En su duodécimo congreso el Partido Comunista de Andalucía (PCA), que con más de 4.000 militantes supone prácticamente la mitad del PCE, se juega mucho más que determinar una nueva secretaría general, cuando su objetivo es una “revolución organizativa”. Pero lo cierto es que la decisión en torno a su liderazgo siempre despierta interés y en este caso son ya tres las personas que han mostrado disposición a tomar el testigo de José Manuel Mariscal, que lo deja tras siete años, entre otras cosas porque cree en “la limitación de mandatos”.

De este modo, a la conocida pretensión del diputado de IU por Sevilla Miguel Ángel Bustamante de optar a la secretaría general, según ha podido saber eldiario.es/andalucia, se han sumado movimientos por parte de la exconsejera de Fomento y Vivienda y actual diputada en el Parlamento de Andalucía, Elena Cortés, y el responsable de Acción Política y Relaciones Políticas de IU en la ejecutiva de Alberto Garzón, Ernesto Alba.

El objetivo del actual secretario general, también expresado por el coordinador regional de IU, Antonio Maíllo, es que finalmente haya una candidatura de unidad encaminada a apostar por “un bloque rupturista y autonomista hacia el partido conflicto”. Y en esta integración se está trabajando, según fuentes del PCA, pero siempre teniendo en cuenta que “lo primero es el debate de las ideas”.

De hecho, en el congreso no se elige un secretario general, sino un comité central que luego decide, entre sus miembros, la persona que lleva la responsabilidad de la secretaría general. En este sentido, uno de estos precandidatos expone: “Coincido con Antonio Maíllo en que hay que hacer que las diferencias que hay dentro del debate se encaucen democráticamente y que lo que decidan los militantes sea algo que provoque la unidad”. Y será, con toda probabilidad uno de estos tres:

Con más posibilidades que ninguno, Ernesto Alba (Cádiz, 1982). Trabajador social y concejal de Conil de la Frontera (Cádiz), con responsabilidades en el gobierno local, hasta que accedió a su cargo en la organización a nivel federal, es uno de los estrechos colaboradores de Alberto Garzón. Su tarea se centra precisamente en uno de los retos que tiene IU por delante con el horizonte electoral de 2019: la confluencia con otros partidos y movimientos sociales. De hecho, es el encargado de la estrategia de construcción de un nuevo movimiento político y social que es por lo que apuesta el PCA en el debate que aborda en este congreso.

Por su parte, Elena Cortés (Priego de Córdoba, 1973) ocupa actualmente escaño en el Parlamento de Andalucía. Con esta socióloga de consejera de Fomento y Vivienda, durante la pasada legislatura del PSOE con IU en la Junta de Andalucía, se puso en marcha la Ley de la Función Social de la Vivienda, una de las más audaces del Gobierno del Andalucía y que finalmente terminó tumbada por el Tribunal Constitucional en varios de sus artículos más controvertidos. La diputada no ha hablado de su candidatura, que en cualquier caso supondría incorporar por primera vez un rostro de mujer en la dirección del PCA.

Lo cierto es que Miguel Ángel Bustamante (Écija, Sevilla, 1984) es el único que ha manifestado sus intenciones a la prensa. Sostiene que el modelo de partido que propone apuesta por seguir adelante con el proceso de unidad popular. Defiende también la recuperación de competencias del PCA, tanto económicas como políticas, “para fortalecer al partido”. En este sentido, este maestro de profesión apuesta por que IU “no tenga el título de partido, sino que sea un movimiento político y social donde la gente participe, donde no sea necesaria la militancia sino que sea un espacio de coordinación de activistas”. De manera que el PCA “recupere competencias e interactúe como sujeto político propio en el proceso de unidad popular, sin delegar ninguna función ni competencia en IU”, tal y como ha expresado tras postularse.

La diputada de IU en el Parlamento de Andalucía Elena Cortés ha acusado este 8 de marzo a la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, de tener abandonadas las políticas feministas, pese a ser de las pocas dirigentes de comunidades autónomas que hay en el país. Empezando por la modificación de la Ley de Promoción de la Igualdad de Género de Andalucía, cuyo anteproyecto se aprobó en 2015 y sigue esperando. “Tenemos una presidenta que relega la lucha de las mujeres en la agenda política. Susana Díaz actúa y gobierna como si fuera un hombre”, ha ironizado en este sentido Elena Cortés.

En rueda de prensa en el Parlamento de Andalucía, y momentos antes de que se produjera el paro por el Día de la Mujer, la diputada ha criticado que “pasan a un segundo, tercero o cuarto plano estas políticas”. Ha recalcado que “no hay en la agenda política una atención a la situación de desigualdad y menoscabo de los derechos que padecemos en la vida cotidiana las mujeres que vivimos en esta comunidad autónoma”.

Por eso, IU planteará en las comisiones parlamentarias proposiciones no de ley para impulsar la acción del Gobierno de Andalucía en la defensa de los derechos de las mujeres. Igualmente, pedirán que la consejera de Igualdad y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, comparezca para aclarar determinados asuntos como la aprobación del prometido plan contra la trata de mujeres y menores.

También el portavoz de IU Antonio Maíllo se ha referido al bloqueo de la nueva Ley de Promoción de la Igualdad de Género y lamentaba que este martes no se hubiera incluido el proyecto de ley en el Consejo de Gobierno: “Hubiera sido una magnífica ocasión y que se ha perdido”.

También desde C's le han llegado este miércoles críticas a Susana Díaz en el mismo sentido. La diputada Marta Bosquet ha lamentado que “haya mociones del Parlamento de Andalucía” que el Gobierno de Susana Díaz “incumple”. En su opinión, “no hay que llenarse la boca de igualdad, sino ir a los hechos”. Ha puesto el caso de la que se aprobó a propuesta de su grupo en el que se pedía un pacto por la racionalización de horarios para fomentar la corresponsabilidad, con incentivos para las empresas que los fomentaran.

IU ha presentado este miércoles una proposición de ley para la reforma de la que rige la Cámara de Cuentas de Andalucía, que espera que el pleno del Parlamento de Andalucía pueda debatir en las próximas semanas. De hecho, es la segunda vez que la propuesta de la coalición de izquierdas se somete a la Mesa de la Cámara esta legislatura, toda vez que en su primer intento fue bloqueada su tramitación por el PSOE-A y C's, “fruto de una acción prevaricadora”, en palabras de la diputada de IU Elena Cortés. Se ha referido con ello a la política de bloqueo que el pasado mes de octubre ejercieron dichos grupos sobre las iniciativas legislativas de la mayoría de la oposición para impedir que fueran debatidas en los plenos, lo que originó incluso un informe en contra de los servicios jurídicos del Parlamento de Andalucía.

La norma incluye entre sus principales puntos que como nueva función pueda elaborar dictámenes en materia de lucha contra la corrupción, “como medida de prevención”. También pretende que se obligue a la Junta de Andalucía a acelerar la rendición de cuentas para que esté fiscalizado cada ejercicio cuando se presenten los nuevos presupuestos autonómicos. En tercer lugar, propone que se cambie su planificación para que haya evaluaciones globales cada cuatro años coincidiendo con el fin de la legislatura. La posibilidad de imponer sanciones a las instituciones que no cumplan con su obligación de someterse a fiscalización y la eliminación de cargos en la Cámara de Cuentas, por ejemplo su vicepresidencia, son otros de los puntos que defiende la propuesta de IU.

Elena Cortés ha recordado que el pacto de investidura que firmaron el PSOE-A y C's incluía una reforma de la Ley de la Cámara de Cuentas, pero entiende que no se ha hecho nada, por lo que espera que se sumen con su voto a favor de la tramitación de esta propuesta. El líder de C's, Juan Marín, “da por cumplida esta parte del pacto pero no se entiende porque no se ha modificado nada”, en opinión de la diputada. “Es imprescindible un debate sobre la Ley de la Cámara de Cuentas de Andalucía”, ha insistido. Finalmente, ha defendido que la ley “emane del Parlamento de Andalucía porque la Cámara de Cuentas es un órgano de extracción parlamentaria”.

Ya en la pasada legislatura, el refuerzo del papel de control de la Cámara de Cuentas estaba en el pacto de gobierno que firmaron el PSOE-A e IU, pero con su ruptura y la convocatoria anticipada de elecciones autonómicas se quedó en el cajón el avance en este sentido.

Estaban dispuestas a declarar en favor de la Corrala Utopía pero la jueza, durante el propio juicio contra una de las vecinas y a petición de la Fiscalía, ha rechazado sus declaraciones como testigos. Las que fueran máximas dirigentes de las políticas de vivienda de la Junta de Andalucía, la exconsejera Elena Cortés y la exsecretaria general de la materia Amanda Meyer, tuvieron que volver por donde vinieron ya que la jueza ha rechazado que testifiquen como estaba previsto. El juicio contra una de las portavoces de la corrala, María Yanes, ha quedado visto para sentencia con una rebaja en la petición de la pena por parte de la Fiscalía (de 720 a 360 euros de multa).

La jueza ha argumentado que sus consideraciones, así como la del adjunto al Defensor del Pueblo Luis Pizarro, resultaban “intrascendentes” para la resolución del juicio y no aportaban información de relevancia para acreditar o desacreditar la situación de vulnerabilidad social y económica de la acusada. También ha explicado la jueza que las viviendas no eran propiedad de la Junta, si bien se ha aceptado la testifical del que fuera director de la Agencia de Vivienda de la Junta, Rafael Ibáñez, dándose una discusión sobre su figura jurídica, si es o no administración pública.

Esta vista oral se ha desarrollado de manera diferente a los dos juicios anteriores, donde los acusados resultaron absueltos, ya que tanto la jueza como el fiscal eran diferentes. El fiscal no aceptó la petición de la defensa para la no celebración del juicio y la jueza tuvo que recriminar varias veces al letrado de la acusada en el sentido de que no se estaba “enjuiciando a un colectivo” sino a una persona con unas circunstancias personales concretas. Incluso le llegó a decir que podía hablar del derecho fundamental de la vivienda “en el Congreso de los Diputados” pero durante este juicio.

Sobre ese y otros aspectos en materia de vivienda se manifestaba precisamente la exconsejera antes del inicio del juicio, al que había sido llamada, según la defensa, para dar testimonio de las conversaciones institucionales que se mantuvieron en aquel entnces para tratar de solucionar la situacion de las familias, finalmente desalojadas y cuyo realojamiento provocó una crisis en el gobierno de coalición en la Junta entre PSOE e IU:

La defensa ha lamentado que el Ministerio Fiscal actúe “más acusación como una acusación particular” y que estos hechos se hayan dividido en medio centenar de procedimientos por separado, como informó este periódico. El abogado ha visto como la jueza no ha aceptado muchas de sus propuestas, además de las testificales. El fiscal, además de la reducción en la petición de condena al carecer de ingresos, ha dicho entender la “situación de necesidad y angustia” de la acusada aunque ha mantenido su acusación.

Durante el juicio, para el que se han concentrado a las puertas del juzgado casi un centenar de personas apoyando a la acusada (además de los citados dirigentes de IU, acompañadas del secretario de organización de IU, Toni Valero, y del portavoz de IU en el Ayuntamiento de Sevila, Daniel Rojas, se encontraba la concejal de Participa Cristina Honorato), declararon también dos agentes de la Policía Nacional que estuvieron en el desalojo en abril de 2014, uno de los vecinos de la acusada y el citado exdirector de la agencia de la vivienda, quien recordó la mediacion por parte de la Consejería y las “condiciones extremas” de la acusada, que estuvo varios meses ocupando una vivienda sin luz ni agua pero “sin intención de quedarse en ella”.

Sobre laa circunstancia, clave en el juicio anterior, ha incidido la acusada durante su última palabra, defendiendo que su actuación fue “legítima” y que no quería la vivienda en propiedad sino que la ocupó ante la “falta de respuesta” por parte de las administraciones, “incapaces” de asegurar “el derecho a la vivienda”. Yanes fue apoyada antes del juicio por miembros de la corrala y simpatizantes en un ambiente festivo.

La ex consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía Elena Cortés llevará su defensa de los ocupas de la Corrala Utopía de Sevilla hasta los juzgados. A propuesta de los abogados de una acusada, que el martes se enfenta a 720 euros de multa por la ocupación del inmueble, la ahora diputada andaluza por Izquierda Unida declarará como testigo durante la vista oral, según han informado a eldiario.es Andalucía fuentes de la federación de izquierdas.

Cinco días después del desalojo de la corrala, Cortés vio cómo Susana Díaz firmaba un decreto donde le retiraba la competencia en materia de adjucación de vivienda protegida. La presidenta tomó aquella decisión después de que la Consejería continuara adelante con el realojo de una veintena de familias expulsadas del inmueble de la avenida Juventudes Musicales de Sevilla, que ocupaban desde el 15 de mayo de 2012. Aquella actuación de IU no le pareció a Susana Díaz “el procedimiento más adecuado” legalmente y derivó en una fuerte crisis de gobierno que fue salvada a posteriori.

Cortés, después de que un par de meses después el TSJA avalara el realojo de las familias de la corrala, apoyará directamente en sede judicial que en la actuación de los ocupas no concurrió ningún hecho que “remotamente tuviera una significación penal”, como dijo el alto tribunal andaluz. A su favor, a favor de la acusada en este nuevo juicio del medio centenar que se prevén en los juzgados de Sevilla, las dos primeras sentencias dictadas en torno a este caso: absolución para dos acusados, según los fallos del pasado septiembre. La Fiscalía decidió no recurrir los fallos y la propietaria, Ibercaja, se había retirado del procedimiento, por lo que las sentencias son firmes.

El debate jurídico se centró en los primeroes juicios en la 'vocación de permanencia' de los acusados en las casas, un elemento indispensable para el tipo de delito que se enjuicia en torno al procedimiento, el de usurpación de inmuebles. Ambos acusados negaron que quisieran quedarse allí sino que todo obedeció a la situación de crisis extrema que padecían (paro, ejecución hipotecaria previa, etc.) sino que se trataba de un realojo temporal, alcanzado finalmente tras la negociación y mediación llevada a cabo por Ibercaja, Junta y Defensoría del Pueblo.

Otra cuestión a favor de la nueva vecina acusada, precisamente una de las portavoces de la corrala (María Yanes), es que el juzgado de lo penal será el mismo que absolvió a los dos primeros acusados. Las preguntas y la actitud de la jueza hacia aquellos dos vecinos de la corrala parecían abrir la puerta a la absolución planteada por la defensa de los ocupas, como así se resolvió con posterioridad. Se da la curiosa circunstancia de que Yanes y otra vecina acudieron en noviembre de 2013 a un encuentro de participación en la sede del Consejo de Europa, en Estrasburgo (Francia), para contar las experiencia de la corrala.

Amanda Meyer, también testigo

La exconsejera no estará sola en su decaración como testigo ya que le acompañará en esa misma condición Amanda Meyer, exsecretaria general de Vivienda, que mantuvo el mismo posicionamiento que su entonces consejera. Ambas testificarán contra la acusación de la Fiscalía, que en el juicio anterior mantuvo su petición de condena por un delito de usurpación argumentando que “el derecho a la propiedad privada constituye la base del bienestar social”.

En uno de aquellos primeros juicios declararon como testigos tanto el exsubdirector de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía Rafael Ibáñez como el adjunto al Defensor del Pueblo Andaluz Luis Pizarro. Ambos vinieron a ratificar el trabajo que realizaron durante meses con todas las partes implicadas para encontrar una salida social y negociada al conflicto generado.

En este vídeo, antes de que desencadenara el desalojo y la posterior crisis en el gobierno autonómico, las vecinas explicaban, allá en mayo de 2012, cuáles eran las situaciones que les habían llevado a la ocupación de las viviendas:

La exconsejera de Vivienda de la Junta de Andalucía y promotora de la ley antidesahucios de esa comunidad autónoma, Elena Cortés, estuvo el sábado en Murcia para mantener un encuentro con activistas y se reunió con el candidato a la Presidencia de la Región por Ganar, José Antonio Pujante. Cortés afirmó que la vivienda no puede ser en ningún caso entendida como una mercancía en manos del poder financiero, “sino como lo que es, un derecho humano”.

Cortés exigió la “paralización inmediata de todos los desahucios” y que no haya viviendas deshabitadas de las entidades financieras. “Ha sido el pueblo trabajador el que ha construido cientos de miles de viviendas para que ahora vivamos en un país con más de tres millones y medio de viviendas deshabitadas, y en la Región de Murcia casi 120.000, la mayoría en manos de los bancos”, afirmó la exconsejera andaluza.

Además, Elena Cortés recordó que el Gobierno central del PP interpuso un recurso ante el Tribunal Constitucional contra su ley antidesahucios por “poner en peligro la estabilidad de las entidades de crédito”, ya que en ella se incluían sanciones a las entidades financieras que no pusiesen en alquiler sus viviendas durante un año. Según ha justificado la exconsejera, se trataba de “pasar masivamente al alquiler las viviendas deshabitadas en manos de los bancos”, además de poner en marcha planes de rehabilitación y regeneración urbana impulsados por la Administración.

Según Cortés, dichos planes “contribuirían a la regeneración urbana y la creación de empleo, pasando de la cultura de la especulación a la de la rehabilitación”. La exconsejera también habló de los llamados 'fondos buitre', a los que hay que detener para evitar que “hagan por segunda vez la burbuja inmobiliaria”.

La política andaluza concluyó resaltando la importancia de las próximas citas electorales, que considera “imprescindible ganar para conseguir ese derecho a la ciudad, y alejar a los fondos buitre del derecho a la vivienda”.

En el mismo acto, el candidato de Ganar la Región de Murcia, José Antonio Pujante, explicó su posición “clara, nítida y firme” a favor de garantizar el derecho a una vivienda digna, y la necesidad de que los poderes públicos eviten la especulación, para lo que ha considerado necesaria la intervención de los gobiernos autonómicos y locales.

“La vivienda no es una mercancía, sino un bien de uso con el que no se pueda especular ni se pueden enriquecer algunos, como ha ocurrido en la época del boom inmobiliario”, afirmó Pujante, para añadir que si la coalición que lidera lograra ganar las elecciones, pondría en práctica la iniciativa que Cortés llevó a cabo en Andalucía de “establecer una normativa para garantizar la expropiación del uso de las viviendas de las entidades financieras, para evitar que se produzcan desahucios”.

Pujante también citó la oposición del PP a la Iniciativa Legislativa Popular promovida por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en el ámbito autonómico, cuando “el Partido Popular utilizó estratagemas, con su mayoría absoluta, para impedir el debate de esa ILP”. Y aunque se presentó una proposición de ley que incluía el texto de la Iniciativa Legislativa Popular de la PAH, “el PP volvió a pasar el rodillo” evitando que saliera adelante.

La primera intervención del actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy (PP), en el debate del Estado de la Nación ha sido “decepcionante”. En su discurso, analizan los parlamentarios andaluces de IU Elena Cortés y José Antonio Castro, “vende un país que no es real”. Y enlaza para ello “una mentira detrás de otra”, enfatizan.

Ante el “nosotros o el caos” esgrimido en el Congreso, la federación de izquierdas plantea otra opción: “el pueblo andaluz ha demostrado que sí hay alternativa a las políticas de empobrecimiento de la mayoría social trabajadora que ha aplicado el PP”, según la exconsejera de Fomento y Vivienda de la Junta. “Rajoy no está contando la verdad, está mintiendo”, subraya.

La versión triunfalista de Rajoy es leída además en clave electoral. “Un discurso electoralista, pensando en los comicios que vienen con el final en las generales… si durante tres años hemos tenido un Gobierno al servicio de la banca y los poderosos, ahora lo estará al de su campaña”, resume Castro. Esto significa, a su modo de ver, “otro año perdido”.

El “vamos a contar mentiras” del presidente español traslada “que dirige un país que no conoce o que tiene el suficiente descaro como para vender un país que sabe que no existe”. El parlamentario regional de IU, “bastante perplejo”, entiende “mejor ahora la respuesta que Rajoy le dio en el Congreso a Cayo Lara cuando le dijo que eso de lo que le hablaba era un país que él no conoce”.

Un discurso que “olvida” a Andalucía

De este modo, las medidas de supuesto calado social anunciadas son “insuficientes, no van a la raíz de los problemas e intentan ocultar una realidad muy dura y que es tan cruda por las decisiones del Gobierno que Rajoy preside”, apunta José Antonio Castro. “No son creíbles”, añade Elena Cortés. “El PP y Mariano Rajoy –prosigue– no se han enterado de que tienen que convocar unas elecciones generales y no un carnaval”.

Para Cortés, el presidente nacional y su partido “viven en un país que no es el de la mayoría social trabajadora que tiene pobreza energética, desahucios y desempleo”. Por el contrario “vende un país que no es real” mediante “una mentira detrás de otra”. Y a través de un discurso, enlaza, que “olvida” a Andalucía.

Resulta “alarmante que no hable de Andalucía cuando la han pisoteado y la ha asfixiado económicamente”. Esa “falta de referencias” en el debate del Estado de la Nación llega en un momento en el que el Gobierno Central, opina la exconsejera andaluza, “tiene muchas asignaturas pendientes con esta tierra”.

Como ejemplos señala “la ley de la vivienda, el plan extraordinario de empleo” o la necesidad de “una financiación justa” para la región y sus ayuntamientos. En el debe del Ejecutivo de Rajoy, Elena Cortés apunta que no haya abordado “las peonadas cero para las familias trabajadoras del campo que no van a conseguir, por la mala cosecha, las peonadas suficientes para las prestaciones agrarias”. En este sentido asegura que hay “muchas familias andaluzas que están comprando peonadas para poder acceder a ese subsidio agrario”.

Desde IU han criticado también ese anuncio “fallido” de la anunciada “ley de segunda oportunidad”. El ministro de Hacienda y Administraciones Públicas, Cristóbal Montoro, tras el discurso de Rajoy, ya ha aclarado que esta medida no afectará a los préstamos hipotecarios sino a “otro tipo de créditos”. “El PP –dicen desde IU al respecto– ha mostrado su fracaso en cuanto al rescate de las familias que se encuentren en una situación previa al desahucio”.

De ahí que exijan al Gobierno Central “la retirada inmediata del recurso de la vergüenza a la ley de la función social de la vivienda”, la única norma, apuran, “que se ha mostrado efectiva para la paralización de los desahucios y contra la que la propia Troika puso muchos problemas”. Otra rémora de la alocución de Rajoy prueba “el patriarcado que representa el PP”, según Cortés, y es el hecho “de que no haya hecho ninguna mención a la desigualdad de género y haya mirado para otro lado en la cuestión de la violencia de género”.

La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) no está de acuerdo con la sanción de 120.000 euros impuesta por la Junta de Andalucía por incumplir la Ley de Medidas de Función Social de la Vivienda y la recurrirá. La sociedad defiende además que las 98 VPO que tiene contabilizadas están puestas a disposición de los registros municipales de demandantes (“con cierto retraso, pero hemos cumplido”, alegan fuentes de Sareb) y niega intención en el baile de cifras aportado sobre las viviendas de protección que gestiona.

Sareb insiste, por un lado, que “no existe justitificación” para la sanción de la Consejería de Fomento y Vivienda, señalando que la “discrepancia” entre las cifras incorporadas en un primer momento (911 viviendas) al informe del Gobierno central para paralizar la 'ley antidesahucios' en el Tribunal Constitucional y las finalmente detectadas (98) “no supone intencionalidad alguna” sino que obedece a que las primeras fueron “una estimación”. “Nos llevó su tiempo”, insisten, y añaden que la Junta pretende incluso una “aplicación retroactiva” puesto que la normativa se aprobó “después del traspaso a Sareb” de las viviendas.

En este sentido, añaden que la diferencia del número de viviendas responde a la “singularidad” en la creación de Sareb y al hecho de se que tuvo que analizar “por fases” el número de viviendas que tenía en cartera. “La Junta presupone una intencionalidad que no es tal”, añaden.

Además, argumentan que no tienen constancia del segundo expediente sancionador, relativo a no haber incorporado los inmuebles que gestiona a los registros públicos municipales de demandantes de vivienda protegida. Estos registros, que establecen los mecanismos de selección para la adjudicación de viviendas de protección pública y señalan los requisitos socioeconómicos para el acceso a las mismas bajo principios de igualdad, publicidad y concurrencia, cuentan con las viviendas aportadas por la Sareb, aseguran las fuentes, sin que puedan pronunciarse sobre este aspecto al “no tener conocimiento del mismo”.

La Consejería notificó a Sareb el acuerdo por el que inició el expediente sancionador por infracción muy grave, consistente en no comunicar dicho inventario en el plazo de un mes desde la entrada en vigor de la Ley de Función Social de la Vivienda. “Se lo hemos explicado varias veces a la Junta”, que la labor de inventario “no se pudo hacer de la noche a la mañana”, argumentan las mismas fuentes.

La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha sancionado con 120.000 euros a la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), el conocido como 'banco malo', por obstruir las medidas de la Administración para garantizar la función social de sus viviendas protegidas. En sus alegaciones previas a la resolución que impone la multa, la Sareb señala que no posee 911 VPO en Andalucía, como señaló en un informe incluido en el recurso del Gobierno central contra la Ley de Función Social de la Vivienda, sino 98. La entidad financiera se expone por estas 98 viviendas, en un segundo procedimiento sancionador que sigue su curso, a una multa de 11,7 millones de euros, en el caso de que no hayan sido puestas a disposición de los registros municipales de demandantes.

“Todas las viviendas protegidas, sea quien sea su titular, deben estar a disposición de las familias que las necesitan y las demandan a través de los registros municipales”, afirma en un comunicado Elena Cortés, consejera de Fomento y Vivienda, que ha señalado la “extrema gravedad” de que la propia Sareb haya confirmado en una notificación a la Administración andaluza que los datos con los que el Gobierno fundamentó su recurso contra la 'ley antidesahucios' eran “totalmente falsos”. “El Gobierno recurrió la Ley, que actualmente está parcialmente suspendida de forma cautelar a la espera de sentencia, argumentando que dañaba los intereses de la Sareb en función de un número de viviendas diez veces superior al real. Es decir, el Gobierno engañó al Constitucional para forzar la suspensión cautelar de la Ley”, ha añadido la consejera.

La resolución firmada por la secretaria general de Vivienda, Amanda Meyer, cierra con una sanción de 120.000 euros un expediente abierto por la Consejería por el incumplimiento de la disposición adicional séptima de la Ley 13/2005, de 11 de noviembre, de Vivienda Protegida y Suelo, introducida en su actual redacción por la Ley de Medidas de Función Social de la Vivienda.

Dicha disposición establece la obligación de las entidades financieras de aportar a la Administración pública inventario de las viviendas protegidas que se encuentren en sus balances. El incumplimiento de la misma supone una infracción “muy grave”, tipificada en el artículo 20ñ de la Ley 13/2005, que penaliza “la obstaculización del ejercicio de la potestad de inspección” de la Administración autonómica.

La Consejería ha impuesto la sanción máxima para la infracción muy grave por concurrir los agravantes de intencionalidad derivada del previo conocimiento del incumplimiento producido, el carácter cualificado del sujeto infractor y el daño al interés general. Las alegaciones presentadas por la Sareb han sido desestimadas en la resolución dictada por la secretaria general de Vivienda.

Un segundo procedimiento

La Consejería mantiene otro procedimiento sancionador abierto por el supuesto incumplimiento de la función social de las VPO en la cartera de la Sareb. Dicho procedimiento tiene su origen en el informe de la propia entidad financiera adjunto al recurso del Gobierno contra la Ley de Función Social de la Vivienda, presentado el 18 de diciembre de 2013 ante el Tribunal Constitucional. En dicho informe, la Sareb aseguraba poseer 911 viviendas protegidas en Andalucía.

Cuando el TC notificó a la Administración andaluza dicho recurso, la Consejería realizó un requerimiento informativo a la Sareb sobre el posible incumplimiento de la función social de sus 911 VPO, ya que si no estaban a disposición de los registros municipales de demandantes supondrían sendas sanciones muy graves, por incumplimiento del artículo 20m de la Ley de Vivienda Protegida, también introducido en su actual redacción por la Ley de Función Social de la Vivienda.

n sus alegaciones, la Sareb señala que el dato incluido en el informe incluido en el recurso del Gobierno es falso. Según esta versión, no son 911, sino 98.“Se trata de un número sensiblemente inferior al de 911 inicialmente estimado, pero ello es debido a que las cifras inicialmente consideradas constituían datos meramente estimativos”, señala la Sareb en sus alegaciones. Elena Cortés ha señalado que “un Gobierno no puede recurrir una Ley que frena desahucios y defiende el derecho a la vivienda basándose en datos estimativos que finalmente resultan falsos”.

La Ley de Medidas para Asegurar la Función Social de la Vivienda no fue impugnada en su totalidad, sino sólo algunos preceptos, como la potestad de sancionar a entidades financieras por mantener viviendas vacías durante más de seis meses o la de expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar desahucios de familias en riesgo de exclusión social. Los artículos que permiten vigilar y sancionar los incumplimientos de las obligaciones de la función social de las viviendas protegidas, que han posibilitado a la Consejería multar a la Sareb y mantener abierto un segundo procedimiento sancionador, siguen plenamente vigentes.

La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha defendido este martes en el Parlamento de Andalucía la actuación “totalmente legal” de su departamento en los realojos de las personas que el pasado 6 de abril fueron expulsadas de la conocida como Corrala Utopía, el inmueble propiedad de Ibercaja que desde mayo de 2012 ocupaban en la capital hispalense. En la comparecencia para explicar este asunto, a petición propia y de todos los grupos parlamentarios, ha reiterado que de las 17 familias que se habían contabilizado en dicho desalojo, han sido realojadas “provisionalmente” ocho, y otras nueve están a la espera de informes.

La consejera ha insistido en diferenciar el realojo de la adjudicación, “que es el mecanismo por el que se accede de forma estable a una vivienda protegida, y se hace en el marco de la Ley de Vivienda Protegida de 2005 y la Ley del Derecho a la Vivienda de 2010 y a partir de los registros de demandantes”. Frente a ello está “el realojo”, donde esta última ley deja claro que es una medida “excepcional”, por “riesgo de exclusión social” y “sin necesidad de concurrencia”. De hecho, ha apuntado que desde 2001 la Junta de Andalucía ha realizado 637 realojos de este tipo. “La adjudicación no tiene nada que ver con un realojo. Éste no atenta contra el derecho de las demás familias demandantes”, ha insistido. Y ha puesto el ejemplo de la lista de espera para operarse de rodilla, dando a entender que las familias de la corrala entraron por la puerta de urgencias. “Si una persona entra con la rodilla rota por la puerta de urgencias de un hospital, es atendida, independientemente de esa lista de espera que hay para operarse”, ha ejemplificado.

“Lo sorprendente es que tengamos que realojar porque la Delegación del Gobierno de Andalucía ha puesto en la calle a familias con niños. No es que pudiéramos realojar a las familias: es que debíamos”, ha aseverado, momento el que ha recordado que había un auto del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla ordenando a las administraciones que se hicieran cargo de la situación. Es más, ha criticado que la Delegación del Gobierno en Andalucía no le informó de la orden de desalojo sabiendo que había un preacuerdo de dos días antes -el pasado 4 de abril- entre la Junta de Andalucía y la propietaria del inmueble en presencia del Defensor del Pueblo Andaluz y que conocía el Ayuntamiento de Sevilla.

Igualmente, una vez que ha dado por “resueltas” las “discrepancias en el seno del Gobierno de Andalucía” por este caso que desecandenó la crisis más grave de la alianza entre el PSOE-A e IU, ha abogado por la “necesidad” de mantener el pacto, para recordar que son servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla “los que deben actualizar los informes de las 17 familias” de la corrala. “Ya es hora de que lo haga”, ha dicho. “La actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda es siempre legal y justo y eso espero del Ayuntamiento de Sevilla”, ha enfatizado.

Por otro lado, Elena Cortés ha negado que la Junta de Andalucía tenga más de 50.000 VPO sin adjudicar, “como se ha dicho desde la bancada popular”. Las ha cifrado en 638 a fecha de mayo de 2013, “y se pasaron todas a la fórmula del alquiler” para darles salida. “Se han alquilado ya 520 mediante el registro de demandantes”, ha aseverado. De hecho, ha expuesto que la Consejería de Fomento y Vivienda se ha propuesto que las demás administraciones -muchos consistorios “gobernados por el PP-A”- hagan lo mismo. Pretende que las más de 5.620 VPO vacías de promotores públicos y privados que hay en Andalucía “estén ocupadas en un año como máximo”, para lo que ha pedido el compromiso de las administraciones locales que las controlan. Este martes se ha dirigido por carta a los alcaldes de ciudades de más de 50.000 habitantes para ese objetivo: “Que en un año no quede ni una sola vivienda pública deshabitada en Andalucía”. Para ello se aboga por pasar a la fórmula del alquiler las que están previstas para venta, dado que las familias no tienen opción de acceder a crédito o no se pueden permitir comprarlas. Por ello, ha instado a que el PP-A “se sume a este compromiso” con sus mandatarios.

El portavoz del PP-A, Carlos Rojas, la ha acusado de “pisotear la legalidad”. Ha recordado que fue el alcalde de Sevilla, el popular Juan Ignacio Zoido, el que “advirtió a la presidenta de Andalucía, Susana Díaz, de la ilegalidad que estaban cometiendo con los realojos, y le debería estar agradecida” por ello, en alusión a la carta que el regidor envió cuando se estaban produciendo los realojos. Tras reiterar que el PP-A cree que “debe ser la presidenta la que comparezca en el pleno”, ha subrayado que Elena Cortés “ni siquiera debería estar aquí, sino cesada”. Ha advertido de que el PP-A no va a dejar este asunto, “que será largo” y ha avisado de que pedirá una comisión de investigación. “Queremos ver todos los expedientes y todo lo que ha pasado en el Gobierno de Andalucía amparando la ilegalidad”, ha criticado, momento en el que le ha recordado que “juró o prometió por imperativo legal la Constitución Española” cuando tomó posesión.

Elena Cortés le ha garantizado que tendrá “todos los expedientes”. Frente a la postura que ha mantenido en el debate la oposición, acusando al Gobierno de Andalucía de premiar “la patada en la puerta” de los que ocupan ilegalmente inmuebles y luego reciben una vivienda pública, ha expuesto el recurso de la Ley de la Función Social de la Vivienda por parte del Gobierno de la Nación. “Eso sí que es una patada”, ha zanjado.

El pleno en el Parlamento de Andalucía -que se adelanta a este martes para continuar el miércoles porque el jueves es festivo- estará marcado en su primera jornada por las comparecencias de los consejeros de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, y Educación, Cultura y Deporte, Luciano Alonso, para ofrecer explicaciones sobre dos asuntos que han generado polémica -y hasta una crisis- en el Gobierno de Andalucía las últimas semanas: el realojo de los vecinos de la Corrala Utopía y la investigación de la Fiscalía de Málaga por un supuesto fraude en las subvenciones para cursos destinados a desempleados. Y en esta conflictividad, reparto de papeles entre los dos socios, porque tomarán la palabra un consejero de IU y otro del PSOE-A.

La primera en comparecer será Elena Cortés, “a petición propia”, para “informar sobre la política general de vivienda: VPO y procedimientos de realojo previstos” en la ley. Tras este enunciado se esconde la necesidad de aclarar las diferencias entre adjudicación de vivienda protegida y realojo provisional, que es la fórmula por que la su consejería permitió dar techo a ocho de las 17 familias desalojadas el pasado 6 de abril de un inmueble que ocupaban desde hacía casi dos años en Sevilla, mientras que para las otras nueve se está estudiando su situación.

Elena Cortés sostiene que la intervención de su departamento fue “totalmente legal”, pese a que costó una crisis -con suspensión temporal del pacto incluida- en el Gobierno de Andalucía, una vez que la presidenta, Susana Díaz, mandó parar estos realojos auspiciados por IU y llegó incluso a quitarle por unas horas las competencias en materia de adjudicación de vivienda protegida mediante decreto. La presidenta llegó a plantearse hasta un adelanto electoral. De hecho, en el orden del día figura también una iniciativa del PSOE-A para que dé estas explicaciones y que está planteada en los mismos términos que la referida de la consejera. Por su parte, la petición que se le hace desde la oposición es que informe “sobre los procedimientos que han dado lugar a la entrega” de viviendas protegidas a estas familias y que dé cuenta de “los informes jurídicos confeccionados al efecto para avalar las decisiones tomadas”.

Tras Elena Cortés, que comparecerá en torno a las cuatro y media, será el turno de Luciano Alonso, también a petición propia y “a fin de informar sobre la situación de la formación profesional para el empleo en Andalucía”. El PP-A le preguntará sobre todas las actuaciones que ha llevado o va a llevar a cabo en relación a las investigaciones que practica la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) y la fiscalía en relación al presunto fraude detectado en la gestión de los fondos de formación realizada por el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) entre 2009 y 2011 “en diversas provincias de Andalucía”, si bien hasta el momento Luciano Alonso ha circunscrito el caso exclusivamente a Málaga. También preguntarán los populares “sobre las medidas que ha puesto o va a poner en marcha con el fin de aclarar dichas irregularidades”, cómo se trabajará para recuperar estos fondos de formación “defraudados” o quién asume “las responsabilidades políticas” ante “este nuevo escándalo”.

IU, por su parte, también pide explicaciones al consejero, “en relación al presunto fraude”. El portavoz parlamentario de IU, José Antonio Castro, lo calificaba este lunes de “muy grave” y “escandaloso”, exigiendo “transparencia” a sus socios en las explicaciones porque “esto no es un bluf”. Y el PSOE-A, a su vez, se pregunta por este caso, pero no habla de fraude, sino de “las informaciones recogidas en diversos medios de comunicación”. De hecho, Luciano Alonso ha ido ofreciendo información sobre el caso desde el pasado 16 de abril sosteniendo la tesis del Gobierno de Andalucía de que “no se puede hablar de gran fraude”, entre otras cosas porque todavía “están abiertos” los procesos por el que las empresas que han recibido este tipo de subvenciones tienen que justificar su gasto.

Hasta la fecha, el Gobierno de Andalucía ha cifrado en 1,5 millones de euros el monto de los 17 expedientes que está investigando la UDEF y que le fueron requeridos a la consejería el pasado 14 de enero. En paralelo, desde el pasado mes de septiembre se están revisando todos los expedientes de estas subvenciones entre 2007 y 2011 -en 2012 y 2013 no ha habido convocatorias- para comprobar que todo está debidamente justificado. De un total de 4.000 revisados, se ha procedido a requerir más información a los destinatarios en medio millar de casos, y hay 56 peticiones de reintegro de las cantidades de manera total o parcial por no haber cumplido con su objetivo.

Esta revisión masiva de expedientes fue ordenada por Susana Díaz tras su toma de posesión cuando la sombra de la sospecha se cernía con todo su peso sobre estos programas y cuando se estableció el principio de no exoneración, es decir, no se puede optar a nuevas subvenciones sin haber justificado las anteriores que se hubiera recibido. En este contexto, quedan muchas preguntas por responder que se espera que haga Luciano Alonso como ¿hay nuevos requerimientos de información tras esos 480 expedientes de los que habló hace un par de semanas?, ¿a cuánto asciende la cantidad reclamada en los 56 de petición de reintegro?, ¿hay más ya?, ¿si los mecanismos de control funcionan, cuánto dinero ha recuperado la Junta de Andalucía con las peticiones de reintegro en años anteriores a los investigados?, ¿se han extendido la investigación de la UDEF a otras provincias?...

Cabe recordar que pese a que comparecerán los dos consejeros, la oposición había pedido que lo hiciera la presidenta, especialmente en el caso de los fondos de formación. De hecho, el PP-A ha insistido en la necesidad de convocar una comisión de investigación, un planteamiento que no tiene visos de salir adelante. De hecho, desde IU avisaban a los populares la pasada semana de que no cuenten con ellos para esto.

El Gobierno de Andalucía dará explicaciones de la gestión de los realojos de la conocida como Corrala Utopía, un conflicto que ha enfrentado a los dos socios: PSOE-A e IU. Las explicaciones las ofrecerá “a petición propia” la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, en el Parlamento de Andalucía. Lo ha anunciado este martes el portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, tras la finalización de un Consejo de Gobierno en el que, según ha insistido, “no se ha abordado este tema de la semana pasada”, pese a que era la primera vez que los socios se veían la cara tras un pulso que ha punto ha estado de costarles el pacto y la convocatoria de elecciones anticipadas por parte de la presidenta, Susana Díaz. Era, de hecho, la primera vez en que ésta se veía con Susana Díaz, después de que la presidenta le retirara por unas horas las competencias en materia de adjudicación de VPO a su consejería. “El Gobierno de Andalucía hablará por una sola voz”, ha dicho el portavoz.

La Junta de Andalucía todavía está a la espera de que los servicios sociales del Ayuntamiento de Sevilla “baremen” a las ocho personas que finalmente fueron realojadas de manera temporal -por tener menores y discapacitados a su cargo- tras expulsarlas el 6 de abril la Policía Nacional del edificio que ocupaban desde mayo de 2012 en la avenida Juventudes Musicales de la capital hispalense, cumpliendo una orden del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla. “Esos informes deberán determinar si están realmente en riesgo de exclusión social”, que es lo que sostiene la Consejería de Fomento y Vivienda, según ha recalcado el portavoz. “Le hemos pedido que lo haga con urgencia”, ha apostillado.

Si no cumplieran este requisito, ¿serían desalojadas? “Cuando contemos con esa baremación, hablaremos”. ¿Y si están en dicho riesgo de exclusión social pero hay en el listado del Ayuntamiento de Sevilla personas que están todavía peor y van por delante? “No es una situación comparable”. Lo ha dicho el portavoz y también la consejera de Igualdad, Salud y Políticas Sociales, María José Sánchez Rubio, quien ha especificado que en este caso “hay un auto”, del mismo juzgado, que “mandata” a las administraciones a proveer a estas familias de los recursos necesarios. No obstante, ha enfatizado la “necesidad de garantizar la equidad”.

Sobre el informe de los servicios jurídicos que se refería a estos realojos y que provocó el decreto de la presidenta para retirarle las competencias a IU “hasta que se restituya la normalidad legal”, el portavoz ha respondido que iba a hacer gestiones para ver si era posible facilitarlo a los medios de comunicación. No obstante, ha evitado hablar de ilegalidad en la actuación de la Consejería de Fomento y Vivienda, pese a esa necesidad, expresada por la propia Susana Díaz, de volver “a la normalidad legal”.

La otra duda que pesa sobre este conflicto, y es si las otras nueve familias que vivían en la corrala también van a ser evaluadas por si tuvieran el mismo derecho, no ha sido del todo preciso, pese a que desde IU se insiste en que se hará. “Me remito a lo que está en el acuerdo del viernes”, ha replicado, en referencia a la nota de prensa que puso fin al enfrentamiento entre las dos formaciones. En este sentido, ha evitado entrar en discusión con varias afirmaciones hechas por responsables de la Consejería de Fomento y Vivienda de que todos los casos serían estudiados: los que ya tienen llaves y lo que no. Por cierto, ¿cuántas llaves se entregaron a llegar a estas familias la tarde del 9 de abril cuando comenzó el realojo, pese a las órdenes contrarias de la presidenta? El portavoz no contaba con esa información a la hora de la rueda de prensa.

Como tampoco ha podido aclarar si el expediente de los realojos que entregó la consejería de Elena Cortés durante las negociaciones con el PSOE-A para frenar la crisis se les había ocultado antes. En definitiva, muchas dudas todavía en torno a una polémica que ha instalado la desconfianza entre los dos socios.

La Consejería de Fomento y Vivienda ha recibido esta semana la notificación del recurso que el Gobierno de España ha presentado contra la Ley de la Función Social de la Vivienda como “una catarata de ideología neoliberal, basada en el discurso del miedo”. La reclamación, que fue admitida a trámite por el Tribunal Constitucional (TC) el pasado día 22 de enero, recupera los argumentos de que esta norma pone en peligro la economía del país, puede disparar la prima de riesgo e incluso ir contra las condiciones impuestas a España por la troika -Banco Central Europeo (BCE), Comisión Europea y Fondo Monetario Internacional (FMI)- para el rescate de su sistema financiero.

“El recurso se basa en elucubraciones descabelladas e hipótesis ya refutadas por los hechos según las cuales la ley provocaría el colapso de la economía española”, ha criticado la consejera. Esta ha recordado que, en sus algo más de tres meses en vigor, la ley ha protegido el derecho a la vivienda de todas las personas incursas en proceso de desahucio en Andalucía, “y ello mientras bajaba la prima de riesgo, como el Gobierno de España se encarga de repetir a diario, y sin que se haya interrumpido, que se sepa, ese proceso de reestructuración pagado con multimillonarias cantidades de dinero público”.

El recurso, que se puede consultar íntegramente en la web de la consejería, cita cuatro informes del Banco de España, así como el Memorando de Entendimiento (MOU) que fija las condiciones del rescate financiero a España. Recuerda que el MOU “obliga” a las autoridades españolas a consultar a la Comisión Europeay al BCE, “y a solicitar asesoramiento técnico del FMI”, sobre cualquier política no incluida en el programa que pueda tener “un impacto material en la consecución de los objetivos” del mismo.

Estos son algunos de los argumentos incluidos en el texto que inciden en esta idea negativa de la norma:

Cabe recordar que desde que entró en vigor esta ley, el pasado 8 de octubre, se completaron dos expropiaciones temporales que no tienen vuelta atrás, y se publicaron en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) otros 37 expedientes de familias de escasos o nulos ingresos ya cerrados, pero que han quedado en suspenso por el recurso. La Junta de Andalucía tenía en estudio otro centenar de reclamaciones de ciudadanos que habían solicitado el amparo de esta ley para evitar ser expulsados de sus viviendas.

Por otro lado, como el recurso invocó el artículo 161.2 de la Constitución Española, ello conllevó la suspensión cautelar inmediata de los preceptos impugnados, que básicamente son la creación de la figura de vivienda vacía, la potestad de sancionar a personas jurídicas por mantener inmuebles deshabitados durante más de seis meses a lo largo de un año y la expropiación del uso durante un máximo de tres años para evitar desahucios de familias en exclusión social. El alto tribunal tiene cinco meses para decidir si levanta esta suspensión -que no afecta a su totalidad pero sí a sus artículos más importantes- y puede tardar años en pronunciarse sobre su constitucionalidad.

Los 150 días que lleva en vigor la Ley de la Función Social de la Vivienda -desde el pasado 8 de octubre- se han saldado con otros tantos expedientes, es decir, a un ritmo de uno diario para evitar desahucios a los que las entidades bancarias condenan a ciudadanos sin recursos para pagar cumplir con sus obligaciones en el pago de las hipotecas. Para la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, esto ha sido determinante para que el Gobierno de la Nación haya decidido pararle los pies a la norma, tras haber aprobado en el último Consejo de Ministro la presentación de un recurso en el Tribunal Constitucional, entre otras cosas porque considera que va contra el principio de igualdad de todos los españoles.

“El Gobierno de España ha sido incapaz de soportar una norma que ha paralizado un expediente al día, incapaz de soportar una ley que demuestra que hay alternativa e incapaz de soportar que la mayoría social se empodere”, ha resumido la consejera este sábado, molesta todavía por el hecho de haberse enterado por la prensa de este recurso pese a que horas antes de que trascendiera había estado con la ministra de Fomento, Ana Pastor. De hecho, ni siquiera en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros, la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría había hecho referencia a esta decisión, algo que sí hizo cuando hace unos meses el recurso se presentó contra el decreto ley que precedió a esta norma y que finalmente quedó derogado por la misma.

De esos 150 expedientes, dos se han culminado con las expropiaciones temporales por tres años de las viviendas, para que, a cambio de un alquiler social, sus habitantes -familias con varios menores a su cargo y sin apenas ingresos- se quedaran en la calle. Otros 33 están ya en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) a la espera de que sean aprobados por el Consejo de Gobierno, paso que no se podrá dar mientras la ley esté recurrida. Es por ello que la Junta de Andalucía pretende que el Tribunal Constitucional levante la suspensión cautelar de los artículos objeto de la discordia, que decretaría por un plazo máximo de cinco meses mientras decide si admitir a trámite o no la impugnación. El objetivo del Gobierno de Andalucía es evitar que las entidades bancarias afectadas procedan al levantamiento mientras dura esta situación.

La idea del Gobierno de Mariano Rajoy es presentar el recurso antes de que, tal y como recoge la ley, se proceda a un segundo aspecto que contiene -junto a las expropiaciones temporales- y es la sanción contra las personas jurídicas, en su mayoría bancos, que tengan las viviendas vacías y no las saquen al mercado de alquiler. “Estos son los verdaderos motivos del recurso del PP, políticos y no jurídicos. Primero, defender los interes de la elite financiera; segundo, poner una alfombra roja a especuladores de viviendas y, en tercer lugar, impedir que se abarate el alquiler”, ha dicho, en referencia a los más de 700.000 inmuebles en esta situación en la comunidad autónoma.

La Consejería de Fomento y Vivienda seguirá aplicando la ley hasta que les comuniquen el recurso, para a continuación pedir al alto tribunal que levante la suspensión cautelar y dirigirse a los juzgados que llevan el caso de las 33 familias con expedientes en el BOJA, para que “en ningún caso se produzcan esos desahucios”. En el caso de los dos ya consumados, no se puede volver atrás. “Si piensan que la Junta de Andalucía se va doblegar, la llevan clara. Nadie ha dado la cara en el Gobierno de la Nación -en alusión a la ocultación del recurso- y no han sido capaces de volver a sentarse en la comisión bilateral y se lo hemos pedido cientos de veces”, ha sentenciado Elena Cortés.

Por su parte, el consejero de Presidencia, Manuel Jiménez Barrios, ha advertido de que la decisión refleja “el rostro antisocial” del Gobierno de España, al que ha acusado de posicionarse del lado de “los poderosos” y actuar contra una regulación que responde a las “demandas” de la propia ciudadanía. En declaraciones a la agencia Europa Press, ha manifestado que muestra así “su dureza con los más débiles y desfavorecidos y su extrema benevolencia con los poderosos”, en referencia a las entidades bancarias. El este recurso ante el Tribunal Constitucional, a su entender, prueba que “está al lado de los bancos y no con los más débiles”.

Omar Abattouy y Umkiltoun Sarroukh, con cuatro hijos de entre 7 y 16, residentes en una vivienda de 55,62 metros cuadrados en Torremolinos (Málaga), se han convertido este martes en la segunda familia sin recursos que se libra de terminar sin un techo. El Consejo de Gobierno ha aprobado este martes la segunda expropiación contra Banesto -temporal porque es por tres años como máximo- de una propiedad desde la entrada en vigor hace dos meses de la Ley de la Función Social de la Vivienda. Es el segundo expediente que se completa -hay 33 abiertos y un centenar en trámite- y la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, ha querido dar cuenta de él para celebrar que “en Andalucía se está haciendo justicia social”. Y se ha alegrado también por que se haya aprobado en el día en el que se conmemora el 65 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Ha reconocido, no obstante, que de fondo sigue la amenaza de un recurso ante el Tribunal Constitucional contra esta ley por parte del Gobierno de la Nación, que tenía cinco meses para hacerlo. De hecho, la Junta de Andalucía, no descarta que esté buscando el momento político más idóneo para hacerlo, igual que en su día recurrió el decreto que precedió a esta ley y que había sido aprobado en abril. “Vuelvo a pedirle por enésima vez que convoque la comisión bilateral para intentar solucionar por esta vía, perfectamente legal, los puntos de conflicto”, ha recalcado, convencida en todo caso que no hay ninguna inconstitucionalidad en la norma. Es más, tiene muy claro el mecanismo de la ley más allá de su filosofía: igual que se expropian terrenos, por ejemplo para hacer una carretera, por el interés general, en Andalucía se pueden enajenar ahora viviendas para que sus habitantes no crucen el último peldaño que los llevaría a la exclusión social.

En la misma línea, ha insistido en que el Gobierno de Andalucía “tiene un objetivo innegociable contra los desahucios”, destacando que ya se están viendo sus frutos porque la norma -que además de la expropiación por tres años de la vivienda y sanciones para las entidades financieras que no las saquen el alquiler pese a tenerlas vacías- ha tenido un efecto disuasorio. “Se constata porque así nos lo están trasladando las familias y porque, además, ya no se ve aquí, como en otras comunidades autónomas, imágenes de la policía interviniendo en un desahucio, como si fuera un problema de orden público”, ha aseverado la consejera de IU.

Ha apuntado también que hay 17 entidades financieras que han aportado a la consejería información sobre las viviendas de protección oficial que controlan y están desocupadas, para incluirlas en el registro de demandantes, tal y como fija la norma, si bien no ha dado datos sobre el número de inmuebles. “Entiendo que las entidades financieras que no nos han facilitado esta información es porque no tienen este tipo de viviendas”, ha continuado. Sí ha reconocido que la voluntad de colaboración en otros sentidos es nula. Es el caso del protocolo que la Junta de Andalucía invitó a firmar para negociar salidas que eviten llegar al desahucio o la expropiación. ¿Cuántas entidades financieras lo han firmado? “Ninguna”, ha admitido la consejera.

Consciente de que un recurso podría dejar paralizada esta ley, y a expensas de lo que digan los propietarios y los juzgados a las familias que se han beneficiado de las mismas mientras se resuelve, ha deseado por ello una pronta respuesta de Madrid porque su silencio no la deja “nada tranquila”.

“El presupuesto no es un fin en sí mismo, es un instrumento que sirve, en el caso de Andalucía, para mantener los servicios públicos básicos: dependencia, educación y sanidad”, así ha argumentado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, el recorte que va a sufrir su departamento de acuerdo con el proyecto de presupuestos para Andalucía ha aprobado por el Consejo de Gobierno.

Cortés ha señalado que la caída de las inversiones materializa “una alianza con las clases trabajadoras” que les permitirá recibir un “salario diferido” a través de “una educación pública de calidad, a través de una salud pública de calidad y a través de mantener el sistema de la dependencia que también es un elemento fundamental para muchas familias para muchas mujeres”.

La consejera ha asegurado que el documento “no sigue el camino marcado por el Partido Popular” que ha forzado un recorte de 1.200 millones de euros, lo que ha obligado a “establecer una serie de prioridades” para garantizar “derechos fundamentales que vienen recogidos en el Estatuto y en la Constitución”. Dentro de ese ajuste, Fomento va a mantener “algunos de los elementos en movilidad sostenible” y aumentará la dotación dirigida a la conservación de más de 10.000 kilómetros de carreteras de la red viaria autonómica. Pero “hay otros elementos que se resienten, como la inversión”.

No ha querido entrar en detalles, al señalar que hay otras consejerías inversoras y que el ajuste no se limita a su departamento. Ha recordado que unas cuentas diferentes incluirían “plantear que no es posible seguir por esta senda del ajuste duro a las comunidades autónomas” porque “tienen las competencias en servicios esenciales para ciudadanía como la educación, salud o dependencia”.

Por otra parte, la consejera se ha referido a la situación del sistema tranviario de Jaén del que encargado un nuevo estudio “para abordar cómo mejorar la alimentación del tranvía, cómo hacer una integración tarifaria para que deje de estar parado”. No ha querido abundar en este asunto pero ha insistido en que la administración autónoma ha “movido ficha más allá de sus competencias”, por lo que es competencia del ayuntamiento de Jaén “asumir sus responsabilidades y hacer pedagogía del transporte público”.

Cortés ha hablado también de la polémica surgida a raíz del 'escrache' que sufrió la presidenta de la Junta, Susana Díaz, el pasado sábado y protagonizado por cargos públicos del Partido Popular. Ha señalado que “los ciudadanos han podido ver y valorar la actitud de cargos del Partido Popular que se escandilizan cuando la ciudadanía, organizada o no, plantea otros elementos que forman parte de la asistencia o los derechos” y ha señalado que cuando se defienden mensajes diferentes en función de quién proteste, es lo que mantiene a los ciudadanos alejados de la política.

La consejera ha firmado este miércoles en Jaén un convenio con la universidad para financiar una investigación para reducir el consumo energético en la vivienda. En este proyecto se invertirán 284.000 euros de los casi 12 millones que la consejería de Fomento y Vivienda ha destinado a 49 proyectos de I+D+i en las universidades y centros de investigación andaluces.

“La bici ya no es una el medio de transporte de los tiesos”, con esa expresión ha comenzado la consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés, la presentación institucional del Plan Andaluz de la Bicicleta, una herramienta de planificación de infraestructuras ciclistas y fomento del uso de la bici que supone un ambicioso paso hacia la consecución de un modelo de transporte público ambiental y económicamente sostenible, en el que “la bicicleta es el eje estratégido de su consolidación”.

Cortés ha reiterado que la consecución de este plan (hasta el próximo 26 de septiembre continúa en proceso de alegaciones) es una muestra más del compromiso del Gobierno andaluz por apostar por un sistema de transporte público coherente. “Siempre hemos apostado por un modelo de ciudad compacta, inclusiva y sin viviendas vacías. La mitad de los ayuntamientos andaluces forman parte de nuestro programa La Ciudad Amable y este plan es una aportación que se integra a estas políticas”, ha asegurado la consejera.

Hacia el 10% de la cuota modal

Según Cortes, “no hay inversión más asequible y sostenible que la bicicleta y no hemos desaprovechado absolutamente nada de las infraestructuras existentes. La bici se une al éxito del autobús metropolitano en la comunidad, con 41 millones de usuarios. Da impulso a los trenes de media distancia, tan afectados últimamente por los recortes del Gobierno central, y viene a consolidar el sistema de transporte público andaluz. El metro de Sevilla, por ejemplo, está demostrado que es el que mejor aguanta la crisis”.

José Antonio García Cebrián ha sido el encargado de explicar punto por punto el ambicioso plan que se sostiene principalmente en la idea de que “la migración del coche a la bicicleta en los desplazamientos diarios de los andaluces se convierta en realidad” y en “la consecución de un transporte público intermodal, que permita el cambio de transporte en un trayecto con facilidad y que conecte las áreas metropolitanas de forma útil y cómoda”.

Frente al 30% de la cuota modal del uso de la bici en países como Holanda o del 19% danés, el PAB pretende llegar al 10% en 2020, horizonte de aplicación de este proyecto. Partiendo de datos como el 9% sevillano que se reduce a escalas muy pequeñas en otras capitales andaluces, como el 0,4% granadino. “Estas infraestructuras impulsarán el uso de la bicicleta y generarán otros sistemas de bicis públicas en distintas ciudades. En Sevilla, por ejemplo, Sevici cuenta en relativo poco tiempo con más de seis millones de desplazamientos”, explicó García Cebrián.

Un ahorro de 413 millones de euros

El Plan prevé la creación de más de 1000 kilómetros de carril bici y calcula una inversión de 402 millones de euros. Según el viceconsejero: “Si realizamos cálculos del ahorro por emisiones de CO2, por consumo de combustible, reducción de importación de barriles de crudo, la inversión se amortizaría en un año y supondría el ahorro de 413 millones, por lo que no hay inversión más rentable”.

García Cebrián desveló provincia a provincia, aportando información técnica de los trazados, el número de kilómetros de amplicacion de carriles bici y su incorporación a las vías ya existentes. Destacó por ejemplo, el cambio que experimentará tanto la ciudad como la zona de la Bahía de Cádiz de la que afirmó que “problablemente será la vía ciclista más bonita del mundo”. En esta provincia el plan plantea unir la capital con los municipios costeros como Puerto Real y San Fernando e ir abriendo su abanico hasta otros como Chipiona. Además, esta red se unirá a las infraestructuras existentes de la red regional (en Andalucía existen más de 3000 kilómetros que gracias a este plan se equiparán y señalizarán).

Fomento de planes sectoriales

Fomento de planes sectorialesEste plan será financiado en un 75% por la Junta y un 25% por los ayuntamientos de las ciudades que se contemplan: las ocho capitales, Jerez y Algeciras. Según Fomento, ya se han iniciado los contactos en el marco de los convenios con los distintos municipios para ver cómo se van planificando todas estas medidas. Del acuerdo con las administraciones municipales dependerá su nivel de ejecución.

El viceconsejero de Fomento ha destacado también que el PAB “no es sólo la suma de infraestructuras”, ya que “supone una apuesta por la integración de distintos planes sectoriales con otras administraciones como puedan ser Turismo, Empleo o Sanidad, con las que ya hemos iniciado contactos también”. García Cebrián recalcó que estos planes “requieren una inversión mínima y generan un gran beneficio como el impulso del comercio local, la reducción del absentismo laboral, la reducción de visitas al médico, o el nacimiento de programas turísticos vinculados a la bicicleta”.

La Consejería de Fomento y Vivienda presenta este jueves el Plan Andaluz de la Bicicleta (PAB), una herramienta de planificación para el desarrollo de las infraestructuras y el fomento de los hábitos ciclistas en la comunidad. Su objetivo primordial es crear una Red Andaluza de Vías Ciclistas impulsando el uso de la bici tanto a nivel autonómico como urbano y metropolitano. Como ya ha resaltado en varias de sus intervenciones la consejera del ramo, Elena Cortés, la intención es hacer de la bici una alternativa real como medio de transporte frente al coche en las ciudades andaluzas.

La apuesta decidida de la Junta por la bici pasa también por haber aprobado por primera vez una partida específica para este medio de transporte en los presupuestos andaluces. Diez millones de euros como un primer paso para desarrollar un nuevo modelo basado en la movilidad sostenible (ambiental y económicamente) y en el transporte público. El Plan Andaluz de la Bicicleta pretende conseguir desde 2014 a 2020 que la cuota de desplazamientos habituales en bicicleta en las ocho capitales de provincia más Jerez y Algeciras llegue al 10%, un 15% en el caso de Sevilla, ciudad con el porcentaje más alto de traslados habituales en este vehículo de dos ruedas.

Las cifras: 402 millones de euros y 1.000 kilómetros más de carril

Con una inversión prevista de 402 millones de euros, este presupuesto se repartirá entre las distintas infraestructuras necesarias para consolidar el nuevo trazado de vías ciclistas. Tanto a nivel de inversión como de construcción de estos carriles, el plan presta mucha atención al desarrollo de las áreas metropolitanas con núcleos de alta concentración de población y de cuya implantación depende el éxito del modelo y el desarrollo de un transporte que sea realmente intermodal. De esta inversión prevista, 177 millones se dedicarán a las redes urbanas, 156 millones a las áreas metropolitanas y 69 millones para las regionales.

A los 908 kilómetros totales de carril existentes ya en Andalucía, se sumarán los 1064 kilómetros nuevos de los cuáles se construirán 299 km en las redes urbanas y 764 en las áreas metropolitanas. A ellos hay que sumar 3.000 kilómetros de vías de carácter regional, en su mayoría ya existentes, en las que se trabajará en equipamiento y puesta a punto, además de en la señalización y conexión.

El caso sevillano, una referencia

El PAB toma como referencia el caso de Sevilla. Según el documento diagnóstico, “con una inversión de 30 millones de euros y un coste de mantenimiento mínimo, las vías ciclistas de Sevilla (considerada la cuarta mejor ciudad del mundo para la bicicleta por detrás de Amsterdam, Copenhagen y Utrecht) constituyen un caso de inversión pública óptima por su máximo rendimiento en la movilidad, comodidad, seguridad y ecología de la ciudad”.

El éxito sevillano viene respaldado por los datos: La capital ha desarrollando durante los últimos diez años una red de vías ciclistas de que permiten 72.000 desplazamientos diarios, más de 20.000 de los cuales son restados directamente al coche.

Un modelo participativo

El plan se ha realizado de forma participativa con asociaciones de ciclistas, expertos, consorcios y Administraciones que han ido dando aportaciones al documento. asegura el documento. En su proceso de redacción han participado además de los municipios, a través de la FAMP, y la Junta, colectivos destacados por su defensa de la bici, como Granada al Pedal, Ruedas Redondas, Al Pedal de Almería, la Plataforma Carril Bici de Córdoba y la asamblea ciclista de Sevilla A Contramano.

La coordinación con las diputaciones y ayuntamientos será esencial para el buen desarrollo del PAB, ya que son precisamente los ayuntamientos los que deberán aportar el 25% del coste de las infraestructuras. Además, según recoge el documento previo, la administración municipal “deberá poner a disposición de la Junta los terrenos donde se ejecuten las obras, sin exigir tasas, licencias u otros aranceles, y asumir la conservación de la red ciclista, una vez ejecutadas las obras y recepcionadas, al tratarse de espacios de titularidad municipal”.

Una apuesta por la intermodalidad

El proyecto establece redes en cada provincia (tanto en la ciudad como en las áreas metropolitanas) atendiendo a lo ya existente y a las necesidades de transporte de la población para crear un sistema de carriles que fomente la conectividad y el uso de distintos transportes para moverse, lo que los expertos llaman intermodalidad. Hasta ahora, la intermodalidad está poco desarrollada en la comunidad con escasas propuestas como pueda ser Bus-Bici del Consorcio de Transporte de Sevilla.

De esta forma, se planifican 90 kilómetros de vías en Almería; 148 en la Bahía de Cádiz; 107 kilómetros en el campo de Gibraltar (Algeciras y área metropolitana); 42,6 en Córdoba; en Granada, 110 km; en Huelva, 182 kilómetros; en Jaén 36,4; en Málaga, 154,9 y otros 190 kilómetros en la provincia Sevilla. Los nuevos trazados están planificados en las ocho capitales de provincia de Andalucía, más Jerez de la Frontera y Algeciras. En Málaga, se vincularán Marbella y Estepona; en Sevilla, se unirá la capital con Dos Hermanas y Alcalá; y en la Bahía de Cádiz, está prevista la conexión por carriles entre San Fernando y Chiclana.

Beneficios económicos sociales y ambientales

Según el documento diagnóstico del PAB, otro de sus objetivos es conseguir que se cumpla el derecho de los ciudadanos a la movilidad haciendo extensivo este medio de transporte útil y seguro. Este texto también señala los beneficios ambientales y para la salud del uso de la bicicleta. Pieza clave también para la reducción de la contaminación del aire y la contaminación acústica de las ciudades. Tomando como vara de medir el caso sevillano, anualmente se dejan de emitir unas 8.000 toneladas de CO2, lo que supone un ahorro de combustible de unos dos millones de euros.

Según los datos del informe de sostenibilidad realizado para el plan (elaborado con cálculos diarios de desplazamientos en bicicleta con una cuota del 10%), este plan lograría que se realizaran una media de 1,1 millones de desplazamientos diarios, suponiendo una reducción de la emisión de CO2 a la atmósfera de 708,79 toneladas al día. El informe prevé, además, que Andalucía dejaría de importar 350.000 barriles anuales de petróleo, lo que equivaldría a un ahorro de 26,8 millones de euros al año. Esta reducción de emisión acarrearía a su vez un ahorro de unos 1,9 millones de euros al año.