La Mesa de Contratación del Ayuntamiento de Logroño ha propuesto esta mañana la adjudicación del contrato de conservación y mantenimiento de infraestructuras verdes y elementos de mobiliario urbano de la ciudad bajo la estrategia de desarrollo circular a la UTE formada por las empresas Enviser y Agua y Jardín. La oferta presentada a la licitación asciende a 6.267.446,63 euros anuales.

La oferta propuesta para adjudicación fue una de las siete que concurrieron inicialmente a la convocatoria, de las cuales cinco habían superado la semana pasada el mínimo exigido en la fase de valoración de los criterios indicados en el pliego de cláusulas administrativas.

En esta última fase, la oferta de la UTE formada por Enviser Servicios Medioambientales, S.A.U. y Agua y Jardín, S.L. ha sido valorada como la más ventajosa, por encima de las presentadas por EULEN, Acciona Medio Ambiente, la UTE formada por FCC Medio Ambiente y Perica, y Althenia.

En la valoración de las propuestas presentadas se han tenido en cuenta, además de las ofertas económicas, aspectos como la programación de operaciones de conservación de infraestructuras verdes y arbolado, el mantenimiento preventivo programado de elementos abióticos o la relación de flor de temporada, entre otros.

La propuesta de la Mesa de Contratación se elevará ahora a la Junta de Gobierno Local, órgano competente para la adjudicación del contrato, para su estudio y decisión definitiva.

 Avance tanto cuantitativo como cualitativo en espacios verdes

El nuevo contrato de conservación y mantenimiento de espacios verdes supone un avance significativo en términos cuantitativos respecto a la superficie que se habrá de mantener con el desarrollo que se prevé en este tipo de infraestructuras verdes con el desarrollo de nuevos espacios con el objetivo de crear un anillo verde que rodee la ciudad.

Asimismo, supondrá también un avance en términos cualitativos, puesto que dicha conservación y mantenimiento de establecerá con arreglo a criterios de circularidad con carácter integral. Dichos criterios se percibirán en términos de eficiencia energética e hídrica, de movilidad sostenible, de digitalización de sistemas, de adaptación al cambio climático, de gestión de plagas y enfermedades mediante lucha biológica, de clasificación de tipologías de infraestructura verde en la ciudad, de biodiversidad y de economía circular.

El Gobierno del Principado ha decidido rescindir unilateralmente el contrato con la Unión Temporal de Empresas (UTE) adjudicataria de la ampliación y reforma del Hospital Universitario de Cabueñes por los retrasos que acumulan las obras, iniciadas en agosto de 2022.

Ahora, el personal técnico de la Consejería de Salud debe ponerse a trabajar en la redacción de un nuevo proyecto de obras que incluirá la parte de la ampliación contemplada en el contrato con la UTE que todavía no se ha ejecutado.

Además, ese proyecto incorporará también varias mejoras en innovación y la determinación de los procesos señalados en el documento anterior como zonas grises -espacios pendientes de ejecutar hasta la definición de sus funciones- como son las áreas de laboratorio, farmacia, esterilización y hemodiálisis.

Salud pretende definir ese proyecto “en el menor tiempo posible para sacarlo a licitación inmediatamente después, en este mismo año”.

20 millones certificados

Según la consejería de Salud, hasta el momento la sociedad encargada de las obras de ampliación sólo ha certificado 20 de los 79 millones en los que se adjudicaron los trabajos cuando han transcurrido ya prácticamente dos años y medio desde su inicio.

El Gobierno de Asturias, después de haber comunicado reiteradamente a la empresa la preocupación por la lentitud en la marcha de la actuación y haber incoado un expediente administrativo el 6 de febrero de 2024, que se solventó el pasado diciembre con la imposición de una penalidad, ha decidido finalmente resolver el contrato.

Según informa la consejería en un comunicado, fueron numerosas las ocasiones en las que se solicitó a la empresa que cumpliera los plazos establecidos, dada la necesidad de contar cuanto antes con un centro hospitalario de referencia para el área V, más moderno y actualizado.

No obstante, finalmente se decidió resolver el contrato para “velar por el cumplimiento de la legalidad, el buen uso de los recursos públicos y la defensa de los intereses de la ciudadanía”.

Con esta decisión, la consejería pretende también reducir el impacto de las demoras y dotar al área sanitaria, en el menor tiempo posible, de un hospital “más amplio, confortable, funcional y tecnológicamente más avanzado”.

La dotación económica para esta actuación está garantizada con los 42 millones recogidos en el presupuesto autonómico de 2025 para la ampliación del hospital.

Retrasos acumulados

La primera fase de las obras de mejora y ampliación del Hospital Universitario de Cabueñes se iniciaron en agosto de 2022, nueve años después de que el Ejecutivo hubiese anunciado su intención de mejorar el centro sanitario de referencia en Gijón.

La ampliación prevé la construcción de un nuevo edificio de 51.232 metros cuadrados que duplicará la superficie actual del complejo y que será el centro de la actividad asistencial en el que primará un modelo de alta resolución.

Albergará urgencias, que duplicarán su espacio, así como consultas externas, bloques quirúrgicos, UCI, laboratorios, farmacia, esterilización, diálisis y el hospital de día oncohematológico.

La Unión Temporal de Empresas (UTE) que gestiona Marina La Palma, formada por Puerto Calero Marinas SL y el Real Club Náutico de Santa Cruz de La Palma, ha solicitado al organismo público Puertos del Estado ampliar 15 años más la concesión administrativa que, desde 2010, tiene concedida por 35 años, según ha podido saber LA PALMA AHORA. Con ello, la concesión sería por 50 años. Una fuente de Puerto Calero SA, entidad vinculada con el socio principal de la UTE, asegura que, si bien se encuentra, desde el pasado 25 de junio, en concurso de acreedores, la actividad se desarrolla con normalidad. Un portavoz oficial ha apuntado que, ahora mismo, están en negociaciones con algunos operadores.

Marina La Palma, desde su puesta en marcha en 2010, se ha convertido en un punto de referencia de la capital palmera. Situada en la parte norte del puerto de Santa Cruz de La Palma, junto a las instalaciones del Real Club Náutico, surgió a raíz de las obras de ampliación y remodelación del Puerto. Dispone de 180 pantalanes para embarcaciones menores. En el año 2010 se inauguró el edificio de servicios con oficinas, locales comerciales, restaurantes y todo lo relacionado con el deporte náutico. El personal de Marina La Palma presta sus servicios de marinería, mantenimiento y vigilancia las 24 horas. Sus visitantes disponen de toma de agua y electricidad individual, baños, duchas privadas y wifi, entre otros servicios.

Puerto Calero SA, la empresa que gestiona las concesiones públicas de dos puertos deportivos en Lanzarote, otro en Fuerteventura y un cuarto en La Palma, entró en concurso de acreedores al arrastrar una deuda con bancos y acreedores de unos 35 millones, según ha informado Diario de Lanzarote.

La cifra de negocios de la compañía, según el reseñado digital, que tiene la concesión para construir y explotar Marina Lanzarote, Puerto Calero, el puerto deportivo de Santa Cruz de La Palma y otra marina deportiva en Morrojable, ascendió a 4,4 millones de euros.

Sin embargo, añade, las deudas a largo plazo con los bancos alcanzaban los 18,7 millones, a corto plazo llegaban a los 4,8 millones, a los que se sumaban otros 8,7 millones de deudas con acreedores y 2,3 millones adicionales de deudas con empresas del grupo o asociadas.

“Como consecuencia de la tensión de liquidez”, el pasado 19 de febrero Puerto Calero Marinas presentó en el Juzgado de lo Mercantil la comunicación del inicio de “negociaciones” con los acreedores, que se contempla en la Ley Concursal, según se destaca en las cuentas de la compañía.

La empresa aseguró que esperaba “solventar esta situación refinanciando la deuda a corto plazo”, así como con “desinversiones puntuales en caso de que fuera necesario”. La compañía valora sus terrenos y construcciones en 41,4 millones y sus instalaciones técnicas en 6,4 millones de euros.

El nuevo grupo de gobierno en el Ayuntamiento de Santa Brígida se reunió el pasado miércoles con la constructora adjudicataria de la construcción y concesión del complejo del centro comercial, aparcamientos, plaza pública y parque urbano situado en el centro del casco urbano de Santa Brígida, denominado mamotreto, para intentar solventar la situación de bloqueo en la que se encuentra la parcela desde hace años.

A la reunión asistieron el alcalde, José Armengol; el concejal de Urbanismo, Eduardo Martín; el de Educación y Cultura, Melquiades Álvarez; la de Vías y Obras, Oneida Socorro, y, por parte de la constructora, Juan Madrigal, ex gerente de la UTE, Antonio del Toro y Enrique Hernández, abogado y nuevo gerente de la UTE, respectivamente.

Según explica el Ayuntamiento en un comunicado, tras un primer intercambio de impresiones, ambas partes convinieron en que el bloqueo del solar ocupado por el centro comercial “se ha tornado intolerable tanto para la ciudadanía, como para el Ayuntamiento y la propia constructora, además del deterioro de la imagen del municipio de Santa Brígida de cara a la opinión pública”.

En este encuentro, los representantes de la corporación y de la UTE anallizaron las posibles consecuencias de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias en julio de 2014, que obliga al Ayuntamiento a indemnizar a FCC con unos 8 millones de euros más unos 3.800 euros diarios por lucrocesante desde el momento de paralización de las obras, lo que a día de hoy ascendería a unos 19 millones de euros según cálculos aportados por Antonio del Toro.

El concejal de Urbanismo, Eduardo Martín, recordó al letrado y a sus representados que a raíz de la mencionada sentencia, el Ayuntamiento interpuso un incidente de nulidad de acciones que, en caso de prosperar, anularía el efecto de la misma.

Además, los representantes municipales esgrimieron una serie de hechos que, en su opinión, “contradicen el título y objeto del contrato”, como “la sustitución de los multicines por una superficie alimentaria, la ocupación parcial de la vía Presbítero Blas Marrero, que queda fuera de alineación con respecto a la malla urbanística actual, y que como especifica claramente el Pliego de Condiciones debía prolongarse a lo largo del edificio para desembocar en el Paseo Guiniguada; el propio rediseño del proyecto en contra de lo estipulado en contrato, que afectó a un sustancial cambio de volumetría y superficie construida del mismo...”

Los representantes de FCC se comprometieron a enviar un índice de documentos del caso al concejal de Urbanismo y al alcalde con el fin de poder cotejarlos con los escritos del expediente custodiado en el Ayuntamiento y aportarlos, en caso de ser requeridos, a los asesores externos que el grupo de gobierno está consultando.

El consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, continúa con su estrategia de cargar las tintas contra el Ayuntamiento de Toledo a cuenta del nuevo Hospital de la ciudad. Hoy ha hablado de la “preocupación” que hay entre las empresas que se ocupan de la obra puesto que, según ha dicho, ya tenían que haber contratado alrededor de 1.000 personas y eso supone una “pérdida de oportunidades laborales”. Un dato curioso hablar de tal número de contrataciones si se tiene en cuenta que aún está pendiente el contrato con la empresa que debe hacer el seguimiento técnico, y que está recurrido en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales (TARC). El propio gerente del SESCAM, Luis Carretero, reconoció en su momento que eran varias las empresas que habían presentado recurso de contratación, por lo que había que esperar a la resolución.

Además, tampoco hay proyecto de ejecución de la obra porque la actual Unión Temporal de Empresas (UTE) lo está redactando. Mientras no exista ese proyecto, el grueso de la obra no puede empezar, sino tan solo los derribos y el acondicionamiento de la caseta de obra. Con todo ello, según fuentes cercanas a la obra pública, los 1.000 empleos a los que hace referencia no están confirmados y no serían ni en este momento ni en el total de plazo de la obra.

Echániz resta importancia a estas consideraciones y sigue insistiendo en la licencia municipal de inicio de obras como la principal traba para este proyecto y lo personaliza en el alcalde, Emiliano García-Page. Es más, ha afirmado que si no concede esa licencia, la Consejería se planteará “cuestiones de carácter judicial”, y añade que “no hay derecho a que se utilice electoralmente la paralización de una obra que se tenía que haber puesto en marcha hace dos meses”.

Como viene siendo habitual, lo que Echániz no ha mencionado es que fue el Gobierno de María Dolores de Cospedal el que decidió en enero de 2012 rescindir el contrato de la antigua Unión Temporal de Empresas (UTE), formada por Acciona, Ferrovial y Contratas la Mancha, que llevaba trabajando desde 2006 en la construcción del centro. Y aunque el nuevo contrato se escenificó el pasado 10 de marzo, harían falta unos 18 meses para finalizar las obras, desde el momento en que la licencia municipal se concrete.  

Sin embargo, junto con varios alcaldes de la provincia, en un acto cuya foto ha tenido que ser desplazada de sitio por orden de la Junta Electoral de Zona, Echániz ha reiterado tal petición y sigue argumentando que “no hay justificación para que la licencia no esté”, al tiempo que quita credibilidad a que el Ayuntamiento de Toledo achaque su rechazo a “anomalías” cuando detrás hay “una clara intencionalidad política”.

El caso es que tales irregularidades existen, y que los servicios técnicos del Ayuntamiento están trabajando en la tramitación de la licencia solicitada, un proceso en el que se han detectado “varias anomalías” y que se lleva a cabo en el marco jurídico que ofrece el Plan de Ordenación Municipal (POM). El portavoz del Gobierno municipal, Rafael Perezagua, y el concejal de Urbanismo, Javier Nicolás,  han explicado que la mera solicitud de la licencia y la tramitación de la misma confirma que el Plan de Ordenación Municipal (POM) está vigente y sigue siendo, mientras se resuelva el recurso planteado en el Tribunal Constitucional, el marco jurídico y urbanístico que rige todo el proceso administrativo.

Marco del POM y anomalías en la petición de licencia

Según Perezagua, el consejero de Sanidad, José Ignacio Echániz, “debe reconocer que el camino que pretendía el PP (la anulación del POM) es un error” ya que no se podría tramitar la licencia en las condiciones actuales y, además, tendrían que recoger en el proyecto la construcción de un túnel de acceso a las urgencias, infraestructura que no está en la documentación presentada.

Por su parte, el concejal de Urbanismo ha señalado las anomalías detectadas por los técnicos en el expediente presentado por los responsables del proyecto, precisando como aspecto genérico la utilización de manera indistinta como marco legal del POM o el Plan Especial del Hospital (en vigor en el año 2007, previo a la aprobación del POM) en función del desarrollo del proyecto, en lugar de emplear un solo criterio.

Tampoco se ha remitido un estudio de movilidad ni se ofrecen propuestas sobre la ordenación tráfico, a pesar de que en reuniones previas, antes de la paralización de las obras, se trató este asunto y de la necesidad de ofrecer una solución para evitar problemas en la circulación. Otras anomalías detectadas son la falta de solución a espacios aparentemente sin uso pero donde desembocan salidas de emergencia, la ausencia de señalización sobre la circulación en el interior de un recinto que tendrá 7.000 plazas de aparcamiento y las dudas sobre la validez del helipuerto que se consigna.

El Ayuntamiento ha agrupado en un solo expediente las tres licencias solicitadas (para una caseta de obra, de derribo y la del proyecto básico) para facilitar la tramitación, y ha informado de que, en cualquier caso, la concesión de la licencia no supondrá el inicio de las obras ya que los trabajos comenzarán cuando esté aprobado el proyecto de ejecución, que todavía no se ha presentado.

Algo más de 13 millones de euros. Esta es la cantidad que pagó el Cabildo de Tenerife a las empresas Acciona y Construcciones Darias por las obras de la vía de servicio y modificación de enlaces de San Isidro-Aeropuerto Sur, lo que supone un encarecimiento de 4,5 millones, un 53% más con respecto al presupuesto por el que fueron adjudicadas: 8,5 millones. Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso mirametv.com, el sobrecoste fue autorizado el 9 de marzo de 2012 por el consejero de Carreteras, el socialista José Luis Delgado, a pesar de conocer una serie de informes técnicos que advertían de que la UTE había inflado los precios por encima del valor del mercado.

Las discrepancias entre los técnicos del Cabildo y las empresas adjudicatarias se remontan al anterior mandato. El 25 de enero de 2010, el director de la obra y el jefe de Servicio de Carreteras emitieron un primer informe en el que alertaban de que la UTE había presentado una valoración muy por encima de los precios de mercado sobre las modificaciones llevadas a cabo en el proyecto inicial. La falta de acuerdo entre las partes provocó que el expediente quedara sobre la mesa, hasta que fue rescatado por José Luis Delgado en 2012, después de que los técnicos insulares propusiesen que se liquidasen los trabajos sin tener en cuenta las tasaciones de Acciona y Construcciones Darias, al no haberse pronunciado hasta ese momento el órgano de contratación.

El director de las obras quiso desmarcarse en un nuevo informe, que firmó el 12 de marzo de 2012, de la decisión que adoptó el consejero de Carreteras “en una reunión mantenida el 9 de marzo de 2012”, al dejar por escrito, una vez más, las diferencias de precios entre lo solicitado y las valoraciones de los trabajadores del Cabildo.

“Sin proyecto modificado”

El pago final de 13.088.341 euros se llevó a cabo a través del Decreto de pago a proveedores. Este hecho, según declaraciones de José Luis Delgado, explicaría las prisas a última hora por aprobar el expediente. “La empresa renunció a más de un millón de euros en intereses de demora a cambio de que se autorizara el gasto”, recalcó el consejero del PSOE. La UTE solicitó en 2010 un pago de 14,7 millones, que redujo a la cantidad final “después de una dura negociación”, según Delgado.

El político socialista fue más allá y culpó a la anterior directora insular de Carreteras del sobrecoste de la obra, Ofelia Manjón, trasladada a otro puesto por discrepancias con Delgado, a la que responsabilizó de que los trabajos se llevaran a cabo “sin proyecto modificado aprobado por el Consejo de Gobierno”, pese a que en los informes técnicos se alude a la existencia del documento que debería plasmar los cambios en el proyecto original. Según el consejero, esta práctica fue “habitual” en el pasado mandato, y añadió que esta es una de las cuestiones que en su momento denunció en la Fiscalía y que han dado pie a la apertura de una investigación por parte del Ministerio Público.

José Luis Delgado insistió también en que la UTE “había amenazado con demandar”, por lo que decidió “poner por delante el interés público, ya que era mucho más el dinero al que renunciaban en concepto de intereses de demora que la discrepancia por los precios de los materiales”.

Informes técnicos

En el primer informe, fechado el 25 de enero de 2010, los técnicos valoraron el nuevo precio de las obras en 11,1 millones de euros, frente a los 14,7 millones que en un principio solicitaban las empresas adjudicatarias. Así, por ejemplo, mientras que Acciona y Construcciones Darias proponían aplicar un coste de 97,67 euros por metro cúbico de hormigón, el director de la obra rebajaba la cuantía a un valor orientativo de 71 euros, al considerar que “los precios que propone la UTE no son de mercado”. Por este concepto, el Cabildo pagó finalmente un sobrecoste de 557.941 euros.

También advirtieron los técnicos de que era “un poco elevado” el precio fijado por las constructoras sobre los movimientos de tierras que se tuvieron que llevar a cabo para el aumento de terraplén. Por estas modificaciones, finalmente, se pagó un incremento sobre el proyecto original de 239.515 euros.   

Los desacuerdos entre las partes también afectaban a diferentes trabajos complementarios que tuvo que ejecutar la UTE, por los que pedía un incremento presupuestario a pesar de que se basó para ello en “partidas alzadas sin justificar, precios nuevos sin descomposición y unidades que esta dirección entiende que son de proyecto”, como explicaron los técnicos en su informe de 2010. Algo similar ocurría, siempre según el criterio de los trabajadores de Carreteras, con las cuantías reclamadas por los desvíos de tráfico acometidos durante las obras, “que no están justificados” al venir “contemplados en el capítulo de Seguridad y Salud”.

Tampoco estaban conformes los técnicos del Cabildo con otra de las valoraciones llevadas a cabo por las empresas adjudicatarias, que inicialmente reclamaron 66.614 euros al tener que realizar el cajeado del arcén como excavación en zanja y no como desmonte, en contra de lo que proponía el proyecto. Para el director de la obra y el jefe de Servicio, la cantidad adecuada era de 33.013 euros, al proponer que se descontase “la parte que se ha certificado como desmonte”.

Los técnicos del Cabildo, además, cuestionaron que la UTE solicitase una indemnización por el retraso de la obra en relación a los tiempos establecidos en el proyecto original. Para ello, en el momento de la redacción del primer informe, cifraban en 17 meses la demora de los trabajos, toda vez que inicialmente se estipuló en 20 y ya alcanzaba los 37 meses, lo que elevaba la factura en 1,1 millones. Para el director y el jefe de Servicio, este extremo no cabe al considerar que “el incremento de la obra da lugar a un incremento del plazo”, por lo que el retraso computable sería solo de siete meses. Asimismo, advertían de que si existía una nueva demora a partir de la fecha del informe sería consecuencia de la “no aceptación del modificado y por lo tanto no dará lugar a un incremento en esta reclamación por retrasos en las obras”.

El área de Carreteras se ha colocado en el ojo de la polémica en los últimos meses, después de conocerse la investigación abierta por la Fiscalía ante las presuntas ilegalidades denunciadas, tras una investigación interna, por el actual responsable del área. A estos hechos, en las últimas semanas, se han sumado las controvertidas adjudicaciones del político socialista a la empresa de un exconsejero de su partido, Juan Miguel Martín Zarza, como adelantó mirametv.com, que obligaron al propio Delgado a comparecer en el pleno celebrado el pasado viernes en el Cabildo de Tenerife.

En enero de 2012, el Gobierno de María Dolores de Cospedal decidió detener las obras del nuevo Hospital en el barrio de Santa María de Benquerencia en Toledo. La decisión se tomó después de una inversión de alrededor de 140 millones de euros. El Gobierno justificó la paralización de las obras debido al retraso en las mismas y a la situación que sufrían los fondos regionales: la misma Consejería de Sanidad llegó a reconocer que la obra, calificada como faraónica, tenía que reconsiderarse por ser demasiado grande.

Justamente tres años después, el Consejero de Sanidad y Asuntos Sociales, José Ignacio Echániz, anuncia de forma pública en la televisión regional que “se pretende empezar con los primeros elementos de la obra” en los próximos meses de primavera. Si esto llega a suceder, y debido a las mismas condiciones del contrato, el Hospital deberá estar finiquitado a finales del próximo año. “Ha costado mucho retomar y replantear este proyecto”, ha asegurado Echániz, quien también señaló que era una obra paralizada, con la que no se podía continuar debido a la falta de fondos.

Durante la paralización de dicha obra, María Dolores de Cospedal aseguró que la “obra faraónica”, de la cual hacía responsable al anterior Gobierno socialista“, no se llevó a su ejecución definitiva entre 2006 y 2010, y que el Partido Popular sólo podía resolver ”los desmanes que dejó el PSOE“ atendiendo al interés general de la región. En la misma línea se ha manifestado hoy Echániz, quien ha agradecido la ”inteligencia y sentido común“ de la Administración. ”Vamos a gozar de un Hospital con máximas capacidades“, ha afirmado el titular de Sanidad, quien también ha recalcado que el tamaño del Hospital será mucho menor y que el espacio sobrante se tapiará, no se derruirá, con miras a las posibles necesidades futuras.

Por su parte, el PSOE regional ha anunciado que pedirá a la Junta de Comunidades el expediente completo del proceso que ha llevado a cabo el Gobierno actual con el nuevo Hospital. Fernando Mora, portavoz de Sanidad, ha asegurado que Cospedal podría haber terminado la obra hace dos años, pero que paralizó el hospital a pesar de tener recursos y financiación porque ha preferido hacer un negocio del mismo. Mora hizo también hincapié en la perdida de los fondos europeos que estaban dirigidos a esta iniciativa.

La Mesa de Contratación del SESCAM ha aprobado definitivamente la licitación del proyecto del nuevo hospital de Toledo, el proyecto que ha estado parado desde junio de 2011 y que ha concedido a la única oferta que se ha presentado al proceso, la Unión Temporal de Empresas (UTE) formada por OHL, Acciona y Desarrollo de Construcciones Viarias Dos que ante la falta de competencia en todo el proceso se ha permitido presentar una oferta mucho más cara que la media nacional en este tipo de proyectos.

Precisamente esa falta de competencia era uno de los puntos señalados por los técnicos para dudar de todo el concurso público, que de media en España para este tipo de proyectos de estas cantidades suelen tener unas 4 ofertas. A ello hay que sumar los antecedentes de cada una de las empresas que forma la UTE ya que todas tienen sombras en su entramado que han hecho dudar de la transparencia en la operación: el presidente de OHL está imputado por la construcción de otro hospital (el de Son Espases, en Mallorca); Acciona fue la empresa concesionaria del proyecto hasta la paralización del mismo por el gobierno del PP y Desarrollo de Construcciones Viarias Dos es una empresa con un capital escaso de 13.000 euros pero controlada por Florentino Pérez (presidente de ACS).

A ello hay que sumar que el gerente del servicio de salud regional (Luis Carretero) ha sido llamado a declarar en Palma de Mallorca precisamente por su implicación en la construcción del hospital de Son Espases para dentro de dos semanas, en una investigación que busca conocer los entresijos que hubo en la construcción de ese centro y que imputó al que era presidente autonómico Jaume Matas.

El presupuesto inicial del proyecto era de 1.947 millones, pero la oferta presentada y aprobada ha sido de 1.855 millones, 92 millones menos que se distribuirán a lo largo de 30 años siendo 2'3 millones al año. Es una rebaja del 5% sobre lo presupuestado cuando de media en este tipo de concursos la rebaja al presupuesto inicial suele ser en torno a un 30%.

En los próximos días ya se firmará el contrato definitivo para reemprender la obra que está actualmente terminada entre un 50 y un 60%. Además de la construcción se aprueba la privatización de los servicios no sanitarios de todos los hospitales de la ciudad de Toledo así como los de los Centros de Diagnóstico de Illescas, Torrijos u Ocaña. Está estimado entre los 500 y los 600 millones de euros el sobrecoste de privatizar estos servicios respecto a lo que costarían si se hiciesen bajo gestión pública, además firmándose la privatización de estos servicios hasta 2046.

Excepto el PP, todos los partidos de la región ya han declarado que eliminarán ese proyecto ahora firmado para construir el hospital que es necesario pero bien haciéndolo con todos los servicios públicos, lo que ahorrará costes a las arcas públicas.

El 22 de octubre pasado la Mesa de Contratación del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) dio inicio a la valoración de la única oferta presentada para concluir la obra del nuevo Hospital de Toledo y la gestión de los servicios de dicho centro y de otros siete del área sanitaria de Toledo.

El 6 de noviembre la Mesa pidió informes técnicos complementarios. La complejidad del Pliego y de la documentación requerida no impidió que el órgano de contratación calificase el 25 de noviembre la oferta, apenas un mes después de conocida. Ese mismo día se abrió el sobre con la oferta económica presentada por el único licitador, la UTE formada por Acciona, OHL y una filial de ACS, que resultó apenas un 5% inferior al tipo, 47,98 millones de euros anuales que deberá pagar la administración al adjudicatario.

Tres semanas después, sin embargo, el contenido detallado de dicha oferta sigue sin publicarse formalmente en el Perfil de Contratante de la Junta, requisito imprescindible y previo a la adjudicación, por lo que, aunque el camino parece despejado tras la desestimación de algunos recursos judiciales planteados desde la anterior dirección facultativa del Hospital (el estudio de arquitectura Sánchez-Horneros, los sindicatos CCOO y UGT, o el PSOE) no parece probable que las obras se reanuden hasta bien entrado el año próximo, en plena “precampaña” electoral.

Respecto de la valoración de la oferta arquitectónica de finalización de la construcción, dotación de equipamiento y explotación de servicios del nuevo hospital y de otros siete centros, llama la atención la baja puntuación otorgada por la Mesa para tratarse de un único licitador que además tenía información de primera mano, al menos en el aspecto constructivo, al participar en la UTE que ahora licita un anterior adjudicatario (Acciona) que intervino en la construcción del Hospital de Toledo hasta su paralización unilateral por el Gobierno de Cospedal hace ahora tres años.

Los apartados que se valoraron son:

1.- Propuesta arquitectónica y funcional, valorando su incidencia en la calidad asistencial y sus costes asistenciales y la propuesta de instalaciones con atención al ahorro energético. Se puntúa con 60,1 puntos sobre 100, siendo el subapartado de la incidencia en los costes asistenciales el peor valorado, que es el que determina, según el Pliego de Condiciones, “el impacto del diseño (arquitectónico y funcional) en los costes”.

2.- Propuesta técnica de construcción y de equipamiento: se puntúa con 60,5 sobre 72.

3.- Propuesta de prestación de servicios no clínicos: recibe 129,53 puntos sobre 188 posibles (69%).

4.- Finalmente la propuesta de explotaciones comerciales en los centros sanitarios que se incluyen en el Complejo (ocho centros asistenciales en total) recibe 20,20 puntos sobre 40, es decir, un 50,5%, una de las peor puntuadas.

En total se le asignan 270,33 puntos sobre un máximo de 400 (un 67,58%), aunque solo obtiene un 12,63% más del mínimo que habría dejado fuera la oferta y que se estableció según Pliego en 240. Poco más del mínimo (270'33, siendo el mínimo 240 y el máximo 400) en una oferta que al carecer de competencia podía ofrecer unos servicios mínimos y ser aceptada aún así.

La apertura del sobre 3, el último para la concesión de la privatización de los servicios no sanitarios del área sanitaria de Toledo así como la construcción del que será el nuevo Hospital Universitario de Toledo será el martes 25 de noviembre a las 13:30 horas en la sede central del SESCAM, ubicada en el polígono Santa María de Benquerencia de Toledo, concretamente en la avenida Río Guadiana nº4.

Este sobre es el último trámite para la privatización del servicio y para que la única empresa que participa en el proceso pueda reemprender la obra de construcción del nuevo centro ubicado justo enfrente de la sede del SESCAM. Este sobre trata de la oferta económica y se abre una vez valorada la oferta técnica y los requisitos para el proyecto.

La apertura del sobre se realiza mediante una convocatoria de la Mesa de Contratación que es pública, todo vecino que quiera puede asistir a la misma. De hecho miembros de Izquierda Unida y de otras formaciones han pedido tanto en esta como en las anteriores ocasiones a los vecinos que acudieran al acto para verlo en persona, en lo que ellos llaman “la venta de la sanidad pública”, un asunto que como se han señalado desde diversos frentes “huele mal” ante la ausencia de ofertas en el proceso y las similitudes con procesos que han acabado siendo investigados por corrupción con los mismos protagonistas presentes y que los miembros de Izquierda Unida representaron en la anterior Mesa de Contratación de hace un mes entrando a la sala con pinzas en la nariz.

Al no haber competencia por el proceso, el trámite es simplemente burocrático aunque sí ha sorprendido el hecho de que a pesar que la Mesa pidió a la Unión Temporal de Empresas (formada por Acciona, OHL y Desarrollo de Construcciones Viarias Dos) más información sobre numerosos puntos de la oferta técnica el 6 de noviembre, toda esta información se haya “despachado” tan rápidamente en menos de 20 días desde que fue solicitada (que no recibida).

Los propios organismos públicos alertan del peligro de corrupción en los concursos públicos en los que acuden demasiadas pocas empresas para lo habitual. En el caso de este tipo de construcciones, en España la media son cuatro ofertas por proyecto; sin embargo para el hospital de Toledo solo se presentó una única oferta y con algunas empresas cuyos representantes están imputados por corrupción también en la construcción de hospitales.

Al acto se ha rogado que asista la máxima gente posible una vez más al ser el último paso para la “privatización” de la sanidad toledana hasta el año 2046.

El área integrada de salud del hospital de Toledo, que aglutina la construcción del nuevo hospital universitario y la privatización de todos sus servicios, incluidos los centros ya construidos así como los centros sanitarios de Ocaña, Torrijos e Illescas, ha quedado licitado para las empresas Acciona, OHL y Desarrollo de Concesiones Viarias Dos S.L.

El acto, que se ha alargado algo más de lo planeado para que todos los asistentes pudieran acreditarse para el mismo y dar fe del evento, ha consistido simplemente en la apertura del llamado “sobre número 2”, que contiene toda la información técnica del proyecto, anunciando a su vez que la oferta hecha, la única, por otra parte, ha quedado aprobada para su licitación. Es decir, que se concede a esa unión de empresas todo el desarrollo de la obra del nuevo hospital por hacer así como los servicios no sanitarios de todos los centros de la provincia hasta el año 2046.

Con la muestra de la documentación, extraída de un arcón precintado y bajo llave con irónica forma de ataúd, los asistentes que han llenado la sala han visto con expectación un acto que no deja de ser meramente burocrático. Ahora la documentación debe ser estudiada por los técnicos del Sescam, una pila de archivos que abarca diversos tomos y varias decenas de kilos en documentación.

Al acto han asistido numerosos manifestantes que han querido mostrar su repulsa a la venta de estos servicios, y el acto ha finalizado bajo las protestas de los asistentes que pedían que la sanidad no se vendiera. En total al acto han asistido unas 50 personas.

Entre los presentes estaban miembros de las corporaciones locales de Izquierda Unida y de UPyD, que han querido mostrar su repulsa a todo el proceso. Aurelio San Emeterio y Javier Mateo, los miembros de IU, han mostrado durante todo momento junto con los asistentes una pinza en la nariz, señal de que “este negocio huele mal”. Tampoco han faltado proclamas por una sanidad pública que ahora queda a merced de la supervisión de esta única oferta por parte de los técnicos del Sescam que con toda seguridad darán su visto bueno.

El concejal socialista Alfonso Campoamor denuncia que el alcalde, Juan José Cardona, "negó siempre" que los trabajos se encontraban paralizados, hasta que "no le ha quedado más remedio que reconocerlo".

Campoamor reclama al PP que exija a la única empresa que acometerá a partir de ahora las obras - Ingesport - que se comprometa a cumplir los plazos de finalización establecidos en los pliegos del contrato.

El grupo municipal del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha culpado al grupo de gobierno del Partido Popular (PP) de la nueva paralización que sufren las obras del centro de ocio y deportes de La Cícer, tras la ruptura de la Unión Temporal de Empresas (UTE) que tenía que llevarlas.

El concejal socialista Alfonso Campoamor recuerda la labor del gobierno municipal de supervisar el transcurso de los trabajos y denuncia que el alcalde, Juan José Cardona, “negó siempre” que los trabajos se encontraban paralizados, hasta que “no la quedado más remedio que reconocerlo”. “Esa ineptitud del PP es la que ha provocado que la piscina de La Cícer siga sin terminarse 16 meses después de que el proyecto fuera retomado”, apostilla en un comunicado.

Campoamor reclama al PP que exija a la única empresa que acometerá a partir de ahora las obras - Ingesport - que se comprometa a cumplir los plazos de finalización establecidos en los pliegos del contrato, firmado entre la UTE y el Ayuntamiento en octubre de 2012.

Asimismo, señala que Cardona “no ha dejado de darse golpes en el pecho diciendo que la piscina se inauguraría en esta primavera”, cuando la puesta de la primera piedra se retrasó hasta agosto pasado, motivo por el que la fecha de apertura se retrasó hasta septiembre de este año. “Ahora dicen que para final de año. ¿A qué juega Cardona? No hace más que vender humo a los ciudadanos hablando de que gracias a él se va a acabar la obra y lo único que ha conseguido el alcalde es convertir el solar de la futura piscina en un criadero de mosquitos”, manifiesta.

El concejal visitó la zona que rodea al solar de La Cícer en obras y recabó, de nuevo, docenas de quejas de vecinos y trabajadores por la invasión de mosquitos. Al respecto, explica que hace varias semanas que no se mueve una piedra en la obra, lo que “unido a las fuertes lluvias del último mes, han convertido el solar de la piscina en una especie de ciénaga en la que los mosquitos se reproducen por millones, mosquitos que luego atosigan a los que viven y trabajan en la zona convirtiendo sus casas o trabajos en una auténtica incomodidad”.

“Eso es lo que ha conseguido Cardona, no sólo no ha abierto el centro de ocio y deportes en las fechas que él mismo anunció sino que ha hecho la vida imposible a los que frecuentan esta zona de Guanarteme”, concluye.

Apenas unos meses después del caos provocado por la huelga de la basura en Madrid, Alicante se enfrenta a una huelga indefinida del servicio de limpieza urbana y recogida de basuras después de que los trabajadores votaran este lunes en contra del preacuerdo alcanzado el pasado domingo entre el comité y la dirección para ampliar en un mes el plazo de negociación del nuevo convenio. Finalmente, la mayoría de los empleados (252 contra 161 sobre una plantilla de 513 trabajadores) decidieron mantener los paros.

Se mantienen unos servicios mínimos del 50 por ciento para la recogida de basuras y del 35 por ciento para la limpieza viaria, según informa el diario Información, que apunta que los trabajadores recogen diariamente entre 800 y 1.000 toneladas de residuos sólidos urbanos, mientras que el comité estima que con los servicios mínimos se quedarán cada día en la calle entre 400 y 500 toneladas de residuos.

El pasado 9 de enero se producía la primera reunión ante el Tribunal de Arbitraje Laboral para intentar alcanzar un acuerdo que evitara la huelga, un acercamiento que los trabajadores consideraban inviable después de que la empresa adjudicataria, la UTE-Alicante, decidiera 'descolgarse' del convenio.

Recurso de EU

Además, se da la circunstancia de que Esquerra Unida tiene recurrida la adjudicación, que asciende a unos 495 millones de euros por un periodo de 12 años, ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV). La UTE-Alicante está participada por el empresario Enrique Ortiz, imputado en el caso Brugal junto a la alcaldesa, la popular Sonia Castedo.

Precisamente, desde EU denunciaban que “la empresa quiere mantener e incluso aumentar sus beneficios pasando por encima de todo, de los derechos de los trabajadores, del convenio laboral, del pliego y del Ayuntamiento”, al tiempo que calificaba de “temeridad” que la UTE-Alicante se plantee reducir la plantilla mediante amortizaciones por jubilación en 50 trabajadores cuando “con la plantilla actual no se cubren las necesidades”.

EU propuso rescatar la contrata, lo que habría supuesto un ahorro anual próximo al 20%, al no tener que pagar ni el IVA ni el beneficio empresarial, lo que cifran en unos 7 millones de euros, lo que habría permitido “mantener la plantilla y los derechos reconocidos mediante el convenio, e incluso aumentar la plantilla para garantizar una adecuada limpieza en toda la ciudad”.