Zaida estuvo oficialmente casada en Barcelona durante cuatro años, hasta que consiguió separarse de su marido. Pero el suyo no fue un matrimonio libre. A los 20 años, mientas estudiaba Bachillerato en su país, Marruecos, su padre la obligó, entre amenazas y agresiones, a aparejarse con un amigo suyo que vivía en la capital catalana. “Le aseguraron que podría estudiar y trabajar, pero fue lo contrario: su vida se convirtió en una cárcel”, relata Siham El Kafroune, una de las técnicas de la asociación Valentes i Acompanyades, que la atendió y le ofreció uno de sus pisos para emergencias cuando ella accedió a denunciar a la que ya es su expareja. 

El de Zaida es uno de los casos recientes de enlaces forzados en los que ha intervenido esta entidad radicada en Girona, Valentes i Acompanyades, una de las pocas en España que trabaja en prevención, detección y acompañamiento de víctimas de estos matrimonios. A pesar de ser un delito penado con cárcel, cada año se registran casos, a menudo incluso con menores de edad involucradas. 

El más dramático esta vez, que ha puesto de nuevo el foco sobre estas prácticas, ha sido el de una niña de 14 años de Navarra que fue obligada por sus padres a casarse con uno de 35 en Lleida, y que fue liberada por la Guardia Civil. La juez archivó el caso al declarar la niña que su situación era voluntaria, pero la Fiscalía ha recurrido la decisión. En la memoria de quienes luchan contra esta forma de violencia están Arooj y Aneesa Abbas, dos hermanas pakistanís asesinadas en 2022 por no querer seguir con sus matrimonios de conveniencia. 

El alcance de los matrimonios forzados, incluidos los infantiles, es difícil de radiografiar, según las voces que conocen bien esta lacra. A nivel estatal, el Ministerio del Interior solo cuenta los que incluyen delitos de trata, es decir, en los que hay intimidación y violencia para captar y trasladar a una mujer con este fin. En 2024 fueron ocho. En Catalunya, sin embargo, los Mossos d’Esquadra poseen registro de todas las denuncias por enlaces concertados, que suman 235 en los últimos quince años. Más de 100, menores.

El año que afloraron más denuncias fue 2012, con 26. El de menos es 2025, con tan solo una, aunque los datos podrían ser provisionales, pero el siguiente sería 2024, con siete. La cifra da cierta esperanza a los encargados de la prevención y de la aplicación de protocolos como el que puso en marcha la Generalitat en 2014. 

Pero aun así, expertas como El Kafroune alertan de que las que llegan a las comisarías de policía son solo una parte de las que lo sufren. Incluso de las que atienden en Valentes i Acompanyades, a quienes a menudo contactan víctimas, familiares o profesionales como docentes o médicos para trasladar indicios de matrimonios forzados. Solo en 2024 recibieron más de 300 consultas, de las que 142 acabaron en atención directa: ya sea asesoramiento jurídico, apoyo psicológico o acogida residencial. 

“Las denuncias que llegan a los Mossos son la punta del iceberg, una parte muy pequeña del problema”, constata Alba Alfageme, experta en violencias machistas y autora del informe La realidad de los matrimonios forzados en Catalunya. Explica esta académica que las mujeres, sobre todo si son menores de edad, lo tienen muy difícil para romper con el mandato familiar de casarse. Más aún si ello supone enfrentarse sus propios progenitores y señalarlos. “Muchas acaban aguantando la situación para no generar dolor en los demás, o a veces buscan caminos alternativos como huir”, afirma. 

La práctica del matrimonio forzado hunde sus raíces en tradiciones culturales de ciertas regiones y comunidades, no tanto de países o religiones concretas, según refieren las expertas. En todo el planeta se estiman 68 millones de enlaces de niñas este siglo, según Unicef, mayoritariamente en África subsahariana y de Asia del Sur (sobre todo, India). En Catalunya, las nacionalidades más habituales de quienes pasan por Valentes, además de la española, son la pakistaní, la marroquí, la senegalesa o la gambiana. “No es que en esos países promuevan esta violencia, sino que tiene más que ver con tradiciones de algunos de sus pueblos o regiones, igual que ocurre en India”, expone Alfageme. 

El Kafroune constata que muchas de las niñas y jóvenes sometidas a esta obligación son ya nacidas y criadas aquí. “Es un problema que forma parte de nuestra sociedad”, afirma, para luego añadir que cuentan también con casos procedentes de sectas. 

Hacer aflorar los matrimonios forzados no es sencillo. A Zaida, fue la psicóloga de un centro de salud la que intuyó su situación. “Vio el terror con que contestaba a algunas de sus preguntas y activó por protocolo a los Mossos”, explica la técnica de Valentes. A partir de ahí, la derivaron a la entidad para ayudarla a recoger sus pertenencias de casa y trasladarla a un piso de emergencia. También la acompañaron a poner la denuncia por violencia machista. “Los primeros meses sufría ansiedad, ataques de pánico, no podía dormir… Incluso desarrolló un trastorno alimentario porque su marido le decía que estaba demasiado delgada, demasiado gorda…”, relata.

Cuando son adolescentes, los indicios pueden llegar a través del instituto. Puede que ellas mismas manifesten a algún docente que su familia les enseña fotos de hombres como futuros maridos, o les hace propuestas de matrimonio, algo de lo que ellas recelan. También levantan sospechas algunos viajes al país de origen de los progenitores, sobre todo cuando son repentinos. “Si nos enteramos intentamos actuar rápido, a veces con la policía, pero la joven debe verbalizarlo”, señala El Kafroune. 

Lo que suele frenar a la mayoría de víctimas es el rechazo familiar. “Se trata de denunciar a tus padres, asumiendo que supone la ruptura directa no solo con tu familia, sino con tu comunidad; se pueden llegar a sentir huérfanas o parias”, afirma Alfageme. Estas adolescentes, argumenta, viven entre dos mundos, el de la tradición familiar y el que se encuentran en el instituto, y tratan de “hacer las paces” con ambos. Una forma de escapar de estos compromisos que no cuentan con su consentimiento, añade la experta, es a hacerse valer académicamente y sacar buenas notas para defender en su casa otro horizonte vital. 

En lo que coinciden tanto Alfageme como El Kafroune es que los protocolos funcionan y la sensibilización entre los profesionales de la Administración está dando frutos. En las denuncias donde figura la procedencia, que son 83, el 50% salieron de las propias víctimas y el resto, sobre todo de profesionales públicos: docentes, servicios sociales y policía.

El 24% de las chicas entre 15 y 19 años que han estado en una relación ha sufrido violencia física o sexual por una pareja masculina a lo largo de su vida, según un estudio global de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El texto publicado hoy en The Lancet Child & Adolescent Health revela menos violencia contra las chicas en países con mayores ingresos, tasas más altas de niñas en educación secundaria y más igualdad de género en leyes de propiedad de bienes o sucesiones. Aunque España se sitúa en el grupo de prevalencia más baja, un 12% de adolescentes reportan estas violencias, según datos de 2015.

El estudio ha utilizado datos recopilados entre el 2000 y 2018 para dar por primera vez una visión global en la que destaca una gran variabilidad entre países y regiones. Las más peligrosas para las adolescentes son Oceanía (47%) y África subsahariana central (40%), mientras que las tasas de violencia más bajas se registran en Europa central (10%) y Asia central (11%). En los extremos se encuentran Georgia, con un 6%, y Papúa Nueva Guinea, donde la mitad de las adolescentes (49%) han sufrido violencia por parte de sus parejas varones.

“La violencia infligida por la pareja empieza a una edad alarmantemente temprana para millones de mujeres jóvenes de todo el mundo”, resume Pascale Allotey, directora del Departamento de Salud Sexual y Reproductiva e Investigaciones Conexas de la OMS. La violencia durante estos “años críticos” de formación puede causar “daños profundos y duraderos”, advierte Allotey, que recomienda “tomar [la violencia sexual temprana en la pareja] más en serio como un problema de salud pública”.

A pesar de las cifras tan elevadas de violencia —y eso que no recoge la violencia psicológica—, el estudio deja un resquicio de esperanza. Esa es la opinión de María Pilar Matud Aznar, catedrática de Psicología en la Universidad de la Laguna en declaraciones al Science Media Centre: “La alta variación entre regiones, así como la asociación de la violencia en la pareja con los factores contextuales del país, indican que es una violencia que puede ser prevenida y erradicada”.

Recomendaciones para erradicar la violencia

La OMS tira de las orejas a los Estados, pues ninguno “está en vías de eliminar la violencia contra las mujeres y las niñas” para la “fecha límite de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de 2030”. Estas situaciones de discriminación tienen grandes efectos nocivos, sobre todo en edades tempranas: desde el menoscabo en la salud al mal rendimiento escolar o valores perniciosos interiorizados que afectarán a relaciones futuras. Sobre la salud, la OMS advierte que estas situaciones aumentan la probabilidad de lesiones, depresión, trastornos de ansiedad, embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual (ITS), entre otros.

Para la organización, atajar estas violencias es una “necesidad urgente” y su solución pasa por reforzar los servicios de apoyo y prevención precoz. Además, los Estados deben promover la capacidad de acción y los derechos de las mujeres y niñas desde programas escolares que eduquen tanto a los niños como a las niñas sobre relaciones sanas y prevención de la violencia, hasta protección jurídica y capacitación económica, afirma la OMS. Inciden en este último punto: “Dado que muchas adolescentes carecen de recursos económicos propios, pueden tener dificultades especiales para abandonar relaciones abusivas”.

Para Matud Aznar, la receta para reducir las cifras globales de violencia de género está en los factores diferenciales entre Estados: “Los países deberían proporcionar educación secundaria a todas las chicas, garantizar la igualdad de derechos de propiedad para las mujeres, eliminar las normas de género discriminatorias y erradicar prácticas nocivas como el matrimonio infantil”, afirma.

La Guardia Civil ha localizado a una menor de 13 años de edad que había sido casada forzosamente y estaba embarazada de 12 semanas. El marido ha sido detenido, al igual que los padres de la menor.

El cuerpo informa de que se trata del segundo embarazo de la menor, ya que sufrió un aborto anteriormente, debido a malformaciones en el feto.

La operación se ha desarrollado dentro de las actuaciones que la Guardia Civil viene desarrollando para erradicar la trata de seres humanos, cuando tuvieron conocimiento a través de la Fiscalía de Menores que una niña de tan solo trece años de edad había sufrido una interrupción voluntaria del embarazo por una grave malformación en el feto.

Por tal motivo, los agentes iniciaron gestiones para conocer el estado actual de la menor, así como para poder localizarla, averiguando que la niña se encontraba nuevamente embarazada.

Los agentes pudieron constatar que la menor había sido captada a través de redes sociales en marzo de 2023 con la finalidad de contraer un matrimonio concertado con un varón residente en la localidad de Moral de Calatrava (Ciudad Real).

Por tal motivo, se activó el protocolo de desamparo de menores con carácter de urgencia, haciéndose cargo de la menor la Consejería de Bienestar Social de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.

El hombre ya ha sido detenido por un delito de trata de seres humanos, por el matrimonio forzado, así como por un delito de agresión sexual.

Igualmente, han sido detenidos los padres de la menor y los padres del varón por otro delito de trata de seres humanos con fines de matrimonio forzoso, matrimonio infantil concertado.

La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de Ciudad Real. Las diligencias han sido puestas en conocimiento del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Valdepeñas y de la Fiscalía de Menores.

La de Sara es una historia real, a pesar de que su nombre no lo sea. Como niña nacida en Santa Ana, ciudad de El Salvador, desde pequeña su familia le dijo que no podía estudiar, que su único futuro sería el de quedarse en casa, casarse y formar una familia, al igual que hizo su abuela, su madre y sus hermanas mayores. Sin embargo, ese no era el destino que Sara quería para su vida y, por ello, comenzó a participar en los programas educativos que ofrecía Unicef en su ciudad. “Empezó a participar en uno de los programas para prevenir la violencia y, en especial, la violencia sexual en las escuelas, en el que se trabaja para empoderar a las niñas y para crear nuevas masculinidades con los niños para que puedan tener relaciones no violentas y, así, romper los estereotipos de género. Lo hizo porque no estaba de acuerdo con lo que su familia quería para ella. Se impuso a su familia y dijo que quería seguir estudiando”, explica a este periódico Begoña Arellano, representante de Unicef en el país, quien confiesa que “probablemente” desde pequeña Sara ha sido víctima de violencia.

Más tarde, la joven comprobó que además de estudiar, le apasionaba el mundo del deporte, en concreto, el atletismo. “Es tan buena deportista que es la campeona de su departamento (Estado o región) en un montón de pruebas”, indica Arellano. Gracias a ello, Sara ha ganado una beca para poder seguir estudiando y entrenando en la escuela y ha logrado que su familia le apoye en su sueño. “Al final sus padres le han animado a que siga estudiando y su abuela le ha dicho que se siente muy orgullosa de ella. Si sigue mejorando le darán la oportunidad de ir a la capital o al extranjero a seguir luchando por su sueño”, señala Arellano un par de semanas después de haber escuchado el relato de Sara frente a un grupo de niñas y niños de la escuela de Santa Ana en la que la ONG colabora para inspirarles y motivarles para que sigan estudiando.

“Es una gran satisfacción comprobar que con una pequeña ayuda que hacemos podemos llegar a cambiar la mentalidad de la gente en lo relacionado con la violencia, la violencia sexual, los embarazos adolescentes o las uniones tempranas. Es algo muy cultural y tratamos de romper ese círculo”, detalla Arellano. Su función en la oficina de Unicef en El Salvador se basa en supervisar y coordinar todos los programas de las distintas áreas de salud, higiene, protección de niños y niñas, educación y políticas sociales que tiene la ONG en el país. Según explica, El Salvador es uno de los países con mayor índice de violencia del mundo. La violencia se produce en los hogares y las escuelas, pero también en las comunidades y hasta en las instituciones, y la población más afectada son los menores de edad, que son víctimas de abuso sexual, en el caso de las niñas, pero también de los niños, a los que además las pandillas o maras reclutan privándoles de su libertad.

Es una gran satisfacción comprobar que con una pequeña ayuda que hacemos podemos llegar a cambiar la mentalidad de la gente en lo relacionado con la violencia, la violencia sexual, los embarazos adolescentes o las uniones tempranas

Cerca de 2.000 niños encarcelados por el estado de excepción

Actualmente, El Salvador se encuentra en un estado de excepción desde el pasado 27 de marzo, a raíz del cual han quedado suspendidas las libertades constitucionales de reunión, asociación, inviolabilidad de la correspondencia y telecomunicaciones, además del derecho a la defensa. Según las autoridades policiales, bajo el régimen de excepción se han detenido a más de 34.500 supuestos pandilleros. “El Gobierno está tratando de luchar contra las pandillas y es un asunto complejo que ha reformado algunas leyes, como la de justicia penal juvenil”, detalla Arellano. Con los recientes cambios en la ley penal juvenil del país, los niños, niñas y adolescentes que sean condenados por cometer un delito como parte de un grupo delictivo y que tengan entre 12 y 15 años de edad podrían enfrentarse a hasta 10 años de prisión. Los mayores de 16 años podrían enfrentarse a hasta 20 años de prisión. Los cambios legislativos permiten que estos niños, niñas y adolescentes permanezcan detenidos hasta que se dicte sentencia firme y limitan la posibilidad de que sus sentencias sean modificadas o anuladas. Ninguna de estas medidas se ajusta a las disposiciones vinculantes de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que El Salvador es parte. “Es una cosa totalmente contraria a todos los estándares de derechos humanos. No sabemos ahora mismo cuántos niños están detenidos, pero según estimaciones puede ser entre 1.500 y 2.000. Estamos trabajando para que se mejoren sus condiciones de internamiento, también para que puedan tener asistencia médica y psicológica dentro de los centros donde están internados, que no cumplen las mínimas condiciones debido a que están totalmente saturados. Son centros en los que antes había 100 o 150 chicos y ahora hay 500”, critica la responsable de Unicef.

Tanto Unicef como otras organizaciones se han posicionado en contra de esta medida y han exigido al Gobierno de El Salvador, liderado por Nayib Bukele, a que revise los cambios en la ley penal juvenil para que los derechos de los menores prevalezcan incluso en estados de excepción. “De acuerdo con la Convención sobre los Derechos del Niño, la detención sólo debe utilizarse como medida de último recurso y durante el menor tiempo posible. Encarcelar a los niños, niñas y adolescentes no proporciona un entorno que mejore su desarrollo ni promueve su reintegración como miembro positivo de la sociedad. La detención afecta a su salud y bienestar, y las pruebas demuestran que el encarcelamiento aumenta las posibilidades de que abandonen la escuela y cometa un delito más adelante en su vida, perpetuando así los ciclos de violencia, exclusión y pobreza. Las medidas no privativas de libertad son mucho más rentables que la detención y generan mejores resultados para los propios niños, niñas, adolescentes y la sociedad en general. Todo niño, niña y adolescente debe estar protegido frente a la detención”, indica Unicef en un comunicado hecho público poco después de instaurarse el estado de excepción en el país.

“Las medidas punitivas por sí solas no resolverán la violencia de las pandillas. Los niños, niñas y adolescentes pueden ser víctimas de violencia tanto por parte de las pandillas como siendo miembros de estas. Pueden ser reclutados y pueden ser utilizados. En los últimos años, El Salvador ha realizado importantes avances para proteger a los niños, niñas y adolescentes y garantizar sus derechos con políticas sociales centradas en la infancia y con inversiones en programas de educación y desarrollo de la primera infancia que han demostrado prevenir la violencia. Se puede ir más allá: trabajar con las comunidades para promover interacciones seguras y positivas que eviten su reclutamiento en las pandillas. Se trata de empoderar a la niñez y adolescencia para crear una cultura de paz”, concluye el documento.

La crisis educativa es palpable y genera una gran brecha en la sociedad. Esto, además de la violencia que hay en el país, hace que haya grandes flujos migratorios, ya que las personas ven en la migración su única oportunidad de subsistir

Escuelas cerradas por la COVID-19 y alta deserción escolar

Con este contexto, sumado a la pandemia, la labor de Arellano y su equipo para que los menores sigan estudiando resulta cada vez más complicada. Según explica, la pandemia ha dejado visible la alta tasa de deserción escolar que hay en el país. Al cerrar las escuelas durante más de un año -a día de hoy aún no es obligatorio asistir al colegio para evitar contagios de coronavirus- muchos menores optaron por dejar de estudiar. Para evitar que esto ocurriera, desde Unicef trabajaron de forma conjunta con el Ministerio de Educación para crear plataformas online, dotar a los menores de ordenadores para que pudieran seguir estudiando desde casa e instruir a profesores para que adquieran habilidades digitales. “La crisis educativa es palpable y genera una gran brecha en la sociedad. Todavía no han vuelto a la escuela cinco días a la semana, porque no es obligatorio. Es una gran pérdida de capital humano en un país en el que su mayor riqueza son las personas, ya que no hay recursos naturales como para vivir de ellos. Esto, además de la violencia que hay en el país, hace que haya grandes flujos migratorios, ya que las personas ven en la migración su única oportunidad de subsistir”, lamenta Arellano.

Las escuelas están abiertas, pero al no haber finalizado la pandemia de la COVID-19 sigue sin ser obligatorio acudir a ellas. Arellano confía en que el próximo curso académico se celebre con “total normalidad”, sin embargo, indica que “se han visto las deficiencias que hay en infraestructuras en un país en el que hay 6 mil escuelas y 900 de ellas no tienen agua ni saneamiento”. “Es muy difícil volver a la escuela y tratar de prevenir la COVID-19 en esas condiciones”, reconoce.

Con el objetivo de mejorar la situación de los menores que han tenido que hacer un parón en sus estudios durante la pandemia, desde Unicef y otras ONG, han creado un sistema para nivelar habilidades en el que los niños se pueden reinsertar en el sistema educativo cursando dos cursos en uno. “Está pensado para aquellos niños y niñas que han dejado la escuela y quieren regresar, para menores migrantes y para desplazados internos que huyen de las maras y pandillas”, señala.

“Son procesos muy largos, porque cambiar la mentalidad y la visión de la gente en temas tan complejos y culturales se tarda mucho tiempo y es muy difícil lograr un resultado”, reconoce Arellano. Para ella, lo más duro de su trabajo es que las cosas no salgan como lo había esperado. “Es muy duro ver que chicos que han participado en estos procesos terminan siendo reclutados por las maras y no tienes éxito en el proyecto. O cuando ves que la gente se ve obligada a salir del país porque no tiene oportunidades aquí cuando lo bueno sería que tuvieran las oportunidades en su país sin tener que salir de él”. Es por ello que, para Arellano y su equipo, historias como la de Sara, cuyo nombre real no se incluye en este artículo para salvaguardar su intimidad, suponen una gran satisfacción, ya que les hacer ser conscientes de que su trabajo, pese a los obstáculos y las adversidades que se encuentran por el camino, puede llegar a transformar vidas.

En barrio del Raval de Barcelona se concentra gran parte de la población pakistaní de la ciudad, la mayoría proveniente de Gujrat, la misma ciudad que vio nacer y morir a Arooj y Anisa, las jóvenes que fueron asesinadas el viernes pasado por oponerse a sus matrimonios forzados. La cara de estas dos jóvenes es casi omnipresente en el local de la ACESOP, la asociación cultural de mujeres pakistaníes de Barcelona, con sede en este barrio barcelonés.

Las fotografías de las hermanas se mezclan con carteles multicolor en los que se leen lemas como “el amor por encima de la violencia” o “tu familia no debe escoger a tu pareja”. Los han elaborado las mujeres pakistaníes que conforman esta asociación, que hoy ha protagonizado la primera protesta pública condenando el asesinato de las jóvenes. “Las mujeres de mi país tienen mucho miedo, ¿por qué crees que no se han hecho actos hasta hoy? Porque no nos permiten alzar la voz”, se lamenta Huma Janshed, fundadora de la asociación.

ACESOP está formado por una quincena de voluntarias, “mujeres valientes que se atreven a romper las cadenas”, asegura Janshed. Y es que, según apunta, las pakistaníes no suelen integrarse en las sociedades a las que migran ni aprenden el idioma. Eso no es por otra cosa que por miedo. “Temen occidentalizarse y perder sus valores culturales. Pero ese miedo no es suyo, sino que les es impuesto por sus maridos, que saben que si salen de sus casas, serán más difíciles de controlar”.

Es por ese temor a perder el poder sobre sus mujeres, que las familias pakistaníes siguen impulsando el matrimonio forzado, sobre todo, según afirman desde ACESOP, para mantener cerca a las jóvenes que ya han nacido en Europa, las que se han “empoderado más”. Son ellas, las que se dan cuenta de que estas uniones forzadas van en contra de sus derechos, quienes protestan. Pero la protesta puede acabar en asesinato, como en el caso de Arooj y Anisa.

“Vamos a alzar tanto la voz, que no dejaremos que maten a ninguna más. ¿Quién es mi primo para decidir con quién me tengo que acostar?”, se pregunta Janshed, quien llama a la desobediencia de sus compatriotas. “¿Si Dios nos hizo libres, por qué tenemos que aguantar patadas y empujones?”, cuestiona, emocionada y con la voz quebrada, ante las decenas de mujeres que han participado en el acto.

Aisladas ante la violencia

La protesta ha sido protagonizada por mujeres de diversas nacionalidades, entre ellas un grupo de estudiantes norteamericanas de la Universidad de Washington que se encuentran en Barcelona realizando una beca. “Venimos de la facultad de Estudios Internacionales y queríamos entrar en contacto con asociaciones de derechos para las mujeres. Cuando supimos de Arooj y Anisa, vinimos a ACESOP”, cuenta Kate. “Tenemos derechos que cualquiera debería tener. Queremos ayudar a que todas las mujeres del mundo sean libres”, añade Martha, una compañera suya, mientras sostiene uno de los carteles.

Y es que el matrimonio forzado no es solo propio de la comunidad pakistaní, sino que se da en diversos lugares como China, Turquía, Gambia o Afganistán. De este país viene Adeeba, quien asegura que el asesinato de las jóvenes hermanas “es noticia porque vivían en Terrassa. Pero esto pasa cada día. En muchos lugares, matar una mujer es como matar una hormiga”.

Adeeba vivió esa misoginia en sus propias carnes durante los 20 años que estuvo casada con un marido que la pegaba. Pero la gota que colmó el vaso llegó cuando su hija quiso ir a Pakistán a visitar a un amigo de su clase. “Mi marido llamó a su hermano y le pidió que reservara el billete de avión para que, en lugar de ir con su amigo, volara a Afganistán. Y una vez allí, le rogó que la violara y la matara porque no quería una hija que hubiera sido tocada por alguien que no fuera afgano”, recuerda.

Esta mujer pudo dejar a su marido y escapar. Cosa que no siempre pueden hacer todas las mujeres. De hecho, a ACESOP llegan cada semana diversas mujeres víctimas de violencia machista o matrimonios forzados. “Las acompañamos a poner denuncia a los Mossos d'Esquadra, pero las retiran enseguida y nunca vuelven con nosotras”, se lamenta Saher, mediadora cultural y voluntaria de la asociación. Y es que, según cuenta, muchas mujeres reciben amenazas, no sólo contra su vida, también contra la de sus madres y hermanas si no retiran las denuncias.

Sabedoras de este grado de violencia, en ACESOP tienen incluso camas para que las mujeres puedan quedarse, en caso de que tengan que “desaparecer” del radar de sus maridos y familiares. “Están en una situación muy vulnerable porque se les niega la posibilidad de hacer amigas fuera de sus casas. Están muy solas”, señala la Saher. Por eso, se lamenta de que muchas mujeres querrían acercarse a la asociación, pero no pueden. “Los maridos no ven bien que vengan, muchas lo hacen a escondidas”, explica. De hecho, la asociación es mixta, pero a penas hay hombres. “No quieren venir”, dice la voluntaria, quien también imparte clases de inglés de manera gratuita.

Preguntada sobre si cree que el asesinato de las hermanas puede estigmatizar todavía más a la sociedad pakistaní, Saher responde de manera directa. “No. No es estigmatizar si es cierto que tenemos una sociedad tremendamente machista que no nos deja ser libres”, se lamenta, apretando contra sí un ramo que le han traído vecinas del Raval que se han acercado a mostrar sus respetos a la memoria de las jóvenes Arooj y Anisa.  

Arooj y Anisa tenían 20 y 24 años cuando, el viernes, fueron asesinadas por miembros de su familia en Gurjat, su ciudad natal en Pakistan. Las hermanas vivían en la localidad barcelonesa de Terrassa junto a sus padres, fueron casadas con sus primos, en un matrimonio concertado por la familia –del que, aunque hay indicios, se desconoce si fue forzado–. Su muerte vino de mano de sus hermanos y sus maridos, que las estrangularon y dispararon, porque se atrevieron a pedir el divorcio.

Según han declarado a EFE fuentes de la policía de Gurjat, las jóvenes viajaron a Pakistán “engañadas”. Creían que iban a pasar unas vacaciones, pero el objetivo del viaje era reencontrarse con sus maridos, que se habían quedado en el país asiático, y poder así llevarlos con ellas a Europa, apuntan las mismas fuentes. Ambas se negaron y, después de manifestar su deseo de poner fin al matrimonio, fueron asesinadas. 

El hermano y tío de las víctimas han confesado el crimen, según la policía local, que ha declarado que las hermanas fueron “asesinadas por honor”. Ahora la investigación queda en manos de la policía pakistaní. El padre de las jóvenes ha ido a prestar declaración ante los Mossos d'Esquadra en Terrassa, a raíz de que la Fiscalía encargara a la policía catalana abrir diligencias de investigación para aclarar si la familia de las jóvenes que sigue viviendo en España participó de algún modo en los hechos que derivaron en su muerte, según ha publicado El País. El cuerpo no ha querido confirmar si está participando o no en las pesquisas.

La realidad del matrimonio forzado en España es desconocida. Según los datos del Ministerio del Interior facilitados a elDiario.es, las fuerzas de seguridad del Estado han conocido de 2015 a marzo de 2022 un total de 27 “hechos” de matrimonio forzado en España en base a lo establecido por el Código Penal, que castiga de forma específica este delito. 

Asimismo, el Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO) ha contabilizado 14 víctimas de trata con fines de matrimonios forzados entre 2016 y 2020, otro delito que, además de coacciones, incluye alguna de las acciones de la trata (la utilización de captación, transporte, traslado, acogida o recepción de una persona), utilizando algún medio ilícito (como engaño, amenazas, intimidación, uso de la violencia), con el objetivo de someter a una persona, generalmente a una mujer, a casarse en contra de su voluntad. Sin embargo, solo en Catalunya, la cifra es mayor: los Mossos d’Esquadra han detectado indicios de 59 casos relacionados con uniones forzadas, debido a que cuentan con un protocolo específico para frenar este tipo de casamientos.

Una realidad “muy poco detectada”

Los matrimonios forzosos son una práctica arraigada en comunidades de distintos países del mundo que afecta muy especialmente a mujeres y niñas. Según ONU Mujeres, 12 millones de niñas y adolescentes son obligadas a casarse en el mundo. “El fenómeno no se extiende a toda la población pero sí se lleva a cabo en determinadas comunidades de países como China, India, Pakistán, Turquía, Irán, Afganistán, Bangladesh, Irak, Marruecos, Senegal, Gambia o Níger, entre otros. En un contexto de globalización, multiculturalidad y migraciones, los matrimonios forzados también aparecen en Europa”, apunta la red No Acepto, que aglutina a 70 organizaciones con el objetivo de visibilizar este tipo de violencia machista en España, bajo la coordinación de la Federación de Mujeres Progresistas. 

Estas organizaciones especializadas advierten de sus sospechas de que las cifras oficiales no reflejen la totalidad de los matrimonios forzados existentes en España, pues se trata de una realidad “invisibilizada”, “infradenunciada” y “muy poco detectada”, explica Marta González Manchón, coordinadora de sensibilización e incidencia política de Proyecto Esperanza Adoratrices. El hecho de que esta forma de violencia machista provenga del ámbito familiar, el miedo a romper con redes comunitarias y la falta de sensibilización aumentan los obstáculos a la identificación de los casamientos impuestos en España, añade.

“Son casos muy complicados porque suele haber una implicación de la familia cercana y de la comunidad. Estas mujeres, algunas adolescentes, están en una situación muy complicada. No quieren contraer ese matrimonio pero, por otro lado, se ven empujadas a elegir entre huir de su familia y aislarse de su comunidad o someterse a un matrimonio con todo lo que supone”, dice González Manchón, que desde su organización apoyan en concreto a las víctimas de trata con fines de matrimonio forzado. 

Así lo apuntan también desde la Unidad Central de Atención a la Víctima del cuerpo de los Mossos d’Esquadra. La caporal Andrea García, jefa de la unidad, explica que, en diversas ocasiones, han tenido conocimiento de un matrimonio forzado a raíz de una denuncia por desaparición. “Al investigar, vemos que la razón tras la desaparición es que la joven había huido de su hogar para no tener que enfrentarse a un casamiento obligado, sabiendo además que, de negarse, es muy posible que su familia la repudiara”, apunta la agente.

El contexto social en que viven estas jóvenes hace que sea muy poco frecuente que presenten denuncias. Así, aunque muchas “piden ayuda para no ser obligadas a casarse, no quieren interponer una denuncia porque no quieren empujar a sus familiares más cercanos a una condena o un procesamiento”, señala González Manchón. La falta de sensibilización afecta en que las víctimas o los familiares de estas no conciban el matrimonio forzoso como un delito. “Se trata de una práctica cultural, asociada a creencias religiosas mal entendidas, que hace que muchas chicas vean estos matrimonios como una muestra de amor de sus familias”, explica la caporal García.

Según la agente, hay diversos casos de uniones forzadas que se han detectado a raíz de denuncias de violencia física por parte de los maridos. “Vienen a denunciar otra cosa, sin ser conscientes de que también son víctimas de otro delito”, apunta. 

Sensibilización ante el silencio

Ante las dificultades para denunciar, es clave la detección por parte del entorno de las posibles víctimas y una mayor información sobre este tipo de violencia contra las mujeres. Según un informe de la red No Acepto, los profesionales denuncian “barreras” para detectar y prevenir estos casos, como “el desconocimiento de los códigos culturales” que se dan en las comunidades, el miedo de las mujeres afectadas por el rechazo de su comunidad, así como la falta de recursos y protocolos de actuación creados a nivel institucional para este tipo de casos. “Se ha modificado nuestro código penal, tipificando los matrimonios forzados, pero no existen medidas reales y recursos a los que puedan acceder las mujeres y las niñas”, critica Yolanda Bastiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progesistas, en el documento. 

“Debería haber protocolos para que en el entorno educativo, sanitario y social se pueda estar muy atentas y atentos para detectar indicios y saber actuar”, sostiene la miembro de Proyecto Esperanza. “Antes de que ocurra, por ejemplo, hay que estar alerta si una chica joven expresa presión por parte de su familia respecto a la posibilidad de tomar una decisiones sobre su vida, como si continúa sus estudios o no; el rechazo hacia sus relaciones de pareja. También se consideran señales de alarma si la chica expresa situaciones de un gran control familiar por parte de los padres o hermanos”. 

El protocolo de Catalunya

La red de organizaciones No Acepto destaca como buena práctica el protocolo existente en Catalunya, llevado a cabo por la Unidad Central de Atención a la Víctima, bajo el mando de la caporal García. Este protocolo lleva en marcha desde 2009 y atiende cualquier caso de violencia machista, incluyendo el matrimonio forzado. Desde 2018 han detectado 59 casos gracias, sobre todo, a las labores de sensibilización que realizan entre diferentes agentes sociales, como escuelas o Servicios Sociales.  

“Se dan charlas de prevención, también a niñas y adolescentes, para que conozcan los indicadores de este tipo de violencia y que, si creen que son víctimas, pidan ayuda”, explica la caporal García, quien añade que también han formado a profesores sobre qué hacer y a quién dirigirse en caso de notar comportamientos extraños. Así, según cuentan desde el cuerpo, muchos casos de matrimonio forzado se han podido evitar porque algunas niñas han explicado en la escuela que tenían que viajar de manera “inminente” a sus países de origen. 

En estos casos, desde los Mossos d’Esquadra se inicia una investigación y, si se cuenta con los indicios adecuados, se pide al juzgado una retirada cautelar del pasaporte de la potencial víctima y de su familia, así como una prohibición temporal de salir de territorio español hasta que se aclaren los hechos. 

Esta es la solución más extrema, pero, en caso de que se tenga más tiempo para actuar, los Mossos inician un proceso de sensibilización, acompañados de asociaciones del mismo país de origen, para que ayuden a los agentes a “entender la cultura y tradición de la familia y, a su vez, puedan comunicar a la familia desde ese entendimiento que el matrimonio forzado es un delito”, explica la caporal García. Después de realizar estas acciones de prevención, el cuerpo hace un seguimiento para garantizar que la unión no deseada no llega a realizarse. “Por suerte, la mayoría de alertas que nos llegan no se materializan”, asegura la agente. 

“Dar el paso tiene mucho valor”

Cuando las potenciales víctimas de matrimonio forzado llegan a organizaciones especializadas, su situación es de gran vulnerabilidad. “Tienen mucho conflicto emocional, mucho miedo a las represalias y consecuencias. Son chicas jóvenes a las que el hecho de desobedecer una orden familiar las sitúa fuera de su marco familiar”, apunta González Manchón, del Proyecto Esperanza. “Están rompiendo con todo y tienen miedo de sufrir un daño físico y una gran incertidumbre sobre el futuro”. Por ello, es necesario contar con herramientas para atenderlas no solo a corto plazo. 

“Las que dan el paso son mujeres muy fuertes y determinadas y, a pesar de todo esa ruptura, le da fuerza la claridad de saber que quieren poder decidir sobre su vida, poder continuar trabajando, estudiar, desarrollarse a nivel personal. Denunciar tiene un valor increíble”, añade.  

Uno de los casos atendidos por Proyecto Esperanza en los últimos años es el de Naima (18 años) y Malika (20 años). Las hermanas, de nacionalidad española y de origen marroquí, vivían en España con sus padres hasta que, hace unos años, toda la familia se mudó a Inglaterra. Durante su estancia allí tejieron su red de amistades y conocieron a dos chicos con los que iniciaron una relación. Tras un tiempo en Inglaterra, el padre organizó un viaje a Marruecos para, supuestamente, pasar allí las vacaciones. 

“Una vez en Marruecos, el padre de Naima y Malika les retira el pasaporte y los teléfonos móviles y les dice que tienen que contraer matrimonio con unos primos suyos. Para asegurarse de que no van a huir las encierra en la casa y controla todos sus movimientos. Los pasaportes son custodiados por él todo el tiempo”, cuentan desde la organización. Naima y Malika, a través de un teléfono móvil que tenían escondido, consiguieron ponerse en contacto con una persona cercana a Malika en España, le explican la situación y piden ayuda para escapar, según el relato de la organización. Finalmente, el matrimonio impuesto por el padre no llegó a celebrarse. Naima y Malika consiguieron escapar y viajar a Inglaterra.

Los detenidos por vender a una menor de 12 años para saldar una deuda de 4.000 euros han subido a siete. A las tres personas arrestadas en A Coruña se suman otras cuatro en Córdoba, incluidas la madre de la niña y su pareja. La Policía Nacional ha concretado este lunes algunos detalles de la operación, como que se les imputa, además de un delito de trata de seres humanos, otro de detención ilegal y un tercero de abuso sexual continuado. Para todos ellos se han decretado medidas privativas de libertad.

La investigación policial empezó en la ciudad andaluza y llevó hasta A Coruña, en donde se encontraba la menor, que, según las averiguaciones, había sido entregada por su familia para saldar una deuda que había contraído otra. Agentes de la Policía Nacional de Córdoba recibieron información en marzo de un posible matrimonio forzado. Según las primeras indagaciones, la menor fue obligada a mantener relaciones sexuales y celebrar una ceremonia, tras la que fue trasladada fuera de la ciudad. Fue localizada en A Coruña, en donde se identificó a los miembros de la familia que supuestamente la compró.

Los agentes organizaron un dispositivo de vigilancia y después entraron en el domicilio, en el barrio de Monte Alto, y lo registraron. Allí encontraron a la menor, que estaba retenida y que ahora está tutelada por la Xunta, y a tres de los detenidos. Dos de ellos ingresaron el pasado jueves en prisión. El tercero, que es menor de edad, pasó a disposición de la Fiscalía de Menores. De forma coordinada fueron arrestadas otras cuatro personas en Córdoba.

Garima, una estudiante de 16 años que vive en un pueblo del estado de Maharashtra (India), solía reunirse durante el confinamiento tres veces a la semana con sus amigas Chaaya y Shreya y varias compañeras más en una llamada de WhatsApp. Las adolescentes comenzaron a notar que Garima ya no se unía a la reunión. Su familia había decidido casarla con un chico de 22 años. “Supimos por otras chicas que estaba a punto de casarse y sus padres le prohibieron asistir a nuestra reunión de grupo”, dice Chaaya.

Se lo contaron a Suhana, una trabajadora comunitaria que brinda apoyo a 300 hogares en cuatro pueblos de la zona. Suhana fue a casa de Garima para hablar con sus padres, acompañada por las diez niñas del grupo. Les explicaron la importancia de seguir con los estudios y las consecuencias negativas del matrimonio para una niña menor de 18 años. Los padres decían que una boda en el confinamiento era menos costosa. El grupo visitó a diario a la familia durante diez días, pidiéndoles que cambiaran de opinión. Los padres accedieron a suspenderla. Respiraron aliviadas.

Solo en el estado de Maharashtra, donde vive Garima, los casos de matrimonio infantil se han duplicado desde el inicio de la pandemia hasta noviembre de 2020 en comparación con los del año anterior, según datos oficiales. A pesar de que la legislación india prohíbe casar a menores de 18 años, la práctica continúa en muchas partes de India.

Durante los meses de confinamiento en India, el segundo país que más infecciones de COVID-19 totales ha contabilizado después de EEUU, las autoridades pudieron evitar casi 6.000 casos de matrimonios infantiles a través de la línea telefónica oficial para prevenirlo. Pero se teme que muchos casos hayan pasado desapercibidos o no se hayan denunciado. La tendencia es similar en estados como Karnataka, Tamil Nadu y Orissa, donde los casos se han multiplicado, según informan los medios de comunicación y las organizaciones de la sociedad civil.

La pandemia amenaza años de progreso

Antes de la pandemia, India ocupaba el cuarto lugar entre los países del sur de Asia en prevalencia de matrimonios infantiles. El país había mantenido un cierto progreso en la reducción de los matrimonios precoces, si se observan las estadísticas oficiales. Sin embargo, se teme que la pandemia y su efecto devastador en las familias y la economía deshaga el trabajo de una década.

“En general, si se comparan los datos del Gobierno de 2015 -2016 y 2019, antes de la pandemia, la prevalencia global del matrimonio infantil estaba disminuyendo en general”, dice a elDiario.es Guruprasad Rao, director Nacional de la ONG Educo en India. A nivel mundial, el mayor avance en la última década también se había registrado precisamente en el sur de Asia. “Lo que nos tememos es que las crecientes dificultades económicas por la pandemia van a revertir probablemente el trabajo hecho hasta ahora”.

La práctica, que constituye una violación de los derechos de las niñas, hunde sus raíces en la pobreza, las normas sociales o los estereotipos de género. “Existe la creencia común de que una niña pertenece a otras familias después del matrimonio. Una vez casada, pasa a depender de su marido”, recuerda Rao, que indica que los principales casos que detectan se dan entre niñas de las comunidades rurales y empobrecidas, así como de las castas establecidas.

Lo que ha hecho la pandemia es agudizar las causas y añadir un nuevo conjunto de factores. Uno de los principales es el cierre de escuelas para evitar la propagación, pero el repunte también se explica por el aumento de la situación de pobreza, hambre, falta de empleo y pérdida de medios de vida.

“Los trabajadores migrantes que han regresado a sus casas por falta de empleo se han visto obligados a caer en la pobreza”, dice el responsable de Educo. “No hay duda de que la crisis cada vez más profunda que ha traído la pandemia está sometiendo a un estrés increíble a las familias que, ya antes, apenas sobrevivían. Es desolador”.

“Muchas han casado a sus hijas durante esta época, ya que se ven obligadas a liberarse de la carga de asumir la responsabilidad de la seguridad de sus hijas”, dice Rao. Además, “muchas de ellas aprovecharon el confinamiento como oportunidad para concertar el matrimonio, ya que había menos gente vigilando y el sistema gubernamental estaba centrado” en gestionar la crisis sanitaria. “Desde un punto de vista práctico, el matrimonio durante la pandemia era económicamente más barato, ya que asistían muy pocas personas. En un escenario normal, una boda es costosa y la gente pide préstamos enormes y se esfuerza por devolverlos”.

“Es difícil detener los matrimonios”

Detrás de las cifras hay historias como la de Garima, pero también como la de Jagriti, Deepika o Vinaya, una chica de 16 años que ya había abandonado los estudios para cuidar de sus hermanos y también dejó de acudir a las reuniones del grupo de adolescentes en un pueblo de Maharashtra. Durante el confinamiento, un chico siete años mayor que ella le propuso matrimonio. Waida, la organizadora comunitaria, se enteró del plan y habló con sus padres, que se ganan la vida en el campo. “Me dijeron: 'Tenemos cuatro hijas. No tenemos ningún hijo y somos pobres. Si casamos a Vinaya, tendremos menos carga”.

Waida acabó persuadiéndolos. Junto a su equipo, consiguió parar los matrimonios ilegales de dos o tres niñas, pero no logró detener otros cuatro o cinco. “Es difícil saber cuándo se está produciendo un matrimonio infantil y es difícil detenerlo, ya que se hace todo lo posible por ocultarlo”, dice Waida, que trabaja para la organización local Kalapandri, socia de Educo, que ha recopilado todos los testimonios.

Las líderes comunitarias también fueron fundamentales para detener la boda de Adya, cuya madre, agricultora y víctima de violencia machista, pensó que no había otra salida para su hija que casarla. Además, el pretendiente no quería dote y, con el confinamiento, no era necesario organizar un banquete. Tras varias visitas, lograron convencerla de que dejara seguir estudiando a Adya, que tiene 14 años.

La pandemia ha perturbado la lucha contra la práctica, principalmente por las limitaciones a la movilidad. Rao explica que en India la mayoría de los matrimonios infantiles se producen durante el verano, especialmente en Akshaya Tritiya, una fiesta anual hindú. “Las organizaciones de la sociedad civil suelen organizar sus campañas de prevención, pero esta vez no pudieron hacerlo debido a la pandemia. Nuestro equipo no pudo llegar a las zonas más propensas al matrimonio infantil”, dice. “La limitación de movimientos durante la pandemia también puede haber impedido que las niñas y otros ciudadanos afectados den parte a las autoridades”.

El problema, dice, “es cualquier cosa menos personal”, por lo que cree que es necesario actuar desde todos los frentes, desde la aplicación estricta y la inversión por parte del Gobierno hasta la respuesta inmediata a nivel hiperlocal. Ellos trabajan con un sistema a nivel de aldea que hace un seguimiento de los progresos de todos los niños, estén o no escolarizados que permite a los trabajadores comunitarios anticiparse. “Las propias niñas y miembros de la comunidad han tomado medidas para detener los matrimonios. La prevención debe implicar no sólo a los padres y familiares, sino a los vecinos, amigos...”.

Coincidiendo con el día de San Valentín, la ONG ha lanzado una campaña en el país, 'Esto no es amor', para pedir al Gobierno que tome medidas concretas, como que la educación sea obligatoria de los 14 a los 18 años, que existan medidas punitivas contra los agresores o que se organicen actividades de concienciación en las comunidades.

Impacto en todo el mundo

Según los datos de Unicef previos a la pandemia, el sur de Asia era la zona del mundo con mayores niveles de matrimonio infantil, con casi un 30% de las mujeres jóvenes que se casaron antes de los 18 años. Le supera solo África subsahariana, con el 35%. En América Latina y el Caribe, este dato era del 24%. Le sigue Oriente Medio y el Norte de África (17%) y Europa del Este y Asia Central (12%).

Al igual que en India, a nivel global la prevalencia del matrimonio precoz también estaba disminuyendo antes de la crisis de la COVID-19, con avances desiguales por regiones. En el último decenio la proporción de niñas que contrajeron matrimonio antes de los 18 años bajó de una de cada cuatro a aproximadamente una de cada cinco. Aún así, el número total de niñas casadas durante la infancia era de 12 millones por año y había que acelerar la lucha para poner fin a la práctica para 2030, como establece la meta recogida los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 

De hecho, las estimaciones prevén que, para esa fecha, los efectos de la pandemia generen 13 millones de casos adicionales de matrimonio infantil y forzado que de otro modo podrían haberse evitado, según el Fondo de Población de las Naciones Unidas.

En noviembre, la tercera comisión de la Asamblea de Naciones Unidas aprobó un proyecto de resolución sobre el matrimonio infantil y los riesgos que entraña la pandemia. El documento reconoce que el ritmo actual no es suficiente para eliminar la práctica. Y señala que es probable que los efectos de la pandemia y “las medidas de contención conexas”, incluidos los cierres de escuelas y las restricciones del derecho a la libertad de circulación, “aumenten los riesgos a que se enfrentan las niñas, incluidas las casadas, así como las mujeres afectadas por esta práctica nociva”. Afirma que los efectos de la COVID-19 agudizan las causas del matrimonio antes de los 18, desvían recursos y dificulta los esfuerzos, incluso de la sociedad civil, para eliminar esta práctica.

En un informe, la ONG Save The Children ha alertado de que hasta 2,5 millones de niñas más serán obligadas a casarse en los próximos cinco años por culpa de la pandemia. El mayor número de matrimonios infantiles se prevé en el sur de Asia, seguido de África Occidental y Central y América Latina y el Caribe.

“Un riesgo creciente de violencia y explotación sexual combinado con un aumento de la inseguridad alimentaria y económica lleva a que muchos padres y madres sientan que no tienen otra alternativa que obligar a sus hijas a casarse. Estos matrimonios violan los derechos de las niñas y las dejan en mayor riesgo de depresión, violencia de por vida, discapacidades y riesgo de muerte, incluso durante el parto, dado que sus cuerpos no están preparados para dar a luz”, dice David del Campo, director de Cooperación Internacional de Save the Children.

No solo son los matrimonios, también son sus consecuencias. Las mujeres que se casan cuando son niñas tienen más probabilidades de abandonar los estudios, sufrir violencia machista o morir debido a complicaciones durante el embarazo y el parto. La ONG calcula que, debido a la COVID, más de un millón de menores corren el riesgo de quedar embarazadas durante la adolescencia. Es probable que el mayor número de niñas afectadas se encuentre en África oriental y meridional y África occidental. En Sierra Leona, por ejemplo, estimamos que por cada seis meses de confinamiento se podrían producir hasta siete millones de embarazos no deseados y 31 millones de casos más de violencia de género.

Del Campo lamenta que las crisis económicas derivadas de la pandemia han provocado que “muchos de los programas de prevención de esta terrible lacra” hayan sufrido retrasos o hayan desaparecido en algunos países. “A todo ello hay que sumar el confinamiento y el cierre de las escuelas, algo que ha aislado aún más a muchas niñas y adolescentes, lo que dificulta acceder a ellas, informarlas y protegerlas”. Por esta razón, Save the Children pide que se continúe invirtiendo en programas contra el matrimonio forzoso de niñas.

Pero en este año tan difícil también ha habido algunos avances. República Dominicana ha aprobado una ley que prohíbe el matrimonio infantil, en el país que tenía la tasa más elevada de uniones tempranas en América Latina y el Caribe. Ahora, nadie podrá contraer matrimonio en ninguna circunstancia antes de haber cumplido los 18 años. En octubre, con el apoyo de varias organizaciones, niñas y adolescentes compartieron en las redes sociales sus planes y proyectos de vida bajo el hashtag #NoMeCasen. “No me casen, porque sueño con conocer otros países, ser profesional y vivir mi vida con plenitud”, dijo una de ellas.

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Nota: Los nombres de las menores que aparecen en este artículo son ficticios para preservar su anonimato.

Lila Devi Bohara es un buen ejemplo de que Nepal no es, precisamente, el mejor país para ser niña. Tenía 15 años cuando sus padres la prometieron en matrimonio con un joven de 20. Los progenitores de él buscaban a una mujer que hiciese las tareas de la casa porque no tenían una hija, y les gustó Lila porque, como dice quien ahora es su suegro, “era guapa, tenía buen carácter y parecía diligente”. El trato se cerró entre ambas familias y Lila conoció a Lal Bahadur Bohara, su actual marido.

Los padres de Lila decidieron cancelar la boda en el último momento. “Temían que las autoridades se enterasen y ellos fuesen amonestados por haber propiciado un matrimonio infantil”, recuerda Lal. Al fin y al cabo, ahora en Nepal está penado incluso con la cárcel.

El matrimonio infantil es una de las lacras contra la infancia por las que, en 2013, el Gobierno puso en marcha, con el apoyo técnico del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), un proyecto para hacer que Nepal sea un “país idóneo” para los niños y niñas –Child Friendly, en inglés–. Pero los retos son muchos. 

“Se trata de un programa que tiene cuatro pilares principales: supervivencia, protección, desarrollo, y participación de la infancia. Dentro de esas categorías se han identificado 27 indicadores sociales diferentes que se deben reducir o incrementar hasta un rango determinado. Por ejemplo, uno de ellos es el matrimonio infantil, que Nepal se ha propuesto erradicar en 2030”, explica Navaraj Pudasaini, responsable de programas de Protección de la Infancia de Unicef en distritos del oeste del país.

Otros objetivos son llevar electricidad y agua corriente al 100% de los hogares, erradicar la defecación al aire libre, o lograr la escolarización de todos los niños. “Es importante recalcar que, en esta ocasión, el programa cuenta con una asignación presupuestaria obligatoria que es auditada por el Gobierno”, apunta Pudasaini. El 15% de los presupuestos locales se debe dedicar a la infancia, un 10% adicional debe ir destinado a programas de mujeres, y otro 10% a colectivos vulnerables.

Cuando los objetivos de esos 27 indicadores sociales –a los que se suman otros 12 institucionales– se han alcanzado en más del 80% –salvo algunos casos en los que se debe obtener el 100%–, las localidades reciben el distintivo de Child Friendly, o idóneas para la infancia. Lakshminagar, el remoto pueblo del distrito occidental de Doti en el que viven Lila y Lal, está cerca de conseguir esta ansiada distinción.

El precio del matrimonio infantil

Los padres de Lila no contaban con que, cuando decidieron frenar su matrimonio, la pareja se había enamorado. Estos decidieron escapar juntos y casarse en secreto. No fue una boda legal, ya que se limitaron a ponerse mutuamente el tika –un punto rojo en la frente que distingue a los casados, como la alianza en la cultura occidental–, pero los familiares tuvieron que aceptar la unión. 

Ahora, a sus 19 años, la joven ya tiene dos hijos y acarrea con casi todo el peso de la familia: trabaja el campo, cuida de los hijos, prepara la comida en la cocina de leña que hace el aire irrespirable, limpia la casa y lava la ropa. La suya, la de sus dos retoños, y la del resto de familiares que habitan el sencillo edificio de adobe y de madera en el que viven todos juntos. Se levanta antes de que salga el sol y acaba de trabajar mucho después de que se haya puesto. Mientras tanto, Lal pasea con las manos en los bolsillos, fuma, charla con los amigos y trastea con el móvil. Lo “normal”, vaya.

Cuando están juntos aseguran sentirse satisfechos de sus vidas. Pero cuando ella habla sola reconoce que se arrepiente de lo que hizo. De hecho, ahora es secretaria del grupo de madres de Lakshminagar, un pequeño pueblo en el distrito occidental de Doti. “Nos reunimos para compartir información sobre salud prenatal y vacunas, cómo cuidar de los hijos o cómo ahorrar dinero”, explica con un hilillo de voz.

En estos grupos, promovidos por el propio Gobierno y por Unicef como medio de transmisión de información vital para el desarrollo de la comunidad, ha aprendido, dice, los peligros a los que se enfrentó por protagonizar un matrimonio infantil, que afecta todavía al 37% de las mujeres nepalesas. “Sé que podría haber muerto por haberme quedado embarazada tan pronto y por no haber acudido a recibir asistencia sanitaria”, cuenta, avergonzada también por haber abandonado la escuela en sexto curso.

Pero el suyo es un caso similar al de muchos millones. No es de los más sangrantes. De hecho, las estadísticas de Nepal demuestran que incluso superar los cinco años de edad ya es un logro importante. Porque 21 neonatos mueren por cada 1.000 nacidos vivos, y otros 18 más fallecen antes de alcanzar el lustro de vida. Entre quienes salen adelante y tienen menos de 15 años, 770.000 no están escolarizados y más de un tercio trabaja –un 80% de ellos lo hace en empleos de riesgo–. Además, Unicef estima que 12.000 niñas y niños son víctima del tráfico de personas cada año.

Estos datos esconden grandes diferencias regionales. Mientras las estadísticas de las principales ciudades y de la capital, Katmandú, han mejorado considerablemente, los de distritos remotos como Doti todavía resultan descorazonadores. Allí la mortalidad infantil supera la barrera de 40 por cada 1.000. 

Las localidades que tratan de obtener el distintivo de “idónea para la infancia” tienen por delante muchos problemas que mitigar. De momento, solo tres lo han conseguido, y cabe la posibilidad de que los datos hayan sido ‘cocinados’ por las Autoridades para colgarse la medalla. “No sería la primera vez”, reconoce Pudasaini, que recalca que Unicef no tiene autoridad para verificar los datos, solo para apoyar en la consecución de los objetivos.

Lakshminagar es una de las localidades que están más cerca de lograr el reconocimiento. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para que el pueblo sea ideal. De hecho, en el pequeño ambulatorio situado en un sencillo edificio de hormigón, las enfermeras –ni siquiera hay un médico–critican que las infraestructuras son insuficientes y están en mal estado.

Solo hace falta echar un vistazo para convencerse de que no mienten. En las estanterías faltan medicamentos esenciales, no hay siquiera un fórceps entre el material médico y las camas están corroídas y no pueden inclinarse. Aquí, una incubadora es algo de ciencia ficción.

“Además, debido a lo dispersa que está la población y a la falta de transporte público, muchas mujeres tienen que caminar hasta cinco horas para llegar aquí. Así que muchas paren antes de llegar, por el camino”, cuenta Pabitra Awasthi, la matrona que ha asistido gran parte de los 56 partos registrado en el centro entre enero y octubre de este año.

“Los casos complicados no los podemos atender y los tenemos que referir al hospital de Dhanghadi -una ciudad situada a cuatro horas de carretera-. Afortunadamente, en los últimos dos años no hemos tenido ninguna muerte de bebés o de madres en este centro”, apostilla con una sonrisa poco antes de prestar atención al latido del feto que crece en el vientre de una embarazada de seis meses.

Más optimistas son en la escuela, aunque el día de nuestra visita es el primero después de una fiesta nacional y apenas acude a clase la mitad de los alumnos. Eso sí, la otra mitad se cuadra seriamente frente a la enseña nacional y aguanta estoicamente al sol una larga perorata de su director, que hace hincapié en la necesidad de respetarse los unos a los otros.

Si no lo hacen por las buenas, lo harán por las malas, porque en la escuela creen que, en ocasiones, una torta es mejor que cualquier otro remedio. “Tratamos de evitarlo siempre, pero a veces no es posible”, reconoce un profesor. Así se entiende que el 82% de los niños nepaleses sufran lo que se conoce como 'disciplina violenta'.

La violencia machista es otra lacra muy arraigada en el país del Himalaya. La ha experimentado un tercio de las mujeres casadas, y un 43% de las encuestadas por Unicef considera que en ocasiones está justificada la violencia del marido hacia ellas. 

En este contexto, un grupo de niñas de Lakshminagar ha decidido desafiar al machismo imperante jugando al voleibol. “El deporte es donde vemos más disparidad entre chicos y chicas. Ellos parece que tienen todo el derecho a practicarlo, mientras que nosotras debemos dedicarnos a otras labores. Pero también nos gusta jugar, así que hemos creado un equipo”, cuenta Burga Bohara, de 16 años.

Tanto ella como su compañera Basanti Sand, de la misma edad, aseguran que no permitirán que sus padres las casen antes de la edad legal -20 años- y que su idea es escapar de Lakshminagar en cuanto puedan. “Las zonas rurales de Nepal no ofrecen ninguna oportunidad a la juventud”, sentencian.

Puede que la localidad en la que juegan al voleibol y ganan a sus compañeros varones pronto cuelgue el cartel de 'Child Friendly', pero sobre el terreno se demuestra que queda mucho camino por delante para que haga honor a la realidad. No obstante, el establecimiento de objetivos concretos y la dotación económica para su consecución está obteniendo resultados positivos, pero, como apunta Pudasaini, “lentos”.

Para cientos de miles de niños, los cambios pueden llegar demasiado tarde.

Activistas advierten que la propuesta para modificar la legislación supondría una marcha atrás de 50 años en cuanto a los derechos de la mujer

La ley permitiría a clérigos musulmanes decidir contratos matrimoniales

En Irak, una nueva ley podría legalizar el matrimonio para niños de hasta nueve años. Los activistas la tildan de “catástrofe” y señalan que supondría una marcha atrás de medio siglo en cuanto a derechos de la mujer.

La propuesta, una enmienda de la ley iraquí del estatuto personal, permitiría a clérigos musulmanes de sectas a determinar contratos matrimoniales.

Grupos de defensa de los derechos de la mujer y de la sociedad civil se manifestaron públicamente el fin de semana pasado contra la enmienda. Las Naciones Unidas en Irak (UNAMI por sus siglas en inglés) llamó a realizar una consulta más amplia y a la protección y reconocimiento total de los derechos de las mujeres.

Una versión previa y más extrema de la propuesta de ley provocó indignación a nivel internacional, cuando se presentó poco antes de las elecciones de 2014. La antigua versión también restringía los derechos de las mujeres en cuanto a divorcio, maternidad y herencia.

La oposición a las propuestas actuales, aprobadas este mes, se ha centrado hasta ahora en su impacto en el matrimonio infantil.

Un posible paso atrás en términos de igualdad

“Esta propuesta de ley contradice las convenciones internacionales y la legislación nacional en Irak. Si se aprueba, todas y cada una de las sectas religiosas seguirán a sus clérigos. Será catastrófico para los derechos de las mujeres”, asegura Suad Abu-Dayyeh, de Igualdad Ahora (Equality Now), un grupo con base en Jordania.  

“Estamos indignados, y apoyaremos los derechos de las mujeres en Irak emitiendo alertas sobre la propuesta de ley. También estamos escribiendo cartas al portavoz [del parlamento] y al presidente”.

Algunas sectas religiosas en Irak creen en que la mujer del profeta Mahoma tenía nueve años, y dicen que los niños de esa edad pueden casarse, mientras que otros creen que los niños pueden casarse una vez alcanzada la pubertad.

“Tenemos miedo de perder las buenas leyes que tenemos”, dice Abu-Dayyeh.

Una petición firmada por activistas de organizaciones de la sociedad civil, reunidas el domingo pasado en Sulaymaniyah, dice: “Esta nueva propuesta de ley para modificar la ley de estatuto personal autorizará a hombres religiosos a imponer matrimonios ilegales y a forzar a niñas menores de 18 años a vivir con sus familias políticas. Es un retroceso para los logros que las mujeres iraquíes lograron y por los que lucharon hace medio siglo”.

Irak después de ISIS

El Observatorio de Derechos Humanos dice que está examinando la enmienda y que emitirá un comunicado para señalar cuál puede ser el alcance de la ley.

Belkis Wille, investigador de Irak y Qatar para el Observatorio de Derechos Humanos, dice: “Fundamentalmente desautoriza la legislación internacional y también la iraquí. Algunas sectas religiosas no permiten la igualdad de derechos –en términos de matrimonio y en términos de herencia–. Si lees la enmienda dice bastante poco. Lo que sí dice es que líderes religiosos de sectas individuales y dogmas religiosos determinarán los contratos matrimoniales”.

“Uno pensaría que después de ISIS, una de las prioridades del gobierno sería afianzar con mayor claridad que todos en Irak tengan los mismos derechos”, añade Wille. “Vamos a emitir un comunicado sobre esta propuesta de enmienda, intentando menguar el impacto sobre los derechos actuales. También hablaremos con miembros del parlamento para presionarlos y asegurarnos de que no se apruebe”, explica el investigador.

El 1 de noviembre, el consejo de representantes iraquí votó, en principio, para aprobar la nueva enmienda, y ha sido firmada por 40 parlamentarios. En mayo del año que viene habrá elecciones en Irak. La enmienda declara: “Está permitido llevar a cabo un contrato matrimonial para los seguidores de las sectas suníes y chiíes, conforme a su fe, por aquellos que pueden efectuar dichos contratos tal y como dictan los juristas de dicha fe”.

La edad legal para contraer matrimonio en Irak es a los 18 años, pero bajo la ley actual de estatuto personal, un juez puede permitir a niñas de hasta 15 años casarse en casos “urgentes”. Esto ya viola la protección de los niños bajo la convención de la ONU de los derechos del niño, que Irak ratificó en 1994. El borrador de la enmienda iría mucho más allá, poniendo a muchas más niñas en riesgo de ser forzadas a casarse, haciéndolas vulnerables a abusos sexuales. El tratado define a los niños como toda persona menor de 18 años.

El borrador no está todavía en el programa del parlamento y el momento de la votación no está claro. La versión de la propuesta de ley de 2014 incluía disposiciones que prohibían a hombres musulmanes casarse con no musulmanas, legalizaba la violación dentro del matrimonio e impedía a las mujeres abandonar su casa sin el permiso de sus esposos.

Traducido por Marina Leiva

Níger tiene la mayor tasa de matrimonio infantil del mundo: tres de cada cuatro niñas son forzadas a casarse antes de cumplir 18 años

Una de ellas es Oumo, obligada a casarse con 14 años: "No quería vivir con un hombre que no conocía"

"Si no tienes tus propios ingresos, todo es más difícil y sufres más. Es mejor no depender de otros", dice Ramatouyale, que se ha negado a casarse siendo una niña

“Yo solo tenía 14 años y no quería casarme, pero me obligaron”, dice Oumou, que ahora tiene 22 años, sentada a la puerta de su casa, mientras atiende a su hijo pequeño que llora a su lado. Todavía estaba en la escuela primaria cuando sus padres decidieron entregarla en matrimonio a un hombre que no conocía. Oumou tenía miedo, “porque muchos hombres son violentos y tratan mal a las mujeres”, explica.

Su historia se repite a menudo en su comunidad, en la región de Tillaberi, y en todo Níger. El país africano tiene la mayor tasa de matrimonio infantil del mundo: tres de cada cuatro niñas son forzadas a casarse antes de cumplir 18 años. Un porcentaje que otras regiones del país, como Diffa, se eleva al 89%.

“No era lo suficientemente madura como para enfrentarme a vivir con un hombre que no conocía”, lamenta Oumou. “Cuando me casé, pronto me quedé embarazada y tuve a un hijo sano. Por suerte no tuve los problemas en el parto que suelen tener las madres jóvenes”.

El matrimonio infantil hunde sus raíces en creencias culturales y sociales y en la profunda desigualdad de género, reforzadas por las condiciones legales, educativas y económicas del país. La vergüenza y el deshonor de la familia, más que el pago de la dote, es la principal causa de los matrimonios acordados, que son considerados una forma de prevenir que las hijas tengan relaciones sexuales o se queden embarazadas antes de casarse.

“Los padres casan a las niñas porque creen que es una manera de prevenir el deshonor que suponen los embarazos fuera del matrimonio”, explica Hamidou, líder tradicional del pueblo de Diomona, donde la ONG Plan Internacional trabaja junto a la comunidad para reducir estas cifras. “Intentamos convencerles de que la mejor forma para evitarlo es la educación”, añade Hamidou,

En muchos países de África Occidental, la edad legal de matrimonio es de 15 o 16 años, pero muchas niñas son casadas bajo la sharía o la ley consuetudinaria en ceremonias religiosas o tradicionales, que son las más comunes en la región.

Sin embargo, el matrimonio infantil es una violación de derechos que obliga a las niñas a abandonar su educación, renunciar a su infancia y las expone a violencia, abusos y embarazos precoces, que son la primera causa de muerte de niñas de entre 15 y 19 años en países en desarrollo.

El arma de Ramatoulaye: una máquina de coser

Ramatoulaye lleva más de un año trabajando en un taller de costura, donde cose vestidos a media jornada y gana unos cuatro euros al día si hay clientes. Todavía vive con sus padres y, de momento, no está casada. Ha asistido a varios talleres comunitarios sobre derechos de la infancia y salud reproductiva impulsados por Plan International.

Desde la ONG, consideran que para acabar con el matrimonio infantil es necesario trabajar con un enfoque a varios niveles que busca, a nivel individual, el empoderamiento y cambio de conductas de los y las jóvenes; a nivel familiar, el apoyo de las jóvenes y transformar las creencias y la mentalidad de los padres y madres; a nivel comunitario, la creación o refuerzo de los sistemas comunitarios de protección infantil; y a nivel gubernamental, el apoyo de políticas a través de la incidencia.

Ramatoulaye tiene claro que el matrimonio esperará hasta que termine de pagar su máquina de coser y pueda montar su propio taller. “Si no tienes tus propios ingresos, todo es más difícil y sufres más. Es mejor no depender de otros”, concluye.

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Nota: Los gastos derivados del viaje para realizar este reportaje han sido costeados por la ONG Plan Internacional.

Sus países prohibieron recientemente el matrimonio infantil, pero la realidad que se vive en las escuelas de Guatemala y Malaui todavía queda lejos de la práctica abolición. Niñas y mujeres activistas como Ezelina, Josephine, Estefany y Neydelin luchan cada día para que ninguna menor sea forzada a dar el 'sí quiero' ni dejen sus estudios por cargas familiares. Hablan con sus compañeras de clase, visitan colegios, tratan de convencer a las familias o a quienes ven capaces de persuadir a los padres y madres que empujan a sus hijas a casarse demasiado pronto. Les dicen que ya hay una ley que las protege.

Guatemala y Malaui han prohibido recientemente el marco legal en el que se amparaban los hombres -hasta 40 años mayores que ellas- para poder tomar la mano de niñas de apenas 14 con el consentimiento de su familia. El camino no ha sido fácil, pero el trabajo para lograr su aplicación aún no ha finalizado.

A través de su activismo y su defensa de la educación como primera herramienta de lucha contra los matrimonios infantiles, Ezelina, Josephine, Estefany y Neydelin han conseguido salvar de un matrimonio no deseado a decenas de niñas de sus comunidades.

Ezelina: “El problema es que se ve como algo normal”

La familia de Ezelina no la forzó a casarse con un hombre que no había elegido. Es consciente de ello, se siente afortunada y, por este motivo, desde pequeña ha querido ayudar a erradicar el matrimonio infantil en su país, Malaui, donde el 46% de las niñas contraen matrimonio siendo menores de edad, según Unicef.

Con solo 23 años es activista, reportera y presenta un programa de televisión que pretende dar voz a esas niñas que no la tienen en una sociedad patriarcal: “Las mujeres piensan que no pueden ser iguales que los hombres. Lo que trato de hacer es meterles en la cabeza que todos somos seres humanos, que no tenemos que ser inferiores de ninguna forma”.

Las menores, enfatiza Ezelina, suelen sentir el peso de la desigualdad desde muy pequeñas. “Las niñas tienen que preparar el desayuno, la comida, limpiar la casa... y después pueden ir al colegio”. Los niños “no tienen ningún tipo de responsabilidad”, añade la reportera. El conflicto se agrava cuando muchas de ellas se ven obligadas a abandonar el colegio para casarse con hombres mucho mayores que ellas. “El problema es que están acostumbradas, es algo arraigado en la sociedad, lo ven como algo normal. Esto es lo que tenemos que cambiar”, afirma la activista.

Aunque también hay razones culturales y religiosas, explica Ezelina, “el motivo principal por el que ofrecen a su hija para casarse es porque piensan que su marido ayudará a la familia con dinero y ellos tendrán una boca menos que alimentar”.

Gracias a su trabajo y al de cientos de niñas y jóvenes de Malaui, el gobierno prohibió definitivamente el matrimonio infantil en febrero de este año. Esta meta ha costado mucho trabajo, dice, pero todavía queda lo más difícil: borrar de la mente de la sociedad una costumbre tan arraigada y que, a pesar de la ilegalidad, se sigue practicando.

“Primero empezamos con campañas en los colegios, con niños y niñas, ya que ellos serán el futuro, y después llegamos a sus familias a través de los líderes de las comunidades, curas... Porque son ellos son quienes son capaces de convencerles”.

Josephine: “La educación permite entender la ley”

Josephine tiene 16 años, va a la escuela secundaria y de mayor quiere ser cirujana. A su vez, como activista, ha logrado junto a varias compañeras que cuatro niñas anulen sus matrimonios y vuelvan a la escuela.

Según apunta Plan International, cuatro de cada cinco niñas casadas no han terminado la educación primaria. Una de las razones se encuentra en el matrimonio infantil: cuando las niñas se casan y se quedan embarazadas, tienen que dejar la escuela. “En los propios colegios es común escuchar frases como 'No puedes estudiar, se supone que tienes que ser una madre”, cuenta Josephine.

Es una serpiente que se muerde la cola: las niñas se casan, se quedan embarazadas, abandonan el colegio, no pueden prosperar económicamente por no encontrar trabajos cualificados, por lo que dependen de sus maridos.

Una de las vidas que consiguió cambiar Josephine fue la de una niña de 15 años que iba a contraer matrimonio con un hombre de 40. Al enterarse, intentó convencerla para frenar el matrimonio cuanto antes. Pero para ella era complicado. “Solo su familia podía decírselo”, decía. Así, pidió a una joven universitaria que había conseguido romper su matrimonio que hablase con sus padres delante del líder de la comunidad y de la policía. Finalmente, la familia accedió, pero se negó a pagar la educación de su hija, que tuvo que acogerse a un plan de becas.

“La educación es la clave. Si estudian empiezan a entender muchas cosas y una de ellas es la legislación. Si no saben de la existencia de una ley que dice que las niñas no pueden casarse antes de los 18, caerán en eso, porque lo verán como algo normal, y no lo es”, dice la joven activista.

“Ellas son la generación del cambio”, afirman desde Plan International, que lideró una de las campañas de recogida de firmas que forzó al Gobierno a modificar la legislación. “Saben cuales son sus derechos y su cometido personal es dárselos a conocer a las niñas y mujeres de otras comunidades. El día que formen una familia educarán a sus hijos y les inculcarán estos derechos y, así, la siguiente generación habrá cambiado su forma de ver el matrimonio infantil”.

Estefany: “Leyes hay, pero hay que socializarlas”

Al otro lado del Atlántico, en Guatemala, Estefany sueña con ser ingeniera agrónoma, aunque esperará hasta conseguir los recursos necesarios para pagar la universidad. Tiene 20 años y es de la zona rural de Jalapa, uno de los departamentos más empobrecidos del país. Su madre es ama de casa y su padre herrero.

La joven acaba de terminar la educación secundaria y, hasta que consiga ir a la universidad, se ha entregado al activismo para alcanzar su otra meta: que todas las niñas vayan a la escuela. “La educación es fundamental, es mi herramienta de defensa, es la base fundamental para poder seguir avanzando”.

Y para ello, antes hay que acabar con el matrimonio infantil: “Aquí no se recibe dinero, con que lleve una vaca, una caja de cervezas... Ese es el precio de una niña allá en Guatemala. Es una boca menos que alimentar, una boca menos que estorba. Creen que es lo mejor para la niña, pero están totalmente equivocados”, dice Estefany.

En Guatemala el 30% de las niñas contrae matrimonio antes de cumplir la mayoría de edad. Sin embargo, el trabajo de Estefany y sus compañeras, que recogieron firmas y dieron charlas en diferentes colegios, acabó cristalizando en la abolición del matrimonio infantil en su país hace solo tres meses.

A pesar de esta prohibición firme, muchos de esos matrimonios siguen dándose en forma de 'uniones'. “Aunque no se casen, viven juntos, tienen hijos y forman un hogar. Nada cambia más allá de no tener un papel que acredite esa unión, pero las niñas siguen sufriendo igual”, explica Estefany. “Leyes hay, pero hay que operativizarlas, hay que socializarlas, movilizarlas para hacer que se cumplan”.

Es el pan de cada día de Guatemala. Matrimonios por conveniencia familiar en el que la hija carga con un matrimonio que no ha elegido, muchas veces con hombres hasta 40 años mayores que ellas: “En mi comunidad una niña que se había casado se quedó embarazada con 13 años y lo perdió, su cuerpo no estaba preparado. Con 16 pudo tenerlo, pero solo tres años después su marido la abandonó. Él tenía 58 años. Se convirtió en madre soltera con 19 años y tenía que trabajar para alimentar a su hijo porque su familia no la apoyaba. No solo sufren ellas, sino también sus hijos”.

Así frena Neydelin los matrimonios de sus amigas

Neydelin tiene solo 13 años y está orgullosa de ser activista. Vive en una pequeña aldea del departamento de Jalapa de apenas 250 habitantes, donde centra sus esfuerzos para denunciar la desigualdad: “En mi comunidad las niñas somos discriminadas, tenemos menos derechos que los niños. No tenemos derecho a estudiar. Dicen que las niñas solo quieren buscar novios, que no sirven para nada”, cuenta Neydelin.

Esto lleva a que muchas de ellas abandonen la educación secundaria, algo que no pasa con los niños. En los últimos meses, en la comunidades guatemaltecas en las que trabaja Plan International, la ONG ha documentado 43 casos de matrimonio infantil. Solo uno de ellos era un niño. De esas 42 niñas todas abandonaron la escuela, detalla. Él no.

Ese es el principal objetivo de Neydelin, que sus compañeras sigan estudiando: “Yo hablo con mis amigas y mis amigos, hablo con sus padres, les explico lo que es la igualdad de género, que tenemos los mismos derechos”. Su trabajo da sus frutos: “Mi comunidad ha acabado comprendiendo la importancia de que las niñas estudien. El año pasado había 15 padres que no querían dejar estudiar a sus hijas y este año han empezado la escuela”, explica.

Con solo 13 años ha conseguido parar varios matrimonios no deseados. Neydelin habla con las niñas, les explica la existencia de leyes, les anima a ir a clase y habla incluso con sus padres. “En mi comunidad un señor estaba haciendo los trámites para casarse con una niña”, cuenta la activista. “Cuando me enteré, hablé con mi madre para pararlo y les informamos de la nueva ley que había prohibido el casamiento con niños. Ella tenía 16 y ya estaba embarazada. Hablé con la niña y le dije que tenía que aprovechar su juventud, que no podía dar ese paso”. Lo consiguió.

Es solo uno de los muchos logros que han alcanzado en tan poco tiempo. Ezelina, Josephine, Estefany y Neydelin dedican parte de su vida a ayudar a niñas y jóvenes como ellas y, con su esfuerzo, consiguen, caso a caso, que cada vez sean más las que digan “No quiero”.

El 11 de mayo de 2011 se “abrió a la firma” el Convenio de Estambul, un acuerdo adoptado por el Consejo de Europa para la lucha contra la violencia hacia las mujeres. ‘Abrirse a la firma’ significa que los estados miembros podrían hacerlo cuando conviniera a sus políticas en materia de igualdad. Fueron necesarios 3 años para que lo firmaran el mínimo de 10 estados que exigía el artículo 75 del propio documento. No se dieron mucha prisa.

Una de las novedades de este convenio es que amplía el concepto de 'violencia de género' que en su momento inspiró la Ley Integral aprobada por unanimidad en el Congreso en diciembre de 2014. Una de las formas que adopta la violencia machista, y que se registró en Estambul, son los matrimonios forzosos y así lo planteó Ángeles Carmona, la presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género cuando el 15 de febrero compareció ante la subcomisión del Congreso encargada de lograr eso que se ha llamado 'Pacto de Estado contra la violencia de género'. Todo muy rimbombante: grandes nombres para comisiones, subcomisiones, pactos y convenios.

Pacto de Estado contra la violencia de género. Miguel Lorente, que fue delegado de lucha contra todas estas formas de violencia hacia las mujeres durante la existencia del Ministerio de Igualdad, se muestra en desacuerdo con los términos de ese Pacto de Estado. En su opinión, “no debe ser contra la violencia de género, sino contra el machismo”. Porque lo que genera la violencia es el machismo y no se pueden evitar las consecuencias si no se actúa sobre las causas. Planteado así, es tan evidente, que resulta impensable que todo un Parlamento con 350 escaños ocupados por otras tantas personas no haya reparado en ello.

Matrimonios forzosos. Acerquémonos a la fotografía de ese momento crucial para los contrayentes. De un lado, tenemos a un hombre, probablemente maduro, heterosexual, mayor de edad, con el poder suficiente como para decidir con quién se casa y que en esa decisión participe solamente él. No es necesario que tenga mucho poder, basta con que tenga más, un poquito más, que la persona a la que ha elegido. No se trata de un matrimonio concertado con los fines que sean, sino de un matrimonio forzoso, esto es, inevitable, en contra de la voluntad de alguien.

Ese alguien es la otra persona de la foto: una mujer pobre a la que se priva de uno de sus derechos: “Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho, sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión, a casarse y fundar una familia, y disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del matrimonio”, según dice el artículo 16 de los Derechos Humanos. ¿Iguales derechos? Veamos por territorios. Bangladesh, el 73% de las mujeres casadas lo fueron de niñas. Niger, la media de edad de ellas a la hora de casarse es de 16 años. Si 16 es la media, es obvio que buena parte no tiene ni esa edad cuando su cama ya es un lecho conyugal. Y no son dos excepciones.

Los matrimonios forzosos de niñas son una realidad muy extendida: el 14% de las niñas en países en desarrollo ha sido casada antes de los 18 años. En Malawi, por ejemplo, solamente una de cada 5 niñas casadas sigue en la escuela. En Indonesia, el 45% de la población se muestra de acuerdo en que si una niña se casa antes de los 18 debe tener alguna ventaja. En Mali, el código familiar, aprobado en 2011 establece que “las mujeres deben obedecer a sus esposos”. De modo que si él dice que no hay escuela, no la hay; si decide que hay sexo, lo hay.

Los matrimonios infantiles son una grave violación de los derechos de la infancia: impiden la libertad de imaginar otros futuros. Son el fruto de realidades en las que se dan pobreza, falta de protección y desigualdad. Sus consecuencias son gravísimas: al casarse, sus amorosos esposos las tratan como adultas y les obligan al cuidado de la casa, la familia, ellos mismos. Se transforman en sus amos, les prohíben ir a la escuela, les obligan a relaciones sexuales forzadas y violentas, a abusos. Además, sin ningún tipo de protección, de modo que están expuestas a enfermedades y a embarazos precoces. La principal causa de muerte de niñas de entre 15 y 18 años son los partos. Si la embarazada es menor de esa edad hay más de un 60% de posibilidades de que además, el bebé muera. Si sobrevive, sufrirá desnutrición y su desarrollo físico y cognitivo serán deficientes.

Ni el cuerpo ni la mente de de una niña están maduros para sobrellevar el embarazo y el parto. Antes de la pubertad el riesgo de aborto espontáneo es elevado, porque ese cuerpito no ha crecido lo suficiente, ni siquiera para relaciones sexuales con penetración.

Los matrimonios forzosos exponen a las niñas a la desprotección, los abusos y la violencia de sus maridos, las aboca a la pobreza, a una vida sexual obligada, a las enfermedades sexuales y a una espiral de la que difícilmente podrán salir, porque están obligadas a renunciar a la escuela, a la formación. Es una forma de esclavitud tolerada socialmente que incide sobre las personas más vulnerables de la sociedad, aquellas que más protección requieren: las niñas.

“Cada año, millones de niñas son forzadas a casarse, forzadas a renunciar su derecho a la educación, a la atención sanitaria y a su bienestar y desarrollo físico y emocional. Forzadas a abandonar su infancia, forzadas a dejar de ser niñas. Para finales de esta década se calcula que 142 millones de niñas habrán sido obligadas a casarse”, advierte la ONG Save the Children. Y los estados europeos tardaron más de tres años en estampar las firmas suficientes para que el Convenio de Estambul entrara en vigencia.

A pesar de que la ley prohíbe el matrimonio infantil, el gobierno bangladesí no controla su cumplimiento ni aborda los factores que lo posibilitan. En muchas comunidades, las niñas son consideradas una carga económica y las familias creen que entregando a sus hijas a un marido –a menudo mucho mayor que ellas–, les asegurarán su supervivencia y manutención, además de protegerlas ante agresiones sexuales. La práctica de la dote, muy extendida, tampoco ayuda: cuanto más joven sea la novia, menor será la cantidad a entregar.

La realidad, sin embargo, es amarga. Las niñas casadas dejan la escuela, tienen más posibilidades de sufrir malos tratos, engendrarán más hijos y tendrán menos posibilidades de contar con ingresos propios, lo que perpetuará su dependencia del marido. Además, las muertes relacionadas con embarazos precoces son la primera causa de mortalidad en adolescentes. En este contexto, la educación y la sensibilización son claves para luchar contra esta lacra.

En las escuelas de Educo en Bangladesh protegemos a las alumnas contra el matrimonio infantil al que muchas se verían abocadas. En primer lugar, mentalizando a las propias niñas de cuáles son sus derechos, así como también a sus compañeros de clase, y, en segundo lugar, hablando con las familias para concienciarlas de la necesidad de que sus hijas completen los estudios.

Los casos de Jesmin, Sahanaj y Ruby

Jesmin.

Jesmin (15 años) cursa 9º de primaria en la escuela de Educo en Hazaribag, uno de los mayores slums de Dhaka. Cuando estaba en sexto de primaria, con 12 años, su padre la quiso casar con un hombre que se había fijado en ella porque tenía la piel más clara que la de su hermana mayor. Pero la niña se opuso con todas sus fuerzas y alegó que todavía estaba estudiando. Con el apoyo de su madre, Noor, pudo evitarlo. Hoy, además de estudiar, da clases a un grupo de siete niños y ahorra para pagarse su formación en el futuro. Quiere ser maestra.

Sahanaj (a la derecha), junto a su madre en la escuela donde estudia

Sahanaj (14 años) también vive en Hazaribag. Su padre la quería casar para seguir la tradición y porque consideraba que de este modo estaría más protegida y evitaría posibles abusos de otros hombres. Pero ello se rebeló contra su destino y su madre la apoyó para eludir las dos proposiciones de matrimonio que tuvo de dos vecinos. Su caso se trató en el comité de padres y madres de la escuela, donde se convenció a su progenitor para que esperara, al menos, a que finalizara la educación primaria. Ella sueña con ser doctora.

Ruby

Ruby (17 años) escapó de su marido y sus suegros y caminó cinco kilómetros hasta llegar a casa de su abuela. Su caso fue un ejemplo para sus compañeros en la escuela de Educo y sirvió para que los profesores tratasen el tema. “Ninguna niña más de ese curso se casó”, afirma la maestra. Ruby estudia secundaria en la escuela de Educo en el slum de Shampur y desea llegar a la universidad para estudiar comercio.

Cuando Zahra Yaganah era una niña, su madre la golpeó tres veces. En una ocasión fue porque se le cayó una bandeja con copas de cristal. Otras dos veces, por dejar que se queme la comida por estar muy absorta leyendo Los miserables, de Victor Hugo.

Yaganah tenía 11 años y ya le gustaba mucho leer. Creció como refugiada afgana en Irán y de pequeña aprendió a cocinar gracias a su madre, una mujer muy trabajadora y de costumbres tradicionales. Pero su verdadera pasión era la palabra escrita. Luego, cuando su vida se convirtió en un purgatorio de violencia y maltrato, tanto la literatura como la cocina le serían de gran ayuda para liberarse.

En su libro, que se ha convertido en uno de los más rápidos éxitos de ventas de Afganistán, Yaganah narra su traumática vida. Luz de cenizas, publicado en marzo, es en parte ficción y en parte una devastadora autobiografía marcada por la opresión que –según ella– sufren todas las mujeres afganas.

Zahra espera que el libro ayude a las mujeres a liberarse. “Es imposible para una mujer afgana leer este libro y no encontrar algún tema que refleje parte de su propia historia”, señala. “Las mujeres podemos encontrar nuestro camino, a pesar de los problemas que tenemos”.

Para ayudar a liberarse de la opresión, Yaganah rompe muchos tabúes. Escribe explícitamente sobre temas como la violación dentro del matrimonio, la menstruación y el daño de por vida que causan los matrimonios infantiles.

Solo dos personas aparecen en el libro con su nombre real. Una es Zahra, la protagonista adolescente basada en la autora, obligada a casarse a los 13 años con un hombre que le dobla la edad.

El personaje del esposo la golpea salvajemente –igual que hacía el esposo de Yaganah en la vida real– y el dinero que ella gana trabajando en un horno de ladrillos, él se lo roba para mantener su adicción a las drogas. Es justamente el relato de su matrimonio lo que hace que el libro de Yaganah sea tan devastador y revolucionario a la vez.

La misma noche de bodas de Yaganah fue una travesía tremendamente dolorosa. “Yo pensaba que tenía que servir a mi esposo como a un rey”, dice. Apenas una adolescente, Zahra no tenía idea de lo que era el sexo con penetración. A la mañana siguiente se despertó en el hospital.

En el libro, relata: “Odiaba el matrimonio, la noche de bodas, el concepto de marido y mujer y todas las cosas que acababan siendo dolorosas. El odio era un vestido que me quedaba ajustado al cuerpo. Esa noche, nos llevaron a una habitación y sin haber siquiera intercambiado una palabra me encontré a Sultán a mi lado. Inmediatamente después sentí un dolor espantoso que atravesaba todo mi cuerpo. No recuerdo nada más. Cuando abrí los ojos, estaba en la cama de un hospital”.

Pedagogía para mujeres y hombres

Para Yaganah, el empoderamiento de la mujer está inextricablemente ligado a la educación sexual tanto de mujeres como de hombres. El sexo en el matrimonio en Afganistán a menudo es equivalente a una violación, y es algo que sufren muchísimas mujeres, afirma.

En un país en el que los hombres ignoran casi por completo la vida interior de las mujeres, Luz de cenizas está escrito no solo para que lo lean mujeres sino también hombres.

“Tengo un amigo que ahora tiene mucho cuidado con cómo se comporta, porque no quiere ser como esos hombres violentos. Su mujer dice que es mucho más amable después de haber leído mi libro”, dice entre risas. “Ahora incluso ayuda a fregar los platos”.

El otro personaje de la novela que aparece con su nombre real es Narges, la hija de Zahra.

Debido a la corta edad de su madre –Zahra tenía 14 cuando tuvo a su hija– la niña desarrolló un trastorno del crecimiento y murió a los 4 años.

Yaganah comenzó a escribir hace tres años. Después de escribir y revivir la muerte de Narges, tuvo que hacer una pausa de tres meses. Esta pérdida también toca una fibra sensible de los lectores.

“Me conmovió mucho”, dice Mohammad Hossein Saramat, director del instituto Marifat en Kabul y seguidor del trabajo de Yaganah. “Incluso el mencionarlo aquí contigo me conmueve”.

A finales de 2007, tras mudarse de Herat, en el oeste de Afganistán, a Irán, Yaganah se vio obligada a tomar una decisión. Una noche, después de no haberle entregado a su marido dinero para drogas, ella y sus dos hijos se despertaron rodeados de ropa incendiada. La puerta estaba bloqueada y las ventanas, con rejas. Afortunadamente, fueron rescatados por los vecinos.

Yaganah pidió el divorcio, una decisión radical en Afganistán, y huyó a Kabul con sus hijos. Allí, tuvo diferentes empleos hasta que un amigo la ayudó a conseguir un trabajo como cocinera en televisión, usando los conocimientos que había aprendido de pequeña. Reconstruyó su vida, luego actuó en teatro y se involucró en la lucha por los derechos de las mujeres.

Ahora vive con sus hijos en su propia casa. Su editor dice que su libro ha sido el más rápido éxito de ventas de la última década en Afganistán: las primeras mil copias prácticamente se agotaron en tres meses.

En la calle está aparcado un coche Daewoo Matiz rojo que Yaganah utiliza para llevar a los niños de picnic los fines de semana. Su hija tiene la misma edad que ella tenía cuando la obligaron a casarse, y su hijo es unos años menor.

El marido de Yaganah desapareció después del divorcio. Reapareció en Irán, donde fue arrestado por tráfico de drogas y condenado a ocho años de prisión, pero ahora está libre. Yaganah piensa que no debe de tener dinero para viajar a ningún sitio, pero de todas formas el hombre logra poner nerviosa a la familia. Hace poco, por primera vez en 10 años, llamó a la hija por teléfono desde Irán.

Pero Yaganah, ahora con 32 años de edad, ya no se deja intimidar, incluso cuando la sociedad afgana espera que lo esté.

“Cuando hablas, siendo una mujer, los hombres aquí se enfrentan a ti”, explica. “Te acusan de hablar contra los hombres. Siempre intentan que no hables en nombre de las mujeres”.

Traducción de Lucía Balducci

“Si no me ayudáis me…”. La traductora interrumpe su relato e indica sutilmente que más tarde, en privado, terminará de desvelar el contenido de la angustiosa carta de socorro que Subhasini, una niña de 13 años, escribió a la Fundación Vicente Ferrer cuando apenas cumplía 12 primaveras y un posible marido de 35 la pretendía. Estamos en Kalagueri, una remota aldea perdida en algún lugar de Andhra Pradesh -uno de los estados más deprimidos de India, donde una de cada dos niñas menores de edad (55%) es entregada en matrimonio-, y la familia, que nunca supo que Subhasini amenazó con suicidarse, permanece muy atenta a la conversación.

Los 47 ºC de calor seco y la misiva a mitad traducir, ferozmente desgarradora y brutal para estar firmada por una cría, hacen de la construcción de adobe en la que se desarrolla el encuentro un paisaje irreal. Pero es tan real como un país que concentra cerca del 40% de las bodas infantiles que se celebran en todo el mundo, pese a que el mismo subcontinente las prohibiera en 2006.

La historia de Subhasini, la de muchas otras, comienza con una madre fuera de juego enferma de depresión, un padre que desaparece del mapa sin dejar rastro y unos abuelos que piensan, como el resto de vecindario, que si casan a la niña ésta no quedará sola y desprotegida cuando ellos mueran. Son dalit, saben bien lo que significa pertenecer a la casta de los Intocables en un entorno de extrema pobreza. Y un viudo padre de dos hijos que se ofrece a perdonar la dote a la niña a cambio del “Sí, quiero” no suena a peor solución si es que, además, son los terratenientes de castas altas lo que se ofrecen y apresuran a organizar por todo lo alto la ceremonia.

Un evento que es paralizado antes de la pedida de mano: la niña ha tomado nota en las charlas de concienciación que la Fundación brinda sobre terreno y sabe dónde acudir, a quien llamar, pese a que tres meses después el pretendiente vuelva a la carga con amenazas que caerán en saco roto con la nueva legislación india. Esta establece que un menor podrá pedir la nulidad del enlace al alcanzar la mayoría de edad, obligando al mantenimiento de la mujer hasta que vuelva a casarse. Pero si el contrayente, además, es mayor de edad, podría ser condenado a dos años de cárcel y a una multa de cien mil rupias (unos 1.250 euros). Subhasini ha tenido suerte. No es el caso de Chinnadevi, otra niña de su misma edad. También de su misma casta.

Casada por dinero

Hija de un padre alcohólico que desaparece de casa por temporadas, sigue siendo la madre de Chinnadevi, a día de hoy, la que sustenta a la familia trabajando en el campo mientras se expone a unas temperaturas tan elevadas e insoportables, que podrían justificar que cualquier medio es válido para evitar el fin que nadie desearía para su hija. Ante ese panorama, la figura de la abuela –máxima autoridad en la jerarquía familiar india-, su abuela, decidió, otra vez, que lo mejor que podía hacer por su nieta era casarla. Cerciorarle una seguridad económica futura que jamás tendría en casa y ahorrarle, también –quizá, es posible-, alguna deshonra poco infrecuente que, de suceder, la condenaría a la soltería en vida con toda seguridad. Todo ello lo decidió hace dos años, cuando Chinnadevi tenía 11.

Le buscó un posible marido y encontró un pretendiente 28 años mayor que la niña, de 39, cuya mujer se había fugado con otro. Era perfecto. Él no sólo le perdonaría la dote a la chiquilla, sino que a ellos les compraría una casa y les daría dinero.

Pese a la intervención de nuevo de la Fundación Vicente Ferrer, que detectó el caso sobre terreno, la abuela continuó con los preparativos sin hacer demasiado ruido y una tarde, al regresar la niña del colegio, se celebró la boda a escondidas, apenas con la abuela y unos pocos testigos presidiendo el nefasto plan en un templo cercano. Les amparaba la noche cerrada. Horas después, en el lecho de bodas, como sucede en tantos lugares del mundo, el marido exigió lo que consideraba sus “derechos cnyugales” y ahí empezó para Chinnadevi la verdadera pesadilla.

La niña, de profunda expresión madura, mira a su madre -de gesto compungido y ojos muy abiertos-, de soslayo y con ternura, y asiente despacio, mirando a los ojos con contundencia. No cuesta imaginarla resistiendo con las mismas dosis de miedo, fiereza y determinación ante los deseos sexuales de un hombre que en este lugar del planeta podría ser su abuelo. No ceder, resistir hasta caer al suelo del último golpe de una paliza desmedida, tan sanguinaria y cruel, que la abuela, de visita tres días después a la ‘suite nupcial’, al encontrarse con una chiquilla muy malherida y muy temblorosa, decide llevársela de vuelta al hogar familiar.

Una pesadilla sin fin

Los testigos, pero también la aldea entera -enterados del caso-, exigen entonces que la niña regrese con el marido. Cuestión de costumbres, de ‘decencia’. Él por su parte, y también su familia, no aceptan ni la anulación ni la ilegalidad de la boda. Chinnadevi, que sólo ansiaba estudiar, recuerda llorar “mucho”. Así que esta vez, la abuela, consciente del error, decide abrir las puertas para evitar que su nieta vuelva con el marido y la Fundación entra de lleno en el caso.

Después de dos fallidas reuniones, casi tribales, con toda la gente del pueblo en torno a un encuentro extraordinario y de formas solemnes, en las que ni se acepta ni contempla la opción del divorcio, llega una tercera en la que la Fundación, con la ley en la mano, recuerda que es ilegal que él estuviera casado y con hijos con anterioridad a la boda. Ingresan a la niña en un colegio internado y llegan los 15 días de vacaciones escolares. Y con ellos, también, el padre desaparecido, la segunda parte de la pesadilla, quien al enterarse de toda la historia decide ir a buscar al esposo… para emborracharse junto a él y volver a casa de la abuela, de la niña, de la madre, a gritos, con la intención de devolver a la niña con el marido. Sin mucho éxito, por fortuna.

Después de llegar a un acuerdo con el ya ex marido, por el que deberá indemnizar a Chinnadevi con 10.000 rupias (125€), en concepto de todos los daños causados, éste decide retar a la abuela y a la niña cinco días después; y una vez más, borracho y amenazante. No piensa pagar. Sin embargo, son ahora los propios testigos los que quieren denunciar y el jefe de la policía, sometido a presión, logra saldar el asunto con una multa de 8.000 rupias que el marido, en esta ocasión, sí pagará.

Otra realidad posible

El dicho popular de India reza que “Todo es posible”, incluso los finales felices. Hoy, la Fundación Vicente Ferrer se hace cargo de la comida y manutención de una y a otra, y ambas pueden estudiar internas en un colegio público.

Subhasini quiere ser profesora y dar clases en su aldea, si es que consigue ser funcionaria y no la destinan fuera, advierte consciente de los azarosos designios de la burocracia universal. Le encantaría dar clases de refuerzo de matemáticas, inglés y telugu –la lengua local de Andhra Pradesh-, a los más rezagados. Dice que disfruta leyendo y no bailando, como su hermana pequeña -señala risueña-, y aprendiendo a cocinar con su abuela.

Su plato estrella es la “salsa de tomate”, el mismo que el de Chinnadevi, curiosamente, quien amplía su carta de especialidades al “arroz” y a las “lentejas”. Pasar el tiempo frente a los fogones, jugar con la hija de su cuñada –tiene un hermano que está aprendiendo el oficio de albañil-, con las amigas que van a su casa a visitarla o ver la tele, es lo que más le gusta cuando llega del colegio en vacaciones. Quiere ser bióloga, asegura sin dudarlo. Sabe, como Subhasini, a quien no conoce, que otra realidad es posible.