La periodista Victoria Prego, actualmente adjunta al director de El Independiente, ha fallecido esta madrugada en Madrid a los 75 años. La periodista fue la presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid durante cuatro años, desde el 20 de noviembre de 2015 hasta el 19 de noviembre de 2019. Además, fue una de los veintidós profesionales que en 1997 fundó la Academia de las Artes y las Ciencias de Televisión.

La periodista trabajó buena parte de su carrera en TVE. Tras unos primeros trabajos en El Alcázar, Informaciones y la Agencia EFE, entró en 1973 en la televisión, donde se ocupó de la información internacional, fue corresponsal en Londres y presentó varios programas. Entre ellos, su famosa serie sobre la 'Historia de la Transición española“, que abarca desde la muerte de Carrero Blanco hasta la victoria electoral del PSOE en 1982.

Como escritora publicó el 'Diccionario de la Transición', con las biografías de los protagonistas, así como 'Los presidentes', 'Adolfo Suárez, la apuesta del rey', 'Leopoldo Calvo Sotelo, un presidente de transición', “Felipe González, el presidente del cambio” y 'José María Aznar, un presidente para la modernidad'.

Fue, además, autora del guión y narradora del documental “Así Murió Franco”, que recibió la Medalla de Plata de Documentales Históricos en Festival de Nueva York. Fue también la encargada de leer el manifiesto al final de la multitudinaria manifestación del 14 de julio de 1997 tras el asesinato del concejal popular de Ermua Miguel Ángel Blanco.

También fue habitual contertulia en el espacio de Jesús Hermida 'Hermida y compañía', en Antena 3 TV a mediados de los noventa. A finales de 1995 entrevistó a los tres expresidentes del Gobierno para el especial de Antena 3 TV 'El valor de un Rey'.

En 1999 fue nombrada miembro del Patronato del Archivo General de la Guerra Civil Española, desde 2007 Centro Documental de la Memoria Histórica. Entre el 2000 y el 2005 fue subdirectora política del diario 'El Mundo' y, a partir de 2005, fue adjunta al director de ese diario con Pedro J. Ramírez y Casimiro García-Abadillo. A mediados de junio de 2015 abandonó 'El Mundo', tras la destitución de su director Casimiro García-Abadillo. Formó parte del equipo que fundó en septiembre de 2016 El Independiente, en el que fue adjunta al director y presidenta del Consejo de Administración de su empresa editora.

La Junta Directiva de la APM ha mostrado este miércoles “su profunda tristeza ante la irreparable pérdida” y ha transmitido “su más sentido pésame” a sus familiares, amigos y compañeros.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha lamentado el fallecimiento de Prego. “Fue una periodista con mayúsculas. Suya fue la voz que nos enseñó qué fue la Transición a toda una generación”, ha escrito en su cuenta de X:

Algunos de los libros que se venden por millones merecen claramente su éxito. Uno de ellos es Longitud, de Dava Sobel, una estadounidense licenciada en Ciencias que ha escrito varias maravillas más. El libro cuenta el esfuerzo histórico para que los marinos pudieran calcular la longitud de su posición, es decir, la distancia a un meridiano dado, convencionalmente el de Greenwich. Mientras que desde antiguo «cualquier marino que se precie puede calcular la latitud» con relativa facilidad, para averiguar la longitud «hay que saber qué hora es en el barco y, también, en el puerto base u otro lugar de longitud conocida en ese mismo momento».

Pero saber qué hora es en el puerto de salida no era nada fácil. Se inventaron varios métodos para ello, tan exactos como uno de los que describe Sobel, que también se encuentra representado en el observatorio de Greenwich: se descubren unos polvos simpáticos que curan heridas dolorosamente cuando entran en contacto con un objeto que tuviera alguna relación con el herido. Y entonces se arma una empresa donde con el mismo cuchillo se hiere a muchos perros, cada uno de los cuales se le vende a un capitán de barco. Cada día, a las doce en punto, el empresario hunde el cuchillo en un vaso con los polvos mágicos: todos los perros embarcados aúllan de dolor, y el capitán dueño de uno sabe que en ese momento es mediodía en Londres y hace su cálculo de la distancia. Magnífico, ¿eh?

Hay más métodos que implican a perros en la navegación. El del ladraperros no lo cuenta Sobel, lo leí de niño en alguna novela. El navegante ladraperros es un piloto que para orientarse arrima el barco a la costa, a una distancia que le permite oír los ladridos de los canes en tierra. Y sabe distinguir los de cada raza, así que si oye a un gran danés comprende que está a la altura de Dinamarca; si a un pastor alemán, pues delante de Alemania; si el ladrido es de un terrier de Yorkshire…

Bueno, se perdieron algunos cargamentos y unas cuantas vidas antes de que alguien inventara algo mejor (el relojero inglés John Harrison, en el siglo XVIII, al que la ciencia y la religión —o, al menos, los científicos y los curas de la época— hicieron mil y una perrerías nada simpáticas), y las mejoras no han parado desde entonces. Ahora disponemos de GPS, sistema de posicionamiento que emplea unos satélites que cuestan anualmente unos 800 millones de euros, me entero leyendo un artículo de 2015 que es el que me ha recordado el libro de Sobel. El artículo explica el añejo cálculo de la longitud con sextante para ilustrar la noticia: la marina estadounidense vuelve a enseñar a sus pilotos la navegación con estrellas, por miedo al jaqueo de los sistemas informáticos.

Volver a navegar guiándose por las estrellas es una medida prudente, qué duda cabe. Es bastante difícil que el enemigo las mueva de sitio para desorientarnos. Pero a este regreso a técnicas antiguas puede unirse otro: el de los perros.

Hace años le oí a un piloto de aviación predecir para un futuro próximo que la tripulación que maneje un avión comercial estará compuesta de un piloto y un perro. La función del piloto es dar de comer al perro. La del perro, morder al piloto si se le ocurre tocar los mandos del avión.

Es decir, el aparato estará controlado en todo momento por los instrumentos, evitando así el error humano. Pero si el enemigo puede engañar a los aparatos manipulando la información, estamos perdidos. Y la manipulación de la información está a la orden del día. La información correcta y desinteresada, la que se elabora teniendo el respeto a la verdad como guía suprema, corre un grave peligro. Así nos avisa la veterana demócrata Victoria Prego de los ataques a periodistas por parte de Podemos, y el autor de La ciudad y los perros, el no menos veterano y demócrata premio Nobel Vargas Llosa, ratifica el peligro que acecha a los profesionales honrados, equiparable al que suponía la ETA. Así que, si no tomamos medidas, podría ocurrir que subiéramos a un avión en Parayas y, en lugar de aterrizar en Barajas un rato más tarde, apareciéramos en Caracas mucho después, sin saber cómo. Y, peor, sin haber comido.

Por tanto, quizá conviniera seguir el camino emprendido por la marina yanqui y retomar algunas viejas costumbres. Por internet pueden comprarse sextantes a un precio muy razonable. Enseñemos a los pilotos a emplearlos y dejémosles a ellos llevar los aviones, no a los ordenadores. Aunque, ahora que lo pienso, el piloto podría ser de Podemos y llevarnos a Venezuela igualmente. Así que, tras siglos de haber ocupado posiciones secundarias en esto de la navegación, y de haber demostrado durante ese tiempo la fidelidad y abnegación que les conocemos también en otras áreas, ¿por qué no enseñamos a los perros a pilotar los aviones…?

¿Que podría ser un desastre? Qué va, hombre. Lo que es un desastre es darle el Nobel a Vargas y la Asociación de la Prensa a Prego.

Nota: Me han llegado acusaciones de presentar a Donald Trump como un ignorante en «No hay que temer al cambio (climático)». [  ] Nada más lejos de mi intención. Como prueba, copio aquí la cita que abre Longitud, de Dava Sobel:

«Cuando me siento juguetón, utilizo los meridianos de longitud y los paralelos de latitud como jábega y rastreo el océano Atlántico en busca de ballenas». Mark Twain, Vida en el Misisipi.

Este verano hará 30 años que salí de la boca de metro de Callao, con una ilusión que me llenaba de nervios. Iba a entrar en el Palacio de la Prensa y a darme de alta en el Registro Profesional de Periodistas de la FAPE. He estado buscando el magnífico carné de cuero que me entregaron para escribir aquí el número correcto que me asignaron, un trece mil algo. No lo he encontrado. No lo he usado nunca. No me ha hecho falta. Lo que chuta en la vida real son los carnés profesionales que otorgan las empresas informativas, de manera que es el empresario el que concede la cualidad de profesional. Una fuente de problemas que no se pudo solventar. Luchamos para colegiarnos, como las demás profesiones liberales, pero no nos dejaron. A los grandes grupos de prensa no les interesaban unos periodistas protegidos por la colegiación. Hubieran tenido que aceptar unas remuneraciones y unos derechos mínimos. No interesaba y no se hizo.

Dejé hace mucho de pagar cuotas. Nunca una asociación ha hecho nada por mí ni por ningún periodista de mi entorno. Tampoco los sindicatos ni cuando aún tenían mando en plaza. No les interesaba. Defender los derechos de los periodistas en un conflicto con las empresas les hubiera enfrentado a los medios y eso les perjudicaba. Necesitaban a los medios para el resto de sus acciones en favor de los otros trabajadores.

El poder está en los medios, como verán. Si tu medio te respalda, poco te importan las presiones. Unas presiones que normalmente se vehículan desde el poder a través de tus propios jefes. Así que si algo teme un periodista es que el poder exija a su medio su cabeza, porque se queda en la calle.

No entiendo pues que el problema de los colegas redactores con Podemos, de existir, no se solucione con el apoyo de sus empresas informativas. Si te ningunean o te faltan o te putean pero tu medio te respalda, no tienes problema alguno. El problema se produce, me parece a mí, cuando te encuentras entre la espada y la pared, es decir, cuando tu medio te presiona por un lado para que informes o te autocensures en un sentido y el objeto de tu información te presiona porque les parece injusto el trato que reciben. Ahí sí vas jodido. Y puede que esa sea la trayectoria real de los tiros en el asunto de Podemos.

En ese supuesto, conseguir que una asociación profesional, aparentemente neutra, se pronuncie contra un partido parlamentario puede ser una solución. Si tus empleadores están por darle estopa a Podemos, nada mejor que dársela de esta forma novedosa para no tener problemas en el curro y permitir además unas portadas que, me van a perdonar, también podían haber hecho sin la APM sólo que no hubieran tenido tanta fuerza.

Un periodista no puede usar el anonimato para hacer una denuncia de este tipo. No es este oficio de cobardes. Poner cada día la firma bajo un texto, o ponerle voz o cara, es un ejercicio en la cuerda floja. No voy a negar que Podemos tenga que hacerse mirar la intolerancia de muchos de sus seguidores con las opiniones que les son adversas. Yo misma vivo la esquizofrenia de que unos me llamen podemita y otros, afines a Podemos, me traten de afecta a la trama cuando no les gustan mis posicionamientos. Poco es eso para afectar a tu independencia.

Si de lo que están hablando es de “amenazas” y “coacciones” que responden a la definición real que tienen esas palabras, en ese caso lleva razón Pablo Iglesias, es al juzgado adonde deben ir con sus nombres y apellidos porque no se lo admitirían de otra forma. Si es de otra cosa, no falten a los periodistas que hasta han muerto en el empeño, llamándose “héroes” a sí mismos.

Lo que no resulta aceptable es acudir protegidos por el anonimato a hablar con unos cuantos miembros de la Ejecutiva de la Asociación de la Prensa de Madrid y que estos en secreto y sin oír otra versión juzguen, condenen y amparen convirtiéndose a la vez en jurisdicción y Tribunal Constitucional, pero sin ninguna de sus garantías.

Prego sabe perfectamente que en un país democrático la Justicia es pública y se imparte con publicidad porque lo contrario permite sustraer del control de la sociedad lo que en la misma se dirime como sucede en las dictaduras; y que la Justicia es contradictoria porque sin las dos versiones de los hechos y la posibilidad de la parte acusada de ejercer su defensa, no hay justicia posible. Sabedora de ello y con el sólo respaldo de su palabra se convierte en tribunal y acusa a un partido político, que representa a cinco millones de españoles, de cometer delitos y de mantener actitudes antidemocráticas inadmisibles. No nos da más datos porque, dice, se acoge al deber de proteger las fuentes, un derecho constitucional que está reservado exclusivamente a la figura del periodista. Una asociación profesional como persona jurídica no se beneficia de los derechos que por su cualidad disfrutan sus miembros. Otro desliz. Lo hace además sin el asentimiento de parte de su junta directiva, de esa que no le hubiera aceptado hacer público un comunicado en esos términos.

No soy miembro de la APM, ya se lo dije, así que no me representan. Eso sí, desde aquí, planteo que la dimisión de tales representantes debería ser un tema a estudiar por los compañeros que sí pagan sus cuotas. Los periodistas como colectivo no pueden hablar desde el oscurantismo, el anonimato o desde la defensa de unos intereses concretos. O no deberían.

Pero, ¿qué militantes de Podemos han acosado a unos periodistas? ¿Quiénes son esos profesionales? ¿Qué les han hecho o les han dicho? ¿Cuándo? ¿Cuántas veces? ¿Cómo, cara a cara o por teléfono? Una información que no respondiera a esas preguntas jamás se habría publicado en un medio de comunicación normal. Porque esas son reglas elementales, de sentido común, que cualquiera que entre en una redacción sabe que tiene que respetar. Violándolas abiertamente en su nota de este lunes, la Asociación de la Prensa de Madrid se ha cubierto de gloria. Porque, sin cumplir con los citados requisitos, lo que en ella se dice podría perfectamente ser una exageración intolerable de la realidad o algo que estuviera muy cerca de la mentira.

No parece que lo vayamos a saber. Porque la Asociación no ha querido añadir una línea a su acusación pública ni tiene pinta de que lo vaya a hacer. Y si eso no ocurre la cosa quedará en infundio. Pero no pasará nada. Porque quienes podían aprovecharse de esa nefasta iniciativa ya lo hecho con toda suerte de medios, haciendo imposible el esclarecimiento de la verdad en esta cuestión. Editoriales de periódicos que antes eran de referencia, como El País, y decenas de declaraciones de exponentes del PP no han parado de repetir en las últimas horas que “Podemos es un partido que acosa a los periodistas”. Y lo repetirán cuantas veces les convenga. Desde hace unos cuantos años así se construye el discurso público en España. ¿Post-verdad? No, trampa, sin más.

No tiene mucho sentido especular sobre los motivos que han llevado a la Asociación de la Prensa de Madrid a dar ese paso infausto, que reduce aún más el ya muy escaso prestigio de la institución. Que cada uno apueste por las motivaciones políticas que considere más oportunas. O que lo atribuya a otro tipo de razones. No hay materia para pronunciarse al respecto. Sí para afirmar con toda rotundidad que eso no debería haber ocurrido nunca, que una iniciativa como esa enfanga aún más la escena pública española y ensucia a todos los que directa o indirectamente la han secundado.

Pero más allá de esas reflexiones morales, ¿es creíble la acusación de que Podemos, o cuando menos representantes cualificados de esa organización, acosan a los periodistas? No, no tiene mucho sentido. Porque cualquier acoso que merezca ese nombre tiene que estar respaldado por una capacidad para hacer que el acosado sufra consecuencias si no hace lo que el acosador quiere. La de ser despedido o la postergación en la redacción, por ejemplo. Y esas cosas ocurren, cierto es que cada vez menos porque el miedo manda en esta profesión machacada. Pero la única posibilidad de intimidación que está en manos de Podemos es la que tiene cualquier partido o gabinete de comunicación: la de advertir con cerrar las puertas de su información al periodista cuyo trabajo se considere lesivo para los intereses de la organización.

Eso no es acoso. Es una regla del juego. Quien se pasa sabe que le pueden cortar el grifo. Ningún periodista que haya ejercido de verdad el oficio puede asegurar que eso no le ha ocurrido nunca. La mayoría dirá además que ese trato fue injusto.

Seguramente los responsables de prensa de Podemos han aplicado más de una vez ese tratamiento. Como los de los demás partidos. Pero la formación de Pablo Iglesias no puede hacer mucho más. Porque carece absolutamente de influencia en los medios importantes, no tiene accionistas amigos, ni poder político para pedir al director de un periódico o de una cadena de televisión que corte las alas a este o aquel otro redactor porque no gusta lo que cuenta. Y no lo va a tener a menos que las cosas cambien mucho.

Si esos medios, y particularmente algunas televisiones, han sido, y siguen siendo, plataformas de expresión privilegiadas para los dirigentes de Podemos no se debe a su influencia entre los responsables de esos medios y menos a chantajes o acosos a sus responsables. Sino simplemente a que lo que dicen y hacen es noticia, atrae público y audiencia. Y por mucha rabia que eso le dé al PP, y este sí que presiona, esa dinámica va a seguir funcionando mientras Podemos y sus principales exponentes sigan siendo o pareciendo distintos a los de las demás ofertas políticas. ¿Quién puede negar que tiene más gancho una entrevista con Pablo Iglesias que una con Rajoy? ¿O Vistalegre 2 que el Congreso del PP?

El juego es tan sencillo como ese. No hay más, salvo que tal vez, habría que demostrarlo con hechos, que la gente de Podemos no es muy simpática con los periodistas. Con los que le dan caña y puede que también con otros que no lo hacen. En todo caso están en su derecho de no serlo. Porque a ellos les tocará pagar las consecuencias de su actitud, que ciertamente no es habitual, pero tampoco original. Porque, por ejemplo, el mítico presidente francés François Mitterrand era un auténtico ogro para prensa. Y su estilo ha tenido seguidores. En Francia y en otros países europeos –por no citar a Donald Trump– hay muchos políticos que se niegan a adular a los periodistas.

Pero aquí se ha construido el mantra de que Podemos está en contra de la libertad de información. Y se alimenta cada día. Por cierto, la presidenta de la Asociación de la Prensa, Victoria Prego, ha puesto mucho de su parte para dar fuerza a esa idea. En mayo del año pasado, cuando era posible que Podemos apoyara un gobierno de coalición con el PSOE, dijo que “la libertad de información peligraba” si el partido de Pablo Iglesias entraba en el cenáculo del poder político.

¿Qué entienden por libertad de información quienes sostienen esas acusaciones? Si es lo que hay hoy en España mejor harían con callarse. Porque no hay un país en Europa en el que todos los medios importantes, o con mayor audiencia, estén tan sesgados hacia la derecha y el centralismo o los intereses de las grandes empresas y la negación de cualquier posibilidad de cambio.

Esa realidad agobiante lo condiciona todo. En primer lugar, la definición de lo que es políticamente correcto y de lo que no lo es. Esos criterios de parte, profundamente reaccionarios además, son la base de lo que en España o no se puede decir. Y cuando Podemos se salta esas reglas, como está obligado a hacer porque es una alternativa, se sueltan los perros contra sus gentes.

¿Por qué no se habla de los trallazos que contra sus oponentes pegan en Italia los seguidores de Beppe Grillo y él mismo? ¿O de las pedradas dialécticas que se tiran unos a otros en el debate político francés, británico o incluso alemán? Si aquí se dijera la cuarta parte de lo que se dice por esos pagos, ¿qué haría la Asociación de la Prensa de Madrid? ¿O quienes se rasgaron las vestiduras porque Pablo Iglesias le mentó la cal viva al PSOE? No pocos de ellos, pero nadie lo citó entonces, se habían llenado la boca, mes tras mes, durante años, acusando al gobierno de Felipe González de haber amparado a los guardias civiles que mataron a Lasa y Zabala en Intxaurrondo y de haber montado el GAL. Pero en 2016 acusaban a Iglesias de lo peor por recordarlo. ¿Y qué tenía eso de malo?

El comunicado que la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) difundió el pasado lunes para denunciar “el acoso” de Podemos a un grupo de periodistas que siguen su actualidad nació de las quejas que una decena de redactores que se han sentido humillados y amenazados por dirigentes de la organización a través de mensajes telefónicos y en las redes sociales. Esa denuncia de la asociación profesional, que ha llevado al PP a comparar el trato de Podemos a la prensa con el de la izquierda abertzale, se fraguó a espaldas de la mayoría de la junta directiva de la APM.

El malestar entre ese grupo de redactores (de distintos grupos de comunicación) fue en aumento durante el último año y derivó en una queja ante la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP). Los reporteros lamentaban la actitud de Pablo Iglesias y otros dirigentes de Podemos, relataban algunos desencuentros públicos y privados con políticos del partido y decían tener pruebas de “campañas orquestadas en las redes sociales” para atacar sus informaciones.

La Asociación de Periodistas Parlamentarios trató sin éxito de reunirse en dos ocasiones con el líder de Podemos, la última el pasado mes de noviembre, y visto que alguna de las quejas provenían de periodistas que no eran cronistas parlamentarios decidió ponerlo en manos de la Asociación de la Prensa de Madrid, que el viernes 24 de febrero abordó el asunto en su reunión mensual.

Lo que se pactó en ese encuentro de la APM –al que acudieron cerca de una veintena de sus miembros– fue recibir al grupo de periodistas y escuchar sus quejas el jueves 2 de marzo, según confirman varios de los asistentes a eldiario.es.

La siguiente comunicación que recibieron los 23 integrantes de la junta directiva a las 22.52 horas del pasado domingo fue ya para informarles de que a las 9 de la mañana del lunes se haría público un comunicado denunciando las actitudes de Podemos. En el email se adjuntaba el texto cerrado de la denuncia bajo el asunto “Comunicado ante acoso Podemos”.

Algunos vocales no llegaron a leerlo y se enteraron ya el lunes por las radios y televisiones. Solo cinco de los 23 integrantes de la APM respondieron en la rueda de emails. Dos de ellos fueron especialmente entusiastas con el texto, que, según varias fuentes, pactaron la presidenta Victoria Prego –que es adjunta al director de El Independiente– y el vicepresidente primero para Asuntos Profesionales, Nemesio Rodríguez López, redactor habitual de las notas. Un tercer vocal alertó en la respuesta al email de la repercusión que podría tener.

El resto de los directivos de la APM no se posicionó ni tuvo noticia de lo que los autores de la denuncia habían contado en la reunión. Tampoco llegaron a ver las pruebas del supuesto acoso que cita el comunicado ni fueron informados del resultado de las entrevistas a una decena de redactores denunciantes. La Asociación de Periodistas Parlamentarios, que había estado en la génesis de la queja, no fue informada de que iba a salir esa nota.

La fórmula elegida por la APM –la que suele utilizar para reaccionar con rapidez ante asuntos urgentes que no pueden esperar a una reunión de todos los miembros– ha causado malestar en algunos miembros de la asociación.

Ausencia de debate en la junta de la APM

Cinco vocales han manifestado a eldiario.es su convencimiento de que un comunicado que acusa al tercer partido con más representación parlamentaria de “vulnerar de una manera muy grave los derechos constitucionales a la libertad de expresión y a la libertad de información y coarta el libre ejercicio del periodismo” debería haber sido debatido en la junta general de la asociación. Y lamentan que antes de formular una denuncia de tal calibre no se hubiera dado audiencia a Podemos, cuyos dirigentes han negado a posteriori las prácticas que relata el escrito.

“No tuvimos tiempo de reaccionar a un comunicado que es excesivamente duro. Me parece muy grave lo que relatan los compañeros pero creo que deberíamos haber hablado con Podemos y reunirnos en una junta para decidir”, relata una vocal.

Otro integrante de la junta asegura que “si se hubiese producido un debate, la nota no habría salido en esos términos”. “Es evidente que se nos ha utilizado políticamente y por primera vez la APM ha estado en todas las portadas”, asegura, tras comprobar cómo la denuncia ha monopolizado el debate político de las últimas horas y motivado reacciones de PP, PSOE y Ciudadanos, que se han mostrado muy duros con el partido de Pablo Iglesias.

“Yo creo que no habría pasado nada por haber escuchado a Podemos, al contrario. Y tampoco habría pasado nada por haberlo debatido. Creo que el tema tiene enjundia y es grave, y que la APM está para tomar en cuenta las solicitudes de amparo. Es un tema delicado, la línea entre presionar y amedrentar es demasiado débil y es consustancial al ejercicio del periodismo la capacidad para soportar presiones, que siempre las ha habido. Me preocupa que haya compañeros que puedan sentir miedo y no puedan desarrollar su trabajo. Al ser un tema delicado, tal vez habría que haberlo tratado de otra forma. No es la primera vez que pasa”, asegura otro veterano de la APM.

Un cuarto vocal asume que el procedimiento para elaborar la nota no ha sido el más adecuado, aunque recuerda que las quejas de los periodistas son reales y graves y es injusto que queden desvirtuadas por la fórmula elegida para difundirlas.

Varias fuentes consultadas aseguran que la gestión de la queja la llevaron Prego y su mano derecha, Nemesio Fernández. En el mejor de los casos, sólo estuvo al tanto el núcleo duro de la dirección: otros dos vicepresidentes y la secretaria de la APM.

“No vamos a dar ni los nombres ni las pruebas”

La dirección de la Asociación de la Prensa de Madrid rechazó el martes hacer declaraciones a eldiario.es. El vicepresidente primero, autor del comunicado, Nemesio Rodríguez, aseguró que cualquier explicación debería darla Victoria Prego, y esta evitó responder las llamadas de esta redacción.

Prego sí había ofrecido su versión horas antes en Los Desayunos de TVE, donde es tertuliana habitual: “La APM no va a entrar en polémicas, ha hecho un comunicado y ahí hemos dicho lo que teníamos que decir. Nos llegó un nutrido grupo de periodistas explicándonos que se sentían intimidados de manera organizada, nos enseñaron las pruebas que demostraban que lo que decían era cierto. Las pruebas y los nombres son propiedad de aquellos que nos vinieron a pedir amparo y por tanto no vamos a dar ni los nombres ni las pruebas. Pertenecen y es propiedad de los protagonistas. Yo he visto en la prensa unos cuantos relatos que incluyen unas cuantas pruebas. Y nosotros como buenos periodistas no revelamos nuestras fuentes”.

Uno de los medios que ha publicado el contenido de las quejas profesionales fue precisamente El Independiente, donde Prego es adjunta al director. “Ten cuidado con lo que escribes”, “Es de poca vergüenza o sinvergüenza”, son algunas de las frases que este diario atribuye a los denunciantes.

El País, que dedicó el martes una parte de la portada, el editorial y dos páginas a la polémica, fue otro de los diarios que publicó algunas de las amenazas relatadas por la denuncia a la APM: “Eres tonto” o “De donde no hay no se puede sacar”, en forma de mensajes. También “como escribas esto, te voy a destruir”, de forma verbal. La información no identificaba al autor de ninguna de las frases, y de la última decía que “no hay registro al haber sido supuestamente pronunciada cara a cara”.

Entretanto, los periodistas que han solicitado el amparo insisten en preservar sus identidades para no empeorar su relación con el partido del que tienen que informar. Subrayan que se trata de amenazas más o menos directas y personales y alegan que hay en Podemos una estrategia calculada para desacreditar cualquier información crítica con el partido.

“El señalamiento público es para desprestigiar hacia afuera, para que lo que publicas no tengas credibilidad, y para dentro, para que en tu partido sepan que estás considerado como enemigo y no hablen contigo”, asegura a eldiario.es uno de los solicitantes de amparo.

Otro de los denunciantes asegura que el trabajo diario sobre el partido se ha vuelto insoportable. Personas que han leído algunos de esos mensajes sostienen que varios traspasan todas las líneas rojas que deben regir en la relación de políticos y periodistas.

No se necesita carné para ser periodista. Ni siquiera se necesita haber cursado la carrera de periodismo. Ni siquiera hace falta tener un título universitario: el periodismo es un oficio que se ejerce con grandes dosis de curiosidad y capacidad para contrastar las cosas y saber contarlas, sobre todo aquellas que alguien en algún lugar no quiere que se sepa: el resto son relaciones públicas, como rezaba aquel viejo dicho anglosajón.

Y si esto es así, ¿para qué una Asociación de la Prensa de Madrid? Porque no es un sindicato, no se dedica a las conquistas laborales de los trabajadores. Y tampoco es un colegio profesional en el que haya que registrarse obligatoriamente, como puede pasar con los abogados.

Como explica en su web, “la APM fue fundada a las 10 de la noche del 31 de mayo de 1895 en el salón de actos de la Real Sociedad Económica Matritense de Amigos del País, por 173 periodistas, entre ellos todos los directores de los periódicos del momento y lo más florido de la profesión periodística de aquellos años. Entre los 173 fundadores de la APM solo hay una mujer: Jesusa Granda, colaboradora del diario 'El Globo”.

¿Para qué se fundó? “A los cinco meses de su fundación, se creó su primer servicio asistencial, el servicio de médico y farmacia, con la colaboración de seis doctores y cuatro farmacias, que inmediatamente comenzaron a prestar auxilio gratuito a los más de doscientos periodistas que componían en aquellos momentos la entidad. Con el paso del tiempo, la atención médica se convirtió en la auténtica espina dorsal de la institución y en su servicio de mayor prestigio”.

Una de las misiones fundacionales de la entidad fue la asistencial para sus asociados: servicio médico, legal, ayuda al nacimiento de los hijos, ayuda en el fallecimiento, el Montepío de Periodistas para jubilaciones, viudedad y orfandad; y ayuda a la vivienda, entre otros, son algunos de los servicios que tradicionalmente ha prestado la sociedad, que acaba derivando en un importante grupo de presión durante buena parte del siglo XX.

La relevancia como grupo de poder, de presión, como elemento fundamental en el agonizante régimen de la Restauración, se plasmó en el primer gran proyecto de la APM: la construcción, en 1925, de lo que entonces se llamó Casa de la Prensa, y lo que hoy es el Palacio de la Prensa.

A la colocación de la primera piedra acudieron las autoridades del momento, empezando por el rey, Alfonso XIII, y el general y dictador Miguel Primo de Rivera, presidente del Directorio militar (1923-1930).

El Palacio de la Prensa tardó varios años en construirse (1924-1928) y fue diseñado por el arquitecto Pedro Muguruza Otaño. Además de la sede de la APM, fue sede de la editorial de la revista humorística La Codorniz durante los años cuarenta, así como de la Hoja del Lunes, periódico que se publicaba el lunes, cuando el resto de la prensa no salía.

Al cabo de la Guerra Civil, el control de la APM pasó a periodistas cómplices del franquismo, y la presidió Víctor Ruiz Albéniz, que había cubierto la guerra como agregado al cuartel general de las tropas franquistas.

Como recoge la web de la APM, Ruiz Albéniz fue sustituido en 1944 por el escritor y periodista José María Alfaro, destacado miembro de Falange Española y coautor de la Ley de Prensa de 1938, que instauraba la censura de la prensa.

Años después, en 1955, Manuel Aznar, abuelo del expresidente José María Aznar, periodista, redactó mano a mano con el Gobierno, siendo presidente de la APM, lo que se llamó “Declaración de Principios del Periodista español”, que incluía un decálogo que, entre otras cosas, “aseguraba que los periodistas españoles profesaban ”la religión católica“ y que eran ”afectos a los principios del Movimiento Nacional“, según explica la APM.

Tras Manuel Aznar, llegó a la presidencia de la APM otro estrecho colaborador del franquismo, Pedro Gómez Aparicio, quien participó en la redacción de la nueva Ley de Prensa, que transitó de la censura previa a la autocensura.

La APM no vio venir su gran crisis económica. Lucio del Álamo, presidente desde 1967, se embarcó en un proyecto tan poco periodístico como la construcción de una urbanización para periodistas, la Ciudad de los Periodistas, en el distrito Fuencarral-El Pardo de Madrid, junto al Barrio del Pilar: una urbanización de cinco bloques de viviendas a precios muy por debajo de mercado.

La Asociación de la Prensa de Madrid se endeudó tanto que tuvo que hipotecar el Palacio de la Prensa de la Plaza del Callao, aquel a cuya primera piedra acudieron el rey Alfonso XIII y el dictador Primo de Rivera.

Pero, a pesar de la crisis económica y de credibilidad, la connivencia de la entidad con los poderes le permitió encontrar una salida, no sin antes vender patrimonio y cerrar el célebre Montepío de Periodistas a finales de los ochenta.

La salida que encontró el entonces presidente, Luis María Anson (1979-1982), fue sintomática de lo que era y había sido la Asociación de la Prensa: consiguió del Gobierno un palacete en la calle Juan Bravo, que había sido sede del Sindicato de la Marina Mercante, argumentando que dado que la Asociación había sido parte integrante de la Organización Sindical en la dictadura, le correspondía parte de su patrimonio.

Pero no fue lo único que consiguió Anson: también potenció las corridas de toros de la prensa al frente de la APM.

Los últimos años, la APM ha seguido arrastrando los problemas económicos derivados de la operación urbanística de finales de los ochenta, y también ha visto cómo algunos privilegios gremiales se han ido recortando.

Seguro médico

Uno de los principales incentivos de la APM era su seguro médico. Los asociados disfrutaban de un seguro médico privado, además del sistema público de salud. A mediados de los 2000, el Gobierno regional de Madrid obligó a que los asociados eligieran entre los dos: el privado o el público, pero seguía facilitando una subvención para el servicio privado de la APM.

A finales de 2015, PSOE, Podemos y Ciudadanos aprobaron una enmienda en la Asamblea regional en la que obligaban a Cristina Cifuentes a cambiar el destino de los 8,6 millones de euros presupuestados para subvencionar el seguro médico privado de los afiliados a la Asociación de la Prensa de Madrid, ya presidida por Victoria Prego. ¿Y a dónde se iban a dedicar esos 8,6 millones de euros? A un plan bucodental para madrileños sin recursos. 

Los 12.000 beneficiarios de la APM –periodistas y sus familias– eran el único colectivo profesional que disponía de un servicio médico privado subvencionado por la Comunidad de Madrid, en función de un convenio que arrancó en 1991 y cuyo último periodo de vigencia abarcaba desde 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016. 

De acuerdo con los datos de la APM publicados por El Confidencial, a pesar de los 8,6 millones de subvención, la asociación desembolsó en el último ejercicio 450.000 euros más. La cuota de la APM son 66 euros al trimestre, al que hay que añadir 20 euros al trimestre optativos por el servicio médico. En el  convenio, que vencía a finales de 2016, recogía que los 8,6 millones son “para contribuir al sostenimiento de los gastos de esta entidad por la gestión de la asistencia sanitaria prestada a asociados y familiares residentes en la Comunidad de Madrid”. 

De acuerdo con la APM, “el Servicio Médico, que es sustitutorio del servicio público de salud, a través de sus centros concertados (Fundación Jimenez Diaz, Grupo Madrid y Quirón, entre otros) atiende a más de 12.000 beneficiarios, de los cuales unos 5.400 son asociados y el resto, familiares de asociados y empleados. Este servicio es de libre opción entre los miembros de la APM y han optado por él aproximadamente un 70% de los mismos”.

Señalamientos selectivos

Este lunes la APM ha difundido un comunicado contra “el acoso de Podemos a periodistas”, sin exponer las pruebas de dicho acoso. Y a pesar de que las encuestas e informes de la propia APM sitúan en los poderes políticos, económicos y en los editores la fuente de las principales presiones a los periodistas, la APM ha decidido apuntar a Podemos, no a los banqueros, al Ibex-35 o a los gobiernos que, por medio de la publicidad, tienen la capacidad de dejar vivir o no un medio de comunicación.

Es más, desde que nació Podemos en enero de 2014, la APM ha lanzado tres comunicados contra este partido, y ninguno contra Telemadrid, por ejemplo, donde se han producido constantes denuncias por el sesgo favorable al PP de sus informativos en un medio público.

En los últimos tiempos, la APM sí ha “reprobado las decisiones de Juan Luis Cebrián” en lo relativo al anuncio de acciones penales contra eldiario.es, El Confidencial y La Sexta por los papeles de Panamá, así como por el cese de Ignacio Escolar, director de eldiario.es, como colaborador del programa Hoy por Hoy de la Cadena SER.

Ahora bien, no lanzó un comunicado cuando Mariano Rajoy, acechado por el caso Bárcenas, se escondió tras el plasma para retransmitir su discurso a la Junta Directiva Nacional del PP tras tres meses sin contestar a los periodistas en España y tampoco reaccionó con dureza ante las acusaciones del PP a los periodistas –“hienas”, llegaron a decir sus portavoces– tras el fallecimiento de Rita Barberá. 

La APM sí pidió que RTVE sea más independiente –sin criticar a quienes hacen posible que no lo sea–; ha solicitado a RTVE la retirada de un expediente contra un trabajador crítico con la dirección; y también ha amparado al periodista Javier Negre, de El Mundo, “por el acoso a través de las redes sociales”.

Con el aplauso entusiasta del Partido Popular, la más alta institución judicial de nuestra democracia ha hecho lo necesario para que Francisco Franco continúe enterrado con todos los honores en el mayor mausoleo de nuestro país. El Tribunal Supremo ha rechazado la demanda presentada por varios juristas, entre ellos Baltasar Garzón, encaminada a evitar que los despojos mortales del dictador asesino continúen siendo objeto de homenaje permanente en el único monumento fascista que queda en Europa: el Valle de los Caídos.

Los magistrados vestirán su decisión con una serie de excusas legales, pero lo único que han hecho es reivindicar la figura de quien secuestró las libertades en nuestro país durante 40 años, del criminal que asesinó extrajudicialmente a cientos de miles de personas por defender la democracia, del responsable del robo de decenas de miles de bebés, del verdugo que pactó con Hitler deportar a más de 9.000 españoles y españolas a campos de concentración nazis como Mauthausen, del “buen cristiano” que provocó con su pasividad cómplice la muerte de más de 50.000 judíos de origen sefardí en las cámaras de gas de Auschwitz-Birkenau, del machista que encerró por ley a las mujeres en casa para que se dedicaran a servir dócilmente a sus amos-maridos, del corrupto que montó desde el Palacio de El Pardo un emporio económico del que todavía disfrutan sus descendientes…

El Supremo no reconocerá nada de esto en su auto, faltaría más; se limitará a hablar de preceptos, competencias e interpretaciones enrevesadas de las leyes. Estamos acostumbrados a que los nostálgicos de la dictadura escondan sus filias franquistas bajo todo tipo de excusas. Si los magistrados utilizan argucias jurídicas, sus correligionarios políticos y periodísticos emplean variados giros argumentales: “No reabramos heridas”, “miremos al futuro y dejemos tranquilo el pasado”, “me gusta que los muertos descansen en paz”, decía este martes el gran Rafael Hernando. Es evidente que el portavoz del Grupo Popular se refería, en realidad, a “mis muertos”, entre los que ocupa un lugar destacado el “Generalísimo”.

Pero ¿por qué dicen estas necedades en lugar de reconocer abiertamente su lealtad a lo que representó la dictadura? En mi opinión, la respuesta es muy clara: los hechos, los datos y la documentación que hoy conocemos son tan demoledores que a los franquistas les resulta imposible mantener y, todavía menos, ganar un debate de fondo sobre lo que representó el golpe de Estado de 1936 y la posterior dictadura.

Victoria Prego ha sido la última en intentarlo y ello le ha llevado a protagonizar uno de los mayores ridículos periodísticos de los últimos tiempos: tratar de defender “documentalmente” la bondad del Valle de los Caídos. La presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid escribía este martes un artículo repleto de falsedades históricas. Prego presentaba como verdades absolutas barbaridades tales como que los presos republicanos, “entre 800 y 1.000”, que construyeron el Valle “nunca acudieron en régimen de trabajos forzados”.

No sé qué fuente ha utilizado esta reconocida periodista, pero los archivos oficiales franquistas revelan que fueron un mínimo de entre 7.000 y 9.000 los presos republicanos que participaron en la construcción del monumento y que todos ellos sufrían un régimen de trabajos forzados. Aunque la presidenta de la APM dé a entender que estos hombres estaban casi de vacaciones en el Valle, los datos del organismo franquista competente, el Patronato Central para la Redención de Penas por el Trabajo, dicen otra cosa: 8 de cada 10 presos esclavos que excavaron la montaña para construir la gruta resultaron heridos, de distinta consideración, en algún tipo de accidente; en todo el Valle, al menos 14 prisioneros murieron durante los trabajos y varios miles arrastraron secuelas el resto de su vida (especialmente lesiones provocadas por el esfuerzo físico y la escasa alimentación, así como dolencias pulmonares generadas por el polvo de granito que tuvieron que tragarse).

Quizás más sangrante sea aún que Prego defienda el supuesto espíritu de reconciliación del monumento porque, argumenta, se enterró en él a víctimas de los dos bandos: “Ahora mismo la Basílica cobija en la cripta los restos identificados de alrededor de 35.000 caídos en el frente y en las retaguardias, la mayoría de los cuales, me aseguró el anterior abad de la Basílica, Anselmo Navarrete, pertenece al bando republicano”, decía en su artículo. Ya sabemos cuál es la fuente de la presidenta de la APM. Si hubiera contrastado esa monacal versión, se habría percatado de que la práctica totalidad de esos muertos republicanos fueron llevados allí no solo sin el consentimiento, también sin el conocimiento de sus familiares. En otras palabras, les mataron a sus seres queridos y les robaron sus restos para enterrarlos junto a sus verdugos. Todo un gesto de reconciliación.

Ojalá el artículo de Prego y esta decisión del Supremo fueran excepciones o meras anécdotas. El problema es que se suman a otros graves hechos que ponen en duda la calidad de nuestro sistema democrático. Este lunes, el que fuera fiscal de Anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo afirmaba en El Intermedio que “en ocasiones parece que estemos viviendo un Ministerio Fiscal que tiene cierto parentesco con lo que fue el Ministerio Fiscal en la dictadura”. Se refería Villarejo al cese de los fiscales que investigaban a cargos del PP acusados de corrupción y al nombramiento de un Fiscal General del Estado que acusó, en su día, a Baltasar Garzón de protagonizar “un acto subversivo” por haber pretendido juzgar los crímenes del franquismo.

La denuncia de Villarejo coincidía, además, en el día en que la familia Franco volvía a impedir las visitas turísticas al Pazo de Meirás. El palacete, que fue robado a los Pardo Bazán durante la guerra, sufragado forzosamente por los vecinos de la zona y regalado al dictador, sigue siendo hoy propiedad de sus descendientes. Unos descendientes que no solo no lo devuelven a sus legítimos dueños, sino que se pasan por el forro las leyes democráticas que les obligan, al menos, a abrirlo unos pocos días al público. Todo muy revelador.

No me queda espacio suficiente para recordar otras derivas totalitarias que sufrimos en estos días de leyes mordaza, ladrones de guante blanco mimados por la Justicia, titiriteros encarcelados, corruptos que gozan de trato de favor en las prisiones… Quizás todo venga de lo mismo y, por ello y sin quererlo, la clave de lo que ocurre nos la dé la propia Victoria Prego en el arranque de su polémico artículo: “El Valle de los Caídos es inseparable de la figura de Francisco Franco y, aunque se exhumen sus restos y se trasladen al cementerio de El Pardo, donde está enterrada su mujer, siempre conservará su huella”. Así es, durante 40 años de democracia se ha demostrado que no se acaba con la huella de Franco con medias tintas. La única lejía democrática eficaz es la que emplearon en Alemania con el nazismo o en Italia con el fascismo: destruyamos todas y cada una de las huellas físicas, políticas y jurídicas del franquismo; y sí, saquemos a Franco de su tumba un minuto antes de reducir a escombros el maldito Valle de los Caídos.

El ex presidente Adolfo Suárez, artífice de la Transición, cuenta en una entrevista con Victoria Prego que no sometió la monarquía a referéndum porque todos los sondeos demostraban que ganaría la república. Lo cuenta off the record, tapando el micrófono y bromeando con la periodista: le tiraba de la lengua porque le pillaba en “un momento tonto”. La cosa no queda ahí: los mandatarios extranjeros pedían ese referéndum y Suárez confiesa que los engañó. Metió la palabra Rey en la Ley de Reforma Política que aprobaron en noviembre de 1976 las Cortes aún franquistas. El adalid del proceso, convertido en mito político, cantó la verdad en 1995, aunque nos enteramos ahora. Lo hizo con esa suerte de casi traviesa satisfacción que embarga a quienes desvelan secretos sustanciales, a quienes pueden demostrar que han tenido la sartén por el mango, a quienes se sacan el as clave de la manga y te dejan con la boca abierta. Ese tono, esa sonrisa, esa levedad que son un corte de mangas también.

La España republicana -que, como confirmó Suárez, era mayoritaria hasta que él le hizo el trabajito juancarlista- sufrió, pues, en 1976 un segundo golpe de Estado: el del 36 por las armas, el del 76 por las artimañas. “El debate sobre la legitimidad de la Monarquía está hoy fuera de lugar por una razón incontestable: porque la Constitución que consagra el edificio político-jurídico de la democracia española dice en su artículo 1.3 que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria. Ésa es su legitimación máxima, la que la Constitución aprobada por una abrumadora mayoría otorga a la Monarquía española”, defiende la periodista Prego, cuyo desparpajo legitimador resulta más que sorprendente una vez que tenemos pruebas de las trampas del proceso. Esta profesional de la obediencia es presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid y se ha mostrado muy preocupada por la “libertad de información” si entraban en el tablero político personas como Pablo Iglesias.

La “razón incontestable” a la que alude Prego para legitimar la monarquía es que la Constitución “dice en su artículo 1.3 que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria”, lo cual resulta de Perogrullo una vez que sabemos cómo se decidió esa formación del Estado: lo que importa no es lo que dice la Constitución, sino cómo se llegó a que dijera lo que dice. Hoy sabemos que haciendo trampas y colando mentiras. Al pueblo español, políticamente exhausto tras cuarenta años de dictadura, resultaba fácil trampearlo. A los jefes de Gobierno extranjeros, sencillamente, se les mintió: “Yo metí la palabra Rey y la palabra monarquía en la Ley y así dije que había sido sometido a referéndum ya”, explica Suárez. “Claro”, conviene la periodista Prego, pronunciando cada letra como si hasta el mismo alfabeto le perteneciera. Y hasta hoy. A la consulta popular sobre algo tan trascendente como poner un rey donde no lo había e impedir que se restituyera una, esa sí, legítima república que había sido depuesta por golpe militar, la periodista Prego lo califica de “alegrías” que España no se podía permitir a la muerte del dictador. Así que para Prego la soberanía popular son “alegrias”, pero cuidado con Iglesias.

El presidente Suárez traicionó a España, a la democracia y a la Historia, por mucho que se nos siga queriendo vender lo que hizo como responsabilidad de Estado. La periodista Prego traicionó a su profesión (y, por tanto, también a España, a la democracia y a la Historia). El rey Juan Carlos no traicionó a nadie porque iba claramente a lo suyo y porque la monarquía es traicionera por definición (traiciona a la razón y al derecho natural), pero se pasó varias décadas haciendo el paripé de guardián de las esencias democráticas, y varios pueblos enriqueciéndose y disparando escopetas. Y así se escribe la Historia: el presidente Suárez la escribió como él quiso que fuera, la cronista del régimen de la Transición nos la escamoteó después, y hoy, tras el bombazo, el periodista Cuartango, director de El Mundo, pretende reescribirla manipulando de nuevo la verdad (al menos, la verdad de la grabación que hemos visto ahora de esa entrevista), al achacar las palabras de Suárez a un alzheimer que en 1995 faltaba mucho para que hiciera su devastadora aparición.

La conclusión que se saca es que el control de la opinión pública sobre la acción política institucional y sobre el poder de los medios debe ser exhaustivo si no queremos estar vendidas: lo estuvimos entonces y lo estamos ahora. Y la pregunta que se suscita es: ¿por qué han decidido que esto lo sepamos ahora?, ¿quién lo ha decidido?, ¿cuándo conoceremos el proceso por el que hemos llegado a saber, hoy y no antes, que la vigente corona fue, no ya pura herencia franquista, sino simple y llana componenda contraria a una voluntad popular que había sido sondeada? Ante la humillación histórica que esto significa, al menos nos queda el alivio de que el Estado español no es una república porque los franquistas lo impidieron por segunda vez, no porque las urnas se rindieran a un presunto y falaz consenso. Que no es poco, dados los resultados que, como bien sabemos, las urnas pueden llegar a escupir. Nos queda esa dignidad.

Victoria Prego, una de las periodistas más reconocidas por su relato de la Transición española, está sorprendida “por el revuelo que se ha organizado” tras la emisión en La Sexta de un fragmento inédito de una entrevista suya a Adolfo Suárez en 1995.

En la entrevista, Suárez le confiesa, tapándose el micrófono con la mano, que blindó a la monarquía legalmente cuando se dió cuenta de que un referéndum se inclinaría a favor de la república.

Prego, que actualmente es adjunta al director en El Independiente y presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, ha asegurado ella no es partidaria de la emisión de esas declaraciones. “Yo habría eliminado el corte en el que me hace esa confesión. Y no por su contenido, que habla de una obviedad, sino porque se tapa el micrófono con la mano, lo cual evidencia que esa declaración no deseaba compartirla con los espectadores. Off the record se llamaba esa figura cuando era respetada”.

Prego también valora que tras la muerte de Franco “un referéndum sobre monarquía o república se hubiera perdido” y añade que su celebración “era una hipótesis completamente imposible en aquel momento histórico”, asegura. “El crédito político y el apoyo popular al recién entronizado Rey era casi inexistente. En España no había casi nadie que apoyara a Juan Carlos de Borbón”.

No obstante, en un artículo de opinión publicado en El Independiente, la periodista cree que el debate sobre la legitimidad de la monarquía está hoy fuera de lugar “por una razón incontestable”: la Constitución. Su artículo 1.3., asegura Prego, sanciona que la forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria y esa es “su legitimación máxima”.

E insinuar que el presidente Suárez “se ha ido a la tumba guardando un secreto que hubiera podido dar la vuelta a la Historia de España” es, según Prego, “una simpleza” que solo puede deberse “a un preocupante grado de ignorancia”.

En otro artículo de este sábado, Pedro G. Cuartango, director de El Mundo, donde Victoria Prego ha trabajado hasta hace unos meses, restaba credibilidad a las palabras de Suárez porque fueron pronunciadas “cuando la enfermedad ya había hecho estragos en su cabeza”.

De la sanidad privada de los periodistas a un plan bucodental para madrileños sin recursos. PSOE, Podemos y Ciudadanos han aprobado una enmienda en la Asamblea en la que obligan a Cristina Cifuentes a cambiar el destino de los 8,6 millones de euros presupuestados para subvencionar el seguro médico privado de los afiliados a la Asociación de la Prensa de Madrid, presidida por Victoria Prego.

¿Y a dónde se van a dedicar esos 8,6 millones de euros? A un plan bucodental para madrileños sin recursos.

Los 12.000 beneficiarios –periodistas y sus familias– de la APM eran el único colectivo profesional que disponía de un servicio médico privado subvencionado por la Comunidad de Madrid, en función de un convenio que arrancó en 1991 y cuyo último periodo de vigencia abarcaba desde 2013 hasta el 31 de diciembre de 2016.

De acuerdo con los datos de la APM publicados por El Confidencial, a pesar de los 8,6 millones de subvención, la asociación desembolsó en el último ejercicio 450.000 euros más. La cuota de la APM son 66 euros al trimestre, al que hay que añadir 20 euros al trimestre optativos por el servicio médico.

En el convenio que vence a finales de 2016 recogía que los 8,6 millones son “para contribuir al sostenimiento de los gastos de esta entidad por la gestión de la asistencia sanitaria prestada a asociados y familiares residentes en la Comunidad de Madrid”.

De acuerdo con la APM, “el Servicio Médico, que es sustitutorio del servicio público de salud, a través de sus centros concertados (Fundación Jimenez Diaz, Grupo Madrid y Quirón, entre otros ) atiende a más de 12.000 beneficiarios, de los cuales unos 5.400 son asociados y el resto, familiares de asociados y empleados. Este servicio es de libre opción entre los miembros de la APM y han optado por él aproximadamente un 70% de los mismos”.