Un planeador submarino de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) ha rastreado la zona este de Gran Canaria, donde se hundió el buque Oleg Naydenov que causó un vertido de fuel hace dos años, en una misión con la que espera obtener datos oceanográficos y del estado de las aguas.

Según ha informado este viernes la ULPGC en un comunicado, la misión se ha desarrollado con éxito y de manera ininterrumpida durante cinco días, del 5 al 10 de abril, en los que el robot recorrió 115 kilómetros, y ha sido llevada cabo por investigadores adscritos al Servicio Integral de Tecnología Marina (SITMA) de la citada institución.

Además, ha contado con la colaboración del Buque Oceanográfico Ángeles Alvariño del Instituto Español de Oceanografía (IEO) y de la Universidad americana de Rutgers (New Jersey).

La campaña ha permitido a los investigadores optimizar en tiempo real todos los sistemas de navegación y los sensores científicos que porta, y con los datos obtenidos se espera obtener información “trascendente” sobre la dinámica oceanográfica de la vertiente SSE del talud insular y poder evaluar el estado general de las aguas en la zona del hundimiento del citado buque pesquero.

Según la nota, el vehículo autónomo submarino navegó a una velocidad media de 1 kilómetro por hora, efectuó inmersiones de hasta 400 metros de profundidad y exploró la zona del hundimiento del Oleg Naydenov, a unas 16 millas náuticas al sureste de Maspalomas (29 km), donde se sumergió varias veces.

El robot submarino muestreó también una línea de estaciones junto al barco oceanográfico a lo largo del borde sur de la plataforma y del talud insular (sobre la isóbara de 500 metros de profundidad) y finalmente fue recuperado por el buque Ángeles de Alvariño el lunes 10 de abril a las 08:50 al sur de Maspalomas, señala la nota.

La misión ha tenido también un carácter docente, ya que han participado alumnos del Grado en Ciencias del Mar y del Máster en Oceanografía y Cambio Global de la ULPGC.

Abril de 2015. El pesquero de bandera rusa Oleg Naydenov se acaba de hundir a 15 millas al sur de Gran Canaria tras haber sido remolcado a alta mar desde el Puerto de La Luz y de Las Palmas, donde había ardido. Un vertido de fuel amenaza con llegar a la costa de la isla. En plena alerta, Ana Pastor, entonces ministra de Fomento, llama por teléfono al naturalista Ezequiel Navío, significado como uno de los líderes de la oposición social a las prospecciones petrolíferas en el Archipiélago, para encargarle la coordinación del voluntariado, su formación, y del rescate de fauna afectada por el piche. Son las principales asociaciones ecologistas las que proponen su nombre a la ministra.

Navío, que en ese momento es asesor en el Cabildo de Lanzarote, renuncia a cobrar y se rodea de cuatro científicos. Solo uno de ellos, licenciado en Ciencias del Mar, reside en Gran Canaria. Los otros técnicos (dos biólogas y un especialista en aves) llegan de Tenerife, Barcelona y Valencia. Tras 22 días de trabajo a destajo para hacer frente a la emergencia, el denominado Grupo de Rescate de Fauna y Apoyo al Voluntariado (GRFAV) remite al Gobierno central su informe final, crítico con la gestión de la crisis, el 12 de mayo de 2015.

Casi un año y medio después, los cuatro científicos reclutados por Navío siguen sin percibir un solo euro por la labor ejercida durante la emergencia. A finales de mayo de 2016, cuando se cumplía un año de la finalización de los trabajos, el Ministerio de Medio Ambiente, encargado de tramitar el pago, dio por fin el visto bueno a las facturas emitidas por los profesionales, tras innumerables vicisitudes y trabas de diferentes departamentos de la administración para que pudieran cobrar.

Cuatro meses después de esta comunicación, el dinero, algo más de 16.000 euros entre los cuatro, sigue sin llegar. Tampoco las explicaciones. Medio Ambiente no ha contestado a la petición de información cursada por este periódico el pasado martes, mientras que desde el departamento de Ana Pastor, actual presidenta del Congreso de los Diputados, delegan cualquier responsabilidad en el área que se encarga de los expedientes y evitan pronunciarse.

Entre los técnicos afectados por el impago se habla de “vendetta” del Gobierno y de “un ejemplo claro de obstrucción política”. Sostienen que el Ejecutivo les ha puesto “una zancadilla tras otra” como represalia por un informe que cuestionaba las decisiones adoptadas durante la gestión de la crisis provocada por el hundimiento del pesquero y concluía que Canarias “no está preparada para responder y combatir de manera rápida, efectiva y coordinada una marea negra o tóxica que alcance en las costas de las Islas”.

Las negociaciones de los científicos con el Ministerio de Medio Ambiente han sido largas y arduas. “Primero dijeron que el trabajo era voluntario y no nos iban a pagar. Después aceptaron que sí, que teníamos que cobrar, pero empezaron a avisarnos de que se habían equivocado con los papeles. Nos han mareado durante un año y medio”, aseguran.

Al principio, el Gobierno se escudó en que los profesionales no habían firmado un contrato previo con la administración. “Era una situación de emergencia, el piche se estaba vertiendo. Dejamos todo lo que estábamos haciendo y nos centramos en el Oleg. En una alerta, no puede haber un contrato previo, negociado durante meses, porque es imposible. Es como si llamas a un bombero y le preguntas por qué no ha firmado un contrato antes. ¡Oiga!, es que hay que apagar un fuego”, responde uno de los miembros del grupo, que se pregunta “cuándo cuatro científicos han estado un año y medio sin cobrar después de que una ministra les llamara para atender una emergencia”.

Posteriormente, el Ministerio les solicitó una relación de los gastos que habían realizado durante esos 22 días, de las reuniones que habían celebrado, fotografías de los trabajos... Todo ello, según los científicos, estaba detallado de manera exhaustiva en el informe entregado a la conclusión de los trabajos. “Sabían lo que habíamos hecho hora a hora, día a día, lo tenían todo registrado”, afirman.

Reparos en intervención, problemas en el cálculo del IGIC, discrepancias en torno al IRPF, solicitudes de cambios en las facturas emitidas, la obligación de darse de alta como autónomos o la petición de numerosa documentación se sumaron a la lista de obstáculos que han retrasado el cobro hasta ahora.

El expediente se abrió cuando al frente de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente, el departamento que lo tramita, se encontraba Federico Ramos de Armas, que en junio de 2015 cesaría para asumir la subsecretaría de Presidencia, cargo del que dimitiría en enero tras verse implicado en el escándalo de Aquamed. Ahora es Pablo Saavedra, entonces director general de Sostenibilidad de la Costa y el Mar, el responsable del área.

Más de 600 voluntarios

Más de 600 personas fueron reclutadas por el Grupo de Rescate de Fauna y Apoyo al Voluntariado para participar en un operativo de rescate de fauna y detección de fuel en la costa durante la emergencia del Oleg Naydenov. De ellos, más de 150 realizaron un curso de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias que les capacitaba para las labores de recogida de fuel. Sin embargo, según expusieron los técnicos en el informe, las administraciones no llegaron a movilizarlos a pesar de las reiteradas peticiones cursadas durante esos días.

También se quejaron en el escrito de que los ayuntamientos afectados por el vertido de fuel no recibieron información sobre los protocolos de actuación hasta una semana después de que el piche comenzara a aparecer en sus costas y de que la ciudadanía estuvo expuesta durante días al hidrocarburo sin recibir ninguna indicación básica ni disponer de equipos de protección adecuados. Además denunciaron las dificultades logísticas que sufrieron durante la crisis, sin apoyo para trabajar en los lugares afectados por el derrame o para organizar las charlas informativas y sin una oficina desde la que poder operar.

El Gobierno central se gastó más de 40 millones de euros en taponar las fugas de fuel tras la rotura del casco del Oleg Naydenov.

Un informe elaborado por la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes Marítimos (CIAIM) , entidad dependiente del Ministerio de Fomento, sobre el incendio y la gestión de la emergencia hasta el momento del hundimiento del pesquero ruso Oleg Naydenov ha concluido que “la precipitada salida al mar mediante remolque y su alejamiento de la costa impidió que se pudieran hacer estancas, ni las tomas de mar, ni los portillos situados en las proximidades de la línea de flotación, lo que acabó facilitando el hundimiento del buque”.

Esta es una de las numerosas conclusiones destacadas en este escrito de 35 páginas, adelantado por CanaryPorts, y que reparte las culpas de la catástrofe entre los armadores del buque, la Autoridad Portuaria, los Bomberos de Las Palmas de Gran Canaria y el Ministerio de Fomento.

El texto deja claro que el incendio y hundimiento se debieron por “una concatenación de sucesos” que pueden ser clasificados como propios del buque o de las circunstancias ajenas devenidas.

Así, la resolución de la investigación, en su apartado de conclusiones, comienza diciendo que las operaciones de mantenimiento en ambos motores auxiliares implicaron el desmontaje de numerosos de sus elementos, hecho para el que se aconsejaba “una vigilancia más directa de su funcionamiento durante las pruebas”.

De este modo, para la CIAIM las pruebas exhaustivas de los nuevos equipamientos eléctricos y la necesidad de remates de los trabajos de astillero ante la inminente salida del buque tuvieron como consecuencia que el escaso personal que se encontraba en la máquina en el momento de desencadenarse el fuego, atendiendo a diversos remates o trabajos complementarios, no reaccionara con la suficiente premura, algo que denota “una planificación inadecuada en la política de mantenimiento de la compañía armadora, que debió prever la realización de pruebas de equipos esenciales con más personal y con el buque en condiciones de mayor seguridad”.

Entre los motivos que dificultaron el aislamiento de la zona del incendio, desde la comisión entiende que la hora del fuego (13.15 horas) al coincidir con la de comer supuso que la tripulación no estaba en sus tareas de almacenaje de pertrechos y provisión, y a pesar de que la movilización del equipo de intervención del buque fue prácticamente inmediata, “sus esfuerzos por sofocar el fuego fueron improductivos por la imposibilidad de cerrar las puertas, por lo que el halón inyectado en la sala de máquinas no produjo el efecto deseado”.

“La rápida extensión de fuego y el humo indica que el flujo de combustible no se cerró, al menos en los primeros momentos, lo que sumado al constante aporte de aire para la combustión, debido a que las puertas de pasillos y locales se encontraban abiertas para facilitar el arranchado del buque, impidió la extinción inicial del fuego”, apunta el texto.

No obstante, desde el Ministerio estiman que la respuesta, una vez comunicada la emergencia al Centro Control de Servicios del Puerto, “fue razonablemente eficaz a la vista del tiempo transcurrido hasta la llegada de los equipos de bomberos”, aunque por contra el análisis de la situación a bordo y las medidas a adoptar para combatir el fuego, en algunos de sus aspectos, fueron inadecuadas.

Entre estos aspectos destacan que las dimensiones y la complejidad del buque “superaban el alcance de lo inicialmente estimado por los bomberos”, que “no se aprovechó el conocimiento que la tripulación y los equipos de intervención del buque podrían haber proporcionado sobre la situación y características del mismo”; que “no se disponía de espumógeno y/o no se valoró su utilización dado que era el único medio de sofocación existente”; y que “los equipos desplazados no disponían caudal y presión disponible suficiente. Tampoco la red de abastecimiento de agua del puerto era suficiente para abastecer las necesidades que se presentaron”.

El texto también recalca que el capitán del barco recomendó a las 19.30 horas un sistema para aderezar el barco que consistía en abrir un tapín en la zona de popa de estribor que sólo requería de una escalera telescópica, pero fue desechada porque los bomberos no disponía de dicha escalera.

Recomendaciones por parte de la CIAIM

En el dossier se recogen recomendaciones para la compañía armadora del buque, la Autoridad Portuaria de Las Palmas, los Bomberos de Las Palmas y a los ministerios de Fomento e Interior.

A los armadores les exigen que revisen la política de mantenimiento de sus buques para que de este modo “no se realicen pruebas de motores sin la debida supervisión constante por parte de miembros de la tripulación” y para que no se ejecuten “pruebas de motores sin que el buque esté en las debidas condiciones de seguridad, y en particular sin que todos los medios de cierre y compartimentado estén en condiciones de garantizar la estanqueidad de la cámara de máquinas y la división eficaz del buque”.

En cuanto a la Autoridad Portuaria le aconseja que revise el convenio suscrito con el Ayuntamiento de Las Palmas para que “se contemple que los Bomberos de Las Palmas dispongan de una sección de personal con formación especializada y dotada de equipamiento específico para combatir incendios a bordo de buques”, y a los Bomberos de la ciudad que proporcione a sus trabajadores “formación específica a sus dotaciones para combatir incendios a bordo de buques”, algo ya previsto en el acuerdo suscrito en mayo entre el Ayuntamiento y el Puerto.

Por último, tanto a Fomento como a Interior les reclaman que los planes de emergencia en caso de accidente marítimo incorporen procedimientos de coordinación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con la Dirección de la Emergencia con el fin de garantizar que los tripulantes de los buques accidentados permanezcan en el lugar del accidente mientras pueda ser requerida su colaboración por la Dirección de la Emergencia.

Los técnicos que conformaron el equipo encargado de coordinar al voluntariado y el rescate de fauna durante la crisis generada por el vertido de fuel del pesquero ruso Oleg Naydenov, hundido a 27 kilómetros de la isla de Gran Canaria en abril de 2015, no han cobrado aún por los servicios prestados. Trece meses después de que finalizaran los trabajos, el Ministerio de Medio Ambiente sigue sin pagar a cuatro profesionales de este grupo -el director renunció a percibir una remuneración- y a la empresa que desarrolló la página web y se ocupó de la logística (oficina, alojamiento, materiales, vehículos...), a pesar de que estos ya han emitido hasta cinco facturas y han aportado numerosa documentación a la administración.

La deuda con el denominado Grupo de Rescate de Fauna y Apoyo al Voluntariado (GRFAV) asciende a 23.381 euros. Los técnicos independientes, que trabajaron 22 días de forma ininterrumpida desde que recibieron el encargo del Gobierno central, han decidido demandar a los responsables políticos del Ministerio en la gestión del vertido del buque.

Sospechan que detrás de este impago se encuentra la disconformidad con el contundente informe final que elevaron el 12 de mayo de 2015, un documento muy crítico con la actuación del Ejecutivo durante la emergencia. “Somos conscientes de que las conclusiones no gustaron al Gobierno, pero obedecemos a un criterio de objetividad”, ha declarado a este periódico uno de los trabajadores afectados, que recuerda que entre Fomento y Medio Ambiente se han gastado más de 40 millones de euros en taponar las fugas del buque, que extendieron una mancha de fuel por una franja de seis kilómetros de largo y dos de ancho.

El pesquero naufragó cerca de la costa sur de Gran Canaria el 14 de abril de 2015, tres días después de que se declarara un incendio en su interior cuando estaba atracado en el Puerto de La Luz y de Las Palmas. El buque en llamas había sido remolcado a alta mar y paseado por aguas de alto valor ecológico, por una zona de paso de cetáceos y aves marinas. Ante la amenaza de que el fuel que vertía el Oleg Naydenov llegara a la costa, como finalmente sucedió, los ministerios de Medio Ambiente y Fomento recurrieron al naturalista Ezequiel Navío,  experto en la lucha contra las mareas negras y uno de los líderes de la oposición social e institucional a las prospecciones petrolíferas en el Archipiélago, para que coordinara los trabajos de rescate de fauna y constituyera un equipo de voluntarios para acometer la limpieza de un eventual derrame. Navío, que entonces asesoraba al Cabildo de Lanzarote, renunció a cobrar por estos trabajos.

Nada más constituirse, el equipo técnico liderado por Navío reforzó la capacidad veterinaria de recogida de animales afectados por el fuel y diseñó un operativo de voluntariado con más de 600 personas interesadas en participar en los trabajos de rescate de fauna y detección de fuel en la costa. Entre ellas, más de 150 realizaron un curso de la Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias que les capacitaba para participar en las tareas de limpieza. “A pesar de este esfuerzo, ninguna de las personas voluntarias fue movilizada por decisión expresa de los gobiernos  responsables de la gestión de la crisis, siendo reiteradas las peticiones que formuló el GRFAV para que los voluntarios formados efectuaran ensayos para el reconocimiento de costas contaminadas y refuerzo en la recogida de fauna”, exponen los demandantes en su escrito.  

El informe final de este grupo constata no sólo cuantiosas deficiencias en la toma de decisiones, sino también la falta de respuestas efectivas a las propuestas de gestión del voluntariado, lo que conduce a la conclusión de que Canarias “no está preparada para responder y combatir de manera rápida, efectiva y coordinada una marea negra o tóxica que alcance las costas de las islas, independientemente de su magnitud”.

El equipo técnico denunció entonces que la velocidad en las intervenciones no se adecuaba a la urgencia de la situación, que la coordinación con los ayuntamientos no había sido la apropiada, puesto que no recibieron los protocolos de actuación hasta transcurridos siete días desde la llegada de fuel a la costa, o que la ciudadanía no había recibido en tiempo y forma información básica sobre los efectos del derrame y cómo intervenir, exponiéndose al hidrocarburo durante días sin recibir indicaciones y sin equipos de protección adecuados.

“Varias toneladas de fuel fueron literalmente abandonadas en sacas en el interior de una nave de Mogán”, exponen los técnicos, que recuerdan que fue la actual alcaldesa de este municipio del sur de Gran Canaria, Onalia Bueno, quien solicitó ayuda al director del equipo para “solventar la retirada y el correcto tratamiento de los residuos tóxicos abandonados por las administraciones competentes, que se habían desatendido por completo”.

Los técnicos independientes también inciden en que las administraciones no les prestaron apoyo logístico para trabajar en los lugares afectados por el vertido ni para ayudar en la organización de las charlas públicas informativas. Tampoco se les facilitó una oficina para poder operar y se tuvieron que pagar de su bolsillo las dietas y desplazamientos, añaden.

“A pesar de la crisis del Oleg Naydenov y de otras mareas negras anteriores, Canarias permanece a día de hoy sin un protocolo efectivo para actuar de manera rápida y coordinada en caso de una nueva marea negra o tóxica”, lamentan.

Este periódico se puso en contacto este jueves por la mañana con el gabinete de prensa del Ministerio de Medio Ambiente para conocer las causas de este retraso en el pago, pero de momento no ha obtenido respuesta.

Era sábado, 11 de abril. Pocos pensaban que el incendio del pesquero de bandera rusa Oleg Naydenov en el Puerto de La Luz y de Las Palmas acabaría convirtiéndose en una pesadilla medioambiental que extendió una mancha de fuel de 6 kilómetros de largo por 2 de ancho por aguas canarias de alto valor ecológico, pertenecientes a la Red Natura 2000. El hundimiento del pesquero a 27 kilómetros al sur de Maspalomas en la noche del 14 de abril de 2015 además de suponer un gran despliegue de recursos humanos y técnicos, reabrió el debate político y social sobre la vulnerabilidad de las Islas ante este tipo de desastres y sobre las actuaciones imprudentes de las autoridades competentes.

Un año después de aquel suceso, la vía de las responsabilidades penales se ha cerrado. Concretamente, en octubre de 2015, cuando el fiscal archivó las diligencias que abrió a raíz del hundimiento del Oleg Naydenov al no apreciar delito en la cadena de decisiones que llevaron a sacarlo del puerto con un incendio a bordo para remolcarlo a alta mar. Sin embargo, aún colean otro tipo de enfrentamientos, como el que protagonizan el servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias y el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de la isla, con quien colaboraban los ciudadanos que rescataron a varias tortugas afectadas por el vertido.

Durante la emergencia por el vertido del Oleg Naydenov, el centro atendió cinco ejemplares de tortuga boba, 16 pardelas cenicienta y un alcatraz. La denuncia se basa en que la administración competente para autorizar la captura o traslado de estos animales es el Ministerio de Medio Ambiente y que este trabajo sólo puede ser realizado por la Guardia Civil.

“En situaciones de urgencia no hay tiempo de realizar peticiones de autorizaciones”, se defiende Pascual Calabuig, máximo responsable del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre y que asumió en 2002 las competencias que hasta ese momento tenía el Gobierno de Canarias.

Es curioso que la apelación a la urgencia también estuviera en la base de la defensa del capitán marítimo de la provincia de Las Palmas, Pedro Mederos, respecto a su decisión de remolcar el pesquero a alta mar porque creía que suponía un grave riesgo que el fuego se extendiera a otros barcos, que produjera un gran vertido contaminante en el puerto, que este se extendiera hacia la desaladora que abastece de agua potable a 400.000 habitantes y, sobre todo, que se produjera una explosión que pusiera en peligro vidas humanas.

El fiscal, tras comprobar que el sargento jefe de los bomberos decidió sacar del pesquero incendiado a sus hombres después de doce horas de trabajo contra el fuego por el alto riesgo de explosión, concluyó que Mederos no fue “imprudente” ni “negligente”.

“Quien obra en la creencia cierta de la existencia de un peligro y con su acción elimina el peligro que le impulsó a obrar así, ¿es un imprudente? Si además, esa decisión que va a ejecutar en el ejercicio de su legítima competencia ya la adoptó con anterioridad en idéntica situación y circunstancias y una vez revisada por la jurisdicción contencioso-administrativa se calificó de acertada, legítima y competente, ¿puede calificarse de negligente su actuación? Del conjunto del material recabado en esta fase preprocesal la respuesta a los dos interrogantes debe ser negativa”, resolvió el Ministerio Público.

Acusaciones cruzadas

Pero ¿qué pasa con el capitán del buque siniestrado? Según el presidente de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Luis Ibarra, Igor Dorofieyev no informó del fuego nada más registrarse, cómo debe hacerse, y los servicios del puerto se enteraron por medio del consignatario. Tampoco cerró las tomas de aire del barco una vez producido el fuego, lo que desaconsejó el uso de espuma. Y, además, cuando los bomberos llegaron los recursos del barco para sofocar las llamas estaban agotados. Para Ibarra, la falta de aviso del capitán provocó “una pérdida de tiempo importante” para poder controlar el incendio, a pesar de que los bomberos acudieron al lugar ocho minutos después de recibir la llamada.

Claro está, que Ibarra hizo esas declaraciones después de que Dorofieyev calificara de “error muy grave” la decisión de la Capitanía Marítima de Las Palmas de remolcar fuera del puerto al pesquero.

Estas acusaciones cruzadas demuestran que de abril a julio se vivieron en Canarias momentos de angustia, sazonados con decisiones improvisadas y sobrevolados por un enorme grado de opacidad. Como ejemplo del caos, baste recordar que el comité científico que asesoró en las operaciones para evitar la contaminación se constituyó el 30 de abril, 16 días después del hundimiento del pesquero.

Lo cierto es que el barco fue paseado hasta aguas del sur de Fuerteventura y de ahí, una vez que el fuego fue sofocado, se remolcó al sur de Gran Canaria, donde se iba a estudiar su estado para repararlo o no en el Puerto de La Luz. Pero la embarcación se hundió antes de ser evaluada por Salvamento Marítimo para conocer su estado.

A partir de ese momento, la ciudadanía se enteró de que no existían planes de contingencia ni personal especializado, que se había intentado apagar las llamas con agua en vez de con espuma (lo que facilitó que el buque escorara y se hundiera) y que lo mejor hubiera sido trasladarlo hasta un lugar confinado, como un puerto refugio, en el que poder actuar (se apuntó al puerto de Arinaga).

Indignante

En plena precampaña electoral, con unas Islas aún en pie de guerra contra el Gobierno del PP y el ministro de Industria (y líder de los conservadores canarios), José Manuel Soria, por haber autorizado a Repsol las prospecciones petrolíferas en aguas cercanas a Lanzarote y Fuerteventura, era lógico que se politizara el hecho de que 14.000 toneladas de fuel se vertieran al mar.

La entonces candidata del PSOE a la Presidencia del Gobierno y hoy número dos del Ejecutivo, Patricia Hernández, resumió en aquel momento lo que estaba pasando: “La realidad ha ido desmintiendo, una tras otra, las declaraciones de la ministra Ana Pastor. Primero que el pesquero no se iba a hundir, luego que no iba a haber vertido y, por último, que no llegaría a nuestras costas”.

“Es un cúmulo de improvisaciones, decisiones erróneas y falsas previsiones, es indignante”, remachaba Hernández. Y no era para menos, pues tanto la ministra como la delegada del Gobierno de entonces, María del Carmen Hernández Bento, habían insistido una y otra vez, desde el primer momento, en un mensaje que repetía en todos los comunicados emitidos: “El peligro de que el hundimiento del pesquero provoque un derrame de combustible es pequeño y que el riesgo de que, si eso ocurre, el vertido alcance las costas resulta aún menor, por las corrientes”.

Llegada a las costas

Y es que el fuel llegó a las costas. Los ministerios de Fomento y de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, en un comunicado conjunto, informaron el 25 de abril de haber hallado restos de residuos a entre 4 y 5 kilómetros al oeste de Gran Canaria. Y la organización WWF detectó manchas en la costa sur del Tenerife y en La Gomera. El piche, en forma de galletas, apareció en las playas de Veneguera y una cala de Mogán que se encuentra dentro de la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria y forma parte del Parque Rural del Nublo.

Por su parte, la diputada de Podemos Noemí Santana, llegó a formar parte de la cadena humana convocada en protesta por la gestión realizada por el Gobierno de España y sus autoridades competentes en el desastre y, como Hernández, exigió que se tomaran medidas para que dejara de salir fuel y que se asumieran responsabilidades por la “mala gestión”.

Mientras el fuel salía a una velocidad de 10 litros por hora por tres fisuras, el líder de Nueva Canarias (NC) se refería también a la “improvisación” y a la “falta de claridad” incidiendo en que el vertido había puesto de manifiesto “la fragilidad y la importancia estratégica del medio ambiente, vital para las islas”.

Pero llegaron a ser hasta ocho las fugas, que fueron selladas por las campanas instaladas por la empresa Ardent, a través del buque Olympic Zeus, ayudado por los robots ROV. Campanas con las que se procedió a la extracción del fuel hasta que el 27 de julio, tres meses después de que el pesquero fuera localizado a unos 2.700 metros de profundidad, la ministra decidió dar por concluida la alerta al no existir “rastro” de contaminación.

Canarias no está preparada

Lo cierto es que, un año después del inicio de aquel siniestro, aún flota en el mar colectivo de la conciencia social de Canarias si las autoridades estatales continúan sin saber cómo actuar en una crisis con un barco que pueda poner en riesgo medioambiental unas aguas por las que navegan aproximadamente 1.500 petroleros al año.

Como decía el líder de NC durante la crisis, el incidente del pesquero ruso fue “grave, pero pequeño si se compara con los cargueros” que navegan por las aguas canarias, por lo que insistió en reclamar “claridad y competencias en la materia, porque no es posible que las autoridades locales no tengan nada que hacer”.

Según los expertos, las Islas no están preparadas para responder y combatir de manera “rápida, efectiva y coordinada” una marea negra o tóxica que alcance las costas de las Islas, independientemente de su magnitud, porque no se ha elaborado aún, como sí existe en otros países, un sistema de respuesta altamente cualificado, técnicamente formado y dotado de los recursos materiales y protocolos necesarios para reaccionar ante futuros casos de contaminación aguda en aguas del Archipiélago canario.

La organización conservacionista WWF España ha alabado, por medio de una carta, la labor realizada por Pascual Calabuig, biólogo y veterinario especializado en la atención de la fauna salvaje que dirige el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre (CRFS) de Tafira, dependiente del Cabildo de Gran Canaria.

WWF destaca la “profesionalidad y encomiable labor” desempeñada Calabuig, así como particularmente su actuación en el operativo de rescate de fauna petroleada activado durante la crisis originada tras el hundimiento y posterior vertido de fuel del pesquero ruso Oleg Naydenov, en abril del año pasado.

La organización recuerda que fue en el año 2002 cuando el Cabildo de Gran Canaria ostentó las competencias en materia de recogida y atención sanitaria de fauna silvestre accidentada o enferma y que las mismas son ejercidas “con máximo rigor y responsabilidad” desde el CRFS que dirige “con exquisita diligencia profesional” el biólogo en calidad de veterinario jefe. Así,indican que en estos 14 años han rehabilitado y recuperado con éxito a cientos de animales terrestres y marinos que, “tras recibir un adecuado tratamiento bajo su estrecha supervisión y cuidado, han sido devueltos con éxito al medio natural”.

“Gran parte del éxito cosechado en la recuperation de un ingente número de fauna por este Centro de Rescate de referencia se debe a la instauración de un sistema funcional de colaboración ciudadana bien coordinado que cuenta con la loable implicación de diversas administraciones públicas, lo que permite una actuación rápida y eficaz que, en muchas ocasiones, resulta decisiva para la supervivencia de los ejemplares enfermos o accidentados detectados por particulares en el medio natural. De no ser por esta vía, estos animales pasarían desapercibidos o no llegarían a tiempo de recibir tratamiento en el Hospital de Tafira, sucumbiendo a la muerte de forma inexorable y absurda”, constata el escrito firmado por el secretario general de WWF en España, Juan Carlos del Olmo.

Además, señalan que con la crisis del pesquero ruso se ha demostrado que la colaboración organizada de voluntariado ambiental, debidamente instruido en la detecciÓn y recogida de animales, “resulta fundamental para minimizar los efectos derivados de la contamination sobre fauna particularmente vulnerable, como ayes y tortugas marinas, donde una rápida actuación con la formaciÓn y los medios adecuados puede suponer la diferencia entre la vida y la muerte”.

De hecho WWF subraya que merced a este tipo de colaboración ciudadana el centro dirigido por Calabuig pudo recibir la alerta de 19 de los 22 ejemplares que finalmente ingresaron en el Hospital de Tafira, “quedando de manifiesto la pertinencia, operatividad y eficacia de la red de voluntariado entretejido con denodado esfuerzo durante años”.

Por último, la organización hace extensivo su agradecimiento a todos aquellos particulares que de forma coordinada participaron en el rescate de fauna petroleada y a todos aquellos voluntarios que desde hace décadas vienen colaborando altruistamente con el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre de Tafira.

Una denuncia por el rescate por parte de un grupo de voluntarios de siete tortugas accidentadas en Gran Canaria tras el vertido ocasionado por el pesquero ruso Oleg Naydenov en abril de 2015 ha desatado un enfrentamiento entre el servicio de Biodiversidad del Gobierno de Canarias y el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre del Cabildo de la isla, con quien colaboraban los ciudadanos que las capturaron.

Un informe del Ejecutivo regional acusa a Pascual Calabuig, máximo responsable del centro ubicado en Tafira, de incumplir el plan operativo aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente para gestionar la crisis provocada por el hundimiento del pesquero y de no adoptar las precauciones suficientes para garantizar la integridad de los animales durante su traslado, además de cuestionar la red de voluntarios tejida durante años por el veterinario.

Calabuig, por su parte, defiende la dinámica de trabajo del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, un sistema que “funciona perfectamente”, y el contacto directo con los ciudadanos, “vital para la supervivencia” de la fauna accidentada. El veterinario remarca que este servicio, dependiente de la Consejería de Medio Ambiente del Cabildo, era parte activa del protocolo establecido por el Ministerio y atisba en el informe del Gobierno canario “un interés por arremeter” contra el centro que dirige, que asumió en 2002 las competencias que hasta ese momento tenía el Ejecutivo autonómico.

Los hechos objeto de la denuncia se remontan al 4 de mayo de 2015, veinte días después del hundimiento del Oleg Naydenov. La tarde de ese lunes, seis buceadores capturaron un total de siete ejemplares de tortuga boba, una especie etiquetada como vulnerable en el Catálogo Español de Especies Amenazadas. El patrón de la embarcación, F.R., telefoneó a Pascual Calabuig, con quien colabora habitualmente, cuando había rescatado tres de ellas y el director del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre activó el dispositivo para recogerlas en el Muelle de Pasito Blanco y trasladarlas a Tafira. Esta orden fue ejecutada por un veterinario de la empresa pública Tragsa que el Ministerio de Medio Ambiente había enviado a la isla para prestar apoyo durante la crisis del pesquero ruso.

Sin embargo, antes de su llegada a Pasito Blanco, una patrulla del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil interceptó la zodiac y decidió levantar un acta de denuncia. En este escrito, el Seprona explica que los animales estaban “apilados en el suelo de la embarcación”,  que Calabuig les confirmó por teléfono que los voluntarios que habían capturado las tortugas colaboran con él y que una de las buceadoras es veterinaria de profesión y creyó ver manchas de petróleo en la boca de algunos ejemplares.

Esta denuncia llegó a la Dirección General de Sostenibilidad de la Costa y del Mar del Ministerio de Medio Ambiente, que abrió un expediente y solicitó un informe a la Consejería de Sostenibilidad del Gobierno canario. En su escrito, firmado por un jefe de servicio y un oceanógrafo, el departamento del Ejecutivo regional concluye que los ejemplares de tortuga boba “viajaron 40 minutos en coche en malas condiciones” por la “mala coordinación” entre los voluntarios y el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre, ya que disponían de menos cajas de las necesarias. Además, precisa que la administración competente para autorizar la captura o traslado de estos animales es el Ministerio de Medio Ambiente  y que este trabajo sólo puede ser realizado por la Guardia Civil.

En su contestación, Calabuig refuta todas las acusaciones de los técnicos de Sostenibilidad. El máximo responsable del centro ubicado en Tafira recuerda que el Cabildo de Gran Canaria tiene competencias para la recogida y atención de fauna silvestre accidentada o enferma y que en el servicio que dirige ingresa cada año una media de 1.800 ejemplares de diferentes especies, de ellos un centenar de tortugas bobas (Caretta caretta).

Durante la emergencia por el vertido del Oleg Naydenov, el centro atendió cinco ejemplares de tortuga boba, 16 pardelas cenicienta y un alcatraz. “La mayoría (19) fueron recogidas por particulares, pescadores, observadores de cetáceos, bañistas o paseantes”, asevera Calabuig, que añade que sólo dos animales (una tortuga y una pardela) fueron rescatados por una patrullera de la Guardia Civil y otra pardela, por una de Salvamento Marítimo.

Para el veterinario, en situaciones como la acaecida el pasado mes de mayo se impone “la competencia de la atención de urgencia”. “No hay tiempo de realizar peticiones de autorizaciones”, explica Calabuig, que pregunta al servicio de Sostenibilidad si pretende seguir el ejemplo de Azores o Madeira, donde las tortugas heridas son devueltas al mar porque los barcos “no tienen permiso y los sancionan por llevarlas a bordo”. De ser así, insta al Ejecutivo a plasmarlo por escrito, aunque advierte de que sería “un grave retroceso”.

Calabuig niega que el traslado hasta el centro de Tafira supusiera un peligro para los animales (“Llegaron perfectamente y ni siquiera tenían erosiones en la piel de los aleteos”) y  remarca que el patrón de la embarcación tiene experiencia en rescates (“Lo único que podría recriminársele es un exceso de celo”). También rechaza la acusación de descoordinación: “A la hora en la que se produjeron los últimos rescates, resultaba imposible que el personal del Ministerio supiese que el número de tortugas accidentadas había variado (de tres a siete)”.  El veterinario de Tragsa acudió a Pasito Blanco con cuatro cajas para transportar las tortugas, una más de las necesarias según lo comunicado en un principio, pero tres menos de las requeridas al final de la jornada.

El director del Centro de Recuperación de Fauna Silvestre aclara que informaba de todas sus actuaciones al Seprona, al Ministerio de Medio Ambiente, a Tragsa y a Ezequel Navío, responsable del grupo de voluntariado creado durante la crisis. Calabuig ve “totalmente injustas” las acusaciones vertidas por el Gobierno de Canarias contra el sistema instaurado en el Cabildo de Gran Canaria, un método que considera “rápido, no costoso y de funcionaridad ejemplar”, y reprocha al servicio de Sostenibilidad del Ejecutivo que “se excediera en sus apreciaciones técnicas en un campo que desconoce”, en relación a sus comentarios sobre el destino de los animales y su “aparente buen estado de salud”. Tras tratar a los ejemplares en el centro, Calabuig determinó que ninguno de ellos había sido afectado por el vertido del Oleg Naydenov.

Capitanía Marítima de Las Palmas ha desactivado el Plan Marítimo Nacional tras concluir este miércoles las tareas de extracción y sellado del pesquero ruso Oleg Naydenov, hundido el pasado 14 de abril a 15 millas (27 kilómetros) al sur de Maspalomas (Gran Canaria).

La secretaria general de Transporte, Carmen Librero, ha presidido este jueves la reunión del comité de coordinación de la emergencia producida por el hundimiento del buque arrastrero, en la que se ha informado de la desactivación del Plan Marítimo Nacional al finalizar la extracción de fuel y el sellado del pecio, según informa Salvamento Marítimo (SM).

En la reunión, celebrada en la Capitanía Marítima de Las Palmas, se han detallado las actuaciones realizadas e informado del desarrollo de los trabajos de extracción del fuel de buque y el sellado definitivo de las fugas existentes.

También se ha informado de que el comité técnico, reunido este jueves, ha dado por finalizada la emergencia y desactivado el Plan Marítimo Nacional, que se encontraba en fase de emergencia de nivel I.

Como prevención, Salvamento Marítimo ha previsto un programa de vigilancia vía espacial, aérea, marítima y submarina en el que participarán tanto los satélites de la Agencia Europea de Seguridad Marítima como unidades y un robot de Salvamento Marítimo.

La sociedad pública de salvamento y lucha contra la contaminación marítima ha comenzado las tareas para adaptar sus medios submarinos de forma que puedan alcanzar los 3.000 metros de profundidad.

Además, en la reunión se ha informado a los miembros del comité de la adjudicación por parte de la Agencia Europea de Seguridad Marítima del contrato de un buque anticontaminación para el área de Canarias y que reforzará los medios disponibles en la zona.

Desde el mismo día del hundimiento del Oleg Naydenov se pusieron en marcha operaciones para inspeccionar el pecio y comprobar el estado de las fugas de hidrocarburos procedentes de los venteos, escotillas y fisuras de la chapa.

Tras este paso se inició la extracción del combustible, tanto del que fluía desde las fugas como del que se alojaba en el interior.

Para realizar la operación se instalaron campanas rígidas sobre las fugas, unidas a un tanque que se izaba a superficie para retirar el fuel y se sustituía por uno vacío y, también, se ejecutaron actuaciones para incrementar el flujo de salida de fuel de manera controlada.

Concluida la extracción, se procedió al sellado definitivo de las fugas existentes en el pecio por medios mecánicos y químicos.

En total se han recogido 528 metros cúbicos de residuos oleosos, que proceden tanto de las operaciones de lucha contra la contaminación marina ejecutadas en superficie por los buques anticontaminación como de las operaciones submarinas.

Durante las complejas operaciones se han utilizado tres robot submarinos capaces de trabajar a la profundidad en que se encuentra el pecio, 2.700 metros, y que han realizado la monitorización y el control de las operaciones desde el Olympic Zeus, buque base de operaciones.

La Agencia Europea de Seguridad Marítima ha adjudicado un contrato para la prestación durante un periodo de cuatro años, con posibilidad de prórroga por otros cuatro, de un buque con una capacidad de recogida superior a los 1.250 metros cúbicos, que mantendrá base en Santa Cruz de Tenerife para atender la zona de Canarias y Madeira.

El contrato ha sido adjudicado a la empresa Petrogas, que aportará el buque Mencey, y el servicio se iniciará el servicio el próximo verano, con un importe del contrato es de 5,1 millones de euros, concluye la nota.

Greenpeace ha denunciado que la Fiscalía “se ha olvidado” del medio ambiente al archivar  las diligencias que abrió por el hundimiento del pesquero ruso Oleg Naydenov en una zona de alto valor ecológico ubicada a 15 millas del sur de Gran Canaria.

La organización ecologista considera que el Ministerio Público no ha tenido en cuenta el impacto medioambiental causado en la zona a la que se llevó el pesquero en llamas cargado con 1.500 toneladas de fueloil. “Se trata de un espacio incluido en la Red Natura 2000, que distingue las zonas de mayor valor ambiental de la Unión Europea”, recuerda en un comunicado.

En ese sentido, señala que en las aguas donde se hundió el Oleg Naydenov, la plataforma submarina alcanza su máxima extensión, por lo que supone una de las áreas más productivas de Canarias. Un hecho que ha permitido el establecimiento de hábitats de interés como los sebadales o la de poblaciones de especies de interés comunitario.

Además, puntualiza que en 2006 la Organización Marítima Internacional (OMI) otorgó al Archipiélago la categoría de Zona Marítima Especialmente Sensible (ZMES) reconociendo la importancia ecológica y socioeconómica de la zona y su vulnerabilidad frente a los daños que ocasiona el tráfico marítimo.

Sin embargo, Greenpeace lamente que la Fiscalía “no parece haber tenido en cuenta las figuras de protección y la riqueza que aportan los espacios protegidos a la hora de autorizar el traslado del buque”. En opinión del colectivo, si había riesgo de explosión, las autoridades del Puerto de Las Palmas deberían de haber tenido planes de contingencia para minimizar los daños ambientales y “no trasladar el buque de forma errática como hicieron”.

“Siempre pierde el medio ambiente. Ni las autoridades, ni la Fiscalía han tenido en cuenta que las zonas de alto valor ecológico son muy valiosas también a nivel social y económico. La sociedad civil siempre tiene que asumir los costes” ha declarado Marta González, portavoz de Greenpeace.

La Fiscalía ha archivado las diligencias que abrió a raíz del hundimiento del pesquero ruso Oleg Naydenov al sur de Gran Canaria, al no apreciar delito en la cadena de decisiones que llevaron a sacarlo del puerto de Las Palmas con un incendio a bordo para remolcarlo a alta mar.

El Oleg Naydenov había repostado 1.400 toneladas de fuel antes de sufrir un fuego en su sala de máquinas, un combustible que provocó un reguero de contaminación al sur del archipiélago que obligó a movilizar a numerosos efectivos de Salvamento Marítimo.

Aunque hace meses que no se detectan manchas atribuidas a ese siniestro, todavía a día de hoy se está extrayendo el combustible del pesquero a 2.400 metros de profundidad, mediante un sistema de campanas de recogida contratado por el Ministerio de Fomento a la empresa Ardent, uno de los gigantes mundiales del sector.

En un dictamen hecho público este miércoles, el fiscal de Medio Ambiente de la Audiencia de Las Palmas, Javier Ródenas, explica las razones por las que considera que la decisión del capitán marítimo de la provincia, Pedro Mederos, de remolcar el pesquero a alta mar al no poderse controlar el fuego no fue “imprudente” ni “negligente”.

El Ministerio Público remarca que no solo ha interrogado a Mederos, cuya decisión había sido apoyada por la Dirección General de Marina Mercante del Ministerio de Fomento, sino también al jefe del operativo de bomberos que trabajó durante horas en los muelles del puerto de La Luz para intentar apagar el incendio.

La Fiscalía admite que, a priori, la declaración de Mederos puede ser tomada con cierta “desconfianza”, por pensar que solo haya manifestado “aquello que le pueda favorecer”, pero subraya que todo lo descrito por él sobre el incendio y el riesgo que suponía el barco en el puerto concuerda con lo manifestado por el sargento jefe de los bomberos, que decidió sacar de allí a sus hombres tras doce horas de trabajo contra el fuego por el alto riesgo de explosión.

El capitán marítimo alegó en su declaración ante el fiscal que acordó sacar del puerto al Oleg Naydenov porque creía que suponía un grave riesgo en varios frentes: que el fuego se extendiera a otros barcos, que produjera un gran vertido contaminante en el puerto, que este se extendiera hacia la desaladora que abastece de agua potable a la ciudad (400.000 habitantes) y, sobre todo, que se produjera una explosión que pusiera en peligro vidas humanas.

Riesgos confirmados

La Fiscalía considera que ninguno de esos riesgos ha sido rebatido. Al contrario, alguno de ellos ha sido confirmado, porque hay testigos que dicen que el Oleg Naydenov sufrió explosiones a bordo cuando ya era trasladado a alta mar y que se sintieron incluso en el buque que lo remolcaba a 400 metros de distancia.

Pero, además, subraya que Mederos obró conforme a un precedente idéntico, del que fue protagonista y en el que obtuvo con el tiempo el aval el Tribunal Supremo: el incendio que sufrió hace 15 años en el puerto de Las Palmas el pesquero español María Teresa Rodríguez, que también fue remolcado a alta mar, donde se hundió.

“Quien obra en la creencia cierta de la existencia de un peligro y con su acción elimina el peligro que le impulsó a obrar así, ¿es un imprudente? Si además, esa decisión que va a ejecutar en el ejercicio de su legítima competencia ya la adoptó con anterioridad en idéntica situación y circunstancias y una vez revisada por la jurisdicción contencioso-administrativa se calificó de acertada, legítima y competente, ¿puede calificarse de negligente su actuación?”, se pregunta el fiscal de Medio Ambiente.

A su juicio, no hay duda en este caso: “Del conjunto del material recabado en esta fase preprocesal la respuesta a los dos interrogantes debe ser negativa”.

El agua, lo más conveniente

El informe del fiscal da respuesta a dos de las cuestiones más debatidas respecto a este naufragio: el hecho de que los bomberos emplearan agua, en lugar de espuma para atacar el fuego (se llegó a decir que no tenían este último material) y el sinuoso rumbo que se tomó al remolcar al Oleg Naydenov (primero hacia Fuerteventura y luego de regreso hacia Gran Canaria).

El sargento jefe de los bomberos responde tajante a lo primero que había espuma, pero se utilizó agua porque era lo más conveniente para las circunstancias del incendio.

En cuanto al rumbo, este no se fijó pensando en un lugar de destino, sino en una serie de premisas: “Alejarlo de la costa este de Gran Canaria por si fallara el remolque que no embarrancara en la costa. No someter a una tensión excesiva la línea de remolque precaria remolcándolo contra la acción de la mar y tercero, evitar que los humos y gases por la combustión del incendio, vinieran hacia el remolcador u ocultaran el remolcado a la vista del remolcador”.

Por último, el fiscal considera que el capitán marítimo obró dentro de sus competencias, sin cometer negligencias y guiado por el ánimo de evitar riesgos mayores, y no considera que se le puedan imputar responsabilidades penales basándose en hipótesis sobre qué hubiera pasado de haber actuado de otra manera.

“Asegurar que no existían riesgos mayores que el que tratado de evitar con la decisión adoptada, es no querer aceptar lo declarado por quienes arriesgaron sus vidas y estuvieron durante doce horas combatiendo el fuego”, remarca como cierre de su argumentación.

El colectivo La otra Cara de la Tragedia, conformado por voluntarios que participaron en las labores de limpieza del vertido del pesquero ruso Oleg Naydenov, denuncian que seis meses después de que se produjera el hundimiento aún se aprecian manchas de piche en playas como Los Secos o El Perchel y demandan que sea retirado de forma inmediata. 

Los voluntarios reprochan a las Administraciones que no hayan actuado en consecuencia. La portavoz del colectivo, Guiomar del Pino explica que en los meses de verano propusieron al Cabildo de Gran Canaria y al Ayuntamiento de Mogán que apoyaran una acción con decenas de voluntarios para limpiar la costa durante un fin de semana, pero lamenta que no obtuvieron respuesta al respecto. 

El colectivo señala que esta proposición estaba documentada en el impacto que puede tener para el medio ambiente la presencia de fuel en las playas y además diseñaba un plan de trabajo para que el combustible quedara limpio en tres días. 

La otra Cara e la Tragedia reprocha que el consejero de Medio Ambiente del Cabildo de Gran Canaria, Juan Manuel Brito o el parlamentario Juan Márquez no hayan respondido a esta petición después de que en campaña electoral firmaran un documento en el que se comprometían a aportar “todo el esfuerzo” para que toda la zona dañada quedara limpia. 

Los voluntarios consideran que las labores para retirar este peligroso hidrocarburo de las playas no solo fueron insuficientes y también añaden que estos trabajos se hicieron sin conocimiento, sin aplicar los protocolos de la propia administración y sin recursos adecuados. Explican que esta situación ha generado daño al medio litoral y su fauna, pero además han llegado a poner en riesgo la salud de los operarios. 

Este grupo también sostiene que la gestión posterior de las toneladas de piche retirado representa “un insulto para todos los canarios”. Su portavoz asegura que fueron abandonadas en una nave industrial por las autoridades. 

La otra cara de la tragedia pide explicaciones y reivindica que las autoridades se movilicen para que una situación de estas características “no vuelva a suceder”. 

El Ayuntamiento de Mogán (Gran Canaria) reclamará a la aseguradora del pesquero ruso Oleg Naydenov 12.600 euros para cubrir los costes que ha asumido para descontaminar 12 toneladas de piedras impregnadas de fuel que se han recogido en su litoral desde el hundimiento del barco.

La alcaldesa de la localidad, Onalia Bueno (Ciuca), ha dado a conocer la iniciativa con motivo de la retirada este miércoles de esas piedras, recogidas meses atrás de la playa de Veneguera y guardadas hasta ahora en un almacén por orden del anterior equipo de gobierno municipal (PP), que alquiló a tal fin el recinto sin que este reuniera las condiciones precisas para ello, según ha explicado.

Bueno ha expuesto que la existencia de esa “bomba de relojería” fue descubierta inesperadamente por los actuales gobernantes del Ayuntamiento, que decidieron actuar para acabar con el problema, por considerarlo un riesgo para la salud al no estar la nave preparada para garantizar que la contaminación de las piedras produjera algún perjuicio.

Encargar a una empresa gestora de residuos su procesamiento es la decisión que se ha adoptado, ha expuesto la alcaldesa, que ha dicho que esa sociedad trasladará el material contaminado a una planta de tratamiento que se dedica a la limpieza de residuos de ese tipo existente en Sevilla.

El traslado y el procesamiento de esos residuos costará 5.531 euros, una cantidad a la que hay que sumar otro desembolso de más de 6.000 euros que ha hecho el Consistorio por el alquiler de la nave referida, ha precisado la alcaldesa.

La corporación pretende reclamar esas dos cantidades a la compañía aseguradora del pesquero ruso, por considerar que es responsabilidad suya asumir esos gastos, precisando que su demanda se canalizará a través del Gobierno de Canarias, que tiene previsto pedir a esa compañía que se haga cargo de los perjuicios económicos derivados del hundimiento del buque y su vertido de fuel.

Y en cuanto a quién ordenó el almacenamiento en una nave de las piedras contaminadas, que ha insistido en que fue una decisión incorrecta, “porque lo que se tenía que haber hecho es proceder a su limpieza en la propia playa”, ha indicado que se desconoce su identidad, aunque fue adoptada por alguien del Ayuntamiento, ya que fue este el que contrató el alquiler del inmueble.

No obstante, ha precisado que, al preguntar ahora a los anteriores responsables de la corporación, “nadie sabe nada”, por lo que sus actuales gobernantes renunciarán a indagar más sobre el asunto, por considerar que tampoco podrían emprender acción alguna contra quien tomara la iniciativa.

El Gobierno de Canarias ha desactivado durante el viernes su plan de contaminación marina por el hundimiento del pesquero ruso Oleg Naydenov tras la bajada del nivel de la emergencia a nivel estatal y la ausencia prolongada de manchas en las costas del archipiélago.

Este plan permanecía en nivel 2 de emergencia desde el 23 de abril tras el hundimiento del buque y el vertido de hidrocarburos. Éste se establece cuando el derrame detectado afecte o pueda afectar a la línea de costa en una zona puntual y localizada que englobe áreas de vulnerabilidad media.

La Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias ha tomado la decisión de desactivar su plan de contaminación tras la reunión de coordinación del Plan Nacional Marítimo en el que desde un principio se integraron los responsables de Protección Civil del Ejecutivo autonómico.

A pesar de desactivar su plan de contaminación marina, desde el Gobierno de Canarias se continuará haciendo un seguimiento de la situación en el mar y en costa ante cualquier incidente que se pudiera relacionar con el hundimiento del pesquero.

Desde el Ejecutivo recuerdan que el nivel 2 de emergencia se activó para toda Canarias de manera preventiva y desde entonces se han realizado tareas de vigilancia por tierra, mar y aire, así como labores de limpieza con la intervención de recursos estatales, del Gobierno de Canarias y municipales.

El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, ha destacado este martes la implicación que el Ministerio de Fomento ha tenido en la gestión del Oleg Naydenov, el pesquero hundido a mediados de abril en aguas de Gran Canaria, afirmando que se ha realizado una buena gestión desde el departamento que lidera Ana Pastor.

Clavijo que ayer lunes pudo mantener una conversación con la ministra de Fomento, Ana Pastor, que estuvo en Gran Canaria para asistir a una reunión del Comité de Coordinación de la Emergencia por hundimiento del buque de bandera rusa a 15 millas de la Punta de Maspalomas, en San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria), indicó que Pastor le explicó que el riesgo de que continuaran los escapes “era casi nulo”.

Asimismo, añadió que la ministra le dijo que “se había vaciado el primer tanque, que las campanas estaban funcionando bien y que calculaba que a finales de noviembre podía estar resuelto el asunto”. Al respecto, Clavijo señaló, en una entrevista a la Ser recogida por Europa Press, que este tipo de situaciones te “hacen ver lo frágil” que puede ser el ecosistema “ante cualquier desgracia”.

El presidente canario también señaló que Pastor “estaba satisfecha” con el trabajo llevado a cabo ante el hundimiento del Oleg Naydenov, ya que tras analizarlo han entendido que la decisión de sacar el buque del Puerto de Las Palmas “fue acertada”, así como que la actuación de los servicios de emergencia “fue la correcta”.

Finalmente, al ser cuestionado por qué pasará con el pecio ahora, Clavijo explicó que se extraerá “todo” el fuel y se dejará donde está. También expuso las “dificultades” que ha tenido Fomento “para encontrar un interlocutor con la compañía porque todo este coste lo tendrá que asumir el responsable del barco y la compañía; se habla de 60 millones de euros”.

El nivel de emergencia por el vertido de fuel originado por el pesquero ruso Oleg Naydenov, hundido el pasado mes de abril a 15 millas al sur de Maspalomas (Gran Canaria), ha sido reducido del dos al uno al considerarse que ya no existe “rastro” de contaminación.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, ha informado este lunes de esta determinación tras presidir en la capital grancanaria una reunión del comité técnico de seguimiento creado tras el hundimiento del pesquero a 2.700 metros de profundidad.

Pastor ha indicado que ya se ha extraído un tanque de fuel a través de las ocho campanas instaladas para poder proceder a esta operación.

Así mismo, ha dicho que se espera que los trabajos para la total extracción de las 1.409 toneladas de fuel que llevaba el buque cuando se hundió sean extraídos por completo, “si todo va bien”, a finales de octubre o noviembre, cuando también quedarán ya selladas las fugas del barco.

La titular de Fomento ha informado de que ya se han extraído 450 toneladas de fuel.

La ministra ha manifestado que llevan ya muchos días sin que exista contaminación en la zona del hundimiento, que tampoco se ha advertido a través del satélite europeo que efectúa su seguimiento, según les han informado las autoridades europeas.

Pastor ha indicado que el Consejo de Ministro aprobó el pasado viernes una partida de 31 millones de euros destinada a sufragar los costes del plan de emergencia activado tras el hundimiento del buque, pero ha precisado que quedan meses de trabajo por lo que todavía no sabe cuál va a ser el coste de la operación.

La extracción del fuel la está llevando a cabo la empresa Ardent, a través del buque Olympic Zeus, que, ayudado por los robots ROV, instaló las campanas con las que se han sellado las ocho fugas detectadas en el pecio y con las que ahora se está procediendo a la extracción del fuel.

En cuanto a la preocupación de distintos colectivos ecologistas por la posible contaminación de la fauna marina y su transmisión a la cadena alimenticia, la ministra ha afirmado que se ha controlado “en todo momento y en toda situación, y no ha habido que tomar ninguna medida en ese sentido, porque no se ha encontrado ningún tipo de problema”.

La ministra, tras asistir a la reunión, ha saludado a la tripulación del buque de Salvamento Marítimo Miguel de Cervantes, destacado en la zona donde se hundió el barco, y que ha recalado unos días en el puerto de La Luz para proceder a unas reparaciones, según ha indicado su capitán, quien ha añadido que, una vez que culminen, volverán a retomar las labores de vigilancia.

Además, Pastor ha aprovechado su estancia en la isla para visitar las nuevas instalaciones del Banco Mundial de Alimentos (PMA) en el Puerto de La Luz.

El Consejo de Ministros autorizó el pasado viernes al Programa Mundial de Alimentos (PMA) el uso de una segunda nave, de 6.000 metros cuadrados, adscrita a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, en la que la agencia de la ONU podrá almacenar cerca de 100.000 toneladas anuales de víveres.

La ministra de Fomento, Ana Pastor, no estará presente en la reunión que se celebra este lunes entre representantes del Gobierno de Canarias y del Estado.

En un principio Pastor estaba en la convocatoria que será presidida por el presidente canario, Fernando Clavijo, y el ministro de Industria, Energía y Turismo, Juan Manuel Soria. Por parte del Estado intervendrán finalmente en la reunión el secretario de Estado de Hacienda, Miguel Ferre Navarrete; el subsecretario del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Enrique Hernández Bento; el secretario de Estado de Telecomunicaciones, Víctor Calvo Sotelo; la secretaria de Estado de Turismo, Isabel Borrego; el secretario de Estado de Energía, Alberto Nadal; la secretaria de Estado de Industria, Begoña Cristeto y la delegada del Gobierno en Canarias, María del Carmen Hernández Bento.

Por parte del Gobierno de Canarias estarán la consejera de Turismo, Cultura y Deportes, María Teresa Lorenzo; la consejera de Hacienda, Rosa Dávila; el viceconsejero de Presidencia, José Miguel Barragán; el consejero de Economía, Industria, Energía y Comercio, Pedro Ortega y la directora general del Gabinete del Presidente, Alexandra Betancort.

Así, Pastor acudirá a las 11.15 horas a la Autoridad Portuaria de Las Palmas, donde presidirá la reunión del Comité de Coordinación de la emergencia por el hundimiento del buque Oleg Naydenov.

El Consejo de Ministros ha tomado razón de determinadas actuaciones realizadas por el procedimiento de emergencia por la Sociedad de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR) para la reparación de los daños ocasionados por el accidente del buque pesquero Oleg Naydenov en aguas de Canarias, por un importe de 31.049.920 euros.

El pesquero ruso Oleg Naydenov se hundió el pasado mes de abril a 24 kilómetros al sur Maspalomas (Gran Canaria). En el momento del hundimiento el barco llevaba 1.400 toneladas de fuel, 30 de diésel y 60 de aceite.

El buque mide más de 100 metros de eslora y requería de una tripulación de más de 70 personas para operar.

Cordialidad y entendimiento. Al menos hasta el final de esta legislatura nacional, pero también con proyección futura si Rajoy siguiera gobernando. Ese fue el mensaje que este jueves quisieron transmitir Fernando Clavijo y la ministra de Fomento, Ana Pastor, en su primer encuentro desde que el nacionalista fuera investido como presidente del Gobierno de Canarias.

Y junto a los parabienes y la constatación de “buenas voluntades” en su comparecencia conjunta ante la prensa, dos noticias: que se elevará por el Gobierno central una consulta a la Comisión Europea sobre el mejor modo de seguir reduciendo el costo de los billetes de avión para los residentes, ante las “dudas jurídicas” que el asunto a veces plantea, y que habrá que ver en lo que queda; y que con independencia del deseo del ministerio de que en los próximos Presupuestos Generales del Estado el Convenio de Carreteras con Canarias disponga “de la mayor cuantía”, la que sí está atada y bien atada, y con informe favorable de la abogacía del Estado, es la aportación de 27 millones de euros para que al fin se concluya la carretera entre Agaete y La Aldea.

“Es una gran noticia”, dijo Clavijo, antes de subrayar la “magnífica disposición” de la ministra a que las cifras del Convenio en su conjunto se acerquen lo más posible a la anualidad acordada al diseñarse y aprobarse el Convenio hace años y que luego la tijera de Hacienda se llevó por delante. Aunque “ella no tendrá la última palabra”, sino el departamento de Cristobal Montoro y lo que los PGE de 2016, cuyo primer borrador se conocerá la semana que viene, dispongan.

En este sentido, Pastor señaló que una vez se conozca ese marco presupuestario la Comisión de Seguimiento se reunirá “cuanto antes para actualizar todos los pagos de 2015”, mientras el presidente canario agregaba que “sería maravilloso” que los PGE del año que vienen incluyan la anualidad fijada inicialmente en 207 millones y le consta la “voluntad” de la ministra, una aportación de 120 millones que cubriese las necesidades más perentorias también sería dada por buena.

Y es que en el encuentro de cerca de 90 minutos que hoy tuvieron Clavijo y Pastor acompañados de la consejera de Obras Públicas, Ornella Chacón, y el secretario de Estado, Julio Gómez Pomar, parecen haber quedado bastante lejos las recriminaciones al Gobierno de Rajoy que caracterizaron la etapa de Paulino Rivero en la presidencia y de Domingo Berriel en la consejería, que en pocos casos permitían comparecencias conjuntas como la de esta tórrida mañana de julio.

Elogio por “Las Chumberas”

Elogio por “Las Chumberas”De hecho Pastor, no pudo evitar, en sus elogios a Clavijo, el recuerdo a cómo en 2014, durante su etapa como alcalde de La Laguna, se desbloqueó el Convenio de rehabilitación de viviendas de Las Chumberas, pese a estar bloqueado durante años: “Igual que cuando eras alcalde fuimos capaces e sacar adelante aquello y lo resolvimos con diálogo y entendimiento, estoy segura de que ahora contigo al frente vamos a ser capaces de resolver los temas de Canarias”, dijo.

De modo algo más sutil, y sin que se le preguntara siquiera por ello, el presidente regional también se refirió al “comienzo esperanzador” que el encuentro suponía para “normalizar relaciones” entre ambas administraciones y “afrontar lo que se nos viene por delante en 2016” y asimismo incidió en que el Gobierno de Canarias “será un aliado” del Gobierno de España en asuntos como las relaciones con la Unión Europea.

“Sabes, presidente, que tienes toda la lealtad, apoyo y colaboración del Gobierno de España y que tus éxitos lo serán para todos los españoles y especialmente los canarios”, agregó por su parte Pastor en inusitado requiebro, ante la atenta mirada de la socialista Ornella Chacón.

Unas horas antes, Clavijo incluso había hecho unas declaraciones en Radio Nacional distinguiendo con claridad el rumbo que quiere imponer a su gobierno de la deriva independentista que actualmente ha puesto en marcha su homónimo de Cataluña. Un tipo de consideraciones que, quiérase o no, también suponen una nítida escenificación, en el marco de la Villa y Corte, de su voluntad de alejamiento de la etapa de Rivero. Se da la circunstancia, de que el presidente canario se reunirá el martes con el Rey Felipe VI, aunque la hora está aún por confirmar.

Residentes y mercancías

Residentes y mercancíasAdemás de la consulta a la UE, en relación con las subvenciones a residentes, parece que también se puso sobre la mesa la posibilidad de incrementarla para islas como El Hierro hasta el 75 por ciento. No obstante, no parece fácil que a corto plazo se adopte una medida así, pues como se ocupó de recordar Pastor el costo presupuestario de las subvenciones a residentes ya es de más de 300 millones de euros. No obstante, ambas administraciones y AENA se han emplazado a una reunión que tendrá lugar en septiembre para analizar la situación de todo el sistema aeroportuario canario en su conjunto y las buenas cifras que, en cuanto a incremento de pasajeros, se han conocido recientemente.

Además, también se trató de la subvención al transporte de mercancías, que actualmente cubre el 70 por ciento del coste, al haber un desfase entre lo consignado para el sector primario en 2015 -en donde sobra algo de dinero- y lo dispuesto para el industrial -en donde falta presupuesto. La idea es compensar uno con otro.

Cerrar el 'Oleg Naydenov'

Cerrar el 'Oleg Naydenov'Por último, también estuvo sobre la mesa la crisis ocasionada por el incendio y hundimiento a escasas millas de la costa del pesquero ruso Oleg Naydenov. El lunes tendrá lugar una reunión técnica para empezar a extraer el fuel que sigue dentro del pecio, encerrado bajo unas campanas para impedir su salida al mar, con objeto de que a finales de noviembre haya concluido ya todo el proceso.

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias sostiene que los niveles “puntualmente altos” de PAH, en este caso Benzo(a)pireno encontrados en la muestra del pescado mandada a repetir el pasado 1 de julio “responde a niveles de contaminación ambiental general y no a episodios de contaminación puntuales” como el caso del vertido del Oleg Naydenov.

En un comunicado, subraya que la aclaratoria realizada por el Servicio de Toxicología Clínica y Analítica de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, tras conocer que existía un parámetro “por encima de lo habitual” refleja que “es posible encontrar los niveles puntualmente altos de PAH, en este caso Benzo(a)pireno, en todo tipo de alimentos”.

Desde el Gobierno subrayan que los resultados de estos análisis deben ser interpretados “con cautela y contextualizados dentro de series de análisis consecutivos a lo largo del tiempo”, y aclaran que hasta el pasado 1 de julio los test realizados “no habían presentado anomalías”. 

Además, recalcan que la Viceconsejería de Pesca del Gobierno de Canarias ha enviado nuevas muestras, aparte de las que envía quincenalmente desde que se produjera el vertido, para que “los expertos tengan más información a la hora de interpretar los resultados y saber si es un episodio de los habituales o tiene alguna otra causa”.

Recuerdan que “tan solo” el análisis del pasado 1 de julio “ha dado unos parámetros de contaminación en Benzo(a)pireno” y subrayan que para esta sustancia no se ha establecido un Límite Máximo de Residuos (LMR). 

La Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias, que en ningún momento ha hecho públicos los análisis realizados, ha recalcado que “se compromete a informar de los resultados de los próximos análisis, que se recibirán en los próximos días, y que darán más información” y subrayan que “de momento” la situación es normal y por ese motivo no se han activado los protocolos establecidos para estos casos.

El Gobierno de Canarias conoce que el pescado que se pesca en el suroeste de Gran Canaria está contaminado tras el vertido del pesquero ruso Oleg Naydenov, hundido el pasado 14 de abril a 15 millas (27 kilómetros) al sur de Maspalomas (Gran Canaria) tras haber sufrido un incendio en el puerto de Las Palmas cuando estaba a punto de salir a faenar con 1.400 toneladas de fuel en sus tanques.

Desde el primer momento el Ejecutivo, a través del Servicio de Toxicología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (SERTOX), ha venido tomando muestras de las especies marinas que son consumidas por el ser humano, dando todas resultados positivos para el consumo dentro de los parámetros permitidos. Sin embargo, el pasado 1 de julio la Consejería de Agricultura, Ganadería y Pesca ordenó repetir unos análisis después de que las pruebas que realizaron dieran un parámetro anómalo, en concreto al encontrar niveles de hidrocarburos aromáticos policíclicos (HAP) más altos de lo normal en una captura del 15 de junio, aunque dentro de niveles aptos para el consumo humano.

Los HAP representan uno de los grupos de contaminantes ambientales más importantes, calificados como cancerígenos, de gran persistencia en el medio y de gran capacidad de bioacumulación en los tejidos de los organismos vivos. Esto significa que los contaminantes disueltos en el agua son absorbidos por los organismos vivos, y a medida que subimos en la cadena trófica estos tóxicos se van acumulando en los tejidos de las diferentes especies de peces, de tal forma que pueden llegar al ser humano en concentraciones peligrosas para la salud.

El Gobierno contó a este periódico que los test se realizan comparando pescado fresco con pescado ahumado y que este pescado fresco, sobre los niveles del ahumado, dio un parámetro “un poco alto”, por lo que la Viceconsejería de Pesca solicitó un aclaratorio para que se revisaran los exámenes. Así, explican que estas analíticas posteriores reflejaron que “de momento no hay peligro alguno” y que la presencia de hidrocarburo “suele estar alta en algunos casos”. El SERTOX, cuestionado por este digital sobre las pruebas que realiza, comentó que las explicaciones sobre su trabajo solo las puede realizar el Ejecutivo autonómico.

¿Por qué se realiza esta comparación entre pescado fresco y ahumado? Según biólogos consultados, el pescado ahumado al ser producto de una combustión adquiere restos de combustibles, por lo que se suele utilizar como parámetro de referencia. No obstante, otra experta sugiere que para saber si un pescado está contaminado se debe realizar la prueba con una muestra limpia o con otro que ya tenga intoxicación con hidrocarburos, y no con otra que ha sufrido una transformación fruto de una combustión.

Otro de los biólogos consultados sugieren que si los parámetros de referencia son los del pescado ahumado, el hecho de igualar o superar sus niveles de hidrocarburo, como sucedió con la muestra del 15 de junio, demuestra que los ejemplares canarios tienen una toxicidad elevada. Aparte, el encontrar niveles anómalos de HAP es indicativo de que ha existido una contaminación reciente.

La Unión Europea, en su reglamento Nº 208/2005 de la Comisión de 4 de febrero de 2005 recoge que la presencia de benzo(a)pireno, el HAP que se utiliza como marcador de la presencia y el efecto de estos hidrocarburos cancerígenos, en el pescado fresco no debe superar los 2 miligramos por kilogramo, mientras que en el ahumado puede llegar hasta los 5 miligramos por kilogramo.

Ben Magec denuncia la falta de transparencia             

Ben Magec denuncia la falta de transparencia             El mayor problema para saber qué es lo que pasa con las especies que se consumen en el Archipiélago es la falta de transparencia por parte del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y del Gobierno de Canarias, que en ningún momento han hecho público, tal como denuncia este jueves Ben Magec-Ecologistas en Acción, las medidas que se han adoptado tras el vertido, los análisis que se han realizado ni sus resultados, por lo que por mucho que desde los organismo públicos reiteren que las capturas son aptas para el consumo humano, no se conoce los productos tóxicos que llegan a la cadena alimenticia. 

Los expertos cuestionados para esta información entienden que lo que se debió realizar desde el primer momento, de manera preventiva, era prohibir la pesca hasta que se conociera cómo había afectado el fuel del pesquero ruso en el ecosistema marino, además de que el marisqueo se tuvo que haber prohibido de inmediato desde el momento en el que se alcanza la costa. Esto ya lo había reclamado el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás en las valoraciones dentro de la memoria final realizada por el Grupo de Rescate de Fauna y Apoyo al Voluntariado (GRFAV), quien alertaba de que “no hay valoración científica de los daños en la fauna de la costa del municipio”.

Hasta el momento la única orden conocida emitida por la Dirección General de Salud Pública fue la circular enviada a las cofradías de pescadores en la que se les pedía que realizaran desde los Puntos de Primera Venta, en una “actuación extraordinaria ante los vertidos de hidrocarburos”, un control “de las condiciones organolepticas del pescado desembarcado y etiquetado en sus instalaciones (olor, consistencia, presencia de restos evidentes en aletas, piel, tegumentos, restos en agallas o boca, etc..)”, y les recalcaba que el Reglamento 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo de 28 de enero de 2002 recoge en su artículo 17 que “es responsabilidad de la empresa alimentaria asegurarse de que los alimentos cumplen los requisitos pertinentes y que no ponen en el mercado alimentos que no sean seguro”.