Unos 2.258 rioajos perceptores de una pensión no contributiva volverán a recibir una mensualidad más con la cuantía que cobren este mes de octubre. Así se ha acordado en el Consejo de Gobierno en el que se ha autorizado el gasto de más de 1,2 millones de euros para los perceptores de pensiones de jubilación e invalidez no contributivas. Con esta inversión se atenderá a 2.258 beneficiarios en toda la Comunidad. Esta nómina extraordanira fue habilitada por el Gobierno socialista de Concha Andreu y está dirigida a dirigida a quienes perciben pensiones no contributivas y mantienen su residencia habitual en la región.

La cuantía individual de la ayuda será equivalente a una mensualidad completa de la pensión que cada beneficiario perciba en la nómina de este mes de octubre. Su tramitación será de oficio y en un pago único, sin necesidad de solicitud previa por parte de las personas interesadas.

Este tipo de medidas, apuntan desde el Gobierno de La Rioja, “reflejan el compromiso del Gobierno de La Rioja con la protección económica de las personas mayores y con discapacidad, especialmente de aquellas con menos recursos. Esta ayuda extraordinaria supone un respaldo directo a quienes más lo necesitan, un gesto de justicia social y de reconocimiento al esfuerzo de tantos riojanos y riojanas que han contribuido a nuestra sociedad y merecen vivir con dignidad”.

El centro infantojuvenil La Atalaya de Logroño esta en una difícil situación por los impagos a los trabajadores de la empresa Ocio Sport y la resolución de los contratos por parte del Ayuntamiento de Logroño que daban diversos servicios en este centro municipal y en otros como La Gota de Leche y el centro Fernández Sevilla.

Mientras se resuelvan los trámites administrativos para un nuevo contrato, que se están haciendo por la vía de urgencia, el Ayuntamiento de Logroño ha comenzado a ofrecer a las familias que quieran continuar con el servicio, el traslado a otras ludotecas de la ciudad. Para ello, se están realizando una serie de reuniones con las familias en las que están sondeando a qué centros acudirán los niños, niñas y jóvenes que mantengan el servicio.

Desde el consistorio acalaran que el centro no está cerrado actualmente, si bien admiten que su continuidad en estas circunstancias “es complicado”, ya que Ocio Sport desarrollaba tareas de limpieza y de serivios auxiliares. Antes de un parece que irremediable cierre temporal, el Ayuntamiento quiere ofrecer una solución a las familias.

Esta situación de La Atalaya también afecta al servicio de ludoteca de Semana Santa, para lo que el Ayuntamiento de Logroño ha informado que ya ha encontrado una solución, aunque todavía ha preferido no explicarla para que las familias afectadas sean antes informadas.

Los impagos a los trabajadores de Ocio Sport, que afectan a unas cien personas trabajadoras, también han provocado el cierre hasta nuevo aviso de las piscinas y el gimnasio del complejo deportivo, Aqualar, dejando a muchas familias con sus cuotas pagadas y sin servicio. El Ayuntamiento de Lardero, después de responsabilizar exclusivamente a la empresa, dijo estar trabajando en una solución, si bien todavía no ha informado de ellas.

La empresa Ocio Sport ha denunciado que “dos ayuntamientos”, que no especifica, deben a la empresa “más de 920.000 euros”. Lo ha hecho en un comunicado, que es la primera respuesta a la situación de impagos de las nóminas que afectan a casi un centenar de personas trabajadoras. Ocio Sport asegura que están haciendo “lo posible por conseguir liquidez y poder afrontar pagos pendientes, sobre todo a sus trabajadores” y avanza acciones jurídicas contra los consistorios implicados.

Como detalla la firma en su nota, “ante las informaciones aparecidas en la prensa sobre la situación de los trabajadores”, indica en primer lugar que “no se está poniendo de relieve (ni siquiera se menciona) la deuda que dos Ayuntamientos tienen pendiente de resolución y cobro con Ocio Sport”.

Algo, detallan, “que ascienden a tres solicitudes de recapitalización cuyos importes son 33.688,31 euros, 133.606,58 euros, 616.990,93 euros y 135.936,72 euros”, lo que supone, en concreto, “un importe de 920.222 euros”.

“Esta situación -añaden-, viene dada porque en un ayuntamiento prorrogan los contratos aludiendo al interés público sin actualizar las cantidades que deben pagar a Ocio Sport pese a que desde 2017 los incrementos de costes han sido muy elevados”. Así, apuntan que “suben los costes de personal, suben los costes de la energía, suben los costes de la comida y bebida, pero no se actualizan las cantidades que abonan los ayuntamientos ni permiten repercutir estas subidas”.

A ello se suma desde la empresa que “el otro Ayuntamiento, tras varias peticiones de ayuda debido a la mala planificación por su parte de un servicio ruinoso, no permite por un lado cesar esta actividad y por otro, hacer frente al quebranto económico justificado que está sufriendo una empresa privada, cuya obligación es suministrar un buen servicio, no financiar al Ayuntamiento”.

“Pese a los incumplimientos de los Ayuntamientos la empresa en todo momento ha priorizado el pago a trabajadores, actualmente les adeuda las nóminas del mes de febrero y alguna de enero debido al bloqueo que se le ha impuesto. Esas cantidades se le pagaría automática si la AEAT y SS, cumpliesen con su obligación de facilitar el acceso a aplazamientos y fraccionamientos de deuda, mientras se acude a la justicia ordinaria para reclamar la deuda de los ayuntamientos”, asegura la firma.

Así las cosas, desde Ocio Sport recalcan que “la empresa se encuentra realizando los trámites legales oportunos para conseguir su viabilidad la liquidez requerida, pero por ahora los ayuntamientos deudores no dan los pasos necesarios para afrontar los pagos que deben y resolver esta situación”.

Por último, adelantan que “los servicios jurídicos de Ociosport presentaran en breve demandas en la justicia ordinaria contra los deudores principales”. “La empresa valora enormemente el sacrificio de su gran equipo de trabajadores y les abonara los atrasos tan pronto como los Ayuntamientos y administraciones se lo permitan abonando las facturas pendientes y desbloqueando esta situación”, concluyen.

La piscina del Aqualar, en Lardero, ha estado cerrada este miércoles por la mañana porque no hay socorrista. El trabajador que desarrolla esta actividad en la piscina climatizada está de baja médica, como otros tres compañeros de este complejo deportivo. La situación cada vez es más complicada ante el impago de las nóminas por parte de la empresa adjudicataria del servicio, Ocio Sport, que adelantó Rioja2.

Hay trabajadores que no han cobrado la nómina de febrero y otros ni la de enero ni la de febrero. En total, las personas afectadas alcanzan casi el centenar entre varias instalaciones. Aproximadamente, en La Rioja hay entre 60 y 70 trabajadores sin cobrar entre los centros deportivos de Lardero, Logroño y Haro, a los que se suman alrededor de una treintena de Navarra y Álava en instalaciones de Tudela, Ansosilla y Oyón.

La Agencia Tributaria y la Seguridad Social ya ha realizado requerimientos por la cantidad adeudada. Ante esta situación, desde CSIF aseguran que es “cada vez más grave” y han iniciado conversaciones con los Ayuntamientos para conocer que medidas van a tomar ante el incumplimiento de los pliegos y han anunciado movilizaciones e viernes a las 12.00 horas frente al Ayuntamiento de Lardero y el día 18 en la sede de la empresa en Logroño.

Como ya explicaron a Rioja2, al retraso en el pago de las nóminas se suma además la falta de explicaciones. “El problema es que no cobramos y ni siquiera sabemos por qué”, denuncian los trabajadores, “porque hay otras instalaciones también gestionadas por Ocio Sport Rioja en otros municipios donde sí están cobrando; sin embargo, aquí en Lardero lo único que hacen es darnos largas, sin ninguna explicación”.

El Sindicat de Treballadors de l’Ensenyament del País Valencià (STEPV), mayoritario en el sector, ha elaborado una encuesta entre el profesorado para conocer los impagos y las deudas pendientes en la primera nómina de septiembre por parte de la Conselleria de Educación.

De nuevo, este retraso se ha repetido como ocurre año tras año. De acuerdo con las 1.075 personas entrevistadas en el inicio del curso 2023-2024, alrededor de 700 funcionarios no han recibido su nómina correspondiente, hecho que comporta el agravamiento de la situación.

La situación administrativa comprende todo tipo de profesorado afectado: 662 son funcionarios de carrera; 329 son interinos, y los 84 restantes son funcionarios en prácticas. Dos tercios del Profesorado Técnico de Formación Profesional (PFTP) que se ha sumado en el cuerpo de secundaria también han afirmado que no han cobrado como grupo A1, y 181 personas relacionadas con cargos unipersonales han manifestado anomalías.

Las incidencias han mostrado un contraste entre los docentes que imparten clase en un territorio o en otro. La cifra más alta de retrasos se registra en la provincia de Valencia, con un 46,6%; seguida del 34,9% en Alicante y el 18,5% en Castellón.

El STEPV resalta las incidencias en “todos los cuerpos docentes”, siendo más destacadas entre el profesorado de secundaria con 637 respuestas (59,1% de los encuestados) y el cuerpo de maestros con 334 respuestas (31,1% de los encuestados).

La mayor parte de los docentes que no han recibido la nómina son interinos o personas que han obtenido la condición de funcionariado de carrera a través del concurso de méritos (algunos de estos con años de servicios prestados para la administración pública valenciana).

El 23 de agosto se adjudicaron 378 pagos (42% sondeado). En el resto de los casos, el sindicato asegura que las concesiones se han otorgado a lo largo de septiembre o “son funcionarios de carrera que han cambiado de destino a través del concurso general de traslados, de las comisiones de servicios o, incluso, que han reingresado a la docencia desde la situación de excedencia”.

Los atrasos más relevantes se han producido en los trienios y sexenios, situación que afecta a un total de 204 personas y que declaran no tenerlos establecidos en el respectivo sueldo.

El STEPV pone énfasis en los impagos de los trienios y sexenios del año de prácticas de 2019-2020 en que se estableció un acuerdo para pagar del 1 de enero hasta el 31 de agosto de 2020, medida que todavía no se ha implantado.

En el caso de personas que han ejercido como miembros de tribunales en procesos selectivos, 55 de estas son de las convocatorias de oposiciones de 2022, a pesar de que también se han analizado retrasos de cursos anteriores. El sindicato transmitirá las incidencias registradas a la Conselleria de Educación para impedir que “se repita en las nóminas de octubre”.

Los bancos mantienen sus batalla por la fidelización de clientes donde la captación de las nóminas es clave. En esta pugna, las entidades siguen con el ajuste de las condiciones de las cuentas al contexto de tipos de interés mínimos existente. Un panorama que todo indica que continuará después de que este jueves el BCE haya vuelto a mantener los tipos. La banca se debate en su búsqueda de modelo para seguir haciendo dinero mientras busca fórmulas para captar las nóminas.

Por el momento, la banca se ha dividido en dos bandos. Mientras que unas pocas entidades continúan remunerando ciertos aspectos, eso sí, con condiciones, el grueso de la banca opta por seguir ofreciendo planes de comisiones cero, pero sin ningún tipo de rentabilidad.

Santander ha sido el último en modificar las condiciones de su cuenta 1|2|3. El banco lanzó esta apuesta en mayo de 2015, con un producto que importaba de Reino Unido, con el fin de ganarse la “confianza y la lealtad” del cliente. Hace una semana, la entidad aprovechaba la llegada de Apple Pay para comunicar un cambio en las condiciones de la cuenta. A la comisión de mantenimiento de la cuenta (3 euros mensuales, es decir, 36 anuales) se suma ahora la obligación de tener tarjeta de crédito (opcional hasta el momento) que conlleva un pago de tres euros mensuales, es decir otros 36 euros anuales, lo que lleva a un total de 72 euros al año. A cambio, la cuenta ofrece una bonificación de los recibos que dependiendo del tipo oscila entre el 1% de los tributos locales y seguros sociales, el 2% para los suministros del hogar y de seguros de protección y el 3% para los recibos de colegios, guarderías y universidades. La cuenta también ofrece una remuneración de la cuenta de entre el 1% y el 3% en función de los saldos que tengan el cliente (con un máximo de 15.000 euros).

Condiciones de las cuentas

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Bankinter y Sabadell son las otras entidades que siguen ofreciendo algún tipo de remuneración o bonificación de recibos. En el caso de la primera, la entidad ofrece un 5% TAE el primer año hasta un capital máximo a remunerar de 5.000 euros para clientes que domicilien una nómina de al menos 1.000 euros. Entre las condiciones para optar a esta cuenta, el usuario debe tener domiciliados los recibos y tener activa una tarjeta de crédito.

Por su parte, Sabadell dispone de la cuenta Expansión con una devolución del 1% en los recibos de luz, gas, teléfono e Internet con un límite de 20 euros al mes y un 2% en los recibos de gasolina de Repsol, Campsa y Petronor. Para poder optar a este programa, hay que domiciliar una nómina de al menos 700 euros.

Sin remuneración

Sin remuneraciónA pesar de la advertencia que hizo hace algunos meses la patronal bancaria de que el tiempo del todo gratis iba a terminar, el grueso de la banca mantiene programas sin comisiones en el caso de que se domicilie la nómina. Así, BBVA tiene la cuenta nómina. Para poder optar a ella hay que domiciliar una nómina de al menos 600 euros o una pensión o prestación de desempleo de al menos 300 euros y utilizar la tarjeta de débito o credito en compras o cajeros un mínimo de 7 veces en los últimos cuatro meses.

Bankia en enero de este año amplío los clientes que no pagaban comisiones en la entidad. Con el programa “Por ser tú”, el banco ampliaba el número de clientes a los que eliminaba las comisiones. Pueden formar parte de él los clientes con las nóminas domiciliadas a partir de 450 euros. Por su parte, Caixabank con su cuenta Multiestrella ofrece un regalo de cafetera, smartphone o smartwatch a quienes domicilien la nómina y no cobran comisiones si es de al menos 750 euros.

ING en su cuenta nómina no cobra comisiones siempre que se domicilie una nómina, sin marcar mínimo de cantidad. La entidad anunció hace unas que iba a eliminar la devolución del 2% de los principales recibos de su Cuenta Nómina a los clientes más antiguos que todavía conservaban este beneficio. Por su parte, Popular tiene un programa llamado “Plan Cero” para aquellos clientes que domicilien una nómina de al menos 600 euros (o prestación de desempleo por al menos 300 euros) y cumplir una condición de recibos domiciliados, compras o productos de una serie de requisitos que listan.

En la mayor parte de entidades, detro de la gratuidad de servicios se hace referencia a no cobrar por el mantenimiento de la cuenta, realizar transferencias sin coste así como la posibilidad de domiciliar recibos o cobrar cheques. En algunos casos además se ofrecen otras opciones como la posibilidad de un abono de la pensión el 25 de cada mes, por ejemplo, en el caso de Sabadell.

** Nota: Triodos ha comenzado a cobrar el 11 de diciembre una comisión de mantenimiento de un euro al mes. Esto ha llevado a modificar el artículo, ya que se escribió antes de esa fecha.

Cajasiete, tras realizar un sorteo entre más de 4.000 clientes, entregó de nuevo una Nómina Extra. Esta vez el afortunado fue Francisco Jesús García Bello, cliente del Colectivo Joven de la entidad, según se informa en una nota de prensa.

El joven beneficiario es cliente habitual de la oficina de San José, en el municipio de San Juan de la Rambla, en Tenerife. El premio consiste en el abono por parte de Cajasiete de una Nómina Extra en su cuenta, por el mismo importe de su nómina habitual y como premio por su fidelidad. La entrega se hizo en la Sede Central de Cajasiete, de la mano de la gestora de su oficina habitual, Cristina Isabel Moya.

Nuevos sorteos de una Nómina Extra Joven se llevarán a cabo en los próximos meses de septiembre y diciembre, donde dos afortunados más podrán disfrutar de una Nómina Extra solo por pertenecer al Colectivo Joven y tener domiciliada su nómina en Cajasiete.

Cajasiete, subrayan, “como entidad financiera canaria tiene un compromiso con las personas y la responsabilidad y obligación de trabajar por y para las generaciones presentes, pero sobre todo, para las venideras”.

Cajasiete, tras realizar un sorteo entre más de 3.600 clientes entregó una Nómina Extra a Elisabeth Pérez Hernández, cliente del colectivo Joven de la entidad, según se informa en nota de prensa.

La joven beneficiaria es cliente habitual de la oficina de El Chorrillo. El premio consiste en el abono por parte de Cajasiete de una Nómina Extra en su cuenta, por el mismo importe de su nómina habitual y como premio por su fidelidad. La entrega se hizo en la sede central de Cajasiete, de la mano de la directora de su oficina habitual, Marta Ben-Mohamed Ojeda.

Nuevos sorteos de una Nómina Extra Joven se llevarán a cabo en los próximos meses de junio, septiembre y diciembre, donde tres afortunados más podrán disfrutar de una Nómina Extra solo por pertenecer al colectivo Joven y tener domiciliada su nómina en Cajasiete.

Cajasiete, subrayan, “como entidad financiera canaria tiene un compromiso con las personas y la responsabilidad y obligación de trabajar por y para las generaciones presentes, pero sobre todo, para las venideras”.

Bankia ha retirado todas las comisiones a más de 550.000 clientes de la Comunitat Valenciana por el simple hecho de tener su nómina o pensión domiciliada en la entidad.

Desde el pasado 11 de enero, cuando el banco presentó su nueva estrategia, los clientes de Bankia no pagan ningún tipo de comisión por mantenimiento y administración de sus cuentas, no solo de aquella en la que tengan domiciliados sus ingresos. El modelo aplicado es de cliente sin comisiones, no el de cuenta sin comisiones.

La tarjeta de débito también es gratuita y en el caso de la tarjeta de crédito, será suficiente con que el cliente la utilice una vez al año para no pagar nada por ella.

Los usuarios se benefician, además, de poder hacer transferencias en euros por cualquier importe y en cualquiera de los canales que el banco pone a su disposición: cajeros, móviles, internet y, también, las oficinas. Asimismo, es gratuito el ingreso de cheques, sin ningún límite de número o cantidad, en cualquier oficina del banco.

Los clientes de Bankia también pueden sacar dinero a débito de forma gratuita tantas veces como quieran y por cualquier importe en los más de 5.500 cajeros que el banco tiene repartidos por toda España.

Además, los clientes con la nómina o pensión domiciliada podrán hacer hasta cuatro extracciones al mes de forma totalmente gratuita en los 12.300 cajeros de la Red 6000 y el Banco Sabadell, sin límite alguno de importe.

De los más de 550.000 clientes de Bankia en la Comunidad Valenciana que tienen su nómina o pensión domiciliada en la entidad, más de 405.000 están radicados en la provincia de Valencia, otros 75.000 en Castellón y 70.000 más en Alicante.

Los primeros beneficiados de la retirada total de las comisiones de Bankia son aquellas personas que ya son clientes de la entidad, pero esta iniciativa también está abierta a cualquier usuario que, desde ahora, decida domiciliar sus ingresos.

El director territorial de Bankia en Valencia y Castellón, Miguel Capdevila, afirmó que “somos el único banco que ofrece al cliente actual y nuevo todas sus cuentas, tarjetas de débito y crédito, transferencias e ingreso de cheques sin ninguna comisión. Y además de todo eso, una extensa red de oficinas y cajeros propios en toda España”.

“Hemos escuchado a los clientes, y lo que nos piden son propuestas sencillas, entendibles y sin letra pequeña; buscan un buen servicio a un precio competitivo. En Bankia aspiramos a que la experiencia del cliente con el banco sea cada vez mejor, a ofrecer una excelente calidad de servicio, y ser un banco muy eficiente nos permite, además, ofrecer las mejores condiciones”, añadió Capdevila.

Los trabajadores aragoneses ganan casi mil millones de euros menos al año que antes de la crisis. O al menos ese es el dato que recogen las estadísticas de la Agencia Tributaria: los rendimientos del trabajo de los 705.891 contribuyentes de la campaña del IRPF de 2008 ascendieron a 13.939.238.212 euros, mientras que los de los 684.334 declarantes del ejercicio de 2013, cuyos datos ha hecho públicos recientemente la Agencia Tributaria, se quedaron en 12.991.003.895. La nómina general se ha visto recortada en 948 millones menos.

La clave del desplome se encuentra en el descenso de la cifra de contribuyentes, que ha sido de 21.557 como consecuencia de la destrucción de más de 85.000 empleos por cuenta ajena en ese periodo, el menor nivel de ingresos de los nuevos autónomos y el avance de los contratos a tiempo parcial, que superan los 75.000 tras seis años consecutivos de ascenso. Por otro lado, 45.600 aragoneses llevan más de dos años sin empleo y más de 16.000 hogares carecen de ingresos, una terrible situación que tiene su reflejo el aumento de las atenciones por parte de instituciones como el Banco de AlimentosBanco de Alimentos, que este año rebasarán las cifras del anterior por quinto ejercicio consecutivo.

Más de 450.000 mileuristas entre menos de 700.000 contribuyentes

La reducción media de los rendimientos del trabajo ha sido de algo más de 800 euros, al pasar de 21.928 a 21.118. Sin embargo, el análisis de las tablas de la Agencia Tributaria revela que los efectos de la crisis, y de la devaluación salarial provocada por la reforma laboral, no han tenido la misma dureza en todos los eslabones de la cadena laboral. La combinación de esos dos factores ha agravado las escaseces de los peor pagados.

Los trabajadores que cobran menos de 6.000 euros brutos han pasado de 117.191 a 144.314, los que cobran entre esa cifra y 12.000 han descendido en 5.400, y los que perciben entre 12.000 y 21.000 –la cifra que marca el mileurismo- han aumentado en 22.232. Entre todos ellos suman 454.630: son 44.000 más que antes de la crisis y suponen dos terceras partes de los contribuyentes –el 66%-. Cinco años antes eran 456.174 y representaban el 64%.

Paralelamente, los tramos salariales medio-altos han ido perdiendo unidades: más de 6.000 en el escalón de 21.000 a 30.000 euros brutos anuales, otros tantos entre los que perciben de esa cifra a 60.000 y algo más de 8.000 en los que la superan.

Cambian los hábitos de consumo

Ese empobrecimiento ha obligado a los aragoneses a modificar sus hábitos de consumo, tal y como refleja la Encuesta de Presupuestos Familiares del INE (Instituto Nacional de Estadística), que revela que el gasto medio por hogar ha pasado de 30.387,19 euros en 2008 a 26.620,18 en 2014.

Así, las familias aragonesas han reducido en esos seis años el gasto en alimentos en casi 400 euros anuales (de 4.254 a 3.860), una cifra similar al ajuste del cinturón con la ropa (de 1.361 a 953).

Otros gastos son de difícil control, caso de la energía, cuya factura ha subido más de 300 euros (de 1.024 a 1.358); los medicamentos, estabilizados al final de la serie anual tras el repunte de los años 2010 y 2011, o la educación. En este apartado, los gastos relacionados con la enseñanza Primaria se han duplicado con creces al pasar de 42 a 100 euros anuales, lo mismo que ha pasado con la superior, cuya factura se elevó de 90,59 a 184,89.

También ha crecido el dinero que las familias destinan cada año a protección social, que en seis años ha pasado de 57 euros a 110, y a seguros, que en ese periodo creció de 748 a 850.

En ese sexenio, el gasto en comidas fuera del hogar cayó de 2.602 a 2.274 euros anuales por familia; la inversión en vehículos se desplomó a menos de una tercera parte, de 1.760 a 485; y el dinero destinado a utilizarlos se redujo de 2.157 a 1.814.

La corporación insular y la entidad financiera tienen un acuerdo para la domiciliación voluntaria de nóminas en esta entidad

Cajasiete ha premiado a una empleada del Cabildo Insular de Tenerife con una nómina extra al ser agraciada en el sorteo realizado entre todos los empleados de la Corporación Insular que tienen domiciliadas sus nóminas en la entidad financiera.

Este premio es fruto del acuerdo entre la Corporación Insular y Cajasiete para la domiciliación voluntaria de nóminas en esta entidad.

Según explica la entidad en un comunicado, todos los empleados del Cabildo y de sus empresas relacionadas que domicilien

sus nóminas en Cajasiete tendrán un disponible en su cuenta del 80% de su nómina y para disponer de un anticipo de la nómina automático no tendrán que realizar ninguna gestión añadida ni aportar documentación adicional.

Además, tanto para empleados del Cabildo como para familiares de primer grado, Cajasiete ofrece un Préstamo de Estudios.

La entidad financiera también ha incorporado transferencias individuales ilimitadas gratuitas por banca electrónica en

euros dentro del espacio SEPA, y una tarjeta de débito y crédito sin coste con la que se puede sacar dinero en todos los cajeros SERVIRED sin comisiones..

Asimismo, los empleados participarán de forma automática de un sorteo semestral de una nómina mensual con un máximo de 1.500 euros por premio.

Nacho Villa es el trabajador público no sanitario mejor pagado en Castilla-La Mancha, por delante incluso de la propia presidenta de la región. El salario declarado por él mismo es de 120.000 euros anuales.

Sin embargo en la relación de nóminas de los empleados públicos de la región correspondiente al año 2012 que ha publicado la Junta el puesto de Nacho Villa (director del ente público RTVCM) aparece hasta cuatro veces. El propio puesto de Villa es a la vez el mejor pagado no sanitario en la región (número 24 de trabajador público que más cobra en la región) y a la vez volvemos a encontrar su puesto en el número 65 (de nuevo “director del ente público RTVCM”, en este caso con nómina de 110.000 euros, segundo trabajador no sanitario que más cobra por detrás de él mismo).

Lo encontramos una tercera vez en el puesto 583 de la lista, en este caso con un sueldo de 85.439 euros anuales, y una cuarta vez en el puesto número 2.125 de los trabajadores públicos que más cobran en la región con unos redondos 70.000 euros anuales.

Cuatro veces aparece el puesto de director del ente público RTVCM cuando solo existe un director de la cadena. Puede ser que el sueldo real de Villa sean esos 120.000 euros que siempre ha declarado y que los otros tres se refieran a otros puestos mal especificados (en la cadena muchos altos cargos son elegidos de tres en tres, como por ejemplo los vocales designados por los distintos organismos). No obstante director del ente público, como indica la relación de puestos, solo hay uno. Si Villa realmente cobra esas cantidades estaría en un sueldo anual de 385.239 euros.

Las preguntas serían ahora mismo cuál es el sueldo real de Nacho Villa como director de la radiotelevisión manchega, ya que la relación de nóminas públicas no dejan nada claro. Si realmente cobra la cantidad declarada o, en caso de no ser así, quiénes son esas tres personas que cobran en total 265.000 euros de la Administración pública, y en calidad de qué (porque aparecen cuatro directores del ente público cuando solo hay uno).

La relación total de estos puestos de trabajo (más de 2.100 páginas de los más de 60.000 trabajadores públicos) puede consultarse en este enlace.

El término “social” se entiende poco en las 86 viviendas propiedad de CCM-Liberbank que el ayuntamiento de Manzanares ha negociado con la entidad bancaria para que se destinen a alquileres sociales. El alcalde ha expresado que sólo quiere que las casas las ocupen gente con dinero, con nómina y Seguridad Social.

Así lo ha denunciado Julián Nieva (PSOE), portavoz de la oposición en el ayuntamiento y que ha pedido que se reconsideren los requisitos para poder acceder a una de esas viviendas sociales, para facilitar que los parados de la localidad puedan acceder en condiciones de igualdad, en lo que ha calificado como una discriminación inadmisible.

Dentro del acuerdo entre CCM-Liberbank y el ayuntamiento manzanareño, la entidad no tendrá que pagar gastos del IBI ni impuestos de basuras, y ofrecerá las viviendas en precios que irán desde los los 200 euros mensuales. “Niegan una vivienda social a quienes más la necesitan y por otro lado le dan ventajas que nadie tiene a la empresa”, señala Nieva.

Esas 86 viviendas son parte del enorme stock que CCM dejó en Castilla-La Mancha de viviendas vacías actualmente desocupadas. Con esa solución se le da una salida al destino de esas casas, solución que dará a la empresa al año 156.000 euros con los alquileres de las mismas, 13.000 euros al mes, a lo que hay que sumar la subida anual del IPC durante los años que las renten. Al ser un alquiler la propiedad seguirá siendo de CCM-Liberbank y además en condiciones ventajosas de pagos de impuestos.

Precisamente el IBI es uno de los impuestos que más ha subido en Manzanares en esta legislatura, concretamente un 21%, algo que critican los vecinos. “Además de alquilarle los pisos al promotor, todo el pueblo tiene que hacerse cargo del pago de sus impuestos”, apuntaba también Nieva.

A estas viviendas, a pesar de denominarse “sociales”, no podrán entrar ni parados, ni desahuciados, ni víctimas de violencia de género, ni familias que tengan a todos sus miembros en paro. Es decir, que sólo podrán alquilarlas gente con dinero, gente que precisamente no tiene la necesidad de recurrir a un alquiler social.

Antonio López de la Manzanara Núñez Barranco (PP), nombre completo del alcalde de la localidad, ya se ha hecho famoso a nivel nacional por numerosos escándalos en la alcaldía. Es propietario casualmente de una inmobiliaria y también de una clínica privada. Durante el proceso por el cual la Junta de Castilla-La Mancha informaba a los vecinos de la localidad de la privatización de su hospital (después derogada), en las cartas que llegaron a los vecinos el alcalde incluyó un folleto de los servicios de su clínica privada, publicitándola mientras se privatizaba el hospital público. Otras actuaciones del alcalde fueron patrocinar una fiesta pornográfica por el ayuntamiento, tener que retirar por orden judicial 38 multas de tráfico que fueron colocadas ilegalmente engañando a los propietarios de los coches, vetar a un periodista por llevar a dar una charla a la localidad a Carlos Solchaga, al que calificó como “peligroso rojo” o pagar a una funcionaria durante varios años por no ir a trabajar, aludiendo que “no quería volverla a ver” (por eso le pagaba el sueldo el ayuntamiento pero no iba a trabajar).

Los trabajadores del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria cobrarán la nómina de enero con varios días de retraso debido a las modificaciones que se han producido en la plantilla municipal tras la reciente aprobación de la Relación de Puestos de Trabajo (RPT).

Según fuentes oficiales del Consistorio capitalino, los pagos se realizarán “como muy tarde” el jueves de la próxima semana, día 30, a pesar de que el reglamento de funcionarios y el convenio del personal laboral fija en el 24 de cada mes la fecha límite para el abono de las nóminas . El grupo de gobierno achaca el retraso a la adscripción de los trabajadores a sus nuevas plazas, proceso por el cual la Intervención municipal ha tenido que revisar “una por una” las nóminas de los cerca de 2.500 trabajadores de la corporación.

Las mismas fuentes desligan este retraso de los autos judiciales que han suspendido de forma cautelar la conversión del vínculo jurídico del personal laboral en funcionario interino, la medida más polémica de la RPT.

El PSOE y representantes sindicales habían advertido tras conocerse la sentencia del 23 de diciembre de la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias -y su posterior ratificación el día 3 de enero- que el Ayuntamiento no podría pagar las nóminas de enero si aprobaba de forma definitiva la plantilla de 2014, hecho que finalmente se produjo en el pleno celebrado el 27 de diciembre.

Isabel Mena, portavoz del PSOE, tildó en esa sesión de “desacato judicial” la decisión del grupo de gobierno de aprobar la plantilla, ya que ésta implicaba también la conversión de los laborales que los juzgados habían paralizado y, por lo tanto, la adscripción de trabajadores a unas plazas “que no existen”.

La concejal socialista auguró entonces que el Ayuntamiento no podría pagar las nóminas de enero y que se vería obligado a convocar de nuevo al pleno para desatascar la situación y pedir una modificación de crédito, procedimiento que ahora el grupo de gobierno descarta. “El cobro está asegurado antea de final de mes”, afirman.

El Comité de Empresa ha lamentado el “secretismo” del PP con respecto a este asunto y ha precisado que, a pesar de las declaraciones públicas de sus dirigentes garantizando el pago en tiempo y forma, aún no han explicado la fórmula con la que van a proceder al mismo. Los empleados municipales no han recibido hasta la fecha ninguna comunicación con respecto a este retraso. “La situación es incierta y aún no sabemos si Intervención va a poner algún tipo de reparo”, señala José Manuel Rodríguez, presidente del Comité.

Intersindical Camaria ya cuenta con los permisos de la Delegación del Gobierno para llevar a cabo concentraciones durante la próxima semana por el retraso de las nóminas.

Unas siglas que se van a colar en los bolsillos españoles en apenas 94 días: IBAN. Se trata del nuevo código de identificación de las cuentas bancarias que sustituirá de forma obligatoria al que actualmente se utiliza, denominado CCC. El cambio real apenas implica pasar de los 20 dígitos actuales a los 24 que se pedirán para unificar la denominación de las cuentas bancarias en todos los países de la zona del euro. Pero lo tienen que aplicar todos aquellos que realicen cobros y pagos entre países de la zona del euro. Es decir, todo el mundo. El objetivo de esta normativa es romper la barreras financieras para que la gestión de cobros y pagos en toda Europa pueda unificarse en una sola cuenta, con independencia de dónde se generen las operaciones.

Hacer caso omiso de este cambio puede costar tan caro como que los trabajadores no puedan recibir a tiempo la nómina de febrero, que una comunidad de vecinos no cobre los recibos mensuales e incluso que un ayuntamiento deje de recaudar impuestos como el IBI. Por eso el Banco de España ha mostrado su preocupación y ha instado a todos los agentes económicos a apretar el acelerador del cambio para poder llegar a tiempo. La cosa no está fácil, ya que, a falta de tres meses para la fecha límite, apenas el 0,24% de las empresas españolas se han puesto al corriente de la modificación.

El nuevo identificador será imprescindible para cobrar la nómina a partir del 1 de febrero, con lo que lo normal será que desde el departamento de Recursos Humanos de la empresa soliciten la identificación a sus trabajadores. Si esto no sucede, lo mejor es que el empleado tome la iniciativa y se lo facilite, para evitar retrasos indeseados. Ante la duda sobre cuál es el nuevo número para identificar sus cuentas, lo mejor es acceder a la página web del SEPA e introducir el actual Código Control de Cuentas (CCC) y, tras pasar esos números por un algoritmo matemático, aparece el nuevo IBAN (que será siempre el mismo e intransferible).

Quienes más van a sufrir con este cambio, y quienes más preocupan al Banco de España, son las pymes y los pequeños organismos que gestionan pagos. “Los bancos están muy avanzados en el cambio y las grandes empresas ya están poniendo al día sus sistemas de gestión. Por lo que esperamos que, antes de final de año, el 80% de todos los afectados esté al día. Nos preocupa el otro 20%”, han asegurado fuentes del organismo regulador.

En principio, los consumidores no tienen difícil ponerse al día. Lo más probable es que sus cuentas ya tengan la nueva identificación. Sólo tienen que mirar la documentación del banco y buscar el número IBAN. En cuanto a las domiciliaciones, las grandes empresas, como las telefónicas o las suministradoras de luz y agua, entre otras, se encargarán ellas mismas de cambiar las órdenes de domiciliación.

Las pymes, las más afectadas

Las pymes, las más afectadasEfectivamente pymes, asociaciones y pequeños ayuntamientos tienen que dedicar esfuerzo, personal y, por tanto, dinero a ponerse al día en esta nueva normativa. Lo que implica ponerse en contacto con cada uno de sus clientes para solicitarles el nuevo IBAN, y actualizar todas sus bases de datos antes del día límite. Pero ese no es el único cambio, también deberán modificar la longitud del campo en el que se describe el contenido del recibo, que ahora queda fijado en un máximo de 140 caracteres frente a los 600 que se permitían hasta ahora en España.

Esto implica, por ejemplo, que el recibo del seguro del coche ya no podrá identificar todos los aspectos del vehículo, por lo que muy probablemente ya no será válido como identificador de pago, y las compañías aseguradoras, en consecuencia, deberán enviar otro justificante de pago a sus clientes. Además, ya no será posible enviar esos datos al banco en texto plano, como se podía hacer hasta ahora, sino que se exigirá que vayan en un formato especial XML que permite la identificación del contenido a través de etiquetas y al que también deberán adaptarse los sistemas informáticos de los emisores de recibos.

La Administración no ha previsto ningún tipo de ayuda financiera para ayudar a las pymes a esta actualización tecnológica que les va a suponer, como poco, dedicar personal y cambios informáticos de coste limitado, pero en un momento en el que el ahogo financiero como el actual no es lo más deseable.

El de actualizar el sistema de cobro y domiciliaciones es el último de los cambios que deben realizarse para la puesta en marcha de la Zona Única de Pagos en Europa (SEPA). Durante los últimos años se han estado actualizando el sistema de pagos por tarjetas y las transferencias. El cambio en las tarjetas es el que ha motivado que se implante el sistema de número de identificación PIN como verificación del usuario frente a la firma, y ya está totalmente concluido. En el caso de las transferencias, el cambio está completado al 50% pero, al ser tramitado por los bancos, apenas ha supuesto problemas para los usuarios.