El viraje ultraconservador en una escuela concertada de Terrassa, en la provincia de Barcelona, mantiene en vilo desde hace más de un año a decenas de familias. Son al menos unos 290 padres y madres de la concertada Mare de Déu del Carme las que han denunciado que la nueva dirección pedagógica y administrativa ha llevado a cabo “un golpe de estado ideológico”, que ha provocado que en las clases afloren discursos católicos extremistas e incluso el revisionismo histórico franquista. 

La queja la hicieron pública antes de final del pasado curso mediante un manifiesto de la plataforma Recuperem el Karmel, según adelantó El País, pero también ante la Inspección educativa, que mantiene abierto un expediente al centro. El Departament de Educación ha constituido además una comisión de conciliación con el colegio para abordar el conflicto.

Desde que están los nuevos responsables en la escuela, se trata de la segunda vez que les abren un procedimiento de este tipo –según confirman fuentes gubernamentales a elDiario.es–, un mecanismo poco habitual y pensado para cuando hay indicios de incumplimiento de la normativa de conciertos. 

Entre los distintos motivos de queja por parte de las familias destacan los comentarios que aseguran haber presenciado los alumnos, sobre todo por parte de profesores contratados por la nueva dirección. “En vuestro libro de texto no mencionarán que Franco hizo cosas buenas por España”, “Primo de Rivera era el cirujano de hierro que España tanto esperaba”, “hay un infierno lleno de demonios, que tiene las puertas grandes y se abren cuando un niño se porta mal” –a alumnos de Infantil–, “Freddy Mercury se merecía morir de sida por ser gay”... Estas son algunas de las frases referidas por las familias.

Un directivo de los 'kikos' y más contenido religioso

El conflicto se desató después de que los dueños del colegio, los Carmelitas, pusieran el centro en manos de un representante de la titularidad, Nuno Pitta, que pertenece al movimiento ultracatólico Camino Neocatecumenal, conocido como los kikos. Además, ficharon como coordinador pedagógico a Lluís Seguí, con vínculos con Comunión y Liberación, y que cuenta con un pasado con quejas parecidas en otros centros, como el Liceu Politècnic de Rubí, donde docentes denunciaron en 2016 adoctrinamiento religioso. 

Estas familias, que describen la escuela Mare de Déu del Carme como tradicionalmente catalanista y con una visión abierta de la religiosidad, se pusieron también en alerta al conocer el ideario que Seguí propugna en entrevistas. “La dirección tiene que ser capaz de desarrollar hasta el último resorte el ideal cristiano de educación, que significa desde la importancia de las matemáticas en Primaria hasta cómo se plantea una excursión, o por qué una actividad extraescolar sí o no”, declaraba Seguí en enero en el canal de Youtube religioso A tiempo y a destiempo. 

Seguí critica que las escuelas cristianas en España han dejado la religión en segundo plano. “Han puesto a buenos gestores que les han garantizado la jubilación, que el colegio no cierre, pero en ese colegio no está Dios ni se le espera”, lamenta en esa entrevista. 

Esa penetración del discurso religioso conservador es el que aseguran estas familias que se ha producido en su colegio. “Esto se extrapola de forma sutil a las asignaturas, y donde antes una comprensión lectora en Lengua iba de cualquier tema, ahora el párrafo a analizar es de la Biblia”, señala una madre, que asegura que los cambios más evidentes se han dado en Secundaria. “Como los adolescentes están formando su personalidad, es cuando creen que pueden moldearlos mejor”, se queja. 

Denuncian incumplimiento de la carta de compromiso

Asimismo, aseguran que también el curso anterior aumentaron repentinamente las horas de misa en horario lectivo, con “genuflexiones” incluidas, algo impensable años anteriores. Y por ese motivo van más allá en su queja y aseguran que la escuela ha incumplido la carta de compromiso que firman los padres y madres cuando matriculan a sus hijos en el centro. En ese documento, las familias aceptan que la enseñanza de la religión católica se hace “desde un planteamiento fundamentado y crítico de la cuestión religiosa”, y sin imponer “asistencia a ningún acto religioso”. También dice la carta que se imparten las clases en catalán, algo que según estos padres y madres también se ha vulnerado con algunos de los docentes fichados. 

Sin embargo, desde la escuela niegan la mayor, y aseguran que estos padres y madres mienten y que están difamando el centro. Sin ir más lejos, han demandado a tres de las personas que han participado en esta campaña al considerar que han vulnerado el derecho al honor del centro mediante injurias. Ahora les piden 37.000 euros en concepto de indemnización. “Una escuela que demanda a las familias está rompiendo con el diálogo y pierde su sentido más profundo”, lamenta uno de los progenitores denunciados. 

Una portavoz del colegio asegura que los comentarios revisionistas históricos u homófobos atribuidos a sus docentes están, o bien sacados de contexto, o son directamente falsos. “Tenemos un departamento de compliance que investiga todo aquello que se sale de la gestión de la escuela y hemos constatado que esto no es cierto”, insiste sobre las frases recogidas por los alumnos. 

Esta representante del Mare de Déu del Carme niega que haya cambio ideológico alguno en el centro, aunque uno de sus responsables pertenezca a los kikos. “Hay más de 90 profesores, con distintos idearios, y esto no significa que el de la escuela vaya a cambiar”, insiste. “Somos cristianos, religiosos y carmelitas. Esto no ha cambiado en 80 años”. 

La escuela esgrime además un comunicado del personal docente y administrativo que niega imposiciones ideológicas y critica a las familias denunciantes. Pero estas últimas recelan de que ese documento cuente con el apoyo todo el profesorado, entre el que hay –dicen– miedo a represalias. Y ponen como ejemplo el despido en abril del que había sido durante años director de la escuela, que ha denunciado por despido improcedente. Ese cese, según la portavoz de la escuela, se debía, igual que la llegada de los nuevos responsables, a la necesidad de enderezar el rumbo de un centro que aseguran que estaba en declive académico. 

De Terrassa al Parlament

Con todo, el conflicto ha escalado a la Administración e incluso al Parlament de Catalunya. A raíz de conocerse este caso, la Cámara catalana aprobó una moción para introducir protocolos de detección e intervención “en casos de discursos de odio, adoctrinamiento ideológico o vulneración de derechos en las aulas”, así como la retirada inmediata del concierto en estos casos y si se difunden discursos “contrarios a los valores democráticos y constitucionales”. Propuesto por Comuns, el texto se aprobó con votos de PSC, Junts, ERC y la CUP. 

El Departamento de Educación, por su parte, tiene sobre la mesa al menos dos carpetas sobre este caso. Por un lado, el expediente abierto por Inspección, que sigue en marcha y por el que este inicio de curso se requirió más documentación al centro. Del otro, se ha constituido en octubre una comisión de conciliación formada por Educación, el titular del centro, y un representante del Consejo Escolar (en el que no están las familias críticas) para tratar de encauzar la situación. 

Fuentes conocedoras confirman que en 2024 la Administración abrió otra comisión de conciliación a la escuela, aunque por cuestiones relacionadas con unas escolarizaciones de alumnos. Estos procedimientos, nada habituales, se abren cuando hay indicios de hechos susceptibles de retirar un concierto y se quiere corregir la situación.

El CIO Mijas era hasta 2015 una escuela de hostelería y turismo y para el Ministerio de Empleo era “centro de referencia nacional en Formación Profesional”. La escuela, pagada con dinero público y equipada con lo mejor, acogió más de una vez charlas de alguna estrella Michelin, como Dani García, en un aula magna donde se grababa para televisión. Anexo a la escuela, había un hotel de cuatro estrellas con gimnasio, sauna y spa y piscina, donde los alumnos hacían sus prácticas. Hoy todo eso (hotel, escuela, spa, equipos informáticos, utensilios de cocina, ropa de hotel: todo) está abandonado y se degrada. Es como si nadie lo quisiera. Y a los cinco trabajadores del consorcio que formaban Junta de Andalucía (80% de participación) y Ayuntamiento de Mijas (20%) les adeudan 31 nóminas.

Eldiario.es/Andalucía ha comprobado el estado de las instalaciones y su interior, donde han quedado utensilios, materiales y mobiliario. Sobre las mesas de oficina, hay calendarios que marcan la fecha del comienzo del lío burocrático: septiembre de 2014.

A finales de 2013 la escuela dejó de recibir subvenciones; en marzo de 2014, se graduaron los últimos alumnos y en marzo de 2015 la jueza Mercedes Alaya ordenó a la Guardia Civil que registrara el CIO Mijas porque sospechaba que podría haberse cometido un fraude en la justificación de las subvenciones. Se le llamó Operación Barrado y en ella fueron detenidos María de la O Ustaran y José Gutiérrez, presidenta y director gerente de la Unión Temporal de Empresas que hasta entonces gestionaba el centro. La UTE estaba integrada por Asesoramiento Empresarial S.L.U. y Residencial Torrealmádena S.A. y por explotar el restaurante y el hotel se obligaba al pago de un canon anual que siempre compensó con las supuestas mejoras en las instalaciones.

Hace falta liquidación previa

En dos años nadie ha resuelto el embrollo administrativo que vino después. Eldiario.es/Andalucía ha tenido acceso a una sentencia reciente del TSJA que condena “subsidiariamente” al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía a pagar a una extrabajadora del consorcio por los salarios adeudados. José Sánchez Maldonado, consejero de Empleo, reiteró el pasado viernes que para pagar a los trabajadores e integrarlos en el SAE antes se debe liquidar el consorcio, algo que se lleva haciendo desde el 15 de mayo de 2015, cuando se aprobó a la disolución y se nombró a los liquidadores. La liquidación definitiva está pendiente de una reunión del Consejo General que se pospone desde hace meses.

Un portavoz de la consejería explica que está prevista la convocatoria de una reunión para esta misma semana. La situación recuerda al tortuoso proceso de liquidación e integración de las escuelas consorcio, que la Junta culminó a comienzos de 2016 después de tres años de indefinición administrativa. La administración autonómica siempre alegó que cambiaba el modelo porque la ley le obligaba a disolver los consorcios Administración autonómica-ayuntamientos. Fuentes de la Junta de Andalucía atribuyen el retraso con el CIO Mijas a que hubo que esperar a que se revirtiera la concesión a la UTE, que expiró en diciembre de 2015.

Las instalaciones y el equipamiento del CIO Mijas, con un coste total de más de 26 millones de euros (se invirtieron más de 40, incluyendo las actividades formativas), pierden valor y cinco trabajadores están al borde de un ataque de nervios porque nadie les paga sus nóminas desde noviembre de 2014. Algunos han sufrido episodios de ansiedad. “Eso pregúntaselo a mis amigos, a mi familia, a los bancos…”, responde Manuel Gallego cuando se le cuestiona de qué vive. Prefiere no contar mucho de su situación financiera. Él empezó a trabajar para el CIO Mijas desde que era un proyecto, en 2003. “Desde la caseta de obra”, dice. La obra se encargó a FCC y sólo levantar estos edificios hoy abandonados costó 21 millones de euros. Lo financió el Fondo Social Europeo, que también subvencionó muchas de las actividades formativas.

Pizarras electrónicas, aula magna para tv: 26,9 millones en obras y equipamiento

CIO Mijas ocupa 25.571 metros cuadrados de superficie, con 14.764 metros cuadrados construidos entre el centro de formación, la residencia de estudiantes y el hotel. Es algo parecido a un pequeño campus universitario: la residencia de estudiantes tiene 116 habitaciones individuales, muchas todavía con su póster de Andalucía, y una cancha de baloncesto, jardines hoy cubiertos de maleza y un comedor con cocina. El deterioro en el exterior empieza a ser visible.

Entre obras y equipamientos se invirtieron 26.953.040 euros, según los datos de los trabajadores. Si se suma el coste de la formación, aquí se invirtieron más de 40 millones de euros. Algunas instalaciones de la escuela, como el equipamiento audiovisual del aula magna, concebida como un plató de televisión, las abonó directamente el Ministerio de Empleo. Por ejemplo: sólo en el equipamiento y software del laboratorio de idiomas, el Ministerio se gastó 82.364 euros, de una aportación total de 684.000. El valor total del mobiliario ronda, según los trabajadores, los dos millones de euros.

En el interior todo está impoluto, porque los cerramientos son de calidad y no dejan pasar el polvo. Las 16 aulas están equipadas con pizarra electrónica, pantalla táctil y redes de conexión inalámbrica, hay un salón de actos para 300 personas con equipos de traducción simultánea, un aula magna con proyectores, equipos de sonido y grabación de primeras marcas y hasta un aula de enología, valorada en su día en 100.000 euros. La encimera del aula, tipo Corian, es de la más alta gama. Las placas solares costaron 160.000 euros, pero este invierno hacía frío: hace tiempo que el sistema no funciona y no hay para pagar la luz.

Unido a la residencia, el hotel cuatro estrellas con todo su equipamiento: ropa de cama, todo tipo de utensilios de cocina, cinco inmensas cámaras frigoríficas, tres cuartos fríos, hornos industriales y hasta máquinas para abrillantar copas, que se apilan en cajas sin abrir. Dos baños turcos, dos saunas, dos cabinas de masaje con el dispensador de jabón lleno, gimnasio con ping pong, vestuarios con suelo antideslizante. Y hay también un salón de actos modular para 352 personas con techos de seis o siete metros de altura. En julio de 2014 grabó un programa Masterchef Junior. En recepción ha quedado un ticket rosa con una comanda de febrero de 2015: “Entrecot”. Sin embargo, el último en disfrutar de una habitación fue un okupa, desalojado al día siguiente de tomar posesión. Tres patos, relajados junto a la piscina, reinan en el jardín.

Según los datos de los trabajadores, en las actividades de CIO Mijas participaron 53.296 personas de 2005 a 2013. Por la escuela pasaron en 2013, último año completo de actividad, más de 11.000 alumnos, y de ellos unos 1.000 participaban en los programas de formación para el empleo, cuya inserción laboral rondaba el 70%. Aquí se invirtieron millones y todo es patrimonio público. A la puerta del hotel aún se puede ver el distintivo de compromiso de calidad turística, “válido hasta 2015”.

En la recepción de la escuela hay ahora decenas de retratos apilados. Son los políticos que pasaron en su día a hacerse la foto. Sin embargo, ningún representante de la administración autonómica ni los liquidadores, nombrados por el consorcio, han visitado el centro desde diciembre de 2015, según los trabajadores. Han cobrado tres nóminas en tres años, gracias a la aportación para la liquidación que hizo el Ayuntamiento de Mijas. Con eso se pagó también la luz, que estuvo cortada durante meses y hoy sólo funciona en las oficinas.

Juani García y los otros cuatro trabajadores de CIO Mijas, personal laboral del consorcio hoy en liquidación, matan el tiempo desde hace meses. Apenas han tenido más trabajo que elaborar un extenso inventario que terminaron en agosto: “Venimos para no hacer nada. Y es duro venir para nada”.

La Cónsula está, desde este miércoles, integrada en el organigrama público. El BOJA publica el acuerdo de cesión global de sus activos y pasivos a la Agencia Servicio Andaluz de Empleo. El anuncio, un trámite administrativo más, no tendría la relevancia pública que tiene de no ser porque supone la culminación de un proceso burocrático que ha durado un año y cuatro meses. Nada se sabe de la situación de La Fonda, la otra escuela de hostelería de la provincia, y este martes Susana Díaz excluyó al CIO Mijas de la solución.

El Consejo Rector del antiguo consorcio de La Cónsula (integrado, hasta 2014, por la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Málaga) acordó el pasado 20 de enero ceder todos sus bienes y deudas al Servicio Andaluz de Empleo, pero el acuerdo estaba condicionado a que una auditoría externa aprobara el estado de las cuentas. Esto ocurrió el jueves, a última hora, y este miércoles 10 de febrero se publica el acuerdo firmado por la secretaria general de Empleo. Es oficial: La Cónsula se integra en la estructura de la administración pública autonómica.

Con la integración, las deudas de La Cónsula (que había dejado de recibir el género con el que trabajan los alumnos por los continuos impagos) las asume la Consejería y sus trabajadores pasan a ser empleados del SAE. Sin embargo, aún deben ser dados de alta en la Seguridad Social. Cumplido ese nuevo trámite, cobrarán su nómina de febrero, pero para ingresar las nueve anteriores deberán esperar a que el SAE examine en detalle las cuentas de la escuela, que tiene un pasivo superior a los cuatro millones de euros. La mayor parte de esa deuda es con la propia Consejería de Empleo, que exigía la devolución de subvenciones no justificadas a causa de una mala gestión. Otros deudores son el propio personal (docentes y administrativos), la Seguridad Social, Hacienda y los proveedores.

La Fonda, para la que se había trazado un itinerario y calendario similares, acumula un nuevo retraso. Se suponía que los auditores entregarían su informe el 29 de enero, pidieron una prórroga el 2 de febrero (como hicieron con La Cónsula) y aún se desconoce cuándo lo entregarán. El acuerdo de cesión fue aprobado y condicionado, como en el caso de la otra escuela, a que el informe de los auditores sea favorable.

Un proceso de un año y cuatro meses

La integración de La Cónsula en el esquema de entes públicos de la administración autonómica arrancó en octubre de 2014, hace algo más de un año. En este periodo, ha cambiado el ente de destino sin que se hayan explicado demasiado los motivos (de la APAEF al SAE), los más altos cargos han incumplido promesas y se ha hecho explotar la paciencia de alumnos y profesores: los primeros se encerraron en la Escuela, a los segundo se les adeudan nueve nóminas y llegó a pedírseles que continuaran las clases sin cobrar.

La última promesa incumplida fue que la integración estaría concluida el 29 de enero. “No me gusta echar flores, pero hemos resuelto en tiempo récord el último problema de La Cónsula”, dijo José Sánchez Maldonado, consejero de Empleo, en el Parlamento. Fue el 23 de enero, y dijo que esperaba que las clases empezaran el 1 de febrero. Sin embargo, los liquidadores, nombrados por la Junta de Andalucía, se enfrascaron en una disputa con los auditores y la propia Administración. Trabajadores de La Fonda fotocopiaban y enviaban documentos el 28 de enero, ya de noche, a los auditores, incapaces de coordinarse con los liquidadores. Ahora, el nuevo temor de profesores y alumnos es que las dificultades para aprobar una programación lectiva den al traste con todo el curso.

La Junta de Andalucía siempre ha defendido que el proceso de integración es complejo y debía hacerse con todas las cautelas y garantías legales, establecidas por un Decreto Ley de septiembre del año pasado.

El curso en los consorcios escuela se había prometido que comenzaría en octubre, pero el complicado proceso de integración de los mismos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha obligado a que el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ofrezca este jueves una nueva fecha: primer trimestre de 2016. Lo ha dicho durante su comparecencia parlamentaria para, entre otros asuntos, hablar de este proceso, y ha confirmado 137 de los 167 trabajadores de la red pertenecen ya al SAE y el 80% han cobrado ya sus nóminas.

La integración de estos 137 trabajadores en el SAE corresponde a los consorcios escuela que ya en noviembre de 2014 habían aprobado previamente su disolución. No obstante, en el caso de La Cónsula y la Fonda, ubicados en la provincia de Málaga, aún están pendientes de que finalicen su balance de liquidación para que sea auditado posteriormente, lo que permita proceder a cerrar los acuerdos de disolución y cesión global al SAE, así como integrar a sus trabajadores.

El consejero ha aclarado que espera que los dos se unan a los demás y cierren el proceso que les integre en el SAE “cuanto antes”. Pero ha advertido que este proceso se debe hacer con todas las garantías jurídicas y cumpliendo los requisitos establecidos en el decreto ley, como ha ocurrido en los casos de los otro ocho. Éstos son los que, según el consejero, tienen previsto realizar, antes de que finalice el año, una nueva convocatoria de acciones, que se desarrollará a lo largo del primer semestre de 2016, mientras se cierra la futura convocatoria de cursos de formación profesional para el empleo.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio anuncia que ya se han firmado varias resoluciones para integrarlos.

Esto permitirá, según José Sánchez Maldonado, la puesta en marcha de los cursos en los próximos meses.

El consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, ha anunciado este jueves en una comparecencia parlamentaria que el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) ha firmado varias resoluciones para asumir “con carácter inmediato” los consorcios escuela que ya han aprobado su liquidación y la cesión global a la agencia, resoluciones que está previsto que salgan publicadas en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) en los próximos días.

Las resoluciones supondrán también la aceptación de la cesión de los trabajadores, que desde ese momento serán dados de alta en la Seguridad Social como empleados del SAE y se normalizará así su situación laboral. Estas resoluciones van a permitir la puesta en marcha inmediata de las clases en los consorcios escuela de forma paralela a su integración, de tal forma que en el plazo de unos meses puede haberse culminado todo el proceso.

En concreto, son siete los que cuentan ya con resolución firmada: Consorcio Escuela de Hostelería de Cádiz; Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba; Consorcio Escuela de Madera de Encinas Reales (Córdoba); Consorcio Escuela Centro de Formación Albayzín (Granada); Consorcio Escuela de Hostelería de Islantilla (Huelva); Consorcio Escuela de Formación de Artesanos de Gelves (Sevilla); y Escuela del Mármol de Andalucía, en Almería. Restan otros tres, cuyas resoluciones se firmarán en breve, según ha añadido el consejero.

Éste ha recordado que todo el proceso de transición de los consorcios escuela al SAE es sumamente “complejo” y “no está exento de dificultades”, debido a que se deben cumplir distintos hitos necesarios para que todo se ajuste a la ley. Primero, por ejemplo, ha habido que aprobar la transferencia de crédito al SAE de 12,9 millones de euros para financiar la integración.

Profesores y alumnos de las escuelas de hostelería de La Cónsula (Málaga) y La Fonda (Benalmádena) y del CIO de Mijas volvieron a protestar este miércoles para exigir el pago de los salarios que adeuda la Junta de Andalucía y la culminación del proceso administrativo que debería integrarlos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Los diez profesores de La Fonda tienen siete nóminas pendientes de cobro, los de la Cónsula cinco y los del CIO, 14. En el caso de la Escuela de Hostelería de La Laguna (Jaén) y de la Escuela del Mármol de Fines (Almería) se acumulan impagos desde 20 y 16 nóminas, respectivamente. Las protestas se repetirán todos los miércoles hasta el pago de lo que se debe.

José Sánchez Maldonado, consejero de Empleo, aseguró el martes en 8TV que antes de pagar a “las personas a las que se debe dinero” deben solucionarse los problemas administrativos y aseguró que su departamento trabaja “a marchas forzadas”: “Estamos viendo si a final de año están todos ya plenamente integrados en el SAE y pueden cobrar”. Parecidas promesas han recibido los trabajadores del delegado del Gobierno en Málaga, José Luis Ruiz Espejo. Sin embargo, la incredulidad es absoluta. “Yo no quiero que me informen, sino que paguen mi nómina. Vamos para tres años con esta situación. Si la primera vez que me dan una fecha la cumplen me la creo, pero no es así”, lamenta Carmen Sánchez, representante de los trabajadores de La Fonda.

La Junta de Andalucía inició hace un año el proceso de disolución de los consorcios, pero sigue sin verse el final del laberinto administrativo. “Si no pueden solucionar los problemas de los ciudadanos, que lo digan. ¿Para qué queremos políticos, si no son capaces de solucionar los problemas? Para esto, váyanse a su casa”, protesta Jesús Camarero, cocinero en La Cónsula desde hace 22 años.

José Carlos Aguilera es el abogado que la Junta de Andalucía designó en enero para pilotar el proceso de liquidación de las escuelas malagueñas. “Es lamentable que hayamos llegado a esta situación, porque alguien no hace lo que tiene que hacer”, explicó. “Se ha hecho lo más complicado: el decreto-ley, la modificación presupuestaria con consignación de crédito de 12,9 millones de euros al SAE, un acuerdo parlamentario por unanimidad…”. El abogado calificó de “despropósito” la situación: “Es inexplicable, incomprensible. Tan injusto como lamentable. Es un daño gratuito como innecesario a alumnos a los que se impide su derecho a formarse y a los profesores porque no se les paga sus salarios”. Aguilera afeó la “falta de sensibilidad” de los responsables del SAE: “Era impensable que después de dar esos pasos [en alusión a las modificaciones normativas] no fuéramos a pagar a final de mes. Es el SAE el que tiene que explicar por qué estamos en esta situación. Pero no sabe, no contesta”.

María Luisa Vargas, portavoz de los 17 profesores de La Cónsula, advierte del riesgo de que la actividad del restaurante de la escuela se interrumpa por la falta de presupuesto. Los antiguos proveedores exigieron cobrar al contado para seguir suministrando género, y sólo la intervención del abogado liquidador permitió encontrar nuevos proveedores. La situación es aún más desesperada en el CIO Mijas, gestionado por una UTE cuyo contrato con la administración vence en diciembre. Sus trabajadores acumulan 14 nóminas impagadas. “Que paguen nuestros salarios y luego lo solucionen como lo tengan que solucionar. Los trabajadores no tenemos culpa de nada”, protesta Elio Zorat.

Un año de promesas incumplidas

Un año de promesas incumplidasLas promesas de resolución de los problemas de las escuelas consorcio se repiten desde hace ahora un año. En octubre de 2014 la Consejería de Empleo anunció un decreto ley para integrar las escuelas en la estructura de la administración autonómica. Se convalidó en noviembre, y contemplaba la asunción del personal en la Agencia Pública Andaluza para la Educación y la Formación (Apaef) y la aplicación de un mecanismo transitorio hasta que se liquidaran los consorcios. Tanto en diciembre de 2014 como en marzo de 2015 Susana Díaz prometió una solución definitiva y la recuperación de la normalidad. Sin embargo, en septiembre de este año, el plan cambió de un día a otro: la integración sería en el Servicio Andaluz de Empleo. Tampoco eso ha ocurrido.

Ninguno de los once consorcios se ha integrado en el SAE, aunque hay tres a los que se supone más avanzados: el de Albayzin, el de Gelves y el de Córdoba. Antes de la integración, sin embargo, debe aprobarse el balance final y el proyecto de cesión global de los activos y pasivos por el Consejo Rector de cada escuela, condicionados a su vez a la ejecución del presupuesto de liquidación. Y aquí está el bloqueo, porque la Junta de Andalucía no ha abonado su parte.

Los profesores de La Cónsula han cobrado las nóminas de septiembre y octubre porque el ayuntamiento de Málaga abonó 110.000 euros para liquidar su participación en el consorcio, establecida en el 20%. A la Junta de Andalucía le correspondería el 80% de ese presupuesto de liquidación. Con el dinero se pagaron dos nóminas y suministros básicos, pero para La Fonda ni el ayuntamiento ni la Junta han aportado nada, por lo que las nóminas impagadas son ya siete.

El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha aprobado este martes un decreto ley por el que los 10 consorcios escuela que han sobrevivido -eran 14- se integrarán en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE), lo que deberá garantizar su viabilidad y sacarlos de la crisis financiera y limbo legal en los que se hallan. “Es la solución definitiva para los consorcios escuela”, en palabras del portavoz del Gobierno de Andalucía, Miguel Ángel Vázquez, quien ha recordado que son casi 5.000 los alumnos que esperan el fin de la incertidumbre después de un curso perdido (no ha habido clases el último año en nueve de ellos), a lo que se une el impago de la nómina a sus trabajadores de hasta 18 meses en muchos casos.

Este proceso se inició en octubre de 2014 y ha sido calificado de “complejo” por el consejero de Empleo, Empresa y Comercio, José Sánchez Maldonado, quien hereda este caos de la Consejería de Educación, hasta el momento responsable de la formación para el empleo. Ha recordado que la situación se originó con las leyes de racionalización de las administraciones locales que aprobó el Gobierno de la Nación en los dos últimos años y que afectó directamente a estas estructuras por impedir que los consistorios participaran en este tipo de estructuras. Responde también a las recomendaciones de la Cámara de Cuentas de Andalucía que había apuntado varias irregularidades en su funcionamiento.

Previamente cada consorcio escuela deberá dar unos pasos: aprobar su disolución (tal y como se acordó en el Consejo de Gobierno del 21 de octubre de 2014), con la consiguiente valoración de sus activos y pasivos, y ratificar un proyecto de cesión global a favor del SAE. Esto implicará que tengan que intervenir en el proceso también las administraciones locales, que participan en minoría con la Junta de Andalucía en los mismos y que dejarán de hacerlo. Este proceso, según la consejería, está ya muy avanzado en algunos de ellos.

De igual modo, el coste por año de estos consorcios escuela ronda los 12 millones de euros, por lo que será necesaria una modificación presupuestaria, que se quiere llevar a Consejo de Gobierno la próxima semana. En cuanto a la deuda que heredará el SAE cuando asuma su gestión, todavía no está cuantificada, según el consejero.

Por otro lado, los servicios jurídicos de la consejería dirán cómo se procede en los casos de que haya financiación que los consorcios escuela no puedan justificar a la hora de la liquidación a la que están obligados, o sea, en los supuestos de subvenciones de la Junta de Andalucía que hubiera recibido -que era como funcionaban hasta el momento- y que no han destinado a los fines previstos, lo que investigan varios juzgados. De hecho, hasta la propia Junta de Andalucía les ha reclamado reintegros que superan los 50 millones de euros por incorrectas justificaciones de los expedientes de subvenciones, en un caso similar a lo ocurrido con los fondos de formación otorgados a empresas. El escollo puede estar en esto a la hora de su integración en el SAE, pero el consejero ha dicho que no espera que frene este proceso. Igualmente, ha garantizado que con él como responsable “no habrá ninguna irregularidad más”.

En paralelo, este decreto ley obligará a modificar el objeto y fines del SAE, que podrá gestionar los centros de formación para el empleo de este tipo. Igualmente, la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (Apaef) pasará a ser Agencia Pública Andaluza de Educación tras liberarse de esta obligación.

Una tramitación por urgencia

Por otro lado, el consejero ha defendido que la figura del decreto ley aprobada este martes y que debe ser convalidada por el Parlamento de Andalucía permite actuar con “urgencia” y que puedan iniciar el curso en las próximas semanas. Urge especialmente en una estructura cuyos trabajadores llevan meses sin cobrar la nómina (en algunos consorcios escuela más de un año). En total, suman una estructura de 167 trabajadores que pasarán a ser empleados del SAE, por subrogación de plantilla. El SAE, a su vez, deberá ponerse al día con sus nóminas.

El consejero ha dicho que el objetivo fundamental era mantener una red que ofrezca una formación especializada y adaptada a la demanda de la comunidad autónoma. Los primeros se pusieron en marcha en 1991 y desde entonces el nivel de inserción laboral ha sido cercano a un 90% con reconocidos prestigio. Sin embargo, los impagos de la Junta de Andalucía los habían dejado en una situación muy problemática y de hecho a estas alturas la mayoría no ha empezado ni el curso.

En este contexto, el PP-A ya ha anunciado que pedirá que se tramite como proyecto de ley. Su diputada Teresa Ruiz-Sillero ha confiado en que esta propuesta suponga “la solución definitiva al problema”. En una nota de prensa ha lamentado la “incompetencia” de la Junta de Andalucía con continuos cambios de responsabilidad en la materia.

Los consorcios escuela que asumirá el SAE son el Mármol en Fines (Almería), Hostelería en Cádiz, Joyería en Córdoba, Madera en Encinas Reales (Córdoba), Artesanía, Restauración y Rehabilitación de Patrimonio Histórico, Artístico y Cultural en Granada, Hostelería en Islantilla (Lepe, Huelva), Hostelería y Turismo en Puente Obispo (Baeza, Jaén), Hostelería en Benalmádena (Málaga), Artesanos de Gelves (Sevilla) y La Cónsula de Hostelería en Málaga, que es el único que ha tenido clases en el curso 2014-2015.

El 9 de septiembre los alumnos de segundo curso de la Escuela de Hostelería de La Cónsula (Málaga) están convocados para comenzar las clases. Si finalmente hay clases, las impartirán profesores a los que se adeudan cinco nóminas. No habrá prácticas porque no queda género. Si este miércoles hay clases en La Cónsula, será la primera vez en tres años que el curso empiece a tiempo, pero la tercera en tres años en que llegado septiembre todo cuanto rodea a La Cónsula y al resto de las antiguas escuelas consorcio esté dominado por la confusión y la incertidumbre administrativa. Hay profesores de algunas escuelas que acumulan 14 nóminas impagadas.

No hay dinero porque las partidas correspondientes a parte del curso 2013/2014 se agotaron en mayo y la solución transitoria quedó en el limbo. José Carlos Maldonado es el abogado designado por la Junta de Andalucía para coordinar e impulsar el proceso de integración de las tres escuelas malagueñas (La Cónsula, La Fonda y CIO Mijas) en la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación (APAEF). Maldonado asegura que su trabajo está terminado, pero ahora hay una nueva piedra en el camino: no es posible convocar a los consejos rectores u órganos de dirección de cada centro porque la Junta de Andalucía no ha nombrado a sus representantes. Esos órganos deben aprobar los balances de liquidación y un proyecto de cesión de activos y pasivos de cada escuela antes de que éstas pasen a depender de APAEF. El 3 de septiembre el abogado solicitó formalmente que la Consejería de Empleo realice los nombramientos.

Mientras no se produzca la decisión por parte de APAEF de aceptar o no la cesión de los activos y pasivos de cada escuela (lo que a su vez depende de que cada consejo rector apruebe el proyecto), éstas seguirán en tierra de nadie. Y, lo que es más importante en términos prácticos, sin una dotación económica que les permita pagar a sus trabajadores y proveedores e iniciar el curso con normalidad.

Según el abogado Maldonado, los cambios estructurales y de personal en la Junta ocurridos desde las elecciones autonómicas de marzo tampoco han ayudado a agilizar el proceso. Inicialmente se previó un convenio-puente que garantizara liquidez desde junio hasta octubre, cuando los liquidadores hubiesen culminado su tarea. Ese convenio se firmó el 16 de junio pero no fue ratificado por APAEF. Los cargos cesaron y todo quedó paralizado, sin dinero y a expensas de culminar la liquidación. “Una liquidación es compleja, sobre todo con unos consorcios que no se distinguen por tener sus estados financieros al día”, explica el abogado. Sin embargo, su tarea ya está concluida: el problema ahora es que no hay consejos rectores a los que presentar el trabajo.

Durante los últimos días incluso ha circulado la hipótesis, no confirmada oficialmente, de que finalmente no sea APAEF (una agencia dependiente de la Consejería de Educación) quien se haga cargo de la estructura de las escuelas, sino un ente de la Consejería de Empleo, de la que las escuelas dependen funcionalmente. Esto retrasaría nuevamente la solución. La Junta de Andalucía decidió la integración de las escuelas en APAEF en un decreto de octubre de 2014, cambió la denominación de la agencia y amplió su objeto y sus fines. La idea fue ratificada en el decreto que regula la estructura orgánica de la Consejería de Educación, de julio de este año. Por eso Maldonado no contempla otra posibilidad que la integración y seguir con el plan marcado: “No tiene sentido modificar una disposición legal cuando está establecido cómo debe procederse en esta transición”.

Años de incertidumbre y nóminas sin cobrar

Años de incertidumbre y nóminas sin cobrarLos trabajadores de las once escuelas llevan años atrapados en una maraña administrativa que se enreda invariablemente en el último hilo. Siempre surge otro nudo. Durante las últimas semanas, los llamamientos públicos de los profesores han ganado potencia. El director de la Escuela del Mármol de Fines (Almería) llegó a afirmar que la Junta practica la “esclavitud” con los trabajadores, a los que se adeudan 14 nóminas.

Los trabajadores de las once escuelas se reunieron este verano con representantes de los cinco grupos con representación en el Parlamento andaluz, que exigieron a la Junta de Andalucía el pago de las nóminas. La misma obligación elemental se contiene en el acta de finalización de un procedimiento iniciado ante el Sercla (el Sistema Extrajudicial para la Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía) por varios trabajadores de La Cónsula. En ese documento, de 18 de junio, se recoge el compromiso de que las nóminas se abonarían dentro de los primeros cinco días de cada mes. No ha ocurrido.

¿Por qué no llega una solución definitiva al problema con las escuelas de formación? ¿Cuál es la maraña burocrática tan inextricable que impide pagar a proveedores y trabajadores con normalidad y comenzar el curso cuando corresponde? ¿Qué hay tan complejo que no ha podido ser solventado en tres años? Los representantes de los trabajadores insisten en que están desesperados, atados a un trabajo en el que no cobran. E insisten: nadie les comunica nada.

La Junta de Andalucía responde a través de sus cauces oficiales que se trabaja sin descanso para auditar todos los consorcios, hasta ahora integrados por la administración autonómica y los diferentes municipios, y algunos con sombras de sospecha sobre su gestión. A comienzos de año, cuando aún dependían de la Consejería de Educación, se resaltaba el rigor de los exámenes. “No habrá excepciones”, se decía. Ahora se insiste en que se sigue trabajando en la solución. En julio se aseguraba que se trabajaba para que el curso empezara “normalmente” pero eso ya no parece posible.

Es el cuento de nunca acabar. Las escuelas de formación de la Junta de Andalucía han perdido un curso y al final del año académico 2014/2015 están donde estaban: en un limbo jurídico, con sus trabajadores sin cobrar y los alumnos sin la certeza de que el año que viene comenzarán las clases en octubre.

A los profesores y administrativos de las escuelas de hostelería de La Cónsula (Málaga) y La Fonda (Benalmádena) se les adeudan las nóminas de mayo, junio y la extra de julio. Otros están peor: 12 pagas se deben a los trabajadores de la Escuela del Mármol de Fines (Almería) y 16 a los de la escuela de hostelería de La Laguna (Baeza, Jaén).

Si no hay solución definitiva antes del viernes, los trabajadores (hay en torno a 200 entre los diez consorcios) prevén una concentración el próximo 17 de julio en Sevilla. Protestarán por la incapacidad de la Junta de Andalucía para resolver un problema que los vaivenes de competencias (de Empleo a Educación y vuelta a Empleo, previa adscripción a la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación –APAEF-) no han resuelto.

Manuel García, director general de Formación Profesional, se reunió el lunes con trabajadores de las escuelas malagueñas sin ofrecerles un calendario de pagos. Se preveía que la nueva estructura de las consejerías (primer paso antes de trasladar las escuelas de vuelta a Empleo) quedase perfilada tras el Consejo de Gobierno del martes, pero no fue así. Por eso, los trabajadores temen que la solución a los impagos, si llega, se retrase a después del verano.

“Han tardado tres años para pasarnos a Educación… Y ahora pretenden devolvernos a Empleo”, lamentan en la Escuela del Mármol de Fines (Almería). En marzo les abonaron las nóminas pendientes hasta agosto de 2014, con cargo a las subvenciones del curso 2013/2014. Y desde entonces, nada.

Demandas contra los consorcios, los ayuntamientos y la Junta de Andalucía

Demandas contra los consorcios, los ayuntamientos y la Junta de AndalucíaLa incertidumbre ha agotado a muchos. “Ya no está. Se fue hace una semana, no pudo resistir”, responden en Almería cuando se pregunta por el anterior representante sindical. Siete de los 24 trabajadores de esta escuela no siguen y casi todos los que quedan han presentado demandas para que se les reconozcan los salarios atrasados o para extinguir el contrato. Ya se han dictado dos sentencias: en una de ellas, el TSJA condena al consorcio a pagar los salarios atrasados y a la Junta de Andalucía como responsable subsidiaria.

Sin embargo, el criterio con la demanda presentada por 18 trabajadores de la escuela de La Laguna ha sido otro: el juez condena al consorcio, pero no a la Junta de Andalucía ni al ayuntamiento de Baeza. La liquidación de los consorcios y el paso de las escuelas a APAEF fue autorizado por el Consejo de Gobierno el 21 de octubre, hace casi nueve meses.

“Aún no se les ha pagado, ejecutarán y tendrán que embargar”, explica la fuente, a propósito de la sentencia favorable a los trabajadores. El embargo ya ha ocurrido en La Fonda, donde hace dos semanas una comisión judicial se presentó en la escuela para hacer inventario de bienes embargables con los que pagar a dos trabajadores que habían reclamado judicialmente: utensilios de cocina, ordenadores, mesas. En Fines, la maquinaria para tratar el mármol no pasa las revisiones desde hace más de un año. Y los trabajadores, en todas las escuelas (con la excepción de La Cónsula) llevan un año mano sobre mano, revisando programaciones y remitiendo documentación a la Consejería de Educación.

“Siempre te dicen que está a punto”

“Es desesperación y angustia. No se puede soportar más, son tres años así, cobrando una vez al año y no todo. Y yo tengo hijos, que comen todos los días. Y muchos tienen hipotecas que se están ejecutando”, lamentan desde Almería. Pepa Sánchez, representante de los trabajadores de La Laguna, expresa una “sensación de abandono” y Carmen Sánchez, de La Fonda, explica que los ánimos están “un poco derrumbados” y teme que la situación se enquiste nuevamente hasta septiembre.

De fondo, la sombra de sospecha de irregularidades en la gestión del dinero por parte de algunos consorcios, que deben justificar a posteriori todas las subvenciones recibidas durante los últimos años. En el caso de La Laguna, la Intervención de la Junta de Andalucía debe pronunciarse aún sobre la documentación justificativa de 2,5 millones de euros.

Todo el embrollo administrativo no ha impedido la apertura de los procesos de inscripción. El curso empezará entre septiembre y octubre, dice la administración. “Lo que nos dicen lo oímos ya en junio, y luego en septiembre. En noviembre nos dijeron que el 7 de enero, impepinablemente, empezaríamos a preparar el curso. Luego en abril: después de Semana Santa. Que ya estaba todo firmado y finalizado. Y volvimos a presentar documentos, y programación y solicitudes de alumnos y se quedó ahí”, relatan desde Almería. “Si hablas con la consejería siempre te dicen que está a punto: que mañana hay una reunión para desbloquear”. Pero tampoco: ante el inminente trasvase de competencias, este medio no pudo obtener información oficial de la Junta de Andalucía.

Las áulas de La Cónsula y de La Fonda están vacías y sus profesores, sin cobrar. Y aunque el consejero de Educación, Luciano Alonso, explicara este lunes que “confía” en que esta semana haya una solución, parece que eso no es suficiente, porque estudiantes y maestros de las dos escuelas de hostelería malagueñas invocan una larga lista de promesas incumplidas de la Junta de Andalucía. La más significativa de todas para ellos, la de la presidenta, Susana Díaz, que el 29 de diciembre aseguró que las clases comenzarían el 7 de enero con “total normalidad”. En La Cónsula no se imparten clases de cocina, ni hay limpieza desde que empezó el año, y sus profesores no han cobrado el mes de enero; en La Fonda no hay clases desde que terminó el curso pasado y a los profesores se les adeudan sus pagas desde julio de 2014. Esta mañana, los alumnos de La Cónsula han anunciado que emprenderán acciones legales contra la Junta de Andalucía y que no volverán a clase hasta que no se solucione el problema. Los trabajadores de La Fonda se concentraron ayer frente a la Delegación de Educación y ante la sede de Turismo Andaluz, donde estaba Alonso.

“Pueden decir lo que quieran, pero mientras la solución no sea real, no vamos a parar”, ha anunciado Miguel Romero, un alumno de segundo en La Cónsula, en respuesta a las palabras de Luciano Alonso. El consejero dijo este lunes que confiaba en que antes del viernes los servicios de Intervención General de la Junta de Andalucía dispongan de toda la documentación. La administración, inmersa en un cambio del modelo de gestión de las escuelas que fue aprobado en octubre, alega que necesita esos documentos antes de desbloquear los fondos, y que están aplicando las recomendaciones de la Cámara de Cuentas con el máximo rigor y transparencia. Los sucesivos retrasos amenazan con dar al traste el curso y sugieren que la Junta de Andalucía se enfrenta a una tarea burocrática tan compleja que no han podido solucionarla en seis meses. Los trabajadores de la escuela aseguran que entregan los papeles, pero que al cabo de unos días se encuentran con nuevos requerimientos. Entre los afectados ha empezado a cundir la idea de que los retrasos son una mascarada que oculta la intención de acabar con las escuelas.

El lunes fueron los profesores de La Fonda, a quienes se les debe nueve nóminas, quienes protestaron ante la misma puerta del lugar donde se encontraba el consejero. A comienzos de febrero se encerraron en la escuela, donde no se imparten clases desde el pasado curso. Cancelaron el encierro cuando recibieron la promesa de que en torno al día 15 habrían recibido su salario. No fue así. Según explican, les han pedido documentación que no les habían exigido hasta ahora. “No nos pueden dar un plazo y cuando vence, pedirnos nueva documentación. ¿Cada 15 días hace falta un papelito nuevo? Esa excusa nos la pueden poner para siempre”, lamenta Carmen Sánchez, su portavoz. “Al final de mes hay que pagar otra vez la hipoteca: ¿yo qué le digo al banco? ¿A qué esperan, a que nos embarguen la vivienda?”. Álvaro Calafat tiene 19 años y es alumno de segundo: “No puedo empezar a trabajar, porque no quiero dejar tirada a la empresa. Y así estoy desde que terminaron las prácticas. Tienes la ilusión de empezar el 12 de octubre, el 15 de noviembre, el 7 de enero, el 15 de febrero… Y nada”, dice, enumerando todas las fechas de inicio de curso frustrado. “Y ya no te lo crees”.

Sin limpieza en La Cónsula desde el 31 de diciembre

En La Cónsula no hay clases prácticas porque desde el 31 de diciembre no hay servicio de limpieza. Los alumnos han comenzado una huelga, que mantendrán hasta que se les ofrezca una solución “real”, y han anunciado que recurrirán a la vía judicial, ante el incumplimiento de la programación y los daños y perjuicios que sufren, en especial aquellos que han renunciado a trabajos o tienen que desplazarse desde sus municipios para vivir en Málaga. Según Conchi Rando, la alumna que ha actuado de portavoz, la higiene es “deplorable” y hay desperfectos en las instalaciones. La concesión expiró y no se ha renovado, de modo que los alumnos han limpiado desde entonces. Los profesores de esta escuela recibieron sus salarios atrasados en diciembre, pero ahora vuelve a adeudárseles la paga de enero. “Los fondos no aparecen, no tenemos director [el director en funciones es el jefe de estudios] y no se informa a los profesores”, ha lamentado Miguel Romero, un alumno de segundo.

Rando ha recordado que Susana Díaz prometió que la escuela abriría “con total normalidad” el 7 de enero: “Nos ha vuelto a engañar”. Luego ha enumerado las fechas en las que se esperaba esa vuelta a la normalidad: 31 de enero, 10 de febrero y ahora, principios de marzo. Su alegato ha terminado de forma contundente: “Los alumnos exigimos a la señora Díaz Pacheco el cumplimiento de su palabra de forma inmediata”. Acusan a la Junta de Andalucía de intentar apaciguarlos. A partir de ahora, han anunciado, van a hacer ruido hasta obtener una solución y no una promesa.

En la escuela de hostelería de La Fonda, en Benalmádena (Málaga), ya no se puede llamar por teléfono ni hay conexión a Internet. Han cortado la línea por impago, así que los trabajadores se llevan la documentación en un disco extraíble y desde su casa se la envían a la Junta de Andalucía, de la que dependen.

Desde octubre del año pasado la Consejería de Educación les exige esos documentos, justificantes de subvenciones pasadas, para empezar el curso y pagarles sus nóminas, pero los doce trabajadores de la escuela llevan desde junio sin cobrar y dar clases. La Junta de Andalucía les adeuda nueve nóminas, suficiente para quebrar cualquier economía familiar.

Ellos, que tienen hipotecas e hijos y superan en muchos casos los cuarenta, han pedido dinero a amigos, a los padres, a familiares. “Llega un momento que te da vergüenza pedir”, explica Carmen Sánchez, la delegada sindical que hace de enlace con la administración. Les prometieron una solución antes del 15 de febrero, pero las promesas incumplidas producen desconfiados, así que piden un compromiso por escrito, y entre tanto, diez de ellos se han encerrado en la escuela.

En la secretaría hay dos colchones inflables individuales, apoyados discretamente sobre una pared. También varias maletas recogidas. Menos las ojeras, no hay más rastro de que en este cuarto hayan pasado la noche tres personas. El aspecto del lugar sigue siendo el de una secretaría de un centro docente, pero sin alumnos. Así lleva siendo desde que terminó el pasado curso. Los profesores acuden al trabajo, pero aquí nadie tiene nada que hacer, salvo los administrativos, que deben preparar la documentación que solicita la delegación de Educación. Así que a veces han formado cadenas con los propios profesores de cocina para agilizar el trabajo de fotocopiar y enviar papeles, su único cometido. Se sienten infrautilizados “con dinero público”, resalta Carlos Quirós, uno de los profesores. “Cuando lo que queremos es trabajar”, remacha Carmen Sánchez

El curso debería haber empezado en octubre, pero la Junta de Andalucía pidió a todas las escuelas consorcio la justificación de subvenciones pasadas, que habían sido criticadas en un informe de la Cámara de Cuentas de 2013. Mientras no se justifiquen, no se abonarán nuevos pagos. Como en otros consorcios, los trabajadores sienten que cargan el peso de los errores de otros. “Estamos pagando la falta de profesionalidad de los cargos de responsabilidad que había entonces. Yo no he justificado mal. Había alguien encargado de justificar. ¿Por qué no les piden explicaciones a ellos?”, se pregunta Sánchez, que también se responde: “Porque es más fácil cargar contra los trabajadores”.

El gobierno autonómico anunció, además, el cambio de modelo de gestión de las escuelas consorcio y su aplicación desde el 7 de enero. Llegado diciembre, la Junta de Andalucía justificó en diciembre el retraso en la reapertura de la Fonda porque el ayuntamiento de Benalmádena, la otra parte integrante del consorcio que debía disolverse, tardaba en hacerlo. Pero la disolución se aprobó en Pleno de 2 de enero, y desde entonces, nada se ha avanzado. “Ha pasado un mes: si alguien tiene interés en esto, debería concretar una fecha”, razona Carmen Sánchez.

“Parece que improvisan. A estas alturas alguien debería saber cuándo se va a pagar, y si los alumnos van a empezar en tal fecha o no van a empezar”, lamenta la delegada. El 13 de enero remitieron la última remesa de documentación, según ellos, sin respuesta. Lo enviado hasta ahora no ha sido suficiente, aunque los trabajadores explican que les hacen remitir la misma información bajo diferentes formas.

El miércoles se plantaron en la Delegación Provincial de Educación a protestar. Les hicieron subir a un despacho, y allí les prometieron una solución “antes del 15 de febrero”. Nada por escrito, así que no se fían. Se quejan de una ristra de retrasos y excusas. Cuando comprobaron que tampoco cobrarían la nómina de este mes decidieron encerrarse. Acumulan nueve nóminas sin cobrar, pero los trabajadores de la escuela del mármol de Almería acaban de comunicar un nuevo récord entre las escuelas consorcio de la Junta de Andalucía: 14 nóminas.

En La Fonda hay 56 alumnos inscritos, muchos en segundo curso, a medias de su formación. Dos de ellos retiraron la matrícula este lunes. La Fonda (21 años desde su apertura) es una especie de “hermana pequeña” de La Cónsula y no recibe la atención de la escuela malagueña. “Nos dijeron que tuviéramos paciencia, pero esto merma mucho…”, lamenta Mercedes Robles, una trabajadora. No saben qué más hacer y se quejan de que solo recibieron la visita de los mandos del ayuntamiento, gobernado por el PP, cuando colgaron una pancarta criticando al PSOE. “No sé cuál es la sensibilidad de los políticos. Somos personas… ¿Solo les interesa el voto?”.

Un trimestre es una tercera parte del curso escolar. Un trimestre después, los 44 alumnos de primer curso de la Escuela de Hostelería de La Cónsula recibieron sus primeras clases. Durante estos tres meses, algunos pensaron que el momento de abrir los libros y ponerse a los fogones no llegaría; muchos han pagado un alquiler porque no tenían residencia en Málaga; otros dejaron un trabajo. La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, había anunciado el pasado 29 de diciembre que las clases empezarían “con total normalidad” el 7 de enero. Comenzaron el jueves 8, y la falta de servicio de limpieza, de material y de comida les impide, de momento, recibir clases de cocina. Faltan profesores, el trimestre perdido no se recuperará y las prácticas están en el aire. En el resto de escuelas de formación profesional no hay actividad y no se sabe cuándo la habrá, aunque Educación asegura que será cuando justifiquen las subvenciones recibidas. Hay profesores a los que se les adeudan diez mensualidades.

Los alumnos de primero, que debían haber comenzado el curso el 22 de septiembre, se presentaron el miércoles por la mañana en La Cónsula. No estaban convocados. Ni la escuela ni la Delegación de Educación les habían comunicado nada, pero ellos habían leído unas declaraciones de la presidenta en las que anunciaba que el miércoles 7 de enero empezarían las clases. “Hemos venido por nuestra cuenta”, decía Beatriz González, que se temía una nueva decepción.

Es alumna de primero, viene de Cabra (Córdoba), rechazó renovar un trabajo que ocupó durante el verano y alquiló un piso en Málaga. A las 9.30, el jefe de estudios reunió a los chicos, les anunció que las clases empezarían al día siguiente y les mostró las instalaciones. Así que de ese encuentro salieron aliviados. El jueves recibieron sus primeras clases teóricas.

Ahora se les plantean otras dificultades: los meses perdidos no se trasladarán a final de curso, de modo que el fin de su formación está previsto para julio de 2016. Tampoco hay certeza de qué ocurrirá con las prácticas, inicialmente programadas para los meses de verano. “Evidentemente, ahora tenemos un retraso en nuestra formación…”, lamentaba González. No habrá clases prácticas en cocina, de momento, porque no hay servicio de limpieza. Y faltan profesores, aunque la dirección del centro anticipó que esa carencia se solucionará durante esta semana. Los alumnos de segundo sí iniciaron el curso en septiembre.

Cambio de sistema

La Cónsula es la única de las 11 escuelas de formación profesional de la Junta de Andalucía que funciona actualmente. Todas están en proceso de transición a un nuevo sistema, que debía ser aplicable desde este mes. El modelo implica la disolución de los consorcios, en los que hasta ahora participaba la Junta con los municipios, y que los centros dejen de depender de subvenciones anuales. El viejo sistema había sido criticado con dureza por la Cámara de Cuentas en un informe de enero de 2013. En abril de ese año las competencias de formación profesional pasaron de la Consejería de Empleo a la de Educación, que a mediados de 2014 anunció que las escuelas y su personal pasarían a depender de la Agencia Pública Andaluza de Educación y Formación, un nuevo nombre (y forma jurídica) para el antiguo ISE.

Sin cobrar

La lentitud en la aplicación del cambio administrativo está desesperando a profesores y alumnos. Llegado enero los centros siguen inactivos (a excepción de La Cónsula) y varios de ellos acumulan meses de impago de las nóminas y a los proveedores. Los 19 trabajadores de la Escuela del mármol de Almería aseguran que cobraron su último salario en febrero de 2014 y que también se les adeudan tres pagas extras. Acuden a trabajar a diario, pero sin alumnos ese trabajo tiene poca o ninguna eficacia. “Se supone que adelantamos trabajo adaptando la programación, pero probablemente no valga para nada porque no nos han dado la oferta formativa. Es trabajar por trabajar”, revela Antonio Romero, su delegado sindical. A los trabajadores que no cobran, la cuestión burocrática les desespera: “Estamos hartos de que nos hablen de competencias, traspasos de una consejería a otra o incluso a otra agencia”.

El 18 de diciembre, Educación anunció que ingresaría parte de las subvenciones pendientes a la Escuela de Hostelería de Cádiz, la Escuela de la Madera de Encinas Reales de Córdoba, el Consorcio Escuela de Joyería de Córdoba, el Consorcio Escuela de Artesanos de Gelves de Sevilla, el Centro de Artesanía, Restauración y Rehabilitación del Patrimonio Albayzin de Granada, el Consorcio Escuela de Hostelería de Islantilla de Huelva y el Consorcio Escuela de Hostelería La Cónsula de Málaga, una vez verificado el estado de sus cuentas. El ingreso debería servir para saldar las cuentas con los trabajadores.

De momento, ha confirmado el pago a las escuelas de Cádiz, Gelves, Islantilla, Encinas Reales y Granada. Pero en la Escuela de Hostelería de La Fonda (Benalmádena) llevan siete meses sin cobrar sus salarios, el Centro de Industrias del Ocio de Mijas sigue paralizado y debe rescindir el contrato con la empresa que lo gestionaba y la Escuela de Hostelería de Baeza es el ejemplo paradigmático de la incertidumbre: cerró el hotel, el restaurante y el spa que gestiona. Sus trabajadores no cobran sus salarios desde abril, aunque el jueves recibieron de la delegada de Educación la promesa de que se agilizarán sus expedientes.

Retomarán la actividad “progresivamente”

Fuentes de la Consejería de Educación explican que las escuelas retomarán su actividad “progresivamente”, conforme queden fiscalizadas “al 100%” las subvenciones recibidas hasta ahora, según los nuevos criterios. Aplican las recomendaciones de la Cámara de Cuentas. Sin excepciones, recalcan. Es aquí donde han surgido los problemas. “Es surrealista”, lamenta Romero; “justificamos de 2007 a 2012 según lo que ellos nos decían. Con sus condiciones. Ahora retroactivamente Educación nos dice que hemos justificado mal, como si nosotros fuéramos delincuentes... ¿Cómo vamos a devolver un dinero de una subvención que hemos gastado y justificado?”. Romero asegura que los requerimientos de justificación les llegan periódicamente, lo que alarga un proceso al que no se ve final; también, que Educación rechaza gastos como los seguros de coches y furgonetas o la mutua de los trabajadores.

Hay otra queja, coincidente con la de los alumnos de La Cónsula: el “silencio absoluto” por parte de las autoridades. “No cobramos y nadie dice nada”. Teóricamente, deberían convertirse en personal laboral de la nueva agencia, pero eso no puede ocurrir mientras no queden disueltos los consorcios (previa publicación en el BOJA), lo que de momento no ha ocurrido. “No sabemos ni cómo estamos: ni disueltos, ni nos han pagado…”. La maraña burocrática tiene enredados a profesores y alumnos, mientras la Junta pide más papeles para la fiscalización recomendada por la Cámara de Cuentas.