“Lo bueno de no tener responsabilidades políticas es que uno puede decir estas cosas libremente”, dijo Pablo Iglesias en uno de los momentos de su conversación del martes con José María Lassalle en la Delegación de la Generalitat en Madrid. Ya no es vicepresidente, ya no tiene la obligación de ser optimista –los gobernantes siempre son optimistas–, ya puede ocuparse de trazar un panorama sombrío si no se adoptan determinadas políticas con las que solventar problemas graves. Cuando Iglesias quiere mostrarse preocupado, tiene la habilidad de parecer extremadamente preocupado.

El motivo del encuentro era el inicio de una serie de conferencias organizadas por la Delegación de la Generalitat centradas en el diálogo entre las instituciones españolas y catalanas. También por la presentación, en la misma sala, de un libro colectivo que ha publicado la editorial Catarata –'Cataluña-España: ¿del conflicto al diálogo político?'– en el que 60 autores han reflexionado sobre el futuro de ese conflicto y las vías de solución. La amplia nómina de colaboradores incluye pocos representantes de la derecha que marca el paso en su mundo. En esos ambientes, la apelación al diálogo se contempla con desdén o un rechazo total. Solo esperan de los vencedores de las elecciones catalanas la rendición y que se presenten en una comisaría con el DNI en la boca.

Es curioso que en la derecha nieguen que se trate de un auténtico conflicto político, sino de que algunos políticos violan la ley y por tanto deben recibir el castigo correspondiente. Los conflictos son consustanciales a la democracia. La diferencia con las dictaduras es que se puede convivir con ellos sin necesidad de abrir la cabeza al prójimo. “Una democracia debe albergar siempre dentro de sí misma la opción del diálogo”, explicó Lassalle, que fue secretario de Estado de Cultura en el Gobierno de Rajoy. Uno de los grandes objetivos de la democracia consiste en “neutralizar los conflictos”. Quizá no se consiga alcanzar la solución que satisfaga a todos, entre otras cosas, porque quizá no pueda existir tal nivel de perfección, pero el diálogo es una herramienta de convivencia que, como mínimo, debe servir para entender al contrario.

Esa es la teoría, pero el propio Lassalle es pesimista. “Una parte de la sociedad española, y también de la catalana, está muy cómoda instalada en el conflicto”, dijo. No solo es comodidad, sino que es una elección estratégica. Lo es en el caso del Partido Popular y Vox, y también en el de Junts per Catalunya. La confrontación es genial, porque no te exige reflexionar sobre distintas alternativas. Solo tienes que bajar la cabeza y cargar y que se aparten los demás.

Lassalle es una “rara avis” en la derecha española. En primer lugar, es liberal, no al uso de los dirigentes del PP madrileño que se llaman liberales y se parecen más a conservadores que están a favor de bajar los impuestos, no como la derecha francesa, por ejemplo. Además, él cree que el creciente apoyo a partidos de extrema derecha en Europa es una de las mayores enmiendas a la totalidad que ha sufrido el liberalismo europeo. No tiene problemas en afirmar que el conflicto actual entre España y Catalunya tiene su origen en la historia, y en otras muchas cosas, lo que le coloca en el campo de los enemigos del país en los lugares más cuarteleros de la derecha española.

Uno de los grandes problemas de la mesa de diálogo, como de la propia idea de diálogo como forma de buscar una solución, es que no está muy claro lo que se puede negociar, y por eso el libro presentado el martes sirve para ofrecer algunas certidumbres. De todas formas, cuando son los políticos los que hablan de ese diálogo es más fácil escuchar generalidades. No es por incompetencia, sino por la constatación de que las posiciones están tan alejadas que no está claro cómo pueden encauzarse.

Iglesias sí tiene claro hacia dónde debe ir ese diálogo. Lo que ocurre es que ya no está en el Gobierno, como recordó en el acto, y no tiene que cortarse. Eso supone que apuesta por cosas que están muy lejos de las prioridades de Pedro Sánchez y de los socialistas.

El exlíder de Podemos también es pesimista o al menos está seguro de que la realidad viene cargada de negros presagios. No es seguro que se vayan a cumplir, pero sería de ilusos pensar que son imposibles. Si hasta dijo al principio que “vivimos en tiempos que recuerdan un poco a la República de Weimar”. Cuando haces esa predicción, la gente no se palpa la cartera, sino el cuello.

Iglesias planteó que la mesa de diálogo, en la que participó en su primera edición, es ineludible. Sin embargo, le puso condiciones. De entrada, dijo que hay en España dos opciones para el futuro: un Gobierno de PP y Vox que irá por la vía de la “involución democrática” o que “el PSOE gobierne con fuerzas con las que no ha gobernado nunca” y no se refería solo a Unidas Podemos. Se trata de una alianza estructural entre socialdemócratas y nacionalistas –algunos de ellos independentistas–, un plato que está bastante claro que el PSOE rechazará. De hecho, Iglesias afirmó que si la mesa de diálogo no sirve para negociar ese escenario, “no vale para nada”.

El mismo Iglesias no ocultó que ese camino de colaboración es poco viable en la medida en que afirmó que no hay una estrategia común en el actual Gobierno catalán. Definió a la coalición de ERC y Junts como un “terreno de enfrentamiento” de los dos partidos. Es un hecho incuestionable. Los partidos del Govern defienden estrategias opuestas.

Tuvo también tiempo para apuntar algo que ya ha comentado en alguna tertulia radiofónica: la idea de que igual al Gobierno de Sánchez le conviene convocar elecciones el próximo año. Esto no es que sea contracíclico, sino que sugiere una de las muchas formas en que un Gobierno puede suicidarse en la situación económica actual. El argumento más concreto que dio fue que no parece que las elecciones autonómicas que se celebrarán antes de las próximas generales vayan a beneficiar al PSOE y Podemos. “Hay que estar preparados para que se celebren en cualquier momento”, dijo en un mensaje que podría estar dirigido a Sánchez, a Yolanda Díaz o a ambos.

Es muy probable que la derecha reciba alborozada ese aviso. Parece demasiado nerviosa como para esperar hasta finales de 2023. También es posible que a Moncloa no le gusten nada esas especulaciones. En cualquier caso, sin un cargo en el Gobierno, a ver quién le dice a Iglesias que no puede opinar como en los viejos tiempos.

José María Lassalle (Santander, 1966) es uno de los representantes de ese centro derecha moderado que se siente “huérfano” por la deriva del que hasta hace tres años fue su partido, el PP, hacia posiciones más extremistas, por el acercamiento de la dirección de Pablo Casado a Vox y por los vaivenes de Ciudadanos. Este cóctel se escenificará el domingo en la protesta de la Plaza de Colón de Madrid contra los indultos a los presos del procés que volverá a unir a las tres derechas en un emblemático espacio de la capital dos años y cuatro meses después de la conocida como foto de Colón, que reflejó por primera vez la unidad de acción de esas fuerzas políticas –que después se trasladaría a gobiernos autonómicos y municipales– y la normalización de la extrema derecha por parte de quienes batallan con ella por el mismo electorado.

Lassalle no asistirá, como tampoco lo harán otros exdirigentes populares –no irán tampoco los barones considerados más moderados– que, como él, repudian la connivencia de la actual dirección de Casado con el partido de Santiago Abascal. Tras ser diputado del PP durante cinco años y secretario de Estado (primero de Cultura y, después, para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital) durante los gobiernos de Mariano Rajoy, Lassalle dejó de militar en la formación conservadora en 2018, nada más conocerse la primera alianza de Casado con Vox para poder gobernar en Andalucía.

Ahora presenta El liberalismo herido. Reivindicación de la libertad frente a la nostalgia del autoritarismo (Arpa, 2021), un ensayo en el que pide una reflexión de la corriente política liberal para adaptarla a una sociedad plural y diversa. Lassalle atendió a elDiario.es este viernes, por teléfono.

En su ensayo, habla de la necesidad de “reconstruir” el liberalismo. ¿A qué se refiere?

El pensamiento liberal debe reconstruirse como una doctrina y un cuerpo teórico de ideas que permita a la democracia seguir estableciendo unas pautas de convivencia que concilie la defensa del individuo y su libertad con los principios éticos que deben acompañar la vida en comunidad. Y eso pasa evidentemente por un liberalismo que reconfigure ciertos planteamientos políticos.

El liberalismo debe resignificarse en torno a la defensa de los valores del pluralismo

¿Que se abra a avances sociales o a la integración de otras culturas?

El liberalismo tiene que reflexionar críticamente sobre su bagaje y, especialmente, sobre cuál ha sido su evolución en los últimos 50 años y, sobre todo, debe resignificarse con un pensamiento que evoque la emancipación del ser humano, la capacidad crítica para juzgar la política, o la defensa de los valores que sostienen una democracia liberal alrededor del pluralismo: la tolerancia, el respeto al otro, la empatía o la generosidad. Estas palabras quedaron olvidadas en el tiempo por la relación con un neoliberalismo que silenció esos elementos.

¿La socialdemocracia debe ser uno de esos nuevos aliados o forma ya parte del pensamiento liberal?

Es parte del pensamiento liberal desde finales del siglo XIX y comienzos del XX. De hecho, la democracia ha sobrevivido porque el liberalismo democrático y el socialismo democrático fueron capaces de pactar, de formar gobiernos.

Desde hace unos años se relaciona al liberalismo con una serie de dirigentes que dicen representarlo y que abogan por la iniciativa privada y la reducción del Estado, así como que apelan a ir en contra de otros pensamientos.

El neoliberalismo, que nace de la revolución conservadora que protagonizan Ronald Reagan y Margaret Thatcher, y que es producto de una evolución ideológica que habría que retroceder en el tiempo, no es un pensamiento liberal en su sentido estricto. Todo lo contrario. Es el enemigo del liberalismo. Y ha ido desplazándole en los imaginarios, en la capacidad para hegemonizar el discurso en las democracias occidentales. Pero el neoliberalismo es una ideología que implica un análisis del individuo a partir de una interpretación estrictamente económica, lo cual supone dejar fuera todos los aspectos morales y éticos que acompañan al sentimiento liberal y que encarnan la idea del ser humano como un agente moral. Rechazan al Estado y lo consideran como un enemigo de la sociedad civil, cuando el pensamiento liberal ha defendido siempre que no puede haber mercado, sociedad civil o iniciativa individual si no es en el marco regulador de un Estado y una legalidad que garantice los derechos, establezca obligaciones y garantice un equilibrio entre la libertad y la igualdad.

Cuando Isabel Díaz Ayuso centró su campaña en hablar de la libertad para ir de bares o para hacer cada uno “lo que le dé la gana”, ¿eso fue liberalismo, neoliberalismo o populismo?

Es una hibridación de libertarismo y populismo. El pensamiento liberal lo que defiende, como lo hacía Montesquieu, es que la única libertad posible es la que se enmarque dentro de la regulación de la ley. Él consideraba que no hay libertad sin ley o sin regulación. El respeto al derecho a la salud que otros tienen debe conciliarse con el ejercicio de nuestra libertad. La libertad no puede confundirse con una libertad absoluta porque implica evidentemente un compromiso ético hacia los demás. Si no entendemos eso, no estamos hablando de libertad, sino de otra cosa, lo que Locke llamaba una mera y sencilla licencia para hacer lo que uno quiera. Eso nos coloca más en un plano de embrutecimiento moral que de excelencia cívica.

El pensamiento de Díaz Ayuso es una hibridación de libertarismo y populismo

Usted ha dicho que el liberalismo español se tiene que abrir al reconocimiento de otras identidades, e incluso abre la puerta a una reforma de la Constitución. ¿Esos mensajes tienen ahora cabida en el que fue su partido, el PP?

Tienen cabida en un perímetro intelectual de moderación y de respeto a la diversidad y a la diferencia. El pensamiento liberal es un gestor intelectual de la diversidad y del pluralismo. No puedes entender el liberalismo sin el respeto al otro y a la diversidad. Si eso sucede en el seno de la sociedad civil, debe suceder también en el seno del Estado. Alojar diversidad no debe ser un problema. Lo es para alguien con una mentalidad nacionalista. La moderación no casa bien con un nacionalismo excluyente.

¿Se está equivocando el PP con su política en Catalunya?

El PP en Catalunya tiene un problema desde hace mucho tiempo, y probablemente tenga que ver con la incapacidad de algunos para entender que la manera de ser española debe ser conciliable con la defensa de la diversidad cultural y lingüística. No puedes concebir al otro desde la exclusión. Y es evidente que si eso no opera desde el ámbito de la sociedad civil no puede operar en la configuración de una soberanía política que sepa arropar en su seno la diversidad.

La imagen del domingo en Colón en la que dirigentes del PP compartirán protesta con Vox en contra los indultos, ¿ayuda a la imagen de moderación del partido?

Un partido que aspira a ser alternativa de gobierno, que asume una visión de Estado y que se compromete con los valores de la moderación, del liberalismo o de la centralidad política, no puede ir de la mano de la extrema derecha a ningún sitio. Lo que debe hacer es lo que sucede en Francia, con Emmanuel Macron, o en Alemania, con la CDU, que es rechazar cualquier tipo de relación con la extrema derecha, porque esta cuestiona los planteamientos éticos que deben regir la convivencia dentro de una sociedad democrática. Decía Karl Popper que hay que ser intolerantes con los intolerantes. Es absolutamente imprescindible que cuando tienes delante a un partido político que está cuestionando una parte sustancial de los fundamentos éticos y morales de una democracia liberal no puede haber ningún tipo de proximidad, cercanía o complicidad. Todo lo contrario.

¿Usted es favorable al diálogo entre Gobierno y Generalitat? ¿Qué opina sobre los indultos después de que Oriol Junqueras los apoyara y decidiera renunciar a la vía unilateral?

Hay que trabajar en dar una oportunidad al diálogo dentro de la legalidad cuando hay voluntad de afrontar el problema catalán sin unilateralidad.

Habla en su libro de que el miedo moviliza ahora al pueblo. ¿También lo hace con los partidos? Cuando el PP se manifiesta con Vox, ¿es también por miedo a ser fagocitado por la extrema derecha?

Desde luego es una parte sustancial de la estrategia que anima a los partidos en un determinado momento. En estos momentos quien está conectando por desgracia con una parte importante de los imaginarios sociales, asociados al miedo y la incertidumbre, está alrededor de la extrema derecha. El hecho de que no haya una respuesta eficaz con capacidad para contrarrestar su avance hace que uno quiera conservar lo poco o mucho que tiene. En ese discurso no hay capacidad de respuesta y lo que alimenta todo es el miedo.

Tras dejar el PP, ¿se siente José María Lassalle huérfano en la política española?

Me veo huérfano como un liberal demócrata que defiende la moderación como estructura de vida y pensamiento, como alguien que no ve en el otro un problema ni un enemigo, sino una oportunidad y un amigo. La política española no aloja esta visión y se aleja de lo que representa la política europea. No entiendo por qué el adversario político ha de ser un enemigo necesariamente cuando los problemas globales sí son necesariamente de todos y necesitan urgentemente la colaboración de todos.

La escritora Espido Freire, el exsecretario de Estado de Cultura y Agenda Digital, José María Lassalle, y el novelista y psiquiatra José Carlos Somoza participarán en la segunda edición de 'Los Conventuales', que se desarrollará en el antiguo convento de San Francisco, en Soto Irúz.

La iniciativa, un novedoso modelo de aprender a través del tiempo compartido “en un entorno único”, puesta en marcha por Alternative Ways, arrancará el próximo 20 de septiembre y se desarrollará en tres fines de semana consecutivos, ha informado la organización en nota de prensa.

Sus promotoras, María Simón y Eva Guillermina Fernández, destacan de esta propuesta es “un encuentro en el que la manera de aprender es diferente”, “con la tranquilidad que aporta un antiguo convento y el ambiente familiar que se genera compartiendo todo un fin de semana con un pequeño grupo de personas de intereses afines y, sobre todo, con la cercanía que aportan los directores”.

De esta manera, este otoño podrán realizarse tres talleres o cada uno de ellos independientemente, en los que se tratarán cuestiones de actualidad con cuatro sesiones de trabajo cada uno que se desarrollarán a lo largo de un fin de semana completo.

Así, del 20 al 22 de septiembre se celebrará un taller con el novelista y psiquiatra José Carlos Somoza; del 27 al 29 de septiembre con la escritora Espido Freire; y del 4 al 6 con el exsecretario de Estado de Cultura y Agenda Digital, José María Lassalle.

Somoza desarrollará un programa de autoconocimiento a través de la escritura como herramienta “para desvelar el misterioso objetivo del yo”.

Por su parte, Freire hablará sobre la mirada de mujer y la creatividad como una manera diferente de interpretar la vida, haciendo un recorrido por muchas de las mujeres más notables de nuestra historia.

Finalmente, Lassalle reflexionará sobre el dominio de los algoritmos y la inteligencia artificial y cómo, a través de ella, “se está reestructurando la vida humana hasta el punto de poner en peligro la civilización liberal y democrática”.

Tras inaugurar el primer Foro de Género y Ciberseguridad, el secretario de Estado para la Sociedad de la Información y la Agenda Digital, José María Lassalle, ha demandado una mayor presencia de mujeres trabajadoras en el ámbito de la protección digital. En el foro organizado por el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) en León, se ha detallado que solo un 7% de las personas que trabajan en el ámbito de la seguridad en Europa son mujeres mientras que, a nivel mundial, el porcentaje aumenta hasta el 11%.

A pesar de la tendencia a lograr una mayor diversidad en el ámbito tecnológico, esto es un tema que continua preocupando. Por ello, más de 500 asistentes y expertos en ciberseguridad de 11 países distintos debatirán posibles soluciones en los próximos dos días. Concretamente, analizarán qué se puede hacer al respecto desde el ámbito educativo, el sector privado y asociaciones relacionadas con la diversidad de género en el mundo digital.

Por otro lado, también se discutirán formas de frenar la violencia de género en el ámbito digital. Algunos de los temas tratados serán los delitos de género en la red, la seguridad informática y la protección ante ataques, o aspectos relacionados con el mundo de la medicina como la autopsia forense digital.

Las ponencias del primer Foro de Género y Ciberseguridad se desarrollarán con dos temáticas diferenciadas: el 5 de junio, día en el que se debatirán Iniciativas y oportunidades en el ámbito profesional; y el 6 de junio, en donde se discutirán acciones contra la violencia de género en el ámbito digital. Todos los ponentes podrán seguirse en directo a través de la página del Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE).

La llegada del Archivo Lafuente a Santander como una delegación del Museo Reina Sofía ha despejado este martes una de las muchas incógnitas que aun encierra el proyecto. Se trata del coste que supondría rehabilitar el edificio del Banco de España para poder albergar los cerca de 120.000 documentos y las 2.000 obras de arte que atesora la colección privada del mecenas cántabro José María Lafuente. Según las primeras estimaciones, la inversión necesaria para convertir este inmueble de 1924 en un museo asciende a unos 9,6 millones de euros y los trabajos se prolongarían durante un tiempo aproximado de 24 meses.

Este proyecto cultural lleva planeando sobre la capital de Cantabria desde finales de 2013, cuando el anterior Gobierno del PP cambió los planes para este histórico inmueble que inicialmente iba a albergar el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria (MUPAC), ubicado actualmente en los bajos del Mercado del Este. A pesar de que han transcurrido cerca de tres años y de que el PP gobernaba en las tres administraciones implicadas, todavía son más las incertidumbres que las certezas. 

Una de ellas es quién o quiénes sufragarán esos casi 10 millones de euros. Desde la Secretaría de Estado de Cultura argumentan que el Gobierno autonómico es el propietario del edificio -el Estado lo cedió en 2013- y por tanto quién debe asumir su rehabilitación. Mientras, el Ejecutivo entiende que un proyecto de esta envergadura requiere de la participación del Gobierno central. También está por resolver la participación del Ayuntamiento de Santander, uno de los agentes que más ha presumido de la iniciativa y que más beneficiado saldría en caso de llegar el barco a buen puerto. 

También han trascendido a través del diario El Español algunos de los datos del borrador del proyecto museístico: la superficie útil del edificio es de 2.646 metros cuadrados, aunque solo una cuarta parte del espacio (650 metros) estaría abierta al público a través de una sala de exposición y otra más pequeña de actividades. El resto estaría destinada a investigación y consulta, oficina, catalogación, recepción, restauración, almacén y áreas de servicio. Además, se contempla una biblioteca para 20 usuarios como máximo.

Un borrador

La Consejería de Cultura ha salido al paso de la información asegurando que “la noticia se basa en una hipótesis de trabajo que no ha sido contrastada ni por los técnicos del Ministerio, ni por los del Gobierno de Cantabria”.

En este sentido, el responsable de este departamento, Ramón Ruiz, ha destacado que antes de pasar al planteamiento técnico del proyecto museístico, “hay que llegar a acuerdos entre el Gobierno de Cantabria y Lafuente-Reina Sofía, sobre el uso integral que se va a dar al edificio del Banco de España”.

Al respecto, ha recordado que en la reunión celebrada el pasado mes de febrero en Madrid se acordó crear un grupo de trabajo mixto que, según ha detallado, se reunirá por primera vez “a mediados de mayo”. 

En cuanto a la financiación, Ruiz ha recordado que en ese encuentro ya se planteó la necesidad de que el Gobierno central se “comprometiera” con la ejecución y subraya que el objetivo es “una presencia significativa e importante del Reina Sofía en Santander, para que el Banco de España sea un auténtico Centro Asociado”.

“Si no se ha discutido el programa museístico, tampoco se puede hablar de proyecto de rehabilitación, y será en el próximo encuentro del mes de mayo cuando se inicié el grupo de trabajo conjunto de las dos administraciones”, ha concluido el consejero.

La cesión no es gratuita       

Por otro lado, este mismo medio ha hecho públicas algunas de las cláusulas del convenio firmado hace dos meses por José María Lafuente y el director del Museo Reina Sofía, Manuel Borja-Villel y mediante el cual la pinacoteca se garantiza el derecho de uso preferente de los fondos que forman la colección privada por un periodo de diez años, tal y como habían informado ambas autoridades.

Lo que no había trascendido son las condiciones. La llegada del Archivo no será gratuita, como se había insinuado, sino que el acuerdo se remite a futuros contratos que tendrán que negociarse en el futuro “a los precios habituales que el Museo abona por este tipo de préstamos y depósitos”. 

Además, Lafuente se guarda el derecho a ceder a terceros parte de su colección tan solo teniendo que “justificar debidamente tal situación al Reina Sofía” y se garantiza la posibilidad de recuperar los fondos si considera que no se cumplen las condiciones acordadas.

Hace más de un año que el Patronato del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía anunció su interés por adquirir el Archivo Lafuente, una colección conformada por más de 120.000 documentos, entre libros, manifiestos, catálogos y otras publicaciones, además de 3.000 obras que recorren la historia del arte europeo y americano desde las vanguardias a los años ochenta del pasado siglo. El destino de todo este material iba a ser el antiguo edificio del Banco de España en Santander, un proyecto que parece cada día más complicado.

Esta iniciativa fue una apuesta personal del secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, a la que se sumaron el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, y el entonces presidente de Cantabria, Ignacio Diego. Pese a que las tres administraciones implicadas estaban gobernadas por el PP, que contaba en todas ellas con mayoría absoluta, se llega al fin de la legislatura sin cerrar las condiciones del acuerdo y sin un futuro claro para esta instalación.

Tampoco existe un compromiso económico firme, puesto que ni el Gobierno de Cantabria ni el Ayuntamiento de Santander han consignado dotación para este proyecto en los presupuestos de 2016. Este hecho, precisamente, es el que genera más dudas en el Patronato del Museo Reina Sofía, que exige a las administraciones locales un compromiso “a largo plazo” y un “proyecto sólido” para dar luz verde a la instalación de un centro asociado en el antiguo edificio del Banco de España. El prestigio y la imagen de la institución está en juego.

Sin embargo, las negociaciones para comprar el archivo propiedad del coleccionista cántabro José María Lafuente “siguen en marcha”, según ha confirmado el propio José María Lassalle, a pesar del evidente retraso. De hecho, el secretario de Estado de Cultura anunció hace meses que “a finales de septiembre” se firmaría el convenio de adquisición de la colección del industrial José María Lafuente.

Este verano, tras una reunión con el nuevo presidente de Cantabria, Miguel Ángel Revilla, Lassalle aseguró que ese proyecto “va adelante” y añadió que todas las partes implicadas en esta actuación tienen “la sana intención y el deber cívico” de ejecutarlo por Cantabria. Este jueves, a tres días de las elecciones generales, no ha querido dar plazos pero ha confiado en que en las próximas semanas los trámites “den frutos”.

“Requiere toda una serie de procedimientos que escapan del control político”, ha afirmado el secretario de Estado de Cultura, que ha explicado que los “controles internos e institucionales” que se han de pasar para materializarse la adquisición “todavía se están desarrollando”.

Además, ha explicado que el trabajo entre los técnicos de la Gerencia de Infraestructuras del Ministerio y del Gobierno de Cantabria continúa. “Hace unas semanas estuvieron visitando la sede del Banco de España y evaluando cuál ha de ser la inversión que deberá efectuar el Gobierno regional si queremos que el proyecto salga adelante”, ha asegurado tras asistir a una reunión sectorial de Cultura en Santander.

Dudas sobre la financiación

Dudas sobre la financiaciónEse puede ser el siguiente escollo, si se concreta la venta del Archivo Lafuente, porque tanto el Ministerio como el Ayuntamiento señalan hacia el Ejecutivo autonómico para financiar las obras en el edificio que debe albergar la sede asociado del Reina Sofía en Santander. 

Lassalle ha señalado que la primera partida que deberá destinar el Gobierno de Cantabria será la dedicada a afrontar “lo que es inmediato”, que es el plan museológico que abarca el conjunto de obras que será necesario ejecutar en la sede del Banco de España para alojar el Archivo Lafuente.

“El compromiso presupuestario de este Gobierno es el mismo que tuvo el anterior. No hubo partida presupuestaria en 2015 y no habrá partida presupuestaria en 2016. El presupuesto para este proyecto, en estos momentos, es cero. Continúan abiertas todas las negociaciones, pero no hay una decisión definitiva al respecto”, ha confirmado a eldiario.es el consejero de Cultura, Ramón Ruiz.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, señalan que “es indudable la importancia que este proyecto tiene para Santander y para Cantabria, porque supondría potenciar enormemente los valores culturales de la ciudad”. En este sentido, admiten que “habrá que esperar a que se cierre el acuerdo para redactar el proyecto museográfico y museológico que será, a su vez, el que determine las actuaciones a realizar y, en consecuencia, la inversión necesaria para ello”.

Además, desde el Consistorio insisten en que el acuerdo institucional recoge que “las inversiones corresponden al Gobierno de Cantabria” y aseguran que el equipo de Gobierno municipal “prestará toda la colaboración en la tramitación administrativa, que incluye una modificación puntual del PGOU respecto al edificio”.

Un edificio protegido

Un edificio protegidoY es que la antigua sede del Banco de España en Santander deberá modificar sus usos para albergar esta nueva instalación cultural, puesto que el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas aprobó la cesión del edificio al Gobierno autonómico para que lo acondicionara como emplazamiento para el Museo de Prehistoria y Arqueología de Cantabria.

Tras unas intensas negociaciones con el Gobierno de España, el Consejo de Gobierno de Cantabria acordó aceptar la donación del Banco de España a la comunidad autónoma, con destino a fines culturales y museísticos, un acuerdo que valoró el inmueble en 6,1 millones de euros.

La posibilidad de ubicar allí este proyecto cambió los planes de Ignacio Diego y su Gobierno, que consideró que “la oportunidad de traer el Museo Reina Sofía a Santander y captar el valiosísimo Archivo Lafuente era un tren que no se podía dejar escapar”.

Los documentos del Archivo Lafuente están estructurados en dos bloques: uno dedicado a las vanguardias históricas, con una importante colección de documentación de arte de vanguardia europeo y español; y otro centrado en las prácticas contemporáneas desde los años sesenta, con España y Latinoamérica como ejes. El industrial cántabro mostró su voluntad de que esta colección se expusiera en Cantabria, pero a través de una venta y no de una cesión de sus fondos, algo que parece cada vez más improbable.

El Partido Popular de Cantabria deberá afrontar tras la celebración de las elecciones generales del 20 de diciembre una profunda renovación en su liderazgo tras el batacazo que sufrió en las urnas el pasado mes de mayo. Sin embargo, y hasta que llegue ese momento, el máximo dirigente de la formación conservadora y expresidente autonómico durante la pasada legislatura, Ignacio Diego, ha dado un golpe en la mesa para demostrar quién manda todavía.

Lo ha hecho con su impulso a unas listas al Congreso de los Diputados y al Senado plagadas de fieles, de personas de su máxima confianza, que incorpora a muchas caras conocidas que perdieron sus puestos de responsabilidad con la debacle del PP en los últimos comicios autonómicos y municipales. Y que no han tenido un hueco libre, pese a los rumores propiciados por él mismo, para su máximo rival dentro del partido: el alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, no dará el salto a la política nacional.

Tras la confirmación de Ana Madrazo como cabeza de lista del PP de Cantabria en la noche del pasado viernes, el partido ha comunicado este lunes a sus compañeros de papeleta a través de un comunicado de prensa. El secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, ocupará de nuevo el número dos en la candidatura popular a la Cámara Baja, por delante del exalcalde de Camargo, Diego Movellán. El presidente de Nuevas Generaciones en Cantabria y concejal en Astillero, Javier Fernández Soberón, y la concejala de Torrelavega, Natividad Fernández, cierran la lista al Congreso.

Además, dos de altos cargos del Gobierno de Ignacio Diego durante la pasada legislatura serán candidatos al Senado. Se trata del exconsejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo, Javier Fernández, y la anterior responsable de la Consejería de Ganadería, Pesca y Desarrollo Rural, Blanca Martínez, que estarán acompañados por la exdiputada autonómica y exalcaldesa de Cabezón de la Sal, Esther Merino, en una lista que se renueva completamente.

Por tanto, Javier Puente, María Jesús Susinos y José María Alonso se caen de la lista del PP al Congreso de los Diputados, donde solo repite Ana Madrazo, ya que José María Lassalle fue candidato en 2011, pero renunció a su acta al tomar posesión como responsable de Cultura en el Gobierno de Mariano Rajoy. Además, Gonzalo Piñeiro, Encarnación Salmón y José Luis Vallines no repetirán como senadores por Cantabria durante la próxima legislatura. 

El éxito electoral del PP en las últimas elecciones generales permitió a la formación que lidera Mariano Rajoy colocar en el Congreso y el Senado a prácticamente todos sus candidatos. El desgaste que ha sufrido el Partido Popular durante la última legislatura, confirmado sucesivamente en las urnas en los comicios europeos, autonómicos y municipales, y la irrupción de nuevos partidos como Ciudadanos y Podemos, ha recrudecido la batalla por ocupar los puestos de salida en las distintas candidaturas, los que darán acceso a un sillón para los próximos cuatros años.

El hombre de la Cultura

José María Lassalle (Santander, 1966) ha sido el secretario de Estado de Cultura en el Ministerio que encabezó José Ignacio Wert durante buena parte de la legislatura, donde ha mostrado públicamente sus discrepancias por la política fiscal aplicada por Cristóbal Montoro. Es doctor en Derecho por la Universidad de Cantabria y ha ejercido como profesor de Filosofía del Derecho en la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid.

En las elecciones generales de marzo de 2004 fue elegido diputado por Cantabria, desempeñando los cargos de portavoz adjunto de la Comisión de Cultura y vocal de la Comisión de Educación y Ciencia y de la Comisión de Cooperación Internacional para el Desarrollo. En los comicios de marzo de 2008 fue reelegido diputado por Cantabria, como ocurrió el 20 de noviembre de 2011, cuando renunció a su escaño para dedicarse a su labor como secretario de Estado de Cultura.

De asesor a candidato

A diferencia de Madrazo o Lassalle, números 1 y 2 al Congreso y con amplia experiencia política en Madrid, los aspirantes a la Cámara Alta por el PP debutarán como candidatos el 20D. Es el caso del cabeza de lista, Javier Fernández, que después de muchos años en la sombra como asesor en diferentes ayuntamientos cántabros manejados por el PP, da el salto a la primera línea política.

Este licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, fue el hombre designado por Ignacio Diego para dar una respuesta al grave problema de las viviendas con sentencia firme de derribo en la costa cántabra, en un departamento que unió, por primera vez, las competencias de Medio Ambiente y Urbanismo.

Que el Partido Popular no cree que la cultura merezca un Ministerio propio no es nada nuevo y lo ha demostrado cada vez que ha tenido la oportunidad de gobernar. Pero era menos conocido que en su “haber” cuenta con los secretarios de Estado de Cultura que más tiempo han permanecido en su cargo: Miguel Angel Cortés (Mayo 1996-Mayo 2000), Luis Alberto de Cuenca (Mayo 2000- Marzo 2004) y, el último en llegar a esa lista, José María Lassalle (Diciembre 2011 -?).

José María Lassalle está a punto de terminar una legislatura completa en el Gobierno al frente del área de cultura. Una tarea que asumió en los últimos días de diciembre de 2011 y que parecía, en aquellos tiempos, que no podía asumir otra persona. Al menos, no en el seno del Partido Popular. No en vano, José María Lassalle fue portavoz de Cultura en el Congreso de los Diputados durante las dos legislaturas socialistas comprendidas entre 2004 y 2011. En aquel puesto, el moderado, liberal y culto doctor en Derecho tuvo tiempo para articular un discurso y un ideario sobre cultura no habitual en las filas del PP.

Aquel trabajo le granjeó un reconocimiento, también inusitado, de sectores sociales y culturales lejanos al ideario conservador. Así, en noviembre 2011, momento de la victoria electoral del Partido Popular, el mirlo blanco en el que se había convertido José María Lassalle era el favorito para asumir las riendas de Cultura en el Gobierno conservador de Rajoy.

Su nombramiento tranquilizó a muchas personas en el sector de la Cultura que reconocían en él a una persona conocedora de la complejidad del sector cultural. Se esperaba que sus propuestas como portavoz de cultura en el Congreso tendrían la oportunidad de transformarse en decisiones, entre ellas su medida estrella: la ansiada Ley de Mecenazgo que prometía ser la solución a los problemas de la dependencia de amplios sectores culturales respecto del dinero público. Con Lassalle irrumpía en el Ministerio lo que parecía un nuevo modelo de política cultural que empezaría por revolucionar la financiación. La internacionalización de los proyectos culturales, la promoción de las industrias culturales en todos los tejidos creativos, el paradigma digital, entre otros, pasaban a ser los ejes sobre los que se articularía esa nueva política cultural estatal. Hasta que se cruzó Montoro por el camino.

Presupuestos menguantes + IVA Cultural

Ya desde los primeros presupuestos elaborados por el Gobierno de Mariano Rajoy, las partidas destinadas a Cultura sufrían unos fuertes descensos de un año para otro (del 17,28% en 2012 y del 25,22% en 2013). Como dato significativo, el presupuesto destinado a cultura en 2014 suponía un 48,59% menos que el que se destinó en 2009, máximo histórico. Los equipos dependientes de la Secretaría de Estado tuvieron que hacer frente a la gestión de un gasto que en 5 años se redujo en prácticamente un 50%. Una verdadera hecatombe a la que hay que añadir los efectos coyunturales de la reforma fiscal de 2012, que equiparó el tipo impositivo de muchos servicios y bienes culturales al 21% y, también, la caída del consumo de las familias que al sufrir una caída de renta disponible redujeron drásticamente su consumo cultural.

En ese marco coyuntural económico tan desolador, ¿cuáles han sido las iniciativas del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes? José María Lassalle lo resumía así en una reciente comparecencia ante la Comisión de presupuestos del Senado (25 septiembre 2015): “Hemos tenido que gestionar un tsunami, el Ministerio no ha colapsado porque bajo la planificación estratégica se ha salvaguardado la actividad y las unidades técnicas han conseguido realizar su trabajo”. El mensaje que parecía transmitir el Secretario de Estado era claro: en estos años se ha conseguido salvar los muebles. Una alegación que se puede transformar, como arma de doble filo, en crítica. Las dificultades económicas justifican, para Lassalle, que la Secretaría de Estado de Cultura solo se hubiera dedicado a conservar lo existente empezando por y priorizando las unidades técnicas del Ministerio.

Desde fuentes de la Secretaría de Estado de Cultura niegan que se haya perdido la ocasión para realizar reformas estructurales y argumentan la producción legislativa que constituirá el legado Lassalle: la Reforma de la Ley de Propiedad Intelectual, la Ley de Autonomía de la Biblioteca Nacional, La Ley de Salvaguarda del Patrimonio Cultural Inmaterial y la reforma de la Ley del Cine. Cuatro años han dado como fruto normas y leyes que podrían juzgarse como insuficientes cogiendo como referencia el propio listón que José María Lassalle situó muy alto: la Ley de Mecenazgo que jamás llegó. En este tema se defiende retóricamente el Secretario de Estado: “La reforma fiscal que hemos realizado es el equivalente a la Ley de Mecenazgo constituyendo así una propia política de mecenazgo. Hemos democratizado el mecenazgo, en un sentido republicano del mecenazgo, haciéndolo accesible a todos”. Sin embargo, de esa política de mecenazgo todavía nadie del Gobierno ha aportado cifras ni datos de su posible impacto financiero y fiscal que justifiquen la dudosa equivalencia.

Balance de legislatura

Lo cierto es que la legislatura acaba y poco margen le queda al Gobierno para reconducir, si así todavía lo considerase, su política cultural. La estabilidad que ha supuesto el mantenimiento del mismo Secretario de Estado de Cultura durante todo el periodo legislativo no ha servido para diseñar, o tan siquiera esbozar, un nuevo modelo de gestión de la acción cultural del Gobierno. Más bien los sectores conservadores e inmovilistas se han escudado tras las dificultades económicas para argumentar el poco margen de maniobra disponible.

Por otra parte, los presupuestos mermados son el fiel reflejo del modelo estructuralmente anquilosado de política cultural de un Ministerio o Secretaría de Estado que pierde oportunidades de renovarse. La última oportunidad perdida ha sido con José María Lassalle al frente. Una figura que, con las capacidades intelectuales de las que hizo gala en su periodo en la oposición parlamentaria, no ha provocado nada más que frustración a los que depositaron alguna expectativa en él. Nada mejor que esta frase del mismo Lassalle en la citada comparecencia en el Senado para resumir el estado de ánimo de lo que podría resumirse en la metáfora de un mirlo blanco que se siente enjaulado: “Yo di la cara en momentos difíciles, permítanme que también la dé en momentos de ligera mejora”.

El próximo 15 de octubre el Teatro de la Comedia, sede de la Compañía Nacional de Teatro Clásico (CNTC), subirá de nuevo el telón después de trece años, con una versión de la obra de Calderón de la Barca, El alcalde de Zalamea, dirigida por Helena Pimenta. “Es un momento emblemático que seguro deparará al edificio una juventud renovada”, apuntó el Secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle.

La presentación del rehabilitado teatro a los medios de comunicación tuvo lugar el pasado lunes a través de una visita guiada en compañía de la directora de la CNTC, Helena Pimenta, y de la directora general del INAEM, Montserrat Iglesias. El Teatro de la Comedia cerró sus puertas en 2002 para dar comienzo a la rehabilitación y modernización de sus instalaciones, aunque no sería hasta el 7 de septiembre de 2010 cuando comenzaran las obras, con un plazo de ejecución de dos años.

“Estamos de enhorabuena porque el edifico ya está en manos de la Compañía Nacional”, festejó Lassalle tras la finalización de las obras el pasado 14 de julio, tres años más tarde de lo previsto debido a las dificultades técnicas que se han ido encontrado por el camino. “La estructura estaba muy mal cuando nos encargaron el proyecto”, explicaron los arquitectos del equipo Araujo & Nadal, ya que debido al incendió que azotó el edificio en 1915, se utilizó hormigón para su reconstrucción, un material “bastante primitivo”, según sus palabras.

Una sorpresa en forma de sala multidisciplinar

Con un coste total de 20,35 millones de euros, tal y como estaba presupuestado en el momento de la adjudicación del proyecto en 2004, las obras han permitido consolidar el edificio y ampliarlo en 750 metros cuadrados, es decir, obtener un área total de 3.404 metros cuadrados, y recuperar el aforo de la sala principal con 700 espectadores.

La “sorpresa” de esta reconstrucción es la sala Tirso de Molina, una nueva sala multidisciplinar que con 300 metros cuadrados de superficie albergará a un aforo de 100 personas.

“Será un lugar muy activo que no solo se reducirá a la exhibición sino que será un espacio de investigación”, explicó Pimenta, quien añadió que la nueva sala permitirá “formatos diferentes” e incluso “abordajes diferentes”, con “otra mirada hacia los textos clásicos”. Con la intención de “ampliar la edad del público”, la sala Tirso de Molina también servirá para acercar textos clásicos a los más pequeños, así como para seguir ligando “la parte pedagógica con el escenario”.

“Abrir un teatro es ya un motivo de fiesta y este, con las connotaciones que tiene es ya de fuegos artificiales”, concluyó Pimenta. El próximo otoño el teatro de la madrileña calle del Príncipe abrirá sus puertas de manera permanente, pero no será hasta el 30 de septiembre de 2017 cuando se complete la obra total con la instalación de la infraestructura escénica y las equipaciones básicas.

Por otra parte, preguntado por la posible bajada del IVA cultural en los próximos meses, Lassalle manifestó que él fue el “primero” en establecer su postura: “Espero que podamos celebrar lo que todos los que pertenecemos al mundo de la cultura anhelamos, pero hoy es día del teatro”, concluyó.

La Unión de Cineastas se reunió ayer, miércoles 29 de abril, en Madrid. A la cita asistieron profesionales del sector cinematográfico y representantes de los principales partidos políticos. Ambos grupos charlaron sobre instaurar unas bases sólidas que iniciaran un nuevo ciclo para el cine español. Desde la organización pidieron a los miembros del Congreso que pactaran una política de Estado que reforzara la producción cinematográfica del país.

El acto se celebró en el Círculo de Bellas Artes de la capital. Al inicio del mismo se ha leído un manifiesto que resaltaba el hecho de que las confrontaciones políticas existentes en la actualidad frenan cualquier posibilidad de desarrollo en este sector.

“Hemos estado en el centro de un debate que no nos corresponde y el cine ha dejado de ser percibido como un patrimonio de todos”, señaló el productor José Nolla, miembro de la Unión de Cineastas.

La propuesta que presentan desde el sector cinematográfico pasa por incorporar la alfabetización cinematográfica en los planes educativos, consagrar la proporcionalidad (que todas las películas tengan apoyo público), mejorar la transparencia administrativa y defender la excepción cultural del cine.

Los datos son cada vez más desfavorables para el cine

El acto ha estado cargado de reclamos y demandas por parte de productores, directores, guionistas y actores. José Antonio Félez, productor de La isla mínima ha afirmado que “el cine merece un tratamiento de Estado, por encima de los vaivenes de la política. Algo tan importante y tan frágil no puede utilizarse como arma arrojadiza”.

“La forma de ocio ha cambiado y hay que estar preparado para ello, el cine no se ve solo en las fotos”, ha defendido el presidente de la Asociación Estatal del Cine, quién, además, ha aportado el dato de que en 2014 se vendieron en total menos de 100 millones de entradas de cine con respecto al 2001.

Juan Carlos Tous, de la plataforma Filmin, ha dado el punto de vista de la nueva distribución digital y en este sentido ha reclamado una mayor inmediatez en el acceso a las películas después del estreno en cines. “No puede ser que después de tres o cuatro semanas de exhibición las películas queden en el olvido”, ha dicho.

Los partidos políticos “quieren” mejorar los datos del sector

En cuanto a los representantes políticos, al acto han acudido, entre otros, José María Lassalle, secretario de Estado de Cultura, quien ha declarado que “lamentablemente la política no puede recambiar la realidad completamente”. La realidad, ha añadido, “es que la media de lectura en España es de cinco libros al año y que a la gente no le interesa Dreyer y Renoir” sino “el cine del s.XXI”, estas declaraciones han despertado algún que otro abucheo ya que desde el sector cultural, y el cinematográfico más concretamente en este caso, consideran que la política debería intervenir de una forma más activa a la hora de promover e incentivar el consumo de cultura.

Lassalle ha defendido la gestión del PP y ha insistido en que la modificación de la ley del cine “va a ser inminente” y “va a dar seguridad jurídica”. Esta ley será “un modelo que contemple tanto las películas de la industria como las de pequeños productores”. En su opinión, ha proseguido, “el problema del cine no es sólo Montoro, sino cómo están montadas las propias estructuras del cine.”

Sobre las ayudas pendientes, ha asegurado que “hay un compromiso público” de afrontar el pago de las correspondientes a 2012, sobre las que se había aplicado, por primera vez, un prorrateo del 12 %.

En nombre del PSOE ha asistido Ibán García del Campo, quien ha avanzado que entre sus próximas propuestas está la de bajar el IVA cultural al 5%, aumentar los incentivos fiscales y un estatuto especial de las profesiones artísticas.

Por su parte, de Podemos ha asistido Jorge Lago quien ha apuntado que el objetivo del pacto por la cultura ha de ser crear, por primera vez, un verdadero modelo de política cultural en España, en lugar del “parcheo permanente” y la inestabilidad resultante de las continuas confrontaciones políticas que han reinado hasta ahora.

Milagros Hernández, de Izquierda Unida, ha apostado por “recuperar competencias locales y regionales que ayuden a tomar medidas efectivas de apoyo al sector”, mientras que Esther Ruiz, portavoz de Ciudadanos, que además es productora de cine, ha opinado que el problema es la ausencia “de un perfil industrial fuerte del cine.”

Un encuentro que ha reunido a distintas voces que expresan distintos puntos de vista con respecto al “problema” de financiación e impulso de lo cultural en España y que ha servido para tender puentes entre los dos actores principales en este “conflicto”, los trabajadores del sector y los distintos representantes políticos.

José María Lassalle adelantaba ayer en el Encuentro de Editores Iberoamericanos algunas de las políticas más polémicas del Ministerio de José Ignacio Wert. Entre ellas destaca el proyecto de Ley de Mecenazgo, que ha hecho aguas en la reforma fiscal con unas condiciones muy alejadas de las idóneas que anunciaba el secretario de Estado de Cultura. “Ya no hace falta ser rico para apoyar la creación de arte y cultura”.

“En España hay una Ley de Mecenazgo que lleva vigente desde los años 90 y está siendo ahora mismo objeto de modificación. La Ley de Mecenazgo son básicamente incentivos fiscales. Si al mecenas no se le ofrecen incentivos fiscales se produce otra cosa que se denomina altruismo o filantropía”. Así daba paso Lassalle a un sistema de “micromecenazgo”, con el que el ciudadano podrá desgravarse el 75% de los primeros 150 euros que invierta en cultura. Lo que no explica es en qué consiste exactamente esa inversión: si hay que comprar un Tiziano, es muy pequeña. Si cuenta al comprar una lámina de cualquier ilustrador español en una exposición de arte, es enorme.

Además, se aumentará un 10% el porcentaje de desgravación para aquellas aportaciones que permanezcan durante 3 o más ejercicios consecutivos, por igual o superior cuantía, realizados a favor de un mismo beneficiario. Así se pasaría de un tipo general de deducción del 25% al 35% en el caso del IRPF y hasta el 40% en el caso del Impuesto de Sociedades.

Aunque este proyecto fue una de las primeras promesas en el programa electoral de Mariano Rajoy en materia cultural, las competencias se extienden en buena parte al Ministerio de Hacienda y, en menor medida, al de Justicia. “La iniciativa queda subsumida en la reforma fiscal, ese es su ámbito de regulación, ya que afecta al impuesto de sociedades y al impuesto sobre la renta”.

Este proyecto de Ley tenía como objeto definir un modelo de transición que acabase con las artes sustentadas por administraciones públicas. Para eso se necesitarían más incentivos fiscales que estimulasen a las grandes empresas a donar y reflotar este vapuleado sector. Gran parte del grueso de la comunidad cultural se ha manifestado esta mañana en contra de las políticas reunidas bajo el techo de la Ley Lassalle.

El Gobierno margina a las publicaciones de izquierda en la adjudicación de las subvenciones que otorga a empresas e instituciones para la edición de revistas culturales. El presupuesto destinado a estas partidas ha pasado de 1,6 millones de euros en 2012 a poco más de un millón este año, aunque no todas las beneficiarias han recibido menos dinero. El Ministerio defiende que la exclusión de algunas revistas se debe a los nuevos parámetros y sostiene que responden a “criterios objetivos”.

Las editoras de algunas revistas culturales dejarán este año de recibir las ayudas del Ministerio de Cultura. Es el caso de Temas, de la Fundación Sistema, próxima al PSOE; 'Actores', de la Asociación Cultural Unión de Actores; 'Ecología Política', de Icaria; o 'Raíces', revista judía de cultura que edita Libros de Sefarad, entre otras. Todas ellas recibieron subvenciones en 2012, año en que el departamento que dirige José María Lassalle cambió la concesión de las ayudas, que anteriormente se daban a través de suscripciones destinadas a las bibliotecas públicas.

El Ministerio de Cultura justifica la exclusión de estas publicaciones en los nuevos criterios que rigen la adjudicación y a la que suma el recorte presupuestario. “Si no se han concedido es porque no han conseguido los puntos suficientes para recibirlas”, señala un portavoz oficial que destaca que “no se trata de ninguna otra valoración, sino de criterios objetivos”.

El principal criterio para conceder las ayudas es el “interés cultural de las publicaciones” que valora la calidad de los contenidos y su aportación al acervo cultural común mediante la investigación, la crítica y el análisis, la relevancia sociocultural de cada revista dentro de su ámbito, en consideración a su prestigio e influencia, y su potencial proyección internacional, la calidad y cuidado en el diseño y producción editorial, su coherencia con los contenidos, y la configuración de una identidad propia y reconocible. También se tienen en cuenta la trayectoria y antigüedad, la periodicidad, el número de páginas y, como novedad, si tienen una edición digital.

En general, el recorte de 600.000 euros en las ayudas ha provocado un descenso en el importe que reciben las beneficiarias. No obstante, hay algunas como 'Cuadernos de Pensamiento Político', que edita FAES, u 'Occidente', de la Fundación Ortega y Gasset, que han incrementado sus ingresos. En ambas publicaciones ha sido colaborador el secretario de Estado de Cultura, José María Lassalle, responsable último de la concesión de estas subvenciones.

La Fundación Sistema ha denunciado, a través de una carta que firman 500 intelectuales y políticos de izquierdas enviada a Mariano Rajoy, el “agravio comparativo” que supone la exclusión de estas publicaciones respecto a otras “de carácter similar y de orientación diferente”. Entre los firmantes de la misiva se encuentran Elena Valenciano, Josep Borrell, Juan Carlos Rodríguez Ibarra, Cristina Narbona, Manuel Chávez, Enrique Múgica, Guillermo Fernandez Vara, Cayo Lara, Gaspar Llamazares, Nicolás Redondo, Cándido Méndez, Ignacio Fernández Toxo, entre otros.

Además, consideran que la decisión “rompe el consenso político establecido durante los años de la Transición para ayudar a publicaciones culturales y de pensamiento que mantuvieran una serie de requisitos de calidad, interés y difusión, sin exclusiones de ningún tipo por razones de carácter político, cultural o por su línea ideológica”.

El Ministerio de Cultura insiste en que no ha habido un sesgo ideológico en la concesión de las ayudas y señala que, en el caso de la revista Temas, obtuvo 46 de los 50 puntos exigidos. Respecto a que sea este año el primero en que no recibe subvenciones, el Gobierno explica que por primera vez “se daban cinco puntos por tener una edición digital y Temas no la tiene”.

Estaba allí el secretario de Estado Lasalle, que dijo, no sabemos a cuento de qué, que se comprometía a hacer todo lo que estuviera en su mano para salvaguardar la dignidad profesional de los creadores.

Vaya, no sabíamos que la dignidad profesional de los creadores estuviera amenazada. Suponemos que el secretario de Estado se refería a sus emolumentos, pero que le daba vergüenza decir esa palabra —emolumentos— tratándose de artistas, que viven, como todo el mundo sabe, del aire y de la espiritualidad que alimenta sus obras.

Dijo Lassalle en esa reunión: “La incertidumbre que atraviesa España ha puesto al filo del abismo a nuestro sector y nos ha empujado a replantear un modelo de política cultural que, en términos generales, se ha mostrado ineficiente, por otro más sostenible, participativo y plural”.

Lo primero que nos llama la atención es la sintaxis.

Lo segundo que nos sorprende es eso de “nuestro sector”. Este secretario de Estado no parece de derechas, parece un sindicalista hablando del sector del metal, del sector del carbón y el sector de la danza.

En tercer lugar resulta descorazonador que incluso para un secretario de Estado como este, con buenas intenciones y ningún poder real, el arte sólo sea valioso en términos sectoriales, es decir mercantiles.

Y por último: la incertidumbre que atraviesa España no ha empujado a nadie a hacer nada. Lo que se ha hecho se ha hecho porque se ha querido hacer. El replanteamiento del sector cultural, amigo Lasalle, ha sido una decisión política tomada desde una ideología que desprecia y teme a los artistas. La derecha en general no se ha llevado nunca bien con los artistas ni con esa clase de gente que ha desarrollado su propio criterio y que hace casi siempre lo que le da la real gana.