“Si el PP está tratando de hacer limpieza, hay rincones a los que no llega”. Iñaki Vallejo, diputado de Castelló en Moviment en la Diputación de Castellón, pronunció esta frase el martes en una rueda de prensa. Con ello, se refirió a la apuesta por la regeneración que pregona el actual presidente provincial, Javier Moliner. Y también a los episodios que ponen en cuestión esta labor, como es el caso de la actividad de uno de sus diputados y también alcalde de Villahermosa del Río, Luis Rubio.

Vallejo mostró un dictamen emitido por el Consell Jurídic Consultiu, órgano dependiente de la Generalitat Valenciana y encargado del asesoramiento jurídico de las administraciones valencianas. El texto critica una de las actividades de Rubio como alcalde, un puesto que ostenta desde el año 1991. En las últimas elecciones, obtuvo el 88% de los votos, de forma que en la actualidad gobierna junto a seis ediles de su partido, el PP, y sin ningún concejal de la oposición.

En concreto, el Consell Jurídic-Consultiu califica de “irregularidad” la creación de una empresa mixta dedicada a la fabricación de biocombustibles de origen forestal (pellets) en el año 2014. La mercantil se creó con el 99,5% de capital de las arcas municipales (796.000 euros). El otro 0,5% quedó en manos de ocho personas del pueblo, de las cuales siete son los concejales que forman el Pleno del Ayuntamiento.

Dentro y fuera de la mesa de adjudicación

La irregularidad estriba en que tres de ellos fueron miembros de la mesa de contratación que adjudicó el 0,5% de la propiedad de la empresa, al mismo tiempo que ellos mismos se convirtieron en adjudicatarios. El Consell Jurídic Consultiu recuerda que la ley prohíbe esta práctica porque es ilegal que un edil sea contratista de la administración.

Y sobre todo porque podría darse “una confusión de intereses”. Es decir, que los concejales decidan desde su puesto en el Consistorio premiarse a sí mismos en un hipotético reparto de beneficios. En palabras del dictamen, “el Ayuntamiento, en tanto que socio mayoritario de la sociedad limitada creada podría decidir que los beneficios se repartan de modo que beneficien de manera especial a los partícipes privados, que son los mismos que adoptan aquella decisión”.

El “holding” de los pellets

Según Vallejo, el diputado Luis Rubio llevaba camino de conseguir la creación de todo un “holding” en torno a la fabricación de pellets. Explicó que, por un lado, la empresa mixta que había creado el alcalde iba a fabricar este material. Por otro, el mismo Rubio es el presidente del Consorcio de Bomberos, el órgano que se encarga de la gestión de los montes y, por tanto, previsiblemente va a canalizar las ayudas de la Generalitat para la utilización de los residuos forestales como combustible. Un circuito, explicó Vallejo, que dejaría en manos de Rubio la creación de empleo asociada a este sector, y por tanto, una oportunidad de “clientelismo”.

Castelló en Moviment ya comunicó la creación de esta empresa en abril del año 2016 a la Fiscalía de Castellón, que archivó la denuncia. Ahora, después de conocer el dictamen, la formación anuncia que volverán a pedir responsabilidades por estos hechos. En concreto, presentarán una moción en el próximo Pleno de la Diputación, que se celebrará el día 11. En ella, exigen la dimisión de Luis Rubio.

Más transparencia

También pretenden que la institución provincial resuelva la falta de transparencia del consistorio, provocada por la ausencia de concejales de la oposición. En este sentido, piden que la Diputación audite la gestión del consistorio y pida un informe al Síndic de Comptes sobre su funcionamiento. También que inste a la eliminación de la empresa mixta y su sustitución por una empresa netamente pública.

Vallejo destacó que de esta forma se evitará que una hipotética denuncia futura sobre las actuales irregularidades dé al traste con la actividad de creación de biocombustibles que pueda llevarse a cabo en el municipio.

“Lo único que buscan es ruido”

Por su parte, el Gobierno de la Diputación de Castellón respondió el martes a través de una nota en la que la diputada del PP Elena Vicente-Ruiz lamentó la estrategia emprendida por Castelló en Moviment a la hora de “erigirse como juez y verdugo empleando con fines políticos un tema denunciado por ellos mismos y que ya ha sido archivado por la Fiscalía”. “Están demostrando que lo único que buscan es hacer ruido y obtener el mayor aprovechamiento político posible respecto a un asunto ya resuelto por la justicia”, concluyó.

Castelló en Moviment ha ampliado la denuncia por el caso de la empresa ‘Pellets de Villahermosa SL’ ante el conocimiento de nuevos indicios de irregularidades. Según la documentación recopilada por la formación asamblearia y presentada ante la Fiscalía Provincial, el Ayuntamiento de la localidad castellonense funcionaba sin regularizar el cargo de secretario-interventor en el momento en que se constituyó la empresa mixta, lo que ocurrió en noviembre de 2014.

Así, la mesa de contratación, presidida por el alcalde, Luis Rubio, adjudicó a éste y seis concejales más del Partido Popular las participaciones privadas, siendo además dos de las ediles vocales de la citada mesa de contratación y con Pablo Monferrer ejerciendo de secretario-interventor accidental, cargo que viene regulado por ley. No en vano, requiere ser personal funcionario con habilitación de carácter estatal y sus funciones son el asesoramiento legal, la fe pública y la contabilidad.

“Nos sorprendieron las declaraciones de Rubio. Se referían a un notario para defender la legalidad de la empresa de los pellets y por eso indagamos sobre la figura del secretario del Ayuntamiento de Villahermosa”, explica Anna Peñalver, de CsenMov. En ocasiones excepcionales, y durante un tiempo limitado, estas funciones pueden ser ejercidas por otro funcionario público del consistoriocon los conocimiento adecuados, siempre y cuando se comunique a la dirección general de la Administración Local y esta regularice la situación.

La formación ciudadana tiene constancia de que “al menos desde el 2001 Pablo Monferrer estaba ejerciendo de secretario-interventor siendo personal laboral fijo del Ayuntamiento de Villahermosa del Río, ni siquiera funcionario, con total conocimiento del alcalde”, precisa Peñalver.

Según se indica desde CsenMov, Pablo Monferrer adquiere la condición de funcionario en 2005, entrando en la plantilla como auxiliar administrativo grupo D en el consistorio gracias a un proceso que la propia formación asamblearia califica de “muy sospechoso”. La documentación recopilada demuestra que Luis Rubio era el presidente de la comisión calificadora del proceso de funcionarización y Pablo Monferrer fue el único admitido. Ambos compartían, además, desde 2003, la administración de una empresa dedicada a la construcción.

Curiosamente, en ese momento, la empresa nombró a María Ángeles Díez Castillo, esposa del alcalde, como administradora única. Finalmente, en febrero de 2015 la dirección general de la Administración Local normalizó, con carácter accidental, la situación del secretario-interventor.

Peñalver afirma que “nos ha sorprendido la dejadez de la administración en cuanto al control de los mecanismos legales que tendrían que garantizar un estado de derecho. A sabiendas de lo que conocemos ahora, entendemos mucho mejor cómo han funcionado nuestros pueblos durante décadas y como las redes clientelars han actuado con total impunidad”.

La Fiscalia Provincial de Castelló ha incoat diligències d’investigació penal i ha designat un fiscal instructor per a investigar si el cas de l’empresa Pellets de Villahermosa és constitutiu de delicte. Segons relata l’edil de Castelló en Moviment Anna Peñalver, la denúncia que va lliurar el seu grup polític “va informar al ministeri públic indicis d’una actuació irregular que ara es comença a investigar”.

El cas Pellets aborda el procés d’autoadjudicació del diputat provincial i alcalde de Villahermosa del Río pel Partit Popular, Luis Rubio, i de dos edils populars (Rosa María Flor i Elena Gloria Guillamón), de participacions privades en l’empresa mixta publicoprivada Pellets de Villahermosa SL. Aquesta és una iniciativa impulsada per l’Ajuntament de Villafermosa amb un capital social de 800.000 euros. A més dels denunciats, entre els accionistes privats consten la resta dels regidors de l’equip de govern del Partit Popular.

En el seu escrit, la formació ciutadana apunta l’existència d’una “presumpta incompatibilitat”, que seria “especialment greu” en el cas de Luis Rubio, ja que disposa des del Consorci de Bombers d’una partida econòmica per a un Pla d’Actuació Forestal, que inclou la producció de pèl·lets, amb un pressupost d’un milió d’euros. Aquest pla encara no s’ha desplegat perquè continua esperant la signatura d’un conveni amb la Generalitat, segons ha informat en resposta a una pregunta de Castelló en Moviment el mateix Luis Rubio.

L’edil assembleària valora que “el control d’empreses semipúbliques és una via per a estendre la xarxa de clientelisme i el vot captiu pel territori castellonenc”. A més, apunta que “aquests casos mostren que el llegat fabrista perviu encara. La renovada Diputació de Moliner és una actualització gripada del fabrisme de sempre”.

La Fiscalía Provincial de Castellón ha incoado diligencias de investigación penal y ha designado un fiscal instructor para investigar si el caso de la empresa Pellets de Villahermosa es constitutivo de delito. Según relata la edil de Castelló en Moviment Anna Peñalver, la denuncia que entregó su grupo político “puso en conocimiento del ministerio público indicios de una actuación irregular que ahora se empieza a investigar”.

El 'caso Pellets' aborda el proceso de autoadjudicación del diputado provincial y alcalde de Villahermosa del Río por el Partido Popular, Luis Rubio, y de dos ediles populares (Rosa María Flor y Elena Gloria Guillamón), de participaciones privadas en la empresa mixta público-privada Pellets de Villahermosa SL. Ésta es una iniciativa impulsada por el Ayuntamiento de Villahermosa del Río con un capital social de 800.000 euros. Además de los denunciados, entre los accionistas privados constan el resto de concejales del equipo de gobierno del Partido Popular.

En su escrito, la formación ciudadana apunta a la existencia de una “presunta incompatibilidad”, que sería “especialmente grave” en el caso de Luis Rubio, puesto que dispone desde el Consorcio de Bomberos de una partida económica para un Plan de Actuación Forestal, que incluye la producción de pellets, con un presupuesto de un millón de euros. Este plan todavía no se ha desarrollado porque sigue a la espera de la firma de un convenio con la Generalitat, según ha informado en respuesta a una pregunta de Castelló en Moviment el mismo Luis Rubio.

La edil asamblearia valora que “el control de empresas semipúblicas es una vía para extender la red clientelar y el voto cautivo por el territorio castellonense.” Además, apunta que “estos casos muestran que el legado fabrista pervive todavía. La renovada Diputación de Moliner es una actualización gripada del fabrismo de siempre”.

Els bombers de Sogorb denuncien que la Diputació de Castelló, governada pel Partit Popular, ha instal·lat de manera irregular huit videocàmeres de vigilància al parc, sense que complisquen la finalitat que preveu el Registre General de Protecció de Dades. Encara que el Consorci Provincial també ha col·locat dispositius de control als centres d’Orpesa i Benicarló, els situats en l’immoble de la localitat de l’Alt Palància presenten diferències ostensibles respecte de l’emplaçament en les instal·lacions esmentades.

Set dels aparells estan en l’interior del recinte, cinc dels quals es localitzen en zones sensibles per al personal, compost per 31 professionals. Les àrees conflictives són: el corredor que comunica el vestidor amb el gimnàs; el pis superior que dóna accés als dormitoris; la cuina/menjador; el magatzem de combustible, amb enfocament al vestidor on els funcionaris s’equipen amb el vestit d’intervenció; i la sala de comunicació, en què hi ha un treballador les 24 hores del dia.

Únicament hi ha un mecanisme en l’exterior del parc, a pesar que el Registre General de Dades del Consorci Provincial de Bombers recalca que l’objectiu de qualsevol sistema de videocàmeres “és la vigilància de la seguretat i el control d’edificis”, segons adverteix Comissions Obreres (CCOO) en l’escrit que va presentar el 2 de juny pel registre de la Diputació en què alertava de les irregularitats comeses amb l’aplicació de la mesura. En aquest sentit, el sindicat explica que també es vulnera el que disposa el Decret 84/2013 relacionat amb l’accés a immobles públics.

Els bombers sospiten que la col·locació dels dispositius és la conseqüència d’un escrit que van presentar el 14 de març, en què advertien de l’existència d’anomalies en la gestió del centre. No obstant això, segons asseguren, ningú els ha comunicat ni els ha consultat sobre la instal·lació dels aparells. Tampoc hi ha hagut una reunió amb els representants dels treballadors per a explicar-los els motius de la decisió. Per això, segons puntualitzen en la seua denúncia, es comet una il·legalitat, que argumenten mitjançant jurisprudències del Tribunal Suprem (13/05/14) i del Tribunal Constitucional (11/02/2013). “Per a poder procedir a la captació d’imatges cal informar de manera prèvia, precisa i clara de les gravacions i del seu contingut. Ha de ser informació expressa i inequívoca de la finalitat de control de l’activitat laboral a què la captació d’imatges està dirigida”, indiquen.

CCOO ha demanat al Consorci Provincial de Bombers, presidit pel diputat Luis Rubio, que informe des de quan estan operatives les videocàmeres, qui ha pres la decisió de l’emplaçament i quines persones tenen accés al contingut de les gravacions.

Cal recordar que Luis Rubio fa unes quantes setmanes que està en l’ull de l’huracà. Primerament, per haver ocultat l’adquisició de quatre tot terrenys de gamma alta per a càrrecs del Consorci per un import que pràcticament va duplicar la compra d’altres tants vehicles d’extinció d’incendis i d’una qualitat inferior. Fa més poc, per la investigació de la Fiscalia arran de la denúncia interposada per Castelló en Moviment pel que fa al cas de l’empresa mixta Pellets Villahermosa.

Los bomberos de Segorbe denuncian que la Diputación de Castellón, gobernada por el Partido Popular, ha instalado de manera irregular ocho videocámaras de vigilancia en el parque, sin que cumplan la finalidad que contempla el Registro General de Protección de Datos. Aunque el Consorcio Provincial también ha colocado dispositivos de control en los centros de Oropesa y Benicarló, los ubicados en el inmueble de la localidad del Alto Palancia presentan ostensibles diferencias respecto al emplazamiento en las citadas instalaciones.

Siete de los aparatos se encuentran en el interior del recinto, localizándose cinco de ellos en zonas sensibles para el personal, compuesto por 31 profesionales. Las áreas conflictivas son: pasillo que comunica el vestuario con el gimnasio; piso superior que da acceso a los dormitorios; cocina/comedor; almacén de combustible, con enfoque al vestuario donde los funcionarios se equipan con el traje de intervención; y la sala de comunicación en la que hay un trabajador las 24 horas del día.

Únicamente un mecanismo aparece en el exterior del parque pese a que el Registro General de Datos del Consorcio Provincial de Bomberos recalca que el objetivo de cualquier sistema de videocámaras “es la vigilancia de la seguridad y control de edificios”, según advierte Comisiones Obreras (CCOO) en el escrito que presentó el 2 de junio por registro de la diputación alertando de las irregularidades cometidas con la aplicación de la medida. En este sentido, el sindicato explica que también se vulnera lo dispuesto en el Decreto 84/2013 y relacionado con el acceso a inmuebles públicos.

Los bomberos sospechan que la colocación de los dispotivos es la consecuencia de un escrito que presentaron el 14 de marzo, advirtiendo de la existencia de anomalías en la gestión del centro. No obstante, según aseguran, nadie les ha comunicado ni consultado sobre la instalación de los mismos. Tampoco ha habido una reunión con los representantes de los trabajadores para explicarles los motivos de la decisión. Por ello, según puntualizan en su denuncia, se comete una ilegalidad, que argumentan mediante jurisprudencias del Tribunal Supremo (13/05/14) y del Tribunal Constitucional (11/02/2013). “Para poder proceder a la captación de imágenes es necesario informar de forma previa, precisa y clara de las grabaciones y su contenido. Ha de ser información expresa e inequívoca de la finalidad de control de la actividad laboral a la que la captación de imágenes está dirigida”, indican.

CCOO ha pedido al Consorcio Provincial de Bomberos, presidido por el disputado Luis Rubio, que informe desde cuándo están operativas las videocámaras, quién ha tomado la decisión de su emplazamiento y qué personas tienen acceso al contenido de las grabaciones.

Cabe recordar que Luis Rubio lleva varias semanas en el ojo del huracán. Primero, por ocultar la adquisición de cuatro todoterrenos de gama alta para cargos del Consorcio por un importe que prácticamente duplicó la compra de otros tantos vehículos de extinción de incendios y de una calidad inferior. Más recientemente en el tiempo, por la investigación de la Fiscalía, a raíz de la denuncia interpuesta por Castelló en Moviment en relación al caso de la empresa mixta Pellets Villahermosa.

Castelló en Moviment ha presentado ante la Fiscalía una denuncia contra el diputado del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón y alcalde de Villahermosa del Río (PP), Luis Rubio, por incumplir la Ley de Contratos en relación al proceso de selección de socios para la empresa mixta Pellets de Villahermosa SL. El escrito, presentado el pasado 30 de marzo de 2016, también pide que se investigue la responsabilidad de las dos concejalas populares, Rosa María Flor y Elena García, que integraron la Mesa de Contratación, presidida por el citado Rubio, y que estableció la elección de los suscriptores de acciones.

CsenMov ha aportado toda la documentación sobre la licitación de la empresa mixta y el trámite administrativo que permitió a los tres políticos del PP autoadjudicarse participaciones en calidad de contratistas. Al respecto, desde la formación asamblearia se considera ilegal el pliego de condiciones que determinó las bases de participación de los candidatos, ya que únicamente pudieron intervenir en el proceso las personas empadronadas en Villahermosa del Río, a pesar de tratarse de una sociedad semipública. Así, entre los elegidos por la Mesa de Contratación, además de los denunciados, figuraron el resto de integrantes del equipo de gobierno del Partido Popular en la localidad castellonense. Esto es: Montserrat Benages, Enrique Ventura, Esther Ibáñez y Eugenio Badenes, quienes adquirieron una acción cada uno.

La Fiscalía valorará en un plazo aproximado de seis meses si la denuncia realizada por Castelló en Moviment tiene fundamento jurídico para abrir diligencias o, por el contrario, queda archivada. “Nosotros pensamos que sí, porque se ha actuado en contra de la ley”, según sostiene Anna Peñalver, ex diputada provincial y edil de la formación asamblearia en el Ayuntamiento de Castellón. Por su parte, el portavoz de CsenMov, Xavi del Señor, califica de “reprobables” las actuaciones de Rubio y cree fundamental para la regeneración democrática poner fin “a este tipo de abusos políticos”.

El diputado del Partido Popular y alcalde de Villahermosa del Río, Luis Rubio, incumplió la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas al autoadjudicarse participaciones privadas de una empresa mixta a la que destinó 800.000 euros. Así lo ha denunciado Castelló en Moviment tras presentar la documentación tanto de la licitación de ‘Pellets de Villahermosa SL’ como del proceso de selección de los socios privados.

La iniciativa empresarial del equipo de gobierno presidido por Rubio se remonta al 21 de octubre de 2014. Ese día el alcalde popular publicó el anuncio de licitación de una convocatoria de contratación de “Concurso selección de socio o socios privados para la constitución de una Sociedad Mixta Mercantil bajo la forma de Sociedad Limitada”. Dicha entidad se creó con un capital social de 800.000 euros, repartidos en una participación pública del Ayuntamiento de Villahermosa del Río del 99,5%, y en otra de socios privados del 0,5%.

El 14 de noviembre del mismo año, al objeto de gestionar la selección de esos socios privados, el consistorio conformó la respectiva Mesa de Contratación. Como presidente figuró el propio alcalde, mientras que entre los vocales se encontraban las concejales Rosa María Flor y Elena Gloria (PP).

El 18 de diciembre de 2014 el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) publicó la adjudicación de los ocho socios contratistas, apareciendo entre ellos los citados Luis Rubio y las dos ediles, con una participación de 500 euros cada uno.

CsenMov ha señalado que “el meollo del caso está en el contenido del BOP, ya que constan como contratistas de las participaciones privadas de la sociedad impulsada por el ayuntamiento los mismos regidores que participaron en la Mesa de Contratación. Hay una manifiesta incompatibilidad según se contempla en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, donde se marca que en un caso como éste los concejales se deben abstener de participar si son parte interesada”.

Además, Castelló en Moviment ha advertido que en los presupuestos de 2016 existe una partida de 1.000.000 de euros destinada al Plan de Actuación Forestal, que parte de una moción aprobada en octubre de 2015, con el voto favorable del diputado provincial.

Una de las actividades de la empresa “Pellest Villahermosa SL” corresponde a la explotación forestal y la producción y comercialización de pelets. El contenido de la moción aprobaba recogía “el aprovechamiento de los recursos forestales para su uso energético, en forma de biomasa, que redundarán en la actividad económica de las zonas rurales y contribuirá a evitar su despoblación”. Del mismo modo, especificaba “la necesaria dotación de 2.000.000 de euros cofinanciados por la Diputación de Castellón y la Generalitat Valenciana”.

Un nuevo caso de irregularidades apunta al diputado del Consorcio Provincial de Bomberos de la Diputación de Castellón (PP), Luis Rubio. Según denunia Castelló en Moviment, a finales de 2014 el Ayuntamiento de Villahermosa de Río, del que es alcalde el citado Rubio, creó una empresa mixta para la explotación forestal y la producción y comercialización de pellets (Pellet de Villahermosa SL). El diputado popular “destinó 800.000 euros de capital público, y se auto adjudicó una parte de las participaciones privadas, junto a dos ediles más de su pueblo”, tal como asegura la formación asamblearia.

En la actualidad, esta empresa está en activo, ya que dispone de maquinaria, y ha recibido subvención del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial. Además, Rubio controla desde el Consorcio de Bomberos el Plan de Actuación Forestal, que incluye la producción de pellets, con un presupuesto de 1.000.000 de euros para 2016.

La diputada de CsenMov, Anna Peñalver, valora que “estamos ante un claro ejemplo de la manera de funcionar del PP y sus redes de votos cautivos. El control de empresas semipúblicas sirve para extender la red clientelar por el territorio”.

Vehículos bomberos

Este caso de irregularidades se suma a la ocultación que realizó la Diputación de Castellón a propósito del gasto de casi 128.000 euros (127.984,99 euros sin IVA) para la adquisición de cuatro vehículos de gama alta para cargos del Consorcio Provincial de Bomberos. La licitación del contrato no fue publicitada por la institución que preside Javier Moliner pese a haberse producido un día antes (29 de diciembre de 2015) que la adjudicación de compra (30 de diciembre del mismo año) de otros cuatro automóviles, marca Ford Kuga, para el parque del Alto Palancia (Segorbe) y las brigadas forestales y Protección Civil por un importe de 75.136,56 euros, y que tuvo una amplia difusión el 14 de marzo de 2016 mediante nota de prensa.

Los cuatro todoterrenos, de la firma Land Rover, modelo Discovery, con una cilindrada mínima de 2000 c.c. y una potencia de 140 CV, se han destinado al inspector jefe del Consorcio, Mariano Hernández; al jefe de Operaciones, Andrés Balfagó; y al jefe de sección Forestal, Fernando Kindelin, respectivamente. Así lo han denunciado los sindicatos de bomberos, que han precisado que el cuarto vehículo se ha asignado a Rubio, presentando unas características técnicas superiores. Algunas de ellas son: asientos de piel, llantas de aleación, faros de encendido automático, volante multifuncional en piel, control de distancia de aparcamiento y cámara de visión trasera.

Anuncio de una querella

Anuncio de una querellaCon todo, el alcalde de Villahermosa del Río ha anunciado que presentará una querella contra Castelló en Moviment por injurias y calumnias si no rectifica la acusación de corrupción.

Castelló en Moviment i Compromís exigeixen al Partit Popular de la Diputació de Castelló que done explicacions sobre l’adquisició de quatre tot terrenys de gamma alta, marca Land Rover Discovery, destinats a càrrecs del Consorci Provincial de Bombers. Totes dues formacions demanen saber quins criteris s’han seguit per a fer un desembossament de 128.000 euros (sense IVA) i que ha estat amagat per la institució que presideix Javier Moliner.

La diputada de CsenMov, Anna Peñalver, titla de “greuge a la ciutadania” la despesa i blasma al PP que “la prioritat d’un servei públic no poden ser els privilegis de què gaudisquen alguns polítics”. Pel que fa a aquest tema, la representant assembleària es mostra crítica amb el diputat de Bombers, Luis Rubio, a qui se li ha assignat un dels Land Rover, fins i tot amb unes característiques tècniques superiors a les de la resta, segons denuncien els sindicats. “Esperem que no haja estat un regal de Nadal, amb els diners públics. Aquest tipus de casos degraden la democràcia”, adverteix.

D’altra banda, el portaveu de Compromís, Xavier Trenco, demana a l’equip de govern del PP que facilite informació sobre el nombre real de vehicles del Consorci Provincial de Bombers i quina és la funció que s’hi atorga a cada un. “Volem saber si són per al personal de Bombers, per als càrrecs o per a qui”, precisa. “S’han comprat cotxes amb diners públics, i de gamma alta, perquè els utilitzen els superiors, i a això no s’ha donat publicitat”, afig.

Millora de la flota

El passat 14 de març la Diputació de Castelló va divulgar la millora de la flota amb l’adquisició de quatre tot terrenys, marca Ford Kuga, per al parc de l’Alt Palància (Sogorb) i per a les brigades forestals i Protecció Civil per un import de 75.136,56 euros. La licitació de compra va tenir lloc un dia després (30 de desembre de 2015) de l’adquisició dels esmentats Land Rover (29 del mateix mes).

Segons els sindicats dels bombers, tres dels vehicles s’han destinat al cap d’Operacions, Andrés Balfagó; al cap de secció Forestal, Fernando Kindelin; i a l’inspector en cap del Consorci, Mariano Hernández, respectivament. Les mateixes fonts apunten que el quart tot terreny, concedit a Luis Rubio, inclou una sèrie de millores tècniques, com ara seients de pell, llànties d’aliatge, fars d’encesa automàtica, volant multifuncional en pell, control de distància d’aparcament, alerta de canvi involuntari de carril i càmera de visió posterior.

Castelló en Moviment y Compromís exigen al Partido Popular de la Diputación de Castellón que dé explicaciones sobre la adquisición de cuatro todoterrenos de gama alta, marca Land Rover Discovery, destinados a cargos del Consorcio Provincial de Bomberos. Ambas formaciones solicitan saber qué criterios se han seguido para realizar un desembolso de 128.000 euros (sin IVA) y que ha sido ocultado por la institución que preside Javier Moliner.

La diputada de CsenMov, Anna Peñalver, tilda de “agravio a la ciudadanía” el gasto y afea al PP que “la prioridad de un servicio público no pueden ser los privilegios que disfruten algunos políticos”. Al respecto, la representante asamblearia se muestra crítica con el diputado de bomberos, Luis Rubio, a quien se le ha asignado uno de los Land Rover, incluso con unas características técnicas superiores al resto, según denuncian los sindicatos. “Esperemos que no haya sido un regalo de navidad, con el dinero público. Este tipo de casos degradan la democracia”, advierte.

Por su parte, el portavoz de Compromís, Xavier Trenco, pide al equipo de gobierno del PP que facilite información sobre el número real de vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos y cuál es la función que se le da a cada uno de ellos. “Queremos saber si son para el personal de bomberos, para los cargos o para quién”, precisa. “Se han comprado coches de dinero público, y de alta gama, para que lo utilicen los jefes, y eso no se ha publicitado”, añade.

Mejora de la flota

El pasado 14 de marzo la Diputación de Castellón divulgó la mejora de la flota con la adquisición de cuatro todoterrenos, marca Ford Kuga, para el parque del Alto Palancia (Segorbe) y las brigadas forestales y Protección Civil por un importe de 75.136,56 euros. La licitación de compra se produjo un día después (30 de diciembre de 2015) que la adquisición de los citados Land Rover (29 del mismo mes).

Según los sindicatos de los bomberos, tres de los vehículos se han destinado al jefe de Operaciones, Andrés Balfagó; al jefe de sección Forestal, Fernando Kindelin; y al inspector jefe del Consorcio, Mariano Hernández, respectivamente. Las mismas fuentes apuntan que el cuarto todoterreno, concedido a Luis Rubio, presenta unas mejoras técnicas tales como asientos de piel, llantas de aleación, faros de encendido automático, volante multifuncional en piel, control de distancia de aparcamiento, alerta de cambio involuntario de carril y cámara de visión trasera.

La Diputació de Castelló s’ha gastat gairebé 128.000 euros (127.984,99 euros) adquirint quatre vehicles de gamma alta per als càrrecs del Consorci Provincial de Bombers. La institució que presideix Javier Moliner, del PP, no ha donat publicitat a la licitació del contracte, tot i que va tenir lloc un dia abans (29 de desembre de 2015) que l’adjudicació de compra (30 de desembre del mateix any) de quatre automòbils més, de la marca Ford Kuga, per al parc de l’Alt Palància (Sogorb) i per a les brigades forestals i Protecció Civil per un import de 75.136,56 euros, adjudicació que va ser difosa àmpliament el 14 de març de 2016 mitjançant una nota de premsa.

Els quatre tot terrenys pertanyen a la firma Land Rover, model Discovery, amb una cilindrada mínima de 2.000 cc i una potència de 140 CV. Segons fonts sindicals dels bombers, tres dels vehicles s’han destinat a l’inspector en cap del Consorci, Mariano Hernández; al cap d’Operacions, Andrés Balfagó; i al cap de la secció Forestal, Fernando Kindelin, respectivament.

El quart vehicle, a més de les característiques tècniques anteriors, inclou una sèrie de millores que confereixen a l’automòbil un nivell superior. Entre aquestes peculiaritats destaquen: seients de pell, llànties d’aliatge, fars d’encesa automàtica, volant multifuncional en pell, control de distància d’aparcament, alerta de canvi involuntari de carril i càmera de visió posterior.

Segons denuncien els sindicats, aquest tot terreny ha estat assignat al diputat de Bombers, Luis Rubio, tot i que des de la Diputació de Castelló s’assegura que “el Land Rover està a disposició del Consorci Provincial, no de Luis Rubio. És cert que té totes aquestes millores, però és per un tema de comoditat. El tot terreny s’utilitza per a assistir a reunions a València o a Madrid”.

Precisament per això, i segons les mateixes fonts, “el vehicle no està retolat, ni tampoc està pintat amb els colors del Consorci Provincial de Bombers”, contràriament al que obliga el plec de condicions.

L’explicació no convenç els mateixos sindicats, que consideren “cridaner” que en l’expedient de licitació no es parlara de vehicles per a unitats de direcció (UT), que ha estat la seua destinació final, i sí de “subministrament de quatre vehicles lleugers tot terreny per a dedicar-los a les tasques d’Unitats de Transport de Personal (UTP)”.

La Diputación de Castellón ha gastado casi 128.000 euros (127.984,99 euros) en adquirir cuatro vehículos de gama alta para cargos del Consorcio Provincial de Bomberos. La licitación del contrato no ha sido publicitada por la institución que preside Javier Moliner, del PP, pese a haberse producido un día antes (29 de diciembre de 2015) que la adjudicación de compra (30 de diciembre del mismo año) de otros cuatro automóviles, marca Ford Kuga, para el parque del Alto Palancia (Segorbe) y las brigadas forestales y Protección Civil por un importe de 75.136,56 euros, y que tuvo una amplia difusión el 14 de marzo de 2016 mediante nota de prensa.

Los cuatro todoterrenos pertenecen a la firma Land Rover, modelo Discovery, con una cilindrada mínima de 2.000 c.c. y una potencia de 140 CV. Según fuentes sindicales de los bomberos, un vehículo se ha destinado al inspector jefe del Consorcio, Mariano Hernández; otro al jefe de Operaciones, Andrés Balfagó; y un tercero para el jefe de sección Forestal, Fernando Kindelin, respectivamente.

El cuarto vehículo, además de las características técnicas anteriores, presenta unas mejoras que le confieren un nivel superior. Entre esas peculiaridades destacan: asientos de piel, llantas de aleación, faros de encendido automático, volante multifuncional en piel, control de distancia de aparcamiento, alerta de cambio involuntario de carril y cámara de visión trasera.

Según denuncian los sindicatos, ese todoterreno ha sido asignado al diputado de bomberos, Luis Rubio, aunque desde la Diputación de Castellón se asegura que “el Land Rover está a disposición del Consorcio Provincial, no de Luis Rubio. Es cierto que tiene todas esas mejoras, pero es por un tema de comodidad. El todoterreno se utiliza para asistir a reuniones en Valencia o Madrid”.

Precisamente por ello, y según las mismas fuentes, “el vehículo no está rotulado, ni tampoco está pintado con los colores del Consorcio Provincial de Bomberos”, contrariamente a lo que obliga el pliego de condiciones.

La explicación no convence a los propios sindicatos, que consideran “llamativo” que en el expediente de licitación no se hablara de vehículos para unidades de jefatura (UT), que ha sido al final su destino, y sí de “suministro de cuatro vehículos ligeros todoterreno para dedicarlos a las laborales de Unidades de Transporte de Personal (UTP)”.

Luis Rubio és alcalde de Villahermosa, un poble de 500 habitants de l’interior de Castelló, des de l’any 1991. En les eleccions passades va obtenir el vot del 88% de la població, així que el PP no té oposició en el seu ajuntament. Gràcies a aquest suport tan majoritari, que es repeteix des que governa, ha pogut homenatjar des de la seua localitat Carlos Fabra, expresident de la Diputació de Castelló i ara tancat per corrupció. La plaça principal del poble està dedicada a ell. Abans, s’anomenava plaça de José Antonio.

A pesar de la seua poc dissimulada afecció al líder provincial anterior, Rubio manté una responsabilitat important en l’equip de govern del president actual, Javier Moliner. Rubio continua sent el diputat delegat del Consorci Provincial de Bombers, una entitat vinculada a la Diputació que durant l’any que ve manejarà un pressupost de 17 milions d’euros, dels quals 9,2 arribaran de la institució provincial. Des d’aquest lloc, l’alcalde de Villahermosa pot contractar obres i serveis que no superen el 5% del pressupost –si són més grans d’aquest percentatge, han de passar per la Comissió de Govern, que també presideix Rubio–, firmar les bases de les convocatòries de places noves i decidir quin funcionari de carrera presidirà el tribunal qualificador.

L’agrupació d’electors Castelló en Moviment, que ocupa des del mes de maig passat un escó en la Diputació Provincial, denuncia que sota el paraigua del Consorci Provincial de Bombers s’ha contractat 41 persones afins al PP. D’elles, 34 són alcaldes d’aquest partit o candidats de les llistes municipals en les eleccions municipals del mes de maig passat. Els altres nou són familiars directes o amics pròxims de càrrecs públics importants.

Segons Castelló en Moviment, aquesta realitat respon al model polític que va posar en pràctica Carlos Fabra, resumida en la seua frase tan coneguda “Jo no sé la quantitat de gent que dec haver col·locat”. “És fàcil concloure que la Diputació ha estat el focus principal d’aquestes xarxes de vots fidels”, va declarar la diputada provincial de Castelló en Moviment, Anna Peñalver. eldiariocv.es s’ha posat en contacte amb la Diputació de Castelló per a demanar la seua versió sobre aquest assumpte, però la institució ha preferit no aportar-la.

Alcaldes, candidats i dues cunyades de Luis Rubio

Les 41 persones vinculades amb el PP estan incloses en algun dels tres cossos principals que integren el dispositiu d’emergències del Consorci: el de bombers voluntaris, el de bombers professionals i les brigades d’emergència de l’empresa Tragsa, contractada a través de concurs públic. En el cos de bombers professionals, que són funcionaris i en què també s’inclou el personal d’administració i altres serveis, hi ha tretze persones afins al partit, d’una plantilla total de 202 treballadors. Entre ells hi ha l’alcalde del Castell de Vilamalefa, Diego Gallen Bou, que treballa en la seu de Castelló del Consorci. En aquest mateix lloc treballen dues cunyades de Luis Rubio.

En el cas de Tragsa, es tracta d’una empresa de capital públic i té les seues pròpies vies de selecció. No obstant això, el sindicat CGT denuncia que hi ha una via per la qual l’empresa pot seleccionar persones sense que complisquen els criteris de barem pactats amb els sindicats. Es tracta de la cobertura de baixes per maternitat i prejubilacions. En la plantilla de Tragsa en la província treballen 21 candidats o càrrecs públics del PP d’un total de 334 persones empleades. En les brigades de Tragsa treballa, per exemple, David Monferrer, alcalde de Llucena, i Luis Gregori, regidor de Figueroles.

Dubtes sobre la contractació de Tragsa

Castelló en Moviment recorda que el sistema de contractació de Tragsa “s’ha qüestionat moltes vegades. Els casos més coneguts van ser les contractacions del gendre del diputat del PP Gabino Puche, de la filla d’un exsoci de l’exministre Arias Cañete (...). En el cas valencià, Compromís ja va denunciar en 2013 la contractació dels alcaldes de Xodos i Figueroles i del fill de l’alcalde d’Atzeneta del Maestrat”. eldiariocv.es s’ha posat en contacte amb Tragsa per consultar sobre l’abundància de càrrecs públics del PP en la seua plantilla castellonenca, però l’empresa no ha contestat.

Pel que fa als bombers voluntaris, en principi van ser concebuts com un servei altruista de la població, i per tant no tenen dret a retribució per la seua faena. Tanmateix, segons fonts internes del Consorci, sí que reben una remuneració per hora en concepte d’indemnització. La via per a entrar en aquest cos és molt més laxa que en el cas del personal funcionari. Han de complir uns requisits d’edat i residència, passar una entrevista personal i superar un curs de formació. Entre els bombers voluntaris hi ha Jordi Lucena, alcalde de les Fonts d’Aiòder.