per percentatges d'ensenyament en cada llengua.

Un canvi que no resulta suficient para PP i Ciutadans, que segueixen considerant-lo un “xantatge” lingüístic i una forma d'adoctrinament pròpia de partits independentistes, asseguren els populars. L'encarregada de defensar posició, Beatriz Gascó, ha insistit que hi ha “sectarisme, manipulació i engany a les famílies. Sota l'anunci d'una norma plurilingüe es veu tota una obra d'enginyeria social per a imposar el valencià”. En la mateixa línia s'ha manifestat la diputada de Ciutadans Mercedes Ventura, la qual ha considerat que és una norma que “adoctrina”.

L'objectiu de la norma, segons ha explicat Josep Nadal, de Compromís, és apostar per la pedagogia, que els xiquets aprenguen llengües i afavorir el coneixement en valencià, especialment en aquelles zones on l'ecosistema lingüístic no ho permet, i generar igualtat d'oportunitats. “El que fem és evitar conflictes si som conscients que aprendre llengües és positiu”, ha defensat. Davant les acusacions de Gascó, el diputat ha recriminat: “Em dóna la sensació de que tenen un problema i és el poc respecte que tenen a la llengua dels valencians. És una vergonya perquè més que temes pedagògics vénen a demostrar el seu valenciafòbia”.

El tràmit parlamentari ha tirat endavant amb els vots del PSPV, Compromís, Podem i els quatre diputats no adscrits que van eixir de Ciutadans.

La Conselleria de Educación ha propuesto la derogación del decreto 9/2017 de plurilingüismo que suspendió el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) y que fue sustituido por un decreto ley el pasado mes de septiembre, según ha informado este departamento.

Dicha propuesta consta en el orden del día de la reunión de la mesa sectorial que se celebrará el próximo jueves con los sindicatos, ha informado STEPV.

Este decreto no llegó a aplicarse porque fue suspendido por el TSJCV tras un recurso de la Diputación de Alicante, y el pasado 8 de septiembre las Corts aprobaron un decreto ley que establece los programas plurilingües aplicables en el primer curso del segundo ciclo de Educación Infantil (las aulas de 3 años), y en las unidades de Infantil de 2 años.

Además, actualmente se está tramitando una proposición de Ley de Plurilingüismo, que fue presentada el pasado 29 de septiembre por los portavoces parlamentarios del PSPV-PSOE, Compromís y Podemos-Podem, que sustituirá a ambos decretos.

En caso de efectuarse la derogación propuesta por la Conselleria de Educación, los recursos judiciales pendientes alrededor de dicho decreto decaerían.

Al respecto, STEPV ha expresado su rechazo a esta derogación, por entenderla una decisión precipitada.

“Se propone derogar un decreto que será derogado por la Ley que está en trámite. La única explicación que tiene es el cierre de todos los recursos judiciales pendientes contra el decreto suspendido por el TSJCV”, han señalado desde el sindicato.

Para STEPV “dar por perdida la batalla judicial no es aceptable, ya que el propio TSJCV sólo ha anulado la disposición adicional quinta del decreto, que establece las certificaciones de lenguas, pero mantiene en vigor el resto del decreto”.

Estas decisión del TSJCV, han agregado, está recurrida ante el Supremo, órgano que todavía no se ha pronunciado, por lo que “se deberían agotar los tiempos judiciales hasta que no se publique la ley que igualmente derogará el decreto 9/2017”.

La Confederació Catòlica de Pares d'Alumnes (Concapa) a la Comunitat Valenciana ha instat, mitjançant Concapa Nacional, al secretari d'Estat Marcial Marín a que els serveis jurídics del Ministeri d'Educació “estudien amb caràcter d'urgència el decret llei 3/2017 sobre plurilingüisme per a procedir a sol·licitar al Tribunal Constitucional, amb el suport dels diputats i/o senadors necessaris, la seua anul·lació per ser contrari a l'ordenament jurídic”.

L'entitat també reclama al secretari d'Estat que “ratifique o desmentisca les declaracions de membres de l'equip de govern de la Conselleria d'Educació de la Generalitat Valenciana en les quals afirmen el seu coneixement i conformitat amb el decret de plurilingüisme com a contrapartida a la col·laboració del Consell al pacte educatiu estatal”.

Concapa Comunitat Valenciana reitera, en un comunicat, la seua postura “en defensa de l'elecció de les famílies i la seua oposició al fet que siguen usurpats pels governants, utilitzant sense mesura ni respecte de les atribucions que per excés s'atorguen”.

El ministeri, centre d'atenció

La lluita dels sectors més conservadors contra el decret de plurilingüisme s'està centrant en aquests moments en les competències del Ministeri d'Educació. Així la presidenta del PP valencià, Isabel Bonig, ja ha concretat una cita amb el ministre Íñigo Méndez de Vigo, cita que aquest no ha concedit a la resta de portaveus parlamentaris, tampoc als dels grups que conformen el Consell.

El decret de plurilingüisme, malgrat estar suspès parcialment pel TSJCV, segueix el seu camí amb la convalidació divendres passat del decret-llei en els Corts amb 50 vots de suport dels partits progressistes i amb l'oposició del PP, mentre Cs va preferir abandonar la votació.

La Confederación Católica de Padres de Alumnos (Concapa) en la Comunitat Valenciana ha instado, mediante Concapa Nacional, al secretario de Estado Marcial Marín a que los servicios jurídicos del Ministerio de Educación “estudien con carácter de urgencia el decreto ley 3/2017 sobre plurilingüismo para proceder a solicitar al Tribunal Constitucional, con el apoyo de los diputados y/o senadores necesarios, su anulación por ser contrario al ordenamiento jurídico”.

La entidad también reclama al secretario de Estado que “ratifique o desmienta las declaraciones de miembros del equipo de gobierno de la Conselleria de Educación de la Generalitat Valenciana en las que afirman su conocimiento y conformidad con el decreto de plurilingüismo como contrapartida a la colaboración del Consell al pacto educativo estatal”.

Concapa Comunitat Valenciana reitera, en un comunicado, su postura “en defensa de la elección de las familias y su oposición a que sean usurpados por los gobernantes, utilizando sin mesura ni respeto las atribuciones que por exceso se otorgan”.

El ministerio, centro de atención

La lucha de los sectores más conservadores contra el decreto de plurilingüismo se está centrando en estos momentos en las competencias del Ministerio de Educación. Así la presidenta del PP valenciano, Isabel Bonig, ya ha concretado una cita con el ministro Íñigo Méndez de Vigo, cita que éste no ha concedido al resto de portavoces parlamentarios, tampoco a los de los grupos que conforman el Consell.

El decreto de plurilingüismo, pese a estar suspendido parcialmente por el TSJCV, sigue su camino con la convalidación el pasado viernes del decreto-ley en les Corts con 50 votos de apoyo de los partidos progresistas y con la oposición del PP, mientras Cs prefirió abandonar la votación.

El nou decret de plurilingüisme per als alumnes d’Infantil s’aprovarà aquest divendres. Una setmana després que el conseller d’Educació, Vicent Marzà, anunciara aquesta nova normal, les Corts convalidaran amb els vots favorables del PSPV, Compromís i Podem les mesures urgents de la Conselleria per a l’inici de curs.

El text íntegre del decret s’ha publicat aquest dimarts en el Diari Oficial de la Generalitat (DOGV), encara que divendres ja se’n van avançar els aspectes substancials en roda de premsa. En el decret es poden consultar els nivells corresponents a cada centre, que es basen en el que va decidir el consell escolar al seu dia. “El decret llei permet donar normalitat a l’inici de curs”, ha assenyalat el conseller.

El Partit Popular i Ciutadans han anunciat que votaran en contra del decret i que, a més, prendran mesures legals. D’una banda, des de la formació taronja, tant la seua portaveu, Mari Carmen Sánchez, com la diputada per Alacant, Marta Martín, han anunciat que acudiran al Defensor del Poble per demanar que es pronuncie sobre el decret. La representant de C’s en el Congrés considera que el “decretàs” del conseller “elimina la possibilitat de defensa davant dels tribunals”, excepte la petició d’un recurs d’empara al Constitucional. Per això, considera que comporta “un ús polític d’un instrument jurídic” i, a la pràctica, “una eliminació de la separació de poders”.

D’altra banda, des del PP asseguren que estudiaran la nova norma i “totes les vies legals”, fet que inclou demanar al Govern que porte el decret al Constitucional, ja que el decret llei només és impugnable per aquesta via o per la suma de 50 diputats o senadors en contra. La líder popular, Isabel Bonig, considera la mesura del Consell un “atemptat contra la llibertat” i que les declaracions de Marzà en què demana no impugnar el decret “recorden més altres règims que una democràcia”.

Els partits que donen suport al Govern valencià demanen a la líder popular i a la de Ciutadans que deixen de “sembrar el caos” i no convertisquen la derogació de l’anterior decret per part del Tribunal Superior de Justícia en l’apocalipsi.

El conseller de Educación, Vicent Marzà, ha dicho este martes que los directores de los centros educativos han manifestado a la Conselleria que no han recibido por parte de las familias “ni dudas ni quejas” sobre la aplicación del decreto de plurilingüismo, sino que por el contrario están “tranquilos”.

Marzà ha señalado a los periodistas durante una visita de Vila-real (Castellón) que el pasado lunes mantuvieron una reunión con los directores de centros -que son a su juicio “los que están en el día a día”- y les manifestaron que estaban “tranquilos” y “agradecidos” con que se hubiera dado “una solución” al decreto de plurilingüismo.

El conseller ha indicado que el decreto ley aprobado el pasado viernes por el pleno del Consell y que entra este martes en vigor da “respuesta” a las familias, a las asociaciones y también a la organización de los centros, que afrontan su aplicación “con toda la tranquilidad”.

“Esa es nuestra preocupación, no tenemos otra”, ha afirmado el conseller, quien ha indicado que el Ministerio de Educación “está al corriente” y conoce el decreto ley sobre plurilingüismo porque se lo han presentado.

Dar seguridad al inicio de curso

Ha reivindicado que la nueva norma ha sido pensada para “dar respuesta a las resoluciones judiciales y sobre todo dar seguridad al inicio de curso”, y ha insistido en que el decreto ley afecta al 5 % del conjunto del alumnado, mientras que el 95 % restante “seguirá haciendo lo que hacía, con toda la normalidad del mundo”.

El conseller ha indicado finalmente que el 5 % al que afecta el decreto ley, que son los niños de 3 años que entran nuevos en los centros educativos, cuenta ya con unas “directrices claras”.

El Decret de Plurilingüisme en l'educació valenciana serà el tema central que abordarà la presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, amb el ministre d'Educació, Íñigo Méndez de Vigo. Així ho ha anunciat Bonig després d'assistir a la Junta Directiva Nacional del PP, on ha coincidit tant amb Méndez de Vigo com amb Rafael Catalá, ministre de Justícia.

Des del PPCV s'explica que la reunió tindrà lloc “després de les decisions adoptades pel Consell” i que el TSJCV suspenguera part del Decret de Plurilingüisme aprovat pel Consell perquè “un gran nombre d'alumnes podrien veure els seus drets disminuïts en relació a l'acreditació d'idiomes”, segons entenen els populars.

En la seua conversa amb el Ministre de Justícia, Rafael Catalá, Isabel Bonig explica que ha comentat la informació donada a conèixer pel TSJCV confirmant que la Generalitat no ha presentat cap escrit en el qual sol·licite aclariment sobre com ha d'executar-se l'acte que establia la suspensió cautelar del decret de plurilingüisme i l'aplicació de la normativa anterior.

La trobada entre Bonig i Méndez de Vigo podria donar un gir a la postura del ministeri respecte del Decret de Plurilingüisme. Així cal destacar que en la Conselleria d'Educació, dirigida per Vicent Marzà, entenen que el decret està avalat pel ministeri, que va acceptar els aclariments realitzats per la Conselleria després de la amenzada d'acudir als tribunals i que, fins a ara encara no s'ha produït.

El Decreto de Plurilingüismo en la educación valenciana será el tema central que abordará la presidenta del PP de la Comunitat Valenciana, Isabel Bonig, con el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo. Así lo ha anunciado Bonig tras asistir a la Junta Directiva Nacional del PP, donde ha coincidido tanto con Méndez de Vigo como con Rafael Catalá, ministro de Justicia.

Desde el PPCV se explica que la reunión tendrá lugar “tras las decisiones adoptadas por el Consell” y de que el TSJCV suspendiera parte del Decreto de Plurilingüismo aprobado por el Consell porque “un gran número de alumnos podrían ver sus derechos disminuidos en relación a la acreditación de idiomas”, según entienden los populares.

En su conversación con el Ministro de Justicia, Rafael Catalá, Isabel Bonig explica que ha comentado la información dada a conocer por el TSJCV confirmando que la Generalitat no ha presentado ningún escrito en el que solicite aclaración sobre cómo debe ejecutarse el auto que establecía la suspensión cautelar del decreto de plurilingüismo y la aplicación de la normativa anterior.

El encuentro entre Bonig y Méndez de Vigo podría dar un giro a la postura del ministerio respecto del Decreto de Plurilingüismo. Así cabe destacar que en la Conselleria de Educación, dirigida por Vicent Marzà, entienden que el decreto está avalado por el ministerio, que aceptó las aclaraciones realizadas por la Conselleria tras la amenzada de acudir a los tribunales y que, hasta ahora todavía no se ha producido.

La líder dels populars valencians, Isabel Bonig, ha sigut l'encarregada de clausurar junt amb el president del Govern, Mariano Rajoy, la Interparlamentaria que el PP ha celebrat aquests dies a Alboraia. En el seu discurs, centrat en fortes crítiques al Consell del Botànic, ha ocupat una part destacada la política educativa de la Generalitat i el decret de plurilingüisme. Així, després de l'aprovació aquest divendres en el ple del Consell d'un decret llei per a eludir la resolució del TSJCV, Bonig ha afirmat que “cap ardit legal” va a parar al PP.

La dirigent popular ha tornat a apel·lar a la llibertat dels pares per a triar el tipus d'educació (en referència a la concertada) i de llengua en la qual volen que estudien els seus fills i ha anunciat que van a estudiar “tots els instruments legals” per a aconseguir que es complisca la sentència del Tribunal Superior de Justícia que va anul·lar el decret de plurilingüisme, que ha qualificat de “xantatge” que al seu judici “amagava la immersió lingüística”. “La sentències judicials es respecten sempre”, ha dit.

La presidenta del PPCV també ha criticat que l'Executiu valencià haja destinat 384 milions d'euros al sector públic instrumental o 55 milions en 2017 i 120 en 2018 a la reobertura de la televisió pública valenciana “per a fiscalitzar i atacar al PP i impregnar amb la seua ideologia als valencians, intentant adoctrinar-los”. “Si no hi ha diners per res, tampoc per a açò”, ha prosseguit.

Així mateix, ha responsabilitzat al Govern de Rodríguez Zapatero de l'infrafinançament de la Comunitat Valenciana, “va ser al juliol de 2009 quan es va aprovar un model que ens marginava, però els que ara parlen llavors callaven o fins i tot votaven a favor”.

Finalment, Bonig ha recomanat a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, qui el divendres demanava als amos del restaurant on se celebra la Interparlamentària que tancaren les portes perquè el PP “es va sense pagar”, que no es preocupe, doncs el PP “sempre paga les seues factures”, i que pague el que deu en dependència o als centres d'ocupació.

La líder de los populares valencianos, Isabel Bonig, ha sido la encargada de clausurar junto al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, la Interparlamentaria que el PP ha celebrado estos días en Alboraia. En su discurso, centrado en fuertes críticas al Consell del Botànic, ha ocupado una parte destacada la política educativa de la Generalitat y el decreto de plurilingüismo. Así, tras la aprobación este viernes en el pleno del Consell de un decreto ley para eludir la resolución del TSJCV, Bonig ha afirmado que “ninguna artimaña legal” va a parar al PP.

La dirigente popular ha vuelto a apelar a la libertad de los padres para elegir el tipo de educación (en referencia a la concertada) y de lengua en la que quieren que estudien sus hijos y ha anunciado que van a estudiar “todos los instrumentos legales” para lograr que se cumpla la sentencia del Tribunal Superior de Justicia que anuló el decreto de plurilingüismo, que ha calificado de “chantaje” que a su juicio “escondía la inmersión lingüística”. “La sentencias judiciales se respetan siempre”, ha dicho.

La presidenta del PPCV también ha criticado que el Ejecutivo valenciano haya destinado 384 millones de euros al sector público instrumental o 55 millones en 2017 y 120 en 2018 a la reapertura de la televisión pública valenciana “para fiscalizar y atacar al PP e impregnar con su ideología a los valencianos, intentando adoctrinarlos”. “Si no hay dinero para nada, tampoco para esto”, ha proseguido.

Así mismo, ha responsabilizado al Gobierno de Rodríguez Zapatero de la infrafinanciación de la Comunitat Valenciana, “fue en julio de 2009 cuando se aprobó un modelo que nos marginaba, pero los que ahora hablan entonces callaban o incluso votaban a favor”.

Por último, Bonig ha recomendado a la vicepresidenta del Consell, Mónica Oltra, quien el viernes pedía a los dueños del restaurante donde se celebra la Interparlamentaria que cerraran las puertas porque el PP “se va sin pagar”, que no se preocupe, pues el PP “siempre paga sus facturas”, y que pague lo que debe en dependencia o a los centros de empleo.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, ha acusado este viernes al Consell de haber aprobado en el pleno de este viernes un decreto ley “en contra de lo que ha dicho” el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) valenciano “para evitar que los padres puedan elegir la lengua” en que educar a sus hijos.

La dirigente popular se ha pronunciado así en su intervención en la Interparlamentaria que el PP celebra este viernes en Alboraia, donde ha hecho referencia al decreto ley sobre plurilingüismo aprobado hoy por el pleno del Consell para aplicar en Infantil de 3 años y en las aulas experimentales de 2 años.

Además, la portavoz de Educación del grupo popular en las Corts Valencianes, Beatriz Gascó, ha acusado al conseller del ramo, Vicent Marzà, de “reírse” del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) con un decreto-ley de plurilingüismo que ha calificado de “vergonzosa triquiñuela sin precedentes” para “burlarse” de la resolución del alto tribunal que suspendía cautelarmente el anterior.

“Marzà se ríe del TSJCV con una treta política para eludir las decisiones de los tribunales”, ha asegurado la diputada del PP, para quien el conseller “solo quiere engañar”. “La prueba evidente de que con este texto no se vuelve al decreto de 2012, y que por tanto desobedece el auto judicial, es que siguen posibilitando que en infantil no se dé ni una sola hora de inglés, cuando el decreto de 2012 recogía un tiempo mínimo de una hora. Es decir, sigue aplicando el decreto del chantaje lingüístico suspendido”, ha sostenido.

Gascó ha indicado que con este decreto “consigue burlar al TSJCV porque ahora solo puede ser el Gobierno central o la suma de 50 diputados o senadores quienes recurran”. A su juicio, el TSJCV “incomoda al Gobierno valenciano y han buscado la fórmula para que la justicia no entorpezca sus planes de adoctrinamiento”.

“Pero no sólo se ríen de la justicia, también se burlan de toda la comunidad educativa con un texto que nadie conoce. Se ríe de los padres y docentes que han presentado recursos a la norma del chantaje lingüístico además de negar a las familias la posibilidad de poder seguir defendiendo legítimamente sus intereses y derechos”, ha insistido.

“Cabezonería” de Vicent Marzà

Para la portavoz popular del PP, “este decreto es una cabezonería y tomadura de pelo de Marzà, que ha esperado cuatro meses para seguir con su desobediencia a las decisiones judiciales” y le ha acusado de generar “un caos en todos los centros educativos. Hoy nadie conoce el texto del decreto”. “No sabemos qué intenta ocultar, posponiendo la norma hasta el último momento con esta actuación tan opaca”, ha manifestado.

En esta línea, ha incidido en que todo el procedimiento de admisión “está viciado desde el inicio porque las familias han elegido centro educativo en base a un chantaje. Ahora no se soluciona esa coacción porque no se da la posibilidad a las familias de elegir. Seguimos donde estábamos y son muchas las incógnitas que siguen encima de la mesa: qué va a pasar con los proyectos experimentales, con los libros de texto, los centros que avanzaron la aplicación del decreto”.

“Modelo sectario”

“Pase lo que pase, Marzà continúa aplicando la hoja de ruta de Compromís, que tiene como objetivo conseguir imponer un modelo de educación único, sectario, que adoctrine a nuestros jóvenes en la imposición del nacionalismo, la misma hoja de ruta del independentismo catalán”, ha considera, y ha lamentado que el 'Plan B' de Marzà “sigue la misma lógica y tácticas que el Plan B de desconexión de Cataluña, con urgencia por decreto ley y a quien no le guste que busque otra comunidad autónoma”.

Beatriz Gascó ha advertido de que desde el PP seguirán “velando por los derechos de las familias. Aquí no se trata de poner en cuestión si se está a favor o en contra de una lengua u otra. Todos apostamos por un modelo plurilingüe. Lo que se pone en cuestión es un tema de derechos y de libertades para coaccionar a las familias, para imponer un modelo. Es una vergüenza que los dirigentes de Compromís traten de saltarse a la torera las resoluciones judiciales”.