La portavoz de Izquierda Plural en el Parlamento europeo, Marina Albiol, ha preguntado a la Comisión Europea por los pactos entre cinco petroleras españolas sobre el precio del combustible, que ya ha valido una sanción de Competencia y que investiga la Audiencia Nacional. Albiol quiere saber si la Comisión tiene constancia de la información y, en su caso, si va a adoptar medidas contra las cinco operadoras.

“Pactaron los precios en las temporadas del año en las que más personas utilizan el transporte privado para desplazarse, las vacaciones de verano e invierno, fijando tarifas que favorecerían su propio enriquecimiento. Esto supondría un acuerdo para repartirse el mercado y fijar los precios, algo contrario a la legislación europea”, recoge Albiol en una pregunta escrita.

Son prácticas contrarias a los intereses de los consumidores que prohibe el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea en los artículos 101 y 102, a los que se refiere la eurodiputada.

El 3 de septiembre, el juez Fernando Andreu dictó un auto en el que se declara competente para investigar un presunto delito de alteración de los precios del mercado, recogido en el artículo 284 del Código Penal. El juez admitía a trámite la querella presentada por una asociación de consumidores alicantina y otra de Manos Limpias, al tiempo que imponía la condición de querellados a Repsol, Cepsa, Disa, Meroil y Galp, así como a los máximos responsables de las citadas compañías. En la misma resolución advertía que todos ellos serían citados a declarar en la Audiencia Nacional.

Por los mismos hechos, la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC) multó en febrero con 32,4 millones de euros a las citadas petroleras. Competencia consideró probado que las compañías habían incurrido en intercambio de información, pacto de no agresión y coordinación comercial en materia de precios. Para adoptar la decisión se sirvió de los correos electrónicos y notas incautadas durante los registros efectuados por la Comisión Nacional de Competencia, su antecesora, en la primavera y el verano 2013. Esos mensajes y notas fueron incorporadas al citado informe confidencial y ahora son parte de la causa que instruye Fernando Andreu en la Audiencia Nacional.

El pasado sábado, eldiario.es publicó las notas y correos electrónicos en los que se centra la investigación de la Audiencia Nacional para demostrar que hubo amaño entre las compañías. En una nota incautada en 2013 al director de la Red de Estaciones de Servicios de Cepsa, este había escrito: “Pacto de no agresión. No se mueve. Argumento de protección del precio en estaciones para no competir a la baja. No se puede firmar”.

En 27 de diciembre de 2012, el director general de Meroil escribió un correo electrónico al director de Relaciones Institucionales de Disa quejándose de la diferencias de precio en la gasolina de 95 octanos. El representante de Disa quería saber si se trataba de un error o es “política de competencia”. Ese mismo día, dos después de la Navidad, recibe la siguiente respuesta: “Creo que es que hoy vamos lentos con los cambios por la resaca”.

El PP ha rechazado este martes en la Comisión de Justicia del Congreso la enmienda transaccional pactada por el PSOE con el Grupo Mixto y la Izquierda Plural, en base a la proposición no de ley presentada por ambos grupos, en la que se insta al Gobierno a extraditar a Argentina a una veintena de exaltos cargos del franquismo -algunos ya fallecidos- acusados de crímenes de lesa humanidad y genocidio, o bien, propiciar que se les juzgue en España.

La diputada del PP, Rocío López, ha acusado a los diputados autores de la propuesta de “querer reabrir heridas del pasado”, y les ha espetado: “Para eso con nosotros no van a contar. Dejen en paz a los muertos”.

En la lista que reclama la Justicia argentina figuran los exministros Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro de Alberto Ruíz Gallardón. Pero también el exinspector de la Brigada Político Social, Juan Antonio González Pacheco, apodado Billy el Niño, que está en libertad. El Gobierno de Mariano Rajoy rechazó la petición de extradición solicitada por la juez argentina, María Servini, argumentando que los hechos cometidos “habían prescrito” y la petición no estaba amparada por ningún tratado internacional.

Ese mismo hilo argumental ha sido el que ha utilizado la diputada del PP, Rocío Lopez, quien, además, ha recordado que hay dos autos de la Audiencia Nacional española tipificando como delitos de “torturas” los hechos cometidos tanto por Billy el Niño como por el excapitán Muñecas, que “distan mucho de ser considerados como de lesa humanidad o genocidio”.

La diputada del PP ha afirmado que “el reino de España cumple las sentencias y es estrictamente riguroso con la leyes” y ha criticado a la oposición por realizar propuestas “que nos invitan a mirar al pasado y reabrir heridas” que ella considera ya cerradas. “Yo no tengo nada que ver con esa época. Dejemos que las nuevas generaciones miren al futuro”, ha pedido a los representantes de la izquierda la parlamentaria conservadora.

En defensa de la proposición no de ley han intervenido el diputado de Amaiur, Sabino Cuadra, y el de la Izquierda Plural, Ricardo Sixto. Ambos han coincidido en que la ley de Amnistía dictada en 1977 “no sirve para blindar esos crímenes” que han considerado sin lugar a dudas como de “lesa humanidad y genocidio”. Cuadra se ha centrado especialmente en el caso del exministro de Interior del gobierno de Suárez, Rodolfo Martín Villa, al que ha tildado de “gerifalte franquista, del PP, de UCD y ahora del Ibex 35”, y al que ha acusado de ser “responsable de las masacres” ocurridas en Navarra y en el País Vasco.

“Esperamos que en los próximos meses o en el futuro pueda ser reconocido el esfuerzo que están haciendo las asociaciones de víctimas del franquismo y que aquel episodio negro de la historia pueda ser blanqueado en base a los principios de justicia y reparación”, ha dicho Cuadra.

Por su parte, Ricardo Sixto ha reclamado al Gobierno que atienda a las víctimas “que siguen clamando por la justicia y por la recuperación de una memoria histórica que ha sido aplastada durante décadas”. “Es injustificable que el Gobierno niegue la extradición a Argentina o no propicie un juicio justo”, ha añadido Sixto.

La proposición no de ley, con la enmienda incluida, ha sido apoyada por el PSOE, cuyo portavoz, Pablo Martín, dejó claro que coincidían con la exposición de motivos de la propuesta. Y también por el PNV. El diputado de este grupo, Emilio Olabarría, mantuvo que “los delitos de lesa humanidad no prescriben nunca según la Corte Penal”, y que “la ley de Amnistía ”no puede impedir“ tampoco que los exaltos cargos franquistas ”sean juzgados“. CiU también votó a favor y UPyD se abstuvo.

El Partido Popular europeo (PPE) sale en defensa del rey Felipe VI después de que Izquierda Plural (IU, ICV y AGEE) pidiera al presidente del Parlamento Europeo que el monarca no diera ningún discurso en la Eurocámara. “No entendemos que para conmemorar la adhesión al espacio común europeo se invite a un Jefe de Estado que no ha sido elegido mediante sufragio”, explicaban en su misiva a Martin Schulz los parlamentarios.

“El mensaje es tan falaz, pobre y burdo que no puede quedar sin respuesta”, dice el comunicado de los conservadores encabezados por el secretario general de la delegación española del PP en Europa, Luis de Grandes. “La ignorancia, o la mala fe acreditadas de la Sra. Albiol, portavoz de Izquierda Unida, produce vergüenza ajena. Y no se entiende la presencia de alguna otra firma de la declaración”, dicen sobre las palabras de Marina Albiol, que criticaba la participación del monarca, que “no ha sido elegido democráticamente”, en un espacio que representa la democracia.

Para los populares, decir que a la Corona le falta legitimidad por no haber sido votada “produciría el sonrojo” de comunistas como Santiago Carrillo que contribuyeron a “la Transición española con un gesto de responsabilidad histórica”. Los conservadores también han querido recordar a Izquierda Plural en su texto que la Corona estaba integrada en la Constitución de 1978 y que fue “refrendada por la inmensa mayoría de los españoles con su voto”.

“El comunista Jordi Solé Tura no comprendería la degradación intelectual y el triste nivel al que ha llegado ese grupo residual en que ha derivado IU, y que ahora se comprende que hasta Podemos rechace”, continua el comunicado. Podemos, que comparte grupo parlamentario con IU, no tiene previsto realizar ninguna protesta conjunta.

Felipe VI ha sido invitado al Parlamento Europeo este miércoles para dar un discurso conmemorativo en el 30º aniversario de la entrada de España en la Comunidad Europea.

La reunión que celebró el ministro del Interior, Jorge Fernandez Díaz, con Rodrigo Rato el pasado 29 de julio en la sede de su propio departamento, desvelada por el diario El Mundo, ha desencadenado una verdadera tormenta política en pleno agosto y con Mariano Rajoy de vacaciones. A la petición de dimisión de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), se han unido ahora las exigencias de la oposición para que Fernández Díaz acuda de inmediato al Congreso a dar explicaciones de un encuentro que ha sido reconocido por el propio ministro. Todos los grupos consideran “muy grave” esta reunión y creen que hay motivos suficientes para que Fernández Díaz dimita y para que también Rajoy dé explicaciones sobre este nuevo escándalo.

En portavoz del PSOE, Antonio Hernando, ha tildado de “vergonzosa, indecente y dificil de explicar” la reunión en Interior, celebrada justo días antes de que el expresidente de Bankia tuviera que declarar ante el juez, por lo que cree que es urgente que el ministro acuda a la Cámara Baja de inmediato. Hernando incluso le ha “invitado” a dar ya una rueda de prensa para aclarar de qué hablaron.

Los socialistas consideran, además, que este caso salpica de lleno al propio Mariano Rajoy, ya que están convencidos de que el presidente estaba al tanto del encuentro. Por ese motivo, también van a solicitar su comparecencia en el Congreso. De momento, van a esperar a ver qué decide el Gobierno para empezar a pedir dimisiones.

El portavoz de la Izquierda Plural en la Comisión de Interior, Ricardo Sixto, también se ha sumado a la exigencia de que el ministro dé explicaciones cuanto antes. Al igual que el PSOE, su grupo acaba de registrar en el Congreso la petición de comparecencia de Fernández Díaz para que aclare “los motivos por los que se reunió con Rodrigo Rato” en la sede de su propio ministerio. Sixto, en su escrito, recuerda que Rato tiene “diversas causas penales abiertas por graves delitos de corrupción”.

El nuevo lider de UPyD, Andrés Herzog, también ha opinado en las Mañana de la Cuatro, calificando la reunión de “tomadura de pelo” y de “indecencia política”. “Esto no pasa en ningun país serio”, ha sentenciado Herzog, que ha ido algo más lejos al aventurar que el comportamiento de Fernández Díaz “puede tener consecuencias penales”, como también las puede haber para el expresidente de Bankia. Herzog ha recordado que el ministro “tiene informacion muy relevante” y debe aclarar primero de qué habló con Rato y, después, dimitir.

eldiario.es ha preguntado al PP qué postura van a tomar cuando se debatan las iniciativas de los grupos de la oposición, posiblemente en una reunión de la Diputación Permanente que podría convocarse a finales de este mes. Fuentes del Grupo Popular han respondido que no pueden adelantar nada porque no había “ningún portavoz disponible en esos momentos”.

Pero la nueva presidenta del PP de Valencia, Isabel Bonig, ya ha abierto la veda y ha declarado que el ministro del Interior debe dar explicaciones sobre la sorprendente reunión como muestra de “transparencia”.

Más de un año después de que Felipe VI fuera coronado rey de España se siguen sin conocer los datos desglosados de lo que costó el histórico evento. El Ministerio de la Presidencia acaba de oficializar en el Congreso los gastos de los actos de proclamación del monarca en respuesta a una pregunta escrita de la Izquierda Plural, cifrándolos en 169.660, 21 euros. Aunque el dato no es nuevo, el Gobierno se limita a contabilizarlo en tres partidas genéricas: “gastos de personal”; “gastos corrientes en bienes y servicios”, y gastos para “inversiones”.

La respuesta del departamento que dirige Soraya Sáenz de Santamaría llegó a la Cámara Baja el pasado 30 de julio, en contestación a la pregunta escrita realizada meses antes por el diputado de la Izquierda Plural, Josep Pérez Moya, que se interesaba por los costes de la proclamación de Felipe VI y el de la abdicación de su padre, “que se calculan como muy elevados”.

El diputado lo consideraba así por “los miles de invitados, la ornamentación y la recepción, el paseo del -entonces- príncipe Felipe por diversas calles de Madrid”, lo que a su juicio “supondrán un importante coste en seguridad”.

“¿Cuál fue el coste de ambas celebraciones?; ¿Cuál fue el coste del dispositivo de seguridad del paseo por Madrid?; ¿Cuál fue el coste de las flores y el resto de ornamentación para la celebración?; ¿Cuál fue el coste de la ceremonia que asumió el Gobierno?”, fueron sus preguntas.

Pero en el breve texto de la respuesta del Gobierno no se dan apenas detalles. Se explica que de esa cifra cercana a los 170.000 euros, 64.434 euros fueron para “gastos de personal”; 91.788,55 euros para “gastos corrientes en bienes y servicios”; y 13. 437,66 euros para “inversiones”.

El Ministerio de la Presidencia afirma que se hizo cargo también del alquiler de los autobuses para el traslado de las autoridades, lo que supuso 4. 474,26 euros. En cuanto al dispositivo de seguridad que se montó en torno a los nuevos reyes, se limitan a contestar “que no difirió mucho de otros dispositivos que habitualmente se establecen para eventos de gran afluencia de público, como acontecimientos deportivos o manifestaciones, siendo su coste asumido con los presupuestos ordinarios del Departamento, como ocurre habitualmente en este tipo de operativos”. Pero sin más explicaciones.

Finalmente, se escudan en que “no puede informar de otros gastos asumidos por otros poderes del Estado o instituciones distinta a la Administración General del Estado”.

No obstante, la casa Real ya hizo público en su web oficial a finales de 2014 el coste de la celebración, desvelando que pagó 65.993 euros a la empresa Mallorca Difusión y Catering, por el cóctel servido en el Palacio Real, a la que fueron invitadas cerca de 2.000 personas.

El Ayuntamiento fue más diligente y en julio del año pasado desveló que los gastos extra del evento para las arcas municipales fueron de 28.845 euros. Según el delegado de Medio Ambiente y Movilidad de Madrid de entonces, Diego Sanjuanbenito, el dinero fue destinado a la colocación de vallas y señalizaciones. Además, se consignaron otros 3.240 euros para pagar a los agentes de movilidad que trabajaron ese día festivo.

Un gasto modesto comparado con otros eventos

Sin embargo, lo primero que sorprende de la respuesta al diputado de la Izquierda Plural es que un acontecimiento de esa magnitud representara un gasto tan modesto para las arcas del Estado.

Comparándolo con otros eventos, como la fastuosa boda entre la hija de José María Aznar, Ana, con Alejandro Agag, que tuvo lugar el 5 de septiembre de 2002 en El Escorial, la coronación de Don Felipe como rey de España salió muy barata.

Según calcularon entonces diversos expertos, solo la celebración del enlace de la hija del expresidente del Gobierno -al que asintieron mil invitados, entre los que figuraban jefes de Gobierno y de Estado-, superó los 120.000 euros.

Posteriormente, gracias a la investigación judicial, se descubrió que parte de estos gastos los pagó la trama Gürtel. En concreto, unos 32.452 euros.

El Gobierno dio los mismos datos a una ciudadana

Se da la circunstancia de que en noviembre de 2014 la subsecretaria del Ministerio de Presidencia ofreció idéntica respuesta a la que acaba de enviar al diputado Pérez Moya a una ciudadana, que se interesó por los datos de la coronación de Felipe VI. La información fue dada a conocer por el portal tuderechoasaber.es.

Esta ciudadana llamada Carmen, envió sus preguntas por primera vez en junio de 2014 a la subsecretaría del Ministerio de Presidencia. Su curiosidad se centró en saber:

“¿A cuánto ascienden los gastos de la coronación del rey y a qué ha sido destinado cada uno de ellos, como la preparación del Congreso para el acto, los desfiles militares, el despliegue policial, anterior y del día de la coronación, la recepción para los 2.000 invitados al Palacio Real, etc.?”. “¿Qué gastos derivados del cambio de rey, están previstos a corto plazo, en qué se gastarán y a cuánto ascenderán, como la fabricación de monedas y sellos, los cuadros para todos los colegios e instituciones públicas, etc?”.

“¿Por qué es necesario un sueldo de más de cien mil euros para una niña de ocho años?” .

“¿Cómo van a quedar repartidos ahora los sueldos de la familia Real? ”¿Se reducirá la asignación de los antiguos reyes o se quedará igual y se aumentará la de los actuales?“.

Al final de su escrito, Carmen apelaba a la ley de Transparencia “para que mis preguntas sean respondidas a la mayor brevedad y para que, a partir de ahora, los presupuestos de la casa real sean publicados en su totalidad, no sólo en lo que se refiere a los sueldos percibidos, sino también a los del gasto de personal, vehículos, seguridad, viajes, mantenimiento de sus residencias y cualquier otro tipo de gasto relacionado con ellos y que depende de los distintos ministerios”.

En vista de que no obtenía respuesta, la mujer insistió al menos dos veces más, el 28 de julio, y el 10 de octubre de 2014, hasta que finalmente, el 24 de octubre, vio colmada su paciencia y curiosidad. Pero solo parcialmente. Cómo le ha ocurrido ahora al diputado Pérez Moya. Por ello, esta ciudadana volvió a preguntar pero no obtuvo ninguna otra respuesta.

La Izquierda Plural cree que los malos resultados cosechados por el PP el pasado domingo en las elecciones municipales y autonómicas inhabilitan a Rajoy para acabar la legislatura. Tanto José Luis Centella como el portavoz de ICV han exigido al presidente del Gobierno que dimita y disuelva las Cámaras porque los ciudadanos “le han desautorizado con el varapalo que le han dado en las urnas”. “Ya es la tercera vez”, han recordado ambos portavoces, en alusión a las europeas y las andaluzas, en las que el PP también sufrió un importante castigo electoral.

Durante la rueda de prensa que han ofrecido en el Congreso, han insistido en que Rajoy “debería darle la palabra al pueblo y convocar elecciones”, ya que, en su opinión, “este Gobierno perdió la legitimidad hace mucho tiempo”. Coscubiela ha sido más contundente al señalar que “el presidente del Gobierno no puede continuar utilizando su mayoría absolutista” ni seguir “haciéndose el sordo” ante el mensaje que le han dado los ciudadanos.

El PSOE no ha llegado tan lejos y se ha limitado a pedir la paralización de las leyes pendientes. “El Gobierno puede continuar actuando como si no hubiera pasado nada”, ha manifestado el portavoz socialista, Antonio Hernando. A su juicio, el PP “debe pisar el freno” y dejar sin tramitar el paquete de cerca de medio centenar de leyes que quedan aún pendientes.

Los diputados que han asistido a la Junta de Portavoces de este martes, la primera que se celebra tras las elecciones del domingo pasado, han visto a los populares “muy nerviosos”. “Pero sobre todo se les nota muy preocupados porque saben que estos meses que quedan de legislatura van a ser terroríficos”, aseguraba a eldiario.es uno de los portavoces de la oposición a la salida de la reunión.

El portavoz popular, Rafael Hernando, ha querido responder también al aún presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, que ha recomendado a Rajoy que “se mire al espejo” después del fracaso del 24M. “Rajoy se mira todos los días al espejo y también mira a los ojos de los españoles”, ha afirmado Hernando.

El Congreso de los Diputados ha debatido en la tarde del jueves la reforma del Código Penal en la que se incluyen las nuevas medidas contra el terrorismo yihadista tras el pacto alcanzado en enero de este año entre PP y PSOE. El portavoz conservador, José Miguel Castillo, ha empezado su defensa de la reforma criticando a la oposición. “Mientras discutimos si esta ley introduce límites a nuestras libertades fundamentales o vulnera derechos humanos, el yihadismo sigue matando”, ha defendido desde el estrado.

“Garantizar la seguridad de los ciudadanos no es atentar contra su libertad”, ha indicado Castillo para defender la necesidad del pacto. El diputado del PP ha señalado que la reforma llevada a cabo por el Gobierno con el apoyo de los socialistas ha sido calificada por Europa como “un ejemplo a seguir”.

El diputado conservador ha expresado que su grupo parlamentario ha pretendido que esta reforma fuese “un proyecto de consenso y unidad”, y ha acusado a la oposición por “dar la espalda a los ciudadanos en un tema tan sensible”, una posición para la que considera que “no hay excusa”.

El portavoz socialista también ha apoyado la nueva legislación antiterrorista. “La eficaz legislación española contra grapos y etarras no lo es contra el terrorismo yihadista”, ha dicho Antonio Trevín durante su turno de palabra. “Es necesario y urgente una nueva legislación contra el nuevo terrorismo yihadista”.

Trevín ha defendido que el PSOE “sigue donde siempre ha estado” y que para ellos la lucha contra el terrorismo “ha sido siempre una cuestión de Estado”. “Afrontamos la responsabilidad que esta Cámara tiene en dicho combate” contra el yihadismo, ha añadido, “tanto cuando estábamos en el Gobierno como en la oposición”.

El portavoz de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, ha criticado duramente la reforma llevada a cabo por los dos partidos mayoritarios de la Cámara. “Culminamos hoy un día negro para la democracia, para los derechos civiles y para las libertades públicas”, ha manifestado el diputado de IU.

Llamazares ha defendido desde el estrado que la reforma es “inocua para los verdaderos terroristas”, mientras que pone en práctica “el paroxismo penal contra la movilización social”. Además, el diputado de izquierdas ha calificado la cadena perpetua revisable como “la fórmula civilizada de la pena de muerte” y “contradictoria con la reinserción social que recoge la Constitución”.

El grupo parlamentario de la Izquierda Plural presentará la semana que viene ante la Comisión de Asuntos exteriores una proposición no de ley para la apertura de una comisión de investigación por la intervención de José María Aznar en los negocios de Befesa en Libia, por los que el expresidente percibió una comisión de un 1%.

Del mismo modo, pedirá también “reprobar al expresidente Aznar por realizar mediaciones internacionales como la referida mientras compatibiliza estas tareas con la percepción de una importante remuneración pública por el cargo que ocupó”, según consta en el escrito presentado ante el Congreso y al que ha tenido acceso este medio.

Aznar pactó una comisión del 1% con Abengoa para conseguir adjudicaciones en la Libia de Gadafi, como publicó eldiario.es. El expresidente ejerció como mediador entre Befesa, filial del grupo Abengoa, y el Gobierno libio para la instalación de una serie de desaladoras en el país.

El contrato tiene fecha del 8 de septiembre de 2010, unos meses antes de la operación militar internacional contra el régimen de Gadafi a la que Aznar se opuso públicamente. Finalmente, la guerra civil libia y la muerte de Gadafi frustaron los negocios de la filial de Abengoa en el país, por los que el expresidente se habría envolsado uno seis millones de euros.

Aznar firmó una comisión del 1% de todos los contratos que cerrara la empresa en Libia hasta un máximo de 250 millones de euros de facturación, y de 0,5% a partir de esa cifra. Además, cobró un adelanto de 100.000 euros más IVA, cantidad que facturó a Befesa tres días después de la firma del contrato, el 13 de septiembre de 2010.

Los diputados de la Izquierda Plural en Bruselas han explicado que si se permite a Ramón Luis Valcárcel mantener su cargo de vicepresidente del Parlamento Europeo, “tendrá consecuencias negativas sobre la imagen y la percepción de las instituciones europeas, que deben ser un referente de integridad y transparencia para todos los Estados miembros”.

La razón de pedir que se retire el aforamiento a Valcárcel ha sido el último auto del juez del TSJMU, Manuel Abadía, que instruye el caso Novo Carthago de supuesta corrupción urbanística y que ha solicitado al expresidente murciano que acuda a declarar en calidad de imputado en un plazo de treinta días.

Según han explicado los eurodiputados en la carta remitida al presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz, y que también han enviado al presidente del Grupo Popular Europeo, Manfred Weber, “la corrupción es un problema serio en la Unión Europea que no debe tomarse a la ligera” y “se necesitan medidas estrictas para eliminarla”.

“El Parlamento Europeo no puede tolerar la presencia de personas acusadas de corrupción, especialmente en posiciones de autoridad y representación de los valores de esta institución, y así, debe expresar su más profundo rechazo a la corrupción en todas sus formas”, han insistido.

En opinión de la Izquierda Plural, el caso que afecta al vicepresidente de la Eurocámara “es un claro ejemplo de las prácticas que han tenido lugar en el Estado español durante las últimas décadas, donde la construcción ilimitada y la corrupción de las autoridades han ido de la mano, siendo responsables de la destrucción de nuestras costas y parajes naturales, algunos de los cuales eran incluso áreas protegidas por la legislación europea”.

Por todo ello, consideran “inaceptable mantener un vicepresidente” en el Parlamento Europeo “que esté bajo estas acusaciones”, y han reclamado que “se le retire su aforamiento para que pueda ser juzgado como cualquier otro ciudadano o ciudadana”. Los seis eurodiputados de Izquierda Plural que firman la misiva son Marina Albiol, Paloma López, Ángela Vallina, Javier Couso, Lidia Senra y Ernest Urtasun.

Los eurodiputados Marina Albiol (IU) y Ernest Urtasun (ICV) visitarán Melilla este viernes para comprobar y documentar sobre el terreno “las vulneraciones de derechos humanos” perpetradas en la frontera con Marruecos. El objetivo: trasladar la situación a la Comisión Europea y “presionar” para que tome medidas contundentes con el fin de acabar con “el uso excesivo de la fuerza” contra los inmigrantes y evitar la inminente legalización de las devoluciones en caliente. No serán los únicos. El comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa viajará a la ciudad autónoma la próxima semana con la mismo propósito.

La iniciativa es la continuación del encuentro 'La Frontera Sur: ¿hay soluciones?', celebrado en la sede del Parlamento Europeo el pasado mes de septiembre. De la jornada nació un grupo de trabajo permanente en Ceuta y Melilla formado por eurodiputados y ONG. “Buscamos que las organizaciones presentes en el terreno y los propios inmigrantes nos cuenten sobre el terreno sus denuncias y nos expliquen la situación”, afirma Ernest Urtasun, de ICV, en declaraciones a eldiario.es. Además, aseguran que trasladarán su preocupación a las autoridades melillenses y a la Guardia Civil “acerca de actuaciones policiales cuestionables” y sobre la legalización de las devoluciones en caliente.

Con este fin, durante la jornada los europarlamentarios, acompañados de una delegación formada por portavoces de la red de ONG especializadas en migraciones, Migreuroup, y otros representantes políticos de IU e ICV, se reunirán con el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, Abdelmalik El Barkani.

Este encuentro, en palabras de la eurodiputada de Izquierda Plural, Marina Albiol, busca trasladar a El Barkani las respuestas de la Comisión Europea a las cuestiones parlamentarias planteadas por su grupo a lo largo de estos meses y “recordar las vulneraciones de la legalidad cometidas de forma constante en la frontera”. En este sentido, destaca su rechazo a la legalización de las expulsiones sumarias en Ceuta y Melilla, prácticas prohibidas en la actualidad por la ley de Extranjería española, el tratado bilateral hispano-marroquí y multitud de tratados internacionales que protegen el derecho al asilo.

“La política migratoria europea va en la línea de cerrar las fronteras, a través de una estrategia casi militarista. Este punto de vista está potenciando las vulneraciones de derechos humanos en las fronteras del estado Español”, resalta la eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol. “Sin embargo, la legalización de las devoluciones en caliente supera la línea incluso dentro de este enfoque de blindaje de la Unión Europea, lo que ha llevado a la Comisión a dar un toque de atención al Gobierno de España, algo que no nos parece suficiente”, lamenta.

En este sentido, Izquierda Unida exige a las autoridades europeas un paso al frente para evitar la legalización de las devoluciones en caliente en las fronteras de Ceuta y Melilla. “La Comisión Europea no debe quedarse en declaraciones de intenciones. Se está vulnerando la normativa europea. Se debe iniciar un procedimiento sancionador”, afirma la europarlamentaria.

Ernest Urtasun coincide. “La Comisión Europea -en una carta enviada por Cecilia Malmström- reconoció que algunas de las actuaciones llevadas a cabo en la valla eran contrarias al derecho europeo, pero no han ido más allá. Una de sus funciones es salvaguardar el cumplimiento de la normativa comunitaria, si continúan mostrando esta pasividad estarían incurriendo en dejación de funciones”, recuerda.

El doble rasero de la Comisión Europea

Desde la Comisión Europea han mostrado en varias ocasiones su “preocupación” al Gobierno de España por la inminente legalización de las expulsiones en caliente y el excesivo uso de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad a la hora de evitar los intentos de salto en la valla de Melilla. “La Comisión no vacilará en tomar las medidas adecuadas cuando haya indicios de que un Estado miembro ha infringido el Derecho de la UE”, han advertido desde la institución comunitaria en referencia a la ejecución de expulsiones sumarias en las fronteras españolas.

La excomisaria de Interior, Cecilia Malmstrom, llegó a pedir explicaciones a su homólogo español, Jorge Fernández Díaz, sobre los “malos tratos” que tuvieron lugar el pasado 15 de octubre en la alambrada, según observó en las imágenes difundidas por la organización local Prodein donde podía observarse la devolución en caliente de un joven después de quedar aparentemente inconsciente tras los golpes propinados por los agentes.

Reconoció que la actuación de la Guardia Civil de aquel día constituía una “violación de la legislación de la Unión Europea”. Sobre la legalización de las devoluciones en caliente solicitó información porque, insistió, “podría suponer una violación de las obligaciones de España a tenor de la legislación de la UE”.

“No entendemos que la Comisión Europea reconozca la vulneración de la normativa europea en la frontera de Melilla pero no actúe en consecuencia”, reitera el eurodiputado de ICV.

Los eurodiputados también se interesarán por el funcionamiento de las nuevas salas de asilo creadas en los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla. “Las cifras de Acnur revelan que el número de solicitudes de asilo registradas en el Estado español son muy inferiores a la media de la Union Europea. Los datos de Ceuta y Melilla, a pesar de ser ciudades fronterizas, son muy bajas. Esto se produce porque se están poniendo muchas trabas para que no puedan acceder al proceso de protección internacional. Nos preocupa mucho esta situación y estas salas parece que no solucionan el problema”, concluye Albiol.

Además de su entrevista con el delegado del Gobierno en la ciudad autónoma, ambos europarlamentarios se reunirán con personal de organizaciones sociales como Prodein, CEAR, Melilla Acoge o APDH para comprender la situación de los inmigrantes en la ciudad autónoma; mantendrán un encuentro con el portavoz melillense de la Asociación Unificada de la Guardia Civil; y cruzarán a Marruecos para conocer el otro lado, el monte Gurugú donde habitan los inmigrantes en difíciles condiciones con la intención de lograr acceder a la ciudad autónoma.

El PSOE y la Izquierda Plural se han opuesto rotundamente este martes en la Junta de Portavoces del Congreso a una reforma “exprés” del Código Penal, como pretende el PP. Según han denunciado los portavoces de ambos grupos, Antonio Hernando, y José Luis Centella, los populares les han avisado de que se habilitará de forma “extraordinaria” el mes de enero para poder tramitar a toda prisa más de 300 artículos de la ley. Si no hay consenso –como todo apunta–, el PP volverá a hacer uso de su rodillo parlamentario.

Finalizada la reunión de la Junta de Portavoces, Hernando no ha disimulado su indignación. “Es una barbaridad. Quieren ventilarse una reforma tan importante en tres sesiones de la Ponencia y en dos reuniones de la Comisión de Justicia para que la ley pueda votarse en un pleno a finales de enero, previsiblemente sobre el 20 o el 21”.

Entre esos 300 artículos que se van a introducir o modificar del Código Penal figuran unos 220 que son “estrictamente” del Código Penal. Otros 70 se refieren a las medidas de corrupción que ha impulsado el Gobierno y que el PP asegura que quiere consensuar con el resto de los grupos de la Cámara.

Los socialistas se han opuesto enérgicamente a tanta “prisa” y han pedido que al menos se aparten los artículos que no son sobre medidas anticorrupción para poder estudiarlos con mayor tranquilidad. “Esta tramitación exprés es un desastre para el debate parlamentario”, ha asegurado Hernando.

Pero durante la reunión, según denuncian los socialistas, los portavoces del PP, Rafael Hernando –que acaba de ser nombrado oficialmente en el cargo–, y José Antonio Bermúdez de Castro, les han advertido de que el Gobierno tiene prisa por dejar cerrado este asunto cuanto antes. Tantas que ya les han dejado caer que, si no hay acuerdo, aplicarán el “rodillo” parlamentario de su mayoría absoluta para aprobarlo en enero.

“Rajoy vuelve a ningunear al Parlamento”

El enfado ha sido escenificado también por José Luis Centella. El portavoz de la Izquierda Plural cree que Rajoy vuelve a “ningunear” al Parlamento por no querer contar con el resto de los grupos al anunciar “esta reforma chapucera” del Código Penal.

Además, según el portavoz de la Izquierda Plural, la imagen con la que despide el año el PP no puede ser más “negativa”. “La cúpula del partido en Valencia, procesada, y la certeza que cunde de que AENA benefició a la trama Gürtel, mientras el Gobierno niega cualquier comisión de investigación parlamentaria”.

Para Centella, el balance del año es “un verdadero esperpento”. “La radiografía de lo que nos gobierna parece ser el 'pequeño Nicolás' y Rajoy anunciando con todo cinismo el final de la crisis económica”. Un final que “no ven para nada los ciudadanos ni notan muchos hogares españoles en donde se van a acordar de sus palabras estas Navidades”, ha vaticinado Centella.

Todos los grupos políticos menos el PP piden este jueves a Jorge Fernández Díaz que dé marcha atrás a su proyecto de Ley de Seguridad Ciudadana, apodada como “ley mordaza” por toda la oposición. Los diputados de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) se han levantado en el hemiciclo con una mordaza para evidenciar su rechazo.

Las críticas en la Cámara se centran en su voluntad “represora de los derechos y libertades” y en su intento de reprimir las protestas ciudadanas.

El Pleno del Congreso debate este jueves también, en el marco de la ley de seguridad, la legalización de las devoluciones en caliente, un cambio incluido en la Ley de Seguridad Ciudadana mediante una enmienda del PP presentada a última hora.

El PP ha vuelto a dar largas este martes en el Congreso a nuevas soluciones para el drama en el que se encuentran miles de familias por no haber podido afrontar el pago de sus hipotecas. Los conservadores han rechazado en el pleno del Congreso la moción de la Izquierda Plural, consecuencia de una interpelación, defendida por el diputado de ICV, Joan Coscubiela, en la que se pide al Gobierno nuevas medidas para reforzar la protección de los desahuciados.

Entre las medidas, el grupo de la Izquierda Plural solicitaba la inmediata aprobación de una Ley de Segunda Oportunidad para “evitar la muerte civil” de las familias que han perdido su vivienda, con la idea de que puedan acceder a un alquiler social. Todos los grupos de la oposición han apoyado la iniciativa y han acusado al Gobierno de “estar perdiendo el tiempo” mientras mucha gente sigue en la calle o está a punto de ser víctima de un desahucio.

En su intervención, Coscubiela ha apremiado al Gobierno a que se expropien, al menos de forma temporal, las viviendas que los bancos se han quedado después de un proceso de desahucio para que sus propietarios puedan acceder a ellas con alquileres sociales. Según ha explicado Coscubiela, ésta sería una medida transitoria, al menos hasta que se apruebe la ley de la Segunda Oportunidad a la que hace tiempo se refirió el PP.

La moción debatida hoy -que será votada este jueves- es consecuencia de la interpelación urgente que el propio Coscubiela planteó el pasado 26 de noviembre al ministro de Economía, Luís de Guindos, al que ya entonces reprochó el escaso impacto que han tenido las medidas tomadas por el Gobierno para paliar este drama social. En aquel debate, De Guindos se comprometió a prorrogar la moratoria de dos años de los lanzamientos hipotecarios cuando venza en marzo de 2015.

Días antes, en el Senado, el titular de Economía también se comprometió a extender la prórroga del Fondo Social de Vivienda (FSV) durante otro año más, a partir del próximo 1 de enero, para cubrir situaciones excepcionales.

Para Coscubiela no bastan con estas promesas: urge que la prórroga de la moratoria entre en vigor ya. Y también que el Gobierno apruebe cuanto antes esa ley de Segunda Oportunidad para que los afectados por los desahucios “puedan reestructurar sus deudas igual que lo hacen las sociedades mercantiles” .

“Tienen que evitar la muerte civil de estas personas para que no arrastren la deuda de por vida porque eso es una barbaridad”. “Es un clamor generalizado no solo de este Congreso sino también de los jueces decanos, que han señalado este problema como una prioridad legislativa”, ha dicho el diputado de ICV para lamentar a continuación que el Gobierno sigan haciendo “oídos sordos” a las demandas de la oposición.

“Si no comen, al menos dejen comer y no bloqueen las propuestas de los demás si no saben resolver ustedes los problemas de la gente”. “Espero que esta vez sean sensibles y no vengan anunciado planes a las familias mientras las disparan con una ametralladora. Tanto fariseísmos es insoportable”, ha concluído Coscubiela.

Los demás portavoces de los grupos han mostrado su apoyo rotundo a la moción de la Izquierda Plural. Todos han reprochado al Gobierno su falta “voluntad política” para afrontar con “valentía” el drama de las familias desahuciadas. El portavoz del PNV, Pedro Azpiazu, y la diputada de CiU, Lourdes Ciuró, han defendido sendas enmiedas al texto de la moción para “mejorarla”. La portavoz del PSOE, Leire Iglesias; el diputado de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán, y el representante del Grupo Mixto, Pedro Quevedo, han coincidido en que el Gobierno es “muy tozudo” al no ver la realidad ni el aumento de la pobreza que hay en nuestro país mientras pinta un futuro “idílico”.

En su turno, el portavoz del PP, Ernesto Aguiar, se ha mostrado sorprendido y molesto por las acusaciones de Coscubiela y de los demás portavoces. Aguiar ha llegado a acusar a Coscubiela de estar “utilizando el dolor ajeno para intentar obtener rédito politico”. “No es justo que se diga que el Gobierno no está haciendo nada, porque ”desde el primer minuto“ ha sido ”el primero en tomar medidas a favor de los deudores hipotecarios al ser consciente de la gravedad del problema“. ”Pero parece que ustedes sufren de amnesia“, ha lamentado el diputado del PP.

Aguiar ha vuelto a recordar “la herencia recibida” y ha afirmado en que una de las medidas impulsadas por el PP ha ido encaminada a “evitar las malas prácticas del pasado” que dieron lugar a esas hipotecas con cláusulas abusivas “para que no se repitan el futuro”. El conservador ha insistido en ligar la superación de este drama social al hecho de que ya se está notanto “la recuperación económica y la creación de empleo”.

El portavoz del PP ha finalizado su intervención sin nuevos anuncios ni compromisos y advirtiendo de que “no vamos a apoyar la mocion porque hemos aprobados medidas muy positivas aunque usted, señor Coscubiela, injustamente no las quiera ver”.

Se necesita ser idiotas, papanatas y de mollera blandengue para, contra toda norma de decoro, prudencia y cortesía, montar el numerito y abandonar los escaños del Parlamento Europeo, para escenificar una protesta por la presencia en la tribuna del Papa Francisco. Han sido los y las cantamañanas de Izquierda Plural, es decir, Izquierda Unida y sus variables regionales, seis necios talla XXXXXXL, todos ellos españoles, entre los 751 diputados de los 28 estados que integran la Unión Europea. Ni siquiera el día de la solemne sesión inaugural hubo en el hemiciclo europeo tantos diputados, e incluso diputadas comunistas de otros países, con baja maternal, acudieron ese día para escuchar al Papa, pero para dar la nota allí estaban los seis contestatarios de la Izquierda Plural española, buscando su momento de gloria.

Pudieron optar por la ausencia, -como hicieron otros eurodiputados-, pero prefirieron dejar constancia de su gloriosa existencia y por primera vez el mundo mundial se percató de que allí estaban ellos, los más íntegros y coherentes de la Unión Europea. Hasta el pasado martes, no se conocía ninguna iniciativa por parte de la media docena, dos ellos y cuatro ellas, que con el numerito de la espantada lograron entrar en todos los informativos europeos. ¡Ya han justificado el sueldo para toda la legislatura!

El Papa Francisco, incluso para los que no andamos muy allá con la Iglesia, ni con ningún otro credo, es un referente de dignidad, sencillez y firmeza y lo mínimo que merece es que se le escuche. No era obligatorio el aplauso unánime, ni ponerse en pie, como hicieron tras oír su intervención. No se exigía el asentimiento plenario sobre las cosas que dijo y ni siquiera era necesario seguir su intervención por los auriculares que traducían su mensaje. No se exigía nada, ni ir, ni escuchar, ni asentir, pero había una exigencia de base que es la educación, el respeto y la vergüenza. ¿A qué fueron los seis de marras que, eso sí, por montar el espectáculo, cobraron ese día la dieta completa? Más de 17.000 euros mensuales nos cuestan cada uno de ellos, a los que habremos de agradecer que se tomaran la molestia de viajar desde España a Bruselas para poder salir, en plan indignados, cuando el Papa iniciaba su intervención.

Es posible que el Papa no reparara en que, nada más subir a la tribuna, por un lateral de la sala, seis la abandonaban ante la mirada perpleja de todos los demás, incluidos comunistas, socialistas y radicales europeos de todo pelo y condición. También los temidos Podemos estaban allí para escuchar el mensaje, y Pablo Iglesias no tuvo inconveniente en demostrar por Twitter su admiración por la figura del Papa y su identificación con el mensaje que acababa de oír. Después de la espantada se ha esgrimido genéricamente el recurso de que España sigue siendo diferente, sin reparar que seis trasnochados no representan a un país que hace mucho que superó la barrera de los antagonismos decimonónicos. La última intervención del Papa en la Eurocámara fue en 1988 y el martes pasado, con un personaje tan entrañable y singular como el Papa Francisco, era un buen momento para evidenciar respeto incluso hacia los postulados con los que algunos se llenan la boca, porque el Papa no se fue por las ramas a la hora de denunciar los desajustes sociales.

¿Qué fue lo que no quisieron escuchar los seis de IU? Toda la intervención del Papa Francisco fue como un aldabonazo a favor de los más necesitados, pero me atrevo a señalar algunos fragmentos:

-No se puede tolerar que millones de personas mueran de hambre mientras toneladas de alimentos se desechan cada día en nuestras mesas.

-Los grandes ideales que inspiraron Europa parecen haber perdido fuerza a favor de los tecnicismos burocráticos de sus instituciones.

-El ser humano corre el riesgo de ser reducido a mero engranaje y, cuando su vida ya no sirve a dicho mecanismo, se le descarta sin reparos, como los enfermos terminales, los ancianos o los niños asesinados antes de nacer.

-No se puede tolerar que el mar Mediterráneo se convierta en un gran cementerio.

-En las barcazas que llegan a las costas europeas hay hombres y mujeres que necesitan acogida y ayuda.

-Una de las enfermedades más extendidas es la soledad.

-Es necesario actuar sobre las causas y no solamente sobre los efectos.

-Al menos que los derechos individuales se sometan armónicamente al bien mayor, estos acabarán por concebirse como ilimitados y llevarán al conflicto y a la violencia.

-Es la hora de promover políticas para el empleo, pero también aquellas que le den dignidad…

Nada de esto les interesaba a los seis eurodiputados de la Izquierda Plural, ellos fueron para hacerse notar. Y se les notó.

Este y otros artículos de Tomás Martín Tamayo los puede leer en su blog 'Cuentos del día a día'

El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha asumido este miércoles el compromiso de prorrogar la moratoria de lanzamientos de desahucios cuando finalice el plazo actual de dos años, en mayo de 2015. De Guindos, que ha adquirido este compromiso en el Congreso, durante una interpelación de la Izquierda Plural, no ha concretado cuánto tiempo podría prorrogarse de nuevo la medida. Pero el diputado de ICV Joan Coscubiela le ha pedido que el Gobierno la apruebe ya. “Queremos que lo deje por escrito, si puede ser en el próximo Consejo de Ministros”, ha dicho después en los pasillos.

El titular de Economía ha sido sometido también a dos preguntas sobre este asunto en la sesión de control al Gobierno. Una del diputado del PSOE Miguel Ángel Heredia y otra de la Izquierda Plural, que también ha protagonizado la interpelación al ministro. Como suele ser habitual, tanto en su respuesta al socialista como en las respuestas que ha dado a la Izquierda Plural, el ministro ha echado la culpa de gran parte de la actual situación de las familias a las políticas del anterior Gobierno presidido por Zapatero, a la vez que ha presumido de que el Ejecutivo del PP es el que está arreglándolo todo. “Este Gobierno ha sido el primero en adoptar medidas para proteger a las familias golpeadas por la crisis y que no han podido hacer frente a sus hipotecas”, ha afirmado De Guindos.

Según ha explicado, en la actualidad hay 26.000 familias que se han beneficiado de la puesta en marcha del Código de Buenas Prácticas de los bancos, se han producido un millar de reestructuraciones de deuda, ha habido unas 3.000 daciones en pago, 1.400 alquileres sociales y la paralización de más de 12.000 lanzamientos de desahucios desde que entró en vigor la moratoria.

El ministro ha reconocido que, pese a todo, la situación sigue siendo preocupante, pero ha fiado cualquier mejora al ritmo con el que vaya creciendo la economía y el empleo.

Heredia le ha respondido acusando al Gobierno de “poner parches” y de preferir “el rescate a los bancos antes que a las familias”. “Baje usted del coche oficial, conozca la realidad y pise la calle. Así comprobará que el único desahucio que quiere ver la gente es el de Rajoy de La Moncloa”. Según los datos aportados por Heredia, del FUNCAS, solo un 0,1% de las familias se han beneficiado de la dación en pago, el 75% de esas 6.000 viviendas sociales siguen vacías y, lo que es peor, hay otras 70.000 familias a la espera de ser desalojadas de sus viviendas por impago de hipotecas.

Las cifras que ha aportado Heredia coinciden con las que más tarde ha ratificado el diputado de la Izquierda Plural Joan Coscubiela. El diputado de ICV ha exigido en sus intervenciones al ministro que pongan en marcha cinco nuevas medidas que palíen de verdad el drama social. Entre ellas, que se modifique la ley para impedir que haya prestamistas privados “que abusen de la gente humilde”, como el que concedió el crédito al hijo de Carmen Martínez, la anciana de 85 años desahuciada de su vivienda de Madrid tras el impago del préstamo que le hizo un particular a su hijo, al que ella había avalado con su casa.

Al debate de la interpelación finalmente no ha acudido Carmen, al estar delicada de salud. Tampoco ha asistido su hijo, al que la Izquierda Plural había invitado para seguir la sesión desde la tribuna de invitados. Sí lo han hecho representantes de la Coordinadora antidesahucios de Madrid y el País Vasco. Pero esta vez no ha habido protestas.

Los socialistas y la Izquierda Plural no tienen duda de que el Gobierno de Mariano Rajoy está retrasando intencionadamente la resolución del expediente de indulto solicitado por el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para dilatar lo más posible su ingreso en prisión. La ley establece un plazo mínimo de una semana y un máximo de doce meses para solucionar una petición de este tipo. “Si el Ministerio de Justicia sigue estirando los plazos, nos podríamos encontrar con la esperpéntica situación de que el señor Fabra podría estar en la calle hasta agosto de 2015”, denuncia a eldiario.es el diputado del PSOE, Pablo Martín.

Fabra tenía que haber entrado en la cárcel para cumplir los cuatro años de prisión a los que fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo al quedar demostrado que defraudó al fisco cerca de 700.000 euros entre 1999 y 2003. Pero desde el pasado mes de agosto la orden quedó paralizada a la espera de que el Gobierno de Rajoy resuelva el expediente de indulto que no sólo pidió el propio exbarón del PP, sino también un grupo de compañeros de su partido, entre los que se encontraba su hija, la diputada por Castellón Andrea Fabra.

Precisamente, el pasado miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, el diputado socialista preguntó al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre las intenciones del Gobierno de reformar la ley del indulto y los motivos de este retraso de ingreso en prisión de Fabra. En su respuesta, Catalá aseguró que el Gobierno estudia la reforma de la ley para dotar estas medidas de gracia “de mayor control y transparencia”. Además, se jactó de que el Ejecutivo de Rajoy es el que ha hecho un uso “más limitado y restrictivo” de esa potestad, concediendo en esta legislatura tan sólo el 1% de las peticiones, frente al 11% de 2007 del PSOE. Una afirmación que los socialistas niegan tajantemente pese a reconocer que Zapatero concedió algunos “vergonzosos” como el otorgado al banquero Alfredo Sáenz.

El PSOE cree que la actitud que demuestra el Gobierno con los casos de corrupción en los que se están viendo implicados dirigentes del PP choca con las medidas regeneracionistas que anuncian para acabar con esta lacra. No sólo por las maniobras que han hecho para sacar a Jaume Matas de la cárcel –al que el juez de Vigilancia de Valladolid acaba de revocar el tercer grado otorgado por Instituciones Penitenciarias–, sino también por el caso de Fabra, que sigue en la calle.

Según Martín, en los últimos cuatro meses el Ministerio de Justicia sólo ha concedido un único indulto –a un militar– “cuando hasta ahora el Consejo de Ministros resolvía varios una vez al mes”. Esta paralización, a juicio del PSOE, es la prueba de que Rajoy, “aunque tiene previsto denegar la solicitud, la está demorando al máximo para que el señor Fabra pueda seguir disfrutando por un tiempo extra de una libertad que no le corresponde”. “Incluso no nos sorprendería que después alegue enfermedad o una delicada salud, por su edad, como ha hecho ahora para eludir su entrada en prisión”, alerta Martín.

También el diputado de ICV Joan Coscubiela cree que el Ministerio de Justicia demora premeditadamente la resolución del expediente a Fabra porque el PP intenta proteger de nuevo a “uno de los suyos”. El portavoz adjunto de la Izquierda Plural adelanta a eldiario.es que acaba de registrar en el Congreso varias preguntas escritas en las que pide aclaraciones al Gobierno. “¿Cuántos expedientes de indulto se han resuelto en el año 2014 y con qué resultado?”; “¿Cuántos están pendientes de resolución por el Consejo de Ministros?” y “¿Cuál fue la última reunión del Consejo de Ministros en que se ha aprobado la concesión de un indulto?”, inquiere Coscubiela.

Los dos grupos parlamentarios ven cada vez más urgente que el Gobierno decida de una vez por todas abordar la reforma de la ley del indulto, que data de 1870. Pero no únicamente para cerrar la puerta a que los corruptos puedan acogerse a ella. También para que los ministros de Justicia de turno tengan la obligación de acudir al Congreso al menos dos veces al año para hacer públicas las medidas de gracia concedidas por el Consejo de Ministros y explicar los motivos de cada una de ellas. Y eso es algo a lo que hasta ahora se opone el PP, según el PSOE.

Los socialistas y la Izquierda Plural no tienen duda de que el Gobierno de Mariano Rajoy está retrasando intencionadamente la resolución del expediente de indulto solicitado por el expresidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, para dilatar lo más posible su ingreso en prisión. La ley establece un plazo mínimo de una semana y un máximo de doce meses para solucionar una petición de este tipo. “Si el Ministerio de Justicia sigue estirando los plazos, nos podríamos encontrar con la esperpéntica situación de que el señor Fabra podría estar en la calle hasta agosto de 2015”, denuncia a eldiario.es el diputado del PSOE, Pablo Martín.

Fabra tenía que haber entrado en la cárcel para cumplir los cuatro años de prisión a los que fue condenado en sentencia firme por el Tribunal Supremo al quedar demostrado que defraudó a la Hacienda Pública cerca de 700.000 mil euros entre 1999 y 2003. Pero desde el pasado mes de agosto la orden quedó paralizada a la espera de que el Gobierno de Rajoy resolviera el expediente de indulto que no sólo pidió el propio exbarón del PP, sino también un grupo de compañeros de su partido, entre los que se encontraba su hija, la diputada por Castellón Andrea Fabra.

Precisamente este miércoles, durante la sesión de control al Gobierno, el diputado socialista ha preguntado al nuevo ministro de Justicia, Rafael Catalá, sobre las intenciones del Gobierno de reformar la ley y los motivos de este retraso de ingreso en prisión de Fabra. En su respuesta, Catalá ha recordado que el Gobierno estudia efectivamente la reforma para dotar estas medidas “de mayor control y transparencia”. Además, ha presumido de que el ejecutivo de Rajoy es el que ha hecho un uso “más limitado y restrictivo” de esa potestad concediendo en esta legislatura tan sólo el 1 por ciento de las peticiones, frente al 11 por ciento de 2007 del PSOE. Una afirmación que los socialistas niegan tajantemente pese a reconocer que Zapatero concedió algunos “vergonzosos” como el otorgado al banquero Alfredo Sáenz.

El PSOE cree además que la realidad choca con las medidas regeneracionistas anunciadas por el PP. No sólo por el caso de Jaume Matas, al que el juez de Vigilancia de Valladolid acaba de revocar la concesión del tercer grado otorgado por Instituciones Penitenciarias, sino también por el de Fabra, que sigue en la calle.

Según Martín, en los últimos cuatro meses el Ministerio de Justicia sólo ha concedido un único indulto –a un militar–, “cuando hasta ahora el Consejo de Ministros resolvía varios una vez al mes”. Esta paralización, a juicio del PSOE, es la prueba de que Rajoy, “aunque tiene previsto denegar la solicitud, la está demorando al máximo para que el señor Fabra pueda seguir disfrutando por un tiempo extra de una libertad que no le corresponde”. “Incluso si alega después enfermedad o una delicada salud, por su edad, como ha hecho ahora, podría continuar fuera mucho más tiempo”, alerta Martín.

A estas denuncias se ha sumado también el diputado de ICV, Joan Coscubiela. Según adelanta a eldiario.es, acaba de elaborar una batería de preguntas para que el Gobierno explique los motivos de este “intencionado retraso” en la resolución del expediente de indulto a Fabra. El portavoz de la Izquierda Plural coincide con Pablo Martín en que la única causa que hay para entender el retraso es que en el PP se quiere “proteger de nuevo a uno de los suyos”.

Pese a todo, los socialistas esperan que el Gobierno decida de una vez por todas abrir la reforma de la ley del indulto, que data del año 1870. Pero no únicamente para cerrar la puerta a los corruptos. También para que el titular de Justicia tenga la obligación de acudir al Congreso al menos dos veces al año para hacer públicas las medidas de gracia concedidas por el Consejo de Ministros y explicar los motivos de cada una de ellas. Y eso es algo a lo que hasta ahora se opone el PP.

Elcogas es una industria pionera en toda Europa: situada en Puertollano (Ciudad Real), la empresa se dedica a generar energía limpia a través de la quema de carbón. Sin embargo, después de 18 años funcionando y si no hay ningún cambio, el 31 de diciembre echará el cierre y con él 284 trabajadores se irán a la calle. La empresa, que fue impulsada por la UE y varias empresas de energía (sus principales accionistas son Endesa, Electricité de France e Iberdrola), asegura que su actividad ya no es rentable. Los sindicatos reclaman soluciones y apuntan a la falta de inversión en la industria y la reforma energética del Gobierno como principales causantes de esta situación.

El de Elcogas es solo un ejemplo de la pérdida acelerada de industria -un sector clave para la economía y el mercado laboral- que sufre no solo España, sino parte de Europa. Tal es la situación que en su discurso de investidura como presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker se comprometió a lanzar un plan de inversión de 300.000 millones a lo largo de tres años para “reindustrializar” Europa. Según anunció, las inversiones irán a parar a infraestructuras de transporte, I+D, banda ancha y energía.

Sin embargo, el plan no convence ni a la izquierda europea ni a los sindicatos, que reclaman una estrategia mucho más ambiciosa. Representantes de la Izquierda Plural y Comisiones Obreras se han reunido esta semana en Bruselas para perfilar un plan alternativo que presentar ante la Comisión.

Las diferencias comienzan tanto en el presupuesto en sí como en la forma de obtenerlo. Durante la campaña para las elecciones europeas, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) ya lanzó una propuesta de relanzar la industria en la UE en la que planteaban una inversión del 2% del PIB europeo cada año durante una década. Es decir, cerca de 260.000 millones de euros cada año, una cifra significativamente mayor a la que propone Juncker. Por otro lado, la Izquierda Plural teme que ese presupuesto se detraiga de otras partidas y no sea dinero nuevo.

Una industria que mengua

Algunos datos muestran la situación precaria que vive la industria en España. Desde que comenzó la crisis, el sector ha perdido cerca de un millón de ocupados. El peso de la industria sobre el PIB ronda el 17%, cuando en 1990 era del 25%. “Un país sin una industria potente no puede desarrollarse, crecer ni tener empleo de calidad. Hay que reindustrializar con un modelo sostenible de desarrollo, no es incompatible. En la minería, por ejemplo, se pueden hacer proyectos de transición a otras actividades sin ese impacto medioambiental”, reivindica la eurodiputada de IU Paloma López. Según López, desde 2007 se han perdido 500.000 millones de euros en inversiones industriales.

En la Comunidad Valenciana, por ejemplo, la industria representaba el 23,4% del PIB en el año 2000, un peso que se ha ido reduciendo hasta llegar al 17% en 2012 y que ha cedido en favor fundamentalmente de los servicios. “La industria es un sector fundamental por su efecto arrastre de otros sectores, por su capacidad de innovación, por su generación de empleo de mayor calidad, por vertebrar el territorio”, señala un informe elaborado por la Federación de Industria de CCOO en la región. El informe denuncia también la escasa inversión en I+D+i, que en la Comunidad Valenciana apenas representa el 1% de su PIB.

En el País Vasco, uno de los territorios más industrializados del país, el peso del sector también está empequeñeciendo. Si en 2009 era del 24,5% del PIB, un dato que acercaba a la comunidad a Alemania, ahora es del 21,3%. Fuentes del sector explican que, además, el nivel tecnológico de la mayoría de empresas es medio o bajo. A pesar de que el gobierno vasco impulsó un plan industrial, los sindicatos reclaman una política más amplia y potente que revitalice el sector.

En otra comunidad, Castilla La Mancha, había cerca de 12.000 empleos ligados a las energías renovables y otros 3.000 a la industria de componentes a finales de 2010. A día de hoy se habrían destruido unos 2.800 de esos empleos, según fuentes del sector.

El final del guión estaba escrito desde la semana pasada. Pero el debate sobre la moción de la Izquierda Plural instando al Gobierno a convocar un referéndum sobre monarquía o república, ha servido para ver cómo el PSOE, un partido que se declara “republicano”, se ha alineado con el PP y UPyD en una cerrada defensa del actual modelo de Estado. La moción, consecuencia de una interpelación, defendida también este martes por el diputado de IU Alberto Garzón, ha sido tumbada por los votos en contra del PP, PSOE y UPyD, cuyos portavoces han coincidido en el grueso de sus argumentos. La Izquierda Plural ha contado con el respaldo de ERC, Amaiur, el BNG en incluso del PNV, mientras CiU ha optado por la abstención. En el PSOE ningún diputado se ha atrevido a romper la disciplina de voto.

Alberto Garzón ha justificado la necesidad de consultar a los ciudadanos sobre el modelo de Estado ante la nueva situación que se ha abierto en España tras la abdicación de la Corona por parte del rey Juan Carlos en su hijo Felipe VI. El diputado ha asegurado que un referéndum “es una forma de abrir la puerta a un cambio radical de participación para solucionar los grandes problemas de falta de democracia” que aquejan a nuestro país.

Garzón ha defendido una consulta “no vinculante” y ha afirmado que rechazarla es una muestra de “cobardía” que no se sostiene con argumentos jurídicos dado que la Constitución contempla esa figura.

A su juicio, la ciudadanía está deseosa de “participar” y rechaza que la política se quede en depositar un voto cada cuatro años. El diputado ha exigido un cambio radical en unas instituciones “que han dejado que prolifere la corrupción, que nos han conducido a la mayor crisis económica de nuestra historia y que han sido utilizadas para uso privado”. También ha asegurado que estamos ante una monarquía “profundamente protegida por el bipartidismo”.

En el turno en contra, el portavoz del PP, Ramón Gómez de la Serna, ha acusado a Garzón “de venir aquí con su raca-raca republicano” y de haber hecho un discurso “maniqueo, demagógico, simple e infantil”. “Ha subido usted aquí a darnos lecciones de democracia, ustedes que soportan bajo sus espaldas las mayores infamias de la política”, ha añadido el popular, que también ha sentenciado que la iniciativa de la Izquierda Plural es “claramente inconstitucional y un fraude de ley”.

De la Serna irritó con sus acusaciones al portavoz de IU, José Luis Centella, líder del PCE, que pidió la palabra para recordar desde su escaño que el PP todavía no ha condenado el golpe de Estado realizado por Franco.

Meritxell Batet, portavoz del PSOE, se centró en realizar una encendida defensa del acuerdo alcanzado por todos los partidos en 1978 para aprobar la actual Constitución. “Cedimos para llegar a un acuerdo, a un pacto y pactamos una monarquía parlamentaria”, ha recordado la portavoz del PSOE que ha dejado claro que su grupo solo apoyaría una reforma de la Constitución siempre que se haga “con igual o superior apoyo al de entonces”. “Lo que no se puede es pretender trocearla con una mayoría simple”, ha sentenciado.

El temor a que algún diputado del PSOE rompiera la disciplina de voto quedó disipado tras las votaciones. Todos votaron en contra de la moción, como había decidido la nueva dirección del grupo que lidera Antonio Hernando. Incluido el donostiarra Odón Elorza a pesar de que, como muchos otros parlamentarios socialistas, se declara republicano.

Argumentos parecidos a los esgrimidos por el PP y el PSOE ha utilizado para rechazar la moción el portavoz de UPyD, Carlos Martínez Gorriarán. Aunque el diputado magenta ha asegurado que su grupo no está en contra de que se consulte a la ciudadanía, en su intervención dejó claro que no iban a apoyar la propuesta “porque no es esa la solución”. Según explicó, para UPyD el cambio de modelo de Estado se debe hacer dentro de una reforma constitucional. “No se puede desgajar una parte”.

CiU, por el contrario, ha optado por la abstención. La portavoz nacionalista Montserrat Surroca ha aprovechado su turno para reclamar el derecho de Cataluña a decidir su futuro y la necesidad de iniciar una segunda Transición que aborde el “problema” catalán.

En apoyo de la Izquierda Plural han acudido los diputados del Grupo Mixto, Olaia Fernández Dávila, del BNG; Sabino Cuadra, de Amaiur; y Joan Tardá, de ERC. Los tres han exigido el derecho a la consulta de los ciudadanos, tanto para elegir entre monarquía y república como para votar el futuro de Cataluña. “Que no nos roben el derecho a decidir. Los ciudadanos tienen derecho a decidirlo todo, pero aquí algo huele a podrido”, ha sentenciado Tardá, que ha aprovechado su intervención para llamar “reaccionarios” a los partidos que han rechazado la moción.

Aitor Esteban, del PNV, también se ha sumando a la iniciativa de la Izquierda Plural defendiendo un referéndum “para que se legitime el modelo de Estado”. “El rey debe ganarse el trono y convencer a la ciudadanía de su utilidad”, ha afirmado Esteban, que ha reprochado también al rey Felipe VI que no se haya reunido aún con los partidos nacionalistas.

Los votantes de PP y PSOE se han quedado atrás en el manejo de las nuevas tecnologías. Los electores de ambas formaciones están por debajo de la media española en cuanto al uso de Internet, correo electrónico e incluso telefonía móvil, según un análisis de los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) realizado por el sociólogo Narciso Michavila, que ha cruzado los resultados de las últimas elecciones europeas con las respuestas sobre el uso de medios digitales.

Más de la mitad de las personas que votaron al PP (55%) y al PSOE (54%) en las elecciones europeas no tiene una cuenta de correo electrónico. Esos porcentajes están por encima de la media española en este punto, que se sitúa en el 43%. “Estos partidos tienen un electorado más mayor, de gente sin estudios que no necesita el email para su vida diaria”, explica el sociólogo que ha realizado este estudio.

Vox es la formación que tiene más votantes con email: el 93%. Esto se debe a que su perfil es “un exvotante del PP, joven y masculino”, según Michavila. A la formación que lidera Alejo Vidal-Quadras, la siguen Podemos (87%) y Primavera Europea (Compromís-Equo-CHA) con un 83%.

El uso de Internet está generalizado entre la ciudadanía española, según los datos del CIS -que preguntó en el último barómetro por las personas que navegaron en los últimos tres meses-. La media está en el 69% de la población. De nuevo los electores de PP y PSOE están por debajo de esa cifra: 57% y 61%, respectivamente.

Solo un 5% de los votantes de Podemos no utilizó Internet en los últimos tres meses. Al partido de Pablo Iglesias le siguen Vox, UPyD, Primavera Europea, ERC, y la Izquierda Plural (IU-ICV-Anova), que se queda en un 85% de uso de la Red.

Otra interpretación interesante realizada por Michavila sobre esos datos es qué habría ocurrido en los comicios europeos si sólo hubieran votado las personas que tienen cuentas en las redes sociales. Los resultados de Podemos y la Izquierda Plural habrían sido considerablemente mejores: frente a los cinco eurodiputados que obtuvo la formación de Pablo Iglesias, habría conseguido 13 o 10 si sólo hubieran votado los usuarios de Twitter y Facebook, respectivamente. En el caso de la coalición de izquierdas, se habría quedado en 10 u ocho eurodiputados frente a los seis que consiguió.

Primavera Europea habría duplicado sus resultados en ambos casos (consiguiendo dos representantes en Estrasburgo), mientras que PP, PSOE y Los Pueblos Deciden (Bildu-BNG) habrían salido perdiendo. En vez de obtener 16 escaños, la lista que encabezó Miguel Arias Cañete se habría quedado con 13 si sólo hubieran votado las personas con Facebook, y 10, si sólo lo hubieran hecho las que tienen Twitter. El PSOE sólo habría conseguido nueve en vez de 14 representantes si sólo hubieran votado los de Facebook y seis, en el caso de Twitter. Bildu y BNG no habrían obtenido representación parlamentaria.

PP y PSOE “se tienen que poner las pilas”

Según Michavila, los partidos “de última generación” (como Podemos o Equo) han irrumpido con un mayor uso de Internet y las redes sociales con un mensaje que ha “descolocado” a los tradicionales. Otros partidos nuevos, como UPyD o Ciudadanos, también han tenido una mayor presencia online, junto con IU.

La socióloga Belén Barreiro considera que PP y PSOE se han quedado con el electorado mayor como consecuencia de la “revolución tecnológica”. Así lo explicó en una entrevista en Jot Down: “El porcentaje de gente que tiene Internet entre los electorados de PP y PSOE es bastante menor que la media de españoles, y mucho menor que en el electorado de UPyD e IU; y ni te cuento Podemos, cuando salgan los datos”, expresó la expresidenta del CIS. “Eso no solo significa que te has quedado con una sociedad envejecida, sino que tu organización no está sabiendo responder al cambio de mentalidad que implica la sociedad digital”, advirtió.

En esa misma línea, Michavila afirma que “los nuevos partidos tienen menos miedo a arriesgar”: “PP y PSOE tienen mucho miedo a arriesgar y están cediendo el paso a los nuevos”. “IU tiene bastante presencia en Internet y todos los mimbres para arriesgar, pero no lo ha hecho”, añade.

Michavila alerta de que los partidos tradicionales “se tienen que poner las pilas en el uso de las nuevas tecnologías o van a tener serios problemas”. “Internet, que hace que la comunicación tenga un estilo más abierto y horizontal, es la vanguardia y el futuro”, expresa el sociólogo, que matiza que este medio se “complementa” con los demás.