El Ayuntamiento de Sevilla da luz verde a construir un bloque de ocho plantas entre edificios de un barrio “masificado”

El Ayuntamiento de Sevilla ha aprobado inicialmente el estudio de ordenación urbanística que permitirá construir un bloque de ocho plantas de vivienda protegida en el barrio de Santa María de Ordás, en el distrito Macarena. El proyecto ha causado un fuerte rechazo vecinal en el entorno, donde los residentes preparan alegaciones para intentar frenar una actuación que califican de “aberración urbanística”, por cómo alterará la fisionomía de la zona.

La intervención proyectada plantea elevar la altura máxima allí permitida, pasando de edificios de cinco plantas a uno de ocho, que irá encajado en medio de una parcela de unos 2.600 metros cuadrados. Actualmente, este solar, de propiedad privada y uso dotacional, se utiliza en parte como viario –conformando la calle Santa María del Robledo– y el resto como aparcamiento por parte de los vecinos de los barrios colindantes.

La construcción en este espacio se ampara en el decreto-ley de medidas urgentes en materia de vivienda, impulsado por la Junta de Andalucía hace un año, que permite edificar vivienda protegida en suelos dotacionales privados que estén vacantes. Merced a esta normativa, se podrá aplicar en este solar el uso alternativo residencial con viviendas protegidas en régimen de alquiler, destinando casi la totalidad de este espacio a nuevos pisos, con una densidad de una vivienda por cada 70 m² construidos, según recoge el estudio de detalle al que ha tenido acceso este periódico.

Quienes habitan el barrio aseguran “no dar crédito” a que se pueda construir un edificio en una zona ya saturada poblacionalmente y deteriorada. “Son edificios de los años 70, las esquinas de algunos de ellos están actualmente soportadas por grandes grapas porque tienen grietas, hay tres torres con problemas en los cimientos... no sobrevivirían a otra construcción más y menos a una distancia de tres metros y con el peso de un bloque de ocho plantas”, alerta Cristina Fajardo, la portavoz de la intercomunidad, que agrupa a unos 500 propietarios.

Ante el temor a que no resistan las estructuras y al impacto que este proyecto puede causar en su calidad de vida, los vecinos han comenzado a movilizarse para aunar fuerzas contra de lo que consideran “otro intento de especular con el suelo de Sevilla”. “Pretenden aumentar la densidad poblacional en una zona ya masificada y sin servicios primarios a costa de hundir a cientos de familias”, denuncia la representante vecinal, contando con el respaldo de decenas de residentes que se han congregado por primera vez este miércoles para coordinar el plan de acción a seguir en adelante.

Tras su aprobación inicial en la Junta de Gobierno local del pasado 13 de febrero, el estudio de detalle se encuentra actualmente en fase de exposición pública durante un plazo de 20 días para la presentación de alegaciones. Fuentes municipales indican que la parcela es privada y edificable desde 2006, cuando se aprobó el PGOU vigente, y que la intervención actual no modifica el índice de edificabilidad previsto entonces.

Pérdida de aparcamientos y de zonas verdes

El Gobierno municipal defiende que “la propuesta actual mejora las condiciones urbanísticas previstas inicialmente”, al aumentar las separaciones con los edificios existentes. Según el expediente consultado por este medio, el estudio de arquitectura del proyecto fija una distancia mínima de tres metros entre edificios y contempla unas 46 plazas de garaje subterráneo en el bloque de ocho plantas de altura.

A ojos de los vecinos, la consecuencia es “encarcelarnos en nuestros hogares”, al construir a escasos metros de sus viviendas, llegando incluso a tapiar algunas de las salidas de los edificios existentes. “Desde nuestras cocinas veremos un muro de ladrillo”, afirma Cristina Fajardo, quien recuerda que un porcentaje importante de quienes viven en la zona son personas mayores con dificultades de movilidad, que “solo ven la luz y les da el aire porque se asoman a sus balcones”.

Otro de los problemas a los que se enfrentan es la pérdida de más de 120 plazas de aparcamiento, que, según los vecinos, “no cubren ni el 5% de las necesidades que hay en la zona”. Fajardo recuerda que, desde los años 70, se han propuesto proyectos para construir garajes para atender la principal demanda vecinal y nunca han salido adelante. “Siempre que han intentado construir en la zona lo han rechazo porque no aguantarían los cimientos”, explica la representante de los vecinos.

Desde el Ayuntamiento, por su parte, se aclara que el aparcamiento actual no es público ni regulado, sino un uso tolerado de la parcela privada que todavía no se había desarrollado. “Con el nuevo proyecto se contemplan varias plantas de aparcamiento, tanto para los residentes de las nuevas viviendas protegidas como para vecinos del entorno, ayudando a aliviar la presión existente”, afirman fuentes municipales.

Asimismo, el Gobierno local subraya que la actuación incluye cesiones obligatorias al Ayuntamiento, como ocurre en cualquier desarrollo urbanístico, incluyendo nuevas zonas verdes y espacios públicos que estarán disponibles para todos los vecinos. No obstante, el estudio de detalle reconoce la “imposibilidad física” de reservar los 552 m² de dotaciones locales que corresponden a equipamientos comunitarios y zonas verdes en la parcela, y plantea sustituir este requisito por alguna de las fórmulas previstas en la normativa.

La intercomunidad, que agrupa a unas 500 familias, prepara alegaciones con el asesoramiento de un abogado urbanístico. Los vecinos no descartan acudir a la vía judicial si finalmente el planeamiento se aprueba de forma definitiva. “No nos vamos a quedar de brazos cruzados ante esta aberración”, advierte la representante vecinal, secundada con aplausos por el resto de vecinos.