El juicio al 'cártel del fuego' que sobornó a cargos públicos y funcionarios para hacerse con contratos de aviones para la extinción de incendios en España acaba con penas menores que no supondrán ingresos en prisión para los 16 acusados, entre ellos el exconseller valenciano del PP Serafín Castellano.

La Audiencia Nacional ha abordado la fase final de la vista con las conclusiones definitivas, en la que el fiscal ha considerado se ha acreditado la existencia de un cártel de empresas que se repartió al menos entre 1999 y 2015 el mercado de forma oculta y que hubo un “riego de regalos” para obtener el favorecimiento de adjudicaciones de concursos por administraciones públicas.

En la sesión de este lunes los abogados de Serafín Castellano y otros once acusados han ratificado acuerdos de conformidad con el fiscal para confesar los hechos a cambio de penas menores.

Serafín Castellano acepta ser condenado a dos años y siete meses de cárcel al confesar su participación en procesos irregulares de adjudicación al grupo de empresas Avialsa, propiedad del también procesado Vicente Huerta.

Huerta le recompensó con dinero en metálico además del pago de cacerías, monterías, hospedajes, viajes, un rifle, jamones, cenas, comidas y otras dádivas por más de 160.000 euros, según los hechos relatados por el fiscal reconocidos por el exconsejero.

El fiscal pedía inicialmente 21 años de prisión para Serafín Castellano, que ocupó las Consellerias de Justicia, Administraciones Públicas, Sanidad y Gobernación entre 1999 y 2014 y que además fue delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y secretario general del PP de la Comunitat Valenciana.

Por su parte, Vicente Huerta asume tres años y cinco meses de cárcel frente a los 25 años que pedía inicialmente el fiscal para él.

En virtud de los mismos, el exjefe de la Unidad de Medios Aéreos de la Generalitat de Cataluña Ramón D.B. ha aceptado una pena de un año y once meses de cárcel frente a los seis años que solicitaba el fiscal.

Igualmente, Francesc Xavier P.C., exencargado del Servicio de Contratación y Patrimonio de la Subdirección General de Gestión Económica y Contratación del Departamento de Interior de la Generalitat catalana, ha aceptado un año y dos meses de prisión, frente a los cinco años que reclamaba la Fiscalía.

El resto de acusados que han pactado son empresarios, que han aceptado penas de alrededor de un año y medio de cárcel.

Para ratificar los pactos el fiscal ha tenido en cuenta que Serafín Castellano y Vicente Huerta ya depositaron de forma conjunta 904.000 euros para indemnizar a las administraciones perjudicadas, así como que el segundo ha pagado casi un millón más por el mismo concepto y que el resto de acusados que han pactado han consignado 234.000.

Solo cuatro acusados no han pactado con el fiscal, que ha rebajado para ellos distintas peticiones de pena de cárcel o inhabilitación al apreciar la circunstancia atenuante de dilaciones indebidas por el tiempo transcurrido desde que se abrió el procedimiento en 2015.

Se trata de Vicente B.C., excoordinador del Servicio contra Incendios de la Generalitat Valenciana; Manuel B.S., exresponsable de la División Operativa de la Dirección General de Emergencias y Seguridad de la Generalitat catalana, y los empresarios Rubén Mariano G.P. y Francisco Antonio A.E..

Sobre este último el fiscal entiende que aunque su denuncia destapó esta trama no cumple todos los requisitos para aplicarle la excusa absolutoria que alega su defensa pero ha indicado que “dada su labor de colaboración” el tribunal puede instar un posible indulto en la fase de ejecución de la sentencia.

“Teruel, ya avistamos el fuego, nos dirigimos hacia él”. Fueron las últimas palabras del piloto Albert Batlle antes de caer en picado el 19 de marzo de 2011. No se fue solo: seis bomberos forestales se estrellaron con él en aquel helicóptero Bell 407 operado por Inaer (hoy, Babcock). El avistamiento del fuego fue su última comunicación, según consta en el informe de la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC) del Ministerio de Fomento. Segundos después, una pieza defectuosa habría fallado y el helicóptero se precipitó al vacío. Todos, excepto el bombero Ángel Aznar, fallecieron en el acto.

El caso de Albert Batlle no es un caso aislado, pero sí uno de los más graves de los últimos 18 años. Desde el año 2000 han muerto 18 pilotos y 9 pasajeros y otros tripulantes, todos en vuelos operados por compañías del llamado Cártel del Fuego, la supuesta “organización criminal” de empresas acusada de manipular concursos públicos desde hace años. Apagar fuegos es una actividad de alto riesgo, que se cobra vidas. Pero ese riesgo se incrementa si, como se está investigando, el supuesto amaño de los concursos públicos de lucha aérea contra los incendios forestales habría podido afectar a a las condiciones de seguridad de estos vuelos. Si eso fuera así, el Cártel del Fuego, según las investigaciones de la Policía, no sólo habría cobrado dinero público de manera fraudulenta. También, se habría cobrado vidas humanas.

Laura Monclús, del Colegio Oficial de Pilotos de la Aviación Comercial (COPAC), visualiza la siniestralidad aérea como un iceberg. “Sólo vemos la punta, es decir, los accidentes muy graves, pero 'bajo el agua' se esconden muchos factores contribuyentes que, si se atacaran, mejorarían mucho nuestra seguridad. La corrupción es uno de esos factores”.

Un ejemplo de esa supuesta corrupción, que mina la seguridad, serían los 4,5 millones de euros en subvenciones que Faasa, una de las empresas del cártel, habría malversado. Fondos que deberían haber ido destinados a empleo, infraestructura, innovación, desarrollo y lo más importante: cursos para mecánicos y pilotos que luchan contra el fuego. Pero que habrían acabado engrosando las nóminas de sus directivos, quienes llegaron a cuadriplicar su salario de 3.000 a 13.000 euros mensuales. Un tercio procedería de fondos públicos, según la Policía Judicial. El presidente y el vicepresidente de la compañía están imputados por delitos de estafa y falsedad documental, en la causa instruida por un juzgado de Sevilla.

Rafael León, expiloto de helicópteros de Inaer-Babcock, lo resume así: “Los empresarios quieren que aquello vuele como sea, aunque vaya con alambres. Para ellos, la pieza más barata de un helicóptero es de carne y hueso”.

Eldiario.es Andalucía ha revisado los expedientes de los 18 accidentes mortales ocurridos desde el año 2000. Son informes del la Comisión de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación Civil (CIAIAC), el departamento del Ministerio de Fomento al que acude la Justicia para asesorarse, y que es duramente criticado por los sindicatos del sector, como por las asociaciones de víctimas.

Según dichos informes, el siglo XXI ha dejado un macabro balance de 18 accidentes mortales y casi un centenar de siniestros con heridos de distinta gravedad. Los pilotos al mando de la aeronave no han sido las únicas víctimas de estos siniestros. En los accidentes también se han dejado la vida sus copilotos, cuando los había, y bomberos forestales que eran trasportados hasta el corazón de las llamas. El resultado del análisis resulta demoledor: 27 fallecidos y 113 heridos en los 95 de accidentes con víctimas de un tipo u otro.

El mercado de helicópteros para operaciones contra el fuego está copado por las empresas investigadas por la Audiencia Nacional y el Juzgado de Instrucción Número 8 de Sevilla: en todos los accidentes mortales estaban implicadas empresas relacionadas con el Cártel del Fuego, cuyas sedes han sido registradas por la Policía Judicial y cuyos dirigentes fueron imputados por un juez de Sagunto (Valencia) en diciembre de 2016, antes de inhibirse y enviar el caso a la Audiencia Nacional.

Los siniestros, en datos

Un 75% de los accidentes mortales se han producido en cuatro comunidades autónomas: Comunidad Valenciana (5), Galicia (4), Andalucía (2) y Cataluña (2). Todas ellas son puntos neurálgicos de la autodenominada 'Asociación' u “organización criminal”, según el juez de Sagunto. Las empresas valencianas y andaluzas serían las más peligrosas para los pilotos, ya que acaparan el 85% de los accidentes mortales, con las andaluzas Martínez Ridao (6 accidentes) y Faasa (1 accidente); y las valencianas Avialsa (5) e Inaer-Babcock (3) a la cabeza. Son también las compañías que acapararían la mayor parte del mercado mediante las supuestas prácticas mafiosas investigadas por la Justicia. Tampoco se han librado de la siniestralidad ni la catalana TAF ni las madrileñas Coytair ni Saeta, que cuentan, cada una de ellas, con un accidente mortal en su historial.

¿Por qué se termina estrellando un helicóptero? Según los expertos, un accidente se produce por un cúmulo de factores. La CIAIAC suele apuntar en sus informes a tres causas principales: falta de experiencia del piloto, descoordinación, y fallos mecánicos. Entre las más extravagantes: la práctica de acrobacias en pleno incendio de un piloto que había consumido alcohol.

“Tomaron represalias por notificar irregularidades”

Según fuentes del sector consultadas por este diario, el Cártel del Fuego operaría con la misma impunidad e irregularidad en los temas de seguridad, como en los económicos investigados por la Justicia. Silvia Figuerola, piloto de Inaer/Babcock y sindicalista, habría sido despedida por comunicarle a sus superiores que se estaban saltando una prohibición de Agencia Estatal de Seguridad Espacial (AESA): transportar mecánicos durante operaciones contra el fuego. “Tomaron represalias contra mí por notificarle a mi empresa por escrito que estaban cometiendo una irregularidad. Y es que en el sector se vive un clima de irregularidades, impunidad y escasa supervisión de AESA”, sentencia Figuerola. Tras su suspensión, denunció a su empresa por despido improcedente, un juez le dio la razón y ha sido readmitida.

Empresas aeronáuticas como Faasa defienden que “se fomenta que todo el personal reporte cualquier situación que pueda afectar a la seguridad de las operaciones, tanto en vuelo como en tierra, dentro de un procedimiento confidencial y no punitivo”, Rafael León, expiloto de helicópteros de Inaer, duda que esa sea la tónica del sector y comparte el punto de vista de su compañera Silvia.

“Está clarísimo que se represalia a los pilotos y mecánicos que denuncian irregularidades. Es mi caso. Me mandaron a la calle con 57 años. A pesar de tener 1.000 horas de vuelo y todos los certificados, ninguna empresa de toda España me quiso dar trabajo. Entré en su lista negra. Fue un castigo ejemplarizante, porque denuncié confidencialmente, ante el piloto de seguridad en vuelo, mis investigaciones sobre nuestra empresa de mantenimiento, que no existía desde hacía dos años, pero con la que seguíamos operando”, sostiene . Alguien, asegura, falsificaba la firma del ingeniero de la empresa fantasma con un trozo de papel, cinta adhesiva y una fotocopiadora.

Según León, se juega con la seguridad de los pilotos. “Mi helicóptero quemaba diariamente 25 litros de aceite. Los mecánicos lo cambiaban a escondidas a las seis de la mañana, para que yo no lo viera. Yo lo único que veía era cómo los bidones de aceite se iban quedando vacíos uno tras otro, sin que nadie me explicara nada”.

“No se elige a los más cualificados”

La formación, también bajo la lupa de la Justicia, por las supuestas irregularidades en las subvenciones concedidas para cursos a desempleados, es otro de los talones de Aquiles de la alta siniestralidad. Según fuentes sindicales del sector, “muchas veces no se elige a los más cualificados, sino a los que pagan todos los cursos”. La inexperiencia de los pilotos es clave en algunos de los accidentes, pero, como apunta Laura Monclús, del Colegio Oficial de Pilotos, “un accidente nunca es por una sola causa, y se apunta demasiado al factor humano en los informes de la CIAIAC, que tardan mucho, están incompletos y son superficiales”. La piloto Silvia Figuerola lo corrobora tajantemente: “la culpa, al final, siempre es nuestra”.

Los sindicatos van más allá y ven “irregularidades manifiestas y claras en los informes de las comisiones de investigación”. En este sentido, Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022 y de la Federación Internacional de Víctimas de Accidentes Aéreos y sus Familias (FIVAAF), tacha a la Comisión de Investigación del Gobierno de “partidista y obsoleta. La CIAIAC va a seguir encubriendo a los culpables de los accidentes. El Ministerio de Fomento regula, supervisa y hace las normas y cuando se equivoca en la supervisión de esos eslabones, tiene las comisiones oficiales para que los absuelva de toda culpa”.

Fallos mecánicos

Los fallos mecánicos existen, pero rara vez se depuran responsabilidades en las empresas. Al menos, en España. Marisol Salafranca perdió a su hijo en el accidente de Teruel mencionado al comienzo de este reportaje. José Ramón Millán, de 24 años, llevaba desde los 20 años trabajando en la brigada helitransportada de Alcorisa (Teruel). Su madre, Marisol Salafranca le aclara a este diario, que “lo suyo no fue un accidente fortuito, sino una negligencia. Alguien sustituyó una pieza por otra defectuosa que no llevaba hecha la revisión”.

Ana Fernández perdió a su hermano José Antonio en 2011 por culpa de un fallo mecánico. El piloto Fernández se dirigía a Almería, junto a otras dos personas, para sustituir un helicóptero averiado del servicio antiincendios del Infoca. Fernández era un piloto experimentado con 5.427 horas de vuelo, pero su helicóptero, un Bell 412 operado por Faasa, se quedó sin aceite y no saltó ninguna alarma. Se habría ‘gripado’ como un coche, cayendo como una piedra, acabando con la vida de sus tres ocupantes, a pesar de todas las maniobras de emergencia ejecutadas por el ducho comandante. Fue un fallo mecánico incomprensible, según el informe.

El helicóptero era de Faasa, una de las empresas doblemente investigadas en el Cártel del Fuego, tanto por su supuesta implicación en la manipulación de concursos públicos, como por las “irregularidades graves” cometidas con las subvenciones de formación a pilotos y mecánicos desempleados. Ana Fernández critica que la empresa investigada “le echó la culpa, en un primer momento, a los motores, pero los expertos vieron que éstos no habían fallado, sino que había habido un fallo de mantenimiento”, asegura.

Faasa, por su parte, alega que ni “la investigación de la CIAIAC, ni la interna de Faasa, ha podido determinar responsabilidades dentro o fuera de la compañía, ya que el helicóptero contaba con todas las inspecciones y servicios de mantenimiento realizados. Este modelo de helicóptero tiene al menos 3 sistemas para avisar de un posible nivel bajo de aceite en la transmisión, lo cual hace muy improbable que fallaran a la vez. Faasa alegó este hecho durante la fase de investigación de la CIAIAC para que se continuase investigando el fallo, pero la comisión decidió cerrarla sin explicar”.

“El helicóptero se quedó sin aceite y no saltaron las señales de emergencia. Mi hermano estaba pilotando una bomba de relojería, una chatarra que ya había tenido un accidente. Que no se ponga Faasa tantas medallas, que tiene muchas muertes a sus espaldas. Mi hermano era uno de los mejores pilotos y aquel aparato no estaba en condiciones de volar”, sentencia Fernández.

¿A qué otras muertes de Faasa se refiere Fernández? Durante la última campaña contra incendios en Chile, país donde también opera Faasa, el piloto ecijano Ricardo García-Verde Osuna se estrelló con su avioneta mientras se dirigía a un incendio. Tenía más de 3.000 horas de vuelo y no emitió ninguna señal de socorro antes de la colisión mortal. 16 años antes, otro piloto de Faasa chocó con unas líneas eléctricas en la localidad malagueña de Benahavís con un helicóptero Bell 205. El informe apuntaba, en este caso, a la inexperiencia del piloto, que no conocía bien ni el terreno ni había trabajado apenas con la empresa, como a un posible deslumbramiento. De nuevo, se le echaba la culpa al piloto.

Pilar Vera recalca que, efectivamente, “siempre se le echa la culpa al muerto. En la aviación internacional eso cambió hace años, pero en España seguimos en el siglo pasado. El responsable casi siempre está vivo. Nadie puede creerse que te subas a un avión a matarte. Por eso, queremos que la CIAIAC desaparezca y sea sustituida por un organismo independiente, que no dependa de Fomento y esté integrado por técnicos independientes al estilo de la NTSB (Junta Nacional de Seguridad del Transporte) norteamericana, que investiga exhaustivamente más del 90% de los accidentes aéreos en todo el mundo y tiene una credibilidad como ninguna otra”. Una auditoría de Naciones Unidas de 2010 mostraba que la investigación de accidentes aéreos estaba en España a un nivel inferior de países como Mali, Nigeria o Cuba.

El escollo de la Justicia

La Justicia sigue siendo en España uno de los grandes escollos en la resolución de los casos. Según los sindicatos, el problema estriba en que los jueces no están especializados en un tema tan profundamente técnico y complejo como el de los siniestros. Los jueces se dejan guiar por los informes de la CIAIAC, que, sin embargo, aclaran expresamente en sus expedientes que éstos no sirven para “la determinación ni el establecimiento de culpa o responsabilidad alguna” y que sus investigaciones no cuentan con “las garantías y derechos por los que deben regirse las pruebas en un proceso judicial”.

Sea por fallos mecánicos, descoordinación o inexperiencia del piloto, “nunca se ha condenado a nadie en España por un accidente de helicóptero”. Laura Monclús recalca que hacen falta “jueces especializados en accidentes aéreos. Nunca se llega a las causas, nunca hay juicio y, por tanto, nunca hay sentencias condenatorias”. Pilar Vera, presidenta de la Asociación de Afectados del Vuelo JK5022, argumenta que “el juez tiene que tener su propio perito, como hacen en Francia. Un perito que le haga un informe al juez explicándole las causas y señalando un culpable, para que vaya a por él. La trampa que hay en España es que la Justicia no tiene esos recursos”.

Bomberos: “Los retenes tememos por nuestra seguridad”

El reguero de muertes también ha despertado las protestas de los sindicatos. El pasado otoño, un centenar de bomberos forestales del Infoca le solicitaron a la Junta de Andalucía que sustituyera los helicópteros Koala de Faasa por los Bell 412, que son biturbinas, más potentes y, por tanto, más seguros. Los koalas “van muy ajustados de peso y los días de mucho calor les cuesta despegar”. “Los retenes empezamos a temer por nuestra seguridad y nuestra vida”, señalaban los brigadistas tras haber “tenido que aterrizar de emergencia” en varias ocasiones.

Asimismo, el Sindicato SLTA (Sindicato Libre de Trabajadores Aéreos) lanzó un duro informe analizando los siniestros sufridos por Inaer-Babcock entre 2004 y 2013. El sindicato constataba que la operadora había tenido 32 accidentes en los que habían muerto 33 personas, 11 de ellas pilotos. SLTA denunciaba que los accidentes se habían producido en operaciones de emergencias de todo tipo (salvamento marítimo, emergencias sanitarias, transporte…), pero que la mitad de ellos fueron en tareas de extinción de incendios.

El informe recalca que “el índice de mortalidad de pilotos en la empresa es desmedido y se sale de todas las gráficas estableciéndose en un 261 por cada 100.000 trabajadores, el cual es 80 (ochenta) veces mayor que la media nacional, estando establecido el índice de incidencia de mortalidad laboral medio español en 3,2 por cada cien mil trabajadores para 2012”. Concluyen que los pilotos de España tienen la tasa de mortalidad laboral más elevada de todas las profesiones: “80 veces más posibilidades de morir que la media”. ¿Por qué? Según el sindicato de pilotos, no se cumplen las condiciones mínimas de seguridad y la inestabilidad laboral se transforma en estrés, falta de concentración “y eso finalmente se traduce en errores que pueden tener consecuencias fatales”.

Desde el Colegio de Pilotos creen que las soluciones para reducir los accidentes con víctimas mortales pasan por incluir la seguridad en los pliegos de condiciones de los concursos públicos y que siempre haya disponibles un par de helicópteros por comunidad autónoma, para que las tripulaciones puedan entrenar durante todo el año. “De ese modo, cuando se declare un incendio en verano, los pilotos están acostumbrados al entorno, la climatología, los procedimientos y los equipos. Así, sólo se tienen que preocupar del fuego, porque el resto de los factores los tienen controlados”, explican.

Familias, sindicatos y organizaciones aseguran que seguirán luchando para que las investigaciones de los accidentes se lleven a cabo con rigor y neutralidad en un mundillo con sombras, sobre el que los tribunales comienzan a arrojar luz, investigando una trama de corrupción que se ha saldado con imputaciones tanto de los empresarios de la trama, como de altos cargos del Partido Popular valenciano, el PSOE andaluz o la CiU catalana.

Tres de las principales empresas del Cártel del Fuego (Martínez Ridao, Avialsa e Inaer) no han atendido a las consultas de este diario.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 8 de Sevilla ha acordado inhibirse del caso del 'cártel del fuego', que investiga la manipulación de concursos públicos de lucha aérea contra incendios, y envía la parte de las actuaciones que se refiere en dicha investigación a la trama andaluza, como así le había solicitado recientemente la Fiscalía.

La jueza sigue los pasos del juzgado de Sagunto Valencia a favor de la Audiencia Nacional que, según este auto de 6 de julio, “contiene un pormenorizado relato de lo actuado, describiendo el modo en el que se procedía por los investigados a 'repartirse' los concursos en diversos territorios, con referencia expresa a las adjudicaciones por Junta de Andalucía desde la campaña de los expedientes, concursos y adjudicaciones con Faasa y empresas del grupo, reflejando igualmente las comunicaciones y acuerdos entre ellos para acudir a los concursos con ofertas 'perdedoras' y dar así apariencia de competitividad, obteniendo las adjudicaciones en el modo previamente concertado”, tal y como viene informando este periódico.

El juzgado sevillano se queda, por tanto, las investigaciones de las subvenciones pero pasa todo el tema de la organización criminal a la Audiencia Nacional. Cabe recordar que se están investigando delitos de organización criminal, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, negociaciones prohibidas a funcionarios. En el auto deduce testimonio para su unión a la causa seguida ya en el Juzgado Central de Instrucción número 6 de Madrid.

La corrupción relacionada con la extinción de incendios es cosa de España. No de Chile. Así ha reaccionado el gobierno chileno al polémico reportaje sobre el cártel del fuego emitido este miércoles en 'prime time' por el canal de televisión chileno Mega, que se ha apoyado en informaciones de eldiario.es, con varias exclusivas del caso en Andalucía, y otros medios españoles como Levante-EMV, que destapó el caso en la Comunidad Valenciana. El escándalo ha provocado tantas reacciones, que el Gobierno chileno se ha visto obligado a reaccionar.

La portavoz del gobierno, Paula Narváez, ha señalado que el caso que investiga la justicia española por organización criminal, alteración de precios de concursos públicos, cohecho o prevarición, entre otros, “sucede en un país extranjero (España), no en Chile”.

En el país latinoamericano, que vive la peor oleada de incendios forestales de su historia con 600.000 hectáreas arrasadas, operan tres aeronáuticas españolas que están siendo investigadas en España por este caso: Faasa, Inaer y Martínez Ridao.

La ministra chilena ha subrayado que “todos los procesos de licitación se hacen en el marco de lo permitido por la ley”, a pesar de que el juez de Sagunto (Valencia), que acaba de enviar el caso a la Audiencia Nacional, ve indicios de delito no sólo en España, sino en Italia, Portugal y Chile.

Héctor Ignacio Santamaría, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto, menciona Chile hasta en ocho ocasiones, dedicándole más de una página a las implicaciones de la trama en el país americano. Santamaría recoge un cruce de correos electrónicos que evidencia cómo se respetaban las “áreas de influencia”, en este caso a Martínez Ridao, por parte de Avialsa.

En los correos se señala “de forma esclarecedora, con ocasión de la invitación a AVIALSA, para que participare en un concurso en Chile, no solo acordaron la forma de presentar su oferta, en relación a Martínez Ridao, sino que del mismo modo, se vuelve a evidenciar, cómo las citadas empresas tenían perfectamente delimitadas sus áreas de influencia”, indica el juez.

Santamaría firmó un duro auto de inhibición en el que documentaba que 14 empresas aeronáuticas formaban, desde al menos hace 15 años, “una organización criminal” que había ganado al menos 277 millones de euros manipulando concursos públicos de lucha áerea contra el fuego. Según las indagaciones judiciales, los delitos afectaban a los erarios públicos de comunidades como Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Cataluña, Andalucía y Baleares, así como licitaciones nacionales de España, Portugal, Italia y Chile.

Durante un registro efectuado en la sede de Avialsa, la policía encontró el documento fundacional de la “organización criminal” en la que los cabecillas de la trama acordaban “respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público”. El Grupo 6, como ellos mismos se denominaban, estuvo formado en un principio por Avialsa y las andaluzas Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao, a las que se unirían posteriormente Cegisa y Trabajos Aéreos Extremeños (Taex), formando finalmente un conjunto de 14 empresas.

La parte andaluza del caso la destapó un funcionario durante la licitación de un concurso por valor de 90 millones de euros y ha terminado con la imputación del jefe de contratación de la Consejería de Medio Ambiente. Durante las investigaciones del caso andaluz, ha dimitido el ex director del Infoca, Juan Esteso, se ha imputado a dos directivos de Faasa por estafa y falsedad documental y la Junta de Andalucía se ha personado en la causa para solicitar su archivo. En la acusación sólo se encuentra, de momento, Ecologistas en Acción Andalucía.

La Junta de Andalucía se ha personado en la causa del 'cártel del fuego' que se instruye en el juzgado número 8 de Sevilla y ha solicitado su archivo. Entre los imputados que empieza a sumar la causa se encuentra uno de sus funcionarios: el jefe de contratación de la Consejería de Medio Ambiente.

Fue en una licitación de 70 millones de euros celebrada a comienzos de 2015 donde saltó la primera chispa. Estaba en juego el fletamento de aeronaves para la lucha contra el fuego de los siguiente cuatro años en Andalucía.

Todo debería haber salido adelante sin mayor problema, si en la mesa de contratación, aparte del citado jefe de contratación o el exdirector del Infoca, no hubiera estado presente un funcionario que, meses después, terminaría poniendo una denuncia.

Según consta en su declaración, el funcionario vio que el concurso estaba manipulado: una de las empresas, Faasa, se había llevado tres de los cinco lotes por un valor de 60 millones euros. En la propia mesa de contratación advirtió de que había que informar a la Agencia de Competencia y, cuando meses después, asegura, se dio cuenta de que nadie le había hecho caso, acudió a los juzgados a denunciar la supuesta prevaricación.

“Se comprobó que en cada uno de los 5 lotes en que se dividía el contrato sólo se había presentado una empresa de las licitadoras, cuando los objetos de los lotes son muy parecidos, y además lo habían hecho por el total del presupuesto base de licitación”, afirmaba.

El denunciante abundaba en que “si había una colusión de empresas, eso podía suponer un perjuicio para la Administración de muchos millones y una forma de favorecer de forma ilegítima a ciertos particulares”, porque “no se consiguió rebajar ni un ápice ese presupuesto, puesto que sólo licitó una empresa por lote y además por el máximo del presupuesto. Vamos, una táctica muy descarada”.

Desde aquella denuncia en verano de 2015, las llamas de la investigación judicial han ido avivándose y cobrándose sus primeras “víctimas”: el jefe de contratación está imputado por prevaricación desde febrero, el ex-director del Infoca dimitió en octubre en mitad de las pesquisas policiales y el presidente y el vicepresidente de la empresa ganadora del concurso, Faasa, quedaron imputados hace menos de un mes.

Conexión con la causa nacional

La investigación policial ha encontrado combustible en varios frentes. Por un lado, el caso del cártel del fuego nacional, que hasta ahora llevaba un juzgado de Sagunto (Valencia), transferido días atrás a la Audiencia Nacional, ha encontrado numerosos puntos de conexión con la trama andaluza instruida desde Sevilla.

La policía registró en enero las sedes de Faasa, Trabajos Aéreos Espejo, Servicios Aéreos Europeos y Tratamiento Agrícola (Saeta) y Sociedad Aeronáutica Peninsular (SAP), que fueron, junto a Inaer, las empresas que supuestamente manipularon la licitación. Los ocho “máximos responsables” de estas empresas fueron detenidos, y figuran en el sumario de Sagunto como imputados.

El último auto del juzgado valenciano, en el que se transfiere la causa a la Audiencia Nacional por el carácter de los delitos investigados y las dimensiones internacionales, encuentra indicios de varios presuntos delitos, como organización criminal, alteración de precios en concursos públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y negociación prohibida a funcionario público.

Núcleo duro de la supuesta “organización criminal”

Hay más de una veintena de imputados, entre políticos y directivos de las 14 aeronáuticas implicadas. Según la documentación encontrada por la policía, el origen de la supuesta “organización criminal” hay que buscarlo hace 15 años en Palma del Río (Córdoba), donde Faasa tiene su sede. Aquel núcleo duro se hacía llamar Grupo 6 y lo constituían Avialsa y las andaluzas Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao, a las que se unirían posteriormente Cegisa (absorbida por Inaer) y Trabajos Aéreos Extremeños (Taex). Según la documentación analizada por el juez de Sagunto, durante esta década y media habrían ganado más de 277 millones de euros manipulando concursos como el de Andalucía.

Se dividieron los concursos públicos de lucha aérea contra el fuego a modo de pastel: “Se acuerda respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público”, tal y como figuraba en aquel documento fundacional firmado en la localidad cordobesa.

Por otro lado, las investigaciones en Andalucía se han centrado en los últimos meses en la concesión de subvenciones a Faasa. La policía calcula que la compañía ha malversado 4.517.000 euros en ayudas públicas “plagadas de irregularidades y abusos”. Días después del atestado, dimitió el exdirector del Infoca, Juan Esteso.

La Junta de Andalucía ha defendido hasta ahora la transparencia con la que se llevan a cabo los concursos públicos, incluido el que se encuentra investigado por el juzgado sevillano. Fuentes sindicales del sector afirman que “la manipulación de los concursos públicos del fuego se lleva a cabo desde hace más de dos décadas, bajo la presión del pacto entre empresas, y afecta a todas las comunidades autónomas, tanto del PSOE, como del PP. ¿Es posible que lo desconocieran?”.

Ecologistas en Acción Andalucía, organización que se encuentra personada en la causa andaluza, advierte de que, en el hipotético caso de que se archivara la causa, recurrirían el fallo.

“No se entiende que la Junta de Andalucía pueda pedir el archivo de la causa, que no sólo afecta a los medios aéreos del Infoca, sino a cursos de formación, subvenciones al empleo y ayudas a las inversiones”, sostienen.

Los saldos son millonarios. Según consta en el último auto del juez Héctor Ignacio Santamaría, del Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto, las empresas del llamado 'cártel del fuego' habrían obtenido más de 277 millones de euros manipulando concursos públicos de lucha aérea contra incendios.

Las comunidades autónomas más afectadas hasta la fecha serían Castilla-La Mancha, con más de 72 millones de euros, seguida de Extremadura (49 millones), la Comunidad Valenciana y Cataluña (47.5 millones), Andalucía (36.5 millones) y Baleares (11 millones). Las licitaciones del Ministerio de Medio Ambiente concedidas a estas aeronáuticas ascenderían a más de 61 millones de euros.

Pero... ¿cómo se creó y cómo funcionaba este supuesto entramado de empresas supuestamente corruptas?

Grupo 6, una “organización criminal”

Grupo 6. Así se hacía llamar “la organización criminal” que durante, al menos, 15 años habría manipulado la lucha contra el fuego en dos continentes. Lo revela así el último auto del juzgado valenciano, que, ante las dimensiones internacionales que ha adquirido el asunto, se ha inhibido y transferido el caso a la Audiencia Nacional.

El 'cártel del fuego' nació un 20 de septiembre de 2001 en Palma del Río (Córdoba). Se sentaron a la mesa cuatro de los jefazos de este G-6 aeronáutico: Avialsa y las andaluzas Faasa, Trabajos Aéreos Espejo y Trabajos Aéreos Martínez Ridao, a las que se unirían posteriormente Cegisa y Trabajos Aéreos Extremeños (Taex). La localidad cordobesa donde Faasa tiene su sede 'veía' nacer una “asociación ficticia a efectos legales”, según palabras del propio juez.

Las empresas no dudaron en dejar su acuerdo negro sobre blanco. 15 años después, la Policía encontraría dicho acuerdo en el registro practicado en la sede de Avialsa, donde quedaba claro el nacimiento de una organización presuntamente delictiva: “Se acuerda respetar las zonas en las que cada compañía tiene su área de influencia, así como los nuevos contratos que cada empresa consiga que salgan a concurso público”.

Las empresas no solo acordaban, según la investigación, repartirse el pastel de los concursos públicos autonómicos, sino que se creaba un patrimonio común de aviones. A cada aeronave se le asignaba un número. De esa manera, si una empresa ganaba un nuevo concurso, “esa empresa será la que se presente al concurso, pero con el avión” de la empresa que el cártel hubiera decidido y a la que habría que 'pagar' por su uso.

Hasta siete delitos, según el juez

A los ojos del juez, son varios los delitos que habrían cometido a lo largo de estos años tanto estas empresas, como los funcionarios y políticos que han participado de esta presunta estafa o robo millonario: organización criminal, alteración de precios en concursos públicos, falsedad en documento mercantil, cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación y negociación prohibida a funcionario público.

Según los datos recabados por la investigación policial, el reparto por comunidades autónomas habría quedado de la siguiente manera:

Castilla La-Mancha, Galicia y Baleares: Martínez Ridao.

Cataluña y Valencia: Avialsa.

Andalucía: Martínez Ridao, Espejo y Faasa.

Portugal: Cegisa.

Castilla y León: Faasa.

Canarias: Espejo.

Este sería el núcleo duro, que posteriormente crecería hasta constituir una organización, “englobada por el conjunto de catorce empresas asociadas en Aeca (Asociación Española de Compañías Aéreas)”.

¿Cómo operaban para manipular los concursos públicos? Dejando “desiertos los concursos, a los efectos de incrementar el precio de licitación, o acudiendo en la mayor parte de los concursos tan solo una empresa, por el precio máximo de licitación y por ende, adjudicándoselo por dicho importe, o presentando varias ofertas, de las que previamente eran conocedoras de cuál iba a ser la adjudicataria”.

El Grupo 6 atentaba así contra la libre competencia, causando “un importante perjuicio económico para el erario público”. Se configuraban como un “monopolio” o cártel ilegal, que se tramitaban entre ellas facturas falsas “por conceptos no ejecutados” para liquidar “los acuerdos alcanzados”.

Con el apoyo o la vista gorda de políticos y funcionarios, a lo largo de esta década y media se han visto afectadas por estas prácticas supuestamente delictivas tanto las administraciones públicas de las comunidades autónomas señaladas arriba, como las de España, Portugal, Francia, Italia y Chile.

La trama andaluza

El juez valenciano ha imputado a más de una veintena de personas. Entre ellos se encuentran no solo los empresarios del Grupo 6 y el resto de compañías aeronáuticas, sino representantes de la Asociación Española de Compañías Aéreas y políticos valencianos, como Serafín Castellano o Pedro Hidalgo, y catalanes (Xabier Palmés, Manel Bosch y Ramón Dinares).

Una denuncia de un funcionario hace año y medio abrió una nueva investigación contra la trama andaluza del 'cártel del fuego'. Gracias a esa investigación llevada a cabo desde el Juzgado de Instrucción número 8 de Sevilla, se ha imputado a un funcionario de la Consejería de Medio Ambiente y a dos altos cargos de Faasa, su presidente y su vicepresidente. Este último fue detenido a comienzos de este mes.

La policía judicial los investiga por delitos de estafa y falsedad documental al malversar supuestamente 4.517.000 euros en ayudas públicas “plagadas de irregularidades y abusos”.

A nivel político, el exdirector de la lucha contra incendios en Andalucía, Juan Esteso, que llevaba más de 20 años vinculado a la cúpula del Infoca, dimitió “por motivos personales”. Su cese tuvo lugar tan solo unos días después de que un duro atestado policial llegara la mesa de la jueza instructora del caso en Andalucía a principios de octubre. El funcionario formaba parte de la mesa de contratación que concedió 70 millones de euros a la trama andaluza del 'cártel del fuego', sino que era autor del pliego de condiciones técnicas del concurso.

El juez que investiga el amaño de contratos para la extinción de incendios ha ordenado la detencion de otras cuatro personas relacionadas con el llamado cartel del fuego, la trama que conspiraba para repartirse los concursos públicos para luchar contra los incendios forestales.

Según Levante-EMV, la operación, a desarrollar entre este martes y el miércoles, está siendo ejecutada por la UDEF, la brigada de la Policía Nacional contra la delincuencia económica, y aún no ha acabado. Se han producido registros en Valencia (dos en la capital y uno en Alboraia) y otro en Arganda del Rey (Madrid).

Los arrestados, entre los que estaría un exasesor de Rafael Blasco, el fáctotum del PP ahora en prisión por el robo de ayudas al tercer mundo, estarían implicados en el cobro de comisiones ilegales por una operación urbanística, la tramitación de un PAI. Están imputados por los presuntos delitos de prevaricación, cohecho y falsedad.

La operación, nacida de la pieza principal, no tendría conexión directa con el amaño de contratos que provocó la investigación inicial.

El cartel del fuego

La investigación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción se centra en los supuestos delitos de organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público a 30 personas, entre ellas, Serafín Castellano, quién lo fue casi todo en el PP valenciano.

Anticorrupción ha puesto bajo la lupa adjudicaciones por más de 40 millones de euros en servicios aéreos para la extinción de incendios. Los contratos habrían ido a parar a empresas del denominado cártel del fuego, que habrían sobornado o premiado a Castellano con dádivas o dinero. Las prácticas irregulares, centradas en la Generalitat Valenciana, alcanzarían también a la catalana y al Estado.

Avialsa, la empresa que estaría en el centro de la trama, ha seguido adjudicándose los contratos de aviones antiincendios de la Generalitat Valenciana al ser la única que se ha presentado a los concursos con la nueva administración, gobernada por una coalición entre PSPV-PSOE y PP.

Otro ejemplo sublime. Ciegsa estaba sometida al derecho privado y así tener las manos libres para contratar a camaradas, para fijar sueldos de escándalo y para amañar encargos en el sector educativo. En suma era un pesebre ambulante del PP por donde filtraba a chorro, a modo de goteras, el dinero de todos a su antojo; un gran agujero negro que construía colegios más caros de lo normal y que lucraba a los fabricantes de barracones, que los vendían o alquilaban a la Generalitat a precios desorbitados. Con esos contenedores montaban escuelas interinas e impropias en descampados. El modus operandi era idéntico o similar al aplicado en otras esferas de la Administración. Los que avivaban esas prácticas actuaban al estilo de los hampones de la droga, aunque los nuestros traficaran con infraestructuras, subvenciones o servicios públicos.

Algunos yonquis del dinero de por aquí se han merendado cantidades ingentes de euros en residencias de la tercera edad, en obras públicas con sobrecostes pactados de antemano, en tratamiento de aguas putrefactas, en resonancias magnéticas, en subvenciones injustificadas a ONG ficticias, en megahospitales, en la recogida de basura –un clásico- y en polígonos industriales innecesarios y mal ubicados.

Los “cartelistas” han dictado su propia ley, han campado a sus anchas. Fijaban los precios de las concesiones, y si les fallaban los cálculos se les rescataba con dinero público. A eso le llaman eufemísticamente libre concurrencia. Los fieles del capitalismo puro deberían depurar a esos listos de la clase. Algunos padrinos ya están entre rejas. Nos hace falta una DEA a la valenciana que persiga sin descanso a esos camellos del dinero, a esos artífices de la extorsión generalizada, a esos cartelistas que han abierto un boquete antológico en las finanzas públicas valencianas. El cazador Serafín Castellano podría, ¿quién sabe?, acabar en la misma “jaula” que el recluso Rafael Blasco, todo un mago del pillaje. Allí no comerá perdices y no será, ¡vaya contratiempo!, muy feliz. ¡Menudos pájaros!

El juez del juzgado de Instrucción número dos de Sagunto (Valencia) ha solicitado a 21 entidades bancarias que faciliten a la Policía información sobre las cuentas del exconseller de Gobernación y exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano; el contratista a quien le adjudicó trabajos José Miguel Pérez Taroncher y el exteniente de alcalde de Quartell, Emilio Máñez, y sus respectivas familias dentro de la investigación de la 'Operación Concertación'.

En esta causa sobre la denominada 'trama del fuego' se investiga un presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales. Hay imputadas al menos 30 personas, en relación con los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación, cohecho, delito contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, falsedad en documentos públicos y alteración de precio de concurso.

El juez adoptó esta decisión en un auto de finales de noviembre tras la petición de la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal, Brigada de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la Policía, que le solicitó poder acceder a estos datos con el objetivo de comprobar la declaración del testigo Francisco Alandí, que fue gerente de una de las empresas investigadas, Avialsa, ofrecida tanto en la denuncia original ante Fiscalía como en posteriores ampliaciones por la comisión de posibles delitos de cohecho en la Comunitat Valenciana y en Catalunya por personas no investigadas en la causa en ese momento.

La Policía consideraba “imprescindible” el “abordaje de la obtención de pruebas e indicios suficientes, la obtención inicial de información” que obrara en la Agencia Tributaria “de la que se puede desprender las fuentes de ingresos declaradas por los investigados, merced a su confrontación con la realidad financiera” facilitada por las entidades bancarias para detectar la existencia de “ingresos atípicos, propios de los ilícitos investigados”.

El juez accedió a la petición “al existir indicios racionales de criminalidad de la participación de los mismos” en los hechos investigados, y con el fin de esclarecer “la posible existencia de un blanqueo de capitales, vistos los movimientos bancarios, contrataciones bancarias y/o movimientos bancarios con los declarados ante la AEAT”, sin perjuicio de que se tratara de personas que ya hubieran declarado en la causa como de otras sobre las que procede ser investigadas.

Así, según la documentación a la que ha tenido acceso Europa Press, el juez ha acordado requerir, a través de la Policía, a 13 entidades bancaias para que faciliten información de Pérez Taroncher, su mujer y dos dos hijos; Castellano y su esposa; Emilio Máñez, su pareja y sus hijos y otras seis personas más, entre ellas, el alto cargo de Bombers de la Generalitat, Ramón Dinarés; Javier Hidalgo, hijo del que fuera director general de Interior e investigado en el caso, Pedro Hidalgo, —a quien consta como supuesta dádiva un Touareg—; el alcalde de Quartell, Francisco Huguet o el exjefe de Aviación Civil Salvador Alepuz.

El instructor ha reclamado también información de 13 empresas o personas jurídicas relacionadas con los hechos, entre ellas, Construcciones Taroncher y Asociados, respecto de las cuentas en las que aparezcan como titulares o autorizados así como otras personas o sociedades titulares o autorizados, que compartan cuentas con aquellas desde el año 2005.

Datos socilitados

Los datos solicitados son la apertura de la cuenta; los extractos de los movimientos bancarios de las cuentas, total de abonos y cargos desde su apertura; fotocopia de las matrices por duplicados de los cheques librados por la entidad, de cualquier cantidad, a petición de las personas que se quiere investigar y fotocopia del anverso y reverso de los chueques que hayan librado por cuantía superior a 3.000 euros abonados a estas personas, así como cualquier otra ifnromación sobre depósitos, valores, cajas de seguridad, títulos, acciones y productos financieros.

Asimismo, acuerda expedir un oficio dirigido a la AEAT para que facilite información de varias de estas personas físicas y de las sociedades, entre ellas, declaración anual de IRPF, ingresos y gastos, hipotecas, administradores y socios oo porcentajes de participaciones sociales o moviimeintos de efectivos y transmisiones patrimoniales.

El Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto (Valencia) ha levantado el secreto del sumario de la causa que se sigue por un presunto amaño de contratos públicos relacionados con empresas del sector aéreo dedicadas a la extinción de incendios forestales.

En estas diligencias se encuentra imputado -junto a más de 30 personas más, el exdelegado de Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellano, por supuestas irregularidades cometidas en su etapa como exconseller de Justicia de la Generalitat. Castellano fue detenido en mayo de 2015 y quedó en libertad, con medidas cautelares (retirada del pasaporte y prohibición de la salida del territorio nacional).

La causa nace de una denuncia interpuesta por la Fiscalía Anticorrupción en mayo de 2015. En ese momento, se acordó el secreto de las actuaciones, secreto que, según recoge el auto notificado este viernes a las partes, ha ido prorrogándose para “practicar cuantas diligencias eran necesarias para el esclarecimiento de los hechos, su naturaleza y personas presuntamente responsables” y garantizar el éxito de la investigación.

Más de 30 personas y 20 empresas investigadas

Hasta este momento hay más de 30 personas y 20 empresas investigadas por amañar, supuestamente, concursos públicos de ámbito autonómico, nacional e internacional (Italia y Portugal). Las diligencias están abierta por organización criminal, alteración del precio en concurso público, falsedad mercantil, prevaricación, cohecho, malversación, falsedad en documento público y negociación fraudulenta a funcionario público.

En el auto se acuerda el cese del secreto de las actuaciones “al haber podido identificar a los presuntos responsables de los delitos investigados respecto de los que existen indicios racionales de criminalidad en relación a los hechos que constan en las presentes diligencias”.

La resolución del juez permitirá a todas las partes personadas en la causa tener acceso “a la totalidad de las presentes diligencias” porque, según argumenta el magistrado instructor, ha desaparecido el riesgo de “alterar, destruir u ocultar nuevas fuentes de prueba”.

Además, de Castellano, la causa se sigue contra un exalto cargo de la Generalitat Valenciana y un alto cargo del Cuerpo de Bomberos de la Generalitat de Catalunya. Ambos fueron arrestados el pasado 13 de enero en el marco de la operación policial desarrollada por el Grupo 24 de la UDEF por orden del juez instructor, que, acordó la libertad provisional con la adopción de las mismas medidas cautelares que impuso al ex delegado del Gobierno de la Comunidad Valenciana y ex conseller de la Generalitat.

El dispositivo incluyó la práctica de 20 registros en empresas y viviendas. Además de la Comunitat Valenciana y Cataluña, la operación (detenciones y registros) se desarrolló de forma simultánea en Andalucía, Baleares, Extremadura, Madrid y Castilla-La Mancha. En esta última comunidad no se practicaron registros porque en las diligencias se investigan contratos de la Administración con empresas de la trama, ninguna de las cuales tiene sede física en dicha región.

El exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller del PP Serafín Castellano, investigado por el supuesto amaño de contratos de servicios de extinción de incendios, ha asegurado hoy que todo lo que se está publicando sobre él es “un auténtico disparate”.

Castellano, quien ha comparecido en la comisión de investigación de las Corts sobre el accidente de metro de Valencia de 2006, se ha pronunciado así ante los medios de comunicación en sus primeras declaraciones públicas desde que el pasado mayo fuera detenido e investigado en la causa que instruye un juzgado de Sagunto.

El exdelegado del Gobierno ha afirmado que espera tener ocasión, “lo antes posible”, de demostrar su “total y absoluta inocencia”, y ha asegurado que todo lo que conoce sobre este asunto es lo que lee en los medios de comunicación, que según ha dicho saben más que él.

Ha indicado que “cada cosa se habla donde toca”, y que hoy ha acudido a las Corts en calidad de exportavoz del grupo popular para hablar de la comisión del accidente de metro, por lo que sobre la causa judicial que le afecta hablará “en el foro adecuado”.

Además, ha insistido en que la causa está sub iudice y se ha declarado el secreto de sumario, por lo que es respetuoso con la ley y con la justicia.

Finalmente, ha pedido que, cuando se demuestre su inocencia, los medios de comunicación “le den también la misma dimensión a las noticias” y ha insistido: “Lo que se está publicando respecto a mí es un auténtico disparate”.

El propietario de la empresa Avialsa, Vicente Huerta, ha afirmado este jueves que las cacerías en las que participó con el exdelegado del Gobierno Serafín Castellano no contribuyeron en absoluto a favorecer sus contratos con la Generalitat porque nadie más se presentó a los concursos.

Huerta, que ha negado también haber financiado al PP de forma irregular, ha realizado estas declaraciones en una rueda de prensa celebrada en las instalaciones de Avialsa en el Parque Tecnológico de Paterna, en la que ha comparecido junto a dos de sus abogados, uno penalista y otro mercantilista.

Según el relato de sus abogados, todos los contratos entre Avialsa y la administración valenciana fueron legales, superaron los filtros pertinentes y “existieron desde 1978, antes y después de Castellano (como conseller de Gobernación)”.

Estos letrados han defendido que, en absoluto se pudo obtener una posición de privilegio en los concursos porque ninguna otra firma se presentó a los mismos y “no había necesidad de dádiva”.

Huerta ha explicado que Avialsa pagó cacerías que organizaba su exgerente, Fernando Alandí, que participó en “cuatro o cinco”, y que en “una o dos” de ellas coincidió con Castellano.

El juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto ha impuesto a Alandí -el supuesto delator de una trama de comisiones en la que estaría implicado Castellano- una fianza de 500.000 euros como posible responsable de los delitos de estafa y apropiación indebida tras una querella interpuesta por Huerta.

“Pura venganza”

“Se trata de una pura venganza. En cuanto descubrimos que había estado cogiendo dinero de la empresa le dimos la oportunidad de devolverlo, pero nos amenazó. No sabíamos que las armas -que al parecer se compraron con facturas falsificadas por instrucción de Alandí- se cargaban a Avialsa”, han explicado los abogados de la empresa.

Según Huerta, Alandí quería “algo con lo que amenazarme en caso de que yo descubriese que había cogido dinero de la empresa, ha ido recopilando información durante años, él organizaba las cacerías, invitaba a Castellano y nos hizo las fotos”.

El propietario de Avialsa ha explicado que puso fin a estas cacerías porque suponían un gasto demasiado elevado, aunque a preguntas de los periodistas no ha detallado el importe aproximado que desembolsó en ellas.

Asimismo, ha defendido que, en el momento de denunciar a su exgerente, él desconocía que tras las facturas por prendas deportivas que Alandí cargó a la empresa se ocultase la compra de rifles -alguno de los cuales al parecer fue regalado a Castellano-.

Las facturas del “regalo”

“De haberlo sabido, de haber sido en efecto un regalo, no hubiésemos aportado esas facturas a la causa ni reclamaríamos el importe a Alandí. Sólo él sabía lo que había tras las facturas y por eso reclamó los albaranes a la armería”, han indicado los abogados, quienes han afirmado que les consta que Castellano finalmente abonó -no han dicho a quién- tanto el rifle como los puestos en las cacerías.

“De todos modos, la compra del rifle se efectuó en noviembre de 2008, por lo que en caso de demostrarse probado el cohecho, estaría prescrito”, han añadido.

Actuación “desproporcionada” del fiscal

Los letrados han considerado que la actuación del fiscal Anticorrupción, Vicente Torres, fue “un sinsentido, desproporcionada e inútil” y que únicamente tuvo la finalidad de “buscar pruebas, sin unos indicios claros”.

La titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sagunto y el fiscal Torres dirigieron el pasado viernes una operación en la que se practicaron nueve detenciones, entre ellas las de Castellano y Huerta, por los posibles delitos de malversación de caudales públicos, cohecho, delito contra la hacienda pública, falsedad documental, prevaricación y blanqueo de capitales.

Este asunto recayó posteriormente en el juzgado número 2 (dado que el 1 estaba en funciones de guardia), pero el juez del 2 se ha inhibido, según ha informado el abogado de Huerta, y ha remitido la causa a la Audiencia Provincial, para que decida si va de nuevo a reparto, porque ya conoce la querella de Avialsa contra Alandí.

El dueño de una armería de Sagunto (Valencia) ha declarado ante el juez que fue el exgerente de Avialsa, Francisco Alandí, quien le encargó un rifle para el exdelegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller de Gobernación y Justicia, Serafín Castellano, con una factura modificada.

Así consta en la declaración que ha prestado este lunes en calidad de testigo el propietario de la armería en el Juzgado de Instrucción número 2 de Sagunto, que instruye la querella interpuesta por Avialsa, cuyo presidente es Vicente Huerta, contra el exgerente de la entidad por presunta estafa continuada. Paralelamente a este procedimiento, existe otra causa abierta por presuntos delitos de malversación y prevaricación, entre otros, en el que hay 10 imputados, entre ellos, el propio Serafín Castellano y Vicente Huerta.

Al testigo se le han exhibido este lunes diferentes documentos y facturas con conceptos distintos, entre ellos, escopetas, según consta en la declaración a la que ha tenido acceso Europa Press. Ha indicado que tanto Alandí como Huerta son clientes “habituales”, se llevaban el material, y luego desde la oficina le decían los conceptos por los que tenía que facturar. Ha agregado en este sentido que quien habitualmente efectuaba los encargos era Alandí, y que luego éste le indicaba que 'Pili' le diría por qué conceptos y a qué empresa se tenía que facturar.

En el caso del rifle de Castellano, inicialmente ha declarado que fue Alandí quien encargó y retiró el arma. Posteriormente, casi al final de su declaración, ha añadido de manera espontánea que recuerda que fueron Alandí y el exconcejal de Quartell (Valencia), Emilo Máñez (PP), a elegir el rifle, y le dieron documentación de Castellano para su registro. “Juraría que quien retiró el arma es Alandí”, ha dicho, para agregar que no puede determinar con total exactitud que fuera Alandí o Máñez.

En otro momento de la testifical ha indicado que Alandí y Máñez le pidieron la marca y el modelo del arma. El testigo ha afirmado que la munición también se la encargaba habitualmente Alandí, y ha añadido que Huerta “iba muy poco a la armería. Desde hace seis, siete u ocho años iba muy poco, puede que en tres o cuatro ocasiones durante ese periodo de tiempo y siempre a por material deportivo de uso propio como zapatillas, chandal, etc, pero nunca a por material relacionado con la caza”.

En esta línea, ha aseverado que la munición la recogía habitualmente Alandí y, en ocasiones, Máñez, pero que Huerta “nunca la encargó”. Sobre este concepto ha afirmado así mismo que la munición que encargaba Alandí no era para el uso de una sola persona, sino para varias.

Cacerías y cartuchos

El testigo ha señalado que el exgerente de Avialsa y, en ocasiones, Máñez le comentaban que iban a realizar una cacería y necesitaban cartuchos, y según el tipo de caza se le preparaban un tipo de cartuchos u otros, los cuales “se agrupaban en una factura”. Con las balas de caza mayor, ha dicho, “pasaba lo mismo”. La entrega de esta munición —ha continuado— se hacía en la armería, aunque en una ocasión se mandó directamente a Máñez porque dijo que le iba mal y se la enviaron directamente de fábrica a la nave que tiene en el polígono de Quartell.

En resumen, el testigo ha insistido en que Huerta no intervenía en los encargos relativos a las cacerías ni a las facturas, y que era Alandí quien le manifestaba que le llamarían y le dirían a qué empresa, qué concepto y en una o varias facturas. Así mismo, el testigo ha indicado que a Alandí lo conoce desde que era un bebé, y que es aficionado a la caza desde hace 15 ó 20 años. También ha señalado que Huerta de cazador “tenía bien poco”, aunque “sí le gustaba el tiro de precisión, por eso tenía el rifle de perdigones”.

Por último, ha señalado que tuvo en la armería unas cuatro o cinco escopetas de Huerta “durante bastante tiempo” y cree recordar que era porque el presidente de Avialsa se estaba cambiando de domicilio y estaba más tranquilo si las escopetas estaban allí, “tardó mucho tiempo en pasar a recogerlas”.

El PSOE ha pedido cuentas al Gobierno porque sospecha que el Ejecutivo demoró hasta después de las elecciones locales y autonómicas del pasado 24 de mayo la detención del ya exdelegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana Serafín Castellano, quien fue arrestado el pasado viernes, cuando aún ocupaba el cargo, por un presunto caso de corrupción.

La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional procedió a su detención en el marco de una investigación sobre presuntos favores a una empresa a la que se le adjudicaron contratos para la extinción de incendios entre los años 2008 a 2010, cuando Castellano ocupaba el cargo de conseller de Gobernación.

El portavoz del PSOE en la Comisión de Interior del Congreso, Antonio Trevín, sostiene que el Gobierno “esperó a desatar la operación” contra Castellano una vez que se habían celebrado las elecciones del pasado 24 de mayo, pese a que “ya conocía desde bastante antes los cargos y pruebas que existían contra el investigado”.

“Demoró intencionadamente su puesta a disposición de la juez titular del juzgado que lleva el caso”, asegura Trevín en la pregunta que ha registrado en el Congreso para que el Ejecutivo le dé una respuesta por escrito.

Tras recordar que el cuando Ejecutivo nombró a Castellano delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana ya recaían sobre él “sospechas de estar incurso en graves delitos”, el diputado, pregunta al Gobierno si considera “conforme con las obligaciones que la legalidad vigente impone en la investigación de delitos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, demorar o adelantar las actuaciones según la exclusiva conveniencia de los intereses del Gobierno”.

El empresario Vicente Huerta, uno de los diez detenidos en una operación contra la corrupción en la que fue detenido el hasta ahora delegado del Gobierno Serafín Castellano, ha asegurado que todo es una venganza de un exgerente de Avialsa, la empresa que recibió contratos irregulares de Castellano en su etapa de conseller de Gobernación.

A la salida del juzgado, donde ha declarado durante dos horas, Vicente Huerta, propietario de Avialsa, ha apuntado directamente a Francisco Alandí Escrig, que durante 18 años fue gerente de esta empresa y que salió de ella en diciembre de 2012.

Según han informado fuentes de la asistencia letrada de Huerta, unos meses después, en junio de 2013, Avialsa se querelló contra él por un delito continuado de estafa, al descubrir que se había lucrado con dinero de la empresa, que utilizó para reformar su chalet o para gastos personales

Huerta es, por el momento, el único de los detenidos que ha contestado a las preguntas de la juez de Sagunto y del fiscal anticorrupción de Valencia, ya que los siete detenidos ayer, entre ellos Serafín Castellano, se negaron a prestar declaración.

Según las mismas fuentes, la querella de Avialsa contra Alandí se tramita en el juzgado de instrucción número 2 de Sagunto, que en un auto del pasado 5 de mayo requería a Alandi para que depositara 500.000 euros de fianza para hacer frente a responsabilidades derivadas de un presunto delito de estafa agravada y apropiación indebida.

La titular del juzgado de instrucción número 1 de Sagunt ha reanudado esta mañana los interrogatorios a los tres últimos imputados tras la detención ayer de nueve personas, entre ellas el hasta ahora delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, por presuntas irregularidades en su etapa como conseller de Gobernación.

Además de Serafín Castellano, en esta operación impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y llevada a cabo por la Unidad de Delitos Económicos y Financieros (Udef) de la Policía Nacional, entre los detenidos figuran al menos dos empresarios, y se ha imputado a una décima persona que se encontraba en prisión con anterioridad.

La Fiscalía Anticorrupción lleva investigando desde octubre de 2014 una presunta contratación irregular por parte de Castellano, durante su etapa como conseller de Gobernación (2007-2014), a la empresa de servicios contraincendios Avialsa T-35, a la que adjudicó un contrato por 22 millones de euros en 2010.

La fiscalía inició las diligencias desde Madrid pero la investigación se ha llevado a cabo desde Valencia, provincia en la que presuntamente se cometieron los delitos.

Entre las 9 y las 10h de hoy han llegado al juzgado de Sagunto los tres detenidos que faltaban por declarar, después de que ayer los hicieran los siete restantes y que quedaron en libertad con cargos tras comparecer ante la autoridad judicial.

Entre los detenidos que tienen que declarar hoy se encuentran Vicente Huerta, propietario de Avialsa, un trabajador de aviación civil y un décimo imputado, el propietario de un coto de caza sito en Castilla-La Mancha, donde al parecer se realizaron las cacerías que pagaba el empresario y a las que asistía Castellano.

Este último imputado se encontraba ya internado en una prisión y ha sido trasladado hoy a los juzgados de Sagunto en un furgón de la Guardia Civil.

Según fuentes de la investigación, Huerta ha pasado la noche en dependencias policiales, ya que ayer por la tarde estuvo presente en el registro realizado a una de sus empresas, en el parque Tecnológico de Paterna, que finalizó de madrugada.

La dirección del PP de la Comunitat Valenciana ha acordado hoy la suspensión cautelar de militancia del partido del alcalde en funciones y del exconcejal de Quartell detenidos en el marco de una operación por supuestas irregularidades en adjudicaciones de la Conselleria de Gobernación.

Así lo han confirmado a EFE fuentes del partido, según las cuales el Comité regional de Derechos y Garantías ha tomado esta tarde, ante las últimas informaciones sobre el desarrollo de la operación policial y judicial, la misma medida adoptada horas antes con el hasta hoy delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana y exconseller de la Generalitat.

El partido desconoce por el momento si hay más militantes de su partido entre los seis detenidos, cuyas identidades aún no han sido confirmadas. La decisión se debe a la alarma social suscitada con esta detención, ordenada por un juzgado de Sagunto y relacionada con una investigación de la Fiscalía Anticorrupción y la UDEF.

La medida conlleva también la apertura de un expediente informativo al alcalde en funciones, Francisco Huguet, y al exconcejal Emilio Máñez. Ahora, se está pendiente que se nombre a un instructor del asunto.

Para justificar la medida adoptada este mediodía con Castellano, la dirección del PP aseguraba en un comunicado que “las informaciones aparecidas conllevan un deterioro público muy significativo de la imagen del PP dada su gravedad, repercusión informativa e incidencia en la opinión pública, máxime en momentos como los actuales”.

Estas decisiones deberán ser ratificadas en la primera reunión ordinaria del Comité de Derechos y Garantías.

Huguet, libre y sin fianza

Huguet quedaba en libertad y sin fianza del juzgado de Sagunto al que ha llegado como detenido. El todavía alcalde de Quartell salía poco antes de las cinco de la tarde del Juzgado de Instrucción número 1 mostrando las manos libres y asegurando a los periodistas que el juez le había dejado en libertad y sin fianza, aunque no ha aclarado, al haberse decretado el secreto de sumario, si se han presentado cargos contra él.

Este último extremo tampoco ha sido resuelto por el letrado que lleva tanto su defensa como la del exconcejal de Quartell Emilio Máñez, que también ha sido detenido en esta operación iniciada esta mañana.

“El mismo juez que ha ordenado mi detención me ha puesto en libertad”, ha manifestado el alcalde en funciones, quien ha insistido en que no puede hablar por haberse decretado secreta la causa y ha lamentado el daño que esta detención ha causado a su imagen “y que nadie nos va a lavar”.

Desde la llegada de Huguet al juzgado han entrado otras dos personas, esposadas y cuya identidad se desconoce.

La empresa Avialsa T-35 de la que es presidente Vicente Huarte y a la que presuntamente benefició de forma fraudulenta el ex consejero de Gobernación valenciano Serafín Castellano, recibió préstamos y subvenciones por valor de unos 1,5 millones de euros para desarrollar proyectos tecnológicos, según los datos empresariales de la entidad entre los años 2008 y 2011 a los que ha tenido acceso Europa Press.

En su informe de gestión correspondiente al año 2009 se destaca “el proyecto de investigación y desarrollo ADA (Aviones de detección y ataque contra el fuego) para el que se ha obtenido una subvención del CDTI (Centro para el desarrollo Tecnológico Industrial), organismo dependiente del Ministerio del Economía y Competitividad, concretamente de la Secretaría de Estado de Investigación, Desarrollo e Innovación.

En los datos relativos al ejercicio 2010-2011 se detalla que “el importe de dicho préstamo asciende a 1.115.360 euros y su amortización empezó en el año 2011” en el que experimentó un crecimiento del 5 por ciento en su cifra de negocio al pasar de 19,2 millones de euros registrado en 2010 a 20,2 millones.

Base de extinción de incendios

Por su parte, el ejercicio 2008 lo cerró con una cifra de negocio de 19,9 millones y descendiendo en 2009 a 18,7 millones. Durante ese periodo, la empresa realizó una “fuerte inversión para la finalización de la construcción de la Base de Extinción de Incendios en el municipio de Viver (Castellón)”.

El “valor neto contable” de los terrenos para la construcción de este aeródromo fue de 4,9 millones de euros, según la auditoria de las cuentas que realizó en 2010 la firma Milla, Martínez y Asociados Auditores S.L.

En el año 2009 también recibió 196.051 euros de subvención procedente del Impiva (hoy sustituido por el Institut Valenciá de Competitividad Empresarial, IVACE) para el desarrollo de esos aviones ADA.

La mayor flota de aviones

Este mismo organismo le otorgó otros 85.452 euros para un simulador de vuelo y otros 96.209 euros para otro proyecto relacionado con depósitos de combustible para aviones. A esto hay que sumarle otros 24.750 euros procedentes de una “subvención FEDER Ayuda Estatal Plan Competitividad”.

En su página web, Avialsa T-35, S.L. presume de disponer “de la mayor flota de aviones de extinción de incendios de España, se encuentra presente en varios países (Portugal, Marruecos, Senegal, etc) siendo un referente en el sector”.

Avialsa T-35 es una de las empresas integradas en el holding Avialsa S.L.U. con domicilio social en Sagunto y creado en 1988.Otras empresas vinculadas a ese holding son Air Tractor Europe S.L.U., Avicanter S.L., Avitractor, S.L o Aviación Agrócila de Levante, S.A., entre otras.

El auditor perdió los papeles de trabajo

En la auditoría de las cuentas del ejercicio 2013 ya aparece reflejada la denuncia del ex director general del Holding Empresarial Avialsa, Francisco Alandí Escrig, en la que éste reclama un total de 1.274.437 euros. Sin embargo, tanto el administrador único como los abogados de la sociedad consideraban que esa demanda carecía de soporte que justificara la existecia de la citada deuda, y por este motivo no han realizado una provisión de fondos al respecto en las cuentas de la sociedad.

Sin embargo, la operación en la que ha resultado detenido el delegado del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Serafín Castellanos, se inició a raíz de la denuncia del ex gerente de la empresa, en la que alertaba de diferentes irregularidades tanto en la adjudicación como en la gestión de los contratos otorgados por parte de la conselleria dirigida por Castellano -quien también ocupó el cargo de secretario general del PPCV- a esta mercantil entre los años 2008 a 2010.

Además, en esa auditoría de las cuentas de 2013, los auditores dejan constancia de que los “auditores precedentes” han “extraviado” los papeles de trabajo del ejercicio anterior por lo que ha sido imposible “comprobar” el soporte del cálculo del “impuesto sobre sociedades consolidado de ejercicios anteriores”.

“Ni pudimos satisfacernos mediante procedimientos alternativos de la razonabilidad y suficiencia de los activos y pasivos registrados en relación con dichos impuestos”, precisan los auditores y añaden que esta “limitación” tampoco les ha permitido comprobar la razonabildiad de parte de las existencias al inicio del ejercicio, que suman 2.297.474 euros, ni satisfacernos mediante procedimientos alternativos sobre la razonabilidad de las mismas“.

Por este motivo, el auditor deja claro que, dado que las existencias iniciales influyen en la determinación del resultado de las operaciones, no han podido determinar si hubiese sido necesario realizar “ajustes” al resultado de las operaciones y al patrimonio neto inicial.detención de su Delegado en la Comunidad Valenciana“

Baldoví pide explicaciones a Rajoy

El portavoz de Compromís en el Congreso de los Diputados, Joan Baldoví, ha anunciado que pondrá en marcha una petición de comparecencia de Mariano Rajoy para que dé explicaciones sobre la detención del Delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano, quien desde octubre de 2014 estaba siendo investigado por la Fiscalía Anticorrupción por supuestos tratos de favor en la adjudicación de contratos para la extinción de incendios mientras ocupaba el cargo de Conseller de Gobernación a la empresa Avialsa, con cuyo presidente coincidió en varias cacerías.

En palabras de Baldoví, “Mariano Rajoy no se puede poner de lado o esconderse, tal como nos tiene acostumbrados en esta legislatura. No nos valen las pantallas de plasma, queremos luz y taquígrafos. Serafín Castellano es un nombramiento personal suyo y cuando lo hizo era plenamente consciente de que tenía muchas sombras a su alrededor, puesto que las cacerías y los varios escándalos que han rodeado su gestión en la Conselleria de Gobernación eran públicos y notorios”.

Además, el diputado de Compromís ha lamentado que “el PP se vaya conforme ha gobernado, con indecencia. En vez de facilitar un traspaso de poderes con normalidad democrática hemos visto furgonetas cargando cajas de documentos de la misma Conselleria de Gobernación esta mañana”.

“Y, por si no fuera poco, esta legislatura ha sido especialmente trágica con la cantidad de incendios destructivos que hemos padecido en nuestra tierra, hecho que nos indigna aún más al saber que había unos indecentes e irresponsables haciendo negocio fraudulento con una materia tan delicada como la prevención y extinción de incendios. Es la prueba final de que el PP no ha tenido ningún tipo de escrúpulos a la hora de saquear en favor de sus amiguetes”, ha concluido Baldoví.

A lo largo de la mañana del viernes se ha conocido -según una información publicada por el diario Levante-EMV- que diversos funcionarios han cargado en una furgoneta no oficial varias cajas con expedientes procedentes de la conselleria de Gobernación poco antes de la llegada de los agentes enviados por el juez se personasen para registrar las dependencias tras la detención del delegado del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Serafín Castellano.

Al respecto, desde la Generalitat valenciana han querido aclarar que el traslado de documentación efectuado este viernes “forma parte de la práctica ordinaria de la gestión de documentos de este departamento, toda vez que los archivos de los que se dispone en la sede de la Conselleria no alcanzan para guardar toda la documentación”. Para ello, han explicado que la Generalitat Valenciana dispone del archivo general, sito en la localidad de Ribarroja.

Además, han señalado que la documentación “se gestiona en los términos que dicta la Ley 3/2005, de 15 de junio de la Generalitat, de Archivos sin que se proceda a destrucción alguna, sin la previa autorización de la Junta Cualificadora de Documentos Administrativos de la Generalitat”.

Siguiendo con el protocolo ordinario, el traslado de la documentación al archivo general de la Generalitat estaba previsto desde el miércoles, ya que “se concertó el pasado 27 de mayo a las 15:35 horas, fijando la hora de inicio y recepción de esa documentación para el día 29 de mayo a las 8:30 horas”.

Protocolo, desactivación de la alarma

Respecto a la desactivación del sistema de alarmas, han indicado que el protocolo establece que se eliminen los sistemas de seguridad de la puerta secundaria de acceso (sonido de alarma) para “facilitar la entrada del vehículo al punto establecido para la recogida de documentación”. En este caso, apuntaban que se ha desactivado por orden del personal de seguridad a las 8:30 horas, “momento en el que los funcionarios de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF ya se encontraban en las dependencias de esta conselleria”.

De igual modo, han asegurado que “ninguna de la documentación trasladada esta mañana tiene relación con la que se requerido por agentes de la Brigada de Investigación de Blanqueo de Capitales y Anticorrupción de la UDEF”, ya que los documentos trasladados al archivo general “corresponden a diversos expedientes de la Intervención Delegada en esta Conselleria, que fueron solicitados al archivo el pasado 8 de abril para su consulta y que el pasado miércoles fue solicitado su traslado y devolución al archivo, donde la misma se almacena y custodia”.

Los agentes que se han personado en las dependencias de la conselleria de Gobernación y Justicia a las 8:20 horas de este viernes, “han recibido toda la documentación solicitada y obrante en estas dependencias, tal y como consta en el acta de entrega”, así como que Gobernación “ya ha puesto a disposición del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Sagunto toda la documentación para cualquier aclaración o comprobación de dichos extremos”.

Por último, han explicado que Gobernación “ya ha emprendido las acciones legales oportunas ante las informaciones que han pretendido vincular un traslado ordinario de documentación con el delito de infidelidad en la custodia de documentos y de violación de secretos”.

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha anunciado este viernes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el cese del delegado del Gobierno de Valencia, Serafín Castellano, detenido este viernes por la Policía acusado por corrupción en la concesión de contratos públicos durante su etapa como conseller de Gobernación de la Generalitat Valenciana.

La 'número dos' del Ejecutivo ha anunciado que se toma esta decisión “tras las informaciones conocidas de que se halla incurso en una investigación judicial”. El sustituto deebrá superar un informe de idoneidad para el puesto y cuando este esté concluido, será nombrado, ha explicado.

Sáenz de Santamaría ha señalado que este requisito es obligatorio tras la entrada en vigor de la ley del alto cargo, una de las normas del paquete de regeneración democrática presentado por el Gobierno.

Ha defendido la medida como “oportuna” y otras exigencias de la nueva ley, aunque no puede sustituir a la investigación que realizan la justicia o la policía y que ha supuesto la detención de Castellanos, “hemos decidido el cese inmediato cuando hemos conocido la información”.

El delegado del Gobierno ha salido alrededor de las 13.58 horas de este viernes de su vivienda en la localidad de Benisanó (Valencia), en un coche policial, tras ser detenido en la investigación abierta sobre presuntos favores a una empresa con cuyo presidente coincidió en cacerías y a la que se le adjudicó contratos para la extinción de incendios cuando ocupaba el cargo de consejero de Gobernación de la Generalitat Valenciana.

Los agentes de la UDEF han practicado registros en la casa de Castellano y se han personado en la Consejería de Justicia y Gobernación para requerir documentación.