Les diverses onades d'externalitzacions dutes a terme durant la crisi han passat una important factura a la imatge que tenen els catalans sobre la gestió pública. Només el 24% d'ells consideren avui que els serveis públics gestionats per empreses privades funcionen millor. No obstant això, en 2011, els qui els creien millors arribaven al 31,7%. A l'altre costat, ara són el 28,8% els que asseguren que els serveis externalitzats funcionen pitjor, gairebé 10 punts més dels que ho pensaven el 2011.

Aquestes són les dades que llança l'enquesta sobre la percepció de polítiques públiques del CEO de la Generalitat, publicada aquest dijous, que, a més de mostrar un important gir de l'opinió pública contra l'externalització de serveis, detecta que els ciutadans donen molta importància als serveis públics i un alt nivell de satisfacció amb la gestió que en fa la Generalitat.

Per àrees, la que més catalans consideren que afecta la seva vida més directament és la sanitat, seguida per la seguretat ciutadana i el medi ambient. Les actuacions en matèria econòmica, que copava el tercer lloc tant en l'enquesta de 2014 com en la de 2011, es desplomen aquest any fins al novè.

Conseqüentment amb aquestes opinions, la sanitat és el primer servei que els catalans blindarienn davant les retallades pressupostàries. El següent són les pensions. D'haver de treure la tisora, un de cada tres catalans ho faria en l'habitatge de protecció oficial i, en segon lloc, en les beques educatives.

La imatge de la Generalitat com a administració millora de forma clara en els últims anys. Més de la meitat dels catalans consideren que funciona de manera positiva o molt positiva, mentre que menys del 25% diuen que ho faci de forma negativa o molt negativa. Fa sis anys els dos grups estaven gairebé empatats, entorn del 37% de la població.

El que els catalans més valoren de la seva administració autonòmica és la seva gestió en infraestructures i en transport públic. Les que menys, les relacionades amb la política laboral: lluita contra la temporalitat i l'atur.

Com a conseqüència de les valoracions en els assumptes concrets, la nota global que els ciutadans posen a l'Executiu de JxSí obté un 5,5, superant la barrera de l'aprovat que traspassava ni en 2014 ni en 2011. El 72,2% dels catalans posa al Govern puntuacions aprovades, entre el 5 i 10. Com a dada cridanera, els votants de la CUP suspenen als seus socis al govern, encara que per la mínima, encara que amb una puntuació per sota que la que atorguen a JxSí els votants del PSC.

El conseller de Salut Toni Comín es licenciado en ciencias políticas y filosofía y, a diferencia de sus predecesores, no tiene experiencia previa en el ámbito sanitario. Desde el primer día al frente del Departamento que gestiona la mayor partida presupuestaria -supone el 40% del total-, Comín se ha propuesto recuperar la confianza en el sistema público, dañada durante los últimos años. En este sentido en los primeros meses de esta legislatura ha anunciado la no renovación de los contratos con dos centros privados del grupo QuirónSalud, algo que define como “la mayor desprivatización que se había hecho en salud”. Prudente, no se moja a la hora de cuestionar las decisiones del anterior gobierno y prefiere no hablar más de recortes presupuestarios: “estamos a 600 millones de diferencia de los presupuestos ejecutados más grandes”, asegura en relación a lo que gastará el departamento este 2016. Hablamos con él de los diferentes retos que tiene sobre la mesa de su despacho, donde acumula papeles con datos que revisa de vez en cuando durante la entrevista. “Soy el conseller más de izquierdas que ha habido en Salut desde los 80”, repite en varias ocasiones.

Hace seis meses que está al frente de la Conselleria de Salut. Uno de los rasgos que lo diferencia de los anteriores consejeros es su perfil profesional, la falta de experiencia en temas de sanidad. ¿Cómo valora los primeros meses de trabajo?

Muy positivamente. Si se trata de hacer balance de los primeros seis meses y para ello nos atenemos a la hoja de ruta que presenté y miramos qué compromisos se han cumplido y cuáles no el balance es muy positivo. Incluso estamos por encima de nuestras expectativas. Por ejemplo, explicamos que nuestro modelo asistencial debía tener nueve principios inspiradores. Dijimos: debe ser universal y la medida principal era la ley de universalidad, que ya está hecha. Dijimos que debía ser equitativo: plan de choque de listas de espera y ampliar a todas las mujeres el protocolo de reproducción humana asistida. También hemos puesto la lucha contra la desigualdad en el centro de todas las políticas. El tercer principio era reforzar el carácter público y había que iniciar el proceso de desprivatización en tres hospitales con un calendario. El cuarto principio era calidad, aquí hay cinco planes: el Plan de reforma de la Atención Primaria, el PIAI, el Plan de Salud Mental, el Plan Director de Urgencias y Atención continuada y el Plan de Equipamientos tecnológicos. El quinto es investigación y es la primera vez que hay un plan de investigación con metodología y hecho por consenso, el PERIS. El sexto principio es la diversidad y el séptimo la transparencia. Sobre este último estamos en los primeros pasos de la auditoría que queremos hacer sobre qué derivaciones y externalizaciones se están haciendo y por qué.

¿Para cuándo está previsto el informe?

Esto nos ocupará durante el próximo año, los resultados los tenemos que tener hacia finales de 2016 o principios de 2017 y las consecuencias de la auditoría las iremos viendo. Luego también tenemos como principios la participación y la sostenibilidad. Por lo tanto, el balance es muy bueno porque de las medidas estrella de cada principio, muchas se han hecho y muchas están ya en proceso.

La herencia de Boi Ruiz le dejó varios temas que arrastraban polémica. Uno de ellos es el del nuevo modelo de transporte sanitario, que comenzó a implantarse en el territorio en 2015 y que ha levantado quejas desde entonces en diferentes puntos. Usted aseguró que quería iniciar una “nueva etapa” y que para ello se deberían hacer “ajustes” en el modelo implantado. ¿Qué se está haciendo o se pretende hacer en este sentido?

Hicimos unos informes de evaluación de los tres primeros meses de implantación del nuevo modelo y luego tomamos una decisión muy importante, que era relevar al director del Sistema de Emergencias Médicas (SEM) [El SEM es el ente público que gestiona tanto el transporte urgente como el no urgente]. La idea es: el concurso tuvo algunos problemas y la implementación también. Quién debe hacer la corrección es la dirección del SEM. En este sentido se hizo el relevo del director y se abrió un concurso público para ocupar este cargo. Ahora se está haciendo el proceso de selección pero los cambios que se tengan que hacer los hará el nuevo director del SEM, no se harán desde la conselleria. Sí que tenemos algunas ideas, pero, de los cambios que se necesitan: hay que redefinir algunos aspectos del nuevo modelo...

¿Esto qué quiere decir?

Ya dijimos que hay cosas del nuevo modelo que son inquietantes, como los cambios en los tiempos de resolución de las emergencias, que son muy aleatorios: hay territorios que tenían tiempo de resolución malos que han mejorado, otros buenos que han empeorado... lo que nos dice la auditoría es que el nuevo modelo ha tenido efectos muy arbitrarios. Se trata pues de homogeneizar los resultados. Entendemos que hay cosas del nuevo modelo, como los Vehículos de Itervención Rápida (VIR), que se ajustarán territorio por territorio. Pero en cualquier caso esto es trabajo del nuevo director del SEM.

Otro tema que le cayó era el VISC+, el proyecto de cesión de datos sanitarios con fines de investigación que ha sido polémico por los cuestionamientos desde algunos sectores en términos éticos -si iban a parar a manos de centros de investigación o empresas privadas- y de protección de datos. Usted ha fulminado el VISC+ y ha iniciado un proceso de consenso de cara a un futuro Big Data sanitario. ¿Parece que hay más consenso?

El VISC+ ha acabado, sí. Estamos muy contentos porque este tema se había politizado mucho y se había bloqueado cuando la investigación necesita un Big Data. Tenemos un consenso absoluto que va desde la CUP hasta el PP pasando por Junts pel Sí. Aquí agradezco mucho el trabajo que ha hecho también Catalunya Sí Que es Pot. Hemos hecho unas reglas del juego con las que todos pudieran estar de acuerdo, que es garantizar el carácter público del gestor y los centros de investigación que harán uso de ese programa: públicos o sin ánimo de lucro. Lo que estamos haciendo es fomentar la solidaridad de paciente a paciente: yo cedo mis datos para que la búsqueda encuentre mejores cuidados, cedo mi historia clínica para ayudar a los demás.

También ha tenido que coger el reto de resolver la prescripción enfermera en Catalunya. ¿Habrá pronto un decreto que regule la prescripción enfermera?

Tenemos un preacuerdo muy bueno con los colegios de enfermería y era importante construir también un consenso con los médicos. Estamos trabajando este tema al ritmo previsto pero en cualquier caso las bases son claras: el trabajo de prescripción lo tiene el médico pero en la medida que trabaja en equipos asistenciales donde hay enfermeras se articulará la prescripción desde la lógica que se hace desde un equipo. Se debe garantizar que las enfermeras tienen conocimiento de los protocolos y por eso hablamos de prescripción colaborativa en el marco de unos protocolos. Las enfermeras deben poder por tanto aprovechar este margen de acuerdo con los protocolos.

Los recortes presupuestarios en más de 1.300 millones de euros en sanidad en los últimos cinco años han sacudido el sistema y han añadido más presión a los profesionales. ¿Qué sistema nos han dejado los recortes de los últimos años?los últimos cinco años han sacudido el sistema

El presupuesto importante en salud es el gasto ejecutado porque el de salud, por definición, es un presupuesto que tiene una desviación estructural, es decir, una previsibilidad inferior. Puedes planificar mejor, por ejemplo, el gasto educativo que el gasto en salud. Esto hace que el presupuesto que figura cuando se aprueban las cuentas y el presupuesto ejecutado [lo gastado] sea diferente. Si nos fijamos en el presupuesto ejecutado, en el año 2010 fue de 10.380 millones de euros, la cifra más grande de la historia del departamento de Salut. El segundo más grande de la historia es el del año 2008 y el de 2016. El 2008 es de 9.794 millones y el presupuesto de este año rondará los 9.780 millones.

Pero ¿qué sistema ha quedado tras los recortes?

Sólo digo que cuando hablamos de recortes debemos situar las cosas en sus justos términos. En 2016 se habrá hecho un gasto sanitario que será de los cuatro años que ha gastado más dinero de la historia, esto es lo que hay que decir. El presupuesto de Salut es netamente insuficiente si miramos las necesidades que tenemos en Catalunya, una cosa no quita la otra. Pero si nos fijamos en el gasto ejecutado no estamos en más de 1.300 millones de diferencia. Por tanto, no hablemos más del recorte de 1.500 millones porque estamos a 600 millones de diferencia de los presupuestos más grandes. Dicho esto quisiéramos que el presupuesto creciera mucho para hacer frente a las listas de espera, pagar mejor a los médicos e invertir. Este dinero lo generamos pero el problema es el déficit fiscal. Catalunya tiene capacidad para financiar adecuadamente su sistema de salud si la financiación de la Generalitat fuera justo. Desde un punto de vista de país, la sanidad pública catalana es perfectamente sostenible. El problema es que los recursos no los estamos administrando nosotros.

Un informe del Colegio Oficial de Médicos de Barcelona (COMB) alertaba hace unas semanas del aumento de las malas prácticas contractuales y en especial entre los jóvenes, el colectivo en el que hay más temporalidad.

Nosotros tenemos información aún más detallada. Lo que explica el informe lo conocemos pero una parte muy importante de la precariedad tiene que ver con el hecho de que durante cinco años el gobierno central ha prohibido hacer ofertas públicas de empleo. Esto ha generado precariedad laboral en el Instituto Catalán de la Salud (ICS) de manera muy generalizada porque el porcentaje de interinidad en el ICS ha pasado del 10% en 2010 al 30% en estos momentos. Este es uno de los problemas importantes pero esto ha sido consecuencia del gobierno central.

Más allá de las oposiciones sin embargo, el tipo de contrato que se hace en el ICS no viene marcado desde Madrid, ¿verdad?

Sí sí, esto viene marcado desde el gobierno central. El problema principal es el crecimiento exponencial de la interinidad: la gente se jubila y no puedes sustituirlos porque no puedes convocar plazas. El otro problema son los falsos eventuales. En muchos casos lo que se ha estado haciendo en los últimos años es un proceso de aplantillamiento y esto se está haciendo.

Precisamente sobre el ICS, este diario pudo saber que el exdirector gerente del ICS Pere Soley reingresó en el Hospital de Bellvitge en una plaza temporal que sin embargo no ejerció.este diario pudo saber

Esta persona se reincorporó a su plaza que es lo que toca. Cuando una persona deja de ser gerente del ICS se reincorpora a su plaza de médico y desde la nueva gerencia del ICS se le hizo un encargo especial que ahora no recuerdo cuál era. Después a esta persona se le ha nombrado finalmente gerente del Consorcio Hospitalario de Vic. Por lo tanto, aquí no hay ningún tipo de irregularidad.

¿Aunque no ejerciera como facultativo?

Se le hizo un encargo específico aprovechando su experiencia como gerente. Ha estado cumpliendo con este encargo y esto finalizó en el momento que se le pidió que se incorporara como gerente en el Consorcio Hospitalario de Vic.

Hablemos de los presupuestos. La prórroga presupuestaria significa que no se podrá hacer en su totalidad el plan de choque para reducir las listas de espera.

Sí, y se dijo siempre que estaba sujeto a la aprobación de nuevos presupuestos.

¿Qué debe saber la gente que está en lista de espera?

Las listas se mantendrán igual, no se podrán mejorar porque para hacerlo necesitas más actividad, más profesionales o más horas de los mismos profesionales y esto sólo se podrá hacer cuando tengamos nuevos presupuestos. Ahora bien, el plan de mejora de las listas no sólo buscaba reducir los tiempos de espera, también buscaba más cosas que no dependen del presupuesto y estas se mantienen: una gestión proactiva de las listas para avisar al Servicio Catalán de la Salud (CatSalut) o hacer una gestión de las colas donde se tenga en cuenta la gente que lleva mucho tiempo. Aunque clínicamente no sean prioritarios, lo serán. También hay una medida muy importante que era empoderar la Atención Primaria dando a los médicos de primaria la capacidad para gestionar la agenda del especialista. Ahora el médico de primaria, que es quien conoce con más detalle la situación, será quien decide primero qué paciente es más prioritario.

¿Esto ya se está haciendo?

Está en proceso de implementación. Lo está haciendo el CatSalut.

El compromiso también es cumplir con los plazos de referencia y garantía para algunas intervenciones quirúrgicas, plazos que no siempre se cumplen.

Los tiempos garantizados se cumplen todos. Hay 27 procedimientos quirúrgicos con tiempo garantizado, el resto tienen tiempo de referencia. El tiempo de referencia no se cumple de manera sistemática pero es un tiempo de referencia. Los de garantía son tiempos para procedimientos graves y de los 27, en 26 estamos cumpliendo casi en todos en un 99%. Sólo en el caso de prótesis de rodilla el cumplimiento es del 65%.

El Plan de Salud 2016-2020 incluye, entre las diferentes acciones el desarrollo del Plan Director de Urgencias. ¿Qué implica este plan?

Lo presentaremos en otoño. Se está discutiendo ahora pero lo que quiere el plan es dar coherencia a una serie de dispositivos asistenciales. La atención se debe pensar de manera sistémica.

¿Contarán las urgencias con más profesionales?

Esto son decisiones que no se han tomado. Hay un comité de expertos coordinado por Xavier Jiménez que está en estos momentos viendo los casos de buenas prácticas, porque en Catalunya tenemos casos de urgencias hospitalarias que funcionan muy bien y otras que tienen problemas, más estructurales. Can Ruti, Sant Pau, Bellvitge... hay muchos casos de buenas prácticas. Por lo tanto se tiene que trabajar y analizar lo que se hace bien.

¿Estos ejemplos contrastarían por ejemplo con las urgencias del Hospital Vall d'Hebron?

Vall d'Hebron está haciendo mejoras importantes pero tiene limitaciones estructurales, el Clínic también. Ahora en el Hospital del Mar por ejemplo estamos construyendo las nuevas urgencias y serán un cambio espectacular cuando terminen. También ahora se inicia la construcción de las nuevas urgencias del Hospital Josep Trueta pero digámoslo todo: el proceso de construcción y sustitución dura dos años y no es fácil.

Ahora que menciona el Hospital del Mar, sobre los estatutos del Parc Salut Mar, ¿garantizarán que no se hará actividad privada?

Se regulará la actividad, que ahora mismo está en indeterminación legal. Sobre la actividad privada en centros públicos es evidente que genera riesgos desde el punto de vista de la ética y de la equidad del sistema y la regulación debe servir precisamente para eliminar estos riesgos. No puede haber un trasvase de lo que entra por la puerta pública y lo que entra por la puerta privada. Ni puedes enviar una persona que entra por la puerta privada a hacerse una prueba diagnóstica en la lista pública ni al revés.

Barnaclínic, el brazo privado que opera en el Hospital Clínic, ¿es el ejemplo de esto?

Debe regularse bien y siempre con el foco puesto en buenos dictámenes. Hay un dictamen de la Fundación Grífols y un dictamen del Consejo Asesor para la Sostenibilidad y el Progreso del Sistema Sanitario (CASOST). Y allí lo explican muy bien: la actividad privada es un mecanismo de financiación complementaria de centros públicos que si hoy sacamos quien sufrirá en muchos centros son los trabajadores. Hay muchos centros que no pueden renunciar a ella. Luego también es verdad que en alguna medida reducen el tiempo de lista de espera pública. Por lo tanto, hay ventajas y hay riesgos y lo que tenemos que hacer es reformularlo de tal manera que preservemos las ventajas para el sistema público y podamos pagar mejor a los trabajadores y reducir las listas de espera y por otro lado inhibirnos de los riesgos de que alguien por el hecho de pagar parece que vaya a tener más derechos que el que no paga. Esto tampoco puede ser de ninguna manera.

Se había hablado de trasladar físicamente Barnaclínic. ¿Se acabará haciendo?

Puede ser una consecuencia de la regulación. Si estamos hablando de separar las dos listas lo que hay que hacer es separar físicamente para que esté más diferenciado. Hay hoy centros hospitalarios que lo tienen físicamente separado. Es el caso, por ejemplo de Manresa, y esto facilita que la lista pública y la privada no se contaminen.

A mediados de agosto está previsto que la actividad que hasta ahora asumía la Clínica del Vallès -privada con ánimo de lucro del grupo QuirónSalud- derivada del Hospital Parc Taulí -público- regreso al Taulí y también el Consorci Hospitalari de Terrassa. ¿Cómo se hará el traspaso?

Se ha estado negociando desde hace muchos meses con los comités de empresa, con los que nos estamos reuniendo de manera permanente así como con la dirección de la Clínica del Vallès, la del Parc Taulí y también la del consorcio. Nos estamos reuniendo con las tres partes de los hospitales afectados para que se pueda hacer sin ningún despido, y así será, y sin ninguna afectación para los pacientes. La actividad debe continuar aunque se traslade y se hará ahorrando recursos para el presupuesto público. Contra lo que se ha estado repitiendo, la actividad que se ha estado haciendo en la Clínica del Vallès saldrá más económica en el Taulí y en Terrassa. Por tanto, no sólo fortalecemos el carácter público del sistema sin perjudicar a los trabajadores sino que también ahorramos recursos públicos.

Si supone un ahorro económico, ¿por qué se había derivado actividad a una clínica privada con ánimo de lucro?se había derivado actividad a una clínica privada

Yo no estaba, por tanto, no juzgo el pasado. La tarifa de un hospital es diferente del otro pero el coste de la actividad no se determina la tarifa. La tarifa del Taulí es más cara que la de la Clínica del Vallès pero es la tarifa media de la actividad que hace el Parc Taulí, no tienes una tarifa por actividad, por decirlo en lenguaje coloquial. Por lo tanto, cuando alguien dice que hacer la actividad en el Taulí será más caro que en la Clínica del Vallès está confundiendo mucho y quiere decir que no entiende cómo funciona el sistema. Por tanto, una cosa es el coste de la actividad y la otra es la tarifa. Aquí lo que tenemos que comparar es que cuesta una actividad X al Taulí y que cuesta esta misma actividad en la Clínica del Vallès. Ahora, además de fortalecer el carácter público del sistema también ahorramos dinero.

¿Qué pasa con los otros centros que también tienen ánimo de lucro y que sin embargo forman parte de la red de atención pública, como la Clínica Girona, el Hospital Universitari Sagrat Cor o la Clínica de Ponent?

Nosotros aplicamos el principio de preferencia de la Ley de ordenación sanitaria de Cataluña (LOSC), que dice que los proveedores públicos tienen preferencia ante los privados. La LOSC dice: tengo que escucharme a los proveedores privados cuando los necesite. En el Vallès los necesito? No, porque el Taulí tenía capacidad disponible, camas y quirófanos...

Cerrados.

Sí, por abrir. Lo mismo con el Consorci Sanitari de Terrassa. Por tanto, no necesito contratar clínicas privadas. ¿Es el caso de Girona y de Lleida? No, porque cada región sanitaria tiene la situación que tiene. Hoy el Hospital Josep Trueta no podría absorber la actividad que realiza la Clínica de Girona y el Hospital Arnau de Vilanova de Lleida no podría asumir la actividad de la Clínica de Ponent. Si aumentara la capacidad de los hospitales públicos ya lo veríamos pero la situación en cada región es la que es. Así como es evidente que en el Vallès no nos hacía falta contratar actividad privada, no se puede decir lo mismo de Girona y Lleida. El Sagrat Cor es un caso aparte. Es un hospital que seguirá formando parte de la red, la pregunta no es si lo contrato o no lo contrato, es si este hospital lo gestiona un proveedor privado o uno público. Si existe la posibilidad de que la acabe gestionando un proveedor público, de acuerdo con el principio de la LOSC, se haría.

En una entrevista con este medio, la comisionada de Salud del Ayuntamiento de Barcelona defendía que todas las entidades con ánimo de lucro salgan de la red sanitaria pública, también de ámbitos donde está muy presente el ánimo de lucro como el sociosanitario o la salud mental. ¿Cuál es su posición?una entrevista con este medio

En sociosanitario y salud mental la oferta es muy insuficiente. En caso de que tuviéramos capacidad de inversión para aumentar la oferta pública, esta oferta sería de incremento, no de sustitución. Se añadiría a la oferta privada, no la sustituiría por una razón muy sencilla: porque tanto en salud mental como en sociosanitario tenemos insuficiencia de centros. Ahora, estoy de acuerdo con fortalecer la oferta pública. La pena es que el Ayuntamiento de Barcelona tenía una oportunidad de oro para desprivatizar la atención domiciliaria y al final uno de los lotes lo ganó la empresa de Florentino Pérez, que es privada con ánimo de lucro. Yo estoy haciendo la mayor desprivatización que se había hecho en salud, y me gustaría que el Ayuntamiento desprivatizara también aquello que es de su competencia, que es asistencia social y atención domiciliaria. Entiendo que lo han intentado pero no lo han conseguido. Mientras yo estoy sacando QuirónSalud de la red ellos han tenido que quedarse Florentino Pérez.

Cal fer de la provisió dels béns i serveis municipalitzats un fet polític. Això significa aconseguir que no només siguin els càrrecs de la regidoria concreta els que tinguin la capacitat d'intervenir respecte a l'organització d'aquestes esferes recuperades pel terreny públic

A mesura que les organitzacions transformadores han fet forat a l'àmbit institucional, i han anat obtenint major capacitat d'intervenció, retornar al control municipal la prestació de serveis bàsics ha esdevingut un dels objectius congruents amb la voluntat d'un model de provisió de serveis públics, que en els darrers anys, i de la mà de la ideologia neoliberal, ha aconseguit fer penetrar i consolidar-se la lògica del benefici en el que havia estat l'esfera dels drets col·lectius.

Avui, situar en el centre de l'acció política, a escala municipal, la recuperació pública, municipalitzada, de la propietat, gestió i control dels mecanismes que asseguren la provisió de serveis fonamentals per a la ciutadania, esdevé un exercici pedagògic interessantíssim que situa en el centre del debat el model de societat que volem construir. El debat de les remuncipalitzacions permet abordar, a banda de la propietat, altres aspectes que també han de ser constitutius de la nostra intervenció transformadora, tant present com futura. Entre aquests elements hi trobem la participació.

Una característica important de la privatització dels serveis públics és la despossessió que també representen respecte a tot un conjunt de coneixements essencials per la vida de les persones en els municipis. A mesura que la provisió de l'aigua, de l'electricitat, la recollida de residus, etc, se situen en mans d'empreses privades, tot el coneixement sobre la gestió d'aquests aspectes vitals pel bon funcionament del metabolisme municipal s'allunya de la comprensió popular.

Podríem dir que la privatització també suposa una forma d'alienació de la ciutadania respecte al coneixement del funcionament del metabolisme en el que desenvolupa la seva vida. Així doncs els processos de remunicipalització han de servir també per recuperar tot aquest conjunt de processos i coneixements, per situar-los novament en l'àmbit de la comprensió i de la presa de decisions col·lectiva.

La remunicipalització entesa només com la provisió d'un servei situa a la ciutadania en el pla de consumidores que, mitjançant els diners, aconsegueixen proveir-se d'un recurs indispensable. Disposar de, per exemple, la provisió d'aigua des d'un servei municipalitzat sense que a l'obrir l'aixeta cada ciutadà del poble entengui què suposa aquell fet concret i les implicacions que això té pel conjunt de la dinàmica política municipal, pot limitar el procés de remuncipalització al consum d'un recurs en millors condicions, sense copsar tot el que pot suposar aquest fet en el canvi de model societari.

Cal fer de la provisió d'aquells béns i serveis municipalitzats un fet polític. Això significa aconseguir que no només siguin els càrrecs de la regidoria concreta i els tècnics municipals, i potser algunes persones formades dels municipis, els que tinguin la capacitat d'intervenir i decidir respecte a l'organització d'aquestes esferes recuperades pel terreny públic.

Així doncs, cal aconseguir integrar els cicles de provisió de serveis municipalitzats en les dinàmiques pedagògiques a les escoles del municipi, aconseguir generar consells municipals de gestió de l'aigua, dels residus, etc. que integrin als responsables polítics municipals, als tècnics i als veïns i veïnes en un pla de màxima igualtat en l'accés a la informació i en la decisió, tant de la producció com de la gestió i distribució d'allò municipalitzat.

En definitiva, fer de la provisió material d'allò indispensable per a la vida de les persones i per al funcionament municipal, un fet comunitari, esdevé un element fonamental que ha d'acompanyar les nostres propostes remunicipalitzadores. I és que la remunicipalització dels serveis públics no pot convertir-se en un fet aïllat, al contrari, ha d'esdevenir una baula més en la construcció d'una estratègia global de transformació de les nostres societats des d'una perspectiva de justícia, democràcia i viabilitat ecològica.

Dos directius d'Aigües Ter Llobregat (ATLL), l'empresa encarregada de proveir aigua als dipòsits municipals de l'àrea metropolitana de Barcelona, van ser nomenats apoderats d'Empresa Operadora ATLL, una filial d'Acciona, tres dies abans que la Generalitat formalitzés la privatització de l'empresa pública amb un consorci encapçalat per la multinacional espanyola. El 27 de desembre de 2012 es va signar el contracte de concessió d'ATLL entre l'administració catalana i el consorci format per Acciona, el banc d'inversió brasiler BTG Pactual i els fons de les famílies Rodés i Godia. Tres dies abans, aquests dos directius de l'ATLL pública, al costat d'altres càrrecs d'Acciona i les seves filials, van ser nomenats apoderats de la societat, segons consta en la documentació consultada per Catalunya Plural.

Des del 24 de desembre de 2012, el gerent i el director de recursos de l'ATLL pública, Josep Rodríguez i Pablo Gil, figuren com a apoderats d'Empresa Operadora ATLL. El mateix dia també van ser nomenats divuit apoderats més, majoritàriament directius d'Acciona o de filials com Acciona Aigua.

Fonts d'ATLL consideren els nomenaments actes normals i preparatoris per a l'entrada en servei de la gestió d'Acciona a ATLL, que va començar l'1 de gener de 2013. En aquesta data -vuit dies després dels nomenaments a l'Operadora- tots els treballadors de l'ATLL pública van ser subrogats a ATLL Concessionària, l'empresa que gestiona l'antiga companyia pública. Rodríguez va passar de gerent d'ATLL a director d'operacions i manteniment de la Concessionària. Gil va mantenir el seu càrrec.

Fonts jurídiques consultades sostenen que, malgrat estar adjudicada, la concessió d'ATLL no s'havia signat encara, pel que consideren que hagués estat recomanable nomenar els apoderats un cop formalitzada la privatització, més tenint en compte la complexitat de l'operació i els recursos que ja hi havia per aquelles dates.

A més, recorden que l'Operadora no va tenir plantilla en 2013 malgrat que el seu objectiu és gestionar i millorar les instal·lacions d'ATLL, i que els seus treballs podrien ser assumits per la plantilla que es va subrogar a ATLL Concessionària. La documentació mercantil indica que l'Empresa Operadora està inactiva a dia d'avui.

Els nomenaments a Empresa Operadora ATLL són paral·lels al procés de privatització que va seguir l'empresa pública encarregada de l'aigua 'en alta' -la que es capta en les conques i dessaladores i es porta fins als dipòsits municipals- de 4,5 milions de catalans de Barcelona i la seva àrea metropolitana. L'aleshores conseller de Territori, Lluís Recoder, va comparar la privatització amb “una família que ha de empenyorar les joies de l'àvia per poder subsistir”.

El Govern va adjudicar ATLL al grup encapçalat per Acciona el 6 de novembre de 2012. El 23 del mateix mes, Agbar va interposar recurs contra l'adjudicació davant l'Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (Oarcc), dependent de la conselleria de Presidència. La Generalitat, àvida d'ingressar els 298 milions que el consorci d'Acciona va pagar per quadrar els comptes de 2012, va tirar endavant la privatització malgrat els clars indicis que mostraven que l'operació acabaria als jutjats.

Menys d'una setmana després de signar el contracte, el 2 de gener de 2013, l'Oarcc va fallar a favor d'Agbar i va dir que l'oferta d'Acciona hauria d'haver estat exclosa del concurs. El TSJC, el juny de l'any passat, va anar més enllà i va declarar nul tot el concurs, no només l'adjudicació. A dia d'avui, el cas es troba al Suprem.

Orígens en una empresa fantasma

On són els orígens de l'Empresa Operadora ATLL? Segons la documentació consultada, a Discov Eurogrup SA, una firma constituïda el 28 de maig de 2012 per Ramón Cerdá Sanjuán, un gestor valencià expert en la creació d'empreses fantasma a través de Sociedades Urgentes, despatx especialitzat en la venda “immediata” (“en només una hora”) de “societats disponibles amb garantia d'inactivitat” garantint “confidencialitat dels socis davant de tercers”.

El novembre de 2012, el càrrec d'administrador va passar de Cerdà a Luis Castilla, directiu d'Acciona i posteriorment president de l'ATLL privatitzada. Acciona Agua es va convertir en el soci únic de l'empresa. Un mes després, va canviar tant la denominació com l'objecte social de l'empresa: va passar de Discov Eurogrup a Empresa Operadora ATLL i de distribuir “articles sanitaris, higiènics, de bellesa, perruqueria, etc” a gestionar i millorar les instal·lacions d'ATLL. Aquesta última modificació va tenir lloc el mateix dia en què Rodríguez i Gil van ser nomenats apoderats: el 24 de desembre de 2012.

Investigada per Antifrau

Encara que a dia d'avui està inactiva, l'Operadora sí que va treballar el 2013, el primer any de concessió. Precisament els treballs que l'Operadora va facturar a l'ATLL Concessionària van ser motiu d'una investigació de l'Oficina Antifrau que va arrencar a partir d'una denúncia de la secció sindical de la CGT a ATLL. Antifrau va concloure que l'Operadora va facturar a ATLL treballs per valor de 7,41 milions el 2013 tot i que l'Operadora no tenia treballadors aquell any i sense l'autorització de l'Agència Catalana de l'Aigua.

“L'Empresa Operadora va facturar per serveis prestats a ATLL Concessionària malgrat que el contracte que suposadament els havia de emparar no va estar mai autoritzat per part de l'òrgan de contractació”, diu l'informe d'Antifrau. Actualment la Fiscalia investiga aquestes factures. Per la seva banda, Acciona sosté que ha complert en tot moment de forma rigorosa la legalitat i les condicions contractuals exigides pel plec de licitació i pel contracte de concessió.

Antifrau va seguir el rastre de la relació entre la privatitzada ATLL i l'Operadora i va concloure que el contracte entre ambdues societats i Acciona Aigua no es va signar fins al 27 de desembre de 2013 i que aquest contracte va tenir efectes retroactius des de l'1 de gener del mateix any. No obstant això, Antifrau assenyala que aquest contracte “mai va ser autoritzat per l'òrgan de contractació” i que l'Operadora havia de facturar mensualment a ATLL.

La xifra de 7,41 milions que l'Operadora va facturar a ATLL, a més, coincideix amb la diferència positiva entre ingressos i despeses que l'Operadora va registrar en els seus comptes de 2013.

Gemma Tarafa (1971) es la comisionada de Salud del Ayuntamiento de Barcelona. Licenciada en Biología, hasta su nombramiento ha estado muy vinculada a la investigación, primero en el Instituto Catalán de Oncología como investigadora (1998-2006) y en los últimos años como subdirectora del Grupo de Investigación sobre Desigualdades en Salud (GREDS) de la Universidad Pompeu Fabra (2010-2015). Desde el Ayuntamiento Tarafa encargó un informe para ver un mapa de “la privatización de la asistencia sanitaria pública en la ciudad de Barcelona” y asegura que Barcelona quiere que tarde o temprano todas las entidades con ánimo de lucro salgan la red de atención pública, también en el ámbito sociosanitario -donde hay un volumen mayor- y de salud mental. En equipamientos la prioridad, avanza, será para la atención primaria y la salud mental. Dos grandes objetivos para el consistorio, señala, son sembrar bien las bases para reducir las desigualdades en salud entre barrios y hacer de Barcelona un referente en salud comunitaria.

Ha pasado casi un año desde que Barcelona en Común entró en el Ayuntamiento. Las competencias en Salud del Ayuntamiento son limitadas pero.

Una cosa son las competencias y la otra son las capacidades. En el caso del ayuntamiento hay que distinguir lo que es salud pública, donde tenemos el cien por cien de las competencias y también de todos los CAPS de Barcelona hay 4 de gestión municipal o mixta, como es el caso de los PAMEM. Por lo tanto es una parte amplia donde podemos incluir temas como contaminación del aire, salud comunitaria, etc. Después tenemos el bloque de competencias puramente sanitarias, de asistencia sanitaria. Aquí las competencias son de la Generalitat pero muchas de las competencias en nuestra ciudad son compartidas y se gestionan desde el Consorcio Sanitario de Barcelona (CSB), donde la Generalitat tiene un 60% y el Ayuntamiento un 40%.

¿Cómo influye esto en la dinámica de trabajo del día a día?

Depende. Cuestiones de salud mental, comunitaria, etc. se han podido gestionar mucho más rápido que las que se deben gestionar trabajadas o pactadas con la Generalitat. Con el nuevo Govern hemos logrado generar diferentes grupos de trabajo que cuelgan del Consorcio que nos permiten hacer propuestas y cogestión de manera más práctica que con el anterior gobierno.

Hace unos meses presentasteis un primer informe sobre la “privatización” de la sanidad en Barcelona. Según el informe la asignación presupuestaria del CatSalut para conciertos con las entidades hospitalarias de agudos ha sido decreciente en todos los casos, excepto en las entidades privadas con ánimo de lucro. Por ejemplo el Sagrat Cor, del grupo QuirónSalud, experimenta entre 2011 y 2014 un aumento del presupuesto contratado con el CatSalut en un 25%.

Sí, un gran titular del informe podría ser que 200 millones de euros del presupuesto de sanidad van a centros sanitarios mercantiles, es decir, a privados con ánimo de lucro. El caso del Sagrado Corazón lo hemos puesto de manera muy clara sobre la mesa pero también tenemos casos así en salud mental y sociosanitarios. Por tanto, el informe lo vemos como una primera foto para saber qué pasa con la privatización de la sanidad en la ciudad de Barcelona. Somos conscientes de que este tema toca intereses pero puede ser todo menos poco riguroso, es un informe hecho con datos oficiales del CSB, del AQuAS y hecho por académicos. Los datos son los que son, debemos rehuir de un debate ideológico. Nos tenemos que acostumbrar a que los datos no sólo sean públicos sino que se entiendan.

¿Qué pensáis hacer ahora que ya habéis hecho el informe?

¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Nosotros fuimos al CSB y en ese momento la Generalitat no tenía intención de mover ninguna ficha respecto a las propuestas que poníamos sobre la mesa porque consideraba que primero estaría bien terminar la auditoría que quieren hacer en Catalunya en una línea similar a esta. Lo que pasa es que la auditoría la han encargado a la misma persona o equipo que lo hemos encargado nosotros, por tanto quiere decir que de estos datos te fías. Lo que pudimos pactar entonces en el Consorcio fue empezar a poner manos a la obra y acordamos generar un equipo de trabajo Ayuntamiento-Generalitat para ver cómo aterrizamos algunas de las propuestas.

¿Como por ejemplo?

Todas las entidades mercantiles, para empezar, deberían cumplir la ley de transparencia y muchas no la cumplen. Nosotros hemos puesto diferentes medidas, como que todas las sociedades, mercantiles y no mercantiles, deben cumplir con la ley de transparencia: no sabemos cómo se gestionan los capitales, las eficacias de lo que se hace, resultados, etc. Nosotros distinguíamos las entidades privadas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Estas últimas, por ejemplo, en el caso de salud mental son entidades que han trabajado mucho en los últimos 30 años. Estas continuarán en el SISCAT pero es importante que cumplan unos criterios de economía social. Es importante enfocar bien este debate: no es un debate sobre sanidad pública o privada, lo que cuestionamos aquí es cuando capital público va a la privada con ánimo de lucro, que tiene beneficio y que además no podemos tener tanto el control de la calidad, derechos sociales de los trabajadores, etc. No se trata de si debe haber o no sanidad privada sino la cuestión es capital público que va a la privada con ánimo de lucro. Nuestra propuesta es que todas las entidades privadas con ánimo de lucro salgan del SISCAT, como lo hará el Sagrat Cor. En el sector sociosanitario, por ejemplo, asumen un volumen de trabajo muy grande por lo tanto sabemos que esto no se podrá hacer de la noche a la mañana.

En Barcelona hay varios temas que siquiera generan polémica sobre la interacción público-privado. Uno de estos es Barnaclínic. Habla de Barnaclínic como “uno de los casos más paradigmáticos de mercantilización existentes en Catalunya y España”. ¿Qué debería hacerse?

Usan espacio público, evidentemente pagan un alquiler, y con el riesgo de derivación de pacientes que salen de la pública y van hacia allí. Nosotros nos hemos reunido con el Hospital Clínico y les dijimos cuál era nuestra postura. Ellos ahora generarán un grupo de trabajo para ver hacia donde se gestiona Barnaclínic, y una de las opciones es que salga del espacio actual, que no esté en el suelo del Clínic. Esto resuelve uno de los riesgos pero el otro es la derivación de los pacientes por parte de trabajadores que compaginan su actividad en los dos centros. Esto depende de cómo no lo podrás controlar. Hay que ver cómo resuelven la parte jurídica y la parte física.

¿Y cuál es vuestra postura?

Nosotros pensamos que modelos como Barnaclínic no deben existir, por los dos riesgos que te comentaba. Un centro que está ubicado en un espacio que figura que no podemos abrir estos espacios porque no tenemos capital para abrirlos pero sí podemos añadir un centro como éste y la problemática de derivar los pacientes. No desconfío de la profesionalidad de los trabajadores del Clínic pero sí sabemos que es una cuestión que ocurre con otros antecedentes.

El sector de la sanidad mueve muchos actores, dinero público e intereses. ¿Cómo influyen en estos casos los grupos de presión? ¿Se ha encontrado con lobbies o ha recibido presiones?

No es un secreto para nadie que hay intereses en esta área, desde colegios, farmacéuticas o entidades. Un ejemplo de cómo creo que se deben abordar estos temas es la experiencia que hemos tenido con la Mesa de la Contaminación del Aire, donde hemos invitado a todos los actores que han querido tener voz. Son agentes que quizás hasta ahora también tenían voz pero lo hacían a puerta cerrada. Es importante que lo que tengan que decir lo digan pero al mismo nivel que todos.

El otro tema que genera política es el Hospital Sagrat Cor, uno de los tres centros del SISCAT propiedad de QuirónSalud que tiene ánimo de lucro y forma parte de la red sanitaria de atención pública. El conseller de Salut, Antoni Comín ha hablado de “desprivatización” pero ¿cómo lo puede asumir el sistema público? ¿Qué posibilidades reales hay con el Sagrat Cor?

Ahora se están poniendo sobre la mesa las diferentes opciones para ver cómo hospitales como este salen del SISCAT. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas que por sanidad gratuita y universal entran al Sagrat Cor, si se pueden, sean reabsorbidas desde otros espacios. La voluntad política es clara, el cómo lo está mirando sobre todo la Generalitat. Es importante hacerlo bien por los pacientes y por los trabajadores. Lo que no podemos hacer es derivar 200 millones de capital público a la privada y mantener camas y quirófanos cerrados. Por ejemplo, es el caso del Centro Forum [atención sociosanitaria y salud mental Parc Salut Mar] que tiene 150 camas cerradas mientras se deriva financiación a sociosanitarios con ánimo de lucro. Estas situaciones tendrían un sentido si tuviéramos todas las camas y quirófanos copados, poniendo criterios de economía social pero antes de plantearlo, si hay camas cerradas y se pueden abrir hay que discutirlo.

En el caso de salud mental un 82% de las entidades que proveen servicios de atención son privadas.

Sí, pero sobre todo hay privado no mercantil y han sido sociedades sin ánimo de lucro las que han ido avanzando en este sector porque desde el ámbito público, desde las instituciones, no se le ha dado la importancia que se debía dar a la salud mental y si no lo hacían ellas, no lo hacía nadie. En el ámbito sociosanitario la parte mercantil es muy importante [según datos del informe encargado por el Ayuntamiento un 47,5% del volumen de contratación entre el CatSalut y las entidades proveedoras de servicios sociosanitarios va a parar a entidades privadas con ánimo de lucro]. Aquí tenemos casos extremos, como es el caso de las ambulancias o la rehabilitación, donde el porcentaje mercantil es escandaloso.

¿Esto se reflejará también en la rehabilitación o construcción de equipamientos?

Ahora nosotros estamos cerrando lo que es el Plan de Equipamientos 2016-2023, es decir, cuáles son los equipamientos sanitarios construir, rehabilitar o condicionar en nuestra ciudad. Esto lo hicimos desde el mes uno, cuando entramos intentamos ver cuáles son las necesidades en nuestra ciudad para que prevalezcan también las necesidades y las dificultades económicas de los diferentes distritos. En el plan de equipamientos debemos ver también reflejado que queremos reforzar la parte pública de la sanidad. Si todos los edificios que aquí construimos resulta que luego son concesiones a la privada mercantil no iremos muy en nuestra línea.

¿Cuáles serán las prioridades en equipamientos?

Se harán dos apuestas importantes: salud mental y primaria. Ahora bien, el Plan de equipamientos depende bastante de la ampliación presupuestaria de la Generalitat por lo tanto si no hay presupuesto consensuamos desde el CSB una serie de prioridades para que si la financiación es la que es sea posible hacer una parte más pronto y lo que no más tarde. En cuanto a distritos también queremos poner especial peso en distritos con peores indicadores de salud o condiciones socioeconómicas. Pondremos un acento especial en Nou Barris, Ciutat Vella, Sant Martí y Sant Andreu. Estamos viendo qué parte reforzamos y cuál no, si es necesario construir un nuevo CAP, etc. y por eso hablamos también con todos los distritos.

El informe La Salud en Barcelona concluye que en 18 de los 73 barrios de Barcelona las dificultades socioeconómicas se traducen en problemas de salud. Se calculaba la necesidad de 300.000 euros más para los presupuestos municipales de 2016 para extender a cinco barrios más el programa 'Salud en los barrios', que ya existe en 13 barrios de la ciudad. Por lo tanto entiendo que esto también depende de una ampliación presupuestaria.

Sí, pero se aprobará, en este sentido somos optimistas. Vimos que estos 18 barrios tenían unas condiciones impactantes respecto al resto aunque esto no quiere decir que no haya bolsas de población vulnerable que no sea en estos barrios. De los 18, 11 ya tenían algún programa preliminar de Salud en los Barrios. Y luego hay seis barrios nuevos que son Turó de la Peira, El Carmel, Can Peguera, Verdum, Gòtic y Trinitat Vella que no había nada de salud en los barrios. Por lo tanto, lo que hemos hecho es un diagnóstico en estos barrios a través de la gente de los CAPs, agentes, entidades, movimientos, etc. Esto nos permite desplegar unos programas y no otros, dirigidos a unos problemas de salud. Además, nosotros formamos parte del equipo de desarrollo del Plan de Barrios, que no sólo afecta a salud, porque los determinantes sociales de la salud son claves para tener una buena salud. La parte asistencial es importante para cuando ya estamos enfermos. Por ejemplo se están haciendo programas de rehabilitación de vivienda que ayudarán a la salud. Es por eso que hemos hecho un observatorio para que podamos ver cómo afectan la salud todas las políticas que estamos aplicando en el ámbito municipal.

¿Salud en todas las políticas?

Sí, es clave ir de la mano con otras políticas del Ayuntamiento. Por ejemplo, las personas que hace dos años que están en paro tienen 3 veces más riesgo de sufrir un trastorno de salud mental y ante ello no podemos cerrar los ojos.

Barcelona creó en enero la primera Mesa de Salud Mental. Uno de los objetivos de la Mesa es la creación de un Plan de Salud Mental para la ciudad.

Sí, tiene un objetivo finalista, al menos en una primera fase, y es hacer un mapa de la situación de la Salud Mental en la ciudad de Barcelona, que estará listo a finales de junio. Esto lo estamos haciendo con todas las entidades que vienen. Hemos intentado que no sea un abordaje desde salud pero, aquí vienen personas del Ayuntamiento de Servicios Sociales, Empleo, Vivienda y Educación. Así, por ejemplo, estamos hablando con Barcelona Activa para ver cómo potenciar el empleo de este tipo de personas.

A partir de los diferentes informes que habéis hecho o estáis haciendo, ¿os habéis fijado objetivos? Por ejemplo, ¿reducir en un porcentaje concreto las desigualdades entre barrios?

Sí, este debate lo hemos tenido claro. El informe nos ha servido para ver cuáles son las carencias y cuáles no y qué barrios son prioritarios. Por un lado es evidente que tenemos el objetivo de disminuir las desigualdades, ya que 11 años de esperanza de vida es una diferencia escalofriante en una ciudad como Barcelona. Te podría decir una cifra pero estas diferencias no se resolverán en uno o dos años, por lo tanto nuestro objetivo es sembrar bien las bases para este camino. El otro objetivo es hacer de Barcelona un referente en salud comunitaria, porque es la parte más esencial de la prevención y la promoción de la salud.

¿Cómo quiere este ayuntamiento trabajar la prevención?

No todo se arregla con dinero evidentemente pero es clave reforzar estos procesos e identificar qué temas hay que orientar de la primaria. Si queremos reforzar la primaria y la comunitaria nos lo tenemos que creer.

Hace unas semanas el departamento de Salud anunció que tramitará una ley catalana para blindar la universalidad. ¿Cómo lo valora? ¿El Ayuntamiento está trabajando ya para garantizar el empadronamiento de los colectivos más vulnerables?

Tenemos que verla finalmente escrita pero la Generalitat ha aceptado que cuando se dé el padrón se dé también la tarjeta sanitaria, por tanto que no haya una carencia de unos meses. En este sentido lo valoramos positivamente. Por otra parte, desde la voluntad de hacer esta norma hasta que se haga pueden pasar meses. Por eso, mientras tanto, se ha generado un comité para garantizar que las entidades nos puedan derivar casos de exclusión que les lleguen. Haremos una campaña por el tema de no cobro y además tendremos este comité donde estaremos mitad Ayuntamiento mitad Generalidad. Todos aquellos casos de problemáticas que nos lleguen que sean propios de padrón los derivaremos a un equipo creado para deshacer los nudos que hay en el empadronamiento.

Gemma Tarafa (1971) es la comisionada de Salud del Ayuntamiento de Barcelona. Licenciada en Biología, hasta su nombramiento ha estado muy vinculada a la investigación, primero en el Instituto Catalán de Oncología como investigadora (1998-2006) y en los últimos años como subdirectora del Grupo de Investigación sobre Desigualdades en Salud ( GREDS) de la Universidad Pompeu Fabra (2010-2015). Desde el Ayuntamiento Tarafa encargó un informe para ver un mapa de “la privatización de la asistencia sanitaria pública en la ciudad de Barcelona” y asegura que Barcelona quiere que tarde o temprano todas las entidades con ánimo de lucro salgan la red de atención pública, también en el ámbito sociosanitario -donde hay un volumen mayor- y de salud mental. En equipamientos la prioridad, avanza, será para la atención primaria y la salud mental. Dos grandes objetivos para el consistorio, señala, son sembrar bien las bases para reducir las desigualdades en salud entre barrios y hacer de Barcelona un referente en salud comunitaria.

Ha pasado casi un año desde que Barcelona en Común entró en el Ayuntamiento. Las competencias en Salud del Ayuntamiento son limitadas pero.

Una cosa son las competencias y la otra son las capacidades. En el caso del ayuntamiento hay que distinguir lo que es salud pública, donde tenemos el cien por cien de las competencias y también de todos los CAPS de Barcelona hay 4 de gestión municipal o mixta, como es el caso de los PAMEM. Por lo tanto es una parte amplia donde podemos incluir temas como contaminación del aire, salud comunitaria, etc. Después tenemos el bloque de competencias puramente sanitarias, de asistencia sanitaria. Aquí las competencias son de la Generalitat pero muchas de las competencias en nuestra ciudad son compartidas y se gestionan desde el Consorcio Sanitario de Barcelona (CSB), donde la Generalitat tiene un 60% y el Ayuntamiento un 40%.

¿Cómo influye esto en la dinámica de trabajo del día a día?

Depende. Cuestiones de salud mental, comunitaria, etc. se han podido gestionar mucho más rápido que las que se deben gestionar trabajadas o pactadas con la Generalitat. Con el nuevo Govern hemos logrado generar diferentes grupos de trabajo que cuelgan del Consorcio que nos permiten hacer propuestas y cogestión de manera más práctica que con el anterior gobierno.

Hace unos meses presentasteis un primer informe sobre la “privatización” de la sanidad en Barcelona. Según el informe la asignación presupuestaria del CatSalut para conciertos con las entidades hospitalarias de agudos ha sido decreciente en todos los casos, excepto en las entidades privadas con ánimo de lucro. Por ejemplo el Sagrat Cor, del grupo QuirónSalud, experimenta entre 2011 y 2014 un aumento del presupuesto contratado con el CatSalut en un 25%.

Sí, un gran titular del informe podría ser que 200 millones de euros del presupuesto de sanidad van a centros sanitarios mercantiles, es decir, a privados con ánimo de lucro. El caso del Sagrado Corazón lo hemos puesto de manera muy clara sobre la mesa pero también tenemos casos así en salud mental y sociosanitarios. Por tanto, el informe lo vemos como una primera foto para saber qué pasa con la privatización de la sanidad en la ciudad de Barcelona. Somos conscientes de que este tema toca intereses pero puede ser todo menos poco riguroso, es un informe hecho con datos oficiales del CSB, del AQuAS y hecho por académicos. Los datos son los que son, debemos rehuir de un debate ideológico. Nos tenemos que acostumbrar a que los datos no sólo sean públicos sino que se entiendan.

¿Qué pensáis hacer ahora que ya habéis hecho el informe?

¿Qué podemos hacer a partir de ahora? Nosotros fuimos al CSB y en ese momento la Generalitat no tenía intención de mover ninguna ficha respecto a las propuestas que poníamos sobre la mesa porque consideraba que primero estaría bien terminar la auditoría que quieren hacer en Catalunya en una línea similar a esta. Lo que pasa es que la auditoría la han encargado a la misma persona o equipo que lo hemos encargado nosotros, por tanto quiere decir que de estos datos te fías. Lo que pudimos pactar entonces en el Consorcio fue empezar a poner manos a la obra y acordamos generar un equipo de trabajo Ayuntamiento-Generalitat para ver cómo aterrizamos algunas de las propuestas.

¿Como por ejemplo?

Todas las entidades mercantiles, para empezar, deberían cumplir la ley de transparencia y muchas no la cumplen. Nosotros hemos puesto diferentes medidas, como que todas las sociedades, mercantiles y no mercantiles, deben cumplir con la ley de transparencia: no sabemos cómo se gestionan los capitales, las eficacias de lo que se hace, resultados, etc. Nosotros distinguíamos las entidades privadas con ánimo de lucro y sin ánimo de lucro. Estas últimas, por ejemplo, en el caso de salud mental son entidades que han trabajado mucho en los últimos 30 años. Estas continuarán en el SISCAT pero es importante que cumplan unos criterios de economía social. Es importante enfocar bien este debate: no es un debate sobre sanidad pública o privada, lo que cuestionamos aquí es cuando capital público va a la privada con ánimo de lucro, que tiene beneficio y que además no podemos tener tanto el control de la calidad, derechos sociales de los trabajadores, etc. No se trata de si debe haber o no sanidad privada sino la cuestión es capital público que va a la privada con ánimo de lucro. Nuestra propuesta es que todas las entidades privadas con ánimo de lucro salgan del SISCAT, como lo hará el Sagrat Cor. En el sector sociosanitario, por ejemplo, asumen un volumen de trabajo muy grande por lo tanto sabemos que esto no se podrá hacer de la noche a la mañana.

En Barcelona hay varios temas que siquiera generan polémica sobre la interacción público-privado. Uno de estos es Barnaclínic. Habla de Barnaclínic como “uno de los casos más paradigmáticos de mercantilización existentes en Catalunya y España”. ¿Qué debería hacerse?

Usan espacio público, evidentemente pagan un alquiler, y con el riesgo de derivación de pacientes que salen de la pública y van hacia allí. Nosotros nos hemos reunido con el Hospital Clínico y les dijimos cuál era nuestra postura. Ellos ahora generarán un grupo de trabajo para ver hacia donde se gestiona Barnaclínic, y una de las opciones es que salga del espacio actual, que no esté en el suelo del Clínic. Esto resuelve uno de los riesgos pero el otro es la derivación de los pacientes por parte de trabajadores que compaginan su actividad en los dos centros. Esto depende de cómo no lo podrás controlar. Hay que ver cómo resuelven la parte jurídica y la parte física.

¿Y cuál es vuestra postura?

Nosotros pensamos que modelos como Barnaclínic no deben existir, por los dos riesgos que te comentaba. Un centro que está ubicado en un espacio que figura que no podemos abrir estos espacios porque no tenemos capital para abrirlos pero sí podemos añadir un centro como éste y la problemática de derivar los pacientes. No desconfío de la profesionalidad de los trabajadores del Clínic pero sí sabemos que es una cuestión que ocurre con otros antecedentes.

El sector de la sanidad mueve muchos actores, dinero público e intereses. ¿Cómo influyen en estos casos los grupos de presión? ¿Se ha encontrado con lobbies o ha recibido presiones?

No es un secreto para nadie que hay intereses en esta área, desde colegios, farmacéuticas o entidades. Un ejemplo de cómo creo que se deben abordar estos temas es la experiencia que hemos tenido con la Mesa de la Contaminación del Aire, donde hemos invitado a todos los actores que han querido tener voz. Son agentes que quizás hasta ahora también tenían voz pero lo hacían a puerta cerrada. Es importante que lo que tengan que decir lo digan pero al mismo nivel que todos.

El otro tema que genera política es el Hospital Sagrat Cor, uno de los tres centros del SISCAT propiedad de QuirónSalud que tiene ánimo de lucro y forma parte de la red sanitaria de atención pública. El conseller de Salut, Antoni Comín ha hablado de “desprivatización” pero ¿cómo lo puede asumir el sistema público? ¿Qué posibilidades reales hay con el Sagrat Cor?

Ahora se están poniendo sobre la mesa las diferentes opciones para ver cómo hospitales como este salen del SISCAT. ¿Esto qué quiere decir? Que todas las personas que por sanidad gratuita y universal entran al Sagrat Cor, si se pueden, sean reabsorbidas desde otros espacios. La voluntad política es clara, el cómo lo está mirando sobre todo la Generalitat. Es importante hacerlo bien por los pacientes y por los trabajadores. Lo que no podemos hacer es derivar 200 millones de capital público a la privada y mantener camas y quirófanos cerrados. Por ejemplo, es el caso del Centro Forum [atención sociosanitaria y salud mental Parc Salut Mar] que tiene 150 camas cerradas mientras se deriva financiación a sociosanitarios con ánimo de lucro. Estas situaciones tendrían un sentido si tuviéramos todas las camas y quirófanos copados, poniendo criterios de economía social pero antes de plantearlo, si hay camas cerradas y se pueden abrir hay que discutirlo.

En el caso de salud mental un 82% de las entidades que proveen servicios de atención son privadas.

Sí, pero sobre todo hay privado no mercantil y han sido sociedades sin ánimo de lucro las que han ido avanzando en este sector porque desde el ámbito público, desde las instituciones, no se le ha dado la importancia que se debía dar a la salud mental y si no lo hacían ellas, no lo hacía nadie. En el ámbito sociosanitario la parte mercantil es muy importante [según datos del informe encargado por el Ayuntamiento un 47,5% del volumen de contratación entre el CatSalut y las entidades proveedoras de servicios sociosanitarios va a parar a entidades privadas con ánimo de lucro]. Aquí tenemos casos extremos, como es el caso de las ambulancias o la rehabilitación, donde el porcentaje mercantil es escandaloso.

¿Esto se reflejará también en la rehabilitación o construcción de equipamientos?

Ahora nosotros estamos cerrando lo que es el Plan de Equipamientos 2016-2023, es decir, cuáles son los equipamientos sanitarios construir, rehabilitar o condicionar en nuestra ciudad. Esto lo hicimos desde el mes uno, cuando entramos intentamos ver cuáles son las necesidades en nuestra ciudad para que prevalezcan también las necesidades y las dificultades económicas de los diferentes distritos. En el plan de equipamientos debemos ver también reflejado que queremos reforzar la parte pública de la sanidad. Si todos los edificios que aquí construimos resulta que luego son concesiones a la privada mercantil no iremos muy en nuestra línea.

¿Cuáles serán las prioridades en equipamientos?

Se harán dos apuestas importantes: salud mental y primaria. Ahora bien, el Plan de equipamientos depende bastante de la ampliación presupuestaria de la Generalitat por lo tanto si no hay presupuesto consensuamos desde el CSB una serie de prioridades para que si la financiación es la que es sea posible hacer una parte más pronto y lo que no más tarde. En cuanto a distritos también queremos poner especial peso en distritos con peores indicadores de salud o condiciones socioeconómicas. Pondremos un acento especial en Nou Barris, Ciutat Vella, Sant Martí y Sant Andreu. Estamos viendo qué parte reforzamos y cuál no, si es necesario construir un nuevo CAP, etc. y por eso hablamos también con todos los distritos.

El informe La Salud en Barcelona concluye que en 18 de los 73 barrios de Barcelona las dificultades socioeconómicas se traducen en problemas de salud. Se calculaba la necesidad de 300.000 euros más para los presupuestos municipales de 2016 para extender a cinco barrios más el programa 'Salud en los barrios', que ya existe en 13 barrios de la ciudad. Por lo tanto entiendo que esto también depende de una ampliación presupuestaria.

Sí, pero se aprobará, en este sentido somos optimistas. Vimos que estos 18 barrios tenían unas condiciones impactantes respecto al resto aunque esto no quiere decir que no haya bolsas de población vulnerable que no sea en estos barrios. De los 18, 11 ya tenían algún programa preliminar de Salud en los Barrios. Y luego hay seis barrios nuevos que son Turó de la Peira, El Carmel, Can Peguera, Verdum, Gòtic y Trinitat Vella que no había nada de salud en los barrios. Por lo tanto, lo que hemos hecho es un diagnóstico en estos barrios a través de la gente de los CAPs, agentes, entidades, movimientos, etc. Esto nos permite desplegar unos programas y no otros, dirigidos a unos problemas de salud. Además, nosotros formamos parte del equipo de desarrollo del Plan de Barrios, que no sólo afecta a salud, porque los determinantes sociales de la salud son claves para tener una buena salud. La parte asistencial es importante para cuando ya estamos enfermos. Por ejemplo se están haciendo programas de rehabilitación de vivienda que ayudarán a la salud. Es por eso que hemos hecho un observatorio para que podamos ver cómo afectan la salud todas las políticas que estamos aplicando en el ámbito municipal.

¿Salud en todas las políticas?

Sí, es clave ir de la mano con otras políticas del Ayuntamiento. Por ejemplo, las personas que hace dos años que están en paro tienen 3 veces más riesgo de sufrir un trastorno de salud mental y ante ello no podemos cerrar los ojos.

Barcelona creó en enero la primera Mesa de Salud Mental. Uno de los objetivos de la Mesa es la creación de un Plan de Salud Mental para la ciudad.

Sí, tiene un objetivo finalista, al menos en una primera fase, y es hacer un mapa de la situación de la Salud Mental en la ciudad de Barcelona, que estará listo a finales de junio. Esto lo estamos haciendo con todas las entidades que vienen. Hemos intentado que no sea un abordaje desde salud pero, aquí vienen personas del Ayuntamiento de Servicios Sociales, Empleo, Vivienda y Educación. Así, por ejemplo, estamos hablando con Barcelona Activa para ver cómo potenciar el empleo de este tipo de personas.

A partir de los diferentes informes que habéis hecho o estáis haciendo, ¿os habéis fijado objetivos? Por ejemplo, ¿reducir en un porcentaje concreto las desigualdades entre barrios?

Sí, este debate lo hemos tenido claro. El informe nos ha servido para ver cuáles son las carencias y cuáles no y qué barrios son prioritarios. Por un lado es evidente que tenemos el objetivo de disminuir las desigualdades, ya que 11 años de esperanza de vida es una diferencia escalofriante en una ciudad como Barcelona. Te podría decir una cifra pero estas diferencias no se resolverán en uno o dos años, por lo tanto nuestro objetivo es sembrar bien las bases para este camino. El otro objetivo es hacer de Barcelona un referente en salud comunitaria, porque es la parte más esencial de la prevención y la promoción de la salud.

¿Cómo quiere este ayuntamiento trabajar la prevención?

No todo se arregla con dinero evidentemente pero es clave reforzar estos procesos e identificar qué temas hay que orientar de la primaria. Si queremos reforzar la primaria y la comunitaria nos lo tenemos que creer.

Hace unas semanas el departamento de Salud anunció que tramitará una ley catalana para blindar la universalidad. ¿Cómo lo valora? ¿El Ayuntamiento está trabajando ya para garantizar el empadronamiento de los colectivos más vulnerables?

Tenemos que verla finalmente escrita pero la Generalitat ha aceptado que cuando se dé el padrón se dé también la tarjeta sanitaria, por tanto que no haya una carencia de unos meses. En este sentido lo valoramos positivamente. Por otra parte, desde la voluntad de hacer esta norma hasta que se haga pueden pasar meses. Por eso, mientras tanto, se ha generado un comité para garantizar que las entidades nos puedan derivar casos de exclusión que les lleguen. Haremos una campaña por el tema de no cobro y además tendremos este comité donde estaremos mitad Ayuntamiento mitad Generalidad. Todos aquellos casos de problemáticas que nos lleguen que sean propios de padrón los derivaremos a un equipo creado para deshacer los nudos que hay en el empadronamiento.

El nou conseller de salut, Toní Comín, s’ha estrenat a la comissió de salut del Parlament de Catalunya amb una declaració contundent. El Departament de Salut traurà dos centres de titularitat privada amb afany de lucre del SISCAT, la xarxa d’utilització pública. Ha concretat, de fet, que serà el 22 de febrer, quan se celebra el pròxim consell d’administració del CatSalut, quan la Clínica del Vallès i l’Hospital General de Catalunya, els dos de l’empresa quironsalud, sortiran del SISCAT. “És el pas més important en termes de reforçar el caràcter públic del sistema sanitari”, ha dit el conseller. Ara bé, que aquests dos centres quedin fora del SISCAT no vol dir que els contractes que actualment té el Catsalut amb aquesta empresa quedin d’un dia per l’altre rescindits.

Així ho constaten des de l’Hospital Parc Taulí de Sabadell, el centre públic de referència que més derivacions fa a aquests dos hospitals privats. Com han explicat des del departament de comunicació a Catalunya Plural, el Catsalut els va informar que no es renovaria el contracte amb la Clínica del Vallès, i que per tant tots els pacients que es deriven serien absorbits de nou pel Taulí. Això si, es deixaria de fer a l’agost, quan acaba el contracte, no al febrer. I tot i així, des de comunicació del Taulí confirmen que la data es podria retardar si d’aquí a l’agost no s’han tingut els recursos o la capacitat per absorbir tota l’activitat derivada. És a dir, aquests dos centres quedaran fora del SISCAT però els contractes es mantindran, de moment.

La direcció del Taulí no ha rebut encara instruccions pel que fa a les derivacions a l’Hospital General de Catalunya ni s’han concretat els detalls de l’anunci que aquest dijous ha fet el conseller. Salut no ha dit si es dotarà de més recursos al Taulí o què passarà amb els malalts que es deriven als centres privats, que són molts.

Fa uns mesos Catalunya Plural parlava de les derivacions que fa el centre públic a aquests dos hospitals de titularitat privada. En total, només al primer semestre de 2015 el Taulí havia derivat 1.607 operacions quirúrgiques a la Clínica del Vallès. Aquestes derivacions es van continuar realitzant a l’estiu mentre l’hospital mantenia quiròfans inutilitzats. Les derivacions per hospitalització també es seguien fent tot i que hi havia al voltant de 90 llits tancats. Pocs dies després de la denuncia feta pels treballadors a Catalunya Plural l’hospital va decidir reobrir 12 llits, degut en part, a la forta pressió assistencial del servei d’urgències que contínuament se satura a causa de la falta de drenatge dels pacients a planta.

“Celebrem la notícia, però volem més respostes. Què passarà amb els malalts del Taulí quan les urgències estiguin saturades i els llits de planta plens? Què passarà amb les llistes d’espera? Tornaran a créixer un altre cop? Què passarà amb els cirurgians que anem a operar a l’Hospital General de Catalunya a pacients del Taulí?”, reflexiona Jorge Serrano, president del Comitè d’empresa del Taulí a Catalunya Plural. Per la seva banda el Departament de Salut no ha respòs a aquest diari sobre aquesta qüestió.

Pot la pública absorbir tota l’activitat?

“Està clar que per assumir tota l’activitat s’ha de rearmar (el Taulí) i es pot fer amb els recursos que no destines a la privada, ja que no els compres activitat a ells”, declara Isabel Vallet, del grup de treball de salut de la CUP a Catalunya Plural. Per això, segons ella és necessari no només fer fora del SISCAT els centres com la Clínica del Vallès o l’Hospital General, sinó tota aquella activitat que es faci amb ànim de lucre. Com és el cas de l’Hospital Clínic, amb la seva ala privada, el BarnaClínic o altres fundacions privades que estan dins del sistema, com la Clínica de Girona. “Amb els centres ICS (de l’Institut Català de la Salut) a ple rendiment l’activitat a derivar seria molt menor”, explica Vallet. I recorda que si aquestes derivacions es fan és perquè el Catsalut així ho vol. “El que no té sentit és tenir 300 llits i quiròfans tancats a Vall d’Hebron, i personal al carrer i comprar activitat a les multinacionals”, ha afegit.

Josep Martí, fundador del Centre d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS) i representant de l'Ajuntament de Barcelona al Consorci Sanitari de Barcelona, està d’acord que la manera de revertir aquesta activitat és destinant els recursos que ara van a la privada als centres públics. “Els recursos que anaven a la Clínica del Vallès i a l’Hospital General haurien d’anar al Taulí i s’hauria de planificar de quina forma el Taulí pot absorbir aquesta activitat”, ha dit en declaracions a Catalunya Plural.

Martí està molt convençut que, en contra del que solia defensar l’exconseller Boi Ruiz, entre els centres públics i aquells sense afany de lucre es pot absorbir tota l’activitat. “Si surt la Clínica Sagrat Cor del SISCAT es pot repartir l’activitat pública que feia aquest centre entre el Clínic, Vall d’Hebron o la Clínica Plató, que és privada però almenys sense afany de lucre”, explica.

De fet Martí diu que l’Hospital Vall d’Hebron ja ha rebut l’ordre de deixar de derivar pacients al Sagrat Cor. Una pràctica que sobretot es va començar a fer el 2014. Abans aquestes derivacions es feien a la Clínica Sant Rafael, sense ànim de lucre.

El Jorge Serrano, del comitè d’empresa del Taulí també ho té clar. “Falten recursos necessitem els recursos econòmics que es deriven”, ha dit. Serrano recorda que des del Taulí es deriven al voltant de 2.500 intervencions quirúrgiques i 1.000 hospitalitzacions a la Clínica del Vallès i al voltant de 500 intervencions a l’Hospital General. Per això, si aquesta activitat torna al Taulí diu que és imprescindible augmentar els recursos. Perquè a més, recorda que el Taulí pateix “un dèficit clar i estructural de llits”. En total hi ha 1,7 llits per cada 1.000 habitants quan en principi tocaria a més de 3, explica.

“Hi ha dies que els malalts que han estat operats han de passar la nit a la sala de despertar perquè no poden ser ingressats. La setmana passat hi havia 9 pacients en aquesta situació”, reivindica. A banda dels recursos aquest cirurgià diu que seria necessari ampliar les infraestructures del centre o bé pensar en obrir un altre centre públic que pugui absorbir pacients de la zona. “No es poden dilatar més les coses, ara han d’arribar els diners i fer un bon estudi per veure com hem de fer tot això”, ha expressat.

“El problema de les derivacions també es deu al mal sistema de pagament que hi ha”, explica per la seva banda Martí. L’exconseller solia argumentar que els centres privats ofereixen millors preus que els públics i que per tant sortia més barat. “Això és cert, però perquè les altes hospitalàries es paguen depenent de la complexitat del centre, les intervencions tenen un preu diferent a cada centre”, explica Martí. Això vol dir que una operació de galindons, malgrat ser senzilla val molt més a l’Hospital Vall d’Hebron que al Sagrat Cor ja que l’Hospital Vall d’Hebron és un centre de més complexitat, doncs té UCI, unitat de cremats, o altres unitats més especialitzades. “Per això és important canviar el sistema de pagament i pagar el mateix per cada intervenció”, opina ell.

Si més no, després de les declaracions del conseller ara queda pendent concretar de quina forma aquests centres de titularitat privada quedaran fora del SISCAT i de quina forma l’activitat que fan tornarà al sistema públic.

Beatriz González López-Valcárcel és catedràtica de Mètodes Quantitatius en Economia i Gestió de la Universitat de Las Palmas de GC i des de setembre és presidenta de la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (SESPAS), on fins ara ocupava el càrrec de vicepresidenta. El seu treball per als propers dos anys se centrarà en la divulgació del coneixement científic i en la defensa de la salut pública. Parlem amb ella de l'informe SESPAS 2014 Crisi econòmica i salut.

En l'últim informe de SESPAS, comenteu que a Espanya les polítiques d'austeritat dels últims anys han tingut i tindran uns efectes en la salut, a curt termini i a llarg termini.

Sí, sobretot en grups vulnerables. Per exemple la desocupació és un problema de salut i encara que la crisi econòmica estigui remuntant, l'atur estructural tan elevat i de llarga durada seguirà fent efecte perquè segueix sent un problema. Tot i que el PIB estigui creixent tenim taxes altíssimes d'atur.

L'ocupació seria només un dels determinants socials de la salut.

La salut ve condicionada per una sèrie de determinants i molts són determinants no sanitaris, són determinants socials, com l'entorn en el que vius, el barri, la família, etc. I en aquest sentit hi ha tres determinants: l'educació, la renda i l'ocupació. El que hem vist de forma recurrent és que apareix un gradient social molt important en la salut. És a dir, les persones amb major nivell educatiu tenen major salut que les que tenen una educació primària i les persones de renda alta tenen millor salut que les de renda baixa. Llavors, aquest gradient social en alguns aspectes ha empitjorat amb la crisi. I sobretot la crisi ha fet que el nivell de desigualtat en el país hagi augmentat moltíssim, i això és una seqüela a llarg termini de la qual no ens en lliurarem fàcilment. Si tu mires el 2008, quan estava començant la crisi, el nivell de desigualtat en ingressos (que mesura l'Índex de Gini) hem empitjorat moltíssim, en cinc punts, que és una burrada. Espanya és el quart o cinquè en desigualtat dels països desenvolupats.

En l'informe SESPAS, en un dels capítols es proposava un sistema d'indicadors per a monitoritzar la crisi. Hi ha una manca de dades intencionada per part de l'administració?

A Espanya hi ha hagut una millora gran del sistema d'informació sanitària sense dubte però hi ha alguna cosa de falta de transparència en determinats indicadors que haurien de conèixer-se. Per exemple, no s'ha publicat quin ha estat l'impacte en termes de finançament i d'ús arran de l'augment del copagament [farmacèutic] del Reial decret 16/2012. Home, del 2012 a ara hi ha hagut temps ... i nosaltres vam estudiar les dades que hi ha per activa i per passiva però el govern no ha publicat la dada de quant pagava abans l'usuari i quant paga ara, i no tinc cap dubte que no és per atzar.

Tampoc hi ha hagut una avaluació clara de quant s'ha estalviat amb 'l'exclusió sanitària' del mateix Reial decret.

Al Programa d'Estabilitat del Regne d'Espanya, que és el compromís del país amb el dèficit públic i el deute públic, pots anar veient l'evolució dels plans de futur i de com s'avaluen en termes econòmics els estalvis per a la sanitat, i sí que donen xifres per exemple de quant s'ha estalviat en medicaments, però no es diu que sigui pel copagament, es barreja tot. En l'avaluació en termes econòmics de l'atenció a immigrants el truc està que en aquest gran sac d'immigració hi ha una barreja d'europeus rics que vénen aquí de vacances i utilitzen el sistema sense tenir residència a Espanya, i immigrants pobres sense papers. En aquest batibull sí que dóna una xifra d'estalvi, que ara no recordo amb exactitud.

[Segons el Programa d'Estabilitat del Regne d'Espanya 2015-2018 “l'estalvi estimat entre l'1 de juliol de 2012 i 31 de desembre de 2014, per la posada en marxa de les diverses mesures d'eficiència incloses en la reforma sanitària i altres mesures de política farmacèutica i sanitària arriba als 6.929,8 milions d'euros”]

S'ha criticat molt el Reial decret 16/2012. En part perquè es considera també que el no accés dels immigrants en situació més vulnerable a la sanitat suposa un perill per a la salut pública.

Ha sortit un estudi molt recent d'Alemanya on es constata que en canviar el dret a l'atenció sanitària a immigrants a pitjor, és a dir, eliminar-los drets, la despesa sanitària ha estat més gran a la llarga. I va ser així perquè si no utilitzes uns serveis que necessites ara, empitjores, i hauràs d'utilitzar altres serveis més cars en un temps. I després hi ha el fenomen del contagi. Per exemple, a Espanya la meitat dels casos incidents de VIH són casos d'immigrants, clar si tens aquesta població sense assistència contagiant a tort i a dret... al final ho acabem pagant en termes de salut i de despesa sanitària també, però clar tot això no està mesurat, tens raó.

Un altre capítol parla de l''efecte secundari “de la crisi: la privatització de la gestió sanitària. S'hi diu que quan comença la crisi de cop i volta vam començar a qüestionar les bondats del sistema públic fins llavors tan ben valorat.

Sí, això és terrible, encara sort que s'ha fet marxa enrere, almenys amb la de Madrid. És un tema complex i molt ideologitzat, és a dir hi ha persones situades en un fonamentalisme propúblic que per exemple diuen -i és una mica una caricatura- que l'ajudant últim de cuina d'un hospital ha de ser funcionari. Home, això des dels anys vuitanta està superat, està clar que un hospital ha d'externalitzar serveis no essencials, no clínics, com seguretat o neteja per un tema d'eficiència de gestió, a ningú se li ocorre tenir l'ajudant de cuina funcionari. Entre aquest extrem i el que defensa el negoci privat, que és un negoci lucratiu, i llavors el defensa amb arguments fal·laços, passa que la privatització s'ha convertit en una mena de debat ideològic i és el que no hauria de ser en cap cas.

I què hauria de ser?

Nosaltres, com a economistes de la salut, diem que la privatització s'hauria d'analitzar amb dades sobre la taula. El primer és que hi hagi transparència per poder saber com són les diferents formes de gestió indirecta de la sanitat, és a dir, de deixar la gestió de determinats serveis en mans privades, òbviament no és el mateix una empresa privada que una altra. Estats Units, que és un país super liberal té una estructura d'hospitals que són privats (de fundacions) però no benèfics. A Espanya, exceptuant Catalunya que és una altra història, la forma més prevalent són hospitals privats lucratius, és a dir la finalitat és maximitzar el benefici. Home, no és el mateix Sant Joan de Déu que la S.A. de la cantonada. Estem en una mena de melé de debat ideologitzat que no avança perquè no es destria la veritat de la mentida i hi ha molta mentida.

Posa'm un exemple.

Per exemple, els arguments dels que intenten generalitzar el model Muface a tota la població. Els funcionaris de l'Estat, els jutges i els militars tenen dret a triar asseguradora finançats amb fons públics, i aquestes asseguradores cobren un per càpita dels funcionaris coberts que és força més baix que la despesa per càpita que correspon a l'Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), o sigui a l'atenció sanitària dins de la xarxa pública. I utilitzen aquest argument per dir que és més barat el fet de cobrir a la població amb una xarxa privada d'assegurances, perquè per exemple una persona en lloc de costar-te 1.500 euros te'n costa 1.000. Això és totalment fal·laç, però, perquè hi ha una selecció per risc clarament. Si un funcionari està sa i pot triar una asseguradora doncs tria una privada però si li detecten un càncer des d'aquest moment es passa a l'INSS. O sigui, que el sistema públic es queda amb els riscos majors i els pacients més cars i l'altre es queda amb els sans i per tant no pots comparar.

Com es veu el model mixt català?

Catalunya és una referència a la resta del país i també fora, és una experiència positiva. Sobre el model, la xarxa d'utilització pública té una majoria de proveïdors que no són lucratius. El que sí es va comentar va ser la proposta d'atendre pacients privats en centres públics.

La major privatització de la història de Catalunya –l'empresa Aigües Tell Llobregat (ATLL), clau per al subministrament d'un servei tan essencial com l'aigua– va camí de convertir-se també en un dels episodis més rocambolescos. A tot el vodevil judicial provocat per la polèmica concessió a un consorci liderat per Acciona i el banc BTG Pactual –desautorizada pel propi organisme de contractació pública de la Generalitat i anul·lada per successives sentències en els tribunals– se suma ara l'escàndol que ha esquitxat al Brasil al màxim executiu de BTG Pactual, André Esteves, empresonat des del dia 25 acusat de suborns. En un pla d'emergència per evitar l'enfonsament, el banc ha posat a la venda “totes les participacions empresarials que no formen part de la seva activitat financera”, entre les que s'inclou ATLL, de la qual controla el 39% a través de la filial Aigües de Catalunya LTD.

L'empresonament d'Esteves, agressiu i mediàtic banquer que va convertir BTG Pactual en la setena entitat financera del Brasil, ha commocionat el país sud-americà i ha posat contra les cordes al banc. Esteves va ser detingut el passat 25 de novembre juntament amb el líder de la majoria governamental al Senat, Delcídio do Amaral, en el marc del cas Renta Jato, la major xarxa de corrupció i suborns de la història del Brasil articulada al voltant de Petrobras, petroliera sota control públic.

Sobre Esteves i Amaral pesa la sospita, recolzada per un enregistrament, que van oferir a l'empresonat exdirector de Petrobras, Nestor Cerveró, el pagament de 15.000 euros mensuals, un milió d'euros per a la seva família i suport en un pla de fuga de presó a canvi de no incriminar-lo. També s'acusa el banquer d'un presumpte suborn de 10 milions d'euros al president del Congrés.

L'efecte de la detenció d'Esteves a les constants financeres de BTG Pactual ha estat fulminant: l'acció ha caigut més del 40%, els bons del banc a 10 anys s'han arribat a enfonsar més del 65%, totes les agències de ràting li han rebaixat la qualificació i la recuperació de fons per part dels clients ha estat tan intensa que el Fons de Garantia de Dipòsits ha hagut d'habilitar una línia urgent de liquiditat de 1.500 milions d'euros vinculada a una auditoria que va posar el focus en el Renta Jato.

Esteves ha estat apartat del seu lloc i el nou equip directiu ha preparat un pla de xoc per “evitar l'escac i mat” –en expressió del diari Folha de Sao Paulo, l'empresa editora del qual BTG Pactual té el 5,9%–, que consisteix bàsicament en vendre tot el possible: participacions empresarials, cartera de crèdits... Tot i com més aviat.

El nou president del banc, Persi Arida, ha estat contundent en explicar el pla de xoc: “Hem pres la decisió de vendre tots els negocis que no formen part de l'activitat financera”, ha declarat als mitjans brasilers. El banc ha col·locat ja la seva participació en Rede D’Or, el major grup d'hospitals privats del país, i vol desprendre's de tots els “negocis no essencials per a l'activitat del banc” més enllà fins i tot de les declaracions del seu primer executiu: en els temptejos per a la venda ha inclòs fins i tot actius directament vinculats a l'activitat financera: aspira a desprendre's d'almenys la meitat de tota la seva cartera de crèdits i fins del banc suís BSI, que acabava d'adquirir.

En aquesta cursa desesperada per desprendre's ràpidament de tots els actius possibles està també la seva participació en ATLL, segons han confirmat fonts del mercat a Espanya. Potencials compradors han estat ja temptejats i informats de la decisió de BTG Pactual de vendre's el seu 39% participació en ATLL de forma immediata. Preguntada per eldiario.es/Catalunya Plural, una portaveu del banc a Londres –centre d'operacions per a les activitats a Europa– es va limitar a contestar: “Malgrat que BTG Pactual ha dit que està considerant la venda de certs actius, no anem a comentar rumors ni especulacions”.

El gran problema de la venda, expliquen fonts d'una de les entitats que ja ha estat temptejada, és precisament el galimaties jurídic que envolta la major privatització de la història de Catalunya, el que fa molt difícil l'operació sense importants minusvalideses per al banc.

Just abans de les eleccions autonòmiques de 2012, el Govern de Mas va lliurar la gestió d'ATLL a un consorci liderat per Acciona (51%) i BTG Pactual (39%), amb la participació de vehicles financers de les famílies Godia (5%) i Rodés (5%), el que li va permetre esquivar l'asfíxia financera amb una operació de 1.000 milions d'euros, que incloïa l'injecció immediata de 300 milions. Tot i això, el procés ha estat sempre sota sospita fins al punt que el mateix Òrgan Administratiu de Recursos Contractuals de Catalunya (OARCC), dependent de la pròpia Presidència de la Generalitat, va resoldre que havia d'excloure al consorci guanyador perquè la seva oferta no respectava el plec de condicions.

La insòlita resolució va ser desatesa pel Govern de Mas, i l'oferta rival, nucleada al voltant de Agbar, ha anat guanyant els successius plets en els tribunals, inclòs al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que el juny passat va declarar nul el concurs. A la pràctica, però, no ha canviat: el consorci liderat per Acciona i BTG Pactual segueix al capdavant de la gestió d'ATLL als llimbs jurídic –en teoria, queden quatre dècades de concessió– i ningú sap com sortir d'un embolic fenomenal en el qual estan en joc indemnitzacions milionàries amb les arques públiques buides.

Per si fos poc, la CUP ha col·locat entre les condicions per facilitar la investidura de Mas la renacionalització de l'ATLL, una opció rotundament descartada fins ara per Mas. L'única cosa segura és que el vodevil de la gran privatització del president “liberal” continua.

Lafede.cat, entitat que aplega les organitzacions no governamentals que actuen en els àmbits de cooperació al desenvolupament, pau, justícia i drets humans, ha demanat que s’obri una investigació sobre els criteris i beneficiaris de la gestió dels fons de cooperació de la Diputació de Barcelona. Aquesta decisió l’ha adoptat la junta directiva de Lafede.cat després de rebre “amb preocupació, el degoteig de notícies aparegudes sobre la gestió de fons de cooperació a la Diputació de Barcelona que apunten a una privatització que beneficiaria més a empreses catalanes que a les poblacions empobrides d’altres països”.

Les informacions han estat difoses per CatalunyaPlural i recullen el canvi d’orientació de la política de cooperació internacional de la Diputació de Barcelona des de l’arribada de CiU al govern de la corporació provincial i el nomenament com a president de Salvador Esteve. Des de 2012, la Diputació ha repartit més d’un milió d’euros entre empreses en procés d’internacionalització d’una partida que, fins aleshores, estava reservada per organitzacions no governamentals catalanes o dels països del Sud.

Lafede.cat ha demanat aquesta investigació coincidint amb la dimissió del director de Relacions Internacionals de la Diputació de Barcelona, Jordi Castells. Castells va comunicar ahir la seva dimissió als membres del seu departament i, tot i que va desvincular-la de les informacions esmentades, va reconèixer que la seva situació s’havia tornat insostenible les darreres setmanes. Una de les seves últimes intervencions públiques la va fer el passat 30 d’abril, en un acte organitzat conjuntament, amb Lafede.cat sobre ‘La crisi i la cooperació internacional als municipis: efectes al teixit associatiu i respostes institucionals’.

L’entitat que agrupa l’associacionisme solidari i pacifista considera “particularment greu l'informe de l'Agència de Salut Pública de Barcelona que parla de mobbing als treballadors crítics amb certes pràctiques a l'Oficina de cooperació” i “considera imprescindible aprofitar el moment de canvi polític a la Diputació i la crisi oberta per reforçar l'àrea i establir noves prioritats i nous mecanismes de transparència i control”. Aquest canvi polític a la Diputació està per veure com es configura donada la fragmentació política amb què ha quedat el nou Ple de l’entitat després de les eleccions municipals, que fa difícil anticipar quin tipus de govern la dirigirà en el proper mandat.

Els treballadors de TV3 tornen aquest divendres, 28 de març, a la vaga, aquest cop per oposar-se a la privatització de l'àrea comercial de la televisió pública.

L'aturada començarà a les 8 del matí i acabarà a les 11,30 hores. Els sindicats amb presència en el comitè d'empresa aprofitaran que la direcció de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals (CCMA) compareix al Parlament per mostrar en aquell mateix escenari la seva oposició a l'externalització d'un servei estratègic com és el que gestiona la publicitat de les cadenes televisives.

En un comunicat, el comitè d'empresa carrega contra els partits que patrocinen la privatització, CiU, PP i PSC. Els acusen de fer-ho per pagar favors que aquestes forces polítiques deuen al grup Godó, a qui consideren que s'atorgarà la concessió en unes condicions molt favorables per a l'adquirent i molt negatives per a l'erari públic.

La decisió sobre la privatització del departament comercial de TV3 fa dies que s'hauria d'haver produït. El president de la CCMA, Brauli Duart, és qui està facultat per fer-ho. Tot això passa mentre el comitè d'empresa i la direcció de la corporació continuen negociant entorn d'una sortida que permeti reduir part el dèficit de la societat i que, per als treballadors, no hauria de suposar una nova retallada de la seva capacitat adquisitiva, ja que han vist com se'ls hi aplicaven retallades els últims anys.

El govern de CiU malda des de fa setmanes per recuperar la pau social als mitjans de comunicació públics. Ho fa perquè ha vist com les vagues suposaven pèrdua d'audiència i per tant de publicitat. També ha pesat en aquest canvi de posició la consideració negativa que per a l'opinió catalana té respecte a la situació de la televisió en un moment en què es considera que els mitjans audiovisuals estatals fan una forta pressió per condicionar els catalans contra el procés sobiranista.