El Supremo confirma la anulación del plan urbanístico de Santander

El Tribunal Supremo ha confirmado este martes la anulación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Santander y corrige así la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC), que desestimó en junio de 2015 el recurso de la asociación ecologista ARCA contra el modelo urbanístico impulsado por el Partido Popular en la ciudad, aprobado por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (CROTU) en septiembre de 2012.

Los magistrados consideran que “no está garantizada la suficiencia de los recursos hídricos necesarios para abastecer a la población”, al haberse anulado el proyecto de Bitrasvase del Ebro.

En una sentencia dictada hace una semana, y que se ha hecho pública este martes, el Alto Tribunal estima este único motivo del recurso presentado por la organización conservacionista contra una sentencia del TSJC, que respaldó el planeamiento municipal en todos sus extremos.

La Sala Tercera del Tribunal Supremo anula así definitivamente el PGOU de Santander. En la sentencia de nulidad, el Supremo atiende a esa insuficiencia de recursos hídricos como motivo para anular el planeamiento pero no al crecimiento “irreal” de la población, ya que preveía una población máxima de 261.000 habitantes en el horizonte de 2024 y se estimaba que iban a hacer falta 35.316 nuevas viviendas, y que era el argumento más destacado del recurso de ARCA.

Así, en su sentencia, la Sala Tercera del Alto Tribunal entiende que el resto de argumentaciones del TSJC en este proceso, que rechazó el recurso de ARCA y avaló el PGOU, eran “acertadas”, pero no en el caso del citado aspecto de los recursos hídricos.

El Supremo discrepa de la consideración que el TSJC realiza, con una indebida extralimitación, en el sentido de entender que la razón de decidir de la sentencia del TS de 18 de diciembre de 2013 -según se dice, motivación de la evaluación de impacto ambiental del proyecto de Bitrasvase- “es susceptible de ser subsanada y corregida, sin considerarlo una mera formalidad”.

Para el Alto Tribunal, a pesar de que la anulación del Bitrasvase sea una circunstancia “externa” al PGOU, “éste debe de ser anulado, así como la Resolución aprobatoria del mismo”.

“Anulados el proyecto y la obra del Bitrasvase por el Tribunal Supremo, la existencia de recursos hídricos para la ciudad de Santander queda en entredicho, y su suficiencia, en modo alguno acreditada, con vulneración del Texto refundido de la Ley de Aguas”, indica la sentencia, de la que ha sido ponente Rafael Fernández Valverde.

Para el Supremo, “no sirve la voluntariosa argumentación de la Sala de instancia, desde un lógico planteamiento estrictamente procesal, con fundamento de que la nulidad jurisdiccional del Bitrasvase es una cuestión nueva no planteada en el momento procesal oportuno de la demanda, pues, la insuficiencia de los recursos hídricos, como la misma Sala reconoce, siempre fue esgrimida por la recurrente, bien desde la perspectiva de la insuficiencia, bien desde la perspectiva de la afectación a los LICs de los que procede el agua”.

“Víctimas de una causa externa y sobrevenida”

La argumentación del Tribunal Supremo ha supuesto un balón de oxígeno para el PP, que temía un texto que golpeara directamente contra su política en materia urbanística. Finalmente no ha sido así, al no considerar parte del recurso de ARCA, más centrado en la especulación del suelo y el crecimiento irreal de la población que preveía el PGOU.

“Quiero recalcar que la ciudad de Santander y su plan general han sido víctimas de la anulación de una infraestructura hidráulica, como el Bitrasvase del Ebro, sobre la que no hemos tenido ningún tipo de participación en su tramitación ni ninguna capacidad de actuar al respecto”, ha defendido en una rueda de prensa convocada de urgencia el alcalde en funciones, César Díaz (PP), autor intelectual del plan urbanístico como concejal de Obras e Infraestructuras.

Durante su exposición, ha recalcado que el plan general fue aprobado provisionalmente por el Ayuntamiento de Santander con “todos los informes oficiales favorables, con todos los informes técnicos favorables, con todos los informes jurídicos favorables, y fue aprobado definitivamente por la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cantabria, quien tiene asignado la legalidad del plan”.

Además, Díaz ha insistido en que su modelo territorial ha sido “refrendado” por el Tribunal Supremo, que contó con una “amplia participación pública”, y que “únicamente se va a anular por una causa externa al Ayuntamiento de Santander y sobrevenida, porque se ha producido, ni más ni menos que un año después de la entrada en vigor del plan general”.

“Se puede afirmar con rotundidad que la anulación del plan general no se debe al Ayuntamiento de Santander, ni al equipo de Gobierno, ni tampoco al propio plan, sino que se debe exclusivamente a una causa externa como es la anulación del Bitrasvase del cual somos víctimas”, ha afirmado Díaz, que ha recordado que la suspensión de esa infraestructura hidráulica tuvo lugar en diciembre de 2013, en una sentencia posterior a la aprobación del PGOU.

La legalización del Bitrasvase, que sería posible aún, “llegaría tarde” para el PGOU que estará definitivamente anulado desde el momento que el Alto Tribunal publique la sentencia, ya que este martes solo se ha producido la notificación, y la capital cántabra volverá a tener en vigor el planeamiento de 1997 en ese momento.

No cuestiona el modelo ni la población

Díaz ha aprovechado para reivindicar el trabajo del Ayuntamiento y ha subrayado en varias ocasiones que el Supremo “no cuestiona el modelo urbanístico y territorial ni la previsión de crecimiento poblacional” (261.000 habitantes en 2024 y la necesidad de 35.316 nuevas viviendas), sino que “hace suya” la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cantabria, que defendió que el modelo estaba “motivado y justificado”.

De esta forma, ha reivindicado que los 13 magistrados que han evaluado el PGOU (10 en el Supremo y 3 en el TSJC) “han avalado de forma unánime la legalidad del modelo urbanístico y territorial recogido en el plan general”.

De hecho, citando la sentencia del tribunal cántabro, ha ensalzado que el modelo “no es arbitrario ni irracional pues se basó en necesidad de dar acogida un crecimiento poblacional similar al de los últimos 15 años, en el que no crece tanto la población pero sí los hogares unifamiliares y monoparentales que demandan viviendas”.

“Así, el modelo urbanístico y territorial lejos de ser el motivo de anulación del plan, ha sido validado por los dos tribunales, que no han formulado al respecto reparo de ninguna clase sino confirmando su validez”, ha añadido el alcalde en funciones.

Normas transitorias como solución de emergencia

Dada esta situación, que hace irreversible la decisión del Supremo y que condena a Santander a realizar un nuevo planeamiento urbanístico, el equipo de Gobierno planteará al Gobierno autonómico que incluya en la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales de Cantabria para 2017 una modificación de la Ley del Suelo con la suspensión de las normas urbanísticas para suelo urbano contempladas Plan General de Ordenación Urbana de 1997.

De esta forma, según ha explicado César Díaz, se permitiría la apertura de un proceso para elaborar unas normas transitorias, que estarían vigentes hasta la elaboración y tramitación de un nuevo plan y permitirían “dar seguridad jurídica” a actuaciones realizadas en base al ya suspendido planeamiento de 2012.

Desde el equipo de Gobierno (PP) quieren trasladar esta petición directamente al presidente autonómico, Miguel Ángel Revilla, algo que esperan que sea próximamente ya que su intención es solicitarle una reunión en cuanto sea elegida, previsiblemente, la edil del PP Gema Igual como nueva alcaldesa, en el pleno extraordinario del Ayuntamiento convocado para este jueves, 17 de noviembre.

“Una mano tendida desde el Gobierno”

De momento, la vicepresidenta y consejera de Medio Ambiente, Eva Díaz Tezanos (PSOE), ha ofrecido la colaboración del Gobierno de Cantabria y “una mano tendida”, tanto al Ejecutivo central como al Ayuntamiento de Santander, para solucionar el “problema” del Bitrasvase del Ebro una vez conocida la sentencia del Supremo respecto al PGOU de Santander.

Desde el Ejecutivo, en el que las competencias en esta materia están en la cartera de Díaz Tezanos, han indicado que durante 2015 y este 2016 el Gobierno central “ha estado trabajando para eliminar las causas que motivaron en su día la anulación del Bitrasvase” y una labor en la que ha contado con el Gobierno PRC-PSOE desde que éste tomó posesión a mediados de 2015.

Precisamente este miércoles, 16 de noviembre, a instancias de los responsables de la Consejería de Medio Ambiente del Gobierno de Cantabria, se ha convocado a una reunión a los concejales del Ayuntamiento de Santander para estudiar y solucionar todos los problemas que en este momento tiene planteados el Bitrasvase del Ebro.