El TC mantiene la suspensión cautelar de la Ley de la Función Social de la Vivienda

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado mantener la suspensión cautelar de los preceptos impugnados de la Ley de la Función Social de la Vivienda de la Junta de Andalucía, conocida como ley antidesahucios, que permite sancionar y expropiar temporalmente a personas jurídicas (básicamente bancos y promotoras) con viviendas vacías y que fue recurrida por el Gobierno de la Nación, hasta que haya sentencia sobre el fondo. La Consejería de Fomento y Vivienda ha recibido la tarde del miércoles el auto del TC que ha acordado mantener dicha suspensión cautelar.

La suspensión ha contado con siete votos a favor, mientras que cinco magistrados firman un voto particular en el que se oponen a dicha resolución. De esta forma, los preceptos cuya suspensión se mantienen hasta que el alto tribunal dicte sentencia -puede tardar años- son aquellos que permiten multar y expropiar temporalmente el uso de viviendas para evitar el desahucio de familias en riesgo de exclusión social. Este auto “no supone pronunciamiento alguno sobre el fondo del asunto”, según consta en el mismo. También hay que aclarar que no todos los puntos de la ley están recurridos y por eso la Junta de Andalucía está aplicando el que le permite sancionar a los bancos que no informen sobre las VPO que tienen para hacerlo constar en los registros de demandantes de las administraciones locales.

El Consejo de Ministros aprobó en diciembre el recurso de inconstitucionalidad contra varios artículos, en concreto los referidos a la declaración de interés social a efectos de expropiación temporal y la definición de viviendas deshabitadas, así como la clasificación de infracciones muy graves para las entidades bancarias que no saquen estas viviendas al mercado del alquiler. Cuando el TC admitió a trámite la impugnación y acordó la suspensión cautelar durante cinco meses, la Junta de Andalucía le pidió que lo reconsiderara.