La reciente sentencia absolutoria del caso Romanones ha reabierto el debate en nuestro país sobre cómo debe responder la Justicia, las instituciones que trabajan con niños y la sociedad ante las acusaciones de abusos sexuales a menores. Se da la desgraciada circunstancia que los delitos de pederastia son al mismo tiempo muy frecuentes y muy difíciles de probar. Suelen ser cometidos por personas del entorno de confianza de la victima, su modus operandi se basa en la manipulación emocional y no en la fuerza física, no suele haber testigos directos del crimen y muy frecuentemente no hay evidencia forense concluyente.

Los jueces se suelen encontrar con que tienen que tomar su decisión basándose principalmente en el testimonio totalmente contradictorio de las dos partes enfrentadas y decidir cuál relato les merece mayor credibilidad. Los anglosajones suelen describir este complejo escenario como he said, she said (él dijo, ella dijo).

Al mismo tiempo una sentencia equivocada, tanto a favor como en contra del acusado, puede tener consecuencias devastadoras para la parte perjudicada. Si el acusado es culpable, un pederasta queda en la calle con la posibilidad de cometer nuevos crímenes. Si el acusado no lo es, se ha cometido una grave injusticia, mandando a un inocente a prisión y al mismo tiempo imponiéndole un terrible estigma social.

Si les soy sincero, no me gustaría estar en esa endiablada posición, por eso admiro profundamente a los jueces que con profesionalidad y rigor intentan hacer lo mejor que pueden su trabajo, frecuentemente con escasos medios y excesiva carga de trabajo. Pero también pienso, que hay una serie de medidas, que se podrían tomar desde distintos ámbitos que podrían facilitar su labor.

Teniendo en cuenta que en muchas ocasiones la principal prueba inculpatoria recae en el testimonio de la víctima, se tendrían que hacer todos los esfuerzos posibles para evitar la contaminación externa de su relato. Es ampliamente conocido que las  pruebas forenses como el ADN tienen que ser cuidadosamente analizadas para evitar su contaminación, que la convertiría en no valida judicialmente. Menos sabido es que la memoria traumática de la víctima también puede ser contaminada por elementos externos como el número y el tipo de preguntas formuladas por su entorno. El tener que repetir en múltiples ocasiones y ante diferentes entrevistadores la misma historia (policía, médico forense, fiscal, juez) puede desvirtuar el relato e introducir aparentes contradicciones que afecten innecesariamente a la validez de la prueba. Por ese motivo, para aumentar la fiabilidad de su testimonio se tendría que intentar reducir al máximo el número de veces que la víctima tiene que testificar ante estamentos judiciales.

El abuso sexual infantil es una experiencia profundamente traumática para la víctima. Este efecto traumático, afecta de forma significativa tanto a su comportamiento posterior a la agresión sexual como a su memoria del crimen. Para el lego en la materia, puede ser muy difícil comprender comportamientos aparentemente incongruentes de la víctima que, sin embargo, son estadísticamente muy frecuentes, como mantener contacto con su abusador después de la agresión sexual; no denunciar los hechos inmediatamente o no contar todos los detalles de la agresión en un primer momento sino irlo haciendo progresivamente a lo largo de diferentes entrevistas.

También suele ser frecuente que la víctima no recuerde con claridad todos los detalles específicos de la agresión, sino que tenga memorias fragmentadas y lagunas mentales producto del trauma. Por este motivo es muy importante que los tribunales tengan acceso a peritos independientes que les ayuden a entender tanto las reacciones típicas de las víctimas de delitos sexuales, como la diferente forma en que las experiencias traumáticas son procesadas por la memoria. De lo contrario puede ser muy difícil interpretar de forma válida el relato de la víctima. 

Desgraciadamente en nuestro país aún sigue vigente la ley del silencio en los casos de pederastia. Eso hace que muchas veces tanto el entorno de la víctima como las instituciones que trabajen con menores no colaboren con la justicia en el esclarecimiento de los hechos. Casos como el obispo de Granada, que se negó hasta en ocho ocasiones a entregar la investigaciones canónica del padre Román al juez de instrucción, deben dejar de producirse. Todo ciudadano de bien debe comunicar a la justicia cualquier información que tenga, por pequeña que sea, que pueda ayudar al esclarecimiento de un delito. Muchas veces, en los casos de pederastia, una buena investigación se basa en construir un caso sólido a partir de informaciones aisladas que por si solas puede parecer que no tienen mucha importancia, pero como las piezas de un puzzle solo adquieren sentido cuando son valoradas en su conjunto.

Por último hay que recordar que aunque las acusaciones falsas por violación son minoritarias (estudios científicos sugieren que entre el 5-10% de denuncias por violación son denuncias falsas) un gran número de casos terminaran en absolución por la dificultad de demostrar el delito y por el alto estándar probatorio. Como suelen explicar los juristas, in dubio pro reo; es mejor que cien culpables queden absueltos que un inocente vaya a prisión.

Pero no debe haber ningún impedimento para que una vez que se ha dictado sentencia, la institución donde ha trabajado el acusado abra una investigación interna y, si encuentra pruebas suficientes, comience un proceso disciplinario que pueda llevar incluso a la expulsión del acusado. En un país civilizado, quien decide quién va a la cárcel y por cuánto tiempo siempre debe ser un juez. Pero quien decide si hay que expulsar a un sacerdote por pederastia es el obispo. Por tanto, una vez que los tribunales han hablado, la pelota pasa ahora al tejado del obispo de Granada.

“Esos muertos pesan en mi corazón y sobre la conciencia de toda la Iglesia”. El Papa ha vuelto a pedir “humildemente perdón”, en nombre de los católicos por los casos de pederastia en la Iglesia, y por la estructura de silencio y ocultación que, durante décadas, se hizo ley entre la jerarquía.

Francisco ha escrito el prefacio de un libro del suizo Daniel Pittet, víctima de un cura pederasta. En el mismo, el Pontífice se compromete a “actuar con severidad extrema contra los sacerdotes que traicionan su misión y con la jerarquía, obispos o cardenales, que los protejan, como ha sucedido en el pasado”.

“¿Cómo un cura, al servicio de Cristo y de su Iglesia, puede llegar a causar tanto mal?”, se pregunta el Papa. “¿Cómo puede haber consagrado su vida para conducir a los niños a Dios y sin embargo los devora en lo que he definido como un sacrificio diabólico?”.

Para Bergoglio, los abusos a menores por parte de miembros de la Iglesia “son una monstruosidad absoluta y un horrendo pecado” que, en ocasiones, han acabado con el suicidio de las víctimas y, en todos ellos, con sus vidas destrozadas. “Esos muertos pesan en mi corazón y sobre la conciencia de toda la Iglesia”, admite el Papa. “Pido humildemente perdón a todas las familias afectadas”.

En el texto, Francisco agradece a Daniel Pittet su testimonio, titulado Lo perdono, padre, que “ayuda a derribar los muros de silencio que sofocaban los escándalos y los sufrimientos, y que muestra una terrible zona de sombra en la vida de la Iglesia”. El Papa define el libro como “un testimonio necesario, valioso y valiente”.

Francisco concluye subrayando que la historia de Pittet, como la de tantas víctimas que sobrevivieron a la tragedia y se atrevieron a denunciar los abusos, “abre el camino a una justa reparación hacia la gracia de la reconciliación y ayuda a los pederastas a tomar consciencia de las terribles consecuencias de sus acciones”.

España: Gaztelueta, Romanones, Astorga...

Mientras tanto, la Iglesia española continúa sacudida por sus propias contradicciones en lo tocante a la pederastia. Así, mientras se espera para mayo la declaración del principal encausado en el “caso Romanones” (dos años y medio después, el arzobispo de Granada, Javier Martínez, que declarará en el juicio, no ha sido expulsado, como marcan las normas dictadas por el propio Francisco para los obispos que no actúan de forma diligente), este martes declarará el profesor del colegio del Opus Dei en Bilbao acusado de abusos sexuales.

El caso Gaztelueta afecta también a la Obra, pues según el padre de la víctima, Juan Cuatrecasas, el Opus Dei no hizo nada para frenar los abusos ni para acompañar a las víctimas.

Entretanto, el próximo sábado, ex alumnos y ex seminaristas de Astorga y La Bañeza se concentrarán en la sede del Obispado de Astorga para exigir una reunión con el obispo, Juan Antonio Menéndez, y exigirle una pena más alta para José Manuel Ramos Gordón, el cura pederasta confeso, y para que se investiguen las decenas de casos que han ido saliendo a la luz pública en las últimas semanas. Y es que, en lo tocante a la pederastia, todavía queda mucho por hacer, especialmente en la Iglesia española.

Durante décadas fue “martillo de herejes y luz de Trento”. La Iglesia española es, junto con la italiana, la más importante a los ojos del Vaticano. Históricamente, sus obispos han seguido a pies juntillas las indicaciones de Roma sin rechistar, especialmente en los momentos en los que la doctrina eclesiástica se tornaba más dura y reaccionaria. El fallecido cardenal Tarancón se lamentaba señalando que los obispos “tenían tortícolis de tanto mirar a Roma”. Nada se hacía si no lo decía el Papa. Ahora, sin embargo, ya no es así.

La Iglesia española no es “franciscana”. Al menos, no la mayoría de sus obispos, que han encontrado en la renovación traída por el Papa Francisco confusión, decepción y, en muchos casos, una enmienda a la totalidad de su magisterio. Durante las dos últimas décadas, las que coincidieron con los años más duros de Juan Pablo II, Benedicto XVI y el mandato del cardenal Rouco, el episcopado español se destacó como el más ultraconservador de todos los europeos.

Los obispos de nuestro país fueron los primeros en convocar manifestaciones y salir a la calle para protestar y promover la desobediencia civil ante leyes como el matrimonio gay o la asignatura de Educación para la Ciudadanía; amenazaban a los políticos católicos con la excomunión si no se oponían con todas sus fuerzas al aborto y la eutanasia, como antes lo habían hecho en la aprobación del divorcio.

La llegada, hace tres años, del papa Francisco, cogió a la mayoría de los prelados españoles con el pie cambiado. Pese a las versiones oficiales, lo cierto es que la renovación en la Iglesia española todavía no ha calado. Son muchos los obispos que no creen en Francisco, que ven al Papa y sus reformas como “una tormenta de verano”, que pasará y la Iglesia regresará a los cuarteles de invierno. La oposición es tan patente que el propio Papa anuló el pasado año un viaje, totalmente preparado, a Ávila para inaugurar el V Centenario de Santa Teresa. Los mentideros vaticanos aseguran que fue la forma en que Francisco les dijo a los obispos españoles que si no le querían, él tampoco a ellos.

El nuncio, relegado por el Papa

La renovación en la Iglesia española, que ha empezado con la designación de dos obispos moderados y con tinte social en las principales diócesis (Madrid y Barcelona), afecta también al nuncio en España, Renzo Fratini, quien hace una semanas fue llamado a consultas a Roma, y que desde entonces no ha vuelto a aparecer en público. Fratini, nombrado por el cardenal Rouco Varela, ya no cuenta con el aval del Vaticano, y podría ser relevado en breve.

¿Quiénes son los obispos que no aman a Francisco? Al menos una docena. En la cúspide, un prelado que ya no está en ejercicio, pero que continúa urdiendo su oposición a Bergoglio. El cardenal Antonio María Rouco Varela, ya retirado en su famoso ático de lujo, fue uno de los cardenales que se posicionó en contra de las reformas planteadas por Francisco en el Sínodo de la Familia, y es la persona en la que se apoyan los obispos más reaccionarios. Quien iba a ser su sucesor en Madrid –y en la Conferencia Episcopal– Fidel Herráez, hoy arzobispo de Burgos, es quien ha cogido el relevo del cardenal. El exobispo auxiliar de Madrid dirige, en la sombra, la oposición a los actuales líderes de la renovación “franciscana” en la Iglesia española, que son el presidente, Ricardo Blázquez; el secretario general, José María Gil Tamayo; y los arzobispos de Madrid (Carlos Osoro) y Barcelona (Juan José Omella).

Los duros

Entre los opositores a Francisco existen varias catalogaciones: los duros, los silenciosos y los problemáticos. Entre los primeros, sin lugar a dudas, ocupan puestos destacados los obispos de Alcalá, Juan Antonio Reig Plá, y el de San Sebastián, José Ignacio Munilla. El primero, conocido azote de los homosexuales, acaba de ser denunciado por enésima vez por los grupos LGTB tras la polémica carta (firmada al alimón con el obispo de Getafe) contra la Ley de la Transexualidad en la comunidad de Madrid. Reig ya arremetió contra los gays en una misa de Viernes Santo (emitida por La2) en la que auguraba el infierno a los homosexuales.

Munilla es el más beligerante contra la “ideología de género” y defensor de la tesis de que ningún partido político defiende los valores del Evangelio. El obispo de San Sebastián es un conocido apologeta de la confusión, y en más de una ocasión (la última, esta misma semana, a cuenta de la exhortación del Papa tras el Sínodo) se ha posicionado en contra de todas las reformas apuntadas por Francisco, desde el respeto al homosexual a la comunión a los divorciados vueltos a casar.

El tercero en discordia es el exportavoz de la Conferencia Episcopal y obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio Martínez Camino. Seguidor incondicional del cardenal Rouco, sus alocuciones contra las posturas más aperturistas de la nueva época le han llevado a no ser querido ni siquiera por su obispo titular, Carlos Osoro. Un caso similar al de Fidel Herráez.

Los silenciosos

Son los que fueron nombrados en época de Juan Pablo II o Benedicto XVI y que piensan que la “tormenta Francisco” pasará, y las aguas volverán a su cauce. Y que están preparados para pilotar la barca de la Iglesia en la hipotética restauración post Bergoglio. El principal es el actual arzobispo de Oviedo, el franciscano Jesús Sanz, quien aspiraba a suceder al mismísimo cardenal Rouco en Madrid y al que el cónclave de 2013 cogió, como a Rouco, a trasmano.

El arzobispo de Sevilla, Juan José Asenjo, o el de Toledo, Braulio Rodríguez, son otros dos ejemplos de obispo silencioso. Colocados en diócesis de relevancia histórica, se mantienen por la fuerza de sus seminarios (dos de los más poblados), y no hacen cambio alguno respecto a lo solicitado por Francisco. No se oponen, pero tampoco apoyan las reformas. Algo similar sucede con el cardenal de Valencia, Antonio Cañizares, a quien el Papa hizo irse de Roma (donde era prefecto de la Congregación para el Culto Divino) y esperar en la ciudad del Turia. Aunque, para Cañizares, un cambio de timón en Roma ya le llegaría tarde.

Finalmente, “los problemáticos”, quienes sin criticar abiertamente las reformas papales, suponen un escándalo a todas luces inaceptable. El más conocido, sin duda, es el arzobispo de Granada, Javier Martínez, cuya actuación en el escándalo de abusos sexuales del “clan de los Romanones” ha servido para que los jueces declaren a la diócesis responsable civil subsidiaria de los posibles delitos cometidos por sus sacerdotes, siete de los cuales, a día de hoy, continúan ejerciendo como si nada hubiera pasado.

También en el sur, el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, empeñado en criticar cualquier tipo de avances legislativos en lo tocante a la sexualidad o la igualdad de sexos, y cuyas decisiones sobre la titularidad de la mezquita de Córdoba podrían llevar a la diócesis a un escándalo similar al que ese mismo Obispado tuvo años atrás con Cajasur. Una caja de la que fue responsable el hoy obispo de Bilbao, Mario Iceta, más moderado pero cuyo papel en el caso de abusos del colegio “Gaztelueta” (del Opus Dei) está dejando mucho que desear. Y es que los escándalos sexuales son uno de los grandes problemas que el Papa ha encontrado en España, y para los que (salvo en contadas ocasiones), no se está encontrando una respuesta satisfactoria por parte de los obispos españoles.

El arzobispo de Granada, Javier Martínez, parece decidido a continuar en la picota mientras Roma no tome ninguna decisión sobre su anunciado cese. Mientras se mantiene viva la polémica sobre su actuación en el caso Romanones, escándalo de abusos sexuales en el que están implicados una decena de curas de su diócesis, eldiario.es ha podido confirmar que el prelado ha vetado la intervención de otro obispo, el de Bilbao, en la Universidad Pública de Granada.

La presencia de Mario Iceta, presidente de la Subcomisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal y uno de los tres representantes de la CEE en el Sínodo sobre la Familia, estaba prevista para este jueves, a las 19.00 horas, en el Salón de actos de la Escuela Técnica de Ingeniería de Caminos, Puertos y Canales de la Universidad de Granada. El prelado había sido invitado por el Seminario de Estudios J. H. Newman, dentro del ciclo de conferencias Perspectivas de Temas de Actualidad.

Dicho seminario fue creado en 2010 por la Universidad y está formado por profesores del centro público. Entre sus objetivos se encuentran “fomentar una visión de la educación integral y en libertad de la persona, que contribuya a su felicidad”, así como “el conocimiento, desarrollo y divulgación del pensamiento cristiano católico en el ámbito de competencia de la Universidad de Granada, como un servicio a la sociedad de nuestro tiempo”. El centro, adscrito al Vicerrectorado de Extensión Universitaria de la Universidad de Granada, se financia con las aportaciones de sus miembros, más una partida del centro. No tiene ninguna vinculación orgánica con la Iglesia.

Todos sus miembros son laicos, aunque muchos de ellos pertenecen a distintas asociaciones cristianas de marcado carácter conservador, como el Opus Dei, los kikos o Comunión y Liberación, la misma organización de la que forma parte Javier Martínez. El propio Mario Iceta no es, ni mucho menos, un obispo progresista, ni tan siquiera moderado. Sus tesis, como las del arzobispo, son más bien conservadoras en el seno de la Iglesia española.

La medida, tomada a última hora -el anuncio de la charla estuvo, hasta anoche, colgado en la web del Arzobispado-, supone una clara intromisión en el trabajo de la universidad pública. Eclesialmente es un hecho grave, pues en pocas ocasiones un obispo niega la entrada en la diócesis a otro.

No era necesario el permiso

Lo cierto es que la entidad organizadora no tenía la obligación de solicitar permiso alguno al obispo. Sin embargo, como relatan sus responsables, al tratarse de una conferencia impartida por otro obispo, “y por deferencia”, se informó al arzobispo. “No es práctica habitual pero nos parecía norma de cortesía”, aclaran.

Según ha podido confirmar eldiario.es, Javier Martínez en principio no puso pega alguna –la muestra es el anuncio, ahora eliminado, en la web diocesana–, pero a los pocos días propuso cambiar la fecha al no encontrarse él en Granada ese día. Finalmente, y tras un intercambio de “correos malsonantes”, el prelado impuso su prohibición, de la que también informó al propio Iceta. Este seminario de la entidad universitaria se plegó a las exigencias del arzobispo y desconvocó el acto.

En el escrito enviado por el seminario a sus socios, se informa de que “cuando un obispo va a otra diócesis es normal que éste anuncie su visita y pida el plácet al obispo de esa diócesis, aunque la visita sea, como en este caso, para una actividad universitaria”.

“Lamento comunicaros que el arzobispo de Granada, D. Javier Martínez Fernández, no ha concedido el plácet al obispo de Bilbao, D. Mario Iceta Gavicagogeascoa, para que pueda impartir en la Universidad de Granada la conferencia prevista para este próximo jueves 31 de marzo, y que ya había sido anunciada desde hace varias semanas. Por lo tanto, muy a mi pesar y en contra de mi voluntad, queda suspendida la conferencia de D. Mario Iceta Gavicagogeascoa”, afirma el escrito.

“Retira la denuncia, hijo de puta, o prepárate”. Daniel, el joven víctima de los presuntos abusos sexuales por parte del clan de los Romanones formado por religiosos de Granada, recibió la pasada semana un anónimo. Uno más: son muchos meses, algo más de un año, desde que se decidió con el apoyo del Papa Francisco a denunciar el calvario sufrido cuando era menor de edad, y las presiones no han cesado.

Como hiciera en alguna otra ocasión, Daniel puso las amenazas a disposición de la Fiscalía de Navarra (comunidad en la que reside), que ha abierto una investigación sobre la autoría del anónimo. Aún no se sabe si tiene relación con los doce implicados de la diócesis de Granada en los abusos, de los que finalmente uno solo, el padre Román, será juzgado por pederastia, pues la Audiencia Provincial declaró probados, pero prescritos, los delitos de los otros once investigados.

Las autoridades han otorgado credibilidad a las amenazas, que se producen en el momento en que se cumple un año desde que Daniel presentó la denuncia de abusos que, tras la prescripción de parte de los delitos, continúa ahora sólo contra el padre Román Martínez.

La investigación continúa su curso, y en noviembre podría concluirse la instrucción del caso, pasando directamente a la Audiencia Provincial de Granada, que será quien determine fecha del juicio. La estrategia de la defensa se basa en intentar desacreditar a la víctima de abusos, pese a que los informes periciales de los expertos ya han subrayado la “alta veracidad” de su testimonio, así como la ausencia de ella en los interrogatorios al principal encausado.

A su vez, se ha filtrado que la Policía no ha hallado evidencias de material pedófilo en el material informático requisado a los miembros del clan, sin que dichas fuentes recuerden que, en su momento, los investigadores denunciaron la falta de colaboración de los implicados -el propio padre Román se negó a dar sus claves-, así como que algunos de los ordenadores no aparecieron en el momento de los registros.

Algunos de los implicados alegaron en un primer momento que habían sido víctimas de un robo. Después, se comprobó que todos los archivos de los dos ordenadores incautados en noviembre habían sido borrados, y expertos denunciaron que los investigados podrían haber destruido pruebas. No hay que olvidar que los investigados conocían, al menos un mes antes de su detención, la denuncia del chico.

Los implicados participan en actos de la diócesis

Entretanto, varios sacerdotes granadinos han confirmado a eldiario.es que la mayor parte de los sacerdotes implicados en este caso de abusos -incluyendo a los curas que, a día de hoy, continúan suspendidos por su arzobispo, Javier Martínez- participaron recientemente en un retiro para clérigos de la diócesis. Según dichas fuentes, el único que no participó en el mismo fue el padre Román.

El caso se hizo público hace ahora un año, cuando fueron detenidos el padre Román, dos sacerdotes más y un profesor de Religión que quedaron después en libertad con cargos, en un caso en el que estaban imputadas inicialmente un total de doce personas. Todo se precipitó después de que un joven, que hoy tiene 24 años, comunicara por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo.

Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer ipso facto denuncia contra todos los afectados.

El caso Romanones también provocó una imagen inédita del arzobispo de Granada, Javier Martínez, que se postró en el suelo ante el Altar Mayor de la Catedral para pedir perdón por los “escándalos” que afectaban entonces a la Iglesia. El Juzgado de Instrucción número 4 de Granada ha acordado recientemente declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada en relación con estos hechos, al considerar que las personas imputadas, por su condición de sacerdotes, dependían directamente del Arzobispado.

Mantiene además el juez que los hechos se producen “por la condición de sacerdotes de los imputados, y por el reclutamiento y aprovechamiento como monaguillo de la víctima o víctimas en la sede y casa parroquial”.

Dos días después, la Audiencia Provincial de Granada emitió su fallo respecto a las prescripciones de los posibles delitos atribuidos al clan de los Romanones. Y lo hizo en un fallo, sumamente técnico, en el que declara prescritos todos los delitos, menos los atribuidos al sacerdote Román Martínez.

Pese a ello, el Auto asume la veracidad de los hechos denunciados, aunque debe declararlos -como ya hiciera el juez instructor- prescritos. Así las cosas, y a falta de nuevos recursos, el caso continuará solamente contra Román Martínez, acusado por Daniel y otra víctima -otras cuatro también han intervenido en el proceso canónico- de abusos sexual continuado con prevalimiento, mientras que las otras acusaciones -delitos de abusos sexuales sin penetración, exhibicionismo y encubrimiento- que se atribuían a nueve sacerdotes y dos seglares, han sido declarados prescritos.

Así, la Audiencia declara sin efecto los recursos de la acusación particular y de Prodeni, que solicitaban que se imputara a todos los investigados por un delito de corrupción de menores y otro de asociación ilícita. “El auto no discute la veracidad o no de los hechos denunciados”, asumen los ponentes, “sino que parte de considerar que son ciertos (a los meros efectos de estudiar si concurre o no la prescripción) y sobre esa premisa se dicta la presente resolución”, en la que se asume que los posibles delitos ya habrían prescrito.

Centrado en la corrupción de menores

La sentencia achaca a la acusación particular el haberse centrado en el delito de corrupción de menores, por lo que “acepta, de forma implícita, la prescripción de todos los delitos excepto el de corrupción de menores solicitando que se continúe la tramitación de la causa respecto al mismo”.

En cuanto a la “asociación ilícita”, planteado por Prodeni, la Audiencia Provincial de Granada incide en que “aún admitiendo (...) que se trata de una asociación, que la misma empleó medios de alteración o control de la personalidad para la comisión de los delitos denunciados y que tal asociación ha seguido funcionando como tal, de lo que no hay indicio alguno es de la comisión de delitos en fecha posterior a 2007, último que ha sido denunciado”.

Por tanto, aunque la asociación hubiese seguido como tal hasta el momento de las detenciones, “no hay constancia de la comisión de delito alguno ni del empleo de los medios de control o alteración de la personalidad en fechas posteriores a la señalada”. Con lo cual, esta actuación presuntamente delictiva habría prescrito.

Cambio de estrategia en la defensa del clan de los Romanones. Si hasta la fecha todos los intentos, tanto en el ámbito civil como en el eclesiástico, se basaban en intentar desmontar las pruebas contra los diez sacerdotes y dos laicos acusados de abusos sexuales a menores en la diócesis de Granada, los abogados han variado el rumbo y acusan al Vaticano de revelación de secretos, según ha podido saber eldiario.es.

La decisión llega después de que la Santa Sede forzara al arzobispo granadino, Javier Martínez, a entregar al juez instructor la documentación canónica del caso. Así, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha recibido, por dos vías, una dura carta de los representantes de este grupo en la que arremeten contra el Vaticano, a quien acusan de revelación de secretos e indefensión.

Al tiempo, atacan a Martínez, a quien achacan haberles abandonado a su suerte. La misiva se conoce justo en el momento en que la Audiencia Provincial debe decidir sobre la prescripción o no de los delitos por los que son investigados.

El escrito, remitido el pasado mes de agosto al Vaticano por los abogados y el asesor canónico de los 12 investigados, tiene como origen la decisión de Roma de entregar (contra el insistente criterio inicial del arzobispo de Granada) toda la documentación eclesiástica, en la que se reconoce que existe “apariencia delictiva” en los hechos denunciados por el joven “Daniel” y que motivaron la llamada del Papa Francisco, quien le pidió perdón en nombre de la Iglesia y le animó a denunciar.

Roma entregó los papeles al juez

En concreto, la defensa del padre Román y sus compañeros critica que la Santa Sede haya entregado al juez la documentación eclesiástica, que consideran vulnera las reservas del procedimiento canónico, y provoca indefensión en sus representados. Fuentes vaticanas consultadas por este medio estiman que, después de la confusión de los primeros meses –alimentada por la falta de colaboración del arzobispo de Granada–, la Santa Sede decidió seguir los pasos indicados por el Papa. “Que cada palo aguante su vela”, dicen. Mientras tanto, Javier Martínez pasaba de una petición pública de perdón –con escenificación en el suelo de la catedral incluida– a una defensa numantina de sí mismo, para –después de las instrucciones de Roma– pasar a un segundo plano a la espera de los acontecimientos.

En el escrito enviado a Roma se transmite el desencanto por la actuación del Papa Francisco, quien llamó a la víctima y no hizo lo propio con los presuntos abusadores, encubridores o cómplices. Para la defensa de los “Romanones”, la actuación del Vaticano y de Martínez ha fomentado la presunción de culpabilidad de los investigados.

En los informes eclesiásticos remitidos al juez instructor, Javier Martínez asume la verosimilitud de las acusaciones contra los miembros del clan, al tiempo que reconoce que varios de los Romanones pudieron ser víctimas de abusos en el pasado, para posteriormente convertirse en cómplices de las atrocidades cometidas contra varios menores. Siete de esos sacerdotes continúan, a día de hoy, ejerciendo como tales en diversas parroquias de Granada, mientras que el profesor de Religión, S. Q., ha sido readmitido en su puesto en virtud de una resolución judicial, recurrida tanto por la Junta como por el Arzobispado.

En cuanto al informe del sacerdote encargado de la investigación canónica, se sostiene que “los sacerdotes forman un grupo muy compacto y cerrado”, avalando las tesis de las acusaciones particulares, quienes esperan que la Audiencia estime los recursos para considerar a los doce investigados como “asociación ilícita” y corruptores de menores, de modo que sus posibles delitos no hubieran prescrito desde el punto de vista penal. Canónicamente ninguno de ellos ha prescrito.

Un grupo compacto y cerrado

Como se recordará, en el informe canónico el arzobispo de Granada admite expresamente ante la Congregación para la Doctrina de la Fe que este grupo de sacerdotes están desproporcionadamente presentes en el Consejo Presbiteral de la diócesis, y que uno de ellos –como ya se publicó– era juez del Tribunal Eclesiástico.

Al tiempo, advierte de su actitud virulentamente defensiva y su distanciamiento doctrinal con la Iglesia, pese a dar la impresión de una radicalidad en su vida en común. Los datos confirman que todos los imputados mantenían una vida en común, con propiedades comunes, pese a no conformar oficialmente una hermandad o asociación aprobadas por la diócesis. Pese a todo, se les permitió –aún lo hacen muchos– continuar viviendo juntos y compartiendo sus bienes.

De hecho, la semana pasada, el juez instructor del caso, Antonio Moreno, al declarar la responsabilidad civil subsidiaria del Arzobispado de Granada, asumía que los sacerdotes investigados formaban un grupo “muy conocido en una ciudad como Granada, en el propio Arzobispado y por el arzobispo por su idiosincrasia propia de vida comunal, y bajo cuya autoridad se encuentran de forma directa”. Se da la circunstancia de que la diócesis, hasta el momento no ha recurrido esta posible responsabilidad civil, que se daría en el caso de que alguno de los imputados fueran condenados.

Definitivamente, el arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, parece querer seguir convirtiéndose en el principal protagonista de lo que debía ser la lucha de la Iglesia contra un caso de abusos a menores en su diócesis. Este mediodía, dos funcionarios de la Policía Judicial han entrado en la sede del Arzobispado para entregar en mano a Javier Martínez el auto del juez Antonio Moreno, publicado este lunes. En él conmina al arzobispo a entregar, en el plazo de tres días, la documentación íntegra del caso Romanones, incluidos los interrogatorios a los diez sacerdotes implicados en la trama.

La decisión del juez Moreno, titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada, se produce después de que, desde el pasado lunes, un funcionario hubiera intentado en dos ocasiones, sin éxito, hacer entrega del auto al arzobispo. Sus colaboradores arguyeron que el prelado no se encontraba en esos momentos.

El arzobispo no les ha recibido

Dos días después, y según ha podido comprobar eldiario.es, dos funcionarios, un hombre y una mujer, por mandato del magistrado, han entrado en la sede del Arzobispado pocos minutos antes del mediodía y han permanecido alrededor de siete minutos en el palacio episcopal. Un artista callejero disfrazado de la Muerte con guadaña fue testigo mudo de la escena.

En el transcurso de ese tiempo han solicitado la presencia del arzobispo, que hoy no estaba tampoco, para hacerle entrega de los nueve folios del auto judicial en el que se le da al prelado un plazo de tres días para que remita “las declaraciones, interrogatorios e informe que hubo de suscribir de forma escrita” a los diez sacerdotes y dos seglares imputados en el caso. Han hablado por teléfono y se lo entregarán este viernes a las 10 de la mañana.

En caso de no contestar a este requerimiento, Martínez “podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial y/o denegación de auxilio a la Justicia, librándose los oportunos testimonios para depuración de sus presuntas responsabilidades”. El juez advierte también en su auto que la actuación del prelado “supone indiciariamente una evidente negativa a cumplir y colaborar con las autoridades civiles, o de ocultación”, y no casa ni con los Acuerdos Iglesia-Estado ni con los protocolos de actuación aprobados por la Conferencia Episcopal o la actitud del propio papa Francisco.

Fue precisamente el Sumo Pontífice quien activó la investigación por este caso tras llamar al joven Daniel, víctima de abusos sexuales, que le escribió este verano, y quien animó al chico a acudir a los tribunales. Y es que en este caso, los actos del arzobispo están comprometiendo a la propia Santa Sede y a las relaciones Iglesia-Estado en España.

Pese a no haber recibido oficialmente el auto, el Arzobispado de Granada afirmó ayer que Francisco Javier Martínez consultará “a sus superiores” qué hacer tras la última petición del Juzgado de Instrucción número 4 de Granada. Fuentes de la diócesis apuntaron que se remiten al último escrito que enviaron a los medios de comunicación por este asunto y han incidido en que por ahora “no hay nada nuevo”, ya que debe dirimirse lo que es “una cuestión eclesiástica y una cuestión civil”.

Lo cierto es que, desde que se conoció el auto judicial, el arzobispo de Granada ha cancelado algunos de sus actos aduciendo razones personales, aunque se espera que reaparezca en público el próximo sábado, cuando coronará canónicamente la imagen de la Virgen de la Amargura. A partir de la entrega efectiva del auto judicial, el arzobispo cuenta con tres días para contestar.

El arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez, prosigue su huida hacia adelante en el caso de abusos sexuales investigado en Granada. La diócesis, después de varias infructuosas gestiones tanto en Nunciatura como ante la presidencia de la Conferencia Episcopal, se esconde en la Congregación para la Doctrina de la Fe, “única instancia y tribunal eclesial competente”, para evitar el envío de los expedientes requeridos por el Juez instructor del caso.

Tras sucesivos requerimientos y tres apercibimientos, la diócesis se ha dirigido finalmente al Juez Antonio Moreno. Según ha podido saber eldiario.es, Javier Martínez lo hizo después de reclamar, infructuosamente, la colaboración tanto de la Nunciatura Apostólica como de la presidencia de la Conferencia Episcopal, quienes se negaron a avalar sus tesis con un escrito judicial.

En esta ocasión, el escrito está firmado por el arzobispo, y no por su vicecanciller, y en su respuesta, Javier Martínez, subraya cómo “es la Congregación para la Doctrina de la Fe, en la Santa Sede, la que avoca para sí y se constituye en única instancia y tribunal eclesial competente para el conocimiento de las responsabilidades canónicas que se pudieran haber producido, y la que, por tanto, sigue en este momento el procedimiento propio para el esclarecimiento de los hechos”.

En opinión de Martínez –no compartida por las acusaciones ni por el propio juez, quien podría llamarle a declarar como testigo tras esta última respuesta–, es el organismo vaticano presidido por el cardenal Müller la que “posee la documentación procedente y la que podría autorizar, el traslado a una instancia civil y la eventual divulgación de aquellas informaciones hechas en el ámbito de la conciencia”.

En lo que sí supone una novedad y que, según fuentes consultadas por eldiario.es, viene después de las conversaciones con asesores judiciales del Episcopado, el escrito concluye con el ofrecimiento, por parte de la diócesis, “a solicitar las oportunas autorizaciones de acuerdo con la legislación civil y eclesiástica aplicable, en lo procedente”. Por primera vez, el Arzobispo no se ampara en que el caso está bajo secreto pontificio, sino bajo la autoridad de otra instancia –en esta caso, Doctrina de la Fe–, y se compromete a solicitar permiso para, en cumplimiento de los Acuerdos Iglesia-Estado y de la colaboración exigida por el Papa Francisco, poder entregar finalmente la documentación requerida y que podría resultar determinante para dilucidar el caso de abusos sexuales contra Daniel, por el que están siendo investigados diez sacerdotes y dos seglares.

El juez del “caso Romanones”, Antonio Moreno, acaba de dar un ultimátum al arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez. En una breve y dura providencia, el magistrado conmina al prelado a entregar, de una vez por todas, los interrogatorios a los doce investigados -diez sacerdotes y dos seglares- por el caso de abusos a menores en Granada. Le avisa de que si no lo hace tendrá que hacer frente a un apercibimiento.

El caso salió a la luz cuando un joven, Daniel, comunicó por carta al Vaticano que había sido víctima de abusos sexuales desde los 14 hasta los 17 años por parte de este grupo de religiosos de Granada, lo que motivó que el propio Papa Francisco le llamara para pedirle perdón y ofrecerle su apoyo. Tras la llamada del Papa al joven, éste formalizó una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía, que ordenó a la Fiscalía Provincial de Granada interponer ipso facto la denuncia.

Ahora el juez del caso le vuelve a pedir al arzobispo las declaraciones que supuestamente hizo a los imputados. En caso de no hacerlo, Martínez podría incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad judicial, después de que se le haya requerido, hasta en siete ocasiones y tras dos apercibimientos, la documentación que está obligado a entregar según las legislaciones civil y canónica.

Se enfrenta a un apercibimiento

“Deberá ser remitido e informado por la persona requerida y bajo los apercibimientos que en caso de incumplimiento procedan en derecho”, culmina el escrito del juez Moreno. La respuesta judicial llega después de que el Arzobispado de Granada -y no el arzobispo, quien ahora sí está conminado a responder personalmente, y no a través de su vicecanciller- se haya negado, hasta en siete ocasiones (y tras dos apercibimientos) a ofrecer información alguna sobre los expedientes e interrogatorios a los doce implicados en el caso de abusos a Daniel. Ni siquiera si éstos se llegaron a producir.

Por lo tanto, monseñor Martínez debe cumplimentar, personalmente,los requerimientos del juzgado, especialmente si ha incoado los preceptivos expedientes a los denunciados, y remitir las copias íntegras de los mismos; y, si no los ha incoado, informar al respecto y explicar al juez por qué no lo ha hecho. Además, la diócesis podría ser declarada responsable civil subsidiario, como ha sucedido, la pasada semana, en el caso de abusos de Can Picafort (Mallorca).

En la resolución, el juez constata “que en todo caso se ha omitido en las documentaciones sucesivas remitidas por el Arzobispado de Granada las declaraciones e interrogatorios escritos de los sacerdotes sobre los que se inició expediente eclesiástico”, y que “necesariamente deben de obrar de forma escrita a la luz de las disposiciones sobre procedimientos administrativos y eclesiásticos que dieron lugar incluso a resoluciones de suspensión de ese Arzobispado”.

Esto es: que pese a los intentos de desmentido de la diócesis de Granada, Javier Martínez está obligado, según el protocolo de actuación aprobado por la Conferencia Episcopal española en 2010, y por las normas de la Santa Sede, a elaborar informes escritos de cualquier actuación y, en caso de serles requeridos -como ha sucedido- a remitir dicha documentación a la Justicia. Además tenía que incorporar al mismo los interrogatorios y redactar y suscribir su propio informe como arzobispo diocesano.

Siete sacerdotes siguen ejerciendo

El propio Martínez, en una de sus primeras respuestas a los requerimientos judiciales, afirmó que había puesto en marcha contra los denunciados el procedimiento canónico al que está obligado por los protocolos eclesiásticos. De hecho, tres sacerdotes continúan suspendidos “a divinis” (inhabilitación para ejercer), mientras que a uno de los seglares se le retiró la venia docendi para continuar impartiendo clases de Religión. Otros siete de los investigados continúan, pese al escándalo, como sacerdotes en sus respectivas parroquias de Granada, sin que oficialmente haya sanción alguna contra ellos.

La posible prescripción de los delitos (abusos sexuales y exhibicionismo, aunque las acusaciones también hablan de asociación ilícita, corrupción de menores y agresión sexual) está ahora en manos de la Audiencia Provincial, que decidirá el próximo 15 de septiembre.

La Fiscalía de Granada considera prescritos todos los delitos imputados a los implicados en el escándalo del llamado 'Clan de los Romanones' de Granada excepto los de abusos sexuales atribuidos al líder del grupo, el sacerdote Román Martínez. Así lo ha hecho saber, en respuesta a la cuestión planteada por el juez instructor del caso, el magistrado Antonio Montero, cuando levantó el secreto de sumario e imputó a un total de 12 personas, diez sacerdotes y dos laicos, número que ahora podría reducirse a uno sólo, el mencionado don Román.

El escrito del fiscal, muy escueto, apunta que se limita a responder a la cuestión planteada por el instructor y que coincide con la calificación que este hace de los hechos. El magistrado, a partir del testimonio del denunciante y otros testigos, además de los propios implicados, encontraba varios posibles delitos contra la libertad e indemnidad sexuales, en sus formas de agresiones sexuales, abusos sexuales y exhibicionismo, con las agravantes de prevalimiento, u otras, con la “participación necesaria, cooperación y encubrimiento” de algunos de los imputados.

Sin embargo, pedía a las partes, y en concreto a Fiscalía, que alegasen la posible prescripción, dado que los hechos investigados finalizaron en 2007. Sobre esto, el Ministerio Público advierte que “únicamente los hechos constitutivos del delito de abuso sexual con penetración y prevalimiento puede considerarse perseguible, al estar señalada para el mismo una pena superior a los cinco años, de acuerdo con el Código Penal vigente a la fecha de conclusión de los hechos, 2007”.

Por ello, continúa el fiscal “con arreglo a las conclusiones anteriores, el único imputado del mismo” y “de acuerdo con las manifestaciones” del denunciante 'Daniel' serían Román Martínez, 'Don Román', el supuesto líder del 'Clan de los Romanones'. Eso sí, advierte Herrera que esto “no supone la valoración definitiva de los hechos”, y que esta dependerá “de la valoración crítica de todo el material probatorio practicado y por practicar que el Magistrado Instructor deberá realizar” y “de la propia evaluación que efectúe el Fiscal en el momento procesal oportuno, si éste llega a darse en atención”.

Es decir, que la Fiscalía aún no atribuye a Román Martínez ningún delito, pero, en atención a las pruebas presentadas, sería el único que vería viable encausar, ya que el resto habrían prescrito e independientemente de que los hechos fuesen ciertos o no, no serían juzgables. En la misma medida, la instrucción del caso, con previsibles más pruebas y testificales, lo tendrá que determinar.

Tampoco significa que el resto de implicados se 'caigan' del caso, ya que las acusaciones presentaron sus propias alegaciones en su momento y el juez decidirá en función de todo lo argumentado, aunque obviamente la opinión del Ministerio Público tenga un peso casi decisivo. Los abogados de 'Daniel' o la asociación Prodeni, personada en la causa, ya defendieron que consideran que la mayoría de los hechos constitutivos de delitos más graves de lo que calificado y que, por tanto, no prescriben. También la defensa de los implicados había anunciado que encontraba “falta de pruebas”, así como la posible prescripción de todos los hechos. 

La prescripción de los delitos en el Código Penal español depende de la gravedad de la pena máxima prevista para los mismos. Por ejemplo, los 20 años cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años como es el caso de las agresiones sexuales; a los 15, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea inhabilitación por más de 10 años, o prisión por más de 10 y menos de 15 años; a los 10, cuando la pena máxima señalada por la Ley sea prisión o inhabilitación por más de cinco años y que no exceda de 10; a los cinco, los demás delitos, excepto los de injuria y calumnia, que prescriben al año; y en los supuestos de concurso de infracciones o de infracciones conexas, el plazo de prescripción será el que corresponda al delito más grave.

Son doce, como los discípulos de Jesús. Diez de ellos sacerdotes, otros dos seglares. Forman el clan de los Romanones y desde el mediodía de este martes están imputados por delitos de abusos sexuales, agresiones sexuales y exhibicionismo con “agravantes por prevalimiento”, es decir, aprovechándose de las ventajas que les daba su posición de superioridad. Así lo ha decidido el juez Antonio Moreno Marín, instructor de la causa abierta tras la denuncia presentada por Daniel. El proceso contó con el apoyo del Papa Francisco y la inacción del todavía arzobispo de Granada, Javier Martínez, cuyos días al frente de la diócesis están a punto de tocar a su fin.

De esta decena de religiosos, sólo tres fueron sancionados por el arzobispo. Junto a los seglares, actuaban como una trama, según el relato del juez instructor. “Todo el grupo de imputados dispone de importante patrimonio y en común”, constata el masgistrado, quien les imputa dichos delitos en grado de autoría, encubrimiento o conocimiento necesario de los mismos.

El auto tiene nueve folios, a los que hay que sumar casi 1.600 páginas de actuaciones detalladas. En el mismo, se acuerda “el levantamiento del secreto de las presentes diligencias previas”, y considera imputados a Román M. V. de C. (quien da nombre al clan), Francisco José C. M., Manuel M. M., Sergio Q. M., Manuel Francisco F. R., Manuel J. J., Manuel Q.M., Juan Carlos M. M., Angel M. M., José Jorge N. G., José Gabriel F. F. y Vicente R.R.

El juez concede un plazo de diez días para que, habida cuenta del tiempo transcurrido hasta que se interpuso la denuncia, y relacionado con los hechos y delitos expuestos, “informen acerca de la posible prescripción de cada uno de los hechos relatados en relación a cada imputado y al tipo delictivo a imputar, y en consecuencia para delimitar así el objeto del proceso que hubiere de continuar”. Es decir, decidir hasta dónde se podrá llegar en la causa.

Gran trascendencia y gravedad

El auto no tiene desperdicio. En el mismo, el instructor constata “que los hechos objeto de la investigación tienen una gran trascendencia y gravedad en sí mismos, por aparecer, además, como implicados religiosos proclamados por dicha confesión religiosa, lejos de ser los garantes de los principios religiosos proclamados por dicha confesión y su más Alto signatario, indiciariamente se podrían haber convertido en sus transgresores, y podrían haber dispuesto de efectivas posibilidades de entorpecer y obstaculizar las investigaciones, y saber si nos encontramos ante una trama organizada”.

En el escrito judicial se detallan, junto al caso de Daniel, otras tres posibles víctimas, que detallaron pormenorizadamente los abusos y vejaciones vividas durante años, supuestamente, a manos esta trama de sacerdotes y laicos. Un auéntico calvario que padecieron cuando tenían entre 14 y 17 años y que les llevó a necesitar tratamiento psicológico. Dos de ellos -Daniel y otro chico- se atrevieron a denunciar, mientras que otros dos lo hicieron como testigos. En todo caso, sus testimonios demostrarían la actuación de los Romanones como un grupo cerrado y que actuaba coordinado. Una de las claves para que posibles prescripciones no tuviesen lugar.

Precisamente, la de la prescripción es una de las cuestiones que más revuelo han causado en la jornada. Pese a ello, el juez deja claro los márgenes y las posibilidades de actuación para evitar que los hechos hayan caducado penalmente. Así, apunta a que hay que fijarse en el delito más grave. Según el artículo 131 del Código Penal, los delitos prescriben a los 20 años, cuando la pena máxima señalada al delito sea prisión de 15 o más años. Este sería el caso de los abusos sexuales. Además, abunda el auto, en el caso de menores, los términos se computarán desde el día en que la víctima haya alcanzado la mayoría de edad.

Aún así, lo que el auto deja claro es que, en la fase de instrucción, quedan claros los abusos tanto en autoría como en encubrimiento y conocimiento, delitos que, en el caso de la legislación canónica, no prescriben hasta 20 años después de que las víctimas alcancen la mayoría de edad.

Frialdad del papa Francisco

Desde el pasado mes de noviembre, cuando se produjeron las sanciones para tres de los sacerdotes (Román, Francisco José Campos y Manuel Morales), otros siete presbíteros han continuado realizando su labor pastoral en la Archidiócesis de Granada, sin que su titular haya movido un dedo para sancionarles. Lo cual no deja en buen lugar la actuación del todavía arzobispo, Javier Martínez, que ayer participó en la Misa que todas las mañanas oficia el Papa Francisco en su residencia de Santa Marta.

Martínez, quien no ha concelebrado, sino que ha seguido la misa -revestido con la casulla- en primera fila, no ha sido recibido por el Papa, quien únicamente le ha saludado, como a todos los presentes, tras la misa. En todo caso, todo parece indicar que la Santa Sede esperaba la publicación del auto judicial antes de tomar una decisión que se antoja definitiva e inmediata

La Fiscalía de Granada ha pedido a la Policía Judicial que investigue quiénes son los propietarios y cómo se adquirieron los inmuebles legados a la parroquia del Zaidín, en Granada, donde ejercían su ministerio algunos de los sacerdotes implicados en el caso de los presuntos abusos sexuales.

Según ha adelantando la Cadena SER en Granada, el fiscal General del Estado está recibiendo información puntual de la evolución del caso. El objetivo de los fiscales es también esclarecer si hubo irregularidades en la donación o adquisición de los bienes inmuebles vinculados con varias parroquias en Granada. La Policía identificará a sus propietarios para que acudan al registro civil y mercantil a verificar los datos relativos a la sucesión o donación de dichos inmuebles.

La Fiscalía quiere conocer todo lo relativo a los bienes de estas parroquias, así como de los curas implicados. En la sede religiosa del barrio del Zaidín ejercía su ministerio el párroco líder de este grupo de sacerdotes, Los Romanones, y era también donde captaban a jóvenes.