La reforma de la Ley del Suelo aprobada recientemente por el Parlamento de Cantabria para obligar a los promotores inmobiliarios a garantizar el derecho de realojo podría acabar en el Tribunal Constitucional, ya que el Ministerio de Justicia cree que dicha norma puede vulnerar competencias exclusivas del Estado. Para intentar aclarar las “dudas” y como paso previo a un posible recurso de inconstitucionalidad, el departamento que dirige Rafael Catalá ha solicitado a los responsables del Ejecutivo cántabro la celebración de una comisión bilateral.

Según ha informado el Gobierno de Cantabria a través de un comunicado, el Ministerio de Justicia tiene “discrepancias” sobre la norma aprobada por la Cámara autonómica al considerar que el derecho de realojo es competencia del Estado y que la comunidad autónoma tampoco tiene potestad para regular el derecho de aquisición preferente.

Fue el pasado 24 de octubre cuando el Parlamento de Cantabria dio el visto bueno, con los votos a favor de PP, Podemos y Ciudadanos y la abstención de los socios de Gobierno -PRC y PSOE-, a una modificación de la Ley del Suelo que garantiza el derecho al realojo y de retorno a afectados por actuaciones urbanísticas.

La proposición de ley aprobada busca extender la garantía del derecho a toda actuación de ejecución urbanística en la que se requiera el desalojo de los ocupantes legales de inmuebles que constituyan su residencia habitual, tanto si se actúa mediante expropiación forzosa como a través de cualquier otro sistema de ejecución.

Para ello se obliga al promotor de la actuación a dar cumplimiento al deber de realojo y retorno ofreciendo una vivienda de sustitución a cambio de la que resulta expropiada sin que deba existir compensación económica adicional. Además, se impone como criterio de realojo el de mayor proximidad a la ubicación originaria.

El caso de El Pilón

La reforma de la ley del suelo fue una iniciativa del PP y contó con las aportaciones de Podemos y Ciudadanos. Aunque afecta a todas las operaciones urbanísticas que tengan lugar en la comunidad autónoma, fue planteada como una solución ad hoc para los vecinos del barrio de El Pilón.

En esta zona de Santander -ciudad en la que gobierna el PP-, una constructora ha comprado la mitad de los solares y ahora pretende expropiar a una veintena de familias para levantar 140 viviendas de nueva construcción. La actuación urbanística ha movilizado a todo el barrio, si bien es legal -como insisten en recalcalr desde el Ayuntamiento- al estar amparada por el Plan General de Ordenación Urbana de Santander.

No obstante, todas las actuaciones urbanísticas de la capital de Cantabria se encuentran actualmente en un limbo jurídico debido a que el pasado mes de noviembre el Tribunal Supremo anuló el Plan General ante el recurso planteado por la asociación ecologista Arca.

Salvo sorpresa de última hora el Parlamento de Cantabria aprobará el lunes 25 la proposición de Ley del PP, apoyada y enmendada por Podemos y C's, que garantiza el derecho al realojo a las personas afectadas por actuaciones urbanísticas que impliquen la demolición de sus viviendas. Es un avance muy importante en el respeto a un derecho constitucional como es el de una vivienda digna, por mucho que esta propuesta le parezca “oportunista” a los partidos que gobiernan la región PSOE-PRC. Pero el objetivo fundamental de los vecinos no es el realojo sino poder seguir viviendo en sus actuales hogares debidamente rehabilitados.

El Plan General de Santander contradice abiertamente el contenido de declaraciones y convenios internacionales sobre urbanismo y patrimonio. A modo de ejemplo, y por razones de espacio, me limitaré a reproducir algunos párrafos de la Declaración de Amsterdam de 1975 acordada por el Consejo de Europa para la protección del patrimonio arquitectónico y el desarrollo sostenible:

“La conservación arquitectónica debe ser considerada como un objetivo primordial del planeamiento urbano y rural”.

“La conservación del patrimonio arquitectónico debiera convertirse en parte integrante del planeamiento urbano y regional”.

“La rehabilitación de viejas áreas debiera estar concebida y guiada de manera tal que asegure, no exigir mayor cambio en la composición social de los residentes”.

“En el moderno planeamiento urbano se realiza un intento de recuperar la dimensión humana, los espacios circundantes, la interacción de funciones y la diversidad social y cultural que caracterizó la trama social de las viejas ciudades. Pero también se toma conciencia de que la conservación de edificios antiguos ayuda a economizar recursos y a combatir el despilfarro, una de las mayores preocupaciones de la sociedad contemporánea”.

“El éxito de cualquier política de conservación integrada depende de tomar en consideración los factores sociales”.

“Es importante, y un factor decisivo, diseñar una legislación que sujete a los nuevos edificios a ciertas restricciones en consideración a su volumen y dimensiones (altura, coeficiente de utilización del suelo) que contribuyan a su armonía con el entorno”.

“Las regulaciones del planeamiento debieran desalentar la creciente densidad y promover la rehabilitación en lugar del renovado desarrollo”.

Nada de esto se contempla en un Plan cuyas 90 Áreas Específicas suponen la destrucción de tramas urbanas tradicionales en las que muchas familias han desarrollado su vida durante generaciones, favoreciendo la especulación con densidades de 140 viviendas por hectárea en El Pilón. El Plan contradice abiertamente las declaraciones del alcalde: “De la Serna firma la Declaración de Quito, en la que se basará la nueva 'Agenda Urbana' de la ONU, para favorecer el crecimiento sostenible de las ciudades”.

El urbanismo en Santander no ha llegado a la fecha de 1975, constituye un vestigio del régimen franquista, (como los nombres franquistas que se mantienen en numerosas calles) desarrollista y especulativo. Y que esto sea así constituye una responsabilidad compartida por los grupos políticos que lo aprobaron en su día y los que en la actualidad no hacen lo que podrían por suspender su aplicación por evidentes razones de “lesividad” social.

En Santander, el alcalde y la Corporación municipal, entienden por cohesión social expulsar de sus viviendas a los vecinos de las laderas de General Dávila, afectados por las Áreas Específicas del Plan General, para sustituirlas por “modernos bloques”, multiplicando la densidad de los barrios en una ciudad que pierde población y en la que hay censadas cerca de 10.000 viviendas vacías. También entienden por cohesión social el abandono del Cabildo de Arriba hasta que los edificios terminen por caerse y los vecinos por marcharse, para así poder ocupar el centro de la ciudad con nuevos usos y clases sociales de mayor nivel económico.

Los dirigentes de la ciudad, anclados en el síndrome del incendio de 1941, nunca contemplan los conceptos de “rehabilitación” y “realojo” y siguen optando por la expulsión de los vecinos del centro y la destrucción de la memoria histórica de la ciudad, en su afán de negocio inmobiliario mediante la posterior “reconstrucción del centro” con bloques de la mayor altura y densidad posible. En coherencia con lo anterior, entienden por urbanismo sostenible y protección del medio ambiente, la construcción de numerosas viviendas en espacios como San Martín o La Remonta (1.400), o el destrozo realizado en la senda costera.

Al mismo tiempo, por ciudad inteligente entienden que mientras la carpintería exterior de las ventanas de la Casa Consistorial son de hierro oxidado y sin doble acristalamiento, se haga entrega del control de las funciones informatizadas, de la gestión administrativa y los datos personales de los vecinos a empresas y plataformas privadas. A su vez, la promoción cultural de la ciudad se basa en la cesión de sus mejores espacios públicos (Muelle de Albareda y sede del Banco de España) a fundaciones y colecciones privadas, mientras que la “joya de la corona”, el Museo de Prehistoria, sigue alojándose, en una provisionalidad perpetua, en los sótanos de un establecimiento de hostelería.

Por último, el “glamuroso” concurso internacional de ideas sobre el diseño del Frente Marítimo es una burda pantomima, pues sus posibles propuestas ya están previamente condicionadas por la desafección del suelo público portuario que ha pasado a ser vendible, para construir más de 700 viviendas, un centro comercial y otras instalaciones en los ámbitos de Varadero, Gamazo y San Martín. Es decir, trocear el Frente Marítimo en áreas desconectadas entre sí y desfigurar aún más la ciudad para simplemente hacer caja.

En definitiva, pese a la sonora y colorida propaganda, los hechos contradicen al autobombo: el diseño urbano de Santander ni es cohesionado, ni sostenible, ni se ocupa seriamente de la cultura. Todo indica que la máxima prioridad municipal es que la ciudad esté salpicada de obras, a mayor gloria del equipo de Gobierno y en beneficio de contratistas e intermediarios.

Concejo Abierto de Santander:

Concejo Abierto de Santander

Después de casi un año de espera, el Defensor del Pueblo ya se ha pronunciado sobre la solicitud de amparo cursada por los vecinos de El Pilón, quienes en agosto del año pasado recurrieron a esta institución como un recurso más para intentar frenar el desarrollo urbanístico que prevé el derribo de sus casas para construir dos nuevos bloques de viviendas de siete alturas cada uno.

La respuesta del organismo que preside Soledad Becerril, a la que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria, ha sido un jarro de agua frío para las familias de este barrio de Santander ubicado en el entorno de General Dávila. El Defensor del Pueblo asume prácticamente en su integridad todos los argumentos esgrimidos por el equipo de Gobierno (PP) para defender esta actuación y, por el contrario, no tiene en cuenta ninguna de sus consideraciones, a las que no entra ni siquiera a valorar.

El documento, fechado el 1 de junio y que consta de seis páginas, comienza aclarando a los afectados que el Defensor del Pueblo “no puede ni debe entrar en cuestiones técnicas” y tampoco puede “conseguir el rechazo” de las determinaciones concretas que prevé el Plan General “aprobado hace años”.

Un preludio nada halagüeño porque a continuación el adjunto primero, Francisco Fernández Marugán -quien firma el escrito-, acepta que la actuación promovida por la constructora Costa Verde Hábitat persigue el “interés general”, por lo que “no es posible que los derechos de los particulares o las discrepancias de determinados ciudadanos puedan impedir que se trace el modelo territorial pretendido, siendo el interés de la comunidad el que debe prevalecer”.

Además -prosigue-, está previsto el desarrollo por el sistema de compensación, “lo que atribuye a los propietarios el protagonismo y la iniciativa de esta actuación”, eludiendo que la Junta de Compensación está dominada por la constructora, que es propietaria de la mayoría de los terrenos, y que entrar en este órgano tiene un coste inasumible para los vecinos.

Sobre este mismo asunto, el escrito destaca que en las bases del proyecto y los estatutos “se incluye el compromiso del promotor de asumir la carga de realojo de los afectados”. “Tal y como explica el Ayuntamiento ese deber jurídico asumido tiene fuerza vinculante”, apostilla. En este sentido, no aprecia que el valor del justiprecio es completamente insuficiente para que las familias puedan adquirir otro inmueble.

“Tampoco parece que el equipo de Gobierno no haya prestado apoyo a los vecinos”, dice Fernández Marugán, que apunta que “al parecer se ha constituido un grupo de trabajo formado por los técnicos municipales, la dirección jurídica municipal, representantes de todos los partidos y de los vecinos, en cuyas reuniones se han tratado los problemas relativos a El Pilón”.

También recuerda que la actuación en el barrio “no se prevé por primera vez en el PGOU de 2012, sino que ya en 1997 el Ayuntamiento estimaba que este ámbito debía ser sometido a una importante reforma” y resalta que todas las alegaciones presentadas al Plan General fueron contestadas.

“En suma, no puede ponerse en duda que la ordenación urbanística es una prioridad urbanística para el Ayuntamiento y parece ser la más adecuada para el interés general”, concluye Fernández Marugán rechazando “pasividad municipal” o “indefensión”.

Más documentación

No obstante, a pesar de que da por buenas las explicaciones del equipo de Gobierno e incluso las hace suyas, el adjunto del Defensor del Pueblo abre una pequeña ventana a la esperanza, ya que “hay una cuestión a la que el Ayuntamiento no da respuesta”.

En concreto, se refiere a la moción aprobada por el Pleno municipal en agosto de 2015 -con el único voto en contra de los concejales del PP- en la que se “insta al alcalde y al equipo de Gobierno (...) a que llegue a un acuerdo con los vecinos afectados o se realicen los trámites legales oportunos para suspender temporalmente el desarrollo del área específica 3(B)”.

Los vecinos sostienen que esa moción “no se ha cumplido” y por todo ello, el Defensor del Pueblo ha solicitado al Consistorio que preside Íñigo de la Serna que informe de los avances que se hayan producido en estos meses en la gestión urbanística y de las medidas que se han adoptado para dar cumplimiento a la moción.

“Seguiremos luchando”

Una de las afectadas y portavoz de la plataforma que los vecinos han creado para defender sus derechos, Virginia Velarde, reconoce en declaraciones a este diario que la respuesta del Defensor del Pueblo ha sido un mazado aunque subraya que no se van a dar por vencidos.

Verlarde explica que presentarán un nuevo escrito ante la institución porque no están de acuerdo con sus resoluciones, en las que creen que solo se han plasmado los argumentos del Ayuntamiento cuando en el conflicto “hay dos partes”.

Y aunque no han vuelto a tener noticias ni del Consistorio ni especialmente de la constructora advierte: “El Plan General de Santander es especulación pura y dura. Seguiremos luchando”.

Las comparecencias políticas en el Parlamento de Cantabria en relación a la modificación de la Ley del Suelo para garantizar el derecho al realojo de los propietarios afectados por el desarrollo urbanístico se han convertido en una auténtica comisión de investigación que cuestiona de raíz el modelo de ciudad de Santander y los pasos que se han dado desde el Ayuntamiento de la capital para solucionar los acuciantes problemas que viven los vecinos del Barrio de El Pilón.

Después de una primera jornada en la que el alcalde y también diputado autonómico, Íñigo de la Serna (PP), insistió en la falta de instrumentos por parte del Consistorio para abordar las consecuencias de un proyecto en el que una veintena de familias de Santander luchan por salvar sus casas del derribo, después de que una promotora inmobiliaria haya planteado una operación urbanística que multiplicará por siete la densidad de población en la zona, ha sido la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE), la que ha hecho una enmienda a la totalidad al Plan General que lo permite.

“La reordenación en El Pilón ha consistido en dar más aprovechamiento a los promotores sin las cargas de realojo que sí contemplaba el anterior plan, por lo que estamos ante un problema no urbanístico sino político, derivado del modelo urbanístico del PP de Santander, que prima los intereses de unos pocos frente a los de la mayoría”, ha dicho la responsable de Urbanismo en el Gobierno de Cantabria.

En esta línea, la vicepresidenta ha afirmado que la proposición de ley promovida por el PP para incorporar a la Ley del Suelo el derecho de realojo supone “legislar a la carta de los intereses del Ayuntamiento de Santander” y ha advertido que, en caso de que nazca, la que ha denominado 'Ley Pilón', “no solucionará realmente la problemática de los vecinos, porque no regula ni garantiza el retorno a sus viviendas”.

Díaz Tezanos ha reiterado que la solución está en manos del Ayuntamiento de Santander, que puede modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) e incorporar las recomendaciones que tiene sobre la mesa introduciendo en la memoria económica los gastos de realojo y retorno como cargas en los procesos urbanísticos a desarrollar por el sistema de compensación.

“Un parche innecesario”

Además, la también secretaria general del PSC-PSOE ha destacado que la futura Ley del Suelo, cuya presentación ha anunciado para “antes del verano”, “desincentivará las prácticas de acoso inmobiliario”, e incidirá en el retorno para dar a los vecinos afectados por desarrollos urbanísticos “las máximas garantías para que puedan volver a residir en ese área, y que en los barrios renovados puedan seguir viviendo sus habitantes de siempre”.

Sobre estos mismos argumentos ha incidido el director general de Urbanismo del actual Gobierno, Francisco González, que ha insistido en la “inoportunidad” de la proposición de ley que plantea el PP, a la que que ha calificado de “parche”. Así, ha negado la existencia de “novedades” que argumentaba De la Serna para defender la iniciativa parlamentaria de su partido y, de hecho, ha señalado que, en algunos aspectos, en lo recogido por la legislación básica estatal está “mejor tutelado”.

También ha subrayado que “no existe ninguna urgencia” que lleve a legislar de forma “precipitada” dado que, al margen del caso de los vecinos de El Pilón en Santander, “no hay ningún procedimiento de desarrollo de actuaciones urbanísticas en marcha”. De hecho, ha señalado que el procedimiento de El Pilón “está parado” y  “no parece que el promotor tenga mucho ánimo de seguir adelante”. A pesar de ello, ha señalado que si se reanuda será “una cuestión de años”.

Una laguna legal

Muy diferente ha sido la versión del exconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo y senador del PP, Javier Fernández, que ha opinado que la modificación de la Ley del Suelo para garantizar el derecho al realojo puede ser un instrumento “tremendamente útil, conveniente y necesario” para atender las necesidades y derechos de todos los afectados por actuaciones urbanísticas, no solo los de El Pilón o de Prado San Roque, en Santander, sino “para los que vengan” en otros ayuntamientos.

Durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria, Fernández ha explicado que en la pasada legislatura, en la que tuvo la responsabilidad sobre Urbanismo en el Gobierno de Cantabria, no se abordó el derecho al realojo porque “no era un tema candente” y “ninguno de los ayuntamientos lo demandó”. A pesar de ello, ha considerado que es una “laguna legal” de la Ley del Suelo de Cantabria.

“No tuve la capacidad suficiente para advertir que iba a plantearse ese problema”, ha dicho el exconsejero cuando le han preguntado si el anterior Gobierno no había regulado el derecho al realojo por “imprevisión” o por alguna otra cuestión. El PSOE y PRC, sin embargo, han insistido en que la proposición de ley del PP lo que quiere es resolver el problema puntual del Ayuntamiento de Santander, que es “el único que lo padece”.

El equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento de Santander ha desestimado los recursos presentados por los vecinos de El Pilón en los que solicitaban la suspensión del procedimiento urbanístico iniciado por la promotora privada Costa Verde Hábitat y que conlleva la expropiación de las viviendas de una treintena de familias y dos negocios locales. 

La decisión de los populares, aprobada el pasado 16 de febrero, se sustenta en el informe elaborado por los servicios jurídicos del Ayuntamiento, que cuestiona tanto la forma como el contenido de los requerimientos, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso eldiario.es Cantabria. 

Los afectados habían presentado varios recursos de reposición contra el acuerdo tomado a mediados de septiembre por el Consistorio, que acordó paralizar temporalmente, durante tres meses, la operación urbanística con el objetivo de abrir una “vía de diálogo” entre los vecinos y la constructora. Una negociación que, finalmente, nunca ha llegado ni siquiera a iniciarse.

En su escrito, los vecinos hacían tres demandas al equipo de Gobierno: que se aprobara una modificación puntual del Plan General para incluir en la ficha urbanística el derecho de realojo, así como que se pasara del sistema de compensación al de cooperación. Igualmente, solicitaban la suspensión definitiva del expediente administrativo.  

Los servicios jurídicos del Ayuntamiento sostienen que “los fundamentos jurídicos del recurso se dedican a combatir, no la legalidad del acuerdo adoptado 21 de septiembre de 2015, sino las determinaciones contenidas en el vigente Plan General de Ordenación Urbana de Santander respecto al Área Específica 3(B)”.

En este sentido, destacan que el Plan General “cumple la legalidad vigente” y se “limita a diseñar” una operación urbanística en un Área que es “insatisfactoria”, de modo que “articula los mecanismos previstos en la Ley de Ordenación Territorial y Régimen Jurídico del Suelo de Cantabria”.  

Además, apoyándose en una sentencia del Tribunal Supremo del año 2011 sobre un caso sucedido en Barcelona, inciden en que “el Ayuntamiento carece de la cobertura legal necesaria para imponer, a través de la modificación del Plan, el régimen jurídico del realojo”, que, a su juicio, debe estar regulado por el Gobierno de la comunidad autónoma. 

La constructora Costa Verde Hábitat compró el 60% del suelo de la unidad de actuación denominada en el Plan General como Área Específica '3(B)' y ahora ha iniciado el proceso para expropiar a la otra mitad del barrio y construir dos nuevos bloques de siete alturas y 70 viviendas cada uno.

“Mienten, mienten y mienten”

Los afectados lamentan la “falta de sensibilidad” de las autoridades locales y culpan al equipo de Gobierno liderado por Íñigo de la Serna de la “situación de abandono” que están viviendo. “No esperamos nada del Ayuntamiento. Sabemos que nos van a echar abajo cualquier iniciativa que pongamos en marcha para defender nuestras propiedades”, asegura Belén Carreño, portavoz de la Plataforma de los Vecinos de El Pilón del Alta.

Según explica, “hace meses” que no tienen ningún contacto con el concejal del área de Urbanismo y las últimas novedades sobre esta operación urbanística que puede dejar en la calle a más de medio centenar de personas las han conocido a través de la noticia adelantada por eldiario.es. “Hay vecinos que son mayores y están francamente mal, que están sufriendo muchísimo y eso ha afectado a su salud”, recalca Carreño.

Esta vecina insiste en que “lo único que hacemos es defendernos de un ataque brutal del Ayuntamiento” pero, a su juicio, “nos chocamos una y otra vez contra un muro”. “Todavía nadie nos ha convencido de la necesidad de llevar a cabo esta operación urbanística totalmente injustificada. ¿Cuál es su interés social? ¿Cuál es el interés para los vecinos que vivimos en el barrio”, se pregunta.

El equipo jurídico que apoya y asesora a los propietarios afectados está estudiando la documentación y analizando en estos momentos los argumentos esgrimidos por el equipo de Gobierno para rechazar una petición que conllevaría la paralización de las expropiaciones, incluida esa sentencia del Tribunal Supremo en la que se apoyan. “Mienten, mienten y mienten. Solo ponen pretextos. Es vergonzoso que no sean capaces de escucharnos y atender a nuestros problemas”, afirma la portavoz.

Lucha en los tribunales

De momento, los vecinos esperan con ansiedad la oportunidad de exponer su caso en el Parlamento de Cantabria, en el marco de una Comisión para regular en la Ley del Suelo el derecho de realojo. Así, a propuesta de Podemos, acudirán afectados por los desarrollos urbanísticos en los barrios de El Pilón y Prado San Roque, en Santander, así como el nieto de Amparo Pérez, la mujer que fue expropiada por el Ayuntamiento por el vial de la S-20; y representantes de la Asociación Ecologista ARCA y de la Plataforma de Defensa de la Bahía de Santander (DEBA).

También a propuesta de la formación morada comparecerán el alcalde de Santander, Iñigo de la Serna; el primer teniente de alcalde y concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de la capital, César Díaz; y Javier Fernández, exconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo y actual senador, todos ellos del PP.

“La sensación generalizada entre los vecinos es la de indignación. Solo nos vienen dos palabras a la cabeza: atraco y vergüenza”, subraya Carreño, que tiene claro que sus reivindicaciones seguirán sobre la mesa hasta que se alcance una solución satisfactoria: “Vamos a pelear en los tribunales. Nos jugamos mucho como para tirar la toalla”, sentencia.

El listado de morosos de la Agencia Tributaria, que saca a la luz a los 4.855 contribuyentes (personas físicas y jurídicas) que deben más de un millón de euros al fisco y aún no han regularizado sus deudas pendientes, sigue deparando sorpresas. Entre la treintena de empresas cántabras que mantienen pagos atrasados con Hacienda se encuentra el Grupo Inversor Cienfuegos, una sociedad limitada que se dedica a la construcción de edificios residenciales y otros proyectos de ingeniería civil y que tiene como administrador único al empresario Luis García del Río, impulsor del proyecto urbanístico que provocará la expropiación de los cerca de 60 vecinos que viven actualmente en el Barrio de El Pilón de Santander.

Esta compañía, propiedad del conocido promotor inmobiliario, tiene casi 20 años de antigüedad y acumula una deuda total con la Agencia Tributaria de 1.140.592,65 euros, según refleja el documento consultado por eldiario.es y que hizo público hace unos días el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas que dirige Cristóbal Montoro.

Y es que la lista de morosos señala especialmente al sector vinculado al ladrillo: las constructoras y promotoras inmobiliarias cántabras, junto con las compañías auxiliares de la construcción, copan el ranking de la Agencia Tributaria y acumulan en conjunto más de 32 millones de euros de deuda. Muchas de estas empresas afrontan actualmente concursos de acreedores o están inmersas en procesos de liquidación como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria.

En el caso del Grupo Invesor Cienfuegos, según ha comprobado este diario, el último depósito de cuentas disponible es del año 2014. La empresa fue inscrita en el Registro Mercantil en el año 1996 bajo una actividad que definía como “comercio al por mayor y al por menor de bienes de equipos, maquinarias, herramientas y plantas completas en la industria en general”, aunque en una ampliación posterior del objeto social se incluyó “la adquisición, permuta o promoción de todo tipo de inmuebles; la ejecución y contratación de obras públicas, así como estudios y control de los terrenos y la construcción y ejecuciones completas de estructuras y cubiertas”.

La deuda con la Agencia Tributaria no es la única que tiene pendiente el Grupo Inversor Cienfuegos. La compañía de García del Río acumula pagos atrasados desde hace años con distintos proveedores y no ha hecho frente a un préstamo solicitado a una entidad financiera en 2014. Además, sobre la nave en la que estaba domiciliada su sede social, en el municipio de El Astillero, pesa un embargo solicitado por el Ayuntamiento de Marina de Cudeyo en octubre de 2015.

A preguntas de eldiario.es, el empresario ha confirmado la existencia de la deuda con la Agencia Tributaria, que achaca a un cambio en el tipo impositivo del IVA que se produjo en el año 2012. “Lo tenemos recurrido ante el Tribunal Económico Administrativo”, ha asegurado Luis García del Río, que ha rehusado hacer más declaraciones al respecto o aportar alguna información adicional por el momento.

Contrataciones públicas

Luis García del Río, que figura como único responsable de esta compañía, contrata habitualmente con las administraciones públicas a través de otra de sus empresas, como es el Grupo Tecniobras. Por ejemplo, esta constructora fue la encargada de levantar el edificio de Viviendas de Protección Oficial (VPO) situado junto al campo de fútbol Uco Alciturri de la capital de Cantabria en UTE con Fernández Rosillo.

El inmueble, con 60 pisos y 94 plazas de aparcamiento, supuso una inversión total al Ayuntamiento de Santander de 8,3 millones de euros, de los que algo más de cinco se dedicaron a la obra, mientras que el resto se destinó a los terrenos y a la urbanización de los aledaños del edificio.

La viviendas de protección oficial se encuentran frente al Barrio de El Pilón, donde el promotor inmobiliario planea un controvertido desarrollo urbanístico que podría acabar en los tribunales si la veintena de propietarios afectados por una expropiación inminente se niegan a abandonar las casas y los negocios afectados.

A falta de un mes para que finalice el plazo extraordinario concedido a los vecinos de El Pilón afectados por una inminente expropiación de sus viviendas y negocios y sin soluciones a la vista por la falta de voluntad de la empresa constructora que tiene la última palabra sobre los terrenos, la plataforma en la que se han agrupado muchos de los propietarios ha dado un nuevo paso ante el Ayuntamiento de Santander para intentar detener lo que consideran “un atropello”.

Según han hecho público a través de un comunicado, los vecinos han presentado en el Consistorio sendos recursos de reposición en los que reclaman a la Junta de Gobierno local la aprobación inicial de la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para garantizar el derecho al realojo en el mismo barrio de los vecinos afectados por el desarrollo urbanístico previsto.

Se trata de un recurso presentado contra la suspensión temporal que finaliza en el mes de diciembre del procedimiento de aprobación de los Estatutos y Bases de Actuación de la Junta de Compensación aprobada el pasado 21 de septiembre por el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santander.

En su escrito, los vecinos reclaman que se sustituya una suspensión temporal que “no resuelve en absoluto los problemas originados” y solicitan que se modifique el sistema de actuación para ese área, pasando de compensación a cooperación, además de que se suspenda cualquier actuación o tramitación sobre El Pilón.

También insisten en que la suspensión temporal de la tramitación que se aprobó “no tiene en absoluto nada que ver con la búsqueda de soluciones negociadas con la promotora” y solo busca “evitar que las protestas vecinales puedan afectar negativamente al Partido Popular, en el que militan el alcalde y el resto del equipo de Gobierno del Ayuntamiento, durante el periodo electoral hasta el próximo 20 de diciembre”.

Vulneración de sus derechos

En el recurso, se mantiene que la ordenación urbanística prevista vulnera los derechos fundamentales recogidos en la Constitución, como son el de una vivienda digna, el de no privación de la propiedad, salvo causa de utilidad pública que lo justifique, y el de no discriminación.

Para los vecinos, lo que ocurre en su caso es un “pelotazo urbanístico auspiciado desde el propio Ayuntamiento y a costa de vulnerar derechos fundamentales de los actuales vecinos del barrio” y sin que exista causa de utilidad pública que lo justifique.

Se señala en el recurso que “la única causa” es el “beneficio” de “viabilidad económica” de la operación para determinados promotores. Además, los vecinos que han suscrito el recurso consideran que el Ayuntamiento está “más inclinado a dialogar con la empresa promotora que con los vecinos afectados” y consideran que “no tienen ninguna intención” de atender a las peticiones de la plataforma.

Con fecha 14 de agosto le presentamos por registro un escrito en el que los vecinos del barrio de El Pilón literalmente le solicitábamos a usted y a los grupos políticos del Ayuntamiento:

“La paralización total y absoluta de la tramitación del expediente administrativo, por evidentes razones de interés social, y hasta que se haya tramitado y aprobado definitivamente una modificación puntual del Plan General de Odrdenación Urbana (PGOU) que contemple:

1º.- La modificación del Sistema de Actuación Urbanística previsto en el Área Específica 3 (B) del PGOU de Santander, cambiando el actual Sistema de Compensación por el Sistema de Cooperación.

2º.- Estudiar con los vecinos y distintos colectivos sociales y profesionales (Colegio de Arquitectos, asociaciones de defensa del patrimonio, ecologistas, etc.) otras soluciones técnicas alternativas frente a la prevista conexión entre las calles Juan del Castillo con Guillermo Arce de forma que la actuación a realizar suponga una intervención mínima sobre una zona urbana consolidada, evite la destrucción de patrimonio inmobiliario en buen estado, y responda exclusivamente a necesidades de movilidad realmente contrastadas y plenamente justificadas.

3º.- Proceder, en su caso, a iniciar el trámite para la declaración de Zona de Rehabilitación Edificatoria y de Regeneración y Renovación Urbanas prevista en los artículos 7 y siguientes de la Ley 8/2013, de 26 de junio, que establezca las bases de la equidistribución de las actuaciones a realizar en cumplimiento de esa norma como del plan de realojo temporal y definitivo, y de retorno de los actuales vecinos del barrio a que dé lugar, en condiciones económicas acordes con sus niveles de renta y acogidos a los beneficios establecidos para las Viviendas de Protección Oficial.

En definitiva, toda la actuación a desarrollar debe tener como objetivo prioritario el mantenimiento de los actuales vecinos en el barrio. Esta es la premisa a partir de la cual tiene sentido sentarse a dialogar con el Ayuntamiento“.

A fecha de hoy, 23 de octubre, aún no hemos recibido su respuesta a esas peticiones razonadas y apoyadas en argumentos jurídicos.

Durante estos más de dos meses nos hemos cansado de oír al concejal de Urbanismo, César Díaz, declarar repetidamente acerca de la supuesta voluntad de diálogo del Ayuntamiento con los vecinos, así como que nosotros, los vecinos, no hemos presentado ninguna propuesta concreta para resolver este problema. Es evidente que estas declaraciones no se corresponden en absoluto con la realidad. La prueba está en los párrafos de nuestro escrito del 14 de agosto reproducidos.

Lo cierto es que nadie del equipo de Gobierno del Ayuntamiento nos ha convocado para estudiar posibles soluciones para evitar que el desarrollo del Área Específica 3 (B), tal como está diseñada, suponga nuestra expulsión de nuestro barrio, de nuestras casas, que el propio PGOU reconoce que están “en buen estado”.

Lo cierto es que verbalmente la empresa promotora de la actuación nos ha declarado su negativa rotunda a negociar nada con los vecinos. Es lógico, el Ayuntamiento les ha regalado una generosa densidad de 140 viviendas en menos de una hectárea, y ha puesto en sus manos todos los instrumentos necesarios para poder obtener las máximas plusvalías sin que los actuales habitantes del barrio puedan suponer un estorbo. ¿Para qué negociar entonces?

Durante estos meses han declarado usted y el concejal de Urbanismo repetidamente a los medios que el Plan General no se puede modificar en el AE 3(B), pero no lo justifican en modo alguno, y al tiempo que si lo modifican para sacar de Fuera de Ordenación un chiringuito en El Sardinero para facilitar su reconstrucción, y al tiempo que modifican el Plan Especial del Sardinero para otorgar mayor edificabilidad a dos chalés de propietarios de reconocida relevancia económica y social.

También alega el Ayuntamiento que la modificación puntual del Plan General no paralizaría la tramitación del expediente, pero esto tampoco es cierto, como lo acredita la jurisprudencia de los tribunales.

Afirma el Ayuntamiento, finalmente, que no se pude proceder a la declaración de Área de Rehabilitación del barrio, que implicaría automáticamente el derecho al realojo garantizado, porque “la Comunidad de Cantabria no ha desarrollado con normas propias la ley estatal 8/2013 de Rehabilitación”. Argumento que constituye un verdadero atentado contra el más elemental sentido común, por cuanto la Ley 8/2013 es aplicable por defecto en todo el territorio nacional. Argumento que choca, en definitiva, con la reciente declaración del área del Cabildo Alto de Santander como área de rehabilitación acogida a los beneficios de dicha ley, como no podría ser de otra manera.

Es más que evidente que usted y su equipo de Gobierno utilizan distintas varas de medir en cuanto a los derechos de los vecinos se refiere. No todos tenemos los mismos derechos, a algunos se les trata generosamente, a otros se nos vulneran derechos constitucionales, tales como el derecho a una vivienda digna, el derecho a no ser discriminados, el derecho a no ser expropiados si no es por causa de utilidad pública e interés general.

Con estos antecedentes, la evidencia de la total y absoluta falta de voluntad del su equipo de Gobierno la pone de manifiesto usted mismo cuando le propone al Gobierno de Cantabria que cambie por vía de urgencia la Ley del suelo para resolver un problema creado exclusivamente por el contenido del Plan General, por la política urbanística desarrollada por su partido, el PP en el Ayuntamiento de Santander, basada en un Plan General profundamente reaccionario y contrario a los intereses de los vecinos. En definitiva, su única reacción formal a nuestras detalladas peticiones ha sido la de intentar quitarse de encima el problema por ustedes creado y traspasárselo al Gobierno autonómico.

Somos plenamente conscientes de que nos encontramos en plena pre campaña electoral y que eso les lleva a usted y su equipo a echar balones fuera y hacer continuas declaraciones que no se ajustan a la realidad, con el objeto de mantener engañada a la opinión pública sobre su responsabilidad política y personal en el futuro desalojo, no solo de los vecinos de El Pilón, también del resto de los 88 barrios afectados por las actuaciones especiales diseñadas por ustedes en el Plan General de 2012.

Es evidente que no podemos confiar ya en absoluto en su palabra, que nuestras vidas, nuestros hogares no significan absolutamente nada para ustedes; que solo están atentos a satisfacer los intereses mercantiles de las promotoras y de muy determinadas personas. Pero esto no nos va a impedir seguir luchando por nuestros derechos en todas las instancias judiciales e institucionales a nuestro alcance. Solo lamentamos comprobar que tenemos un alcalde y un equipo de Gobierno que no nos merecemos, que esta ciudad no se merece, aunque lo haya votado.

La vicepresidenta y consejera de Universidades e Investigación, Medio Ambiente y Política Social, Eva Díaz Tezanos, ha asegurado este miércoles que “el Ayuntamiento tiene los instrumentos urbanísticos necesarios para tratar de solucionar el problema creado exclusivamente por él en El Pilón”.

Díaz Tezanos se ha pronunciado así sobre la propuesta del Ayuntamiento de Santander de incluir en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2016 una normativa que “supuestamente solucionará el problema de El Pilón”.

“El Gobierno de Cantabria considera que no es adecuado legislar con carácter general para solucionar los problemas creados por un ayuntamiento”, ha afirmado Díaz Tezanos, quien ha añadido que “supondría legislar a la carta y esto nunca es bueno”. “Existen sobrados ejemplos de este tipo de legislaciones a medida que han sido al final perjudiciales”, ha afirmado. Además, la vicepresidenta ha explicado que “la actuación en El Pilón es una actuación urbanística decidida por el Ayuntamiento de Santander y contenida en su Plan General de Ordenación”.

Díaz Tezanos ha precisado que “la problemática de los realojos, cuando por cualquier tipo de actuación urbanística se precise disponer de viviendas legítimamente ocupadas por sus moradores, se resolverá con carácter general, y para todos los problemas que puedan surgir en nuestra Comunidad Autónoma, con una normativa que se incluirá en la nueva Ley de Ordenación del Territorio y Urbanismo”.

Además, ha explicado que el Gobierno de Cantabria ya ha comenzado a elaborar esta normativa “en la que está trabajando intensamente” y ha asegurado que en su redacción “tendrá en cuenta las valiosas aportaciones que realicen los ayuntamientos, entre ellos, el de Santander”.

Lo que pase en El Pilón será responsabilidad única y exclusiva del Ayuntamiento de Santander. En concreto, del equipo de Gobierno municipal (PP). Éste es el mensaje que han traslado los vecinos afectados por la operación urbanística que se prevé desarrollar en el barrio y que supondrá la expropiación de una veintena de familias y de dos negocios en activo. La “única” solución para evitar que esto suceda es aprobar una modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad. Y eso es precisamente lo que demandan a los populares.

Los vecinos no están dispuestos a que el equipo de Gobierno traslade la responsabilidad de su caso hacia otras administraciones. Cada vez que se les pregunta por el caso, el alcalde, Íñigo de la Serna, y el concejal de Obras, César Díaz, responden que han enviado una propuesta al Gobierno de Cantabria para que modifique la Ley del Suelo y se incluya en la misma la garantía de realojo para quienes se enfrenten a situaciones de este tipo.

Sin embargo, dicha modificación no afectaría en el caso de El Pilón porque su unidad de actuación ya está en marcha y el cambio de la normativa no tendría carácter retroactivo. “Es una patraña”, ha aseverado la portavoz de los vecinos, Belén Madrazo, en una rueda de prensa celebrada este martes en la plaza del consistorio santanderino. En su opinión, el equipo de Gobierno les está “tomando el pelo y engañando” y, en este sentido, los vecinos exigen que “dejen de echar balones fuera”. “El único que puede hacer algo es el Ayuntamiento”, destacan.

En esta línea, han denunciado el agravio comparativo con el propietario del chiringuito Rema, ubicado en El Sardinero, para el cual se acaba de aprobar una modificación puntual del PGOU. “Este señor es empresario, puede reformar su restaurante y el próximo verano empezar a trabajar, de lo cual me alegro, pero no entiendo porque eso mismo no se puede hacer con las viviendas y los dos negocios de El Pilón”, se pregunta Madrazo.

Además de los afectados, han respaldado la convocatoria varios concejales de la oposición, como Daniel Fernández (PSOE), Antonio Mantecón (Santander Sí Puede) y Miguel Saro (IU), así como vecinos de la Plataforma Salvemos Prado San Roque, de la Asociación Antonio Cabezón y Francisco Ginés y Marco Santamaría, el nieto de Amparo Pérez. Igualmente, han acudido representantes de la Plataforma DEBA.

“Están para ganar dinero”

Una promotora privada -Costa Verde Hábitat- ha comprado el 55% de los terrenos incluidos en el Área Específica 3B del PGOU y ha puesto en marcha el desarrollo urbanístico de esta unidad de actuación, en la que se proyecta la construcción de dos bloques de 70 viviendas cada uno y más de 200 garajes. El resto de vecinos serán expropiados mediante una Junta de Compensación, controlada también por la constructora.

Ante las denuncias realizadas por los afectados, que se ven en la calle por “cuatro duros”, y los grupos municipales de la oposición, el equipo de Gobierno acordó el pasado 21 de septiembre la suspensión temporal del procedimiento durante un plazo de tres meses, con el ánimo de que los vecinos negociaran una solución consensuada con la promotora que, según César Díaz, estaba “dispuesta a hablar”.

A este respecto, Madrazo ha señalado que al no producirse ningún contacto, uno de los vecinos llamó a la empresa y le comunicaron que “en ningún momento habían tenido intención de ponerse en contacto con nosotros ni de negociar”, una postura que los afectados entienden porque “no es su problema. Ellos están para ganar dinero”. Por el contrario, critican que en este tiempo “no ha habido más que mentiras” por parte del PP.

“Quién tiene que solucionar la situación es quien la generó, es decir, el equipo de Gobierno que fue quién redactó y aprobó el PGOU”, subrayan los vecinos de El Pilón, que advierten que no están dispuestos a “quedarse en el sofá” sino que “vamos a luchar por nuestras viviendas”. “Si no queda otra, tendremos que acudir a los tribunales”, concluyen.

Respuesta PP

Desde las filas populares, César Díaz ha insistido en que la forma de resolver este problema, no solo para los vecinos de El Pilón sino para cualquier otro ciudadano de Cantabria cuya vivienda esté afectada por un desarrollo urbanístico, es regular el derecho de realojo en la Ley del Suelo autonómica “y el único que tiene competencias para llevar a cabo esta modificación legislativa es el Gobierno regional”.

En un comunicado enviado tras la rueda de prensa de los vecinos, el edil de Obras asegura que una modificación puntual del PGOU “en ningún caso” paralizaría la aprobación de las bases y estatutos que está llevando a cabo el propietario mayoritario.

Díaz también ha aprovechado para lanzar una pulla tanto a los afectados como a la oposición, a quienes reprocha no haber presentado una alternativa. “A pesar de que la modificación puntual del PGOU no supone poder paralizar las bases y estatutos, hemos dejado claro siempre que estamos dispuestos a analizar cualquier propuesta que se quiera plantear en este sentido pero, hasta la fecha, no hemos recibido ninguna”, sentencia.

La Plataforma en Defensa de la Bahía (DEBA) ha pedido que el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander sea “urgentemente paralizado” en sus previsiones y modificado en sus contenidos porque es una planificación que “deteriora el territorio y desaloja a los vecinos de sus barrios”.

“El actual PGOU, gestado en plena burbuja inmobiliaria, es un formidable monumento a la densificación y especulación urbanística más feroz, hasta el extremo de pretender agotar por completo el suelo de todo el término municipal para construir viviendas de segunda residencia”, ha denunciado DEBA en un comunicado.

La plataforma ha criticado que, sin embargo, el equipo de Gobierno (PP) del Ayuntamiento “defiende a ultranza este plan urbanístico que densifica aún más la ciudad consolidada, construyendo en los pocos espacios que quedan libres”.

DEBA ha considerado que “un plan urbanístico que deteriora el territorio y desaloja a los vecinos de sus barrios tradicionales debe de ser urgentemente paralizado en sus previsiones y modificado en sus contenidos, por no estar orientado al interés general”.

A su juicio, con este plan el equipo de Gobierno municipal “desvela su prioridad política en el urbanismo de Santander: defender los intereses económicos de los promotores, abandonando sin disimulo a los vecinos de la ciudad”. “Se supone que una Corporación elegida mayoritariamente por la población debe preservar los intereses de calidad de vida de esa población y no el afán de lucro de un reducido número de agentes económicos”, ha apuntado.

DEBA ha indicado que el PGOU se ha modificado varias veces recientemente pero siempre “cada vez que ha interesado a promotores o intereses económicos concretos”. “Pero cuando se trata de proteger los intereses de los vecinos, el equipo de Gobierno reacciona de manera intransigente e implacable”, ha denunciado citando casos como el de la casa de Amparo Pérez.

“Hay problemas sociales y urbanísticos ocasionados por la estrategia del derribo de viviendas y desalojo de sus propietarios en El Pilón, Prado San Roque y el Cabildo de Arriba”, ha señalado, al tiempo que ha advertido “hay 90 actuaciones similares previstas por el actual Plan General, que en su mayoría supondría la expulsión de los barrios de los vecinos que los ocupan”.

Modificación en la Ley del Suelo

Precisamente, sobre los problemas derivados de la actuación urbanística en el Barrio de El Pilón, han hablado este lunes el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y la vicepresidenta de Cantabria, Eva Díaz Tezanos (PSOE). En su segunda reunión de la legislatura, el regidor municipal ha planteado a la responsable de Urbanismo un propuesta legislativa del Ayuntamiento para dar respuesta a los realojos.

El alcalde ha manifestado que esta propuesta, que podría posteriormente incluirse en la futura Ley del Suelo, está elaborada por los servicios técnicos y jurídicos municipales y que, pasado el plazo de sugerencias y alegaciones, se entregará también al consejero de Obras Públicas y Vivienda, José María Mazón.

“Nuestro interés es que se busque una fórmula que permita que la aprobación de esta norma sobre los realojos sea con carácter inmediato”, ha destacado De la Serna, que ha indicado que, con ello, “se podrían cubrir determinadas situaciones que se están dando en la ciudad”, como es el caso de los vecinos de El Pilón.

Sobre esta propuesta “informal”, la vicepresidenta ha manifestado que la nueva Ley del Suelo, en la que el Gobierno empezará a trabajar “con carácter inmediato”, también contemplará “una solución a los derechos de realojo para personas afectadas por desarrollos urbanísticos”. No obstante, Díaz Tezanos ha asegurado que los servicios de Ordenación del Territorio y Urbanismo del Ejecutivo estudiarán la propuesta “de cara a una posible solución” a la cuestión de los realojos.

No sabemos qué clase de ciudad se construye en Santander a golpe de Plan General de Ordenación Urbana y hormigonazo. Sabemos que si el lápiz del técnico municipal señala tu calle y dibuja con portaminas una línea recta sobre tu edificio tienes muchas posibilidades de que tu vida entera salte por los aires súbitamente. Solo hace falta eso, una señal sobre un plano, una cruz, como en un mapa pirata, señalando un tesoro escondido, para que nada vuelva a ser ya lo mismo.

Cuatro paredes sustentan algo más que un techo. Dentro hay tantas cosas metidas que da vértigo pensar en los sentimientos que cruzan los órganos vitales cuando un aviso municipal te dice que mejor te busques otro lugar. La gente, cuando eso ocurre, se agrupa en plataformas para intentar evitar lo inevitable, tiene ataques de ansiedad, se desploma, sufre, muere.

Es difícil discutir tecnicismos, entender las argumentaciones, atender a las notas de prensa. El PGOU, sostiene el Ayuntamiento, es una “herramienta fundamental” para el desarrollo de la ciudad. ¿Cómo se discute una cosa así? ¿Qué responder cuando el desarrollo de la ciudad en persona llama a tu puerta y te dice: te toca?

Los vecinos de El Pilón siguen preguntándose hacia donde se desarrolla la ciudad, qué busca, qué quiere, con qué sueñan los constructores y por qué se desperezan de esa manera, salvaje y a la vez apática, llevándose por delante todo lo que la ciudad ha ido dejando cariñosamente sobre la mesita de noche.

El Ayuntamiento, detrás de los constructores, viste traje a medida y se peina con esmero cada mañana. Ha concedido a los vecinos tres meses de gracia, o de agonía, antes de ejecutar la orden y comprar sus casas por debajo del precio de mercado. Es el ritmo que impone el futuro, que llega ahorrando en la ciudadanía pero sin reparar en gastos cuando hay que aumentar el presupuestos de obras que nadie ha pedido.

No sabemos qué clase de ciudad construye Santander. Personalmente, dudo que sea un lugar agradable.

El Barrio de El Pilón era hasta hace apenas tres décadas el extrarradio de Santander. Situado en lo que originariamente se conocía como el Paseo del Alta, a unos cientos de metros del centro de la ciudad, las viviendas unifamiliares estaban rodeadas de prados con ganado y huertas de los vecinos. Ahora, sin embargo, una ubicación con vistas a la bahía y a un paso del casco urbano de la capital de Cantabria se ha convertido en un 'caramelo' para el Grupo Tecniobras, una constructora que pretende edificar dos torres de ocho alturas, con 140 viviendas y 200 garajes, que se levantarán literalmente sobre las casas de los actuales propietarios.

“Quieren rentabilizar el suelo. Esto es una especulación inmobiliaria de libro: lo que van a hacer con nosotros se llama robar”, asegura Belén Madrazo, una de las portavoces de la plataforma en la que se han agrupado las cerca de veinte familias afectadas, que luchan por salvar sus viviendas de un derribo “inminente” como consecuencia de una operación urbanística aprobada por el Ayuntamiento de Santander que multiplicará por siete la densidad de población en el barrio.

La historia afecta a 16 pisos, cinco casas y dos negocios que están señalados en rojo por el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que aprobó el Consistorio en el año 2012 con el voto favorable del Partido Popular (PP) y el Partido Regionalista de Cantabria (PRC), que prevé una unidad de actuación específica sobre los 9.921 metros cuadrados de El Pilón que podría sacar de su entorno a las 57 personas que viven actualmente en la zona.

Y es que mientras se redactaba el documento final del PGOU que se aprobó en el pleno municipal, una promotora vinculada al Grupo Tecniobras, que trabaja habitualmente en la ciudad, fue adquiriendo terrenos en el barrio hasta ser propietaria de más del 50% del suelo. La ley otorga ahora al propietario mayoritario la posibilidad de tomar la iniciativa: el resto de vecinos puede adherirse a una Junta de Compensación y asumir la parte correspondiente de los gastos de urbanización o serán expropiados sin derecho a realojo.

“Con lo que nos van a pagar por el justiprecio, que tiene en cuenta el valor catastral y la antigüedad de las viviendas, no podemos irnos a otro sitio. Desde el Ayuntamiento nos dicen que el urbanismo de la ciudad siempre afecta a las personas y que los vecinos somos daños colaterales, que no se puede hacer de otra forma”, lamenta la portavoz vecinal. 

Belén Madrazo recuerda también que, mientras Santander pierde población y hay cerca de 3.000 viviendas vacías en la ciudad, las 90 unidades de actuación que contempla el Plan General -con grandes similitudes a la que se está desarrollando en El Pilón- permitirán la construcción de otras 9.000. “A mí me parece que no tiene sentido, que es surrealista. Hay que tener en cuenta también lo sentimental: todos nuestros recuerdos están aquí. Quieren hacer negocio con nuestras propiedades”, asegura.

Lo que más ha comprado la constructora durante los últimos años han sido terrenos y huertas, para alcanzar un porcentaje de suelo mayor y poder imponer su voluntad en la Junta de Compensación. Han dejado incluso que algunas de las casas que adquirieron se hayan deteriorado hasta el punto de que el derribo se ha hecho obligatorio.

En 2007, Tecniobras hizo distintas ofertas a los vecinos que no llegaron a concretarse. Fue un acercamiento, un tanteo. Algunos decidieron vender. En 2009 fue Costa Verde Hábitat -ligada accionarialmente a la primera- la que dijo a los vecinos que tenía más del 50% de los terrenos y que iba a proponer una unidad de actuación. Fue entonces cuando los afectados presentaron sus primeras alegaciones, sin respuesta hasta marzo de este año.

“Como estamos fuera de ordenación desde que se aprobó el PGOU, no podemos ni hacer reparaciones o pintar las fachadas siquiera. Esto es un atropello. Hablan de derribar casas o construir viviendas sin tener en cuenta que de lo que hablamos es de la vida de las personas”, señala Belén Madrazo durante un paseo por el barrio con los periodistas de eldiario.es.

El calendario de ejecución no deja mucho margen para la protesta. O se llega a un acuerdo en los próximos tres meses, antes de diciembre, o se creará unilateralmente la Junta de Compensación. Como los vecinos no piensan adherirse a este órgano regulado por ley, porque no pueden asumir el coste, acabarán en los tribunales peleando por un “precio justo” por sus viviendas. 

“Si entras en la Junta de Compensación estás obligado a participar en los gastos de urbanización del terreno y, se supone, luego te lucras de los beneficios en la proporción en la que participas por la propiedad de tu suelo. A nosotros nos resulta imposible. La mayor parte de los propietarios supera los 65 años y son gente obrera. Son jubilados, viudas, parados... que tienen para comer porque son los dueños de sus casas. ¿Cómo van a asumir ese coste?”, se pregunta la portavoz, que ha vivido desde niña en el barrio y que representa a sus padres, de 73 y 69 años.

“No es cuestión de dinero”

Los afectados tienen un denominador común: no piden más dinero ni intentan negociar el precio de sus casas, sino que exigen permanecer en su barrio, donde viven desde hace décadas. Solicitan una modificación puntual del planeamiento urbanísitico que evite los derribos y que se declare una Área de Rehabilitación Integral (ARI) que proteja sus propiedades. Es el caso de Yuca Gutiérrez, de 77 años, que se mudó a El Pilón hace 50 años y comparte su piso con su hija, su yerno y su nieto, que han regresado bajo su techo como consecuencia de la crisis económica y el paro. 

“Lo que quiero es quedarme aquí, en el barrio. Pido al Ayuntamiento que nos ayude, que no nos deje en la calle, que miren por los vecinos. Yo tengo aquí mi parroquia. Soy voluntaria de Cáritas, donde ayudo a los que peor lo están pasando. Voy a gimnasia, a la piscina, a la playa, al baile... pero llevo unos días fatal, me paso todo el rato llorando. Me sacan de mi casa y me mandan al cementerio. Fuera de aquí no tengo futuro”, dice entre lágrimas. Los nervios han empezado a pasar factura a algunos de los vecinos.

Su hija María José García, que también actúa como portavoz de la plataforma vecinal, se muestra preocupada por cómo puede afectar a su madre la incertidumbre y el nerviosismo asociado a la posible expropiación de su hogar. También recuerda a Amparo Pérez, la anciana de 86 años que falleció en el mes de febrero en plena batalla con el Ayuntamiento de Santander por defender su casa del derribo, un caso que está muy presente en el barrio.

“Yo me cuelgo del tendedero, aviso. No es cuestión de dinero, yo tengo aquí mi vida. A los años que tengo, solo quiero que me dejen vivir en paz. He sido una desgraciada toda la vida, trabajando como una burra. Me maltrató mi marido y ahora me maltrata el alcalde. He superado muchas cosas en la vida, pero no puedo con esto...”, amenaza Yuca Gutiérrez.

En la conversación entre madre e hija está presente también Ángeles Ruiz, de 79 años. Vive sola porque perdió a su marido hace dos meses y es la amiga inseparable de Yuca, con la que comparte las tardes en la iglesia o en el centro para mayores. También lo tiene claro: “No me imagino tener que cambiar de barrio. ¿Tú sabes lo que es salir de casa y encontrarte con los vecinos con los que has convivido siempre? El Pilón es como una familia”.

Expropiados y con deudas

Entre los afectados está también José Antonio Rebanal, de 47 años. Él no es vecino de El Pilón, sino que regenta uno de los dos negocios hosteleros que tendrían que cerrar la persiana si continúa adelante la operación urbanística en la zona. El suyo es un bar de barrio, al que vienen a jugar a las cartas, a tomar un vino o a escuchar música regional muchos de los que han crecido en este popular enclave santanderino.

“Yo estoy como inquilino, porque tengo el negocio alquilado. Me tendría que ir a buscar la vida a otro sitio. Como el local no es mío, no sé qué compensación tendría... ¡Y tengo una edad como para empezar otra vez de cero!”, recalca mientras atiende la barra del Bar Madrazo.

Rocío Ruiz, de 38 años, cuenta su historia a eldiario.es mientras cuida de su bebé de dos meses. Tiene otra niña de dos años y compró el piso hace diez años, por lo que todavía tiene una parte importante de su hipoteca pendiente. “Tal y como están planteando las cosas, me pueden ofrecer menos dinero por mi casa de lo que me queda por pagar al banco. Me quedo sin casa y con una deuda”, explica.

También tacha de “ridícula” la postura del Ayuntamiento, que deja en manos de la propietaria mayoritaria de los terrenos el futuro de El Pilón, y califica de “pura especulación” los planes de la constructora, que ha rechazado hacer declaraciones a este periódico. “Me parece muy bien que quieran rehabilitar el barrio, pero que no pasen por encima de nosotros, que no nos atropellen. Nosotros les votamos para que nos solucionen los problemas, no para que nos generen más de los que ya tenemos”, subraya.

“Un atraco a mano armada”

En cualquier conversación informal entre los vecinos siempre se filtra el mismo mensaje: “Quietos no nos vamos a quedar. Nosotros somos los primeros afectados, pero a partir de ahora serán muchos más”. Y es que el planeamiento urbanístico de Santander recoge casi un centenar de operaciones similares a lo largo y ancho de la ciudad, con propuestas de regeneración urbana que pueden convertir el problema social de El Pilón en un ejemplo repetido tantas veces como sean necesarias.

Así lo cree Eugenio Velarde, de 80 años, y propietario de una casa con cuatro plantas y trastero, casi 700 metros cuadrados de terreno y seis plazas de garaje en 'primera línea' de General Dávila, una de las arterias más concurridas de Santander. Su vivienda se construyó en 1935 y ahí ha vivido toda la familia: abuelos, hijos, nietos, bisnietos... “La casa es nuestra, no debemos nada y lleva más de 80 años aquí. El valor sentimental no se puede calcular”, insiste.

A su juicio, “es un atraco a mano armada” que se permita llevar a cabo una expropiación en unas condiciones tan ventajosas para la constructora, que tiene potestad para decidir sobre el futuro de todos como propietaria mayoritaria de los terrenos. “Llegaremos a los tribunales si hace falta. Antes de que nos echen, prendo fuego a la casa y a todo lo que hay dentro”, advierte.

Una operación urbanística promovida por una constructora obligará al derribo de 16 pisos, cinco casas y dos negocios en el popular barrio santanderino de El Pilón

Los vecinos han comenzado a realizar concentraciones de protesta y exigen al Ayuntamiento de Santander que paralice el proyecto que pone en riesgo sus viviendas

Las 12 VPO (Viviendas de Protección Oficial) de General Dávila que permanecían vacías pasarán a formar parte, de forma temporal, del parque extraordinario de vivienda social habilitado por el Ayuntamiento de Santander -a propuesta del Grupo Socialista- para facilitar el acceso a una vivienda a las familias en dificultades económicas. Así lo ha acordado esta semana, por unanimidad de todos los grupos, el Consejo de Administración de la Sociedad de Vivienda Municipal (SVS).   

La promoción de VPO de General Dávila consta de 60 viviendas, de las cuales 48 fueron adjudicadas por sorteo en enero de 2014 y entregadas a sus propietarios el pasado mes de julio. Tal y como había adelantado eldiario.es Cantabria, las 12 viviendas restantes permanecían vacías, ya que habían sido reservadas por el Consistorio santanderino para realojar a los vecinos afectados de Prado San Roque. 

Sobre este barrio, el Plan General de Ordenación Urbana proyecta construir un nuevo edificio de 56 viviendas, para lo cual es necesario demoler varios inmuebles en los que viven cerca de una cuarentena de personas, que serían expropiados. El Ayuntamiento planteaba realojar a parte de ellos en esta promoción de VPO a cambio de que abonaran 70.000 euros, un planteamiento que los afectados ya habían rechazado. 

Ante la movilización de los vecinos, el Ayuntamiento, que durante meses ha negado cualquier actuación urbana en la zona, habla ahora de que “no es prioritaria”, según ha manifestado este martes el alcalde, Íñigo de la Serna. “Como ese proyecto no es ahora una prioridad, se ha optado por destinar esos pisos al alquiler social, para lo cual, era necesaria la cesión previa por parte de la SVS al Ayuntamiento”, ha señalado el regidor municipal en un comunicado.    

Estos doce inmuebles se suman así a los cinco adjudicados ya en régimen de alquiler social a otras tantas familias de la ciudad. Se trata de una propuesta planteada por el PSOE durante la pasada legislatura -fue aprobada en mazo de 2014- y que el Consistorio ha tardado más de un año en poner a disposición de los santanderinos. En este tiempo se ha elaborado la ordenanza que regula los criterios de acceso y adjudicación de las viviendas, a las que recientemente se han apuntado como demandantes 115 personas. 

El alquiler social es una medida de apoyo, destinada a las familias que atraviesan dificultades económicas, tanto a matrimonios como a familias monoparentales, que tengan hijos menores o mayores de edad incapacitados judicialmente, a su cargo. El reglamento establece que podrán acceder a estas viviendas familias en las que los ingresos anuales de la unidad familiar no superen en dos veces el indicador del IPREM, cuyo valor para el año 2015 se sitúa en 14.910 euros.

Río de la Pila

Otros de los vecinos afectados por una reforma urbanística recogida en el Plan General de Santander, los de El Pilón, han confirmado este martes lo que ya sospechaban: la reforma de la Ley del Suelo no llegará a tiempo para garantizar su realojo, según ha confirmado la vicepresidenta regional, Eva Díaz Tezanos.

Aún así, para los afectados esta cuestión no era prioritaria, ya que su principal objetivo es evitar que sean derribadas la veintena de viviendas que una promotora -propietaria del 60% de los terrenos- pretende llevarse por delante para construir dos nuevos bloques con 70 viviendas cada uno. El Ayuntamiento acaba de conceder tres meses a los vecinos para que planteen alternativas.     

El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander se ha convertido en un arma de doble filo para los vecinos de la ciudad. El documento que establece cómo será el entramado urbano durante los próximos años, que el equipo de Gobierno en el Ayuntamiento de la capital de Cantabria defiende como una “herramienta fundamental” para el futuro desarrollo económico y social, mantiene en vilo desde hace meses a cerca de 20 familias del popular barrio de El Pilón.

Una “agonía”, como los propios afectados definen, que se prolongará otros tres meses después del anuncio hecho este jueves por parte del Consistorio santanderino de paralizar temporalmente una operación urbanística que podría concluir con la expropiación forzosa de sus viviendas “a precios ridículos”.

Y es que la constructora que se ha hecho con más del 60% de los terrenos de la zona y que tiene, por tanto, poder de decisión sobre la urbanización del barrio, quiere levantar dos bloques con 140 viviendas y un vial que obligaría a la demolición de los inmuebles del resto de propietarios, un plan contra el que luchan los vecinos agrupados en una plataforma.

En los próximos días tendría que comenzar la tramitación de las bases y los estatutos por los que se regirá la Junta de Compensación de El Pilón, el órgano que establecerá las indemnizaciones para los afectados y que no contempla la posibilidad de realojo tras el derribo obligado de sus viviendas.

Ahora, después de meses de reuniones y protestas ciudadanas, el equipo de Gobierno que lidera Íñigo de la Serna (PP) ha asegurado que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Santander aprobará el próximo lunes la suspensión temporal de este proceso, a propuesta de la empresa titular de la mayor parte de los terrenos, que “se ha comprometido a profundizar en las vías de diálogo para tratar de lograr un consenso con el resto de propietarios”.

Los vecinos, que han sufrido incluso dos ingresos hospitalarios por “la ansiedad y el estrés” que les está generando el verse “en la calle” ante la inminente expropiación de sus casas, califican como “agridulce” este nuevo retraso. No satisfache todas sus expectativas, pero aleja un poco la espada de Damócles que pendía sobre sus cabezas.

El caso tiene muchas similitudes con el de Amparo Pérez, la mujer de 86 años que perdió la vida mientras 'luchaba' contra el Ayuntamiento de la ciudad para salvar de la piqueta la vivienda que había construido con sus propias manos seis décadas atrás y que el Consistorio santanderino derribó -mientras ella estaba ingresada en el hospital- para construir un vial de menos de medio kilómetro de longitud.

Nueva reunión de trabajo

El concejal de Infraestructuras, Urbanismo y Vivienda de Santander, César Díaz (PP), ha informado este jueves de esta decisión a los vecinos afectados por la actuación urbanística y al resto de grupos municipales en una reunión en el Ayuntamiento.

El edil ha reiterado la “voluntad política” del equipo de gobierno municipal de encontrar una solución a las familias afectadas por este proyecto que promueve la empresa privada y ha recordado que, por ello, se puso en contacto con la promotora perteneciente al Grupo Tecniobras para trasladarle el “problema social” suscitado por la actuación.

Una de las medidas en las que trabaja el Consistorio es una propuesta para plantear al Gobierno de Cantabria una modificación de la Ley del Suelo autonómica con el fin de que se regulen los derechos de realojo y retorno para personas afectadas por procesos urbanísticos como el de El Pilón.

Igualdad de trato y universalización

Díaz ha entregado a los vecinos y al resto de grupos municipales una memoria de cara a la elaboración de esa propuesta que, a su juicio, es una “medida fundamental” no solo para este caso, sino para otras actuaciones que se puedan desarrollar en Santander o en otros municipios de Cantabria.

En el texto que se propone trasladar al Gobierno, el Ayuntamiento de Santander plantea una regulación del derecho de realojo y retorno basada en dos principios básicos que considera “ineludibles”: la igualdad de trato en materia de realojo en los distintos tipos de operaciones urbanísticas y la universalización de ese derecho, mediante la garantía del acceso efectivo a una vivienda digna en todos los casos.

Al menos dos vecinos de El Pilón han tenido que ser ingresados con un cuadro médico de ansiedad e insuficiencia respiratoria generado por el estrés que les está causando la posibilidad, cada vez más real, de perder sus casas. “Esto huele a Amparo II”, se lamenta Belén Madrazo, una de las portavoces de la Plataforma que agrupa a las cerca de 20 familias afectadas por una nueva operación urbanística en Santander.

Madrazo se refiere al caso de Amparo Pérez, la mujer de 86 años que perdió la vida mientras 'luchaba' contra el Ayuntamiento de la ciudad para salvar de la piqueta la vivienda que había construido con sus propias manos seis décadas atrás y que el Consistorio santanderino derribó -mientras ella estaba ingresada en el hospital- para construir un vial de menos de medio kilómetro de longitud.   

Al igual que Amparo, la mayoría de vecinos de El Pilón son personas de edad avanzada, cuya salud puede verse resquebrajada al tener que 'enfrentarse' a un proceso de expropiación como el que les amenaza actualmente. Una promotora privada, propiedad del grupo Tecniobras, ha iniciado el proceso para construir literalmente sobre sus hogares dos bloques con 140 nuevas viviendas.  

Madrazo relata a eldiario.es Cantabria que están “exactamente igual” que cuando el pasado mes de julio se presentaron como Plataforma. “Hemos conseguido el apoyo de la oposición pero los que tienen la sartén por el mango son ellos (PP)”, apunta. Hasta ahora del equipo de Gobierno han recibido “mucha palabrería pero nada de hechos”. Incluso, los populares, que gobiernan en minoría, han incumplido la moción que ellos mismo aprobaron el pasado 27 de agosto y que instaba al Ayuntamiento a paralizar temporalmente en el plazo de diez días esta expropiación y analizar una solución urbanística alternativa.

“Desde entonces no hemos vuelto a tener noticias”, afirma la portavoz de este colectivo, que dice estar “muy disgustados y súperdecepcionados” con el alcalde, Íñigo de la Serna, y con el concejal de Obras, César Díaz. En este sentido, creen que les han “tomado el pelo” porque “el tiempo pasa y no hacen nada”.

Esta vecina recuerda que el próximo 30 de septiembre, es decir, en apenas 15 días, termina el plazo para detener la constitución de la Junta de Compensación, el órgano, controlado por la promotora, que llevará a cabo el proceso administrativo de las expropiaciones. “Y a partir de ahí nos ponen la soga al cuello”, describe.   

La Plataforma de Vecinos de El Pilón recalca que paralizar este proceso es tan sólo cuestión de “voluntad política”. “No están teniendo empatía con nosotros. Para ellos no es una prioridad si nos echan a la calle por cuatro duros”, denuncian.

Pasan los días y los vecinos del santanderino barrio de El Pilón siguen en ascuas. Han transcurrido casi dos meses desde que dieron la voz de alarma sobre la operación urbanística que una promotora privada pretende llevar a cabo literalmente sobre sus casas. En este tiempo han recibido buenas palabras por parte del equipo de Gobierno (PP), así como el respaldo de todos los grupos de la oposición (PSOE, PRC, Ciudadanos, Ganemos e IU), pero no se ha concretado ninguna medida al respecto y el procedimiento administrativo que conllevará la expropiación de 25 familias sigue su curso. 

Recientemente, los portavoces de los afectados han mantenido una nueva reunión conjunta con los cinco grupos municipales con representación en el Ayuntamiento de la capital cántabra. Un encuentro que se prolongó por espacio de tres horas pero que no concluyó en ningún acuerdo, sobre todo, debido a la falta de concreción.   

El equipo de Gobierno, a través del concejal de Obras, César Díaz, mostró su predisposición para paralizar temporalmente la tramitación del expediente, aunque ha supeditado cualquier decisión a los informes de los servicios municipales. Díaz también ha informado de que ha mantenido contacto con la promotora, la cual estaría dispuesta a ralentizar la actuación hasta encontrar una solución satisfactoria para todas las partes.    

La 'voluntad verbal' manifestada por la empresa y por los 'populares', que gobiernan en minoría, ha sido acogida con cierto recelo por parte de los vecinos, que demandan hechos, especialmente, porque el tiempo corre en su contra. La fecha límite para alcanzar un acuerdo es el 25 de septiembre, porque, de lo contrario, la Junta de Compensanción quedará constituida por lo que se conoce como silencio administrativo positivo.

“Esto sería ponernos la soga al cuello”, indica una de las portavoces en declaraciones a este diario. En este caso, los vecinos no tendrían posibilidad económica de formar parte de la Junta, que es el órgano encargado de llevar a cabo la urbanización, con lo que serían expropiados. 

Por el momento, cualquier decisión sobre el expediente está en 'stand by', ya que el técnico municipal del área de Urbanismo está de vacaciones hasta comienzos de septiembre. Una de las formas para paralizarlo es que el Ayuntamiento reclame más más documentación sobre el estudio de detalle presentado por la promotora.

Los afectados, que se han constituido en una plataforma, subrayan que no piden nada que no sea legal. En este sentido, recuerdan que se han llevado a cabo modificaciones del Plan General, como, por ejemplo, para permitir la construcción del Centro de Arte Botín sobre la bahía de la ciudad.

Ésta sería precisamente otra de las posibilidades para variar el tipo de actuación diseñada en la zona, que, tal y como está planteada en este momento, supone el derribo de varias casas para construir dos bloques de 70 viviendas cada uno y un nuevo vial. “Es especulación inmobiliaria”, afirman los afectados, a los que Díaz ha instado a presentar un estudio urbanístico alternativo. 

El tercer punto que centró la reunión fue la modificación de la Ley del Suelo de Cantabria, que ha sido solicitada por el propio Ayuntamiento al Gobierno regional para garantizar el realojo. Aunque los vecinos ven con buenos ojos la propuesta, creen que se trata de un debate más estéril, ya que la Constitución ya ampara éste derecho y, además, es una cuestión que sería aprobada a medio o largo plazo. 

La Plataforma de Vecinos del Pilón continúa trabajando para evitar lo que ellos mismos consideran que es “una actuación injusta y una práctica abusiva” por parte del Ayuntamiento de Santander. “En este momento tenemos las bases de actuación en fase de aprobación, ya que tienen que pasar por una serie de trámites antes de conseguir la aprobación definitiva. Con lo cual, de momento estamos movilizándonos e intentando contactar con los diferentes partidos políticos para exponerles nuestro punto de vista, ya que consideramos que esta expropiación no tienen ningún sentido”, asegura Belén Madrazo, portavoz del colectivo.

El Ayuntamiento de Santander planea hacer un nuevo vial que afecta a los terrenos de la zona del Pilón que comprenden los edificios situados entre el número 96 y el 120 de la parte que da hacia General Dávila. “La construcción de este vial es completamente innecesaria, ningún vecino lo ha solicitado y con el pretexto de crear nuevas zonas verdes, de paso van a tirar estos edificios, y posteriormente se van a construir dos torres de ocho alturas que comprenderá 140 viviendas. Si el Ayuntamiento quiere ensanchar aceras, hay muchas alternativas antes que derruir viviendas que se encuentran en un buen estado”, declara.

Esta situación afecta a 25 familias. En algunos de los hogares viven hasta tres generaciones de la misma familia. “Es una actitud inhumana. El trabajo de los políticos es defender el derecho a la vivienda y evitar que se produzcan casos de este tipo”, subraya la portavoz del colectivo. Además, los afectados no tendrán derecho de permuta ni de realojo. “Es una auténtica vergüenza. Nos van a dar cuatro duros y, además, pretenden que paguemos la demolición y el gasto de urbanización del terreno”, comenta Belén Madrazo.

Desde la asociación defienden que estos pisos se encuentran un perfecto estado y que pese a ser antiguos son totalmente habitables y funcionales. “Nosotros queremos seguir viviendo en nuestras casas. Hay casos muy dramáticos. Personas mayores que están pasando por un estado terrible de ansiedad y jóvenes que están pagando la hipoteca y se verían en la calle. Aquí las familias vivimos de manera honrada”, atestigua la portavoz.

Ahora, trabajan para que el Ayuntamiento paralice este expediente y evitar así una situación “abusiva y necesaria”. “Se trata de una zona bien acondicionada, con buenos accesos al centro y, casualmente, se trata de la zona alta de la ciudad, con vistas a la bahía. Sabemos que todo es una excusa”, concluye.