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Primeros imputados del "cártel del fuego" en Andalucía

El vicepresidente de Faasa, una de las aeronáuticas de la trama andaluza, ha sido puesto a disposición judicial por delitos de estafa y falsedad documental

El presidente de la compañía aérea también ha sido imputado por irregularidades con las subvenciones

La policía judicial sostiene que la empresa malversó más de 4 millones en ayudas públicas y es parte de una red nacional que manipula adjudicaciones

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Helicóptero de lucha contra incendios EFE

La policía nacional ha detenido a uno de los directivos de la cúpula de Faasa, la principal empresa andaluza del cártel del fuego, que supuestamente manipulaba concursos públicos de la lucha contra incendios.

Su vicepresidente, G.R.A.M., fue puesto a disposición judicial la semana pasada y ha sido imputado junto al presidente de la compañía aérea, M.A.T.C. La imputación tiene lugar semanas después de que la policía concluyera en un atestado que Faasa había malversado 4.517.000 euros en ayudas públicas "plagadas de irregularidades y abusos".

A los dos imputados (investigados) se les atribuyen delitos de estafa y falsedad documental, "con la finalidad de obtener fraudulentamente subvenciones de formación, empleo y fomento de la Junta de Andalucía". En el sector privado, son los primeros imputados que se cobra este caso.

Ambos acudieron la semana pasada a la citación de la  Unidad Adscrita a Tribunales y Fiscalía (UATF), cuya sede policial se encuentra en las mismas dependencias que los tribunales que instruyen la causa. Una vez allí, la policía le comunicó al vicepresidente de Faasa que estaba detenido y pasaba a disposición judicial.

Entre las irregularidades detectadas por los investigadores de la policía se encuentran la falta de fiscalización de las subvenciones, obviar algunos requisitos que eran necesarios, hacer facturación en cadena, duplicidad de gastos y engrosar tanto las nóminas de los directivos, como las de los profesores que impartían los cursos de aviación y mecánica.

Cursos terminados y con alto grado de especialización

Faasa se ha personado en la causa y han presentado un informe para defenderse de estas acusaciones. Su defensa, según explica la propia compañía aérea, se basa en tres líneas argumentales: todos los cursos de formación se han completado, son cursos con un alto grado de especialización y sus costes son muy elevados.

Según fuentes policiales, Faasa ha recibido más de 20 millones de euros en ayudas públicas entre 2005 y 2013. "Hemos querido demostrar que todos los costes en los que hemos incurrido son precios acordes al mercado", señalan desde Faasa. 

Según los datos recopilados por la policía, las irregularidades van desde  gastos de material de oficina que se "cuadriplican de un año al siguiente" a directivos que también cuadriplican su salario (de 3.000 a 13.000 euros mensuales, imputándose un tercio a fondos públicos), pasando por una hora de curso financiada con subvenciones a más de 5.700 euros.

En cuanto a las subvenciones de infraestructura, innovación y desarrollo, una de las irregularidades más graves observadas por la policía es que se emplea en varias ocasiones "un mismo gasto para solicitar dos subvenciones. Es decir, justifican como inversión realizada un gasto que ya ha sido compensado con otras subvenciones, sobre todo con las de formación". Esos "abusos" han llegado a ser tan cuantiosos y "graves" que han servido para adquirir aeronaves.

Desde Ecologistas en Acción, organización verde que se encuentra personada en la causa, muestran su sorpresa "ante la dimensión que está tomando el tema de la adjudicación de los medios áereos del Infoca". Los ecologistas exigen que "se investigue a todas las empresas que participaron en la colusión y a todos los funcionarios que han participado en estas irregularidades".

"Nos sorprende la alegría con la que se gasta el dinero para unas cosas y las dificultades que hay para que se gasten en el medio ambiente, ya que este año no se han limpiado la mayoría de las cunetas para luchar contra los incendios forestales ni se han hecho cortafuegos en la mayoría de las fincas", han destacado desde la asociación medioambiental.

Más de un año de pesquisas policiales

La policía judicial investiga desde hace más de un año a varias empresas aeronáuticas andaluzas. De momento, la UATF ha puesto en su punto de mira a Faasa, pero a comienzos de año se registraron sedes y se detuvo a directivos de Faasa, Trabajos Aéreos Espejo, Saeta y SAP. Todas ellas andaluzas.

El caso se destapó un año atrás, cuando un  funcionario de la Consejería de Medio Ambiente denunció la supuesta manipulación de un concurso público para fletar aviones y helicópteros de lucha contra el fuego en Andalucía. Faasa se hizo con tres de los cinco lotes, ganando así una adjudicación de más de 60 millones de euros. 

Al cometer el supuesto delito de alteración de concurso público, la empresa cordobesa se aseguraba la adjudicación por su importe máximo, sin temor a que otra empresa pudiera arrebatársela.

El jefe de la mesa de contratación se encuentra imputado, porque, según la policía,  "obvió una comunicación perceptiva para evitar que las adjudicatarias fuesen siempre las mismas , en el mismo orden y por el mismo precio máximo de licitación, en detrimento por tanto del interés público".

"Las empresas concursantes venían concertándose para alterar los precios de mercado, extremo que se hubiese podido evitar si el jefe de la mesa de contratación hubiese remitido sus sospechas a la Comisión Andaluza de la Competencia, desde donde probablemente incoara expediente de sanción administrativa", indica la policía en uno de sus atestados.

Asimismo, una vez comenzadas sus pesquisas, la UATF ha conseguido conectar la trama andaluza del cártel del fuego con la nacional, que en estos momento se instruye desde el juzgado número de 2 Sagunto (Valencia). Según las investigaciones de este juzgado, una decena de empresas se repartían el 'pastel' de los concursos públicos de la lucha contra el fuego en España, Italia y Portugal.

A nivel político, el director del Infoca, Juan Esteso, dimitió a mediados de octubre "por motivos personales". Lo hacía tres días después de que el último atestado policial llegara a manos de la jueza del juzgado de instrucción número 8 de Sevilla, que instruye el caso. Esteso había formado parte de la mesa de contratación que concedió a Faasa la adjudicación por 60 millones de euros.

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