Un juzgado de Sevilla ha confirmado el archivo de las actuaciones contra el exdirigente de la Conferederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Santiago Herrero y otros miembros de la anterior cúpula directiva de la patonal. Fueron denunciados e imputados por presunta estafa por parte de una quincena de contratistas que participaron en la construcción de una promoción de viviendas de protección oficial (VPO) en Sevilla Este. La construcción está por terminar desde hace años, y los empresarios denunciaban los impagos y el presunto beneficio patrimonial ilícito de los gestores aprovechando el auge inmobiliario de hace unos años.

“No todo incumplimiento contractual lleva aparejado un delito de estafa”, considera la jueza de Instrucción número 3 de Sevilla, que sigue sin apreciar relevancia penal en la actuación de los ocho denunciados y confirma el archivo de la causa que ya adoptó a finales del pasado mes de febrero. Contra este último auto judicial, fechado el 14 de julio, cabe recurso de apelación ante la Audiencia de Sevilla.

Apunta la jueza que “los contratos de ejecución de obra suscritos entre la fundación y Dolmen ya contemplaban una posible desviación de los costes”, como ya advirtió la Fiscalía, y rechaza la proposición de practicar nuevas prueba planteada por los empresarios contratistas recurrentes, así como que se llame a declarar en calidad de peritos a los autores del informe aportado por el fiscal y el informe de la Sareb.

El mismo juzgado archivó una querella presentada por la Asociación de Vecinos Isbylia contra la constructora Dolmen Consulting y la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA y promotora de las viviendas, por apropiación indebida. También se archivó, por parte de la Fiscalía, la denuncia presentada por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (Sareb), que en diciembre de 2012 se hizo cargo del crédito de 50 millones que Bankia otorgó en 2007 para la promoción 'Isbylia'.

Los contratistas indicaron en su recurso que “no se puede achacar a la crisis de Caja Madrid y la desastrosa gestión de todos los imputados, el perjuicio causado” a lso empresarios, insistiendo en que “hubo engaño y para ello se utilizó un entramado societario con la única finalidad de enriquecerse con esta promoción”. “Si bien es cierto que la construcción de VPO deja poco margen de beneficios, no ocurre lo mismo con los garajes de venta libre que los imputados construyeron para enriquecerse, auténtica finalidad de esta promoción y que posteriormente intentaron que los compradores los adquirieran a precio de mercado, como manifestó el presidente de la asociación de compradores”, según recurrieron.

La jueza, en cualquir caso, sigue sin apreciar engaño en la actuación de los ex máximos responsables de la patronal andaluza, como pedían los contratistas denunciantes, ni que se haya vulnerado la tutela judicial efectiva, concluyendo que del resultado conjunto de la prueba practicada “no resulta material incriminatorio suficiente”.

Una jueza de Sevilla ha archivado un caso de presunta estafa continuada contra el exdirigente de la Conferederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Santiago Herrero y otros miembros de la anterior cúpula directiva de la patonal. Se trata de la denuncia de una quincena de contratistas que participaron en la construcción de una promoción de viviendas de protección oficial en Sevilla Este, por terminar desde hace años, y que denunciaban los impagos y el presunto beneficio patrimonial ilícito de los gestores aprovechando el auge inmobiliario de VPO de hace unos años.

Tras la instrucción desarrollada el juzgado no ve indicios suficientes de criminalidad en la actuación de los ocho denunciados, entre los que se encontraban los dirigentes de las empresas constructoras de las viviendas, según ha adelantado Diario de Sevilla. El mismo juzgado archivó una querella presentada por la Asociación de Vecinos Isbylia contra la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA y promotora de las viviendas, y Dolmen Consulting por apropiación indebida. También se archivó, por parte de la Fiscalía, la denuncia presentada por la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (Sareb), que en diciembre de 2012 se hizo cargo del crédito de 50 millones que Bankia otorgó en 2007 para la promoción 'Isbylia'.

En esta ocasión la jueza no aprecia engaño en la actuación de los ex máximos responsables de la patronal andaluza y se limita a concluir sobre la promoción inacabada de pisos que “se trató de uno más de esos negocios inmobiliarios en lo que la ausencia de previsión y los desaciertos de los gestores empresariales se conjugan con los recortes del crédito vinculados al inicio de la crisis económica y bancaria y que afecta, en especial, a la hoy desaparecida Caja Madrid”.

Las reclamaciones de los vecinos “habrán de ventilarse en la vía civil y mercantil”, señala la jueza. “No podemos concluir que la deuda sobreviniese porque los imputados -cuyas entidades se encuentran en situación de concurso de acreedores- hubieran decidido con anterioridad no pagar sino porque las dificultades económicas surgidas después lo han impedido”, argumenta el auto de archivo, al que ha tenido acceso eldiario.es Andalucía y en que no se detalla en ningún momento las cantidades adeudadas a los proveedores, cifradas en aproximadamente un millón de euros.

La administración concursal de la Fundación Desarrollo Sur de Europa ha reanudado recientemente las obras, de las dos fases que estaban sin terminar, y espera que puedan ser entregadas a sus compradores una vez que se obtenga la oportuna Licencia de Primera Ocupación y la Calificación Definitiva, según informaron hace unos dias a los afectados. Estos vecinos mantienen viva una asociación que ha convocado una asamblea ordinaria para el próximo 17 de marzo para analizar la situación judicial de su caso así como la situación de los pisos.

La Fiscalía archivó un presunto desvío

Hace ahora un año, la Fiscalía de Sevilla archivó la denuncia presentada por la Sareb contra la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa por un supuesto desvío de fondos dirigidos en principio a la promoción de las citadas viviendas. El decreto de archivo aludía a que no había quedado acreditado “en absoluto, ni siquiera del informe que acompaña la denuncia, que por parte de la fundación se empleara el crédito obtenido de Caja Madrid en algo distinto a la construcción de los inmuebles de la promoción”. La denuncia no dio lugar a una investigación pese al informe pericial de 135 folios aportado por la Sareb, asegura el fiscal, ya que, entre otras cuestiones, no estaba acreditado que las constructoras cobraran por obras en la promoción que no hubieran efectuado.

Decía el fiscal que en los contratos de ejecución de obra suscritos entre la fundación y las constructoras “ya se preveía una posible desviación de los costes que podía alcanzar hasta un total del 5% del presupuesto total”. Pero “es obvio que no es infrecuente se produzcan desviaciones del costo de las obras”. La decisión no sentó nada bien en la Sareb, que calificó de “vago” el escrito del fiscal si bien se limitó a decir públicamente que había cumplido “con su obligación ciudadana de poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos que pudieran tener apariencia ilícita”.

La decisión de la Fiscalía discurrió también de forma paralela al proceso de concurso de acreedores necesario de la fundación que instó la Sareb a finales del año 2013 y que, según el 'banco malo', era la mejor opción para proteger sus intereses, los de los adjudicatarios de las VPO y los de los principales proveedores de la promoción.

Después de haber suspendido hace unas fechas su declaración, el expresidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Santiago Herrero ha tenido que vérselas como imputado con la juez que instruye una presunta estafa a las empresas subcontratas encargados de la construcción de 583 VPO en Sevilla Este, aún sin acabar y por los cuales cientos de familias siguen sin poder recuperar los miles de euros que aportaron. Herrero, que ha evitado encontrarse con los vecinos afectados a la entrada de los juzgados y ha entrado por una puerta trasera, ha echado balones fuera sobre su presunta responsabilidad en los impagos a las empresas.

Según han comentado los abogados de las acusaciones particulares a la salida de su declaración, que se ha prolongado durante una hora, Herrero ha señalado en la sala de vistas que desconocía cómo se desarrollaba la gestión de la construcción de las viviendas, promovidas por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA y cuya única actividad ha sido la construcción de dicha promoción de pisos. Según los letrados, Herrero ha señalado que la gestión la desarrolló en todo momento su antecesor en el cargo, Rafael Álvarez Colunga, fallecido en 2008.

Varios contratistas se han unido progresivamente a la denuncia presentada contra Herrero y otros dirigentes de la CES por delito continuado de estafa que investiga el Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla, por unos impagos que ascenderían a unos 600.000 euros. El fondo del asunto, más allá de las denuncias particulares, estaba siendo investigado por la Fiscalía de Sevilla por un presunto desvío de entre 12 y 14 millones de euros del que informó la Sareb a finales del pasado noviembre y que finalmente fue archivado.

Herrero, paradójicamente según las acusaciones, sí habría dado a la jueza información sobre las obras exclusivamente a preguntas de su abogado, pero ha comentado que desconocía las reclamaciones y los daños y perjuicios que habrían estado ocasionando los impagos a las empresas, al margen de los producidos a las familias que esperaban, y siguen esperando, la finalización de unas obras que debían estar concluidas en 2010 y cuya gestión económica tiene en su poder la Sareb desde diciembre de 2012.

El secretario general de la CEA y presidente de la fundación, Antonio Carrillo, ya declaró por esta causa en marzo, cuando indicó que no entendía “cómo no se habían terminado las obras”, achacando los problemas a “retrasos en la urbanización en la Gerencia de Urbanismo, a la gestión de la hipoteca por Caja Madrid y al concurso de acreedores de Dolmen”.

Por otra puerta

Herrero, que abandonó su cargo en la CEA el pasado enero, ha evitado encontrarse en la puerta de entrada de los juzgados con las famlias afectadas que querían mostrarle su queja por la inconclusión de las obras al haber accedido por otra entrada. Varios medios gráficos han esperado sin suerte la llegada de Herrero a los juzgados, prevista para las 9.30h. El expresidente de la CEA no ha querido hacer declaraciones a la prensa ni antes ni después de su comparecencia judicial ni ha querido contestar a la pregunta de por dónde había accedido. “Ni siquiera les voy a responder a eso”, ha comentado. Sí que ha salido por la puerta principal, donde no se han repetido los incidentes que se produjeron con Carrillo, que fue zarandeado a la entrada por los manifestantes, necesitando protección policial a su salida.

Según ha indicado uno de los abogados que representa a las subcontratas, consta en las actuaciones un aval “informal” firmado por Santiago Herrero en el que “respaldaría” la construcción de las obras para la concesión de un préstamo de 40 millones de euros. En la investigación se está a la espera de practicar más pruebas y más testificales que puedan aclarar la responsabilidad de los dirigentes de la fundación y de la CEA.

Los dirigentes, así como los representantes de las empresas que participaron en la construcción de las inacabadas viviendas, entre ellas Dolmen Consulting, están imputados por los impagos por los trabajos realizados por los proveedores en la construcción de los pisos. Los denunciantes fueron los responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de la promocion de vivienda conocida como 'Isbylia', en la capital hispalense.

En septiembre aún está por jugarse en el caso de la promoción inacabada otro partido judicial, en concreto en el orden de Primera Instancia, que tiene fijado para el 22 de septiembre la vista previa de la demanda por daños y perjuicios promovida por los vecinos adjudicatarios de las casi 600 viviendas. Los afectados, que le reclaman 1,1 millones de euros por los daños y perjuicios derivados del retraso en la entrega de las viviendas, estuvieron pernoctando en la calle varias semanas para denunciar una situación que, finalmente, está teniendo consecuencias judiciales para los dirigentes de la patronal andaluz en diversas vertientes.

La Justicia empieza a ajustar cuentas con la CEA por el caso de las VPO sin terminar en Sevilla Este. Una decena de contratistas han ratificado entre el lunes y el martes en el Juzgado de Instrucción número 3 la denuncia por presunta estafa continuada contra el exdirigente de la Conferederación de Empresarios de Andalucía (CEA) Santiago Herrero, el actual secretario general de la patronal andaluza, Antonio Carrillo, y las empresas que participaron en la construcción de las viviendas.

Los vecinos afectados por la paralización de las obras en 2009, a quienes no se les ha devuelto el dinero adelantado al haber pasado la promoción a la Sareb, han convocado una concentración en los juzgados de Sevilla desde las 9.00 de este miércoles para coincidir con las declaraciones de los principales imputados. Fuentes del caso han indicado que es probable que Carrillo, también presidente de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, acuda a declarar, si bien Santiago Herrero ha solicitado el aplazamiento de su decaración al coincidirle con una cita médica.

El jueves declararán Juan Manuel Sanz y Antonio González, responsables de la constructora Domen Consulting, encargada de las obras hasta que entró en concurso de acreedores, mientras que para la semana próxima deberán comparecer otros representantes de las constructoras denunciadas, así como el ex vicepresidente de la CEA Juan Salas.

En esta causa se investigan los impagos por los trabajos realizados por los proveedores en la construcción de viviendas, aún inacabadas y que fueron promovidas por la mencionada Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, dependiente de la CEA. Las empresas denunciantes son Diego y Viva CB, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Procoenro, Industrias Tello Pintado, Gescon Instalaciones y Remoan SLU, todas ellas responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de la promocion de viviendas conocida como 'Isbylia'.

Los empresarios aseguraron en la denuncia, ahora ratificada, que les adeudan cerca de 600.000 euros, y piden que se constituya fianza por ese importe “para garantizar las responsabilidades civiles derivadas el delito” y que “si no se constituye fianza en el plazo establecido, se proceda al embargo de sus bienes”. Fuentes de los denunciantes aseguran que hay otra decena de empresas que se están adhiriendo al proceso y que las deudas totales de la Fundación sumarían en torno a 1,5 millones de euros.

Los denunciantes solicitan que se les abonen las cantidades adeudadas por los trabajos e indican que los denunciados actuaron “de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen Consulting”.

La Fiscalía archivó un presunto desvío

Hace escasamente un mes, la Fiscalía de Sevilla archivó la denuncia presentada por la Sareb contra la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa por un supuesto desvío de fondos dirigidos en principio a la promoción de las citadas viviendas. El decreto de archivo aludía a que no había quedado acreditado “en absoluto, ni siquiera del informe que acompaña la denuncia, que por parte de la fundación se empleara el crédito obtenido de Caja Madrid en algo distinto a la construcción de los inmuebles de la promoción”. La denuncia no puede dar lugar a una investigación a pesar del informe pericial de 135 folios aportado por la Sareb, asegura el fiscal, ya que, entre otras cuestiones, no está acreditado que las constructoras cobraran por obras en la promoción que no hubieran efectuado.

Decía el fiscal que en los contratos de ejecución de obra suscritos entre la fundación y las constructoras “ya se preveía una posible desviación de los costes que podía alcanzar hasta un total del 5% del presupuesto total”. Pero “es obvio que no es infrecuente se produzcan desviaciones del costo de las obras”. La decisión no sentó nada bien en la Sareb, que calificó de “vago” el escrito del fiscal si bien se limitó a decir públicamente que había cumplido “con su obligación ciudadana de poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos que pudieran tener apariencia ilícita”.

La decisión de la Fiscalía discurre también de forma paralela al proceso de concurso de acreedores necesario de la fundación que instó la Sareb a finales del año pasado y que, según el 'banco malo', es la mejor opción para proteger sus intereses, los de los adjudicatarios de las VPO y los de los principales proveedores de la promoción.

Gaspart, Fernández, Herrero, Mirones, Vigón... llegaron a ser la guardia de corps de Gerardo Díaz Ferrán y ahora se enfrentan a fuertes problemas con sus empresas y, en algunos casos, a sentarse en el banquillo

Joan Gaspart ha sido el último miembro alto cargo de la CEOE en tener problemas con una de sus empresas. No es el único: varios empresarios que han copado la cúpula de la patronal desde los tiempos de Gerardo Díaz Ferrán han tenido que lidiar bien con problemas en sus compañías o bien con acusaciones de gestión irregular que en algunos casos han llegado a la Justicia.

Es una generación de empresarios acosados por las deudas y los problemas con Hacienda que ha heredado el actual jefe de la patronal, Juan Rosell. Sus problemas hacen evocar al presidente más longevo que ha tenido la patronal, José María Cuevas, que se jactaba como parte de su secreto al frente de su institución... de no tener ninguna empresa. Estos son los problemas de la generación maldita de la CEOE.

Joan Gaspart

Gaspart es conocido por el gran público por haber llegado a presidir tres años el Fútbol Club Barcelona. Pero su actividad en la CEOE también ha sido muy relevante en los últimos años. Díaz Ferrán le nombró presidente del Consejo de Turismo, una pata muy importante de la patronal que anteriormente había pilotado el propio empresario convicto. Continuó en la actual cúpula de la CEOE como vicepresidente con la nueva Ejecutiva.

El rumor de que su grupo hotelero estaba en una situación delicada ha precedido durante semanas a la declaración del concurso de acreedores, arrastrando fuertes problemas de impagos. La compañía Hostelería Unida, filial del grupo hotelero Husa, propiedad de Joan Gaspart, presentó el martes concurso de acreedores en el Juzgado Número 3 de Barcelona. Esta filial agrupa el negocio de unos 25 de los 60 hoteles del grupo que preside Joan Gaspart.

Según fuentes citadas por algunos medios, el conjunto del Grupo Husa acumula un pasivo cercano a los 200 millones de euros frente a unos activos tasados en 150 millones. Trabajadores del Hotel Husa Princesa de Madrid han anunciado movilizaciones para protestar contra el Expediente de Regulación de Empleo (ERE) acordado por la compañía la semana pasada, que afectará a 86 trabajadores del establecimiento, más del 63% de su plantilla. Los empleados prevén también comenzar una huelga indefinida.

Santiago Herrero

Hasta hace unas semanas, Santiago Herrero era presidente de la patronal andaluza. En su día, fue candidato a suceder a Díaz Ferrán al frente de la CEOE, ya que era uno de los pesos pesados de la patronal. Ha sido vicepresidente de la patronal hasta el 14 de enero, fecha en la que decidió renunciar para hacer su marcha lo más airosa posible por sus problemas con la Justicia. Durante años Herrero ha sido todo, en el mundo empresarial andaluz y una opinión clave en la Confederación.

A finales de 2013, Herrero fue imputado por un presunto delito continuado de estafa en la construcción de unas viviendas de protección oficial. La Justicia ha llamado a declarar también al secretario general de la patronal andaluza, Antonio Carrillo, y al exvicepresidente Juan Miguel Salas. La Fiscalía investiga los impagos por los trabajos realizados por los proveedores en la construcción de viviendas, aún inacabada.

Severino García Vigón

El presidente de la patronal asturiana, Severino García Vigón, dimitió en abril de 2013 después de que se conociera que una de sus empresas estaba inmersa en un proceso judicial por un supuesto fraude a Hacienda. Por supuesto, también fue uno de los hombres de los que se rodeó Díaz Ferrán, que lo tuvo como vicepresidente en sus años de Gobierno. En la actualidad desempeña el cargo de vocal en el Comité Ejecutivo en la Confederación y como sucede con muchos de estos cargos, también estaba al frente de la Cámara de Comercio de Oviedo, de la que también ha dimitido.

Vigón aseguró que pagarían los 500.000 euros que su empresa Enastur debía por impago del IVA. El empresario llevaba 18 años como presidente de la Federación Asturiana de Empresarios y presidía también la Cámara de Comercio, donde de, momento, mantiene su cargo. La Fiscalía pide tres años de cárcel para él.

Miguel Mirones

Fue presidente de la CEOE en Cantabria y dimitió en 2011 a petición de la Junta Directiva, meses después de que el secretario general de la organización le acusara de presuntas irregularidades. A propuesta de Díaz Ferrán, Mirones llegó a presidir la Comisión de Políticas Sociales y Sanidad de la CEOE. Además, era el segundo de abordo precisamente de Joan Gaspart como vicepresidente del Consejo del Turismo gracias a su cargo como jefe de la patronal de los balnearios. Con todo, hay que recordar que Mirones fue el que logró, en un cónclave de emprearios, desbaratar los planes de Díaz Ferrán de presentarse a la reelección al frente de la CEOE.

La Fiscalía solicita un año de cárcel para Mirones por un delito societario por ocultar las dificultades económicas de la constructora Socueva, de la que fue administrador hasta 2001. El juicio se celebra actualmente en Santander y la fiscalía pide un año de cárcel.

Arturo Fernández

De sobra es conocida la relación entre Arturo Fernández y Díaz Ferrán, que son concuñados de familia y estrechos colaboradores en el mundo empresarial. Fernández preside aún la patronal madrileña (las elecciones se celebrarán en marzo) y es también vicepresidente de la CEOE desde los tiempos de Díaz Ferrán.

El restaurador madrileño tuvo que desembolsar 671.000 euros para regularizar parte de sus pagos en negro a trabajadores. En 2013, Fernández debía al menos nueve millones de euros a las arcas públicas: más de cuatro millones correspondían a deudas con la Seguridad Social y Hacienda, y el resto, a incumplimientos de contratos con entes públicos.

Fernández se ha visto obligado a vender al menos la mitad de su empresa para forzar una reestructuración y salvar los muebles en la medida de lo posible. Por el momento, continúa con pleitos abiertos por sus negocios en Ifema y en el Palacio de Congresos de Madrid.

La marcha de Santiago Herrero de la CEA, que se hace efectiva este mismo jueves, no va a ser especialmente tranquila si se tiene en cuenta el inminente calendario judicial vinculado al caso de las VPO, bastante completo y diverso. Aparte de la situación en la que deja la confederación empresarial, varios contratistas se están uniendo a la denuncia por delito continuado de estafa que investiga un juzgado de instrucción Sevilla a cuenta del dinero que la CEA debe a proveedores por la construcción de cientos de viviendas en Sevilla Este, que ascendería a unos 600.000 euros. El fondo del asunto, más allá de las denuncias particulares, está siendo investigado por la Fiscalía de Sevilla por un presunto desvío de entre 12 y 14 millones de euros del que informó la Sareb a finales del pasado noviembre.

Santiago Herrero, junto al secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, deberán acudir a los juzgados en mes y medio, el próximo día 5 de marzo. Los dirigentes, así como los representantes de las empresas que participaron en la construcción de las inacabadas viviendas, entre ellas Dolmen Consulting, están imputados por los impagos por los trabajos realizados por los proveedores en la construcción de los pisos. Según fuentes cercanas al caso, seis presentaron la denuncia y se han adherido recientemente cinco más, estando pendientes tanto la admisión de éstos como documentación para posibles nuevas adhesiones.

Los denunciantes fueron los responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de la promocion de vivienda conocida como 'Isbylia', en la capital hispalense. Los representantes de las empresas denunciadas acudirán a declarar como imputados los días 6 y 12 de marzo, después de los responsables de la CEA. Los perjudicados declararán previamente, el 3 y 4 de marzo.

Más tarde, en septiembre, otro partido judicial se juega en el orden de Primera Instancia, en concreto en el juzgado número 12 de Sevilla, que tiene fijado para el 22 de septiembre la vista previa de la demanda por daños y perjuicios promovida por los vecinos, adjudicatarios de las casi 600 viviendas protegidas promovidas por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la CEA. Los afectados, que le reclaman 1,1 millones de euros por los daños y perjuicios derivados del retraso en la entrega de las viviendas, estuvieron pernoctando en la calle varias semanas para denunciar una situación que, finalmente, está teniendo consecuencias judiciales para los dirigentes de la patronal andaluz en diversas vertientes.

Ni homenajes, ni medallas. El orgulloso, altivo, y todopoderoso sexagenario Santiago Herrero abandona el próximo jueves 23 de enero la presidencia de la Confederación de Empresarios de Andalucía. Lo único que le espera después es su particular ‘pena de paseíllo’, cuando el próximo mes de marzo le toque cruzar la puerta de los juzgados sevillanos como imputado por el caso de las VPO en Sevilla Este.

Peor aún, tras más de tres décadas haciendo y deshaciendo en ella a su antojo, “pobre de aquel que se atreviera a llevarle la contraria”, cuentan sus subordinados, él, que hace apenas dos años tocara con sus dedos la tan ansiada presidencia de la patronal española, la CEOE, deja tras de sí como herencia una organización moralmente arruinada y económicamente en quiebra.

Según sus propios datos, presentados en 2013 ante la Inspección de Trabajo para justificar el último de los dos expedientes de regulación de empleo llevados a cabo por la CEA (más una posterior reducción de salario de en torno al 30%, según fuentes de la entidad), su posición económica “es gravísima, puesto que ha tenido pérdidas en los dos últimos ejercicios que ascienden a 14.549.513 euros, y sus expectativas de ingresos para el año 2013 ascienden a 3.123.500 euros entre cuotas de afiliados y participación institucional”.

Secas fuentes de financiación

Esta es la madre del cordero. La CEA contaba hasta 2010 con cuatro fuentes de ingresos fundamentales. Primero, las cuotas de sus afiliados, que, salvo unas pocas excepciones, no son de empresas si no de otras organizaciones empresariales asociadas, como las patronales provinciales y las sectoriales: en 2010 fueron algo más de 2,5 millones. Segundo, los provenientes de su participación institucional en órganos de arbitraje, intermediación y negociación: otros 2,1 millones.

A ello hay que sumar las dos partidas más importantes. Los casi 45 millones de euros recibidos ese año por subvenciones para la formación de trabajadores, que generaban importantes beneficios para las empresas encargadas de proporcionar los cursos, creadas a tal efecto por los propios altos cargos de la CEA y sus familiares, incluido el propio Santiago Herrero. Y cuarto, los menos conocidos acuerdos bipartitos con la Junta de Andalucía, que sólo en ese año supusieron casi otros 13 millones de euros. Es el caso, por ejemplo, de los viajes de promoción al extranjero realizados por los presidentes andaluces acompañados de empresarios y periodistas a cuenta del Plan de Internacionalización de la economía andaluza, que la Junta financiaba.

En total, más de 62 millones de euros que cubrían más que con creces su gastos.

Una fuente de dinero que se inició a principios de los años 90 cuando el ex presidente Manuel Chaves los convirtió en únicos interlocutores empresariales, tanto con los sindicatos como con la Junta de Andalucía. Se iniciaron así en 1993 los acuerdos de concertación social, que convirtieron a la CEA en el mayor y más poderoso despacho de influencias de Andalucía.

Pero todo aquello se acabó en 2011 cuando, como consecuencia de los recortes, ambas partidas de ingresos, formación y acuerdos bipartitos, quedaron reducidas a cero euros, cogiendo así a contrapié a la patronal andaluza, convertida ya en un rígido gigante incapaz de reaccionar. Nada lo explica mejor que su colosal y megalómano edificio en la sevillana Isla de la Cartuja, del que tomó posesión justo el mismo año del inicio de la Concertación, 1993. Lo financió con fondos europeos y una hipoteca ya saldada, pero su mantenimiento hoy se ha convertido en un “pozo sin fondo”, en palabras de un directivo de la casa.

Es precisamente ese edificio el clavo que en la CEA no dejan de calentar para intentar agarrarse a él. Del sustituto de Herrero, el malagueño Javier González de Lara, y sus buenas relaciones con la también malagueña Unicaja, se espera que consiga por fin una nueva hipoteca sobre el edificio que los saque de la quiebra técnica. Pero lo cierto es que Herrero ha negociado lo mismo durante meses con un grupo de cinco entidades financieras (incluida Unicaja) y no ha conseguido cerrar un acuerdo.

A dedo

Así, el hasta ahora presidente de la patronal malagueña, y pintor de marinas, se enfrenta al duro destino de vender la casa familiar y trasladarse a un piso de alquiler. Y proseguir, probablemente, con los ajustes de plantilla. Plantilla, por cierto, formada también en buena parte por familiares y con sueldos muy por encima de la media regional.

González de Lara no llega tras una discusión de la cúpula empresarial andaluza en busca del mejor candidato para una situación de agónica crisis, sino señalado con el dedo en una última demostración de fuerza de Herrero, que siempre lo consideró su delfín. Ambos son abogados, y ambos han seguido la estela del fallecido presidente de la CEOE José María Cuevas: Hacerse con el control del aparato de la organización desde la secretaría general, para asegurarse la presidencia y el poder absoluto. Cuevas lo hizo en Madrid, Herrero en Sevilla y González de Lara en Málaga. Pero los que lo conocen bien, dudan de su capacidad para recuperar el control de una mastodóntica CEA en situación agónica y a punto de desmoronarse: “Su perfil es técnico, lleva toda la vida en la organización empresarial, pero no es el líder que ahora se necesita”, afirma con escepticismo este antiguo miembro de la patronal andaluza.

González de Lara llegará así a la presidencia de la patronal regional de la misma manera que llegó a la de la organización provincial malagueña hace apenas dos años y medio: por aclamación tras ser señalado por el poderoso dedo de su antecesor, que ocupó el cargo durante diecisiete años.

Han acampado en la calle durante semanas, han ido a la puerta de la casa de Santiago Herrero, han dirigido comunicaciones desesperadas a la Sareb, han tratado de reunirse con representantes del Ministerio, de la Consejería de Fomento, del Ayuntamiento de Sevilla, etc. Y sobre todo, se dejaron hace ya unos años buena parte de sus ahorros para poder vivir en una VPO y, de momento, siguen sin casa y sin dinero. Los pisos no se terminan de construir y su inversión no saben dónde está. La noticia conocida este jueves de la imputación por presunta estafa del presidente de la CEA, la promotora de sus pisos a través de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, no ha cambiado su discurso: “Que nos entreguen las viviendas o que nos devuelvan el dinero”.

No quieren entrar en valorar el hecho de que a los proveedores se les deba tal o cual cantidad, motivo de la imputación, pero esperan que, de alguna manera, sirva para esclarecer los hechos y que el dinero “perdido” se recupere y vuelva a las manos a las que pertenecen. A pesar de que su reclamación es más administrativa que judicial, tenían conocimiento de las denuncias penales por parte de las subcontratas. “La Justicia es la que tiene que decir”, señala Mayte Saez, vecina afectada y portavoz del colectivo. “Por desgracia, la Justicia es lenta, pero ojalá el juzgado haga su trabajo bien y que se terminen las viviendas o que nos devuelvan el dinero”.

Por los pisos desembolsaron más de 10 millones de euros entre todos los adjudicatarios. La Sareb denunciaba a la Fiscalía hace unas semanas un desvió de entre 12 y 14 millones de euros. Los proveedores reclaman cerca de 600.000 euros. “Todo está relacionado, sólo hay que tirar del hilo”, señala una de las portavoces de la Asociación de Vecinos ‘Isbylia 538VPO’.

Los vecinos, allá por 2010, interpusieron una querella en la que imputaron a varias personas, entre ellas dos de Dolmen y una de la CEA. Con el paso del tiempo se archivó la causa contra esas personas, debido a que al parecer el juez no vió indicios de delito, mientras que paralelamente también se presentó una demanda civil por daños y perjuicios contra la promotora. Los proveedores ya ganaron algún juicio en primera instancia contra la citada Fundación, a quienes les dejaron “en la ruina”, según recuerdan fuentes de los vecinos.

En una de las patas de esta “trama”, como a ella se refieren los afectados, la Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria SA (Sareb) ha instado ante los juzgados de lo Mercantil de Sevilla el concurso de acreedores necesario de la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, responsable de la construcción de la promoción Isbylia.

El caso de las VPO de la CEA empieza a cobrarse otras víctimas diferentes a las casi 600 familias que tienen sus ahorros pendientes de la entrega de las viviendas y a los dirigentes y operarios de las empresas subcontratadas pendientes de cobro por los trabajos realizados. La Justicia ha llamado a declarar en calidad de imputado al presidente de la patronal andaluza, Santiago Herrero, al secretario general de la CEA, Antonio Carrillo, y al ex vicepresidente Juan Miguel Salas por un presunto delito continuado de estafa, según la providencia del Juzgado de Instrucción número 3 de Sevilla a la que ha tenido acceso eldiario.es/andalucia.

Lo que empezó siendo una movilización vecinal a las puertas de San Telmo para hacer oír su voz puede llevarse por delante a la cúpula de la patronal andaluza. La Fiscalía de Sevilla también está investigando el caso por otra vía. En esta concreta por la que han sido imputados los dirigentes, así como los representantes de las empresas que participaron en la construcción de estas viviendas, entre ellas Dolmen Consulting, se investiga los impagos por los trabajos realizados por los proveedores en la construcción de viviendas, aún inacabada. Herrero y Carrillo han sido citados el 5 de marzo y Salas ocho días después.

La noticia, adelantada por el Grupo Joly, coincide con el hecho de que Santiago Herrero trasladara la pasada semana al Comité Ejecutivo y a la Junta Directiva de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) que ha decidido no presentarse a las próximas elecciones. Fuentes de la CEA han aludido este viernes a que mostraran “colaboración con la Justicia” y que, en principio, no habrá declaraciones al respecto salvo las que tengan que hacer en sede judicial.

La jueza requiere también a la Junta de Andalucía que aporte el expediente por el que se concedió una ayuda de 1,75 millones para la construccion de las VPO y el convenio suscrito con la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, promotora de las viviendas dependiente de la CEA y presidida por el mismo Antonio Carrillo. Dicha fundación acaba de personarse en la causa y, aunque la denuncia no se dirige contra ella, podría tener que hacer frente a eventuales resppnsabilidades civiles, según consta en la providencia.

Las empresas denunciantes son Diego y Viva CB, Euroclima 2000, Aplicaciones Maqueda, Procoenro, Industrias Tello Pintado, Gescon Instalaciones y Remoan SLU, todas ellas responsables de ofrecer el servicio de suministro de climatización, albañilería, revestimientos o instalaciones de la promocion de vivienda conocida como 'Isbylia', situada en el Polígono Aeropuerto de la capital hispalense. Los representantes de las empresas denunciadas acudirán a declarar como imputados los días 6 y 12 de marzo. Los perjudicados declararán previamente, el 3 y 4 de marzo.

Los empresarios solicitan que se les abonen las cantidades adeudadas por los trabajos e indican que los denunciados actuaron “de común acuerdo y con la única finalidad de obtener un beneficio patrimonial ilícito, aprovechando el momento de auge inmobiliario, sobre todo en la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO), y organizaron un plan para enriquecerse con la construcción de estas últimas, valiéndose para ello de un entramado societario en el que están implicados una serie de organizaciones empresariales, como la CEA o Dolmen Consulting”.

Santiago Herrero no repetirá en el cargo después de 12 años y Javier González de Lara ya ha recibido el respaldo del comité ejecutivo y de la junta directiva de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA).

Así es el actual presidente de los empresarios malagueños y posible dirigente de la patronal andaluza a partir del 23 de enero en busca de "una nueva CEA", como él mismo ha dicho.

Javier González de Lara (Málaga, 1963), casado y con dos hijos –un niño y una niña- está vinculado a la dirección de la Confederación de Empresarios de Málaga desde 1991. Primero fue secretario general de la patronal malagueña y desde 2011 ocupa el cargo de presidente de la CEM. Durante estos más de 20 años, si algo ha caracterizado a su figura ha sido su prudencia y su carácter dialogante. No ha tenido problema en mantener reuniones y alcanzar importantes acuerdos con los sindicatos en momentos en los que el diálogo estaba completamente roto a nivel nacional.

Licenciado en Derecho por la Universidad de Málaga, con un Máster en un Mediación y Resolución Extrajudicial de Conflictos, González de Lara recibió la Medalla de Oro del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales en 2006. Lo hizo por su aportación al diálogo social en la provincia de Málaga, lo que da muestras de las líneas de trabajo que ha seguido desde que ocupa puestos de responsabilidad en la malagueña calle San Lorenzo, donde la Confederación de Empresarios tiene su actual sede.

Su espíritu dialogante le ha permitido mantener excelentes relaciones con la mayoría de partidos políticos y organizaciones sociales de la provincia de Málaga. Nunca ha elevado la crítica por encima de lo necesario en el ámbito institucional en el que trabaja, y entre sus reivindicaciones más repetidas está la de la necesidad de reducir la presión fiscal sobre empresas y autónomos para que puedan crear más riqueza.

Apasionado de la cultura, Javier González tiene la pintura como una de sus principales pasiones hasta tal punto que en breve se podrá volver a disfrutar de sus obras en una nueva exposición, y durante estos días ya circula por Málaga el almanaque de 2014 en el que se pueden ver sus obras pictóricas.

Y pese al cargo que ocupa, tampoco olvida su faceta empresarial. Es presidente del consejo de administración de una empresa que aúna la principal industria de la provincia de Málaga: el turismo, con lo que pretender ser el polo de atracción de nuevos visitantes al margen del sol y la playa: la cultura.

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, estudia no presentarse a la reelección en la asamblea general electoral prevista para enero y que se convocará en el seno de la junta directiva y comité ejecutivo que se celebrará este jueves.

Dicha asamblea general electoral se celebra cada cuatro años, y Santiago Herrero puede presentarse de nuevo, si bien diversas fuentes consultadas por la agencia Europa Press han confirmado que estudia retirarse del liderazgo de la patronal. Las mismas fuentes han achacado a la edad -tiene 66 años- la decisión, y descartan que sea por otros motivos, como la reciente polémica por una promoción de VPO en Sevilla que ha sido denunciada ante la fiscalía, la incertidumbre económica en la organización y que se haya desinflado la negociación de nuevos acuerdos de concertación.

Como sustituto se perfila el actual presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, Javier González de Lara, aunque ahora se tendría que abrir un plazo para la presentación de candidaturas.

Santiago Herrero es presidente de la CEA desde el 21 de febrero de 2002, cuando accedió por primera vez al cargo en sustitución del desaparecido Rafael Álvarez Colunga, y fue reelegido en 2006 y en 2010. Natural de Sevilla, ha dedicado toda su vida profesional a las organizaciones empresariales y es miembro de distintos consejos de administración de empresas de la comunidad autónoma.

"En la Asamblea General Juan Ignació Zoido se pronunció como es público y notorio".

"Si al final hay un pacto, será por Andalucía, ni de izquierdas ni de derechas".

"Un par de meses debería ser suficiente para cerrarlo".

El presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Santiago Herrero, convenció al presidente del Partido Popular Andaluz, Juan Ignacio Zoido, para que acudiese a su Asamblea General el pasado jueves 21 de marzo. Allí le conmino públicamente a sumarse al Acuerdo Económico y Social firmado por la patronal con los sindicatos y la Junta de Andalucía.

Allí, Zoido respondió con un “He venido, como presidente del PP, para unirme a las esperanzas de todos ustedes” “Aplaudo y tiendo la mano al pacto”. Pero inmediatamente después, a preguntas de eldiario.es/andalucía, reculó: “No he dicho que me sumo al pacto. Qué deseo que vaya bien, que es distinto”.

eldiario.es/andalucía: Parece que hay una clara contradicción entre lo que Juan Ignacio Zoido dijo ante los empresarios y lo que declaró después ante los micrófonos.

Santiago Herrero: Bueno, yo escuche lo que dijo el presidente del Partido Popular en público, en la Asamblea. Es lo único que yo conozco de su posición. Lo demás no lo conozco.

P: Pero sí ha leído sus declaraciones...

S.H: Sí. Sobre eso no puedo más que decir que en la Asamblea se pronunció como es público y notorio. Que después hiciera otras declaraciones… está en su derecho de matizar, como cualquiera como nosotros.

P: Entonces, basándonos en lo que sí dijo en la asamblea, ¿qué espera del PP y de Zoido?

S.H: Espero… Si consideran que en el contenido de este acuerdo, y el de los documentos jurídicos que estén en la mesa del Parlamento, existen elementos suficientes para que ellos puedan participar, sería magnífico.

P: ¿Qué les podría echar para atrás?

S.H: Yo creo que en el Acuerdo Económico y Social no hay elementos que puedan ser motivo de reacción contraria del PP. Está pensado para que todo el mundo pudiera verse reflejado.

P: Además, se dice que la mera presencia de la CEA rompe con la imagen de un pacto de izquierdas

S.H: Es un pacto por Andalucía. Yo no entiendo ni de izquierdas ni de derechas, sólo entiendo del interés empresarial. Obviamente, si al final hay un pacto por Andalucía, será por Andalucía, ni de izquierdas ni de derechas.

P: ¿Cómo ven en la CEA que el presidente del PP diga lo que dijo en su Asamblea, y a la vez otros dirigentes descalificaran el acuerdo como un pacto para tapar la corrupción? ¿Cuál de las dos posturas se creen?

S.H: En organizaciones tan complejas como las nuestras existen multitud de portavoces con legitimo derecho pronunciarse, que opinan lo que entienden que deben opinar en cada caso. Pero al final, lo importante es lo que aprueban los órganos de gobierno de las organizaciones. Y yo firme el Acuerdo con el voto unánime previo del Comité Ejecutivo, y con el posterior refrendo unánime de la Asamblea General.

P: No me refería a la CEA, si no al PP

S.H: Si, si. Y yo me estoy refiriendo a la complejidad del PP y de todas las organizaciones.

P: ¿Qué plazos son los razonables para cerrar el Pacto por Andalucía?

S.H: Un par de meses debería ser suficiente.

Jueves 21 de marzo de 2013. Escenario, el salón de actos de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA) en la Isla de la Cartuja de Sevilla. En la mesa, preside el presidente del Partido Popular Andaluz, Juan Ignacio Zoido. A su derecha, el presidente de la patronal, Santiago Herrero, a su izquierda, el presidente de los empresarios sevillanos, Miguel Rus. En el patio de butacas, empresarios andaluces que asisten a la Asamblea General de la Confederacíon. Al fondo, los medios de comunicación.

Primer acto.

El presidente de la CEA, Santiago Herrero, defiende ante su asamblea general la firma de un acuerdo económico y social con la Junta de Andalucía y los sindicatos CCOO y UGT, del que el PP andaluz ha estado ausente. Tras someterlo a votación, el acuerdo es ratificado por unanimidad.

Herrero, en el uso de la palabra, le recuerda al presidente del PP Andaluz los pactos de la Moncloa de los años 80, e inmediatamente le espeta públicamente a Zoido: “Es necesario ese esfuerzo para ponerse de acuerdo. A veces da la impresión de que faltan los liderazgos para impulsarlo. Los líderes actuales deben tener el coraje necesario para anteponer el interés de todos a la conveniencia de unos pocos”.

Aunque da la impresión de que Zoido asiente sin parar con la cabeza, en realidad su cabeceo es debido al nervioso movimiento continuo de sus piernas, escondidas tras los faldones de la mesa presidencial.

“Es absolutamente imprescindible”, continua el presidente de la CEA, “reducir confrontación, llevar a cabo esfuerzos de acuerdo, limar diferencias y un diálogo que evidentemente tiene muchísimas dificultades e inconvenientes, pero que dará grandes resultados”. Y concluye Santiago Herrero: “Nosotros en Andalucía hemos dado ayer un paso hacia ese camino. Confiamos en que la sociedad sepa apreciar el documento, lo que contiene, y lo que significa”.

Segundo acto

Entre la expectación generada por el rapapolvo, toma la palabra Juan Ignacio Zoido para sorprender a todos con un discurso que aparentemente va mucho más allá de un tono conciliador. “Quiero decirles una cosa. Estamos en unos momentos tan complejos y difíciles, que no debemos, ¡no podemos!, perder ni un solo instante en la discusión entre partidos políticos o instituciones, porque lo que tenemos que hacer es poner todos nuestros esfuerzos para superar las diferencias partidistas y de administraciones en pro del servicio general”.

Y para remarcarlo, sube el tono de su voz y afirma: “¡No estoy dispuesto a perder el tiempo en discusiones estériles! Es decir, ¡Confirmo la mayor de lo que aquí se ha dicho! Que hay que superar mediante el dialogo cualquier diferencia para ser capaces de servir a la sociedad”.

Pero Juan Ignacio Zoido no se queda ahí. Para satisfacción de su auditorio, que, azuzado, se remueve en sus sillas, da el paso que Herrero y sus empresarios estaban esperando: “He venido, como presidente del PP, para unirme a las esperanzas de todos ustedes. Y por tanto, suerte en esta nueva andadura. Llevamos 24 horas desde que se firmó el pacto y aquí, delante de todos ustedes, lo único que puedo decir es que ratifico el compromiso del Partido Popular en ayudar, en no criticar nada y no poner ningún palo en la rueda. Aplaudo y tiendo la mano al pacto”.

Tercer acto

Tras los encendidos aplausos, los empresarios, antes temerosos de que se hubiese tomado muy a mal la presión para que se incorporara al pacto firmado con el gobierno de coalición del Psoe e IU y con los sindicatos, ahora no sólo se sienten aliviados, sino que han quedado convencidos de que han ganado un aliado para su causa. Mientras satisfechos se dirigen a las salidas, eldiario.es/andalucía aborda al presidente del PP.

Eldiario.es/Andalucía: “Ha dicho que se suma al pacto, sin embargo…”

Zoido: “No, no, no. No he dicho que me sumo al pacto. Que deseo que el pacto vaya bien, que es distinto. No sé si nos van a llamar o no, lo que deseo es que el pacto vaya bien, como todo”.

Eldiario.es/Andalucía: “Eso es distinto. Ha dicho que se suma al pacto”.

Zoido: “Si he dicho eso, que a lo mejor puede que haya deslizado algún termino… Yo lo único que he dicho es que yo deseo que el pacto vaya bien por el bien de todos, que no sé si me han llamado. Yo era conocedor del contenido del pacto, eso sí es verdad”.

Eldiario.es/Andalucía: ¿Y si le llaman, se suma?

Zoido: “Si me llaman voy a hablar, como he hecho desde el primer día. A mi, cada vez que me llaman, allí estoy”.