La incansable búsqueda de Abuelas de Plaza de Mayo sigue deparando nuevos hallazgos para celebrar ante los ojos del mundo. En la Casa por la Identidad, ubicada donde funcionó el campo de concentración de la Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), la presidenta de la organización, Estela de Carlotto, anunció este lunes que encontraron a un nuevo nieto. “Hoy el Estado restituye un derecho a la identidad. Luchemos para que la verdad arrasadora no se apague. Bienvenido nieto 140”.

Desde el espacio de memoria ex ESMA, el mayor centro clandestino que operó en Argentina durante la última dictadura (1976-1983), la hermana del nieto restituido, Adriana Metz Romero, tomó la palabra sentada al lado de Carlotto. “Cuando hablé con él me dijo que fue criado como hijo único. '¿Y yo qué soy?', le dije, y me respondió: 'ya sé, boluda' [risas]. Está en Buenos Aires... De acá en adelante es todo ganancia para la familia Metz Romero y también para la sociedad”.

La dictadura secuestró a Graciela Romero cuando estaba embarazada y a su esposo Raúl Metz, ambos militaban en la organización armada ERP y permanecieron detenidos en el centro clandestino “La Escuelita” de Neuquén; después fueron llevados a “La Escuelita” de Bahía Blanca (sur). Allí, la joven dio a luz a un varón el 17 de abril de 1977. El matrimonio tenía a Adriana, de tan solo un año, que quedó bajo el cuidado de sus abuelos. Romero y Metz están desaparecidos.

El hallazgo de un nuevo nieto ocurre en un contexto de vaciamiento de las políticas de Memoria, Verdad y Justicia por parte del Gobierno ultraderechista de Javier Milei. Los despidos masivos en la Secretaría de Derechos Humanos han sido acompañados de discursos negacionistas desde el Ejecutivo.

Días atrás, Abuelas de Plaza de Mayo denunció que el Gobierno había intervenido el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) y pidió a la jueza federal Alicia Vence que dictara una medida para proteger las muestras genéticas que allí se almacenan. Milei firmó un decreto a través del cual quitó autonomía y autarquía al BNDG.

Carlotto, de 94 años, dijo estar feliz por la noticia y lamentó la política de Milei, que con sus recortes de presupuesto ahoga financieramente a organismos como el BNDG, cuyas muestras de ADN permitieron la identificación de este nuevo caso. Desde Abuelas exigen la derogación del decreto presidencial, frenado por una presentación judicial de la organización. “No hay dinero para nada, no nos dan un centavo y no creo que lo vayan a dar, ojalá me equivoque, pero ya sabemos con quién estamos”, dijo Carlotto en alusión al mandatario.

El año pasado, el Ejecutivo ultra desmanteló la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi): eliminó una unidad de investigación que había sido creada en 2004 y que tenía acceso a los archivos del Estado para encontrar a los bebés apropiados durante la dictadura.

Pese al clima hostil hacia los organismos de derechos humanos, las últimas restituciones de identidad sucedieron en diciembre y enero. El 21 de enero, el colectivo de las Abuelas comunicó que habían encontrado a la nieta 139, hija de Noemí Beatriz Macedo y Daniel Alfredo Inama. Según testimonios de sobrevivientes, la pareja pasó por el centro clandestino Club Atlético, ubicado en la ciudad de Buenos Aires.

El 27 de diciembre pasado, Carlotto anunció que habían hallado al nieto 138, hijo de Marta Pourtalé y Juan Carlos Villamayor, que habría nacido en diciembre de 1976 en la ESMA. El nieto 138 se pudo encontrar con su hermano mayor, Diego, que vive en España desde hace varios años. De adulto, Diego se sumó a la búsqueda que habían iniciado sus tíos y su abuela por tribunales, cárceles y organismos de derechos humanos. En el caso de la nieta 139, sus hermanos Ramón y Paula lograron darle un abrazo ansiado por décadas.

“La identidad siempre florece”, han asegurado desde Abuelas de Plaza de Mayo, conmovidas tras recuperar al nieto 140 y ante la esperanza de encontrar a los 300 nietos que faltan.

Es la última semana del curso y unos pocos alumnos buscan la sombra en el patio del Instituto de secundaria y formación profesional Isaac Newton, en el barrio de Peñagrande. El complejo es lo más antiguo del entorno y enfrente, en el larguirucho parque del Arroyo de los Pinos, una placa da pista de las vidas pasadas del centro: “En recuerdo y homenaje a las mujeres que vieron privados sus derechos en la maternidad de Peñagrande. Para que su resistencia no caiga en el olvido”.

Fue colocada en diciembre de 2018 por el Ayuntamiento de Madrid en recuerdo a las mujeres internas entre las décadas de los cincuenta y ochenta en Nuestra Señora de la Almudena, un centro para jóvenes embarazadas dependiente del Patronato de la Mujer que se conocía popularmente como Maternidad de Peñagrande.

También ha recibido en los últimos años el sobrenombre de Maternidad de los Horrores, después de que salieran a la luz números testimonios que hablan de bebés robados, de malos tratos y de trata de mujeres.

Hoy se encuentra mucha información sobre el Patronato de Protección a la Mujer, una institución franquista nacida en 1941, con pretendido cariz social, que sirvió en la práctica para condenar, de la mano de la iglesia católica, las prácticas sexuales que se consideraban disidentes. La sexualidad fuera del matrimonio, el lesbianismo, la prostitución o los embarazos no sancionados por la Iglesia, que eran el objeto del centro de Peñagrande. Ahora ya sí, hay numerosos trabajos de investigación, entrevistas o vídeos de actos públicos, pero todos son muy recientes. Durante años, los alumnos del Newton, que habían oído hablar lejanamente de la institución que ocupaba el instituto y uno de los pabellones, que permanecía abandonado, hablaban sobre todo de los fantasmas que habitaban el viejo edificio.

Las cosas han cambiado, sin duda. En YouTube se puede encontrar el vídeo de un acto celebrado en el instituto en 2017 con las durísimas palabras de la investigadora Consuelo García del Cid Guerra, que fue quien puso sobre el tapete el tema en 2012 con el libro Las desterradas hijas de Eva. Le acompañaba aquel día una de las víctimas de la institución.

La mal llamada maternidad tiene su origen en la compra en 1950 de una finca de dos hectáreas del norte de Madrid, en los terrenos conocidos como La Canaleja, del periférico barrio de Peñagrande. Abrió sus puertas en 1955 y su capacidad era inicialmente de unas mil personas entre niños y madres (atendidas por 36 religiosa), una situación de hacinamiento que fue reduciéndose paulatinamente y que se convirtió en un problema estructural. La investigadora Carmen Guillén Lorente explica que las propias memorias del patronato reflejaban recurrentemente que era un sitio grande, caro, en el que se fugaban muchas chicas.

El edificio lo construyó el arquitecto Luis García de la Rasilla, que trabajó mucho en la Dirección General de Regiones Devastadas, y para hacerse una idea de sus dimensiones hay que unir al complejo actual del edificio la iglesia aneja, que se levantó en los terrenos de la parte derribada. Su propósito era servir como internado para madres solteras y menores de edad, a menudo llevadas allí por sus propias familias (que cedían la patria potestad a la instituión), y a veces por denuncias de curas o maestros. Hasta el año 1972 estuvo gestionado por las Esclavas de la Virgen Dolorosa y, posteriormente, por la orden secular de las Cruzadas Evangélicas. Esta última orden, cuya administración sobrevivió a la dictadura, fue fundada en 1937 por el sacerdote Dorotéo Henández Vera. En una entrevista recogida en el documental El Patronato se le puede escuchar decir que el 80% de las prostitutas “son taradas psíquicas”, una denominación acorde con la fraseología de la ideología de la redención hacia las perdidas que presidía el Patronato, y que, efectivamente, llevaba a que muchas mujeres acabaran internas en el psiquiátrico de Ciempozuelos.

En la maternidad de Peñagrande las internas trabajaban embarazadas durante horas fregando el suelo y recibían presiones para dar en adopción sus hijas. En algunas ocasiones, a tenor de los testimonios recogidos, los hijos nacían muertos y eran enterrados en el patio que hoy es del instituto o se daban en adopciones irregulares. Los testimonios coinciden en que si se llevaban al pequeño “al botiquín”, la madre no volvería a verlo. Por sus pasillos transitó el doctor Eduardo Vela Vela, primera persona juzgada por la trama de bebés robados.

En Peñagrande entraban chicas entre los 16 y los 21 años, aunque a veces se quedaban hasta los 25, desde luego mucho después de dar a luz. Cuando la mujer salía, era sometida a una “vigilancia tutelar” por parte de visitadoras que podía alargarse durante dos o tres años y, en algunos casos, acabar con la vuelta al centro.

En 1968 unas visitadoras del Ministerio de Justicia –del que dependía el Patronato– elaboraron un informe demoledor sobre las condiciones del lugar y recomendaron su desmantelamiento. Sin embargo, aquellos papeles acabaron en un cajón. Continuaron los partos practicados en condiciones impropias de la época, las adopciones irregulares y hasta las colas de caballeros que acudían a examinar a las muchachas en busca de esposa.

Mejor suerte corrieron las reclusas que en los ochenta aprovecharon una visita institucional para hablar con las autoridades y explicar que la arcadia que habían montado para la visita las Cruzadas Evangélicas –hay una grabación de RTVE– era puro cartón piedra para tapar una realidad llena de abusos. Las seglares abandonaron en diciembre de 1983 el reformatorio que llevaban en San Fernando de Henares después de que una chica de quince años se tirara por la ventana. Más o menos a la vez, fueron expulsadas de Nuestra Señora de la Almudena, donde en ese momento había internas unas 120 mujeres y un centenar de niños. El propio Consejo Superior de Protección de Menores definió las condiciones de vida de Peñagrande como “sórdidas”.

Estamos en 2025 –han pasado 75 años desde que se abrió el Patronato, presidido por Carmen Polo– y la sensibilidad hacia las mujeres que fueron víctimas de la institución ha crecido por fin, hasta el punto de que este mes de junio la Conferencia Española de Religiosos (CONFER) ha celebrado un acto para pedir disculpas a las supervivientes del Patronato en la Fundación Pablo VI de Madrid. El acto fue interrumpido por víctimas de la institución al grito de “Verdad, justicia y reparación. Ni olvido ni perdón”, y pancartas con un rotundo “No”. De momento, las descarriadas, que buscan más hechos de reparación que palabras, no han aceptado las disculpas.

Los niños y las niñas siempre han sido una de las principales víctimas de las guerras, de forma especial desde que las guerras dejaron de ser una sucesión de batallas en campo abierto entre dos ejércitos para transformarse en matanzas indiscriminadas en las que la población civil es un objetivo estratégico. Está sucediendo ahora mismo en Gaza y sucedió de manera abusiva en la guerra de España y durante muchos años de la dictadura que siguió a la victoria del ejército franquista. Las víctimas infantiles de nuestra guerra fueron muchas -nadie ha sido capaz de contarlas- y de muy diversa índole. 

Las víctimas infantiles entre 1936 y 1939 se diferencian poco de las que ocurren en otros conflictos armados, aunque sí que se dan algunas características, que no son únicas, pero sí impropias de unos militares que presumían de llevar a cabo una santa cruzada en nombre de Dios. Un Dios muy cruel si permitió que se cometieran en su nombre barbaridades contra los seres más indefensos, contra los niños y niñas. Las modalidades de victimización desarrolladas una vez acabada la guerra sí que son realmente únicas en occidente por su duración, su crueldad y por el desarrollo de todo un entramado jurídico para dar sensación de legalidad y por la colaboración, en ocasiones entusiasta, de distintas órdenes religiosas y de la jerarquía católica en general, salvo honrosas y escasas excepciones.

En los años de la guerra, además de los bebés asesinados en bombardeos o por acción de francotiradores, se genera otro tipo de víctimas, los abandonados a su suerte y a su hambre bien porque sus padres habían sido asesinados o se encontraban presos y ellos, los niños, no tenían quien los alimentara. Es el caso de las 4 niñas y 3 niños  que tenía Joaquina Polo Campaña cuando fue asesinada los primeros días de marzo de 1937 a las puertas del cementerio de Álora a pesar de su avanzado estado de gestación o el de Antonia Moncayo, también de Álora, con otros siete hijos y con un marido, Antonio Aranda Arjona, guerrillero que fue asesinado en 1950. Hasta esa fecha, Antonia Moncayo alternó momentos de libertad, en los que no pudo trabajar por ser mujer de rojo, con otros de prisión sin más causa que la de forzar a su marido a entregarse. También podemos nombrar a Mercedes Frías, de Comares, madre de un compañero de la Asociación, Manuel Muñoz Frías, quien siempre recordaba el día que vinieron a detener a su madre a un campo de Vélez Málaga donde echaba unas peonadas para poder alimentar a sus hijos pequeños. Su marido había sido asesinado en los primeros días del triunfo fascista en Málaga. En este caso, Mercedes fue detenida y tuvo que dejar a sus hijos abandonados porque los militares franquistas querían forzar la entrega de dos de sus hijos mayores que se había sumado a las milicias de la CNT.

Todos los que se vieron abocados a estas infancias de penurias, escasez, enfermedades y adoctrinamiento por parte de los responsables del estado franquista fueron, en cierta manera, afortunados

En realidad, todos los miembros originales de la ARMH de Málaga, y me atrevería a decir que de todas las asociaciones memorialistas de España, podrían relatar un calvario muy parecido. Con una infancia sin padres (al menos sin uno de ellos) que habían sido condenados y asesinados sin ningún tipo de garantía, sufriendo hambre y enfermedades porque sus madres o hermanos mayores no podían encontrar trabajo por ser familiares de rojos, con sus vidas pendiendo de la solidaridad de familiares o vecinos y condenados a recibir una formación contraria a los ideales de sus padres. En muchos casos fueron acogidos en instituciones “religiosas” que los utilizaban como mano de obra de barata, para limpiar con sosa caustica ropa de hoteles elegantes de Bilbao –el libro de Almudena Grandes “Las tres bodas de Manolita” narra hechos bien documentados- o para servir como doncellas de señores ricos o como “secretarios” de las cacerías del señorito Iván de turno en cortijos de Andalucía o Extremadura.

Pero podemos decir que todos los que se vieron abocados a estas infancias de penurias, escasez, enfermedades y adoctrinamiento por parte de los responsables del estado franquista fueron, en cierta manera, afortunados. Desde el primer momento hay un tipo de castigo aún más perverso. Pocos meses después de que Joaquina Polo fuera asesinada en las puertas del cementerio de Álora, un religioso capuchino, Gumersindo de Estella, capellán de la cárcel de Torrero de Zaragoza, narraba con detalle el asesinato de tres mujeres –Selina Casas, Margarita Navascués y Simona Blanco- el día 22 de septiembre de 1937. Fueron asesinadas acusadas de haber intentado fugarse a zona roja la víspera, el día 21, sin ninguna garantía judicial. Selina y Margarita eran madres de dos niñas de meses que fueron robadas de sus brazos momentos antes de asesinarlas y posteriormente entregadas a dos monjas que se hicieron cargo de su custodia antes de derivarlas a familias afines a la ideología de los asesinos de sus madres.

El relato de este suceso que hace el capuchino en sus diarios (*) es estremecedor: “¡Por compasión, no me la roben! Que la maten conmigo’, gritaba una. ‘¡No quiero dejar a mi hija con estos verdugos!’, exclamaba la otra. Se entabló una lucha feroz entre los guardias que intentaban arrancar a viva fuerza las criaturas del pecho y brazos de sus madres y las pobres madres que defendían sus tesoros a brazo partido”.

En busca del gen rojo

Estos casos de robos de niños que se producen durante la guerra van evolucionando con el paso del tiempo y el procedimiento se depura y se afina de manera perversa en los primeros años de la postguerra. El primer movimiento, el que trata de dar un cierto empaque científico al robo de niños, lo dan Antonio Vallejo Nágera, jefe de los servicios psiquiátricos del Ejército, y Eduardo M. Martínez, teniente médico y director de la Clínica Psiquiátrica de Málaga. Vallejo Nágera, psiquiatra formado en Alemania y con claras influencias nazis, trata de demostrar con una serie de estudios “científicos” la existencia de un “gen rojo” entre los defensores de la República. Un gen que, según su teoría, era el responsable de conductas homicidas entre un grupo concreto de la población, “los rojos”, y un factor determinante para el desarrollo integral de la raza hispánica con todas sus potencialidades y virtudes.

Para combatir el gen rojo se planean dos tipos de actuación: el robo de los hijos de familias republicanas encerradas o asesinadas y su entrega a familias adictas al régimen y a los valores de la “raza hispánica” y la educación de todos los niños y niñas con un relato de la historia favorable a los vencedores de la guerra y los valores del catolicismo más reaccionario

Para demostrar su teoría, el psiquiatra de cabecera de Franco propone hacer 10 estudios entre otros tantos grupos de población reclusa, aunque finalmente sólo se completan dos: uno con voluntarios internacionales y otro con un grupo de 50 mujeres presas en la cárcel de Málaga. Si se demostrara la existencia de ese maligno gen se lograrían dos objetivos: rebajar la categoría humana de los republicanos hasta convertirlos en una amenaza para la pureza de la raza y justificar su exterminio y, también, daría paso a la intervención directa con los hijos de los republicanos. Para combatir el gen rojo se planean dos tipos de actuación: el robo de los hijos de familias republicanas encerradas o asesinadas y su entrega a familias adictas al régimen y a los valores de la “raza hispánica” y la educación de todos los niños y niñas con un relato de la historia favorable a los vencedores de la guerra y los valores del catolicismo más reaccionario.

El trabajo que realizaron estos dos psiquiatras con las presas de la cárcel de Málaga, titulado “Psiquismo del fanatismo marxista. Investigaciones psicológicas en marxistas femeninas delincuentes”, se publicó en mayo de 1939 en el número 9 de la “Revista española de Medicina y Cirugía de Guerra: revista mensual de ciencias médicas”. El “trabajo” es un auténtico despropósito, sin ninguna conclusión y con una amplia variedad de prejuicios misóginos que se expresan sin pudor alguno en la introducción del trabajo. Un informe de chichinabo que harían felices a los machistas actuales, a quienes utilizan términos como feminazis y a quienes tratan de esconder, bajo términos tan falsarios como concordia, actuaciones como las que se desarrollaron al abrigo de los delirios de Vallejo Nágera. ¿Parece poco apropiado lo de chichinabo?; juzguen ustedes mismos: en este enlace está el número de la revista y el estudio ocupa las páginas 38 a 53.

La legalización del robo de niños

A pesar de que los trabajos de campo de Vallejo Nágera no aportaron una sola prueba de la existencia del gen rojo, este ya estaba circulando y sirvió de manera ejemplar para lo que estaba diseñado: continuar con las matanzas y emprender la reeducación y el robo de los hijos de los republicanos. Menos de un año después de que Vallejo Nágera publicara su “estudio”, el 30 de marzo de 1940, el ministro de Justicia, Esteban Bilbao Eguía, publica una Orden que regulaba la permanencia de los hijos de las presas en la cárcel hasta los tres años, pero al cumplir 4 años debían ser separados de sus madres y entregados al Estado. Unos meses después, el 23 de noviembre de 1940, el Ministerio de Gobernación publica un decreto firmado por Franco “sobre protección del Estado a los huérfanos de la Revolución Nacional y de la Guerra” en el que se facilita la entrega de los niños huérfanos o con sus padres en prisión a “personas de reconocida moralidad”. Para cerrar el circulo, el 4 de diciembre de 1941 se publica una ley firmada por Franco que complementa el decreto anterior y que legaliza el cambio de nombre de los niños y que de hecho, supone legalizar el secuestro y adopción de estos niños por “personas de reconocida moralidad”.

Inmediatamente se organiza un entramado jurídico y social disfrazado de beneficencia católica para satisfacer los deseos de esas “personas de reconocida moralidad” y suficiente solvencia económica. Este tinglado se pone en marcha para ayudar a depurar la raza (robando a los hijos de las mujeres afectadas por el gen rojo) y, ya de paso, para hacer caja. El papel de entidades cristianas como los patronatos de San Pablo y La Merced en este proceso, sería realmente vergonzoso y vergonzante, si tuvieran vergüenza. Que yo sepa, a día de hoy, nadie ha pedido disculpas por aquellos niños robados al terminar la guerra. Ni por esos, ni por los miles de ellos más que se siguieron robando en este país (cada vez menos por motivos ideológicos y más por dinero) hasta después de la muerte del dictador.

Nadie ha pedido perdón, ha sido imposible encausar a los responsables de esta barbaridad e, incluso, ha habido un interés muy limitado por estudiar y documentar desde el punto de vista histórico lo ocurrido. Esta es una página más de la historia que los que hablan de leyes de Concordia no quieren que nunca se escriba. La ley de Memoria Democrática, en octubre de 2022, es el primer espacio que reconoce como víctimas a estos niños robados por el franquismo entre 1936 y 1975. Pudieron ser más de 300.000 los bebés que fueron separados de sus padres. A pesar de esa cantidad la primera investigación seria sobre el asunto la realizan Ricard Vinyes, Montse Armengou y Ricard Bellis y da un doble fruto: un ensayo publicado en 2003 y titulado “Los niños perdidos del Franquismo” y un documental con el mismo título, producido por TV3 en 2002, que se proyectó al poco de su estreno en la televisión catalana, pero que no me consta que se haya emitido en una televisión de ámbito nacional, ni siquiera en RTVE, al menos no en horario de máxima audiencia.

Nos quedaría hablar de la reeducación de los hijos de los republicanos en el franquismo, de su adoctrinamiento…, pero eso lo dejaremos para otro articulo.

^(*)       Los diarios de Gumersindo de Estella se agruparon en la obra “Fusilados en Zaragoza, 1936-1939. Tres años de asistencia espiritual a los reos”. Escrita en la década de los cuarenta trató de publicarse en Argentina en 1950 pero se frustró su publicación por presiones de la embajada española. Finalmente vieron la luz en 2003, treinta años después de su muerte.

A Elena Vargas le quitaron su hija después de cobijarla y amamantarla toda la noche. Solo esa primera noche la tuvo entre sus brazos. Por la mañana, llegó un doctor y se la llevó. Luego le dijeron que su pequeña recién nacida estaba muerta, pero ella no lo creyó. Nadie le dio ni un certificado ni le mostraron el cuerpo. Cuenta que llegó a su casa tras recibir la noticia y la leche le corría por los pechos: “Por eso yo creía que estaba viva”, dice.

Elena Herrera vive en Santiago de Chile y ahora tiene 62 años. Dio a luz a su primera hija el 25 de noviembre de 1975 en el Hospital Félix Bulnes de la capital chilena. Tenía 15 años. “Me dieron el alta y cuando fui a preguntar por mi bebé, nunca más la vi ni supe de ella”, dice.

En Chile, más de 20.000 bebés y niños fueron adoptados por familias extranjeras durante la dictadura militar y, según la Corte de Apelaciones de Chile, al menos 8.000 de esas adopciones podrían ser ilegales. Aunque hay registro de estas prácticas a partir de los años 60, fue durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), iniciada con el golpe de Estado que este sábado se conmemora en Chile, cuando más casos se registraron. Un modus operandi que se consolidó como parte de una estrategia nacional aplicada por la dictadura para reducir la pobreza infantil sacando del país a los niños más necesitados.

Como las otras madres que pasaron por lo mismo, Elena se quedó sin la pequeña Laura Elena y sin documentos que acreditaran su parto o la defunción de la pequeña. El miedo que instauró la dictadura hizo el resto: “Nunca sentí muerta a la niña, pero en aquel tiempo no se podía hablar y todo me lo fui guardando. Seguí la vida como pude”, cuenta. No fue hasta hace 13 años, en medio de un trámite administrativo, cuando supo que su hija estaba inscrita en el Registro Civil: “Aparece que yo la registré cuatro días después de que ella supuestamente falleciera, pero la firma del documento no es la mía. Yo nunca firmé ese papel”. 

“Era un negocio”

Marisol Rodríguez es portavoz y fundadora de Hijos y Madres del Silencio (HMS), organización que apoya a las víctimas de adopciones ilegales y tráfico de niños en Chile. Busca a una hermana nacida entre julio y agosto de 1972 en el Hospital J.J Aguirre de Santiago: “Suponemos que es una niña porque eso le dijeron a mi mamá, pero nunca tuvo oportunidad de verla”. Tampoco recibió certificado de defunción y también le dijeron que no podía ver el cuerpo de la pequeña porque se reservaba para estudio. “Jamás hubo una respuesta respecto a ese estudio, no hay antecedentes ni fichas en los hospitales. Muchas mujeres saben de sus hijos mientras gestionan algún trámite en el Registro Civil porque el hijo aparece como inscrito”, dice Marisol.  

Ester Herrera supo que fue adoptada por su madre una tarde, cuando escuchó una conversación entre ella y un tío en la que recordaban su llegada recién nacida. Tenía entonces 15 años y quedó en shock: “No supe mucho más. Mi mamá adoptiva no tenía información sobre mi madre biológica. Cuando traté de indagar mi madre me contó que había conocido una partera o enfermera que fue la persona que le ofreció traerle un bebé y que llegó conmigo y con la documentación para poderme inscribir”.

Hoy tiene 40 años y aunque ha vivido siempre en Santiago dice que “no tiene la certeza” de haber nacido ahí, en la desaparecida Clínica Lira, un 17 de julio de 1981, tal y como aparece en su certificado de parto, que consiguió años después: “Ese documento fue adulterado porque aparece el nombre de mi madre adoptiva y de ahí en adelante toda mi documentación es falsa. La inscripción se hizo como si yo hubiese sido hija legítima de mi madre no biológica. Le entregaron a ella este documento para que pareciera todo perfectamente legal”. Su caso responde a la figura de los llamados “apropiados” porque la información es falsa desde el primer registro y tampoco cuentan con un expediente de adopción a partir del cual buscar a la madre biológica. 

En los casos de adopción, el circuito comenzaba con la sustracción después del parto o en guarderías infantiles, que supuestamente ofrecían apoyo para que las mujeres pudieran trabajar. Una vez ahí, se producía la sustracción y se les decía a las madres que no volverían a ver a sus hijos.

Según explica el subprefecto Roberto Gaete, que dirige la Brigada Investigadora de Delitos Contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), a cargo de indagar estos casos, una asistenta social emitía un informe asegurando que la madre había abandonado al bebé o que no tenía las condiciones para cuidarlo y que era apto de ser adoptado. El documento se presentaba ante un tribunal de menores –con el que había un acuerdo previo– y lo entregaba a una familia “como medida de protección que muchas veces no era una adopción como tal, sino una autorización para sacarlo del país”.

La participación de los funcionarios de salud (asistentas sociales, matronas, médicos, etc.) fue clave para sustraer bebés, pero para completar el proceso también estuvieron implicados jueces, autoridades migratorias, notarios y personal ligado a la Iglesia. “Era un negocio para todos porque lo que cobraban a los padres adoptivos era una cantidad muy alta, también a ellos los engañaban y les pedían mucho más dinero de lo que salía una adopción en Chile”, añade Marisol Rodríguez.

Tanto en las adopciones ilegales como para las apropiaciones, el perfil de las madres afectadas siempre fue muy específico: “Eran personas jóvenes, menores de edad y en condición de vulnerabilidad, que no podían hacer ninguna gestión por desconocimiento, ignorancia o porque estaban solas”, apunta Gaete. Según los datos de sus investigaciones, la mayoría de los recién nacidos salieron de zonas rurales y campesinas como La Araucanía, Concepción y San Fernando, todas ellas en el sur de Chile, y los principales destinos fueron países europeos como Suecia, Francia, Italia y en menor proporción Holanda y Dinamarca. “En España hay casos, pero pocos”, dice el policía. 

Los obstáculos

Unos 700 casos vinculados a sustracciones o robos de bebés se están investigando actualmente en Chile. Sin embargo, hay miles de personas que buscan a sus familiares. La organización HMS contabiliza en sus registros más de 12.000. Desde su fundación, en 2014, cuando se revelaron en la prensa los primeros, han facilitado más de 250 encuentros. A pesar de los avances que, según el subprefecto Gaete, ha habido en la investigación, incluso considerando las dificultades de la pandemia, el juez a cargo de estos casos, Jaime Balmaceda, aún no ha formulado ninguna acusación. 

Las personas afectadas esperan desde hace años una respuesta de la justicia, pero varios obstáculos dificultan la indagatoria. “En muchas ocasiones no hemos podido encontrar los documentos porque en aquella época todo era manual y escrito en libros y este material ha sido eliminado en los hospitales y servicios públicos que, por ley, guardan la documentación no más de 15 años. Además, los involucrados ya tienen más de 70 años y están falleciendo”, dice Gaete. El trabajo se desarrolla ahora en dos direcciones: determinar los responsables de los hechos y localizar dónde están los hijos e hijas adoptados de manera irregular.

“No pierdo la esperanza” 

En septiembre de 2018, la Cámara de Diputados creó una comisión específica para investigar las adopciones irregulares. Un año después, la instancia publicó un informe que concluye “no es posible otorgar a ciencia cierta un número de personas adoptadas ilegalmente [...] debido a la inexistencia de registros que den cuenta de adopciones a nivel nacional (solo se tiene registro de adopciones internacionales)”. Además, subraya que “el reclamo sobre una violación sistemática a los derechos humanos por parte del Estado está debidamente fundamentado”. Los parlamentarios consideraron acreditada la “participación de agentes del Estado en diversos momentos del proceso de entrega ilegal de niños y niñas” y recalcaron que “mediante engaño y dolo, se apropiaron indebidamente de niños y niñas”. Para ellos, las conductas de estos agentes “condujeron a la desaparición forzada de personas” y vulneraron el derecho a la identidad. 

“Para mí es súper importante saber de donde vengo, es vital para poder cerrar el círculo que se abre cuando empieza la incertidumbre de preguntarte de dónde provienes”, dice Ester Herrera, que lleva siete años buscando a su madre. Se ha hecho varias pruebas de ADN, ha viajado para buscar indicios e incluso publicó una carta dirigida a ella en los medios: “Tengo... muchos sueños por alcanzar. Uno de ellos es conocerte. No te asustes, solo quiero mirarte a los ojos y descubrir una parte de mí en ellos”, le escribió. No pierde la esperanza, dice, pero sus expectativas son bajas.

Elena Vargas comenzó una búsqueda intensa hace cinco años, cuando se integró en HMS y se convirtió en activista de su propia causa: “He salido a manifestaciones, estuvimos en el Congreso para exponer nuestros casos y me hice pruebas de ADN porque siempre creí que ella está en algún lugar”, cuenta. Aunque hasta ahora no ha tenido señales de Laura Elena, no pierde la esperanza: “Los milagros existen”.

Maria Diemar sabe que fue adoptada desde que tiene memoria. Sus padres suecos siempre han hablado abiertamente sobre su origen chileno. Crecer morena, de pelo en negro, en el Estocolmo de los años 70 y 80 se lo hacía mucho más fácil. Era imposible no sentirse diferente.

Cuando tenía 11 años, sus padres le mostraron los documentos que traía con ella cuando llegó a Suecia en 1975. El registro de su adopción ofrecía un relato breve, incómodo acaso. El de una madre adolescente que decidió enviar a su recién nacida para que creciera junto a dos extraños en la otra esquina del mundo. Diemar no recuerda mucho. “Dijeron que era una empleada doméstica interna, que ya tenía un hijo que había enviado a vivir con sus padres y que era pobre”.

Con unos 25 años, Diemar decidió ir a buscar a su madre y contactó con la ONG sueca que había organizado su adopción. Suecia tiene una de las mayores tasas de adopción internacional per cápita del mundo. En los 90, la organización ya había lanzado un programa que permitía que las personas adoptadas se reunieran con sus familias biológicas. Pero en el caso de la madre de Diemar no tenían información que aportar.

En 1998 voló a Chile y pidió ayuda en varios sitios: el sistema de protección de la infancia, el juzgado de familia que aprobó la adopción, el hospital en el que nació y el registro civil. Ninguno pudo darle la información que buscaba. Cuando llegó al juzgado de Temuco, la ciudad más próxima a su lugar de nacimiento, un funcionario revisó su expediente frente a ella, pero no permitió que leyera una sola línea del mismo. Se fue de Chile con las manos vacías, pero sin renunciar a la idea de encontrar a su madre. “Volví con más preguntas, pero al menos sentí que me había acercado a mi familia. Ya sólo me faltaba encontrarla”.

Unos años más tarde, en el invierno de 2002, oyó hablar de una serie de documentales que estaban emitiendo en televisión. Dos personas adoptadas buscaban a sus familias biológicas en Chile. Poco antes, Diemar había topado con una pista prometedora. El Servicio Nacional de Menores de Chile había localizado una dirección que podría ser la de su madre. No se lo pensó dos veces y contactó con Ana María Olivares, una periodista chilena que había participado en el documental para pedirle ayuda.

Parecía que la madre biológica de Diemar vivía en un pueblo rumbo al sur de Chile, pero Olivares no lograba dar con la dirección exacta. Lo intentó en persona en varias ocasiones. Estuvo dos semanas llamando a las puertas del lugar sin fruto alguno. Cuando llegó la hora de regresar a la capital, Santiago, dejó a su tío, que vivía en la zona, encargado de segur intentándolo.

Por fin, en enero de 2003 el tío de la periodista logró encontrar a la mujer que aparecía en los papeles de adopción de Diemar. Pero fue ella quien se negó a conocer a Diemar. Estaba casada y tenía miedo de que su marido no aceptara con amabilidad la aparición de una hija fantasma que no era suya. Sí quiso que Diemar supiera que nunca quiso deshacerse de ella. Que se la habían robado al nacer.

Saber eso angustió a Diemar. Sabía que sus padres suecos habían actuado de buena fe al adoptarla. Quizá alguien los había engañado. En marzo de 2003, Diemar se reunió con el máximo responsable de la ONG, quien le explicó que, en muchas ocasiones, las madres pergeñan historias imaginarias de secuestros y robos para sobreponerse a la vergüenza del abandono de un bebé. De entrada, Diemar cuenta que no aceptó la explicación. Tampoco presionó para saber más a la agencia de adopciones. “No sabía qué pensar ni sentir”, recuerda. “No fue hasta años después que me atreví a plantear preguntas”.

Era septiembre de 2017 cuando Diemar vio un documental dirigido por el chileno Alejandro Vega en el que varias mujeres describían como las habían engañado o presionado para que entregaran a sus bebés en procesos de adopción internacional. Casi todas venían de entornos pobres o pertenecían a minorías. Mientras trabajaba en el seguimiento de aquella historia en 2018, Vega contactó con Diemar a través de un grupo de personas adoptadas que funcionaba en Facebook. Ella le pidió que revisara algunos documentos relativos a su adopción y él detectó muchos errores y omisiones. Por lo que había logrado ver del expediente, creía que la adopción de Diemar era muy cuestionable.

Saber todo eso tuvo un impacto devasador en Diemar. Sintió que hasta entonces había aceptado que su adopción se había realizado siguiendo los pasos correctos sólo porque no podía lidiar con el impacto emocional de la verdad. “Todo el cuerpo reaccionó”, dice. “Comencé a temblar y llorar”.

La adopción como política nacional

Durante los 70 y los 80, entre 8.000 y 20.000 bebés y niños chilenos fueron entregados en adopción a familias en Europa y América del Norte. Lo más habitual es que sus madres biológicas fueran pobres y muy jóvenes. Esas adopciones formaron parte de una estrategia nacional de reducción de la pobreza infantil que la dictadura militar trató de llevar a cabo sacando del país a los niños más necesitados.

Las adopciones internacionales, una de las medidas en marcha, habían comenzado mucho antes de que Augusto Pinochet tomara el poder, pero para 1978 la promoción de adopciones ya se había convertido en política pública oficial. Fue entonces cuando aumentó la presión sobre las madres para que entregaran a sus hijos y se incrementó el número de adopciones internacionales.

Alejandro Quezada, fundador de la campaña Chilean Adoptees Worldwide [Adoptados chilenos en el mundo], cree que las políticas de Pinochet tuvieron como consecuencia la “criminalización de la pobreza”. El estado usó su poder para evitar que las familias más pobres criaran a sus propios hijos y el clima de violencia imperante impidió que las madres se resistieran. Las víctimas no sólo eran pobres. Muchas pertenecían a la comunidad mapuche, históricamente perseguida. Durante la dictadura, la precaria existencia que vivían estas mujeres se entendió como un obstáculo al progreso.

Si bien en Chile pocas familias estaban interesadas en adoptar a un bebé de piel más morena, en otros países la realidad era diferente. Karen Alfaro, profesora de Geografía e Historia de la Universidad Austral de Chile y experta en las adopciones internacionales realizadas por el país, dice que al enviarlos a países más ricos, el Gobierno chileno “creía que estaba salvando a esos niños”.

Había otro motivo, de máyor alcance, reconstruir las relaciones internacionales de un país aislado. Muchos países habían cancelado relaciones diplomáticas con Chile tras el golpe militar que derrocó al gobierno democrático en 1973. “La dictadura defendió las adopciones como mecanismo de reconstrucción de los lazos diplomáticos”, sostiene Alfaro. “Sobre todo con países que habían recibido exiliados chilenos y cuyos Gobiernos se mostraban críticos con las violaciones de los derechos humanos”.

Mientras tanto, en Suecia se había llegado al convencimiento de que la adopción internacional era una causa justa. La primera generación de progenitores que adoptó niños de otros países en la década de los 60 creía que hacía algo bueno por los demás. Así se expresa Tobias Hübinette, profesor ayudante de Educación Intercultural en la Universidad de Karlstad. Fue una “extensión de la política exterior de Suecia y de su cooperación al desarrollo de los países del llamado tercer mundo”.

Pero a comienzos de la década de los 70 empezaron a salir de Chile algunos testimonios que hablaban de mujeres que recibían presiones de empleados del sistema de bienestar infantil para que entregaran a sus hijos. Algunas hablaban de médicos y enfermeras de hospitales públicos que les habían dicho que sus bebés habían muerto al nacer y no habían visto los cuerpos ni recibieron un certficado de defunción. Quienes trataron de que la policía se implicara en el asunto o acudieron a los medios fueron intimidadas y las mismas personas relacionadas con la entrega o sustración de sus hijos e hijas las acusaron de inestabilidad mental.

Durante los últimos diez años, tanto periodistas como criminalistas chilenos han descubierto un aluvión de pruebas sobre las adopciones irregulares realizadas en los 70 y los 80. Alfaro descubrió que quienes querían convertirse en padres y madres en Europa y Estados Unidos pagaban a las agencias internacionales de adopción entre 6.500 y 150.000 dólares por niño. Parte de ese dinero siempre acababa en los bolsillos de profesionales chilenos dispuestos a identificar niños “idóneos” y separar a esos niños de sus padres, marginalizados y pertenecientes a colectivos sociales con muy poco acceso a la educación.

“Las agencias internacionales de adopción tenían representantes en Chile que crearon redes de mediadores pagados, la mayoría funcionarios, que localizaban y entregaban a los niños para su adopción”, comenta Alfaro. También “había trabajadores sociales que recibían dinero por emitir informes falsos de abandono infantil y había dinero para médicos y enfermeras que generaban certificados de nacimiento que decían que el bebé había muerto en el parto y jueces que cobraban por aprobar la transferencia de custodia”.

El documental, estrenado en 2017 y dirigido por Alejandro Vega, describía las adopciones como “un negocio muy lucrativo en una época oscura”. “La situación que atravesaba nuestro país –estado de emergencia en dictadura– convertía incluso las unidades de maternidad en negocios”, dice. No está claro cuánto sabían las agencias internacionales de adopción sobre las actividades que sus redes desarrollaban en Chile. Al menos parece que algunas agencias no hicieron demasiado por llegar a la verdad de lo que había tras las historias de niños robados.

En septiembre de 2018 y ante la presión de organizaciones que trabajan para lograr la reunificación de familias divididas por adopciones abusivas, el Congreso chileno creó una comisión para investigar estas acusaciones históricas. Las madres y los niños y niñas adoptados ofrecieron testimonios muy tristes. Una mujer, María Orellana, le dijo a la Comisión que había llegado a un hospital embarazada de 39 semanas y 6 días la mañana del 18 de febrero de 1985. Las labores de parto habían comenzado la noche anterior, el bebé nació por cesárea y se lo llevaron. Orellana estuvo tres días pidiendo ver a su bebé. Al final, una persona responsabe del centro médico le dijo que había muerto. Ni en ese momento podía verlo, dijeron, porque la imagen del cuerpo resultaría demasiado traumática. Le dijeron “mejor quedarse con el recuerdo de un bebé”. Orellana todavía busca a su hijo y espera reencontrarse con él. Tiene fe en Dios.

En julio de 2019, la comisión publicó un informe de 144 páginas que describía “mafias” de profesionales de la salud que emplearon métodos viles para separar madres e hijos y garantizar un suministro estable de bebés en lo que se había convertido en un “negocio lucrativo”. Lo que había comenzado como práctica más o menos desorganizada antes de la llegada de Pinochet al poder, se codificó durante la dictadura. El resultado fueron adopciones practicadas sin escrúpulos y en total impunidad. El informe concluía que las adopciones fueron crímenes contra la humanidad.

“He decidido entregar a mi hija”

Cuando era niña, María Diemar soñaba con reunise con su madre biológica y abrazarla. “Pensaba que iba a parecerme a mi madre”, dice. “Eso me parecía importante”. Como adulta, después de saber que era probable que la hubiesen separado de ella a la fuerza, Diemar aceptó que, pese a que un encuentro con ella podría confortarla, no cambiaría el dolor del pasado. A medida que emergía más información sobre las adopciones en Chile, ella continuaba su búsqueda.

En 2019 la policía chilena le entregó los documentos oficiales de su traslado a Suecia. En ellos leyó que en 1974 un ingeniero y una orientadora escolar que vivían en Estocolmo y no podían tener hijos propios habían decidido adoptar. Querían darle un hogar y una familia a un niño que no los tuviese. Su solicitud recibió la aprobación sueca en noviembre y se tramitó rumbo al Servicio de Menores de Chile a través del Centro de Adopciones.

En paralelo, en Lautaro, una población rodeada por los bosques del sur de Chile, una joven mapuche estaba en su primer trimestre de embarazo (Diemar quiere proteger la identidad de su madre y sólo ha facilitado la traducción de uno de sus apellidos mapuches: Agua Dulce). Trabajaba como empleada doméstica interna para una familia con recursos y nadie más que su empleador sabía del embarazo. Había crecido en el campo sin educación formal, ya tenía dos hijos que vivían con los abuelos y esperaba que sucediera lo mismo con el tercero. Pero su empleador tenía otros planes.

Agua Dulce insistió, durante un encuentro con el tío de la periodisa Ana María Olivares en 2003, en que nunca había aceptado una adopción. Pero el documento público dice que el 10 de julio de 1975, una semana después de dar a luz a una niña, entregó a la bebé a una trabajadora social. En una declaración firmada entregada al juzgado de lo familiar de Temuco, a poco más de 20 kilómetros de Lautaro se lee: “He decidido entregar a mi hija a una adopción sueca porque sé que crecerá en un hogar ideal para un desarrollo emocional, intelectual y físico que yo, en mis circscuentancias, nunca podría darle”. Agua Dulce niega haber participado en la transacción. Dice que nunca acudió al juzgado y que no habría firmado una declaración que no podía leer.

Una semana después de nacer, la bebé de Agua Dulce entró en un orfanato en Lautaro y luego pasó a vivir con una madre adoptiva en Santiago. Cuando tenía dos semanas de vida, los padres adoptivos de la bebé, a miles de kilómetros de distancia en Suecia, la llamaron Ingegerd Maria y le dieron su apellido, Olsson Karlsson (Diemar es su nombre de casada). El 18 de agosto de 1975, un juez de Temuco concedió la custodia temporal de la niña a Anna Maria Elmgren, una mujer sueca que vivía en Chile y trabajaba para el Centro de Adopción. El 29 de agosto, el juez aprobó la solicitud de adopción de la pareja sueca.

En teoría, la ley de adopción chilena, que data de los años 60, exigía un periodo de acogida de dos años en Chile antes de poder iniciar una adopción en el extranjero. El juez dio permiso a Elmgren para sacar a la pequeña María del país a los dos meses de edad. En adopciones rápidas a Suecia como esta, el nombre de Anna Maria Elmgren aparece una y otra vez en los formularios oficiales en calidad de tutora. En la mayor parte de estas adopciones, el proceso legal se completó en el extranjero.

En el caso de Diemar, sus papeles en Temuco parecen indicar que el proceso de adopción legal nunca se completó. Para empeorar las cosas, a sus padres adoptivos nadie les dijo nada sobre el origen y herencia mapuche de la niña. “Me siento traicionada”, me dijo Diemar. “Me he perdido muchas cosas”.

Comisiones por adopciones

Después del estreno del documental de Vega en mayo de 2018, Elmgren, que había trabajadp en el Centro de Adopción durante los años 70 y 80, presentó un requerimiento en la Corte de Apelaciones de Santiago para obligar a Chilevisión a retirar cualquier referencia a ella que apareciera en el programa. Con más de 80 años, Elmgren se describe a sí misma como una mujer obligada por las circunstancias y un sentido de misión moral. Se instaló en Chile en 1965 con su marido sueco y sus dos hijos. El matrimonio terminó en divorcio y, en 1971, se casó con un oficial retirado de la policía montada en Santiago. La pareja compartía la pasión por los caballos y abrió una escuela ecuestre.

Aquel mismo año, la hermana de Elmgren, que vivía en Suecia, expresó su deseo de adoptar y le pidió que investigara en su nombre como funcionaba el proceso en Chile. Cuando Elmgren hizo averiguaciones en el Servicio Nacional de la Infancia, el organismo responsable de gestionar los hogares de acogida y los orfanatos públicos, se sorprendió al descubrir que había niños desnutridos que languidecían al cuidado del Estado.

Habían sido abandonados por familias que carecían de recursos para mantenerlos y por una administración incapaz de satisfacer sus necesidades. En su declaración escrita ante el tribunal, Elmgren dijo que “muchos de ellos vivían en muy malas condiciones de salud, con graves problemas de alimentación y con perspectivas de vida muy desalentadoras”.

De parte de su hermana, Elmgren se familiarizó con la ley y las normas de adopción de Chile. Afirma que sólo utilizó canales oficiales a lo largo de toda su vida. Acabaría ayudando a su hermana a adoptar tres niños.

A principios de los años 70, Elmgren llamó la atención del Centro de Adopción de Suecia. Comenzó a ayudarles a encontrar bebés como voluntaria y pronto se convirtió en empleada. En una declaración escrita, Elmgren afirmó que nunca tuvo contacto directo con los padres biológicos. Dependía de una red de trabajadores sociales chilenos para identificar a los niños que podrían enviar al extranjero y de padres de acogida para cuidarlos hasta que estuvieran listos para salir. El Centro de Adopciones pagaba una comisión por cada adopción a los trabajadores sociales que redactaban los antecedentes de los casos.

Elmgren dirigía la operación. Ubicaba a los niños en orfanatos y hogares de acogida mientras supervisaba el proceso legal. Solía viajar con los niños adoptados. A veces pagaba a otras personas para que los acompañaran. Los bebés enviados a Suecia volaban en cunas especiales de Scandinavian Airlines. En 1987, la agencia de adopción pagaba a Elmgren 2.325 dólares al mes. Ella sostiene que ese salario no era su ingreso principal. Pero si se compara con el salario medio chileno de entonces, 118 dólares, se trataba de una cantidad muy grande.

En junio de 2017, los investigadores policiales que registraron la casa en Santiago de una de las antiguas socias de Elmgren, Telma Uribe Ortega, una trabajadora social jubilada, descubrieron los expedientes de 579 niños enviados al extranjero. Los expedientes proporcionaban información sobre los adoptados, las pésimas condiciones de vida de sus madres, una lista de 29 trabajadores sociales a los que los investigadores describen como “captores” y detalles sobre el dinero que cambiaba de manos. Uribe, que ya es anciana y se encuentra en una situación frágil, no quiso hablar.

En 2018, una de las trabajadoras sociales de confianza de la Agencia de Adopciones, Esmeralda Quezada, concedió una entrevista a medios chilenos para defender su trabajo. “Siempre he estado orgullosa [del trabajo]”, dijo Quezada, cuyo nombre aparece en decenas de adopciones sometidas a escrutinio por las autoridades. “Podría haber dejado [a los niños] en un hogar de menores, pero ¿a dónde iban a ir a parar al final? ¿A la prostitución, a la indigencia, a la delincuencia? Crecieron con amor, son personas honradas y educadas”.

En su requerimiento contra el canal de televisión, Elmgren dijo que los reportajes estaban “llenos de información ofensiva e irrespetuosa” que daba una impresión totalmente falsa de un “negocio oscuro y despreciable, motivado por el afán de lucro”. Lo importante nunca fue el dinero, dijo. Su requerimiento no tuvo éxito.

Ahora, con 87 años, Elmgren ha rechazado una petición de entrevista, pero su abogado sostiene que las adopciones que su cliente facilitó cumplían con la legislación chilena del momento.

Aunque hace poco tiempo que el foco político apunta sobre estos casos, en su momento hubo denuncias en los medios de comunicación que ya impulsaron investigaciones por parte de las autoridades. Entre 1974 y 1975 hubo un escándalo alrededor de Elmgren y la supuesta venta de bebés chilenos al extranjero.

Los medios de comunicación chilenos cuestionaron que fueran huérfanos y que hubieran sido entregados voluntariamente. En 1974, el Tribunal Supremo de Chile envió a un juez de familia a Suecia para investigar. Pero el juez emitió un informe favorable sobre el Centro de Adopción y sus operaciones en Chile. Un artículo de prensa publicado en agosto de 1975 decía que el juez no había encontrado pruebas de que ni el Centro de Adopción ni Elmgren hubieran infringido la ley. Al contrario, consideró que la agencia proporcionaba a los niños un entorno ideal en el que crecer.

Ese mismo mes, Catharina Stackelberg, empleada del Centro de Adopción, habló de las repercusiones de la historia con Carl-Johan Groth, un diplomático sueco destinado en la embajada en Santiago. “Espero sinceramente que lo escrito en los medios de comunicación chilenos no complique aún más el trabajo [de Elmgren]”, escribió Stackelberg. En octubre, Groth escribió a Stackleberg, informándole de que el abogado de Elmgren se había reunido con el ministro de Justicia de Chile, quien le ofreció garantías de que no tenía motivo alguno por el que preocuparse por la investigación.

Parecía más urgente evitar que la historia se convirtiera en un escándalo en Suecia. Groth sugirió al Centro de Adopción que rompiera su relación con Elmgren, pero Stackelberg no lo hizo. No está claro cuánto sabía el Centro de Adopciones sobre el trabajo de Elmgren en Chile, más allá del hecho de que se les daba bien encontrar niños para adoptar. En una carta, Stackelberg describió a Elmgren como un “lobo solitario” cuyos métodos seguirían siendo un misterio para siempre.

Una base de datos para encontrar hijos robados

En 2017, Mario Carroza, un juez de la Corte de Apelaciones de Santiago que ha supervisado numerosas investigaciones sobre violaciones de los derechos humanos durante la dictadura militar, abrió una investigación penal sobre las adopciones internacionales del pasado. El Centro de Adopciones inició entonces su propia investigación interna y en 2019 envió representantes a Chile para reunirse con los investigadores. En un boletín publicado en abril de 2020 se refirió a las investigaciones de los jueces chilenos que habían examinado las adopciones en 1974 y 75 y no encontraron ninguna infracción atribuible a la agencia.

Según la agencia, las adopciones se cerraban en un tribunal de distrito sueco y el papeleo se enviaba de vuelta a Chile. Si los funcionarios chilenos no completaron el proceso de adopción, añadió, tal vez sea más correcto señalarlo todo como un error.

Según Kerstin Gedung, actual directora del Centro de Adopciones, las opiniones sobre la primacía de la paternidad biológica han “evolucionado”, en las décadas transcurridas desde que la agencia dejó de trabajar en Chile en 1992. Explica que las leyes han mejorado y la organización ha contribuido a elaborar directrices y normas éticas para la adopción internacional, “Trabajamos de acuerdo con el marco legal que existía en Chile en los años 70 y 80 y las adopciones fueron legalmente correctas y confirmadas en los tribunales de Chile y Suecia”, dice Gedung.

“Si la forma en que la sociedad veía a las madres solteras y a las familias pobres en aquella época o las razones que tenían las autoridades en Chile para acoger a los niños eran éticas o no, ese es otro debate”, indica Gedung. Aun así, en septiembre de 2020, Jon Thorbjörnson, del partido de Izquierda, presentó una moción en el Parlamento pidiendo una investigación sobre el papel de su país en el escándalo de las adopciones.

“Creo que existe el temor de abrir la caja de Pandora”, dice Lorena Delgado Varas, miembro del mismo partido e hija de exiliados políticos del sur de Chile. Delgado sostiene que una investigación obligaría a Suecia a reconocer que hubo crímenes, pero ve poca voluntad política de enfrentarse al pasado del país.

Mientras tanto, en Chile, y a raíz del informe devastador publicado en 2019, el Congreso ordenó la creación de una Comisión de Verdad y Reparación y una base de datos de ADN para ayudar a las familias y a los adoptados a reencontrarse. Sin embargo, todos los intentos de investigar la conexión entre estos crímenes históricos y el papel desempeñado por la dictadura de Pinochet han fracasado.

Jaime Balmaceda, el juez designado por la Corte Suprema para investigar los casos de adopción, dice que estos casos no tenían ninguna conexión legal con la dictadura. Algunas de las adopciones que se están revisando datan de antes de que Pinochet tomara el poder y continuaron años después del retorno a la democracia. Si hay que asignar responsabilidades, indica, seguramente recaerán en la ley de adopción de la época, muy permisiva.

A pesar de lo que parece un claro patrón que implica a los mismos trabajadores sociales, profesionales sanitarios y funcionarios públicos en muchos casos, se investiga cada hecho de modo aislado en lugar de plantearlo como algo sistémico. Al menos por ahora. Después de más de un año, Balmaceda aún no ha ordenado ninguna detención.

El reencuentro

La historia del reencuentro de María Diemar con su madre sigue sin resolverse. Tiene otro hermano adoptivo a quien el reencuentro con su familia chilena le ha cambiado la vida. Cuando Diemar tenía dos años, sus padres adoptaron a otro niño chileno a través de la misma agencia, el Centro de Adopción. Tenía sólo cinco semanas cuando llegó. Al crecer en Estocolmo, siempre se sintió como un extraño y terminó por rebelarse contra la autoridad. “Mi hermana y yo éramos curiosos”, dice Daniel Olsson, que ahora tiene 43 años. “En la guardería se referían a mí como Daniel el travieso”.

Cuando Olsson y su hermana tenían poco más de 20 años, Diemar formó un grupo de adoptados suecos en Chile. “Desde que nos conocimos, tuvimos la sensación de estar en familia”, dice Diemar. El grupo sigue existiendo, pero Olsson siempre mantuvo las distancias. Donde ellos veían parentesco, él veía desesperación. Creía que los adoptados se engañaban a sí mismos si pensaban que conectar con su herencia chilena daría sentido a sus vidas.

Con el transcurrir de los años, Diemar vio a su hermano luchar contra la depresión. Tras un periodo muy duro después de cumplir 30 años, Olsson pasó varios meses viviendo con su hermana, embarazada de su tercer hijo. Su estado de ánimo era volátil. A veces, pasaba semanas sin fuerzas para salir de su apartamento.

Aunque él nunca había expresado interés por su madre biológica, Diemar se arriesgó a encontrarla para, quizá, salvarle la vida. Sin decírselo, revisó los papeles de adopción de su hermano y encontró una carta escrita por Elmgren sobre los antecedentes de Olsson. La carta incluía el nombre de su madre: Patricia Sánchez.

En 2018, Diemar volvió a contactar con la periodista Ana María Olivares para encontrar a esta mujer. Olivares encontró el perfil en Facebook de una mujer de unos 60 años que se llamaba igual y vivía en Temuco. Le envió un mensaje diciéndole que alguien la estaba buscando y esperó respuesta. Esa misma noche Sánchez respondió: “¿Quién me busca?”.

Olivares le dijo que su hijo, nacido en 1977 y dado en adopción, quería contactar con ella. No tenía sentido para Sánchez. “Mi hijo nació en esa fecha”, dijo Sánchez a Olivares. “Murió al día siguiente de nacer, según me informó la enfermera jefa”.

Sánchez había sufrido depresiones la mayor parte de su vida. Cada año, en el cumpleaños de su hijo, se vestía de negro, pero nunca hablaba de su pérdida. No sabía que le habían mentido y que su hijo había acabado en un orfanato fundado por una misionera sueca en 1965 en Lautaro.

Después de que Olivares llamara de vuelta, Diemar contactó con su hermano. Le dijo que su madre no lo había entregado: le habían dicho que estaba muerto. De alguna manera, dijo, siempre había sabido lo que pasó.

“40 años de angustia salieron de mi cuerpo”

En enero de 2019 los hermanos se subieron a un avión rumbo a Chile. Ya habían pasado meses desde que Olsson se había enterado de la verdad sobre su adopción y fue necesaria una nueva intervención de su hermana para que hiciera acopio del valor necesario para ir a conocer a su madre en persona.

Olsson recuerda que Diemar le dijo: “Daniel, hagamos esto ahora, no hablemos más, arranquemos la tirita”. Para Olsson fue su primera vez en Chile. Diemar lo preparó todo. Volaron juntos desde Australia, donde vivía Diemar en ese momento. Primero fueron a Santiago y luego a Temuco. “No estaba preparado, pero me di cuenta de que no había forma de estarlo”, cuenta Olsson.

En Temuco, Olsson quiso quedarse en el avión, agobiado por la inmensidad de lo que iba a hacer. Diemar lo levantó de su asiento y lo empujó por el aeropuerto. Intentó bloquear sus emociones, pero en cuanto vio a su madre, Olsson se vio a sí mismo apartando a otros viajeros a los lados mientras corría hacia ella. “Nos abrazamos durante dos minutos seguidos”, dice. Al abrazar a su madre biológica, Olsson se sintió abrumado por la emoción. “Fue como estar despierto durante una operación a corazón abierto”, dijo. Su cuerpo tembló hasta el agotamiento. “40 años de angustia salieron de mi cuerpo”.

Olsson sólo había hablado una vez con Sánchez. Por videoconferencia. Sólo le había visto la cara. Si algo le sorprendió cuando la vio por primera vez en el aeropuerto, fue lo pequeña que era. Le pareció hermosa.

No esperaba demasiado de Temuco. Todo era extraño. No hablaba el idioma, pero se sintió como en casa y en paz. Le sorprendió. Olsson describió la experiencia “como despertarse y descubrir un nuevo color. Aunque es difícil imaginar cómo sería un nuevo color”.

En agosto de 2019, ocho meses después de conocer a su madre, Olsson decidió mudarse a Temuco. Alquiló un apartamento pequeño, el piso de encima de un bar-restaurante. Por primera vez en años duerme sin la ayuda de pastillas. “He sido feliz durante el último año, esa es mi vida”, cuenta Olsson. Su madre, aunque era joven y estaba sola cuando lo tuvo, siguió estudiando y se licenció en la universidad. Es profesora de geografía e historia en un instituto y ella y su marido tienen tres hijos. El español de Olsson mejora a medida que va conociendo a sus hermanos y lo que significa formar parte de una familia extensa: sus alegrías y tragedias. El año pasado falleció uno de sus hermanos.

Después de trasladarse a Temuco, Olsson comenzó a trabajar con la organización Madres e Hijos del Silencio, ayudando a los adoptados suecos a regresar a Chile a adaptarse a su nueva vida. A finales de diciembre de 2019 Olsson esperaba en la zona de recogida de equipajes en el aeropuerto internacional de la Araucanía en Temuco para recibir a una adoptada sueca.

La adoptada, una mujer de unos 30 años, estaba a punto de conocer a su familia biológica por primera vez, al igual que Olsson había hecho un año antes. Unos 12 miembros de su familia esperaban nerviosos con carteles hechos a mano. En uno de ellos se podía leer: “Aquí comienza una nueva historia”.

Olsson recuerda la mezcla de nervios y emoción que sintió en aquel momento, el agotamiento emocional que comenzaba. La mujer iba acompañada de su marido, de nacionalidad chilena. Cuando se acercó a su madre, todo el mundo empezó a vitorearla. Acabron por abrazarse y los demás se agolparon en torno a ellos.

“Puede que sus raíces sean chilenas, pero su lenguaje corporal era inconfundiblemente sueco”, dijo entonces Olsson. “Tardará algún tiempo en bajar la guardia”. Sin dejar de abrazar a su madre, tiró de Olsson hacia ella. “Lo primero que me dijo fue lo pequeña que era su madre”. “Bienvenido a Chile”, contesto Olsson.

Diemar se ha implicado mucho en la investigación sobre las adopciones. En el tiempo libre que le deja como profesora de sueco, ha recopilado muchos documentos, la mayoría de ellos de otras personas adoptadas que le piden que se encargue de su correspondencia con los investigadores chilenos. Ha pasado largas horas traduciendo entre familias y sus hijos, separados por la cultura y por el idioma.

Escuchar la angustia de los demás es agotador desde el punto de vista emocional, sobre todo porque le coloca ante la obligación de lidiar con los sentimientos que tiene sobre su propia adopción.

Últimamente ha estudiado la cultura mapuche y su lengua, el mapuzugun, lo que le ha aportado cierta tranquilidad. Las poblaciones nativas de Chile pueden recibir la acreditación oficial de su condición de indígenas y Diemar espera conseguir algún día la suya.

Diemar ha conocido a sus hermanos y hermanas, pero sólo ha hablado con su madre por teléfono. Cree que Agua Dulce se está haciendo a la idea de conocer a su hija en persona. “Realmente me gustaría ver a mi mamá en persona, ver cómo es, sentarme con ella, saber más sobre mis orígenes”, dice Diemar. “Ella es mi mamá”.

Fue gracias a un programa de televisión. Era primavera del 2011 y Antonio recibió la llamada de su madre Francisca, angustiada, frente al televisor. “Hijo, esto es parecido a lo nuestro”. 'Lo suyo', algo casi innombrable después de tantos años, era la muerte traumática de su bebé durante el parto. El primero que había tenido Francisca, en la Residencia Sanitaria Hospital Sanjurjo, de Valencia. Ninguno de sus otros tres hijos volvió a nacer en un hospital. El modus operandi era el mismo de siempre. “Les dijeron que el bebé había fallecido y que ellos se ocupaban de todo, pero no lo vieron, ni vivo ni muerto. No les dieron ningún papel”, explica Antonio, que vivió su infancia sintiendo el vacío de la pérdida en los ojos de sus padres y la ausencia de aquel hermano mayor que no llegó a conocer. 

A solo treinta minutos andando del hospital en el que nació el bebé de Francisca, Paquito correteaba, unos años después, por las calles del barrio de la Fontsanta. Creció feliz, se hizo hippie, el nombre adulto de José Luis sustituyó al infantil Paquito, y se dedicó a su gran pasión: el teatro. Hasta que con cuarenta años, la vida hecha y sus padres ya fallecidos, este hijo único se enteró de que era adoptado: “Fui al registro y vi que legalmente tenía otros apellidos. Hablé con un sacerdote del hospital, persiguiéndolo por el pasillo, y me dijo que no me preocupase, que podía haber ese tipo de errores”. Intentó seguir adelante, pero ya era imposible. Nada podía volver a ser igual. Un día, un completo desconocido llamó a la puerta de la academia de teatro en la que trabajaba diciéndole que estaba seguro de que eran hermanos: “Fue él quien me contó que podía ser un niño robado. Me quedé alucinado con la investigación que había hecho durante tantos años”, confiesa, orgulloso, José Luis. 

Desde aquellas primeras sospechas de su madre, Antonio empezó a dedicarse en cuerpo y alma a buscar a su hermano. Lo compaginaba con su trabajo como fotógrafo. Era su obsesión. Se lo debía a sus padres. “Había conocidos que me decían que habían visto por Valencia a una persona que se me parecía mucho. Cuando miré a José Luis a los ojos por primera vez, vi a mi padre”, recuerda. Estos últimos diez años, los ha pasado investigando, en manifestaciones, recogiendo firmas, buceando entre papeles y documentos imposibles de descifrar y chocando, en ocasiones, con innumerables obstáculos y piedras en el camino. “Desestimaron una querella que presenté en Fiscalía porque no pudieron identificar a los médicos y a las matronas, pero yo había conseguido los datos de uno de ellos”, se lamenta. 

Francisca falleció hace dos años, pero José Luis pudo ir a conocerla antes de morir. “Estaba muy emocionada, pero recuperar el tiempo perdido es imposible”, reconoce Antonio. Hoy los dos luchan por descubrir toda la verdad, pero se sienten desamparados. Confían en que la ley de bebés robados que se admitió a trámite el pasado 23 de junio en el Congreso, consiga dar pequeños pasos para devolverles la dignidad: “Yo me apoyo en las hipótesis, en las pruebas documentales, en los rasgos de semblanza…, pero estamos a la espera de la sentencia científica”. Una prueba de ADN completamente fiable es, hoy por hoy, algo difícil de conseguir, ya que no existen marcadores genéticos suficientes en los laboratorios españoles y todavía hay muchos problemas técnicos para determinar el parentesco entre hermanos. Aún así, no se rinden. 

Un puzle difícil de montar 

Hoy José Luis intenta recomponerse y revisar toda su vida. De principio a fin. Ha sido feliz, pero le inunda la incertidumbre y se hace mil preguntas. ¿Quién soy realmente? ¿Qué hicieron conmigo? ¿Cómo me apellido? Ahora también empieza a entender algunas cosas. Como aquel comentario que le hizo un educador de su colegio, exseminarista, cuando solo tenía doce años y jugaban a las cartas: “Este niño de ahí, Luis Expósito -apellido que se solía poner a los niños abandonados o que tenían un origen desconocido-, se apellida como tú”. Cuarenta años después, esa frase que jamás comprendió volvió a él. “Lo más duro es a nivel afectivo”, reconoce, “ahora tengo que intentar cuadrar todas las piezas del puzle de mi vida”. Al menos, esta vez, cuando vengan dificultades, no estará solo. Podrá apoyarse para siempre en el hombro de su hermano Antonio.

El colectivo Sin Identidad ha presentado a las consejerías de Políticas Sociales, Justicia y Seguridad del Gobierno de Canarias una propuesta para tramitar en el Parlamento regional la primera proposición de ley de niños robados en España.

El documento, que se ha registrado este martes en la Cámara, comprende, entre otras cosas, la creación de una unidad especial dentro de la Policía Canaria para “investigar la desaparición forzada infantil y compraventa de seres humanos en Canarias”.

Esta unidad dependerá directamente del Jefe del Cuerpo General de la Policía Canaria y podrá efectuar investigaciones por iniciativa propia, debiendo comunicar sus resultados a las autoridades judiciales y del Ministerio Público Fiscal.

Para realizar su labor, la unidad tendrá acceso directo a los archivos de organismos públicos y privados de Canarias, y podrá solicitar informaciones, testimonios y documentos de la época de la dictadura franquista.

Asimismo, la futura ley contemplará la creación de la Comisión Canaria por el Derecho a la Identidad (COCADI) que funcionará adscrita a la Consejería de Presidencia, Justicia e Igualdad, del Gobierno de Canarias, y tendrá hilo directo con la unidad de la Policía Canaria.

Entre sus funciones se encontraría, por ejemplo, dar cumplimiento a la 'Convención sobre los Derechos del Niño, la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas y el Protocolo de Naciones Unidas para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, Especialmente Mujeres y Niños', e impulsar de “modo activo” y hacer “seguimiento” de los trabajos de búsqueda de hijos e hijas víctimas de desaparición forzada infantil y compraventa en Canarias.

La comisión estará conformada de forma paritaria entre las asociaciones de afectados y las administraciones públicas.

Así, estará representado el Diputado del Común, representantes de las consejerías de Presidencia y Políticas Sociales, Delegación del Gobierno, cabildos de Tenerife y Gran Canaria, y seis miembros del colectivo Sin Identidad de las dos islas centrales.

Fuentes cercanas al colectivo han señalado que en las próximas semanas se reunirán con los seis grupos parlamentarios -Nacionalista, Socialista, Popular, Podemos, Nuevas Canarias y Agrupación Socialista Gomera- para recabar apoyos, pero por ahora, los primeros contactos han tenido una “buenísima respuesta”.

Ya en el pasado mes de mayo, el Parlamento canario aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley en la que se reconocía el robo de bebés como crimen de lesa humanidad, y posteriormente también se obtuvo el apoyo de los cabildos de Tenerife y Gran Canaria.

Familiares de niños robados en clínicas y orfanatos a partir de la dictadura franquista han pedido hoy al Gobierno español que aclare el paradero de los afectados, unas 30.000 personas, según sus cálculos, a las que denuncian que “les han cerrado las puertas” para investigar su origen.

“El Estado es el culpable” de lo ocurrido y, por ello, “quien tiene que resolver todo esto es el Estado, tiene que poner los medios” para que quienes buscan a hijos o hermanos que fueron separados al nacer, o poco después, de sus parientes para entregarlos a otras personas logren su objetivo, ha dicho hoy el representante de la organización que los agrupa en Tenerife, Raúl Rodríguez.

El cual, como presidente en esa isla del Colectivo Sin Identidad, que aglutina en diversas partes del país a quienes sufrieron esos robos, ha criticado que, aún décadas después de que ocurrieran los hechos que denuncia, “se les estén cerrando puertas, como se han estado cerrando durante mucho tiempo”, a los afectados.

Ciudadanos que llevan años demandando el acceso a los archivos oficiales que podrían ayudarles a solventar sus dudas sobre qué pasó con sus familiares sin que ninguna administración del país haya atendido sus peticiones hasta hoy, cuando el Cabildo de Gran Canaria les ha pedido formalmente perdón y se ha comprometido a colaborar en su búsqueda a través de una declaración institucional.

Declaración que ha sido aprobada por el Pleno de la corporación insular en una sesión seguida en directo por decenas de integrantes del Colectivo Sin Identidad llegados de distintos municipios y hasta de la vecina isla de Tenerife que han querido agradecer ese gesto y aprovechar la ocasión para invitar a secundar la iniciativa a otras autoridades.

Puesto que lo que les pasó a esos niños, “hombres y mujeres hoy día” que fueron “robados, adoptados con picaresca” valiéndose de “muchas triquiñuelas desde el punto de vista del Estado”, no habría sido posible sin la connivencia de las autoridades, ha argumentado Raúl Rodríguez.

La presidenta de Sin Identidad en Gran Canaria, Begoña Ramos, ha destacado las dificultades a las que se enfrentan los interesados en aclarar lo ocurrido, tanto por el hecho de que los sucesos que denuncian se produjeron durante “un periodo largo, porque los casos empiezan en los años cuarenta y siguen hasta los ochenta”, como por los impedimentos que han encontrado.

Hasta el punto de que ni siquiera han podido establecer con certeza cuántos casos podrían haberse producido en total, ha recalcado.

“Es muy difícil tener un cifra exacta, pero estimamos que son cientos, y que muchos ni siquiera se han enterado, y deberían ponerse a buscar porque es un crimen de lesa humanidad y no se puede quedar impune”, han sido sus palabras al respecto.

Las declaraciones de uno y otra han sido respaldadas por el presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, quien ha criticado que en otros tiempos “se utilizaran instalaciones públicas para traficar con niños robados”

Y ha añadido que eso ha llevado a que su corporación decidiera, “por unanimidad”, expresar sus disculpas por lo ocurrido y ofrecerse a ayudar a los afectados, con iniciativas como suscribir un convenio de colaboración con el Colectivo Sin Identidad que “garantice el pleno acceso a todos sus archivos” de sus miembros y, al tiempo, les apoye en la creación de una sede y una oficina de información.

El Cabildo de Gran Canaria se ha convertido este viernes en la primera institución de España en asumir su responsabilidad en el caso de los niños robados durante la dictadura.

La Corporación Insular ha pedido disculpas a petición de los propios afectados y les ofrece todas las facilidades para su lucha, como el acceso a todos sus archivos anteriores a 1978.

Este reconocimiento se ha efectuado a través de una declaración institucional, respaldada por tanto por todos los grupos, durante la sesión plenaria de este viernes. El presidente, Antonio Morales, subrayó que se efectúa “conscientes del sufrimiento, de las situaciones inhumanas padecidas por las víctimas de la compraventa de seres humanos y profundamente apesadumbrados porque muchos de tales hechos aberrantes se produjeran en hospitales y centros dependientes de este Cabildo aunque fuera en un diferente periodo histórico”.

El pleno contó con la asistencia de decenas de afectados procedentes de varias islas, entre ellos los responsables de la Asociación de Personas Desaparecidas de Gran Canaria, Begoña Ramos, y de Tenerife, Jorge Carrillo.

El responsable en Tenerife destacó al término que la aprobación del texto es un acto de “valentía de admirar”, ya que desconoce por qué otras instituciones españolas, como el Cabildo de Tenerife, se han negado.

Y es que esta declaración sin precedentes, prosiguió, supone reconocer al fin “que estos hechos sucedieron”, tanto a madres solteras como casadas, apostilló Ramos, ya que bastaba que cayeran en manos de la trama y detectaran debilidad social o de cualquier índole para robarles sus hijos.

En este sentido, también recordó que desde 1945 hasta 1980 la asociación calcula que hay más de 4.000 niños perdidos en Canarias. Sólo los orfanatos de Tenerife tenían capacidad para 600 niños y cada año salían y entraban unos 200.

Los centros “para agilizar esta labor entendida como humana pero con finalidad carroñera, se entendían con una mancomunidad que gestionaba los aspectos sociales, y en ese sistema se producían los traspasos de los niños”, insistió.

El Cabildo de Gran Canaria asume ahora su responsabilidad en este sistema que usaba diversidad de métodos, como inscribir a un gemelo y al otro no, o bautizos e inscripciones ficticias.

Se trata de toda una red que el acceso a sus archivos ayudará ahora a desenmarañar, ya que muchos niños fueron llevados a distintos puntos de España, ya fuera País Vasco, Galicia o cualquier otro, e incluso América. De ahí la importancia también, apuntó Begoña Ramos, de contar con una base de datos nacional.

Antonio Morales detalló que la declaración aprobada establece, además del perdón formal y público, respaldar la Proposición no de Ley del Parlamento de Canarias que insta al Gobierno regional a elevar al estatal medidas para hacer justicia y reparar el daño causado e instar a la puesta en marcha de una ley canaria de segunda oportunidad para las víctimas con el compromiso insular de respaldarla con todos sus medios.

Asimismo, defienden que los libros de texto educativos recojan el relato de estas graves violaciones de los derechos humanos para que no se vuelvan a repetir, tal como recoge la ONU, también queda establecido en la declaración junto a una campaña informativa para que los afectados sepan cómo proceder.

El acceso a los archivos insulares quedará formalizado a través de un convenio de colaboración al que se sumará otro para la puesta en marcha de una oficina de información en un local en el que efectuar todas sus actividades.

En esta línea se apoyará el convenio que el colectivo ya tiene con la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria para profundizar la investigación iniciada para desentrañar la trama.

Es una cuestión de dignidad, derechos humanos y derecho a la identidad. Por ello, el Cabildo sienta así “la base para una auténtica reparación del dolor que han padecido en silencio durante décadas, no hay desgarro mayor que desconocer la situación de los seres querido, el Cabildo los acompañará en el camino de la verdad y la justicia”.

El Cabildo de Gran Canaria se convertirá este viernes en la primera institución española que pide formalmente perdón a los bebes robados y a sus familias, en una declaración promovida por los seis grupos políticos que conforman su pleno (NC, PSOE, Podemos, PP, Unidos y Mixto).

En esa declaración institucional, el pleno del Cabildo de Gran Canaria se declara “profundamente apesadumbrado” por el hecho de que instituciones dependientes de la propia corporación insular -algunos hospitales y centros de acogida- hayan sido vinculados por las víctimas con esos robos “aberrantes” de menores, aunque esos episodios ocurrieran durante el periodo de la dictadura.

La corporación grancanaria se muestra por ello dispuesta tanto a “asumir de frente esa página negra” de su historia “predemocrática y preconstitucional”, como a “promover con decisión los derechos a la verdad, justicia y reparación de todas esas víctimas inocentes”.

Por ello, todos sus grupos políticos aprobarán este viernes que el Cabildo se sume al Parlamento canario en la declaración que este hizo en mayo para exigir “con carácter de urgencia al Gobierno de España distintas medidas de verdad, justicia y reparación a todas las personas afectadas por las tramas de desapariciones infantiles y compraventa de seres humanos en Canarias, para que, cuanto antes, tales familias puedan reencontrarse”.

El Cabildo da un paso más en esa declaración y “pide perdón” a las víctimas de los robos de bebes ocurridos durante el período preconsticional y antes de la aprobación del Estatuto de Autonomía de Canarias (1982), al tiempo que expresa su “más sentido homenaje a todos los afectados ya fallecidos (...) y a sus familias”.

El Colectivo Sin Identidad, que representa a las familias de niños robados en Gran Canaria, ha subrayado este jueves el valor de esta declaración, porque “por primera vez” en España una institución pública pide perdón de forma expresa por esos hechos, en una declaración además unánime.

El Cabildo insta al Gobierno de Canarias a que promueva una “ley de segunda oportunidad” para atender a las víctimas de tramas de robos de niños que hoy sufran exclusión social, en una tarea a la que se compromete a ayudar con sus servicios sociales.

Los seis grupos de la corporación insular proponen también que la historia de estos hechos “aberrantes” se incluya en los libros de texto en Canarias “en todos los niveles educativos”, para que ello garantice que no se olviden y, sobre todo, que no se repitan.

El Cabildo de Gran Canaria se muestra dispuesto, asimismo, a firmar un acuerdo con el Colectivo Sin Identidad para facilitarle el acceso a sus archivos previos a 1978, “a los efectos de investigación y de ayuda a las personas afectadas”.

En la misma línea, plantea la conveniencia de crear en la isla una Oficina de Información a las Víctimas, gestionada por el Colectivo Sin Identidad, y anuncia su apoyo a que se abran líneas de investigación sobre estas desapariciones infantiles forzadas en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria.

Una chica de 17 años llega al hospital. Está embarazada, sabe que será niña y la llamará Andrea. Su marido la espera fuera, mientras a ella la trasladan a una sala de preparto. Da a luz ahí mismo e inmediatamente ve a su hija moviéndose, todavía unida al cordón umbilical. Escucha su primer llanto mientras las enfermeras la envuelven en una sábana, se la llevan y le dicen que nació muerta.

“Me la robaron”, afirma Patricia Giménez, de 48 años. Lleva 31 buscando a su hija. “Yo era muy joven, estaba embarazada de seis meses y medio, y de repente comencé con dolores de parto. Apenas llegué al hospital, me dijeron que mi bebé iba a nacer muerto porque era prematuro”.

No lo entendía. “Tuve un embarazo bueno, sin problemas, y yo notaba cómo la niña se movía dentro de mí. Luego me llevaron a una sala de preparto, porque decían que las de parto estaban ocupadas. El lugar era muy oscuro, raro y grande, y solamente había una camilla”, recuerda.

La historia de Patricia data de 1984 en la ciudad argentina de Mendoza, sacudida por la última dictadura militar (1976-1983) en el país sudamericano. Entonces no era ninguna novedad escuchar hablar de personas desaparecidas, de niños usurpados de sus padres o incluso del secuestro de mujeres embarazadas.

El llamado Proceso de Reorganización Nacional profundizó el método del terrorismo de Estado para eliminar no solo a guerrilleros, sino también opositores en general. Según las organizaciones de derechos humanos, dejó un saldo de 30.000 desaparecidos, y con el tiempo se demostró que hubo una práctica sistemática de apropiación de recién nacidos. Madres despojadas de sus hijos y asesinadas después del parto, mientras sus niños eran entregados o vendidos a familias adeptas al régimen militar.

Por aquel entonces, cuando Patricia fue madre, la pesadilla parecía haber acabado y se empezaba a hablar de un nuevo camino hacia la libertad. No fue su caso. Después del parto, la anestesiaron, le practicaron un legrado y le impidieron ver a su bebé cuando despertó. “Me decían que no era posible porque psicológicamente no lo iba a poder superar, y que ya tendría más hijos. Me dieron el alta y me fui con mi familia, desolada y con los brazos vacíos”, cuenta sin apenas respiración.

Hoy, el convencimiento de que su hija sigue con vida le ha llevado a poner la denuncia 30 años después. Con ello se ha convertido en una voz referente para un grupo creciente de mujeres que han pasado por capítulos similares y que, por miedo, no se atrevieron a hablar. Hasta ahora.

“Creé una página en Facebook, que se llama Hija mía, te robaron cuando naciste, y de esta manera, empezaron a acercarse una infinidad de mujeres a quienes les sucedió lo mismo que a mí. Pensé que había empezado esta lucha yo sola, y me sorprendí al ver lo acompañada que estaba”, dice Patricia con una energía y un dinamismo que la caracterizan.

“Todas nos fuimos sin un certificado de defunción, sin un acta de nacidos muertos, sin nada. Si la verdad es que todos esos bebés fallecieron, que nos prueben que lo hicieron y que nos muestren qué hicieron con esos cuerpos. Necesitamos respuestas urgentes”, reclama.

Hijos en busca de su identidad

Son las nueve de la mañana, es sábado y todas las personas que van llegando se sientan en círculo. Escritos a mano en un trozo de papel que cuelgan con una aguja en sus camisetas, se identifican con sus nombres de pila, sin apellido. No hay huellas genealógicas. Todos buscan su verdadera identidad, todos fueron adoptados ilegalmente.

Como cada semana, los hijos e hijas que saben que fueron apropiados se reúnen con la psicóloga de la Red Argentina por la Adopción, Erica Curia, con quien iniciaron sesiones de terapia para resolver la angustia y encontrar pistas que les lleven a su origen biológico.

“Estoy en búsqueda pero es muy difícil. Todos lo sabían menos yo, y de repente pasé a ser un investigador privado, porque nadie te quiere decir nada”, explica José García, de 42 años. Con 15 años se enteró de que fue adoptado, pero en ese momento “no se dio cuenta de lo que acababa de descubrir”.

Hace un año, cuando murió su madre, volvieron todos los fantasmas del pasado. “Voy por la calle buscando algún parecido en las manos, en los rostros… Además, no cuento con los medios necesarios para costearme (una prueba de) ADN y los archivos de los hospitales se quemaron todos, o eso es lo que dicen”, asegura.

Cualquier persona que nació antes del 10 de diciembre de 1983 en Argentina –día en que se asumió un Gobierno constitucional elegido por sufragio– y tenga dudas sobre su identidad, puede contactar con la asociación civil Abuelas de Plaza de Mayo. Esta organización tiene como finalidad localizar y restituir a sus legítimas familias todos los niños secuestrados desaparecidos por la represión política, exigiendo castigo a todos los responsables.

Emprenden un trámite de búsqueda procediendo a la realización de un análisis comparativo del ADN con los grupos familiares de desaparecidos que se conservan en el Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG). El escrutinio y el análisis genético relacionado a las víctimas de desaparecidos en la dictadura son gratuitos, mientras que las personas con casos de filiación y parentesco no vinculados a crímenes de lesa humanidad deben pagar alrededor de 300 euros para realizarse los estudios, cifra que muchos de ellos no pueden permitirse.

“En la Argentina se habla siempre de la época de la dictadura, de los desaparecidos y de las madres que tuvieron a sus hijos en cautiverio y luego fueron vendidos por los militares. Pero esto que me pasó a mí y a todas estas mujeres ocurre en plena democracia. Tengo casos hasta del año 2010. Están robando bebés en la actualidad”, constata Patricia.

Se manifiesta cada sábado en las plazas de la ciudad de Mendoza, junto a todas las mujeres que la contactaron, con el objetivo de juntar firmas para solicitar al Parlamento la aprobación del Programa Provincial de Búsqueda Universal de Identidad de Origen y Biológica.

“Por el momento, el único banco genético que existe está vinculado a las víctimas de desaparecidos en la última dictadura. Creemos que es muy importante que se abra uno para todos los ciudadanos en general para acelerar las investigaciones correspondientes. Esto es trata de personas, es tráfico de bebés. Les están robando la identidad a nuestros hijos”, declara.

Bebés en venta

“Los más caros son los rubios de ojos azules. Los morenitos con pelito duro son mucho más baratos y los bebés con defectos físicos están al alcance de cualquiera”, declara María del Carmen San Martín, coordinadora del Registro Único de Adopción de Mendoza (Argentina).

Según Julio César Ruiz, presidente de la Fundación Adoptar, la actual ley de adopciones efectúa entregas legales de recién nacidos (de 0 a 1 año) tan sólo en un 25%. El resto, el 75%, son ilegales. La misma fundación viene señalando desde 2006 que la provincia de Mendoza encabeza un territorio más amplio que forma “la tercera fábrica de bebés argentina” para exportación al mundo.

Las ONG advierten de que muchas mujeres vulnerables que viven en el desconcierto y la inseguridad ante un embarazo inesperado, recurren a parteras o médicos vinculados con organizaciones que venden a sus bebés o se los dan a matrimonios para que los inscriban como hijos propios a través de distintos vericuetos legales.

Estas prácticas no suponen un delito en el Código Penal, por lo que los implicados quedan exentos de culpa mientras ese niño puede haber sido adquirido con fines de prostitución o pornografía infantil, explotación laboral, tráfico de órganos, narcotráfico o trata de personas.

El problema se agrava todavía más cuando la apropiación de bebés se da a partir de sustracciones contra la voluntad de las madres, como en el caso de Patricia y las mujeres que denuncian el robo de sus hijos.

“Me durmieron sin decirme que estaba de parto”

“La partera me dijo que el bebé respiraba mal y no paraba de preguntarme si estaba sola”. “Me dijeron que se había muerto, pero no la tuve nunca en mis brazos ni viva ni muerta”. “Lo quería ver y no me dejaron, me decían que me iba a impresionar”. “Me ataron y me durmieron, sin decirme nunca que ya estaba de parto”.

Son declaraciones que coinciden en los testimonios de mujeres como Alicia, Gloria, Lucía, Claudia y María. Todas ellas fueron al mismo hospital, el conocido Lagomaggiore, un sanatorio que arrastra sospechas desde la época militar. En 2010 tuvo lugar una investigación derivada de la denuncia por parte de un legislador de la provincia, que reveló la existencia de suficiente información para acreditar que una red de tráfico de bebés estaba operando en Mendoza, Buenos Aires y países limítrofes con dicho hospital.

Según la Fundación Adoptar, cada año se incrementan los promedios de desaparición de recién nacidos en Argentina. En la actualidad las estadísticas son de 12 recién nacidos por semana, que se sustraen a través de 12 pistas clandestinas que no poseen ni control policial ni radares.

En busca de la verdad

“Siempre he pensado que hay un pedacito de mí en este mundo dando vueltas. Lo único que quiero es saber la verdad”, cuenta Miriam Patricia Mujica, que denuncia el robo de su pequeña, dada por muerta sin hacer entrega del cuerpo, en 1987.

El pasado agosto se celebró la primera reunión entre madres que buscan a sus hijos e hijos que buscan su verdadera identidad de la ciudad de Mendoza. Allí, Dora Aguilar comparte su historia: “Yo empecé la búsqueda yendo al centro de salud donde me atendían durante la gestación y me dijeron que las historias clínicas habían sido quemadas. Luego fui al hospital al que trasladaron los informes del que yo di a luz, que ya no existe, y me dijeron que necesitaba un abogado. Entonces, fui a la fiscalía de la nación a poner la denuncia”.

Lleva 38 años buscando a una de sus hijas mellizas que los médicos negaron que hubiera dado a luz. Ahora, a sus 62 años y gracias al apoyo de Patricia y de otras mujeres, ha retomado la lucha para descubrir el paradero de su hija.

“Tengo unas fotos de Nora, que es la hija que criamos, su hermana. Como son mellizas, repartimos afiches con su rostro por las calles para ver si alguien la reconoce. En realidad, lo que deseo es poder hallar a mi hija y agradecerle a la gente que la tuvo, que la crió bien, que la cuidó. Sé que me robaron muchas cosas, toda su infancia, el poder tenerla, quererla, cuidarla… hasta el besarle una rodilla. Pero no importa, mientras que a ella la hayan criado bien, no importa. Ahora que ya somos grandes, lo único que importa es poder encontrarla”, suspira Dora.

Bebés robados de Argentina en democracia from Vanessa Escuer on Vimeo.

Los niños robados del franquismo 'entran' en las universidades de EEUU. Por vez primera, y como si repitieran a la inversa los pasos de la Brigada Abraham Lincoln. La Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY) ha tratado en unas jornadas el “drama” humanitario que afectó a más de 30.000 bebés secuestrados por la dictadura hasta 1952, según estiman las cifras oficiales. “Y que a partir de esa fecha hasta bien entrada la democracia siguieron desapareciendo en clínicas y maternidades en una cantidad incalculable, también como consecuencia del franquismo y de su herencia posterior”, aseguran los organizadores.

El marco del encuentro fue el ciclo Género, violencia de masas y genocidio: mujeres españolas y fascismo organizado en el Kupferberg Holocaust Resource Center del Queensborough Community College de CUNY. Un panel de expertas analizó “los casos de niños robados al nacer que, desde el inicio de la dictadura de Franco (1939-1975) hasta bien entrada la democracia, han sido silenciados por la opinión pública y todavía hoy bloqueados por el sistema judicial en España”, indica el centro estadounidense en un comunicado.

“Es la primera vez que se presenta el tema de los niños robados del franquismo en el contexto de la academia norteamericana y ha sido recibido con un gran interés por los asistentes, quienes realizaron numerosas preguntas y comentarios durante el debate”, explica a eldiario.es Andalucía desde Nueva York la profesora de Lenguas y Literaturas Extranjeras del Queensborough Community College, Aránzazu Borrachero.

Ideología de género franquista y políticas maternales

Desde una perspectiva de género, el encuentro citó a la profesora de la Universidad de Middlebury, de la Fundación Ortega-Marañón y presidenta de la asociación 'Todos los niños robados son también mis niños' –que forma parte de la Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA)–, Soledad Luque. Participó también la profesora de Historia y directora del Spanish and Mediterranean Studies Program de la Universidad Internacional de Florida, Aurora Morcillo.

Y la propia Aránzazu Borrachero, que presentó “el contexto histórico y las líneas generales de la ideología de género del franquismo en relación con las políticas maternales y pronatalistas”. La profesora es autora del proyecto denominado Mujer y Memoria, una recopilación “de historia oral y testimonios 'online' de mujeres españolas que vivieron la edad adulta durante la dictadura”.

Por su parte, Aurora Morcillo explicó “el poderoso papel de la mujer en la modernización de España” y desarrolló “los fundamentos ideológicos y las teorías de higiene racial de Antonio Vallejo-Nájera que justificaron la represión de las mujeres republicanas”. El que fuera jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares de la dictadura franquista dirigió en 1938 un estudio para “determinar qué malformación llevaba al marxismo”. Buscaba Vallejo-Nájera el “gen rojo”.

La historia del “robo de niños” en España

En el Kupferberg Holocaust Resource Center fue presentado el trabajo de la asociación 'Todos los niños robados son también mis niños'. Quedó explicada, de este modo, la “trayectoria histórica del robo de niños en el Estado español”, además de visualizar “la situación actual de las víctimas por la ausencia de justicia en nuestro país y la necesidad de buscar esta justicia fuera de nuestras fronteras en la denominada Querella Argentina contra los Crímenes del Franquismo a cargo de la jueza María Servini de Cubría”, señala Luque, que fue invitada por el Círculo Podemos-EEUU a presentar de nuevo este tema durante su estancia en Nueva York en el centro cultural La Nacional.

La Universidad de la Ciudad de Nueva York alberga 24 campus repartidos entre los distintos distritos de la metrópoli y más de 500.000 estudiantes matriculados. Y el Queensborough Community College, creado en 1959, ofrece estudios en Ciencias, Artes y Humanidades a unos 26.000 alumnos de más de 140 países. El caso de los bebés robados durante la dictadura franquista fue recibido así “con mucho interés” en la universidad pública más grande del país, informa a este medio la profesora Aránzazu Borrachero.

Un drama humanitario abordado desde el contexto de las políticas de género del régimen de Franco, de aquella dictadura que naciera de las cenizas del estallido militar que llevó a miles de voluntarios a inscribirse en las Brigadas Internacionales para combatir el fascismo. Y, entre ellos, 2.800 estadounidenses. Como los integrantes del Batallón Abraham Lincoln, héroes anónimos que abrirían, en casos, la senda neoyorkina de ida y vuelta que transita la memoria de los bebés robados del franquismo.

Las últimas acciones de los afectados por los casos de bebés robados en Andalucía parecen que están generando algún tipo de reacción. Tras el encuentro de las asociaciones con la presidenta de la Junta y antes del encuentro con los grupos parlamentarios, la Consejería de Justicia e Interior ya ha recibido la consigna de dar “un nuevo impulso” a una de las reivindicaciones de este colectivo, el acceso a la justicia gratuita.

“La Junta está dispuesta a asumir los costes de la justicia gratuita”, apuntan desde la Consejería a eldiario.es/andalucia. Lo cierto es que, para ello, se requiere un paso previo: que sean reconocidas como víctimas por el Estado español. Son los casos, contemplados en este ámbito, para “las personas víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación o sean consecuencia de su condición de víctimas”, según contempla ya la Junta con independencia de la existencia de recursos para litigar. Esa categoría de “víctima” solo la puede otorgar el Estado, insiste la Junta, pero desde Andalucía aseguran que, si no fructifica, “se buscará otra solución”.

Las personas afectadas aspiran a ese reconocimiento y han observado pasos, al menos a nivel internacional, en esa línea. Muy recientemente, la Comisión Europea ha reconocido que los afectados por los casos de bebés robados son “claras víctimas de crímenes contra los Derechos Humanos”. Las familias perjudicadas han tenido que marchar a Bruselas para que se atienda su petición, puesto que llevan años solicitando al Gobierno español ese reconocimiento sin que les hayan concedido la mencionada condición oficial de “víctima” por el robo de hijos o hermanos y por las adopciones ilegales.

En relación a Andalucía, María Bueno, de la Asociación por la lucha de madres de bebés robados de Andalucía (Alumbra), ya atisbó receptividad en la presidenta del Gobierno regional, Susana Díaz, señalando que les había trasladado que se iba a estudiar el tema de la justicia gratuita. Para los afectados es algo fundamental, ya que “hay casos que ni se han tocado porque las familias no tienen recursos económicos para acudir a la vía judicial” y “muchas familias no denuncian porque no tienen dinero”. Este periódico recordaba esta semana el caso de Ascensión López, de SOS Bebés Robados Almería, condenada por un delito de calumnias a pagar 40.000 euros tras acusar a una monja.

En ese misma línea se pronunciaba ya el pasado mes de agosto el diputado del PSOE en el Congreso José Luis Ábalos, quien instaba al Gobierno central, entre otras cuestiones, a establecer los mecanismos necesarios para que las familias afectadas por esta trama accedan a la justicia gratuita para llevar a cabo sus denuncias, “dado que en numerosos casos no pueden costearse el procedimiento judicial”.

Según explican desde la Consejería de Justicia de la Junta, lo ideal, “lo más lógico y coherente” sería que el Estado les otorgara ese reconocimiento de víctima. “Si eso no prosperara, se buscaría otra solución”, añaden desde la Junta a sabiendas de las dificultades que están teniendo las asociaciones y colectivos de casos de niños robados para obtener del Gobierno de la Nación la consideración de víctima para poder acceder a la justicia gratuita.

Las asociaciones afectadas por esta trama denuncian “la indiferencia del Estado español” ante su situación y, aunque el reciente pronunciamiento de Bruselas podría invitar a un cambio de rumbo en el Gobierno de Rajoy, los precedentes no son buenos. Y es que, según ya publicó eldiario.es, la ONU ya se pronunció en septiembre del año pasado sobre esta circunstancia en un análisis que realizaron sobre las víctimas del franquismo, donde se sugería a España que los afectados por los robos de recién nacidos pudiesen acceder “a archivos y fondos documentales oficiales y no oficiales”. El Gobierno tenía tres para cumplir con esas exigencias y “a día de hoy siguen sin implementarlas”, explicaba el presidente de la Federación Coordinadora X-24, Francisco González de Tena.

I Jornada sobre bebés robados en Andalucía

Por su parte, el presidente del Parlamento de Andalucía, Juan Pablo Durán, aseguraba en la tarde de este miércoles que las reivindicaciones de los colectivos de afectados por el robo de bebés en Andalucía “van a encontrar una respuesta y un compromiso de los cinco grupos políticos de este Parlamento” ya que está previsto que se apruebe en el pleno de la cámara una declaración institucional de apoyo a los afectados y sus familiares.

Durán, que inauguraba así en la sede del Parlamento una jornada sobre el robo de bebés en Andalucía organizada por las asociaciones de afectados, se mostraba convencido de que “la voluntad de los grupos parlamentarios es consensuar una declaración institucional lo antes posible para que se pueda leer en el Pleno y que sirva de manifestación clara de apoyo a los afectados y de impulso a las medidas que venís reclamando. Tenéis el compromiso firme de este Parlamento y de los grupos políticos que lo representan de nuestra mano tendida y de nuestra voluntad clara, sincera, cercana y honesta de colaboración con todos vosotros y vosotras”, ha dicho el presidente de la Cámara andaluza, según un comunicado del Parlamento.

“Tengo la sensación de que mi niña no está muerta, me dijo mi madre un día. En 2009 fui a informarme al cementerio y, efectivamente, allí no la habían enterrado. Nuestro caso lo han archivado ya dos veces, pero mantengo la esperanza de encontrar a mi hermana pequeña”. La primera denuncia de bebés robados durante la dictadura y los primeros años de la democracia en llegar a un juzgado la puso Isabel Agüera. Del sentimiento que solo una madre podría experimentar a su particular “asignatura pendiente”.

Corría el año 1970 y a la madre de Isabel le dijeron en el Hospital Civil de Málaga que su tercera hija había nacido muerta. La parturienta estuvo en coma varios días y el padre estaba trabajando en Suiza sin posibilidad de viajar. Cuando su madre sanó, “supuestamente ya la habían enterrado, sin autorización de la familia”, relata Isabel Agüera que, muchos años después, consiguió que un juez investigara por primera vez el robo de un bebé. Dice que le ayudó muchos el fiscal jefe, Antonio Morales, que en 2011 ya contabilizaba, solo en Málaga, unos 70 casos. “En Aberoa tenemos ya unas 500 familias afectadas”, señala Agüera, que lamenta que “la mayoría de casos son archivados”.

Agüera, de 54 años, preside de la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (Aberoa) que, junto a colectivos provinciales de afectados por el robo de bebés en Andalucía entre 1940 y 1990, acude este miércoles al Parlamento de Andalucía para celebrar la primera jornada regional de esta cuestión “para buscar la implicación y el compromiso” de los distintos grupos políticos (PSOE-A, PP-A, Podemos, Ciudadanos e IU). Ese compromiso tuvo la semana pasada un paso en falso con la proposición no de ley del Grupo Socialista en apoyo de las víctimas de bebés robados en Andalucía, que fue retirada finalmente del orden del día. “Se retiró para buscar el consenso con el resto de las fuerzas políticas”, argumentan los socialistas. El mismo consenso que pretenden esas cientos de familias para ese medio siglo de incertidumbres.

La lista de reivindicaciones es larga pero se pueden resumir en una: la firma de un compromiso mediante el cual se facilite la búsqueda de los desaparecidos y el reencuentro entre padres, hijos y hermanos. Entre las peticiones parciales destacan el acceso a sus historias clínicas en los centros hospitalarios públicos y a los registros de los cementerios, el instar al TSJA a la apertura de los archivos del Tribunal Tutelar de Menores, el reconocimiento oficial de víctimas por el robo de hijos o hermanos y por las adopciones ilegales conforme a los principios de Naciones Unidas o la creación una base de datos única de ADN para establecer las relaciones de parentesco.

Propuestas “guardadas en un cajón”

También se pretende instar a los obispados de las ocho provincias a colaborar con los colectivos, abrirles para su cotejo los registros de nacimientos, defunciones, adopciones y prohijamientos de los ayuntamientos y diputaciones, procurar a los familiares asesoramiento jurídico y atención psicológica y, en términos generales, promover la colaboración de la Administración andaluza y la regulación legal para resolver esta cuestión. “Nuestras propuestas las han ido guardando en un cajón, pero aquí andamos, en la lucha”, dice Agüera.

Hace apenas unos días, las asociaciones pidieron personalmente a Susana Díaz la ayuda de la Junta. La representante de la Asociación de Lucha de las Madres de Bebés Robados de Andalucía (Alumbra), María Bueno, explicaba a los medios que las causas judiciales de bebés robados se archivan siempre por “prescripción” de los supuestos delitos. “Los protagonistas han muerto y no hay documental suficiente para acreditar los hechos”, lamentó. “Cómo es posible que todo un aparato del Estado no sea capaz de llevar a cabo una investigación profunda para tener una documental suficiente”.

Entre las recientes iniciativas en Andalucía respecto a este amplio colectivo de afectados está la ley andaluza de Memoria Democrática que, en su Artículo 5 relativo a la 'Identificación de las víctimas', su apartado d) ha incluido a “ls niños y niñas recién nacidos sustraídos y los adoptados sin autorización de los progenitores”. Eel pasado verano, el PSOE a nivel nacional pidió justicia gratuita para los casos de bebés robados.

Este miércoles habrá intervenciones de miembros de los cinco grupos parlamentarios andaluces, junto a los representantes de afectados: Esperanza Ornedo (SOS Bebés Robados Huelva), Rosario Herrera (SOS Bebés Robados Cádiz), María Bueno (Alumbra), Salvador Rojas (Aberoa), Ascensión López (SOS Bebés Robados Almería) o Alfonso Cárdenas (Bebés Robados de Sevilla). También participarán los periodistas especializados Paco Lobatón, como moderador, y José Luis Gordillo como ponente.

“Algo tan inhumano, que desprecia tanto los principios básicos de los derechos humanos, la ley y la moral, no debería quedarse sin reparación. Dicha reparación es difícil, porque nadie puede devolver a un hijo o a una madre los años de amor y convivencia perdidos, las ilusiones compartidas ni la experiencia de unión natural con la familia. Pero sí se pueden dar pasos decisivos para facilitar que se haga justicia, que el dolor se convierta en ilusión y que los reencuentros entre los bebés injustamente robados, hoy ya adultos, y sus madres, padres y hermanos empiecen a ser una realidad”, señalan las asociaciones en el comunicado que anuncia la jornada de este miércoles y que resume su sensación de impotencia.

El caso de Ascensión López

Ascensión López, la representante provincial de Almería de las familias afectadas, tiene una historia particular. Hace unos días, esta supuesta bebé robada ha sido condenada por un delito de calumnias tras acusar a una monja de “organizar” su adopción por 250.000 pesetas en varios periódicos y programas de televisión. López, anunció que recurriría el fallo que le obliga en primera instancia a pagar una multa de 3.000 euros y una indemnización por “daño moral” de 40.000 euros, agradeció el “apoyo” y “respaldo” recibidos de las 26 asociaciones de bebés robados de España, quienes le trasladaron mensajes de ánimo tanto de forma directa como a través de las redes sociales, donde su foto se ha convertido en símbolo de protesta.

Pero Ascensión, como ya informó este periódico el pasado julio, declaró en un juzgado de Almería como testigo de la causa abierta que instruye la jueza María Servini en Argentina por los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos por el franquismo, lo que se conoce como 'querella argentina'. Ella cuenta con documentos que demuestran que algo no se hizo bien. “Tengo tres identidades distintas. Mismos padres, distintos nombres. Hasta los 14 años, mi nombre era María Dolores. Pero cuando voy a hacerme el DNI, no encontraba la partida de nacimiento en Sevilla. Hasta que una persona cercana me sugirió, como quien no quiere la cosa, que probara con María Ascensión. Y funcionó. Y después, en 2012 decido pedir mi expediente y buscar toda mi documentación y aparece un papel donde se me inscribe como Consuelo”.

La trama mafiosa que desde el franquismo y hasta bien entrada la transición robaba bebés a madres solteras coaccionándolas llegará a las pantallas. Será en forma de documental y con un título directo, hasta brutal: Bastardo.

Bastardo, iniciativa de dos productoras valencianas, Anlo y Kika Lux, intentará profundizar en la epopeya personal y profesional de un hombre, el abogado Enrique J. Vila, que ha dedicado su vida a averiguar la identidad de sus padres biológicos. La de ellos, y la de muchos otros españoles que batallan por conocer sus orígenes.

Vila podría ser uno de los miles de bebés robados en España desde el franquismo hasta bien entrada la transición. Es el abogado del caso de los niños robados en Madrid. En Valencia, no hay una investigación judicial abierta por este asunto, pero Vila ha denunciado a Sor Aurora, la exdirectora de la Casa Cuna de Valencia, porque el centro se niega a revelarle la identidad de su madre biológica. Alega, contra algunos indicios, que no tiene la información. El juez ha imputado a la religiosa, que ha sido llamada a declarar.

Ese día, será uno de los momentos claves de Bastardo, que intentará reflejar los vaivenes emocionales de una lucha de casi 30 años. Vila, que supo que era adoptado con 23 años, ya tiene 50. “No queremos glosar la tremenda historia de los niños robados, sino centrarnos en una persona que ha enfocado su vida personal y profesional a intentar conocer a sus padres biológicos y, de paso, a ayudar a mucha gente en ese empeño”, dice César Martí, director y productor del documental.

El rodaje ha empezado con una entrevista a Vila y la grabación de varios testimonios, continuará cubriendo la vista judicial en la que el abogado, que se representa a sí mismo, interrogará a Sor Aurora, y seguirá en 2015. Si la financión llega y los contactos con compradores y distribuidores se concretan en los plazos previstos, Bastardo podría estrenarse en 2016.

Muy pocos de los 180.000 casos de niños robados se resuelven judicialmente. Bastardo, que cuenta como guionista con Raquel Pérez Ejerique, jefa de sociedad de eldiario.es, se conforma con arrojar algo de luz sobre su historia.

Enrique J. Vila es conocido como el abogado que logró que se abriera un juicio por el caso de los niños robados de Madrid, parte de la trama mafiosa que robaba bebés a las madres jóvenes solteras coaccionándolas. Vila a su vez es un niño adoptado por el que, según declaran sus familiares adoptivos, se pagó un millón de pesetas de las de 1965. Acaba de conseguir que un juzgado de Valencia admita su querella contra sor Aurora, exdirectora de la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia. También contra la actual directora y el abogado de la institución. El motivo, no facilitarle el nombre de su madre biológica, a la que está buscando desde hace más de 20 años. El juez abre la puerta a ampliar la querella si ve indicio de otros delitos. Vila es además escritor y tiene varias novelas sobre la adopción y las inclusas. Una de ellas se ha llevado a la ficción en la serie de televisión 'Historias robadas'. 

¿Por qué ha presentado esta querella contra sor Aurora y la Casa Cuna de Valencia?

Por dos cosas. La primera, porque no quieren entregar los datos de las madres biológicas cuando la ley nos ampara a los hijos adoptivos. Incluso han mentido en procedimientos judiciales al decir que no tienen los datos cuando sí los tienen. En segundo lugar, sospecho entre los años 50 y 90 había tráfico de niños y a las madres las coaccionaban para que dieran a sus bebés en la Casa Cuna. Había dinero de por medio: 200.000 pesetas, un millón que pagaron por mí, cuatro millones...

¿Cómo sabe usted que las monjas han mentido y que sí tienen el nombre de su madre?

Llevo buscándola desde el 88. Cuando acudí a la Casa Cuna al principio me dijeron que no me los podían dar. No solo a mí, también a otros adoptados se lo dijeron. Cuando el Tribunal Supremo reconoció en 1999 nuestro derecho a conocer nuestros orígenes, cambiaron de argumento y nos dijeron que no tenían los datos, que no tomaban notas de las madres que iban a dar a luz. Sin embargo, las madres que hemos conocido confirman que daban su DNI.

¿Y el abogado de la institución no tiene un registro?

No cabe en la cabeza que un abogado de adopciones, más aún cuando muchas madres eran menores, no lleve un registro de esas niñas que daban a luz. El letrado al que pregunté entonces, ya fallecido, me dijo que era secreto profesional y no me lo podía dar, nunca me dijo que no lo tuviera.

Lleva buscando a su madre biológica casi 30 años. ¿Cuándo supo que era adoptado?

Me enteré a los 23 años. Mi padre estaba en el hospital muriéndose por un cáncer de pulmón. Estaba buscando entre sus papeles para las gestiones y encontré mi auto de adopción. Era una madrugada de mayo, no se me olvidará jamás. Fue una sorpresa tremenda. Mi madre estaba en casa, la desperté y me lo confirmó. Entonces empecé a buscar el nombre de mi madre biológica en expedientes, el registro civil, fui a hablar con las monjas, a la Diputación, a la Consejería... Pero no lo he conseguido.

¿Por qué es importante para usted que hayan llamado a declarar a sor Aurora?

Hemos ganado todos los procedimientos civiles para que nos den los datos. También el de abogado que alegó secreto profesional. Y no nos los han dado. Este procedimiento es diferente porque es penal, ya que están vulnerando mi derecho constitucional de conocer mis orígenes.

Usted sospecha que además puede ser un niño robado porque sus padres adoptivos pagaron un millón de pesetas.

Además de la vulneración de mi derecho a ser un ciudadano normal y conocer mis orígenes, la querella recoge que puede ampliar la imputación a otros delitos. Va a testificar un familiar que va a acreditar que mis padres pagaron por mí, lo sabía toda mi familia. Puedo ser un niño robado.

Usted se representa a sí mismo. ¿Qué le va a preguntar a sor Aurora?

Bueno, no se lo puedo avanzar. Tengo muchas ganas y hay muchas preguntas por responder. Y por primera vez esas preguntas van a ser contestadas delante de un juez, no en su casa.

¿Confía en que el 26 de mayo, el día de la declaración, se diga el nombre de su madre y la encuentre?

Es un paso más, pero después de 27 años buscando, la esperanza a veces se pierde. He salido en medios, en las redes sociales, en entrevistas... y no aparece nadie. O no quiere saber nada de mí o está muerta. Sin embargo, tengo esperanza en que las monjas me den su nombre, porque si no lo hacen delante de un juez pueden cometer un delito.

Las irregularidades en inclusas donde daban a luz mujeres solteras vuelven a salpicar a las monjas. Tras la muerte de sor María, imputada por el presunto robo de bebés en clínicas madrileñas y que falleció antes de que el juicio concluyera, ahora un tribunal llama a Aurora Gallego Losada. Es sor Aurora, exdirectora de la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia, que ha sido citada como querellada en un procedimiento penal en el que tendrá que ir acompañada por su abogado.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 19 de la ciudad ha citado a la monja, junto a la actual directora y al abogado de la institución, tras admitir a trámite la querella que ha puesto contra ellos Enrique J. Vila, adoptado en la Casa Cuna Santa Isabel de Valencia. A su vez, Vila es el abogado del caso de los niños robados en su rama madrileña, así que se representará a sí mismo.

Sospecha que él también es un niño robado y lleva 20 años intentando que sor Aurora abra los registros y facilite el nombre de su madre, algo que se tendría que haber hecho porque así lo ordenó un auto judicial de la Audiencia Provincial. Sin embargo, sor Aurora dice no tener ese registro. Algo que no acaba de cuadrar, ya que el testimonio de madres que pasaron por allí recoge que sí daban el nombre y la Casa Cuna de Barcelona, que es la matriz, los tenía y los hizo públicos.

Además, en el acto judicial, que se celebrará el próximo 26 de mayo, el magistrado ha llamado a declarar a un familiar adoptivo de Vila, que dará testimonio de que los padres pagaron por él un millón de pesetas de las de 1965, un indicio de que Vila podría ser uno de los miles de bebés robados en España desde el franquismo hasta bien entrada la transición.

Aunque el querellante denuncia coacciones, detención ilegal, falsedad en documentación pública, alteración de la paternidad, falso testimonio y estafa procesal, el juzgado ha admitido la querella solo por un delito contra la integridad moral. El magistrado entiende que la Casa Cuna ha podido causar un daño psicológico a Vila al poner trabas en la búsqueda de sus orígenes. Sin embargo, la propia querella recoge que se podría ampliar la imputación si durante las declaraciones observa indicios de algún otro delito. La monja tendrá que responder tanto a las preguntas del juez como a las del propio Enrique Vila, como abogado de sí mismo.

La Casa Cuna de Valencia se fundó en 1935 y, según declara en sus estatutos, es una residencia para 22 madres y sus hijos. También es centro de día para adolescentes embarazadas. “Ofrece apoyo y acogida”.

Sor Aurora llegó a esa sede 1965 y la dirigió en los años 80 hasta hace menos de un año, cuando se la sustituyó por otra monja que también aparece ahora como querellada. La institución, acusada por algunos adoptados de ser parte de la red de compra de niños robados, fue demandada en 2012 por 21 niños nacidos allí que querían conocer el nombre de sus madres biológicas.

La Casa Cuna de Valencia la dirigen las Siervas de la Pasión. En su sede de Vigo, investigada por la venta de niños, una de las religiosas admitió haber recibido 47.000 pesetas por hacer gestiones. De momento, la sede valenciana ha recibido denuncias y acusaciones, pero no se le ha abierto proceso judicial por la trama de niños robados.

Sor Aurora es una reconocida religiosa de Valencia que se prodiga poco pero que ha recibido honores de la administración pública a propuesta siempre del Partido Popular. Su labor al frente de la Casa Cuna que ahora se pone en entredicho tuvo sus frutos con otro reconocimiento impulsado por la Generalitat Valenciana: Premio Mujer Trabajadora de les Corts Valencianes en 2002 por “su lucha personal y destacado trabajo en defensa de la vida de los más débiles y necesitados”.

En 2011, el pleno del Ayuntamiento, gobernado por Rita Barberá, acordó distinguirla como Hija Adoptiva de la ciudad. Compromís votó en contra y el PSPV e Izquierda Unida se abstuvieron. Tras recibir la distinción, y preguntada por la posible relación de la institución con la trama mafiosa de robo de bebés, la monja, en una de sus escasas declaraciones públicas, señaló que las adopciones se hicieron “tal como la ley lo ha requerido”.

No solo ella, también la institución que dirigía, fue galardonada en 2002 con el Premio Valenciano a la Solidaridad y el Voluntariado por «su desinteresada tarea en su proyecto de apoyo familiar y social para mujeres e hijos que no tienen recursos». Una proposición no de ley del pasado mes de febrero pretendía quitarle los reconocimientos, pero la mayoría absoluta del PP tumbó la propuesta.

El Arzobispado de Valencia ha declinado hacer declaraciones sobre la querella admitida a trámite contra sor Aurora.

Auto AdmisióN (PDF)

Auto AdmisióN (Text)

Josefina Musulén es nieta de represaliados y desaparecidos republicanos y sobrina de una niña robada. En el juicio a Baltasar Garzón por investigar los crímenes del franquismo relató, como testigo de la defensa, cómo el 13 de agosto de 1936, un falangista se llevó a su abuelo, miembro de la Confederación Nacional del Trabajo (CNT), y a su abuela embarazada. Le dijeron que a esta, en el tiro de gracia, le habían reventado la tripa. En 1978 comenzó la búsqueda y consiguió encontrar a varios amigos de su padre. Uno de sus familiares había estado en el Hospital Provincial cuando su abuela dio a luz. “Nació su hija, se la llevaron las monjas y ella fue fusilada en Torrero. Del paritorio al paredón”, relata.

Desde la Asociación de Mujeres Amparo Poch, de la que es presidenta, trabaja por la igualdad y la participación de las mujeres en la vida política y cultural. Mantiene vivo el recuerdo de las víctimas del franquismo y presta su apoyo a las familias como miembro de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Aragón (Armha).

Cada 14 de abril, Día de la República, se echa la vista atrás, ¿qué es lo que vemos?

Que seguimos luchando por encontrar a los familiares desaparecidos, con dignidad y sin miedo, porque sabemos que es nuestro derecho. Y lo que no vemos. Que ha habido mujeres protagonistas de la historia de la República que han sido las grandes olvidadas, que hubieran ocupado el lugar que se merecían si hubieran nacido hombres. En 1933, en el marco de la huelga general que llevó a la mitad de los ciudadanos de Zaragoza a la cárcel, se creó el comité revolucionario de la CNT con seis hombres y tres mujeres (Pilar Bretón, María Castaneda y Dolores Lerín). De los hombres hay muchas referencias en Google y de ellas, nada.

Ese es el trato histórico que se le ha dado a multitud de mujeres como Amparo Poch, médica, activista y antifranquista, o a Antonia Maymon, anarquista, feminista y la primera naturista, quien en su época ya tuvo planteamientos que hoy en día continúan siendo revolucionarios. Es lo mismo que ocurrió con la dirigente anarcosindicalista Teresa Claramunt o con la primera mujer alcaldesa de la Segunda República Española (en Gallur, en 1932), María Domínguez Remón. Y así, decenas y decenas de ellas.

Desde la asociación también recordáis a otras mujeres que sin estar en la lucha antifranquista sufrieron las injusticias del régimen.

Sí, los centenares de embarazadas a las que les arrebataron sus bebés por motivos ideológicos.  A pesar de que este tema se haya deslindado del franquismo, las redes de robos de niños comenzaron con la guerra. Un punto de partida fue la puesta en marcha, en Madrid, en 1936, del laboratorio de investigaciones psicológicas, encargado de estudiar las raíces psíquicas del marxismo. El médico y militar Antonio Vallejo-Nájera, jefe de los Servicios Psiquiátricos Militares de la dictadura, elaboró un estudio cuyo objetivo era demostrar la inferioridad mental de las personas con esa ideología, buscaba el gen rojo para determinar dónde estaba esa malformación ideológica. Con los años, las redes de tráfico de niños se fueron perfeccionando a través de clínicas y órdenes religiosas que robaban a los bebés de aquellos que perdían la guerra, lo hacían por razones políticas.

Y de eso habla precisamente “Sonrisas robadas: los niños robados del franquismo”, una de las últimas charlas que realizáis desde la asociación.

Con ella pretendemos recordar que hubo un gran número de casos de bebés robados durante la dictadura, una práctica que se prolongó durante el tardofranquismo y que hoy alcanza la cifra de unos 300.000 niños en España.  Pero el objetivo también es explicar que ese mismo tráfico de bebés continuó en los años 60, 70 y 80 y que no fueron robos aislados que nada tienen que ver unos con otros. En 2010, algunos de estos casos salieron a la luz. Hasta entonces nadie hablaba de esto, pero muchas familias ya habíamos denunciado y no nos habían hecho caso.

¿Han servido las redes de apoyo y de búsqueda que se desarrollaron desde ese momento?

Es cierto que con Internet y la creación de nuevas plataformas mejoró la comunicación entre aquellos que intentábamos localizar a familiares desaparecidos, y lo mismo con las personas que sospechaban que podían haber vivido en primera persona o de cerca uno de estos robos. También se ha intentado trabajar en bancos de ADN, poner en común las investigaciones, pero la realidad es que hay miles de personas en España que desconocen que ellos mismos fueron uno de esos niños robados, y la ley de protección de datos junto a la inactividad de las instituciones sirve de excusa y de escollo para no dejarnos continuar avanzando.

¿Confían en que eso cambie con otro Gobierno en el poder?

Sabemos que tendremos que seguir luchando por cada dato para encontrar a los nuestros. No esperamos que las dificultades sean menores después de las elecciones.  La esperanza está en la búsqueda de las familias y la querella argentina, desde la que asociaciones de memoria histórica y familiares tratamos de encontrar las vías para dar con ellos.

Primero les cambiaron sus vidas y ahora la justicia les deja desamparados. Las víctimas de los bebés robados no encuentran los cauces legales que les conduzcan a sus familiares biológicos. Para muchos, el tiempo se puede estar agotando, ya que algunos padres, madres o hermanos, en caso de no haber fallecido, estarían en edades avanzadas.

El abogado Enrique Vila es miembro experto en Derechos Humanos del Club Unesco y lleva 20 años ayudando a personas a encontrar sus orígenes biológicos. De acuerdo con sus datos, la sustracción de recién nacidos comenzó en la década de los cuarenta y se extendió hasta los años noventa. A través de un cálculo estadístico en base a su experiencia, Vila mantiene que de los dos millones de adopciones que hubo durante esas décadas en España, 300.000 son falsas.

Sin embargo, no todas tienen que ser fruto del robo de bebés –puede ocurrir que una madre entregue al niño y sea inscrito como hijo biológico de otra mujer– Vila cree que al menos el 60%, unas 180.000, sí lo son. Son cifras difíciles de determinar, pero en cualquier caso elevadas, y que no encuentran una respuesta proporcional de las autoridades. Desde que se presentó la primera denuncia, hace más de cinco años, no ha habido una sola condena. Y miles de personas –los últimos datos de la Fiscalía, de 2011, habla de 1.500 denuncias– viviendo verdaderas odiseas en los juzgados.

Como la de Esperanza Ornedo. La declaración de defunción de su hermana indica que falleció el 23 de marzo de 1968, después de que su madre diera a luz un “feto hembra de término”. En el documento del Registro Civil de Huelva coinciden las fechas, pero en este caso aparece escrito que el alumbramiento fue de un feto de seis meses de gestación. Además, el parte con la firma del facultativo aparece tachado. El Juzgado de Instrucción Nº2 de Huelva sobreseyó el 20 de febrero su caso, que fue recurrido el pasado 5 de marzo.

Aunque la Fiscalía General del Estado publicó una circular en diciembre de 2012 con la intención de unificar criterios en todo el territorio nacional –en la que indicaba que tanto la detención ilegal como la sustracción de menores deben considerarse un delito permanente– el texto no ha servido para modificar la doctrina de la Audiencia Provincial de Huelva, que en noviembre de 2012 emitió un auto en el que consideraba el robo de bebés fuera del supuesto de detención ilegal e indicaba que los delitos relacionados habían prescrito.

A pesar de que la separación de poderes permite que los jueces tengan independencia con respecto a la Fiscalía, en la mayoría de regiones españolas se han seguido las indicaciones de esa circular. José Luis Orta, abogado de afectados en Huelva, denuncia cerca de un centenar de casos prescritos en la provincia y tres de ellos recurridos ante el Tribunal Constitucional por una diferencia de criterios entre las regiones españolas. Las asociaciones SOS Bebés Robados de Huelva y Cádiz presentaron una denuncia conjunta el pasado 10 de abril ante el Parlamento Europeo buscando amparo en la justicia comunitaria.

La Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir), maneja cifras muy distintas. Hablan de cerca de 4.000 denuncias, de las que ya se han archivado el 80%.

Las víctimas tampoco lo tienen sencillo a la hora de acceder a documentos que puedan aclarar sus orígenes. Algunos proceden de centros ya desaparecidos o que han cambiado de titular, como la clínica San Ramón, el Hospital Hispano Alemán (actualmente la Clínica Ruber) o la Clínica Velázquez y encontrarlos resulta imposible.

Por otro lado, los expedientes de adopción los tenían que tramitar las antiguas Juntas Provinciales de Protección de Menores o los Tribunales Tutelares, ambos dependientes del Ministerio de Justicia. El abogado Guillermo Peña explica que en esos escritos podrían estar algunas de las claves para aclarar muchos casos, pero asegura que no logra que la Administración Pública los entregue.

La lentitud de los juzgados

Paloma Pérez tiene descubrió hace diez años que era una niña robada. Un análisis de ADN demostró que aquella que siempre había creído su madre, no lo era. Según los documentos que acreditaban la maternidad, la mujer habría dado a luz dos veces en tan solo una semana en marzo de 1957. El Juzgado de lo Penal Nº24 de Plaza de Castilla sobreseyó el caso 19 de septiembre de 2013. Fue entregada cuando era solo un bebé, pero la sentencia dictaba que “a pesar de que la querellante ha aparecido en varios programas de televisión {...} no existe que se conozca ninguna denuncia o reclamación por parte de persona alguna que permita identificar a la que sea o haya sido la madre biológica de la querellante”.

La Audiencia Provincial de Madrid reabrió el caso el 13 de enero de 2014, pero la causa avanza con lentitud. Paloma cree que la solución puede estar en los libros de registro de la clínica Santa Cristina y la maternidad O'Donnell, dos los centros donde presuntamente se llevaba a cabo el robo de bebés. Su abogado, David Serra, sostiene que se trata de un problema político de falta de voluntad y que no interesa solucionar el asunto.

La justicia también está actuando con parsimonia en el caso de Juani Fernández. Tiene una partida de nacimiento falsa de su hermano del Arzobispado de Madrid. Juani quiere que se busque en los libros de partos de Santa Cristina y en el Registro Civil las madres que parieron el mismo día en el que nació su hermano, pero en la actualidad su caso se encuentra sobreseído provisionalmente en la Audiencia Provincial de Madrid.

Pruebas caras en una oficina “inoperativa”

En febrero de 2013, el Ministerio de Justicia abrió una oficina en la calle La Bolsa de Madrid para atender a las víctimas de los niños robados. “Vamos a poner todo nuestro empeño y dedicación para que los casos se puedan esclarecer”, aseguraba entonces el secretario de Justicia, Fernando Román. Pero todos los afectados y abogados con los que ha contactado eldiario.es hablan de la “inoperatividad” de la oficina.

El denominado Servicio de Información de posibles casos de bebés robados ha presentado recientemente las cifras sobre sus primeros 12 meses de actividad. En total 476 personas de diferentes comunidades autónomas han utilizado el servicio y 213 han aportado perfiles genéticos, por ahora sin ningún caso resuelto. Una cifra poco halagüeña, si se tiene en cuenta, por ejemplo, que SOS Bebés Robados del País Vasco asegura tener cerca de 2.000 pruebas genéticas y la Asociación Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares (Anadir) alrededor de 2.000 expedientes.

La oficina dispone de un banco de datos de ADN. Pero las pruebas no son baratas. El servicio madrileño, el único que existe en todo el país, remite a dos laboratorios: Genómica y CGC Genetics, donde cifran el coste del análisis en 120 y 110 euros, respectivamente.

A pesar de los datos, Carmen de Troya, directora de la oficina, insiste en al servicio ha sido útil en algunos casos y que está en manos de los afectados obtener un mayor rendimiento. En cuanto a la posibilidad de una gratuidad de las pruebas, alude a la actual coyuntura económica. Por el momento no anuncia ningún cambio que sirva para obtener unos resultados más positivos.

Los senadores socialistas Maru Menéndez, de Madrid, y Tontxu Rodríguez, del País Vasco, se han reunido esta semana con varias asociaciones de afectados por las desapariciones de bebés ocurridas durante la dictadura franquista y en años posteriores, para escuchar sus demandas y quejas ante la lentitud que aprecian por parte de las instituciones gobernadas por el PP frente a este drama.

En ese encuentro, los representantes de los colectivos Adelante Bebés Robados; Todos los niños son también mis niños, Anadir, SOS Bebés Robados y Colectivos sin Identidad, pusieron sobre la mesa los numerosos problemas con los que se siguen encontrando para investigar el paradero de los niños robados, como el archivo de los casos en las fiscalías y las dificultades que les ponen cuando pretenden acceder a los archivos de los hospitales, iglesias, juzgados y ayuntamientos.

La preocupación por esa situación fue compartida por ambos senadores socialistas, que se comprometieron a impulsar en la Cámara alta iniciativas para que el Gobierno del PP tome nota del asunto. De hecho, según adelantaron fuentes del grupo socialista a eldiario.es, les aseguraron que pedirán la comparecencia de Ruiz Gallardón en la Comisión de Justicia del Senado y presentarán además al ministro una interpelación, con su consiguiente moción, para que explique qué medidas va a tomar para agilizar los trámites y las investigaciones que hay en curso, así como para reabrir las causas archivadas.

A su vez, los representantes de estos colectivos anunciaron su intención de iniciar la recogida de firmas para impulsar una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) para que la cuestión se someta a debate en el Parlamento.

En febrero de 2013 el ministro Gallardón inauguró la Oficina de Atención a las Víctimas de Niños Robados, situada en número 8 de la calle de la Bolsa de Madrid. Con ella colaboran el Ministerio de Justicia, el del Interior, el de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y la Fiscalía General del Estado.

Según los datos facilitados por este servicio que dirige Carmen de Troya, durante su primer año de funcionamiento un total de 476 personas han recurrido a él para intentar aclarar el paradero de bebés supuestamente sustraídos. La Comunidad de Madrid, con 162 casos, es la que ha registrado el mayor índice de expedientes, seguida de Cataluña con 31, Canarias con 23 y Andalucía con 18. En cambio, en Asturias, La Rioja, Navarra, Ceuta y Melilla no se ha registrado ningún caso en este primer año de funcionamiento de la oficina.

Sin embargo, los colectivos de ayuda a estas víctimas, sin menospreciar la labor de la Oficina, creen que es “insuficiente”. Por este motivo, piden que se cree una comisión de trabajo de carácter permanente que se encargue de reabrir los casos que han sido archivados y que atienda los numerosos problemas que siguen teniendo. Entre ellos, el hecho de que las pruebas de ADN tengan que ser costeadas por las propias víctimas, o las numerosas trabas burocráticas que deben afrontar para realizar exhumaciones.

“Las víctimas de estos dramas que traspasan las fronteras españolas no buscan reparaciones económicas. Simplemente pretenden lograr una reparación moral porque tienen derecho a saber la verdad”, afirman los senadores socialistas que recibieron a estos colectivos.