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Los trabajadores de La Cónsula, La Fonda y CIO vuelven a denunciar el impago de sus nóminas

Acumulan cinco, siete y 14 impagos, mientras que otras escuelas llegan ya a los 20: "Si no pueden solucionar los problemas de los ciudadanos, que lo digan"

El consejero de Empleo prevé para "final de año" la integración definitiva en el SAE, iniciada por un decreto-ley de octubre de 2014

El abogado-liquidador califica la situación de "despropósito" y acusa al SAE de "falta de sensibilidad"

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La Cónsula, La Fonda y CIOMijas se concentran en Málaga para exigir a la Junta el pago de las nóminas

Trabajadores y alumnos de La Cónsula, La Fonda y CIO Mijas, el miércoles en Málaga

Profesores y alumnos de las escuelas de hostelería de La Cónsula (Málaga) y La Fonda (Benalmádena) y del CIO de Mijas volvieron a protestar este miércoles para exigir el pago de los salarios que adeuda la Junta de Andalucía y la culminación del proceso administrativo que debería integrarlos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE). Los diez profesores de La Fonda tienen siete nóminas pendientes de cobro, los de la Cónsula cinco y los del CIO, 14. En el caso de la Escuela de Hostelería de La Laguna (Jaén) y de la Escuela del Mármol de Fines (Almería) se acumulan impagos desde 20 y 16 nóminas, respectivamente. Las protestas se repetirán todos los miércoles hasta el pago de lo que se debe.

José Sánchez Maldonado, consejero de Empleo, aseguró el martes en 8TV que antes de pagar a "las personas a las que se debe dinero" deben solucionarse los problemas administrativos y aseguró que su departamento trabaja "a marchas forzadas": "Estamos viendo si a final de año están todos ya plenamente integrados en el SAE y pueden cobrar". Parecidas promesas han recibido los trabajadores del delegado del Gobierno en Málaga, José Luis Ruiz Espejo. Sin embargo, la incredulidad es absoluta. "Yo no quiero que me informen, sino que paguen mi nómina.  Vamos para tres años con esta situación. Si la primera vez que me dan una fecha la cumplen me la creo, pero no es así", lamenta Carmen Sánchez, representante de los trabajadores de La Fonda.

La Junta de Andalucía inició hace un año el proceso de disolución de los consorcios, pero sigue sin verse el final del laberinto administrativo. "Si no pueden solucionar los problemas de los ciudadanos, que lo digan. ¿Para qué queremos políticos, si no son capaces de solucionar los problemas? Para esto, váyanse a su casa", protesta Jesús Camarero, cocinero en La Cónsula desde hace 22 años.

José Carlos Aguilera es el abogado que la Junta de Andalucía designó en enero para pilotar el proceso de liquidación de las escuelas malagueñas. "Es lamentable que hayamos llegado a esta situación, porque alguien no hace lo que tiene que hacer", explicó. "Se ha hecho lo más complicado: el decreto-ley, la modificación presupuestaria con consignación de crédito de 12,9 millones de euros al SAE, un acuerdo parlamentario por unanimidad…". El abogado calificó de "despropósito" la situación: "Es inexplicable, incomprensible. Tan injusto como lamentable. Es un daño gratuito como innecesario a alumnos a los que se impide su derecho a formarse y a los profesores porque no se les paga sus salarios". Aguilera afeó la "falta de sensibilidad" de los responsables del SAE: "Era impensable que después de dar esos pasos [en alusión a las modificaciones normativas] no fuéramos a pagar a final de mes. Es el SAE el que tiene que explicar por qué estamos en esta situación. Pero no sabe, no contesta".

María Luisa Vargas, portavoz de los 17 profesores de La Cónsula, advierte del riesgo de que la actividad del restaurante de la escuela se interrumpa por la falta de presupuesto. Los antiguos proveedores exigieron cobrar al contado para seguir suministrando género, y sólo la intervención del abogado liquidador permitió encontrar nuevos proveedores. La situación es aún más desesperada en el CIO Mijas, gestionado por una UTE cuyo contrato con la administración vence en diciembre. Sus trabajadores acumulan 14 nóminas impagadas. "Que paguen nuestros salarios y luego lo solucionen como lo tengan que solucionar. Los trabajadores no tenemos culpa de nada", protesta Elio Zorat.

Un año de promesas incumplidas

Las promesas de resolución de los problemas de las escuelas consorcio se repiten desde hace ahora un año. En octubre de 2014  la Consejería de Empleo anunció un decreto ley para integrar las escuelas en la estructura de la administración autonómica. Se convalidó en noviembre, y contemplaba la asunción del personal en la Agencia Pública Andaluza para la Educación y la Formación (Apaef) y la aplicación de un mecanismo transitorio hasta que se liquidaran los consorcios. Tanto en  diciembre de 2014 como en  marzo de 2015 Susana Díaz prometió una solución definitiva y la recuperación de la normalidad. Sin embargo, en septiembre de este año, el plan cambió de un día a otro: la integración sería en el Servicio Andaluz de Empleo. Tampoco eso ha ocurrido.

Ninguno de los once consorcios se ha integrado en el SAE, aunque hay tres a los que se supone más avanzados: el de Albayzin, el de Gelves y el de Córdoba. Antes de la integración, sin embargo, debe aprobarse el balance final y el proyecto de cesión global de los activos y pasivos por el Consejo Rector de cada escuela, condicionados a su vez a la ejecución del presupuesto de liquidación. Y aquí está el bloqueo, porque la Junta de Andalucía no ha abonado su parte.

Los profesores de La Cónsula han cobrado las nóminas de septiembre y octubre porque el ayuntamiento de Málaga abonó 110.000 euros para liquidar su participación en el consorcio, establecida en el 20%. A la Junta de Andalucía le correspondería el 80% de ese presupuesto de liquidación. Con el dinero se pagaron dos nóminas y suministros básicos, pero para La Fonda ni el ayuntamiento ni la Junta han aportado nada, por lo que las nóminas impagadas son ya siete.

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