El magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha dictado un auto que lleva a juicio a Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, ambos exdiputados del PP, por participar en una trama que facilitó contratos de obras en Argelia por 480 millones de euros en total a cambio de comisiones. Según ha publicado este lunes El Confidencial, ambos se enfrentan a cargos de corrupción en transacciones internacionales, cohecho pasivo, falsedad documental y organización criminal. La decisión responde a un escrito del fiscal anticorrupción Conrado Alberto Sáiz, firmado el pasado 11 de septiembre, en el que reclama 21 años de prisión para cada uno.

El procedimiento incluye a 23 personas –entre ellas el hijo de Arístegui– y cinco empresas, como Electrificaciones del Norte SA (Elecnor), considerada clave en la causa. A otros imputados, aunque no a los populares, se les añade el delito de blanqueo. Las investigaciones abarcan el periodo 2009-2016. Por entonces, según el informe de la Fiscalía, De la Serna era funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado y Arístegui diplomático de carrera, además de portavoz del PP en la Comisión de Asuntos Exteriores.

En el año 2009, los exdiputados pactaron ofrecer asesoría y consultoría a compañías con interés de expandir su actividad en el plano internacional. El esquema contemplaba cobrar una cuota fija mensual de 15.000 euros –la llamada “iguala”– y comisiones adicionales si la empresa conseguía contratos públicos o con gobiernos extranjeros gracias a sus gestiones. Según el Ministerio Público, “para llevar a cabo la actividad de consultoría internacional se prevalieron de su condición de funcionarios públicos y de los cargos que ostentaron hasta 2016”.

El escrito añade que su condición de funcionarios “era el elemento distintivo y motivador para que las empresas aceptasen ser clientes y pagar los honorarios”, ya que las “igualas” se abonaban incluso sin contraprestación mientras no se lograse un contrato. Durante ese periodo en el que los imputados compaginaban sus responsabilidades públicas con el cobro de comisiones, Arístegui también fue embajador en la India, Maldivas, Nepal, Sri Lanka y Bután bajo el Gobierno de Mariano Rajoy.

Para atraer clientes, firmaban contratos con intermediarios que se dedicaban a conseguirlos. Uno de ellos les abrió la puerta de Elecnor y de otra empresa en la que partcipaba esta, Internacional de Desarrollo Energético SA. Según la Fiscalía, el entramado era “conocido por los directivos del Grupo Elecnor, Germán Junquera, Ramón López, Santiago De la Rica, Enrique Sánchez, Alfonso Castellanos y Fernando Asencio”.

Y todo ello, añade el fiscal, “para que las empresas españolas consiguiesen contratos en el extranjero, De la Serna y Arístegui se valieron de personas que tenían capacidad para acceder a autoridades y funcionarios públicos”. En Argelia contaron con Cristóbal Tomé –fallecido en 2016– y su hermano José Luis, “quienes tenían influencia con las autoridades y funcionarios civiles y militares argelinos” y que cobraban honorarios con los que pagaban las comisiones a las autoridades del país.

El Ministerio Público concluye que los acusados “se concertaron para la consecución, mantenimiento, y modificación de contratos públicos en Argelia, mediante el pago de comisiones”, aprovechándose de la ausencia de mecanismos de prevención de delitos en las empresas implicadas. La investigación apunta a al menos a dos adjudicaciones: la construcción de una planta desaladora en Souk Tleta por 250 millones de euros (2009) y el tranvía de Ouargla por 230 millones (2013), este último adjudicado a una UTE formada por Elecnor, Assignia y Rover Alcisa.

Pedro Gómez de la Serna ha vuelto a un despacho oficial. El exdiputado del PP, imputado en la causa que sigue la Audiencia Nacional por el supuesto cobro de comisiones ilegales, trabaja desde hace unas semanas en la subdirección general que se encarga de elaborar informes jurídicos para el departamento que dirige el ministro Juan Ignacio Zoido.

El Ministerio de Interior aclara que la reincorporación de De la Serna era imperativa: “Este señor pertenece al cuerpo de administradores civiles del Estado. El Ministerio se ha visto en la obligación de readmitirle porque es funcionario”.  

Según fuentes cercanas a Interior, el departamento de Juan Ignacio Zoido se resistió a la readmisión del exdiputado del PP. Para ello se realizó una consulta oficial a la Secretaría de Estado de Función Pública, y el resultado fue rotundo: el departamento ministerial debía hacerle un hueco. 

Según los portavoces del Ministerio, “nadie reclamó los servicios de Gómez de la Serna en otro departamento del Gobierno y si nadie le reclama la ley dice que tiene que volver al último Ministerio en donde prestó servicios como funcionario: Interior”.

El nuevo despacho del exdiputado está en la tercera planta de la sede que Interior tiene en la calle de Amador de los Ríos, en Madrid.

Interior aclara que De la Serna “se dedica a una labor técnica jurídica: redactar recursos”. Su trabajo está bajo la supervisión del secretario general técnico del Ministerio y en dependencias alejadas de las que usa el ministro. “No despachará con el ministro ni le verá”, aseguran en el Ministerio.

De la Serna ha vuelto a los mismos despachos en los que trabó amistad con Gustavo de Arístegui. Ambos fueron jefes de gabinete del ministro de Interior durante el mandato de Jaime Mayor Oreja (2001-2002).

Con el tiempo, De la Serna y Arístegui han pasado de compartir ministro a compartir juez de la Audiencia Nacional: el magistrado José de la Mata intentó tomarles declaración a ambos en la primavera pasada. Los dos actuaron del mismo modo y se negaron a responder a las preguntas del juez.

eldiario.es se ha puesto en contacto con el exdiputado, que se ha negado a comentar los detalles de su vuelta al Ministerio de Interior y como única respuesta ha ofrecido la siguiente: “Yo estoy fuera de la política. Soy una persona no pública y no tengo ningún interés en salir en los medios de comunicación. Si quieren, llamen al Ministerio de Interior”. 

El exdiputado Vicente Martínez-Pujalte, investigado por presuntos delitos de falsedad documental y cohecho por su actividad en su consultora Sirga Siglo XXI y que presuntamente facturó a empresarios del PP por trabajos inexistentes, recibió abonos por valor de 3,5 millones de euros en sus cuentas en el año 2015, según un informe que ha remitido la Agencia Tributaria a petición del juzgado de Instrucción número 49 de Madrid que instruye la causa. Durante ese año, Martínez-Pujalte era diputado.

En la información que ha remitido Hacienda, aparece el apunte “suma de abonos en las cuentas”, que se hace constar en casos en los que existe la sospecha de blanqueo de capitales, y cuando el total supera los tres millones anuales. Esos 3,5 millones de euros registrados hace un año no aparecen en las cuentas actuales de Martínez-Pujalte. El exdiputado solo llegó a ahorrar unos 200.000 euros anuales, según figura en el informe elaborado por Hacienda.

“Son abonos porque tenía un depósito a dos meses que iba renovando, y que la agencia tributaria suma hasta los 3,5 millones”, afirma Pujalte.

Su época de bonanza económica no empieza con la consultora, constituida en 2008 y disuelta en agosto de 2015, sino a partir de 2011. Según la declaración de bienes que realizó como diputado ese año al disolverse las cortes antes de las elecciones que ganó el PP, en septiembre de 2011, Pujalte tenía 175.000 euros en sus cuentas y un plan de empleo con 179.000. La información de la Agencia Tributaria da datos algo menores al cierre de ese año: 279.000 euros.

2011 fue el año en que Sirga XXI realizó supuestos trabajos para Scardovi y Karistia, las sociedades de los entonces también diputados Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, que le pagaron cada uno 23.010 euros. La causa de estos dos últimos, que actuaban como comisionistas en operaciones públicas internacionales, se encuentra en la Audiencia Nacional.

El 2012 tampoco fue malo para Martínez-Pujalte. Terminó el año con un saldo de 289.000 euros, pero es en 2013 cuando sus ahorros se duplican y alcanzan los 540.000 euros. La racha siguió en 2014, que cerró con 701.000 euros acumulados. En 2015 la mitad del ahorro desaparece. Cierra el año con un saldo de 364.000 euros, a pesar de que Hacienda ha detectado 3,5 millones de euros que entran en sus cuentas y cuyo destino por ahora está sin explicar.

Estos enormes ingresos distan mucho de justificarse con lo que cobraba como diputado. Su sueldo anual en el Congreso era de 76.000 euros brutos: 39.394 euros de salario base, 14.650 por su puesto de portavoz del Grupo Popular en la Comisión de Economía y 21.886,32 euros por dietas de manutención y alojamiento.

Tampoco puede apoyarse en las cuentas de Sirga XXI, la consultora, ya que siempre contó con un socio al 50%: la entonces senadora Ana Torme hasta el año 2011 y el exasesor de Aznar Jaime Marín Cozar después de esta fecha y a través de una sociedad. Los ingresos de Sirga XXI oscilaban entre los 100.000 y los 150.000 euros anuales, también lejos de las cifras millonarias que Hacienda ha registrado en 2015 e incluso del aumento registrado entre 2013 y 2014.

El pasado martes, Vicente Martínez-Pujalte y Ana Torme declararon ante la juez que instruye la causa. El primero no desvinculó a su exsocia de su sospechosa actividad en ningún momento. A preguntas de la fiscal y de la juez sí precisó que había creado la consultora para asesorar a Collosa (con la que firmó un contrato antes de que existiese Sirga), que había desarrollado una actividad de carácter mercantil y que nada había estado relacionado con ninguna Administración pública.

Ana Torme mantuvo que cuando entró a formar parte de Sirga lo hizo para encargarse de un proyecto de “unos músicos” amigos de Martínez-Pujalte. Antes, a través de un escrito, había desvelado a la Fiscalía de Valladolid, la primera que investigó el caso, que fue engañada por Martínez-Pujalte, De la Serna, Arístegui y el exdiputado Alejandro Ballestero. La exsenadora se vio en medio de una investigación por falsedad y cohecho de la que decía desconocer todo.

El caso arrancó en Valladolid escindido de la Trama Eólica, que ahonda en presuntas comisiones de 110 millones pagadas por las eléctricas a altos cargos de la Junta de Castilla y León y empresas afines por la concesión de parques para molinos de viento. Una de las empresas beneficiadas, la constructora vallisoletana Collosa, aparecía también como pagadora en la consultora de Federico Trillo, Estudio Labor S.L ( 354.560 euros en casi tres años) y en la de Martínez-Pujalte (75.000), todo ello por “asesorías verbales”.

La Fiscalía, que solicitó copia de los trabajos supuestamente desarrollados por Sirga XXI, no recibió todos. De los remitidos, dos eran exactos excepto por el título y otros se habían copiado de internet. Según la fiscal jefe de Valladolid, las facturas eran simuladas en la mayoría de los casos.

Una vez que el escándalo saltó, Torme, siempre según su versión, supo que algunos clientes de Sirga “eran miembros del Partido Popular” a los que ella conocía “desde hacía años”, como es el caso de Arístegui y De la Serna. “La evidencia de que mi socio me había ocultado que teníamos clientes que además eran amigos míos supuso algo más que una desagradable noticia: fue la constatación de una verdadera ocultación de datos”, aseguraba.

Pero además, subrayaba que “lo verdaderamente trascendente” es que “disimulado dentro del nombre de una sociedad limitada” tres personas de su partido (el PP), y dos “muy próximas” a ella, facturaban a su empresa sin que ella tuviese conocimiento, y apuntaba directamente a los dos ya mencionados (Arístegui y De la Serna) y Ballestero.

Torme sostenía también que la coincidencia de remuneraciones y de conceptos en las tres empresas “se convierte en algo con apariencia irregular”. También detallaba que la mayoría de las empresas para las que Sirga trabajó tenían como administradores o consejeros a personas del PP y que algunos de ellos estaban vinculados a escándalos de corrupción.

La Agencia Tributaria también ha remitido al juzgado el estado de cuentas de Ana Torme, cuyos saldos no han registrado cambios relevantes.

Corrección: una primera versión del artículo indicaba que Pujalte había recibido 3,5 millones de euros en ingresos en su cuenta corriente, según un informe de la Agencia Tributaria. La forma correcta de describir esos movimientos es abonos. Vicente Martínez-Pujalte no quiso hacer declaraciones en su momento, pero posteriormente sí dio su versión indicando que se trataba de un depósito a dos meses que iba renovando. La suma de esos abonos alcanza los 3,5 millones cifrados por la Agencia Tributaria.

El exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte ha querido desvincular la investigación contra él de la actividad política que desarrolló durante más de dos décadas. “No se ha hablado de mi gestión pública”, ha dicho tras declarar ante la jueza que investiga si cobró a través de su empresa por trabajos que no se realizaron nunca.

No ha querido atender a los medios tras su declaración, y se ha limitado a decir que ésta no ha versado sobre su actividad política, y que las preguntas se han centrado en aclarar “una relación mercantil privada”. Martínez Pujalte siempre ha defendido que sus negocios con la empresa que dirigía, Sirga XXI, eran legales y compatibles con su labor como parlamentarios.

El exdiputado del PP ha entrado a la sala poco antes de las 11 de la mañana acompañado de cinco abogados , y ha estado declarando durante algo más de dos horas en el juzgado de instrucción número 49 de Plaza Castilla.

La jueza le investiga por los supuestos cobros de su empresa por trabajos no realizados. Entre las empresas a las que facturó están las consultoras de los también ex diputados del PP Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, exdiputados del PP investigados en la Audiencia Nacional.

Según la la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), Martínez Pujalte cobró al menos 60.000 euros de la trama comisionista dirigida por Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna. Se embolsó ese dinero por asesorarles en el exterior con trabajos calcados de Internet.

La causa procede de los juzgados de Valladolid, donde la Fiscalía denunció a Martínez Pujalte y a su exsocia, la exsenadora del PP Ana Torme, por falsedad y cohecho. Días después, Torme denunció ante la Fiscalía un entramado empresarial presuntamente dirigido por Pujalte y el Ministerio Público presentara denuncia en su contra por delitos de falsedad y cohecho.

Torme ha entrado a la sala tras Martínez Pujalte y ha estado declarando durante cerca de hora y media. A la salida ni ella ni su defensa han querido comentar nada sobre el interrogatorio.

La primera puerta a la que llamó el denunciante de la trama que urdieron los dirigentes del PP Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna para cobrar comisiones a cambio de obras en varios países de África y Latinoamérica fue la de La Moncloa.

El 10 de junio de 2015, dos meses antes de acudir a la Fiscalía Anticorrupción, José Faya López –un agente de seguros asturiano al que los dos cargos populares recurrieron para que le presentase a potenciales clientes interesados en hacer negocios con gobiernos de distintos países en los que Arístegui tenía influencias– remitió una carta de tres folios a Jorge Moragas, director de gabinete del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy. Según el relato de Faya, la entregó él mismo al Departamento de Seguridad de Moncloa el 10 de junio de 2015 y consta en los archivos informáticos de la residencia oficial. Una copia de la misma se halló el 12 de enero de 2016 en el registro judicial que se hizo de la vivienda del denunciante. Tal y como figura en el sumario, la carta fue incautada y figura en el inventario como el objeto número 60 que se intervino en el domicilio familiar de José Faya, también imputado en el caso.

En dicha misiva, que iba acompañada de contratos y facturas, José Faya relataba los trabajos que entre 2009 y 2015 realizó para distintas firmas administradas por el que fue embajador en India y Venezuela, Gustavo de Arístegui, y para el entonces diputado Pedro Gómez de la Serna y cifró en 500 millones el volumen de negocio que como intermediarios ambos cargos populares generaron en el extranjero para empresas amigas. Pese a que la documentación remitida a Moragas daba detalles de los negocios de ambos cargos populares en Panamá y Argelia, seis meses después De la Serna fue refrendado por el partido como candidato al Congreso por Segovia y acabó ocupando un escaño de diputado, a pesar de haber pedido la baja en el PP a raíz de este escándalo en enero de 2016.

Arístegui y De la Serna están, según los investigadores, en el epicentro de un sumario que investiga desde la Audiencia Nacional delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales, pertenencia a organización o grupo criminal y cobro de comisiones ilegales. En la causa abundan los indicios sobre la participación de De la Serna (que permaneció en el Grupo Mixto hasta el final de la pasada legislatura) y Arístegui. Hay conversaciones grabadas por el propio Faya, contratos, facturas y promesas de pagos para evitar que el escándalo vea la luz.

La carta remitida al jefe de gabinete de Rajoy el 10 de junio de 2015 y a cuyo contenido ha tenido acceso eldiario.es, arranca así: “El motivo de estas líneas es poner en conocimiento del partido los acontecimientos acaecidos desde el año 2009, que fue cuando inicio el desarrollo profesional de un bonito proyecto que me presentan Gustavo Manuel de Arístegui y San Román y Pedro Gómez de la Serna y Villacieros, consistente en la apertura de mercados internacionales a las empresas españolas. Mi función ha sido hasta hace tres meses, que abandoné el despacho, la búsqueda y contratación con empresas españolas interesadas en la salida al exterior con la ayuda de Pedro y Gustavo (adjunto fotocopia de parte de los contratos), para lo cual firmé con Pedro y Gustavo contrato de agencia que adjunto. Una vez contratadas con las sociedades de Pedro y Gustavo independientemente, les procuran a las compañías españolas contratos de obra con las administraciones de los distintos países en los que ellos tienen contactos (Argelia, Panamá, Marruecos etc...). Desde el principio de nuestra relación contractual, Pedro y Gustavo han gestionado varios contratos de obra para sendas empresas españolas, por lo que estas les reconocen contractualmente el cobro de las consiguientes comisiones por estos hitos”.

A continuación, el agente que trabajaba para la red de Arístegui y De La Serna y que también está imputado por el juez De la Mata lamenta que ambos hayan vulnerado los contratos firmados –“idearon un sistema para no pagar a través de sociedades interpuestas extranjeras”– y cifra en más de tres millones de euros las comisiones que se le adeudan. El denunciante, que dos meses después llevó la documentación a la Fiscalía Anticorupción, asegura que guarda documentación de “las irregularidades” que propone “solucionar con la mayor rapidez, discreción y sigilo” y pide a Moragas “intermediar en tan desgraciado caso”.

Adjudicaciones bajo sospecha en Argelia y Panamá

Los papeles remitidos a Moragas detallan también el modus operandi de la red y ofrece minuciosos detalles de los negocios de De la Serna y Arístegui en el extranjero. Aluden por ejemplo a una adjudicación del Ministerio de Sanidad panameño para ampliar allí un hospital público por 113 millones de dólares a una UTE integrada por Acciona y Elecnor (Internacional de Desarrollos energéticos). Ese contrato, asegura el denunciante implicaba el devengo de unas comisiones que Arístegui y De la Serna evitaron repartir gracias a un entramado societario en el que participó un empresario español residente en Panamá, que es socio de los dos políticos españoles.

En Argelia el exagente de la red de Arístegui y De la Serna alude entre otras obras a una canalización de aguas en Souk Tleta (por 250 millones de euros) y al tranvía de Ourgla presupuestado en 230 millones de euros. En medio de las dos ajudicaciones estaban las sociedades de Arístegui y De La Serna. El denunciante alega que, aunque ambos dirigentes han señalado que la comisión en estos contratos era del 1%, lo que se había firmado con él en el contrato era el 2,5% del importe total de cada obra. Una vez que la Audiencia Nacional empezó a investigar el caso, la Unidad de Delincuencia Económica de la Policía Nacional detectó pagos de las firmas de Arístegui y De la Serna al jefe de campaña del presidente de Argelia para influir en sus contratos públicos.

La documentación entregada en Moncloa reserva un folio a desentrañar la madeja de sociedades y clientes de la red De la Serna y Arístegui. Detallaba cómo el entonces embajador en la India administró la firma Karistia, una de las empresas que cobraba las comisiones, y también vinculaba a De la Serna con la sociedad Scardovi, otra de las perceptoras de porcentajes de las obras en Latinoamérica y África. El hijo de Arístegui, Borja de Arístegui Arroyo, figura a su vez como administrador de Arroyo de Lagasca, una firma que tiene como objeto social la venta de artículos de prensa y librería, y que según el denunciante heredó las igualas que cobraban las empresas de Gustavo de Arístegui cuando estas sufrieron un embargo.

eldiario.es ha preguntado al director de gabinete de Mariano Rajoy, Jorge Moragas, por su actuación al recibir la carta, si puso en conocimiento del presidente del Gobierno el contenido de la misiva y si comunicó a la dirección del PP su contenido antes de que De la Serna fuese proclamado candidato al Congreso. Un portavoz autorizado de Moragas ha respondido que no va a hacer comentarios sobre esta información.

El exdiputado del PP Vicente Martínez Pujalte cobró al menos 60.000 euros de la trama comisionista dirigida por Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna. Se embolsó ese dinero por asesorarles en el exterior con trabajos calcados de Internet, según han descubierto los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), tal y como avanza la Cadena Ser.

La UDEF de la Policía Nacional ha analizado los documentos remitidos por Martínez Pujalte a la organización, y destaca que el exdiputado popular solía descargarse sus artículos del Instituto de Fomento de Murcia, de la página web de la Universidad Politécnica de Valencia, del Instituto Español de Comercio Exterior, o del Real Instituto Elcano, así como de páginas web del Gobierno de los Estados Unidos o de algunos medios de comunicación.

Según ha informado la Cadena Ser, la mayor parte de los informes de Martínez Pujalte que forman parte del sumario, versaban sobre la situación socio-económica de Argelia y diversos nichos de mercado en este país.

Argelia fue clave para la supuesta organización criminal de Arístegui y Gómez de la Serna. De hecho, la UDEF descubrió presuntos sobornos de una empresa de los expolíticos del PP a familiares de funcionarios argelinos para adjudicar dos contratos públicos a Elecnor.

Por su parte, la Cadena SER se ha puesto en contacto con Pujalte, quien no ha querido hacer declaraciones. Se ha limitado a negar que que copiase un trabajo de fin de carrera, tal y como sostienen los agentes de la UDEF, o que cobrara por plagiar informes de internet para la supuesta organización criminal.

La justicia ya investiga a Vicente Martínez Pujalte por delitos de falsedad y cohecho. La Fiscalía le denunció en Valladolid por hechos semejantes, ya que supuestamente cobró de una constructora a cambio de informes sobre trabajos inexistentes.

Los expolíticos del PP Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna se embolsaron una comisión de 265.000 euros por presentar un contacto del Congo a una cementera española. Así lo revela hoy el diario El Mundo.

Según esta información, la trama comisionista medió para que la empresa Cementos La Unión hiciese negocios en África. En concreto, su trabajo consistió en presentar a la empresa valenciana un contacto en el Congo: Eugene Obba, primo del presidente de ese país y con contactos para facilitar los negocios de la cementera.

Arístegui fue el encargado de llevar a cabo los trámites, mientras que Gómez de la Serna no participó, aunque sí cobró su parte. Ambos se embolsaron al menos 265.000 euros por esa gestión, según revela El Mundo.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata, que instruye el caso de los dos expolíticos populares, ya tiene conocimiento de estos hechos. Fueron los representantes de la cementera quienes se lo relataron al juez.

Una vez finalizado el trabajo de presentar el contacto a la empresa de cemento, los políticos siguieron cobrando comisiones de manera mensual por cada tonelada de cemento vendido. Esas comisiones llegaron a los 70.000 euros anuales durante algún ejercicio.

Ambos comisionistas, propietarios de dos sociedades, siguieron cobrando a través de ellas tanto a Cementos La Unión como a la empresa creada para los negocios en el Congo.

El exembajador Gustavo de Arístegui y el exdiputado Pedro Gómez de la Serna, pagaron supuestamente a través de la compañía Western Union a familiares de funcionarios argelinos para conseguir dos contratos en Argelia por los que cobraron comisiones, según han descubierto los agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) como avanza 'El Mundo'.

La presunta organización criminal dirigida por De Arístegui y Gómez de la Serna sobornó al diputado argelino y jefe de campaña del presidente argelino Abdelaziz Buteflika, Omar Alilat, según informa 'El Mundo'. El agente y conseguidor en Argelia de la trama de los dos expolíticos del PP, Cristóbal Tomé, envió a Alilat al menos dos transferencias de dinero en diciembre de 2011 en París. Tomé es un empresario español afincado en Argelia que a finales de 2015 admitió a 'El Mundo' que parte de su trabajo consistía en “engrasar” para conseguir que sus intermediaciones fructificaran.

Los sobornos sirvieron para que la firma española Elecnor consiguiera dos contratos públicos en el país argelino, por un lado, la construcción de un tranvía en Ouargla, y por otro, la canalización de aguas en Souk Tleta.

La investigación De Arístegui y Gómez de la Serna

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata dirige la investigación de la Fiscalía Anticorrupción de la trama de corrupción de los dos expolíticos del Partido Popular por los presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal para conseguir adjudicaciones en diversos países. Los datos descubiertos por la policía ponen de manifiesto que los dos 'populares' ejercieron soborno y tráfico de influencia para extender su presunta trama corrupta.

La red de influencias de la organización empresarial de los exdiputados se extendió también a Irak, según reveló el sumario del caso el pasado viernes. La presunta organización criminal habría intentado conseguir adjudicaciones en el país irakí. A cambio, la sociedad que dirigían los políticos populares habrían cobrado 15.000 euros mensuales de una de las empresas vinculadas a la trama, aunque finalmente la entidad no llegó a conseguir ninguno de los proyectos que se barajaban.

La empresa española Elecnor encargó un informe en 2010 a la organización de Arístegui y De la Serna para “explorar la apertura del mercado de Irak”. En concreto, se trataba de un anteproyecto para instalar un sistema de navegación aérea en Bagdad. Al año siguiente, la misma empresa encargó otro trabajo para lograr la adjudicación de un sistema de regadío en el Kurdistán iraquí.

Hasta el momento se conocía que la trama, dedicada al cobro de comisiones y sobornos a cambio de la obtención de contratos internacionales, había extendido su influencia esencialmente en América Latina, aunque también en Congo, Kuwait o Moldavia.

La presunta organización criminal dirigida por los exdiputados del PP, Gustavo de Arístegui y Gómez de la Serna, habría intentado conseguir adjudicaciones en Irak en 2010, según revela el sumario del caso al que ha tenido acceso la Cadena Ser. A cambio, la sociedad que dirigían los políticos populares habrían cobrado 15.000 euros mensuales de una de las empresas vinculadas a la trama, aunque finalmente la entidad no llegó a conseguir ninguno de los proyectos que se barajaban.

Según consta en el sumario de la investigación llevada a cabo por la UDEF y la Fiscalía Anticorrupción, Elecnor -una de las empresas de la trama-  encargó un informe en 2010 a la organización de Arístegui y De la Serna para “explorar la apertura del mercado de Irak”. En concreto, se trataba de un anteproyecto para instalar un sistema de navegación aérea en Bagdad. Al año siguiente, la misma empresa encargó otro trabajo para lograr la adjudicación de un sistema de regadío en el Kurdistán iraquí.

Elecnor no llegó a conseguir ninguno de los proyectos, aunque Arístegui y De la Serna -que ejercían como “directores de los proyectos y trabajos e interlocutores con el cliente y los agentes en el exterior”- cobraron por el pacto 15.000 euros mensuales en concepto de comisión. Los nombres de los hijos de los políticos populares también aparecen entre los documentos del caso. Estos se habrían encargado de buscar información en internet, realizar llamadas o redactar cartas, según consta en las memorias de Elecnor durante los dos años en los que transcurrieron las operaciones.

Hasta el momento se conocía que la trama, dedicada al cobro de comisiones y sobornos a cambio de la obtención de contratos internacionales, había extendido su influencia esencialmente en América Latina, aunque también en Congo, Kuwait o Moldavia.

Vicente Martínez Pujalte cobró de las consultoras Scardovi S.L y Karistia S.L, pertenecientes a los entonces diputados Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, por el “asesoramiento en prospectiva económica de mercados internacionales emergentes”.

Así lo atestiguan las facturas a las que ha tenido acceso eldiario.es y que muestran cómo el también diputado en esa época (abril, mayo y junio de 2011) facturó a su sociedad de asesoría Sirga XXI Consultores trabajos que supuestamente realizó para las dos empresas de sus compañeros. Martínez Pujalte utilizó los mismos conceptos para ambas, y también el mismo precio, 4.500 euros por trimestre. Así, la consultora del diputado murciano obtuvo de sus compañeros un total de 46.020 euros en 2011 (23.010 de cada una de las mercantiles).

Tanto Scardovi como Karistia se dedicaban a la consultoría estratégica y, como Sirga XXI, se crearon en 2008. Es más, Gómez de la Serna, administrador de Scardovi SL y Gustavo de Arístegui, administrador de Karistia SL, habían creado la marca Voltar Larssen para cobrar comisiones millonarias por conseguir contratos en el exterior para empresas. Al menos así lo considera la Audiencia Nacional, que les investiga desde enero.

¿Qué pudo aportar Martínez Pujalte a dos consultores consumados como ellos? Según los documentos que ha facilitado a la Fiscalía de Valladolid, más bien poco. En una misma carpeta mete trabajos para Scardovi, Karistia y Lagun Media (esta última es la productora de un presentador de 13TV) pero no hay fechas, ni firma, ni se sabe qué corresponde a cada sociedad.

Además, uno de estos trabajos, La influencia de las compañías aéreas low cost sobre el turismo en la Comunidad Valenciana, es exactamente el mismo que el que presenta para justificar su asesoría a otra consultora también vinculada al PP, Marcenado Economistas, en el que sólo cambia la comunidad autónoma a la que se refiere.

Su asesoría satisfizo a sus amigos, que en 2012 y 2013 siguieron pagando. La cantidad total que Gómez de la Serna pagó a su compañero de escaño ascendió a 41.070 euros, mientras que Gustavo de Arístegui aceptó facturas que suman 26.460 euros.

Pero Martínez Pujalte no cobraba directamente sino que, tal y como denunció su socia hasta 2011, la también diputada Ana Torme, las compañías pagaban estas cantidades a Sirga Siglo XXI y después Martínez Pujalte facturaba por el 85% de ese importe, y todo ello, siempre según la versión de Torme, sin que ella supiera de sus manejos.

Según ha podido saber eldiario.es, la información que Martínez Pujalte tuvo que enviar por requerimiento judicial llegó desordenada y, parte de ella, en carpetas con el logo del Congreso de los Diputados. Para la Fiscalía, las facturas tienen una “patente falta de autenticidad” y no considera acreditados los pagos, por lo que le atribuye los delitos de falsedad documental y cohecho, pero será la Audiencia Nacional, que ya investiga a De Arístegui y Gómez de la Serna, la que también se haga cargo o no de los negocios de estos con el político murciano.

El exdiputado del PP Pedro Gómez de la Serna ha asegurado hoy que elaboró informes para la fundación Arpegio, de la que cobraba 3.000 euros, pero que no conserva todos los documentos porque parte los perdió durante las dos veces que se ha mudado de despacho. En su comparecencia en la Asamblea de Madrid ha admitido que por uno de esos trabajos, de 30 páginas, cobró un extra de 12.000 euros de dinero público, a 400 euros por página.

La Asamblea de Madrid investiga si la empresa pública Arpegio, investigada en el marco de la trama Púnica, se montó para favorecer a altos cargos del PP. Podemos ha definido su funcionamiento como “una red clientelar” que gastó 10 millones de euros entre 2006 y 2011, con el único criterio para contratar que las propias instrucciones del ex secretario general del PP de Madrid Francisco Granados o la expresidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, de cuyo gobierno regional dependía la fundación.

Según las últimas informaciones publicadas, Gómez de la Serna cobró en total 179.000 euros por sus trabajos de asesoramiento, aunque no constan documentos sobre ellos. Ese asesoramiento era “muy variopinto” y abarcaba “todas las ramas del derecho”, y elaboraba “trabajos con proyección escrita”, que no eran necesariamente informes.

Así, Gómez de la Serna, en el Grupo Mixto durante este periodo de sesiones tras conocerse que trabajo como comisionista para empresas españolas en el extranjero, ha rechazado que su asesoramiento fuese solo verbal, y ha explicado que también acudía a reuniones o redactaba contratos. De esta forma ha justificado que a su sueldo mensual sumase una facturación extra por dos trabajos escritos.

De la Serna cobró por ese informe de 30 páginas 12.000 euros, una cantidad que considera muy por debajo del precio correcto. “Yo creo que es barato ha llegado a reconocer el exdiputado del PP”. Además, se embolsó otros 10.000 por asesorar en la constitución de la fundación Arpegio. Sin embargo, ha reconocido que cuando se incorporó los estatutos estaban redactados y ya se había hecho el diseño jurídico. “Yo hice mis observaciones, pero no se tuvieron en cuenta. Indiqué cómo había que hacer todos los trámites”, ha explicado.

Gómez de la Serna se ha desprendido de la responsabilidad de los contratos con empresas vinculadas a la trama Gürtel y Púnica definiendo su papel como un mero asesor externo: “Yo no autorizaba el gasto, yo solo redactaba convenios”. Así, ha asegurado que no reparó en el hecho de que una fundación nutrida de dinero público gastase en un solo mes 600.000 euros en acuerdos con empresas.

El exparlamentario se ha definido como un abogado que cometió “el error de presentarme a unas elecciones”. Su salto de la asesoría jurídica a la política no buscaba aumentar sus contactos y su influencia, ha dicho, sino que respondía únicamente a su “vocación política”. Gómez de la Serna ha negado que el suyo sea un caso de “puerta giratoria” y ha añadido que respetó siempre el régimen de incompatibilidades del Congreso de los Diputados.

Esa ha sido su respuesta a la preguntas de los portavoces de Ciudadanos, César Zafra, y Podemos, Ramón Espinar, que han considerado que su vínculos políticos -fue jefe de gabinete del Ministerio del Interior- fueron los que le permitieron primero recalar en Arpegio, dirigida por una exconcejal del PP, y luego ocupar un puesto de la lista del PP por Segovia. Gómez de la Serna compatibilizó su puesto de diputado con el cobro de comisiones por conseguir contratos a empresas en el extranjero.

Cuando los portavoces le han afeado ese hecho, el exdiputado, investigado por la justicia por esa actividad, se ha defendido asegurando que el proceso judicial surge de “una extorsión”, que se basa en documentos falsos y que tiene la absoluta seguridad de que saldrá “limpio” de él.

Antes que el exdiputado del PP ha comparecido Elisa de la Nuez, exasesora de la fundación que recientemente tachó a Arpegio de ser “un chiringuito para hacer favores políticos”. Hoy ha matizado esas palabras, aunque sí que ha insistido en que su funcionamiento se asimilaba al de una red clientelar. “Era un sitio peculiar en cuanto a la forma de funcionamiento”, ha comentado.

Pedro Gómez de la Serna no ha intervenido este miércoles en el debate de investidura. Ex diputado del PP, ahora en el Grupo Mixto, pidió su baja del partido de Mariano Rajoy a mediados de enero a través del Comité de Derechos y Garantías del partido, que instruía contra él un expediente disciplinario por el supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de trabajos de intermediación para empresas en el exterior. Al darse de baja de forma voluntaria, el procedimiento disciplinario interno que se instruía contra él ha quedado suspendido. Según fuentes de la dirección del PP, el partido no podía actuar contra él hasta que se produjera un movimiento judicial ya que los estatutos internos impedían cualquier medida más allá del expediente informativo y ni siquiera podía suspendérsele de militancia de forma temporal.

Su baja del partido se ha producido un día después de que se conozca que la Audiencia Nacional ha abierto una investigación contra el parlamentario y contra el exembajador de España en la India Gustavo de Arístegui por ese supuesto cobro de comisiones ilegales a cambio de conseguir contratos a empresas.

La baja del diputado, que consiguió su escaño como número dos del PP por Segovia, se produjo el mismo día que ha tomado posesión de su escaño en el Congreso. En realidad, no ha dejado nunca de ser aforado durante el periodo en el que las Cortes han estado disueltas ya que ha sido miembro de la Diputación Permanente en representación del Grupo Popular.

Patrimonio opaco

De la Serna, además, ha decidido que nadie sepa cuánto dinero tiene en su poder. El exdiputado del PP presentó el 12 de enero una declaración de bienes ante el Congreso que no aclara gran cosa. Ese documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, no despeja una de las preguntas fundamentales que intenta responder la investigación abierta por la Audiencia Nacional: ¿cuánto dinero tiene?

En el documento presentado ante el Congreso, De la Serna deja en blanco el apartado dedicado a los depósitos en cuentas corrientes. Fuentes del Congreso consultadas por eldiario.es señalan que no es posible sancionar al diputado por ocultar datos a la Cámara. Al igual que él,  muchos otros antes han evitado dar detalles e información sobre su situación patrimonial.

Se da la circunstancia de que en la última declaración presentada por De la Serna en el Congreso (2012) sí constaban detalles de sus ahorros en cuentas corrientes. En aquella declaración el exdiputado del PP afirmaba tener unos ahorros de 30.000 euros. Ahora ha optado por la opacidad máxima. eldiario.es se ha puesto en contacto con el exdiputado del PP que no ha querido explicar a qué se debe ese significativo espacio en blanco en su declaración de bienes y rentas. 

Pedro Gómez de la Serna ha decidido que nadie sepa cuánto dinero tiene en su poder. El exdiputado del PP presentó el 12 de enero una declaración de bienes ante el Congreso que no aclara gran cosa. Ese documento, al que ha tenido acceso eldiario.es, no despeja una de las preguntas fundamentales que intenta responder la investigación abierta por la Audiencia Nacional: ¿cuánto dinero tiene?

En el documento presentado ante el Congreso, De la Serna deja en blanco el apartado dedicado a los depósitos en cuentas corrientes. Fuentes del Congreso consultadas por eldiario.es señalan que no es posible sancionar al diputado por ocultar datos a la Cámara. Al igual que él, muchos otros antes han evitado dar detalles e información sobre su situación patrimonial.

Se da la circunstancia de que en la última declaración presentada por De la Serna en el Congreso (2012) sí constaban detalles de sus ahorros en cuentas corrientes. En aquella declaración el exdiputado del PP afirmaba tener unos ahorros de 30.000 euros. Ahora ha optado por la opacidad máxima. eldiario.es se ha puesto en contacto con el exdiputado del PP que no ha querido explicar a qué se debe ese significativo espacio en blanco en su declaración de bienes y rentas.

De la Serna se vio obligado a apartarse del Partido Popular tras conocerse su labor de comisionista junto al exembajador en India Gustavo de Arístegui. El parlamentario no cedió a las presiones de su partido para que abandonase el Congreso y optó por pasar al grupo mixto para mantener su condición de aforado ante la justicia. La Audiencia Nacional le investiga por los presuntos delitos de blanqueo y pertenencia a organización criminal.

Según su declaración ante el Congreso, De la Serna posee una vivienda en Madrid, una casa de campo en Segovia, dos parcelas de 44.000 y 27.000 metros cuadrados en Cáceres, además de una sexta parte de otras tres viviendas heredadas.

Su empresa multiplica su valor por seis

De la Serna declara la propiedad del 51% de Scardovi, la empresa a través de la cual se habría organizado el cobro de comisiones que se relacionan con el propio De la Serna y con Gustavo de Arístegui.

En la declaración presentada en 2012, De la Serna valoraba su compañía en 73.163 euros. Cuatro años después el valor que le atribuye es de 464.834 euros. Según estos datos, Scardovi habría multiplicado su valor por seis en tan solo cuatro años.

Otro contrato más bajo sospecha. Esta vez, de 8.000 euros mensuales. Los ex diputados del PP Gustavo de Arístegui y Pedro Gómez de la Serna (acaba de dejar la militancia pero no el acta) pactaron una comisión por contratos en Panamá para Contratas Iglesias, empresa que ha construido cuatro centros sanitarios en Panamá, según informan la SER y El Mundo.

De acuerdo con las informaciones publicadas, De la Serna y Arístegui se comprometían a buscar negocio a la firma asturiana en Panamá en exclusividad, y a “presentar al personal de la empresa a los clientes potenciales tanto en el Gobierno como en empresas públicas y privadas”. Arístegui y Gómez de la Serna cobrarían 8.000 euros mensuales a Contratas Iglesias por hacer las gestiones necesarias y después, hasta un 5% de comisión de las obras conseguidas. La empresa ha construido cuatro centros sanitarios en Panamá.

Según cuenta la SER, Gómez de la Serna “reconoce que hicieron gestiones para conseguir esos contratos de obra pública pero que no cobraron por ello porque el agente que tenían en el país, Juan Gestoso, les dejó fuera de la operación. Un directivo de la sociedad se ha limitado a reconocer que construyeron los hospitales y que han aportado a los investigadores la documentación que se les ha requerido”.

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata admite a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Pedro Gómez de la Serna, Gustavo de Arístegui y otras seis personas por los presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

Mariano Rajoy cree ahora que De la Serna debe dejar su escaño. Es la primera vez que se lo oímos al presidente.

El pasado 10 de diciembre Rajoy no solo no pedía a De la Serna que se fuera, sino que confiaba en su palabra: “Él no ve nada ilegal ahí y por tanto yo le creo” . por tanto yo le creo

Unos días después, el 16 de diciembre, Rajoy ya no le apoyaba, pero tampoco pedía su renuncia. A 4 días de las elecciones, el Presidente del PP jugaba “la carta Mariana” y se ponía de lado en laSer “No voy a entrar si debe dimitir él o el secretario general de los socialistas gallegos (…)”“No voy a entrar si debe dimitir él

Rajoy que confiaba en De la Serna parece que ha dejado de hacerlo. Como le pasó con Camps, Costa, Bárcenas, Fabra o Matas...

¡Ay, la Maldita Hemeroteca!

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata admite a trámite una querella de la Fiscalía Anticorrupción contra Pedro Gómez de la Serna, Gustavo de Arístegui y otras seis personas por los presuntos delitos de corrupción en las transacciones económicas internacionales, cohecho, blanqueo de capitales y organización criminal.

En el auto de admisión de la querella, el juez De la Mata analiza de forma preliminar los presuntos delitos investigados. Respecto al delito de corrupción en las transacciones económicas internacionales señala que de la investigación preliminar de la Fiscalía resultarían posibles pagos dinerarios realizados a autoridades y funcionarios públicos argelinos y a sus familiares en relación con dos contratos de obra denominados La Estación Desaladora de Aguas de Souk Tleta por 250 millones de euros  el Tranvía de Ouargla por importe de 230 millones. Ambos fueron adjudicados a las empresas Internacional de Desarrollos Energéticos SA y Elecnor SA a través del grupo Voltar Lassen, el cual era dirigido por Pedro Gómez de la Serna y Gustavo de Arístegui, y por la actuación del agente externo Cristóbal Tomé Becerra.

En relación con el delito de cohecho, la resolución afirma que esta infracción penal vendría condicionada por los pagos realizados por las empresas españolas a Pedro Gómez de la Serna y a Gustavo de Arístegui, directamente o a través de sus empresas Scardovi SL y Karistia SL, por su condición de autoridad y funcionario público.

El magistrado menciona un tercer delito, de blanqueo de capitales, que se habría cometido como conexo a los anteriores por cuanto se habría estructurado a nivel internacional mediante la utilización de sociedades pantalla carentes de actividad mercantil y movimientos internacionales de capital “que siguieron estructuras sofisticadas de ocultamiento del dinero”.

Ese sería el caso, en principio, dice el auto, de las sociedades Arroyo de Lagasca SL, Karistia Maroc SRL o Kamaroc y Castelino BV. Estas dos últimas, con domicilio social en Marruecos y Holanda, “tendrían como misión primordial ocultar los beneficios dimanantes de los anteriores delitos y ser instrumento para su comisión bajo apariencia de una actividad mercantil”.

Por otro lado, explica el juez, en el actual momento de la investigación no puede excluirse que los querellados a título individual hayan podido incurrir en un delito tributario por la apropiación de los fondos dinerarios objeto del blanqueo.

En relación con el delito de organización o grupo criminal, el auto del titular del Juzgado Central de Instrucción 5 asegura que existen indicios de que las mercantiles y los propietarios y/o administradores de las mismas, junto con funcionarios extranjeros y otras personas “se concertaron para apropiarse de importantes cantidades de dinero mediante un complejo sistema de sociedades pantalla y una red de colaboradores; recibir dinero de distintas empresas españolas en atención a su función pública, con la promesa de intermediar para conseguir contratos en el extranjero; abonar sobornos y comisiones a funcionarios extranjeros para conseguir adjudicaciones de contratos y quedarse para sí importantes comisiones de éxito premio por el buen fin de las gestiones”.

Según el juez, “la actividad criminal se extendía desde la ideación del sistema hasta la puesta en marcha de los instrumentos societarios y la red de agentes; la celebración de los acuerdos con las distintas sociedades y empresas para asegurarse pagos y comisiones; la celebración de acuerdos con funcionarios públicos de otros países a los que abonarían comisiones y sobornos; y la percepción posterior de nuevas comisiones en caso de éxito de las gestiones”.

La querella, presentada ayer y que ha recaído en el Juzgado Central del Instrucción 5 por estar de guardia, se dirige también contra José Faya López, Germán Junquera Palomares, Ramón López Lax, Borja de Arístegui, Cristóbal Tomé y José Félix González Noriega.

En el caso de Gómez de la Serna, la resolución se limita, dada su condición de aforado, a acordar darle traslado de las actuaciones, conforme a lo previsto en el artículo 188 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de que pueda ejercer su defensa en la forma que considera oportuna.

Además, la querella se admite contra seis personas jurídicas vinculadas con los anteriores. Se trata de Scardovi SL, Karistia SL, Arroyo de Lagasca, SL Dial Trading SL, Internacional de Desarrollo Energético SA, Electrificaciones del Norte (Elecnor) y Karistia Maroc o Kamaroc RL.

A excepción de esta última, esta mañana se ha procedido al registro de dichas sociedades y los domicilios de los investigados, a excepción del de Gómez de la Serna, con el fin de recoger aquellos indicios o principios de pruebas, tanto de cargo como de descargo, que permitan conocer la verdad de los hechos denunciados.

En relación con el registro de la sociedad Scardovi o el despacho profesional Voltar Lassen, vinculados a Gómez de la Serna, el magistrado tiene presente especialmente la particularidad de que un diputado sea su administrador único, lo que obliga a ser “especialmente cuidadoso”. A tal efecto, ordena que la práctica de las diligencias se realice de acuerdo a un “escrupuloso” respeto a una serie de garantías establecidas en la resolución.

De la Mata hace hincapié en su resolución en la condición de diputado de Gómez de la Serna, motivo  por el cual goza de las prerrogativas de inviolabilidad, inmunidad y aforamiento especial, de acuerdo con la doctrina de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, informa la Audiencia Nacional.

El magistrado hace una análisis “atento” y “cuidadoso” sobre esta situación y examina la diferente normativa y jurisprudencia existente y los motivos por los que procede la investigación, para concluir que en este caso debe agotarse la instrucción de la causa a fin de permitirse una más fundada decisión, no ya sobre la racionalidad de los indicios de existencia de la infracción penal, sino de los que pudiera haber de participación en ella de la persona aforada, según fuentes jurídicas.

Por ello, entiende que deben depurarse en el juzgado de instrucción “cuantas diligencias sean precisas para completar la investigación de los hechos y así constatar suficientemente los hechos que son la base de las presuntas infracciones penales, al efecto no solo de acreditar los mismos, sino también el grado de participación que en ellos hubiera podido tener la persona aforada”.

El desarrollo de la instrucción pasa incluso por recibir declaración al aforado, recuerda De la Mata, si voluntariamente se presta a ello, con el objeto de que se pueda defender. A esos efectos, se acuerda dar traslado de las actuaciones a Gómez de la Serna “a fin de que pueda ejercer su defensa en la forma que considere oportuno”.

Entre los nuevos diputados que entraban y salían este jueves del Congreso para recoger sus credenciales, Pedro Gómez de la Serna entraba discretamente en el Parlamento. El número dos del PP por Segovia se negaba a hacer ningún tipo de declaración después de haber protagonizado una situación insólita durante la campaña electoral por las sospechas sobre su corrupción. Aunque fue apartado por su partido ante los indicios, logró revalidar su escaño al salir elegido junto a la cabeza de lista, Beatriz Jurado. Cuando se difundió el cobro de comisiones, Mariano Rajoy dio por buenas las explicaciones del diputado y, desde entonces, ha evitado pronunciarse. Los máximos dirigentes del PP se escudan en que según sus estatutos no pueden hacer nada hasta que actúe un juez.

María Dolores de Cospedal, que acudía este jueves a recoger su acta, se mostraba sorprendida al saber que pocos minutos antes el exdiputado del PP circulaba por los pasillos del edificio. Gómez de la Serna ya recogió su credencial el pasado 28 de diciembre mediante un procurador y no ha querido explicar para qué acudía al Parlamento. Preguntada por las medidas disciplinarias, la secretaria general del PP se encogió de hombros antes de responder que “más allá de enviarlo al Grupo Mixto, no, salvo que lo diga la justicia”. Solo la imputación por los indicios de cobro de comisiones millonarias a cambio de facilitar contratos a empresas permitiría el siguiente paso.

La apertura del expediente disciplinario por parte del Comité de Derechos y Garantías del PP es la única medida que se ha tomado contra él y Gustavo de Arístegui por el momento. Génova decidió abrírselo el pasado 10 de diciembre, cuando el parlamentario ya permanecía “desaparecido” y no contestaba al teléfono a sus superiores. Mediante un comunicado, el PP informó de que quedaba apartado de la campaña en Castilla y León. Los posters con su imagen se retiraron de las calles, pero aun así, salió elegido.

Fuentes del PP recordaron que el partido “no puede condenarlo hasta que no lo haga un juez” y que una futura imputación solo podría conllevar la suspensión temporal de militancia hasta que no hubiera una sentencia condenatoria. Cospedal recordaba a eldiario.es la obligatoriedad de respetar los estatutos en este punto y recordaba las protestas en el caso de los socialistas que usaron una tarjeta black y fueron expulsados sin poder hacer alegaciones ante los órganos internos.

En el caso de que no pudiera formarse gobierno y las elecciones generales se celebraran de nuevo, el PP da por hecho que se caerá al elaborar la nueva lista electoral.

Mientras el PP intenta acorralar a Pedro Gómez de la Serna, acusado de cobrar comisiones de empresas por conseguirles contratos, el flamante diputado por Segovia se defiende denunciando “un linchamiento público sin precedentes en España” por “una venganza personal”.

El Comité de Derechos y Garantías del PP ha decidido este martes abrir expediente disciplinario y propone que Gómez de la Serna no entre en el Grupo Popular en el Congreso. De la Serna presuntamente cobró comisiones por intermediar en contratos de empresas españolas en el extranjero siendo diputado, en colaboración con el también diputado y diplomático Gustavo de Arístegui, cesado recientemente de su puesto como embajador en la India. El Comité también ha aceptado la baja de militancia de Arístegui.

El expediente disciplinario al que se enfrenta podría acabar en una suspensión de militancia, de modo que no podría integrarse en el Grupo Parlamentario Popular. Sin embargo, no influye sobre su condición de diputado, porque es nominativa. Si fuera explulsado del PP, De la Serna podría integrarse en el Grupo Mixto. Si fuera así, el PP perdería ese escaño. Por eso crecen las presiones para que el legislador renuncie, con lo que su escaño pasaría al siguiente en la lista popular.

De momento las presiones no han hecho mella en De la Serna, que ha recogido su acta porque lo contrario “habría sido un desprecio a los ciudadanos de Segovia”, como explica en su comunicado. En el texto, de dos folios de extensión y siete apartados, Gómez de la Serna trata de demostrar que ha sido objeto de un “montaje mediático” en el que se han visto implicados él mismo y Gustavo de Arístegui.

Según publicó el diario El Mundo, ambos habrían cobrado comisiones millonarias en el extranjero por lograr contratos para empresas españolas de gobiernos de África y Latinoamérica, una acusaciones que han llevado al Comité de Derechos y Garantías del PP a abrir expediente disciplinario a los dos y a que este órgano se reúna para analizar el futuro en el partido del diputado por Segovia.

Con credencial

Gómez de la Serna recogió su credencial como parlamentario de la Cámara Baja electo a través de un procurador, porque, según sostiene en su comunicado, no haberlo hecho “habría sido un desprecio a los ciudadanos de Segovia” que, añade, “no han dado pábulo a las difamaciones aparecidas en algunos medios de comunicación”. El diputado afirma ser objeto de “un linchamiento público sin precedentes en España, y cuya intención es proferirme un daño de difícil reparación”.

Este martes ha sido él mismo quien se ha acercado hasta el Congreso para entregar el documento que le acredita como electo y rellenar los formularios que deben cumplimentar todos los parlamentarios elegidos en las generales para poder acceder su escaño, entre ellos su declaración de bienes y de actividades.

En su comunicado, Gómez de la Serna agradece la “amistad y apoyo a las buenas personas del Partido Popular, que reprueban los linchamientos públicos, que creen en la presunción de inocencia, que confían en la vigencia de los derechos fundamentales, y que han respaldado mi decisión de no doblegarme ante una campaña insidiosa y basada en documentos falsificados”.

Asegura que su actividad profesional siempre ha sido “lícita”, que no ha cobrado “comisiones ilegales”, que “nunca” ha sobornado a nadie, que no ha realizado “actividades incompatibles”, y que tampoco ha aprovechado su cargo público para desarrollar sus actividades privadas.

En este sentido, recuerda que la Comisión del Estatuto del Diputado y después el Pleno del Congreso examinaron y autorizaron su su actividad profesional y privada cuando adquirió la condición de diputado y que no hubo oposición alguna al respecto.

Gómez de la Serna subraya además que “nunca” ha sido imputado por “ningún Juez o Tribunal”, por lo que mantiene que no existe impedimento para acceder al cargo de diputado y asegura incluso que la Fiscalía Anticorrupción le ha comunicado que no le consta ninguna imputación por las “facturas falsificadas” que se le atribuyen.

“Todo el montaje mediático que se ha desarrollado en estos días, persiguiendo mi descrédito personal y profesional, se debe a una venganza personal, que comenzó con una estrategia de amenazas, hostigamientos y coacciones, y que ha terminado por utilizar documentos falsos para dar trascendencia mediática al caso. Y así lo demostraré en los Tribunales de Justicia”, concluye el diputado en su comunicado.

¿Alguien ha oído a Rajoy, presidente del Gobierno en funciones, pedir perdón por el caso del comisionista? Dijo que era "absolutamente normal"

El diputado comisionista del PP ha recogido su credencial para repetir como diputado. Es el único que parece tenerlo claro. Mientras los demás escenifican la “política exploratoria para pactar”, Pedro Gómez de la Serna no se corta un pelo en mostrar a quién tiende su mano: a su bolsillo. ¿Alguien ha oído a Rajoy, presidente del gobierno en funciones, pedir perdón por el caso del comisionista? Dijo que era “absolutamente normal” y en esas estamos. Gómez de la Serna va de frente. Ya sabemos a qué juega: a salvarse. Mariano Rajoy nos quiere vender que ahora es dialogante, después de pasarse cuatro años gobernando con el rodillo. Es como cuando nos aseguraba que combatiría la corrupción desde la sede pagada en negro. Resulta poco creíble. Tanto como ver a Demetrio, el obispo de Córdoba, dar consejos sobre el matrimonio, cuando no se ha casado en su vida (“aquelarre artificial”).

Rajoy recibe, se compara con Adolfo Suárez y afirma que lo hace por España. Un día que venga Pedro Sánchez, otro Pablo Iglesias y después Albert Rivera. Que parezca que pone los huevos en distintas cestas. Como cuando Paco Granados ponía un millón en el altillo del dormitorio de los suegros, abría una cuenta en Suiza, llenaba un camión de cuadros o se apuntaba a la amnistía fiscal. No hay como diversificar los riesgos, porque nunca se sabe por dónde va a llegar la necesidad. Y, de paso, lo más importante: hay que guardar las apariencias. Una pulsera con la bandera como la de Granados o lo que sea. Que parezca que es todo por la patria: Rajoy quiere seguir en la poltrona, porque quiere salvar al país. Que somos “muy españoles y mucho españoles”.

¿Y de los problemas de esos españoles quién habla? De cara a la galería, mientras arden Cantabria y Asturias, las navidades transcurren en el sofá de La Moncloa como esas apacibles charlas del programa de Bertín. Lo más animado son las caras del comité del PSOE, con esos ojitos de “cómo quiero a la suegra” en la cena de Nochebuena, pero con ganas de cargarse a la suegra y al cuñado, mientras suena de fondo Noche de paz. Se habla de nombres, de cargos, de poder… ¿No se les ve mucho el plumero? ¿Y qué hay de las medidas más urgentes para combatir el paro, la desigualdad, la corrupción, la ineficacia de la justicia, el recorte de libertades y del estado del bienestar?

Aquel que piense que el cambio es un “quítate tú para ponerme yo”, o un “no nos moverán”, o una mudanza del mensaje navideño del despacho en la Zarzuela al Palacio Real, creo que no habrá entendido nada. “Aquelarre de laboratorio”, que diría el obispo Demetrio.