El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha dejado claro que ninguna sentencia le obliga a pagar el derribo del edificio de aparcamientos y centro comercial situado en la playa de Las Teresitas. En respuesta a una pregunta presentada por el concejal socialista José Ángel Martín Bethencourt, el grupo de gobierno menciona el contenido del fallo en primera instancia del juzgado número 5 de lo penal y el de la Audiencia Provincial que ya es firme, para indicar que en ninguno de ellos se dice que la Corporación local deba asumir este gasto.

En ambos casos, el Ayuntamiento indica que en las sentencias se apunta que deben ser las seis personas que resultaron condenadas en este proceso, tres exconcejales y tres técnicos, quienes deben costear la demolición de su propio bolsillo y a partes iguales. Sin descartar tampoco posibles indemnizaciones a terceros de buena fe. “Tal y como se puede comprobar, la responsabilidad de los condenados a hacer frente a los costes deriva de dos resoluciones judiciales, por lo que la interpretación y ejecución de las mismas, incluyendo la exigencia de responsabilidades económicas a los condenados por el coste de la demolición, corresponde al Juzgado de lo Penal número 5”.

No obstante, el Ayuntamiento confirma que está dispuesto a colaborar con este órgano judicial “para la íntegra ejecución de dichas sentencias, incluyendo la exigencia de abono del coste de la demolición facilitando cuantos medios sean necesarios para ello y en la medida en que así nos sea requerido”, se indica en otro momento de la respuesta.

Pese a todo ello, lo cierto es que el Consistorio llegó en su momento a encargar hasta dos proyectos de demolición según fuese ésta total o parcial. Además ha anunciado que sacará por urgencia las obras a concurso con un presupuesto de 540.000 euros, con una partida presupuestaria propia y un plazo de ejecución de seis meses.

El concejal de Sí se puede, Pedro Arcila, al tener conocimiento del contenido de la respuesta ha mostrado su sorpresa e indica que de la misma puede desprenderse que la participación del Ayuntamiento en todo este proceso, por lo visto, sólo ha tenido como fin el obstaculizar al máximo posible el derribo. “De lo contrario no se entiende que sea ahora cuando de pronto se den cuenta de que nadie les obligaba a nada, después de haber puesto todos los impedimentos habidos y por haber para salvar el edificio o la mayor parte del mismo”.

La Junta del Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha aprobado este lunes el proyecto de demolición total del edificio inacabado de aparcamientos en la playa de Las Teresitas, conocido como el mamotreto, con un plazo de ejecución de seis meses y un coste de 540.000 euros.

El derribo se producirá como consecuencia de la ejecución de la sentencia de 2014 en la que fueron condenados a penas de prisión de entre uno y tres años y a sufragar la demolición los exconcejales Manuel Parejo, Norberto Plasencia y José Domingo Pastor, de CC, la funcionaria María Loreto Ariz y los técnicos Epifanio Gómez y Candelaria Bénitez.

El Ayuntamiento ha informado de que el derribo del mamotreto, cuyas obras están paralizadas desde 2008, conlleva la demolición de un primer nivel enterrado de 2.590 metros cuadrados, y de la planta general o nivel de acceso, que se ubica sobre la anterior, con una superficie de 5.790 metros cuadrados.

Se ha acordado la tramitación urgente del proyecto para acortar los plazos y cumplir la sentencia de la Audiencia Provincial.

El proyecto plantea la demolición de todos los elementos, salvo parte del muro de apoyo de la carretera de Igueste, indispensable para el sostén de la vía, y la losa del sótano inferior que cumple la función de zapata para el muro de apoyo de la propia vía. Esta losa quedará cubierta en su totalidad tras la demolición por medio de la extensión de una capa de picón.

En la adjudicación de la demolición, se primarán las mejoras que oferten las empresas interesadas relativas a la disminución del plazo de ejecución y a la baja económica en el presupuesto de ejecución por contrata.

“De entre los posibles métodos se ha optado por la opción que conlleva el uso de una cizalladora mecánica autopropulsada, por ser la más segura y por permitir la clasificación, tratamiento y/o reutilización de todos los residuos de hormigón y acero que se generen”, según ha informado el Ayuntamiento.

El alcalde de Santa Cruz Tenerife, José Manuel Bermúdez, ha dicho este martes que tiene la conciencia “muy tranquila” porque le ha explicado al juzgado que donde se va a derribar el llamado 'Mamotreto' se va a construir un aparcamiento de similares características, tal y como recogerá el Plan Especial de la playa de Las Teresitas que se está redactando.

“Tengo la tranquilidad de que se lo he dicho al juzgado, que ha valorado eso y ha dicho que se cumpla la sentencia y se derribe totalmente. Por lo tanto, yo poco más puedo hacer o decir”, recalcó el alcalde, quien reconoce que va a ser difícil explicar a los vecinos que se va a tirar un aparcamiento que dentro de dos años se va a poder construir.

En una entrevista a Cope Canarias, José Manuel Bermúdez explicó que el auto judicial que ordena el derribo del 'Mamotreto' llegó al Ayuntamiento el pasado 20 de junio, día en el que el alcalde dio instrucciones para que se hiciera “de manera inmediata” para dar cumplimiento a la sentencia.

Indicó que el Área de Infraestructuras deberá someter el proyecto de derribo a aprobación, el cual fue redactado a finales del año pasado, y una vez aprobado se sacará a concurso la licitación, se valorarán las distintas ofertas que se presenten y se procederá a la adjudicación de los trabajos de derribo del edificio de aparcamientos.

El alcalde ha hecho hincapié en que hay una orden “muy clara” de que este procedimiento administrativo se lleve a cabo “lo más rápido posible”. De hecho, anunció que se va a ampliar el procedimiento de urgencia para que se haga en la mitad de los plazos que la ley establece.

Bermúdez prefirió no dar una fecha de cuándo tendrá lugar el derribo del 'Mamotreto'. No obstante, insistió en que ha dado instrucciones “muy claras” porque hay que ejecutar la sentencia “de la manera más rápida que se pueda”, si bien ha querido dejar claro que el Ayuntamiento “en ningún caso” se va a saltar el procedimiento administrativo para adjudicar los trabajos.

El derribo del edificio costará entre 600.000 y 700.000 euros, un dinero que adelantará la Corporación municipal y que luego tendrán que abonar los responsables de su construcción, ya condenados. Asimismo, el Ayuntamiento intentará dejar la zona “en las mejoras condiciones posibles, aunque no lo recoja la sentencia”, indicó Bermúdez.

El Juzgado de lo Penal númer 5 de Santa Cruz de Tenerife ha emitido el pasado día 17  un contundente auto en el que recurre una vez más a los subrayados y las mayúsculas para dejar claro que el Ayuntamiento debe procede a “la inmediata” demolición de la “totalidad” de edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas conocido como mamotreto.

El auto es nuevamente de una rotundidad que deja poco lugar a las elucubraciones y rechaza la pretensión municipal de paralizar la ejecución de la sentencia hasta que se apruebe el Plan Especial de Las Teresitas. Ésta era la última estratagema a la que había recurrido el grupo de gobierno para no derribar la polémica construcción diseñada por el arquitecto francés, Dominique Perrault. El argumento utilizado es que en este planeamiento se ubican unos aparcamientos aunque sea de forma indicativa.

Sin embargo, en el auto se indica que en no existe normativa urbanística aprobada o de inmediata aprobación que permita la legalización de parte del edificio que no invade la servidumbre de protección. Y es que el propio Ayuntamiento reconoce que el Plan Especial aún está en fase de estudio y de redacción de trabajos preliminares.

“Luego la hipotética aprobación resulta tan futura como incierta, además de no depender en absoluto de la voluntad de la Corporación local”. El auto rechaza la petición municipal de suspender la ejecución de la sentencia ya que los plazos para aprobar el documento son “absolutamente inciertos”.

Por lo tanto, se concluye que ante la inexistencia de una normativa aprobada o de previsible aprobación en un futuro inmediato que pudiera dar cobertura legal al edificio y no pudiendo depender del cumplimiento de sentencias firmes de previsiones o indicaciones orientativas debe estar al cumplimiento del pronunciamiento principal de la sentencia que obliga al derribo total.

Al respecto se recuerda que casi dos años después de que el fallo judicial sea firme, el Ayuntamiento aún no puede garantizar una fecha para la aprobación del plan especial con el que se pretende esta legalización, pese a que los informes jurídicos municipales también descartan este extremo.

Además, se rechaza el intento de la Corporación municipal de personarse en este procedimiento judicial, con el fin de defender el patrimonio municipal, tal y como pretendía. En este caso, se indica que nunca se ha dudado de la titularidad del inmueble pero que esta circunstancia no es suficiente para permitir su personación en este procedimento. Hay que recordar que han sido condenados tres exconcejales y otros tantos técnicos, con penas de cárcel y la obligación de pagar de su bolsillo el derribo, cuyo dinero adelantará el Ayuntamiento que también deberá efectuar la demolición.

La juez, Beatriz Méndez recuerda que los diversos autos emitidos desde que la sentencia es firme han tenido como único objetivo conseguir la colaboración del Ayuntamiento, lo que hasta ahora no parece haberse conseguido. En cuanto al argumento de la convencia social o económica que implica la demolición, utilizada por el Ayuntamiento, la juez se limita a recordar que su competencia es juzgar y hacer ejecutar lo juzgado, quedando para otro tipo de instituciones ese tipo de valoraciones.

La Plataforma por el Derribo del Mamotreto y Contra la Corrupción ha afirmado este viernes que el alcalde de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, se “burla” de la justicia al haber solicitado personarse y señala que este es el “penúltimo” intento de sabotaje para no ejecutar el derribo.

Este colectivo califica en un comunicado de “realmente indignante” que más de un año y medio después de declararse firme la sentencia del derribo del mamotreto, el consistorio capitalino solicite la personación en la causa argumentando que esta responde a un supuesto interés en colaborar en la correcta ejecución de la sentencia.

Para la Plataforma esta solicitud de personación “extemporánea y malintencionada” no responde a un inusitado interés del grupo de gobierno por colaborar cabalmente con la Justicia, ya que lo hace una vez agotadas todas la vías utilizadas por el consistorio para legalizar lo ilegalizable.

Añade que en febrero se denegó a la Plataforma la personación en la causa con el argumento de que las personas que a título personal lo hicieron no eran parte en el procedimiento penal.

Sin embargo, el Diputado del Común ha admitido a trámite la queja en la que la Plataforma solicita amparo “al considerar que el grupo de gobierno municipal, con el alcalde al frente, estaba perturbando la tutela judicial en tanto en cuanto se estaban dilatando intencionadamente los plazos para hacer efectiva la ejecución de la sentencia”.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, Carlos Garcinuño, del Partido Popular (PP) anunció hoy en el transcurso de un pleno ordinario que están dispuestos a tirar el mamotreto, “y luego volverlo a construir”. El edil se posicionaba así ante una moción de Ciudadanos, en la que se solicitaba que se determinaran las posibilidades que existen de mantener el edificio de aparcamientos y centro comercial sin culminar situado al inicio de la playa de Las Teresitas.

El concejal de Urbanismo dijo que bajo su punto de vista lo único que cabe es derribar estrictamente la parte que invade la zona de servidumbre y que prefería el uso del término “amo-treto” al de mamotreto. Con lo cual dejaba claro el cariño que, según dijo le ha cogido al edificio declarado ilegal e ilegalizable por sentencia firme.

La propuesta quedó rechazada con la abstención del PP y Coalición Canaria (CC), la oposición de socialistas, Izquierda Unida y Sí se puede. La moción pedía que los técnicos verificaran la situación del edificio de aparcamientos en el Plan General aprobado en 2013, con el fin de concretar qué partes no tienen por qué ser demolidas.

El alcalde, José Manuel Bermúdez, reiteró su voluntad de cumplir la sentencia pero cree que los efectos de ésta se limitan a la demolición de la parte que ocupa la zona de servidumbre, por que lo contrario “sería incurrir en un delito de malversación de fondos públicos”. Bermúdez se preguntó públicamente: “si la sentencia nos permite mantener en pie, que no legalizar, una parte del edificio ¿por qué no vamos a hacerlo?”.

Los grupos de la oposición, excepto Ciudadanos, volvieron a hacer una piña en este asunto y en vez de barajar posibilidades o alternativas, no dejaron duda alguna de que apuestan por el derribo total del inmueble. Rafael Trujillo de IUC, dijo que se trataba de un monumento a la corrupción y calificó de “surrealista” que el pleno debata sobre el cumplimiento de una sentencia firme.

Pedro Arcila, de Sí se puede, manifestó que no cabe otra posibilidad que la demolición y reiteró que los incumplimientos, entre otros, se centran en haber superado la edificabilidad, alineaciones, volumetría, no haberse hecho informe de impacto, incumplir la Ley de Costas y que las obras se ejecutaron mientras se establecía un nuevo deslinde. El concejal socialista, José Ángel Martín Bethencourt, aseguró que los informes que descartan la legalización del inmueble ya han sido redactados y enviados al Juzgado y que la previsión de unos aparcamientos en este mismo lugar en el PGO, “es tan sólo orientativa e irrelevante”.

Garcinuño cree que el único perjudicado en este asunto no son los intereses privados sino los públicos representados por el Ayuntamiento que estará obligado reconstruir lo que derribe. El concejal culpó a su antecesor en la Gerencia de Urbanismo, José Ángel Martín Bethencourt de haber incluido en el PGO la previsión de aparcamientos contra la que un Plan Especial nada podrá hacer. El edil del PP se preguntó por qué Martín Bethecourt no llevó a cabo la demolición cuando dirigía la Gerencia de Urbanismo.

El portavoz nacionalista, José Alberto Díaz Estébanez, se lamentó de que todavía siga el “chiqui-chiqui” sobre el futuro del edificio cuando se trata de un asunto que ya se sitúa únicamente en el ámbito técnico y jurídico.

Los Servicios Jurídicos municipales han advertido al alcalde, José Manuel Bérmudez, de que incurrirá en desacato si no da cumplimiento inmediato a la sentencia del Audiencia Provincial que ordena el derribo total del edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas conocido como mamotreto. El concejal del Partido Socialista Canario-PSOE, José Ángel Martín Bethencourt, indicó que por las informaciones que manejaba los técnicos habían dejado claro al alcalde de Santa Cruz que no existe posibilidad alguna de legalizar la parte de este edificio que no ocupa la zona de servidumbre.

El fallo de la Audiencia Provincial abría la posibilidad a sólo derribar 420 metros cuadrados que son los que se sitúan en esta parte del dominio público, siempre y cuando se demostrara que es posible legalizar el resto. La última alternativa que barajaba el grupo de gobierno integrado por Coalición Canaria (CC) y el Partido Popular (PP) es incluir este edificio dentro del futuro Plan Especial de Las Teresitas. Sin embargo, el anterior responsable de Urbanismo reitera que la jurisprudencia ratifica que no existe instrumento alguno que permita salvar al edificio de su desaparición.

La Plataforma a favor del derribo del Mamotreto consiguió reunir este miércoles a todos los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Santa Cruz, excepto Ciudadanos, en una rueda de prensa en la que ratificó su posición a favor del derribo total del inmueble diseñado por el arquitecto francés, Dominique Perrault, que formaba parte del frustrado proyecto de remodelación de Las Teresitas.

Los portavoces de este colectivo, Lola Schneider y Ramón Afonso, lamentaron la imagen que tiene en la actualidad la principal playa de la capital tinerfeña y culparon a la mayoría de gobierno de emprender todo tipo de operaciones para incumplir el fallo judicial. Cándido Quintana, representante también de la Plataforma, recordó que en la propia encuesta hecha por el Ayuntamiento en la que se sondeaba a los vecinos sobre cuál era la playa que querían, en un 90 % éstos se oponían a la continuidad del edificio.

El colectivo cree que existen alternativas para evitar la saturación de coches como incentivar el transporte público o habilitar espacios en momentos concretos en los que se produzca la llegada masiva de usuarios. Schneider, Afonso, Quintana y Carmen Rosa Santos, han solicitado este miércoles a título personal personarse en el sumario con el fin de tener acceso directo a las resoluciones que a partir de ahora se emita. El grupo de gobierno también pensaba personarse pero por ahora no ha tomado una decisión firme.

El portavoz de Sí Se Puede, Pedro Arcila, incidió en la relación de esta trama con el caso de Las Teresitas que calificó como el mayor pelotazo de la historia de Canarias. Recordó que la anulación de la compra de la playa fue un acto “heroico” protagonizado por el colectivo El Rincón y señaló que tras el intento de construir un hotel, el aparcamiento y el puerto deportivo se esconde la intención de ir retirando el uso de esta playa para los ciudadanos y privatizarla. El también abogado y experto en Urbanismo ratificó que en estos momentos no existe posibilidad alguna de mantener en pié al edificio y dijo que su ilegalidad se basa en la falta de autorización, haber emprendido las obras mientras se fijaba el deslinde o haber construido más de lo previsto, entre otras irregularidades.

El concejal de Izquierda Unida Canaria (IUC), Ramón Trujillo, calificó de “surrealista” el hecho de que haya tenido que unirse la oposición para convocar esta rueda de prensa y exigir el derribo “íntegro” del edificio, “ilegal e ilegalizable”. Todo ello ante los intentos del grupo de gobierno de hacer lo posible para incumplir el fallo judicial.

El Juzgado de lo Penal número 5 ha notificado a las partes personadas en el conocido como caso Mamotreto que deben cumplir “a la mayor brevedad posible” la sentencia firme emitida hace ya un año por la Audiencia Provincial. Sin embargo, la magistrada Beatriz Méndez Concepción, no especifica la forma de ejecutar el fallo, lo que desde un principio ha generado una auténtica discusión bizantina.

En cualquier caso se da por seguro es que tendrán que desaparecer los 420 metros cuadrados del edificio de aparcamientos inacabado que se sitúa al inicio de Las Teresitas que invanden la zona de servidumbre. Pero sobre el resto del edificio, que ocupa 4.000 metros cuadrados vuelven a planear las mismas dudas.

Tal y como adelantó este martes la emisora Radio Club Tenerife la providencia reitera que el Ayuntamiento deberá justificar si se puede mantener en pie el resto del edificio, lo que supuestamente ya se había descartado hace algunos meses, o sino proceder a ejecutar el fallo que ordena su desaparición total. El escrito ha sido remitido también al Ayuntamiento, aunque en realidad los gastos de demolición deben correr a cargo de los seis condenados. De hecho, éstos han ofrecido ya los avales con sus propiedades para que se pueda llevar a cabo el derribo.

A principios de este año el Juzgado había dado a conocer a través de un auto y con letras mayúsculas que se decantaba por la demolición total del edificio, una vez que desde la Gerencia de Urbanismo no se había presentado otra alternativa para legalizarlo. También se pusieron sobre la mesa tres alternativas y presupuestos, según afectara el derribo al inmueble.

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha accedido a suspender las condenas del exconcejal Noberto Plasencia y la técnico Loreto Ariz por el caso Mamotreto, en referencia al edificio de aparcamientos y centro comercial construido al inicio de la playa de Las Teresitas. La suspensión se mantedrá hasta que el Gobierno central se pronuncie sobre la petición de indulto que ha cursado el abogado, Eligio Hernández.

En principio tanto el juzgado de lo penal número 5, como la Fiscalía se habían opuesto a dejar sin efecto temporalmente la condena pero finalmente la Audiencia se ha puesto del lado del letrado. Hernández subrayó que, en estos momentos, la ejecución de la sentencia que también condenó a prisión al exconcejal Manuel Parejo “se encuentra más que confiscada”, dado que no se puede llevar a cabo.

Los dos exconcejales nacionalistas y la funcionaria Ariz han sido condenados por dos delitos de prevaricación urbanística y otro contra la ordenación del territorio. En el caso de Parejo y Ariz, el fallo ha establecido una pena de tres años de cárcel y 15 años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Por su parte, Plasencia ha sido condenado a dos años y tres meses de prisión y 15 de inhabilitación.

El abogado incidió en sus argumentos sobre la inconsistencia del fallo judicial y redundó en que, al igual que ha ocurrido en otros casos, en la ejecución del proyecto de Dominique Perrault debería imponerse el principio de que “cuando una administración ejecuta un proyecto no necesita autorización de otra”. El abogado señaló que es muy complicado calcular el tiempo que tardará el Estado en contestar a las peticiones de indulto. Durante todo el proceso judicial Hernández se ha convertido en el principal detractor de esta sentencia hasta el punto de que sus críticas le valieron una reprimenda por parte de la Audiencia.

En estos momentos están pendiente de resolverse tres de los cinco los recursos de amparo que son los defendidos por Ariz y Plasencia y uno de Parejo. Este último presentó dos, de los que el primero ya ha sido inadmitido, al igual que ocurrió con el de la técnico Candelaria Benítez. El propio Juzgado le ha comunicado a las partes el resultado de estas apelaciones durante su tramitación en el Constitucional. En principio se estima que, tal y como ha ocurrido en otros casos similares, el Juzgado está esperando al pronunciamiento final del Tribunal para ordenar la entrada en prisión, que se circunscribiría en principio, a Parejo.

El Tribunal Constitucional (TC) ha inadmitido el segundo recurso de apelación presentado por los técnicos y exconcejales condenados por el conocido como caso Mamotreto, en referencia al edificio de aparcamientos y centro comercial a medio construir en el comienzo de la playa de Las Teresitas. En esta ocasión, se trata del presentado por la extécnica, Candelaria Benítez, la única de los que recurrieron al Constitucional sobre la que no pesan penas de cárcel. Por ello, esta apelación tenía como objeto que se le librara de desembolsar una elevada cantidad de dinero para sufragar los gastos que implica el derribo del edificio y que tampoco se le inhabiltara para trabajar en el sector público.

Hace algunas fechas fue rechazado uno de los dos recursos presentados por el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo. Además, están siendo deliberados los interpuestos por el también exconcejal, Norberto Plasencia y la exarquitecta, Loreto Ariz. Sobre estos tres últimos sí pesan penas de cárcel ya que las condenas superan los dos años. El abogado de este grupo es Eligio Hernández.

Por lo tanto, con éste son ya dos, de los cinco recursos presentados, los pronunciamientos emitidos por el Constitucional. Lo cierto es que resulta complicado superar los estrictos filtros que impone este tribunal y por lo tanto la mayoría de los recursos se quedan a las puertas, tal y como ha ocurrido una vez más. Pese a ello, Hernández suele recurrir a este ámbito judicial y en este caso lo ha hecho para dejar sin efecto la contundente sentencia condenatoria emitida a finales del pasado año por la Audiencia Provincial. Fuentes judiciales apuntan que teniendo como referencia lo ocurrido en otros casos, es probable que el Juzgado de lo Penal en el que se emitió la sentencia inicial, esté esperando a las resoluciones del Constitucional para ordenar los ingresos en prisión.

Todos los recurrentes han solicitado al Tribunal Constitucional que directamente examine este caso, al considerar que el fallo final se encuentra “contaminado” y los magistrados no actuaron de forma imparcial ya que tenían un prejuicio previo sobre el asunto a dictaminar. El recurso de apelación se emitió después de que la Audiencia rechazara otro de nulidad. Los recurrentes planteaban entonces y lo hace ahora argumentos como que el suelo “invadido” no era urbanizable sino urbanizable no consolidado, que no se justifica por qué la Gerencia de Urbanismo sea considerada promotora de la obra o también por qué se refleja que es una obra inacabada, “y se motiva brevemente que sería no autorizable”.  Todos ellos han sido rechazados.

La sentencia firme ordena el derribo de todo lo construido y obliga a pagar el coste a las seis personas a las que considera culpables de delitos de prevaricación urbanística y contra la ordenación del territorio. El fallo de la Audiencia abría la puerta a que el Consistorio legalice en el planeamiento la parte de la obra que no ocupa servidumbre de protección. Sin embargo, lo cierto es que en estos momentos desde la Corporación local no se ha presentado ante el Juzgado una alternativa válida para legalizar el inmueble.

Por el contrario, lo que sí ha hecho la juez que abordó este asunto en primera instancia y por lo tanto responsable de ejecutar el fallo, Beatriz Méndez, es ordenar que se aplique el presupuesto que implica el derribo total del edificio. A petición de la magistrada, el Ayuntamiento de Santa Cruz había elaborado varias estimaciones según el alcance de la demolición que oscilan entre los 21.000 de la parcial y los 700.000 euros, de la total. En lo que puede claramente entenderse como toda una declaración de intenciones, la juez se decanta por este último, lo que supondrá que cada uno de los seis condenados tendría que desembolsar alrededor de 117.000 euros de su bolsillo.

El concejal José Ángel Martín indica que una posible modificación no afectaría a los delitos

El portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín Bethencourt, señaló que en contra de lo publicado en estos días no cree que haya cambiado nada en el deslinde que afecta al edificio de aparcamientos y centro comercial situado al inicio de la playa de Las Teresitas, conocido como Mamotreto. Recuerda el concejal que existe una sentencia firme en la que queda claro que se cometieron varios delitos que incluso han derivado en penas de cárcel para tres de los acusados. Por lo tanto, ni siquiera en caso de que hubiese una modificación podrían darse por sobreseídas las penas y las responsabilidades penales.

Martín Bethencourt cree que las informaciones aparecidas este fin de semana “no implican nada nuevo”. Recuerda que, en su momento, desde la Dirección General de Costas les aseguraron que el deslinde se mantendría igual y que el supuesto error en uno de los mojones no pasaba de un simple fallo formal.

En cualquier caso, Martín Bethencourt apunta que su grupo municipal estará muy vigilante con lo que pueda ocurrir con este expediente. “Pero estamos seguros de que no habrá ninguna novedad. Esta noticia o parecida la hemos escuchado en numerosas ocasiones durante todo este tiempo y nunca ha sido verdad. Estamos hablando de una sentencia firme”, subraya.

Francisco Plata Medina, magistrado en excedencia desde el pasado 21 de julio, fecha en que fue nombrado viceconsejero de los Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias, es el mismo que dictó dos autos judiciales totalmente contradictorios sobre la suspensión cautelar del pleno municipal de Santa Cruz de Tenerife de 2009 en el que se aprobó el derribo del edificio apodado Mamotreto.

Plata Medina es uno de los cargos polémicos del nuevo equipo de Gobierno creado por CC y el PSOE, y fue cuestionado cuando se hicieron públicos dos autos firmados por él, ambos de la misma fecha de 6 de mayo de 2010, uno en el que decretaba la suspensión cautelar del pleno municipal por el que se aprobó el derribo del edificio que cierra el frente de la playa de Las Teresitas, y otro, en el que con idénticos argumentos jurídicos, se decretaba lo contrario.

El magistrado, entonces titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 3 de Santa Cruz de Tenerife, atribuyó el error a la divulgación de un borrador y dio por válido el auto que decretaba la suspensión solicitada por el entonces alcalde y multi-imputado, Miguel Zerolo, pero de ese forma se supo que existían dos posturas del mismo juez sobre el mismo asunto.

Además, con su nombramiento adscrito a la Consejería de Presidencia del Gobierno de Canarias, Francisco Plata Medina se convierte en el primer cargo político al frente de la jefatura de los Servicios Jurídicos del Ejecutivo regional.

La designación del magistrado se debe a Fernando Clavijo, así como la de la nueva viceconsejera de Medio Ambiente, Blanca Pérez Delgado, que es ex concejal por CC en el Ayuntamiento de La Laguna, y aún formalmente imputada en el caso Corredor (al igual que el mismo Clavijo), ya que el sobreseimiento provisional de sus imputaciones por falsedad documental, malversación, prevaricación y tráfico de influencias no es definitivo.

La otra designación polémica es la de Lourdes Quesada, nueva directora general de Relaciones con la Administración de Justicia, aunque este alto cargo no se debe a Clavijo, sino a Aaron Afonso, consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad por el PSOE.

Francisco Plata ha sido miembro del cuerpo técnico de Administración Civil del Estado, del cuerpo superior de Administradores de la Comunidad Autónoma de Canarias, magistrado, director general de la Inspección General de Servicios y consejero del Consejo Consultivo de Canarias.

Sin comentarios

Sin comentariosLa vicepresidenta del Gobierno de Canarias, la socialista Patricia Hernández, no quiso hacer comentarios acerca de este nombramiento, a pesar de la importancia que tiene en el organigrama gubernamental. “No voy a opinar sobre nombramientos en otras consejerías que no sean la de mi competencia” afirmó este jueves a Canarias Ahora.

De la misma manera se pronunció, o mejor escrito, no se pronunció, Román Rodríguez, de Nueva Canarias, quien a través de una de sus responsables de prensa dijo que no opinaba “sobre las personas”.

Quien sí quiso dar su punto de vista fue la portavoz de Podemos en el Parlamento canario, Noemí Santana, que destacó que “Clavijo nos prometió un Gobierno sin sospechas de corrupción en su discurso de investidura. Apenas han pasado unas semanas y vemos que hace todo lo contrario”.

Santana añadió que “ha aumentado las consejerías en lo máximo que permite el Estatuto de Autonomía y ha incrementado los cargos de confianza. Algunas de las personas que le rodean han estado salpicadas por la corrupción y sus causas solo están archivadas provisionalmente. Empieza muy mal este Gobierno”.

Los exconcejales, Manuel Parejo y José Domínguez Pastor y el técnico hoy jubilado, Epifanio Gómez, acusan a los jueces del caso mamotreto de “estar contaminados”. Según sus abogados sería así en cuanto, se ha producido “un clara vulneración” del derecho a que la cuestión sea debatida por un juez imparcial. O lo que es lo mismo que el magistrado, “no tenga una opinión previamente formada sobre el asunto sobre el que se tiene que resolver”.

En el caso mamotreto, donde las sentencias del Juzgado de lo Penal y de la Audiencia han sido contundentes contra la Gerencia de Urbanismo, el “órgano decisorio, no sólo está abiertamente contaminado por el sentido de su previa decisión, sino que ésta además no puede ser revisada” por otra instancia judicial.

Por ello, se pide que sea el Tribunal Constitucional el que directamente examine este caso. O subsidiariamente que lo estudien magistrados distintos a los que participaron en este procedimiento en la Audiencia Provincial, “y por lo tanto no se hallen contaminados” por la resolución anterior, repiten los letrados.

De hecho, este recurso de nulidad ya ha sido rechazado en el caso del exconcejal Norberto Plasencia y de la técnico, Loreto Ariz, a los que junto a Parejo, se les ha comunicado su obligación de entrar en la cárcel y su inhabilitación.

En estos casos se plantean los argumentos que durante estos días han sido recogidos ante algunos medios de comunicación: que el suelo “invadido” era no urbanizable, cuando según afirman es urbanizable no consolidado, no se justifica por qué la Gerencia de Urbanismo es considerada promotora de la obra, por qué se refleja que es una obra inacabada, “y se motiva brevemente que sería no autorizable”. En el caso de la técnica, Candelaria Benítez, también se solicita la anulación del desembolso económico por el derribo del mamotreto, al que han sido condenados todos ellos, al ser muy elevado dada la capacidad económica de Benítez.

Sin embargo, la Audiencia ya se posicionó sobre parte de estos asuntos cuando el abogado, Eligio Hernández, que representa al exconcejal, Norberto Plasencia y la técnico, Loreto Ariz presentó un recurso de nulidad.

A mitad de diciembre se descartó que se haya vulnerado el artículo 24 de la Constitución, al supuestamente haberse resuelto cuestiones prejudiciales que eran determinantes para decidir la culpabilidad o inocencia de sus defendidos.

También se alegó, sin suerte, la vulneración del principio de legalidad y de tutela judicial efectiva. Y ello sería así en cuanto los jueces, según Hernández, no se pronunciaron sobre cuestiones planteadas en el recurso de apelación y no se motivó el acuerdo de demolición de unas obras que se consideran ilegalizables, “sin fundamento legal o jurisprudencial alguna”. Igualmente el abogado creía que no se abordó la necesidad de requerir la legalización del edificio antes de acordar la demolición.

Los arquitectos hablan del plan de Las Teresitas como si no incumpliera de manera flagrante la legalidad

La reciente sentencia sobre el caso Mamotreto ha provocado la salida en tromba del gremio de los arquitectos de Tenerife. Los dirigentes de la corporación, hablando en nombre de todos sus asociados, la han calificado de evidente error judicial propiciado por informes periciales realizados por técnicos, en su opinión, incompetentes. Para estos señores el asunto está claro y las pruebas tan contundentes que, en buena lógica, la sentencia solo puede ser el resultado de la ignorancia o la mala fe del juzgador. Pero entonces surge la pregunta: ¿porqué no se presentaron las pruebas en el momento procesal oportuno para que el tribunal las tuviera en cuenta?

Alegan que Santa Cruz ha perdido un maravillo plan para la playa de Las Teresitas y atribuyen a los que hemos denunciado el mamotreto la responsabilidad de su paralización y de las pérdidas ocasionadas por su construcción y su previsible derribo. Lo primero que llama la atención de estas críticas es la descalificación que hacen de técnicos, fiscales y jueces al proclamar , como si fuera el colegio de arquitectos un tribunal de apelación, que el fallo del tribunal es un disparate contrario a derecho. Las sentencia de los tribunales son opinables, pero lo que no resulta admisible es llamar ignorantes a jueces y fiscales o, lo que es peor, prevaricadores al no actuar conforme a la ley. Si el tribunal no ha respetado todas las garantías que asisten a los acusados en un estado de derecho, existen tribunales superiores a los que recurrir, pero para eso hay que tener pruebas y por ahora estos señores no las han aportado ni han utilizado los mecanismos legales previstos para los casos en los que jueces y fiscales se desvían de la legalidad. La acusaciones hay que demostrarlas. La sentencia es firme y en un estado de derecho hay que cumplirla.

Los arquitectos -y siento generalizar, pero por lo que se ve actúan como gremio- hablan del plan de Las Teresitas como si este plan, tal y como se concibió en el estudio del arquitecto, no incumpliera de manera flagrante la legalidad. El deslinde sobre el que se hicieron los planes discurría por el muro que separa la arena de los aparcamientos, incluía por tanto terrenos que habían sido ganados al mar cuando se construyó el dique de la playa. En esos momentos solo existía el deslinde marítimo terrestre de 1961 y no contemplaba los cambios producidos con la construcción de la playa. Esa fue la razón de la denuncia de ATAN: una parte de los terrenos eran sin discusión posible de dominio público. El nuevo deslinde afectó directamente a un plan cuyos técnicos no sabían donde comienza el dominio público según la ley, o creyeron que ellos y sus promotores no estaban obligados a cumplir la legalidad. Tampoco se enteraron que esos mismos terrenos fueron objetos de un suculento negocio para unos empresarios a costa del ayuntamiento que pagó, (muy por encima de la voloración que hizo la arquitecta municipal) por unos terrenos que era de dominio público. Unos técnicos que elaboraron un plan que ignoraba los límites de la zona de actuación habla muy poco a favor de las competencias profesionales de sus redactores.

El mamotreto es una de las edificaciones previstas en el plan y adolece de los mismos males: se planificó ignorando, o despreciando, lo establecido por la ley y por eso invade el dominio público. El deslinde actual es posterior al plan y, por tanto al mamotreto. Pero este edificio inconcluso no solo está afectado por el dominio marítimo terrestre, también los está por el dominio hidráulico de la desembocadura del barranco, que no está hecho a fecha de hoy e interfiere en la posible solución de las riadas que inundan al pueblo, es decir afecta a la zona de dominio hidráulico. El Consejo Insular de Aguas de Tenerife cuenta con modelos que dicen que la actual desembocadura unida de los dos barrancos es incapaz de desaguar una avenida como las que periódicamente inundan el pueblo de San Andrés. La única solución posible es ampliar la desembocadura en el margen izquierdo puesto que el derecho es imposible al estar ya ocupado por la trama urbana. Hay que tener en cuenta que la cota de la desembocadura del actual encauzamiento está por debajo del “caballón” de callados que obstruye la salida del agua al mar, un problema importante y no contemplado por los técnicos de un plan que incluye el edificio del mamotreto.

Hay suficientes evidencias geomorfologicas que indican que los terrenos ocupados por el edificio de aparcamientos se formaron por el depósitos de los acarreos de los barrancos y del mar a partir del promontorio que cierra la bahía de Las Teresitas por el sur. La canalización de la desembocadura de los dos barrancos y la construcción de los diques de la playa han modificado la dinámica marina, un hecho muy relevante a la hora de solucionar un problema tan grave como el que suponen las inundaciones pluvio-marítimas que afectan a los habitantes del barrio y que, incomprensiblemente, no se ha tenido en cuenta por los redactores del plan.

Los responsables del desaguisado de Las Teresitas no somos los que denunciamos las ilegalidades y las corrupciones que han acompañado a este plan desde su nacimiento, es de quienes las cometieron. Nadie quiere que vayan a la cárcel unas personas, solo queremos que en una sociedad democrática se cumplan los principios básicos del estado de derecho y, por tanto, quienes cometen delitos tipificados en el código penal cumplan las penas impuestas por los tribunales después de un juicio justo. La justicia trata de hechos concretos, no juzga opiniones, puede equivocarse, de hecho ocurre muchas veces, y por eso existen los recursos, pero son los tribunales quienes deciden. Desgraciadamente, esto es algo que ponen en duda el Colegio de Arquitectos de Canarias en el caso Mamotreto.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección Primera, del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha condenado al Ayuntamiento de Santa Brígida a pagar más de ocho millones de euros a la UTE contratada para las obras del centro comercial paralizado en pleno corazón de la Villa, conocido como el mamotreto, por la imposibilidad de explotar comercialmente la construcción.

La sentencia estima que el recurso de apelación interpuesto por la UTE Santa Brígida reconoce el derecho de la parte apelante a ser indemnizada por el Consistorio en 8.032.552 euros “por los perjuicios irrogados durante el periodo comprendido entre el 14 de mayo de 2005 y el 17 de marzo de 2011” y la suma de 3.743,03 euros “por cada día adicional de paralización transcurrido a partir del día 17 de marzo de 2011 cuyo importe final habrá de determinarse en la fase ejecutiva del presente proceso, más los intereses legales desde la fecha de la reclamación en vía administrativa; sin imposición de las costas de esta alzada”.

Por tanto, se estima que entre los más de ocho millones de euros y la multa diaria el Ayuntamiento de la Villa deberá desembolsar más de 13 millones de euros. A esta sentencia el TSJC notifica que “contra ella no cabe recurso ordinario alguno”. No obstante, para el TSJC esta suma es un 17,6% inferior a la cifra pedida por la UTE. 

Según informa Europa Press, entre los reconocimientos que hace el Tribunal, explica que “la circunstancia de que se tardara veinticinco meses en aprobarse definitivamente el proyecto modificado constituyó uno de los principales motivos del retraso producido en la ejecución de las obras y en la paralización temporal de las mismas”.

Además, explica que ha sido la “propia Administración” la que “se ha visto en la necesidad de conceder prórrogas sucesivas del plazo de finalización de las obras por no haber puesto a disposición del contratista, y a su debido tiempo, los medios necesarios y precisos para que pudieran iniciarse dichas obras”.

Todo ello, “unido a la necesidad técnica de modificar un proyecto que, posteriormente, devino deficiente para que pudiera ser adaptado a la realidad existente, las circunstancias concurrentes determinan la presencia de una excepción al principio de riesgo y ventura del contratista y la ulterior responsabilidad de la Administración por incumplimiento del contrato”.

“Un billete de lotería premiado”

Esta sentencia cuenta con un voto particular que emite la magistrada Inmaculada Rodríguez Falcón, quién no está de acuerdo en reconocer el derecho de indemnización por lucro cesante a la UTE porque considera que ésta “convierte el contrato en una especie de ”billete de lotería premiado“, en el que se hagan o no la obras se obtienen los mismos beneficios que si la obra  hubiese estado acabada y en explotación”.

“Por ello discrepo de esta solución que otorga a la empresa recurrente los beneficios de la explotación comercial, sin tan siquiera haber terminado de construir el centro comercial, cuando la propia Sala estima que la causa del incumplimiento del contrato se encuentran en  una serie de dificultades urbanísticas que hacían muy difícil la ejecución del contrato inicial”, explica.

Estima que esta sentencia supone “un enriquecimiento injusto a costa de la Administración municipal, y además, que la indemnización fijada no es equitativa ni proporcionada a las circunstancias del caso”. Además, concluye que no se puede obviar “que al menos desde el año  2007 la 'UTE Santa Brígida' tenía pleno conocimiento de que el centro comercial difícilmente era ejecutable con  una Sentencia de  la Sección Segunda de esta Sala contraria y que había anulado la ordenación urbanística que sustentaba el contrato base del mismo”.

El magistrado Juan Ramón Berdugo ha propuesto a la Sala de lo Penal de este órgano que solicite al Senado el suplicatorio de Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, para poder proceder contra él por delitos de prevaricación administrativa y malversación de fondos públicos en relación al Caso Las Teresitas.

En esta causa se investiga desde junio de 2012 al senador canario por poner en marcha siendo alcalde (entre 2005 y 2011) unos mecanismos administrativos cuya finalidad era la compra -por parte del Consistorio- de las once parcelas que integraban el frente de la playa de Las Teresitas a un precio “a todas luces muy elevado”.

En el auto dado a conocer este lunes por el Supremo, el magistrado Berdugo señala que de las diligencias de investigación practicadas en la causa se puede estimar como hechos “probablemente concurridos” que Zerolo, siendo alcalde de Santa Cruz y al mismo tiempo miembro del Consejo de Administración de CajaCanarias, perjudicó a las arcas municipales en 6.570 millones de pesetas (39 millones de euros) pagados de más en relación con la tasación pericial por las citadas parecelas.

El auto detalla que Las Teresitas constituyen un espacio natural de gran interés turístico. Añade que Zerolo estuvo presente en el Pleno en el que se aprobó la concesión del préstamo para la compra de los terrenos y no solicitó información del presidente de CajaCanarias sobre las condiciones en que se había otorgado.

Asunto de campaña

“Ello a pesar de haber constituido dicho espacio natural uno de los temas esenciales de sus campañas electorales” a la Alcaldía, según el alto tribunal. Y lo hizo sabiendo que ya tenía cedidos gratuitamente 31.709 metros cuadrados por convenio y que se había acordado con la Junta de Compensación una reasignación de aprovechamientos con el “evidente perjuicio a las arcas municipales”.

Además, según detalla el instructor, el senador prescindió de los informes periciales encargados por el Consistorio que fijaban unas valoraciones más bajas y ocultó al pleno su existencia.

Según Berdugo, de dichos antecedentes “derivan indicios suficientes de la posible de la posible comisión de un delito de prevaricaricación (artículo 404 del Código Penal) y de malversación de caudales públicos (art. 432) del que pudiera resultar inculpado el querellado ”sin perjuicio de lo que resulte completada la instrucción.

Acumula investigaciones

Según ha informado el alto tribunal, Miguel Zerolo ha tenido otras dos causas en el Supremo. Por la primera de ellas fue condenado por la Sala Segunda el pasado mes de julio a ocho años de inhabilitación por prevaricación en la concesión de unas obras de acondicionamiento de un edificio municipal, el antiguo instituto García Cabrera, en el año 2003.

Se da la circunstancia de que el pasado 4 de noviembre la Mesa del Senado solicitó al Supremo una nota aclaratoria de la sentencia de inhabilitación para cargo público que dictó contra el senador por este caso, que mantiene su acta como parlamentario, por si pierde su condición de senador. Esta nota no consta que haya llegado aún al alto tribunal, según han señalado este lunes fuentes del órgano.

La iniciativa del Senado respondía al escrito presentado por los dos senadores de IU y compañeros de Zerolo en el Grupo Mixto, Jesús Iglesias y José Manuel Mariscal, quienes solicitaron la aplicación del artículo 18 del Reglamento de la Cámara que prevé la pérdida de la condición de senador por “condena a pena de inhabilitación absoluta o especial para cargo público dispuesta por sentencia judicial firme”.

Renuncia para diciembre

Casi al mismo tiempo, el propio senador canario registró la renuncia al escaño, aunque precisó que con efectos a 31 de diciembre, es decir, que durante el actual periodo de sesiones tiene intención de mantenerse en el cargo. Zerolo es senador por designación del Parlamento autonómico.

Por otra parte, el Supremo ha aceptado la personación de Izquierda Unida como acción popular en otra causa que se sigue contra Zerolo por un presunto delito de cohecho en el denominado Caso Forum. El instructor Andrés Martínez Arrieta fijará la fianza que deberá pagar el partido para ejercer la acusación y señalará la fecha de la declaración del senador canario.

El alto tribunal abrió una investigación a raíz del registro de la sede de Forum Filatélico donde se incautaron documentos de cuyo examen era posible inferir la comisión de hechos delictivos en el curso de determinadas operaciones inmobiliarias realizadas en la capital tinerfeña.

En concreto, en ese auto indicó que tales operaciones estaban relacionadas con la gestión de la concesión administrativa para la construcción y explotación de un puerto deportivo y club de mar en el puerto de Santa Cruz, y la recalificación de dos parcelas de terreno en el Valle de Tahodio.

El concejal de Urbanismo del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Ángel Martín, del PSC, ha asegurado que el Consistorio será garante del cumplimiento de esta sentencia, que obliga a la demolición de la obra con cargo a los condenados.

Martín considera que la sentencia que obliga a demoler el llamado “mamotreto” de las Teresitas “va a marcar un antes y un después en la lucha contra la corrupción”.

El concejal subraya que en la sentencia conocida este miércoles se obliga “a que quienes cometieron la ilegalidad de construir el mamotreto lo paguen de su bolsillo”.

“Si realmente las instituciones y los políticos queremos recuperar la credibilidad ante la ciudadanía, desencantada con muchos dirigentes públicos por culpa de la corrupción, tenemos que ser diligentes en el cumplimiento de esta sentencia”, añade.

Por ello propone “dar un mensaje firme contra la corrupción” y demostrar que la lucha es efectiva, aunque se pueda tardar un tiempo en conseguir resultados, como prueba la denuncia del PSOE y la sentencia firme que obliga a demoler el mamotreto.

José Ángel Martín recuerda que su partido “ha abanderado desde que se inició todo este proceso la lucha por el derribo del mamotreto”.

La secretaria general de los socialistas de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, indica que su formación está “satisfecha con la sentencia de demolición de este edificio que nunca debió construirse”.