A la izquierda del PSPV-PSOE y compitiendo en el mismo terreno que Compromís, se encuentran Esquerra Unida y Podemos. Dos formaciones con menor visibilidad mediática en la ciudad -una por sus malos resultados electorales y otra por no ir con su marca a las pasadas municipales y apoyar a València en Comú (VeC)-, pero que ahora quieren ganar protagonismo. Se dibuja así un mapa alternativo de izquierdas en Valencia con un nexo en común: participar en un futuro o no en VeC.  

Esquerra Unida quedó sin representación en el Ayuntamiento al perder 9.065 votos respecto los comicios de 2011, después de prsesentarse con su propia marca, en lugar de concurrir con VeC. Tras los malos resultados, su anterior líder, Amadeu Sanchis, dimitió. Marco Fornés le sustituyó hasta la llegada a la coordinación general en la ciudad hace poco más de 15 días de Rosa Albert, del mismo sector que Sanchis. 

“Queremos fortalecer internamente la organización y visualizar nuestro trabajo en la calle y en los movimientos sociales”, afirma Albert, que niega división en EUPV. “La situación es similar a la de Castellón con el sector crítico: con EU de la ciudad por un lado y EU del Grau por otro”, comentan fuentes de la organización. “Como se vio en las primarias antes de las elecciones, hay una división de 60% oficialistas -representados por Sanchis, y ahora Albert- y 40% críticos -liderados por Manolo Colomer-”, apuntan las mismas fuentes. Unas diferencias internas que se producen por un debate que trasciende lo local: apostar o no por la confluencia con Podemos. 

Tanto es así que parte del sector crítico de EUPV se encuentra participando en VeC, miembro del gobierno de coalición de Joan Ribó (Compromís) con tres concejales. Un hecho que a cuatro de ellos estuvo a punto de costarles su expulsión de EUPV. “Nuestra apuesta es la confluencia, y por eso trabajamos por València en Comú a título individual”, afirma Colomer, que en el horizonte electoral se identifica con la plataforma ante “el futuro incierto de EUPV”. Albert, por su parte, asegura: “confluir o no lo tendrá que decidir democráticamente la asamblea, pero aún es pronto”. 

De los tres concejales de VeC -Jordi Peris, Roberto Jaramillo y María Oliver- solo Oliver “se identifica, rinde cuentas y se coordina con Podemos”, según fuentes de la dirección. Una plataforma que ya superó sus diferencias respecto al excedente del sueldo de asesores y ediles. “Nuestro apoyo a VeC es simbólico, pero no orgánico. Aunque nuestro Consejo Ciudadano Local y su dirección intercambiamos información puntualmente”, precisa el secretario general en Valencia de Podemos, Jaime Paulino. 

Con 16 círculos y 8.700 inscritos, el partido con implantación destacada en la ciudad sufrió varias dimisiones en su cúpula local “por distintos motivos personales que se solucionarán una vez haya gobierno en España”, precisan las mismas fuentes. “No ve compitiendo a Podemos y a VeC por separado”. A su vez, Colomer zanja que “sería echar por la borda el trabajo conjunto” si la formación de los círculos fuera por separado de VeC a las próximas elecciones.

El conflicte en Esquerra Unida entre els que volen mantenir la marca a tota costa i els partidaris de la confluència continua obrint esquerdes en l’organització de València. Si amb el naixement de la plataforma que després es convertiria en València en Comú (VeC) es va produir un enfrontament entre el sector d’Amadeu Sanchis i l’encapçalat per Manolo Colomer, ara aquesta pugna torna a emergir. I una altra vegada, a compte de la participació en la plataforma on s’integra Podem.

Segons han confirmat fonts de la direcció local i han difós els afectats a través de la web change.org, el Consell Polític Local va acordar, a proposta d’una militant, amb 14 vots a favor i 2 en contra traslladar a la gestora autonòmica una resolució per a expulsar –baixa administrativa, en l’argot intern– quatre militants que participen en VeC, l’instrument que va utilitzar Podem per a concórrer a les eleccions municipals després de ser creat per persones vinculades a Esquerra Unida. Els membres d’Esquerra Unida afectats són Manolo Colomer, Mireia Biosca, Pau Vivas i Eva Romaní. Així, el Consell Polític Nacional -òrgan autonòmic intern- és qui decidirà el futur intern d'ells.

Marco Fornés, coordinador d’Esquerra Unida a la ciutat, defensa que aquesta resolució s’ha adoptat perquè “la seua participació en València en Comú vulnera els estatuts de la formació, ja que tenen doble militància”. “No es pot militar en dues organitzacions diferents. I encara més quan n’hi ha que tenen càrrecs orgànics [en referència a Biosca, secretària de VeC]”, recalca. No obstant això, nega que “es vulga expulsar aquests militants, sinó que se’ls ha demanat la baixa administrativa”. Membre del Consell Polític Nacional, Fornés assegura que la resolució “està paralitzada i que l’òrgan autonòmic serà l’encarregat de resoldre la situació”. Fonts del Consell Polític Nacional expressen que “està en l’aire l’expulsió, perquè la gestora no té la potestat estatutària per a prendre aquesta decisió”.

“No entenc aquesta situació”, expressa Biosca. “Nosaltres en campanya no vam participar en València en Comú. Ens vam presentar en les primàries d’Esquerra Unida a València per, si guanyàvem, integrar-nos en la plataforma ciutadana, però com que vam perdre, no vam fer campanya per ells”, argumenta. De fet, Biosca va estar present en la campanya electoral d’Esquerra Unida, però a escala autonòmica, en assessorar la número dos per València, Rosana Montalbán. “Mai no van apostar per València en Comú i volien que ens n’anàrem de l’organització. Això s’emmarca dins d’això”, sentencia.

Per a fer pública aquesta decisió, l’entorn dels quatre militants ha obert una campanya a través de les xarxes socials per a censurar la seua possible expulsió. Amb prop de 250 signatures recollides en change.org contra la resolució, en el text remarquen: “És un acte en completa contradicció amb les polítiques d’unitat popular que encara hui hem d’impulsar”. I argumenten que “aquestes quatre persones van renunciar a participar en totes dues candidatures i campanyes, mantenint una posició de completa neutralitat perquè no va ser possible aconseguir la unitat desitjable”. Allunyada del focus públic, Esquerra Unida de València continua amb el seu enfrontament, que transcendeix l’escala local.

El conflicto en Esquerra Unida entre los que quieren mantener la marca a toda costa y los partidarios de la confluencia sigue abriendo grietas en la organización de Valencia. Si con el nacimiento de la plataforma que después se convertiría en València en Comú (VeC) se produjo un enfrentamiento entre el sector de Amadeu Sanchis y el encabezado por Manolo Colomer, ahora esa pugna emerge de nuevo. Y otra vez, a cuenta de la participación en la plataforma donde se integra Podemos.

Según han confirmado fuentes de la dirección local y han difundido los afectados a través de la web change.org, el Consell Polític Local acordó a propuesta de una militante con 14 votos a favor y 2 en contra trasladar a la gestora autonómica una resolución para expulsar -baja administrativa, en la jerga interna- a cuatro militantes que participan en VeC, el instrumento que utilizó Podemos para concurrir a las elecciones municipales después de que fuera creado por personas vinculadas a Esquerra Unida. Los miembros de Esquerra Unida afectados son Manuel Colomer, Mireia Biosca, Pau Vivas y Eva Romaní. Ahora el Consell Polític Nacional -órgano interno autonómico- debe decidir qué hacer con esta resolución.

Marco Fornés, coordinador de Esquerra Unida en la ciudad, defiende que esa resolución se ha adoptado porque “su participación en València en Comú vulnera los estatutos de la formación al tener doble militancia”. “No se puede militar en dos organizaciones distintas. Más cuando algunos tienen cargos orgánicos [en referencia a Biosca, secretaria de VeC]”, recalca. Sin embargo, niega que “se vaya a expulsar a estos militantes, sino que se ha pedido su baja administrativa”. Miembro del Consell Polític Nacional, Fornés asegura que la resolución “está paralizada y que el órgano autonómico será el encargado de resolver su situación”. Fuentes del Consell Polític Nacional expresan que “está en el aire su expulsión, porque la gestora no tiene la potestad estatutaria para tomar dicha decisión”.

“No entiendo esta situación”, expresa Biosca. “Nosotros en campaña no participamos en València en Comú. Nos presentamos en las primarias de Esquerra Unida en Valencia para, si ganábamos, integrarnos en la plataforma ciudadana, pero como perdimos no hicimos campaña por ellos”, argumenta. De hecho, Biosca estuvo en la campaña electoral de Esquerra Unida, pero a nivel autonómico al asesorar a la número dos por Valencia, Rosana Montalbán. “Nunca apostaron por València en Comú y querían que nos fuéramos de la organización. Esto se enmarca dentro de ello”, sentencia.

Para hacer pública esta decisión, el entorno de los cuatro militantes ha abierto una campaña a través de las redes sociales para censurar su posible expulsión. Con cerca de 250 firmas recogidas en change.org contra la resolución, en el texto remarcan: “Es una acto en completa contradicción con las políticas de unidad popular que todavía hoy debemos impulsar”. Y argumentan que “estas cuatro personas renunciaron a participar en ambas candidaturas y campañas, manteniendo una posición de completa neutralidad por no haber sido posible conseguir la deseable unidad”. Alejada del foco público, Esquerra Unida de Valencia sigue con su enfrentamiento, que trasciende lo local.

El portavoz de Esquerra Unida en Valencia, Amadeu Sanchis, asegura que la actividad del Palacio de Congresos de Valencia, obra de Norman Foster, uno de los arquitectos de mayor caché del mundo, es insostenible sin las subvenciones del ayuntamiento presidido por Rita Barberá. 

Sanchis, tras conocer la liquidación del presupuesto y las cuentas anuales de 2014, se reafirma en su “postura de prudencia respecto a la actividad del Palacio de Congresos. Un ejemplo claro es que a 31 de diciembre de 2014 los ingresos por la actividad congresual habían ascendido a 2.079.389 euros frente a las previsiones iniciales de 3.175.000 euros, es decir, que se ha reducido en 1.095.611 euros, lo que significa que se ha ejecutado el 65 por ciento de lo previsto en un principio”.

Además, el también consejero del Palacio de Congresos ha señalado, en un comunicado, que si hablamos de recaudación, “las cifras empeoran puesto que de estos más de 2 millones de euros de derechos reconocidos quedan pendientes de cobro 180.884 euros, lo que demuestra que los planes de ampliación finalmente rechazados eran absolutamente innecesarios”. En este sentido, para el edil de la formación de izquierdas, “las cifras que arroja dicha liquidación confirman lo que desde Esquerra Unida hemos venido planteando en los últimos dos años, es decir, que la actividad de organización de congresos también está afectada por la crisis económica”.

Una subvención de 1.6 millones de euros

“En definitiva queda claro con estas cifras que sin la aportación de 1.659.361 euros del Ayuntamiento el resultado económico del Palacio de Congresos hubiera sido insostenible”, asegura el consejero y concejal de Esquerra Unida en un comunicado.

Es decir, “la liquidación del presupuesto del Palacio de Congresos de 2014 evidencia que una buena parte de las previsiones que se habían hecho, aunque hay un buen funcionamiento de este organismo, no se ajustaban a la situación y a la realidad económica de dura crisis por la que estamos pasando y que, evidentemente, también ha afectado a la economía de la organización de congresos. También es muy evidente que si no fuera por la aportación municipal el ejercicio 2014 habría acabado en números negativos”, ha dicho.

Por ello, “hemos pedido en la reunión del Consejo de Administración celebrado hoy que se haga una reestructuración de los objetivos, ajustarse a la realidad para que esa dependencia del dinero del Ayuntamiento sea cada vez menor y se vuelva a la situación de autofinanciación inicial”, ha concluido Sanchis.

Esquerra Unida (EU) ha presentado una denuncia por prevaricación ya que el Ayuntamiento de Valencia presidido por Rita Barberá ha permitido la degradación del barrio del Cabanyal al no conceder licencias de obra de rehabilitación en la zona, afectada por el proyecto de prolongación de una avenida que destruiría parte del barrio para conectar el centro de la ciudad con la playa.

El gobierno municipal, liderado por Barberá desde 1991, no otorgaba licencias aduciendo una orden ministerial, aprobada por el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, que protegía la zona por su valor histórico y artístico e impedía la construcción de la avenida que partiría el barrio. La consecuencia de esta medida ha sido clara: la instalación de nuevos negocios –allá donde se necesitarán reformas- o el adecentamiento de viviendas ha sido imposible, con el menoscabo de muchos edificios.

EU sostiene en su denuncia, presentada ante la fiscalía, que la denegación de licencias respondía a una estrategia política del PP y no tiene base legal alguna. Amadeu Sanchis ha explicado el galimatías jurídico-político que paralizó la actividad en el barrio hasta el 24 de abril, cuando el gobierno municipal decidió levantar la prohibición.

A juicio de Sanchis, la decisión del gobierno de Barberá se podría haber tomado mucho antes, tal como justificaron jurídicamente Ecologistas en Acción y la Abogacía del Estado en 2010 y una moción de EU presentada en 2012. Además, la prohibición ha estado en vigor mucho más tiempo del legalmente permitido, un máximo de dos años.

De hecho, EU achaca el cambio de opinión del gobierno de Barberá a razones vinculadas a las elecciones municipales de mayo. Todas las encuestas hablan de que, en el mejor de los casos, el PP debería gobernar en coalición el ayuntamiento, y el resto de los partidos (Ciudadanos, València en Comú, PSPV-PSOE, Compromís y EU) son favorables a la concesión de licencias.

“En honor a la verdad, si es que el equipo de gobierno tiene honor, debe reconocer que son razones políticas las que le han hecho cambiar de actitud. Concretamente que los estudios de intención de voto dicen que no obtendría mayoría electoral, por lo que la única posibilidad de gobernar sería mediante la alianza con otro partido”, dice la denuncia.

El portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida en Valencia, Amadeu Sanchis, defenderá en la comisión de Urbanismo una moción en la que solicita el desmantelamiento de la antigua gasolinera en el camino de Moncada por su alta peligrosidad, así como que se inste a la Generalitat a la prohibición de estaciones de servicio sin personal y que no se concedan licencias a estaciones de servicio de este tipo por la pérdida de ocupaciones que suponen y por el riesgo para la población.

Sanchis ha apuntado que, precisamente ahora que estamos en la revisión del PGOU, es un buen momento para delimitar los espacios donde tienen que haber gasolineras y, además, evitar las llamadas ‘low cost’ debido al recorte de puestos de trabajo, los riesgos potenciales de seguridad, los impedimentos para las personas con algún tipo de discapacidad, la vulneración de los derechos de los usuarios o la imposibilidad de llevar a cabo las inspecciones no rutinarias.

Por eso en los últimos meses, “tanto sindicados como patronal y asociaciones de consumidores están exigiendo a las comunidades autónomas una regulación específica del sector porque todas las estaciones de servicio tengan al menos un empleado en las horas de apertura”.

Según un comunicado, además de la pérdida de puestos de trabajo es también una traba para el principio de accesibilidad universal. En este sentido, la Confederación Coordinadora Estatal de Minusválidos Físicos en la Comunitat, Cocemfe, también ha reclamado al Consell que siga el ejemplo de otras comunidades y exija de forma reglamentaria la obligatoriedad que permanezca al menos un responsable en la estación de servicio.

Una gasolinera peligrosa

Según Sanchis, “las gasolineras desarrollan una actividad nociva, definida por la administración como insalubre y peligrosa y desde nuestro grupo municipal hemos venido reclamando a lo largo de esta legislatura el traslado de las existentes en la zona urbana de la ciudad, así como las que, a pesar de estar en desuso, todavía no han sido desmanteladas, como es el caso de la ubicada a la altura del número 130 del camino de Moncada”.

El edil ha recordado que hace más de tres años que EUPV denunció el abandono de esta construcción por considerarla un grave riesgo para los ciudadanos y ciudadanas, sin embargo, “el transcurso de este periodo de tiempo no ha servido más que para empeorar la situación de esta antigua gasolinera, donde también existe un antiguo pozo que no está tapado y que convierte el entorno en una zona todavía más peligrosa si tenemos en cuenta, además, que se encuentra situada junto a un parque infantil y próximo a dos escuelas infantiles”.

El gobierno, sí lo hace, puede tardar meses –nunca antes de las elecciones municipales del 24 de mayo- en revisar la orden del Ministerio de Cultura que bloquea la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez, el macroproyecto urbanístico del Ayuntamiento de Valencia que destruiría 1.000 viviendas del barrio del Cabanyal.

Rita Barberá anunció el 21 de marzo en una convención del PP que el Ministerio de Cultura veía con buenos ojos su nueva propuesta para el barrio, que la alcaldesa ve factible gracias a varios retoques sobre el plan inicial: un 35% menos de derribos, inicialmente de 1.600 o la protección de La Lonja de Pescadores, un edificio protegido y singular. Barberá llegó a decir que el gobierno “reconoce el esfuerzo del Ayuntamiento con una propuesta sumamente respetuosa para la protección del Cabanyal”.

La oposición salió en tromba criticando a la alcaldesa, en el poder desde 1991. Con unanimidad, tacharon su sueño del Cabanyal de imposible en términos económicos, sociales y jurídicos. EU recordó que hay denuncias en los tribunales contra el proyecto aún por dilucidar. El portavoz de esta formación, Amadeu Sanchis, acusó a Barberá de “vender humo”.

El Ministerio de Cultura también es cauto. Más prudente que Barberá. Según El País, Miguel Ángel Recio, director general de Bellas Artes del Ministerio de Cultura, fue claro ayer en una visita a Valencia. “En tanto no haya una información que nos lleve a entender que todo está perfectamente adaptado a la ley de Patrimonio Histórico, no se puede modificar la orden”. “Son informes muy complejos porque hablamos de trazados urbanísticos y análisis de de documentación que es completamente nueva, por tanto no quiero poner fechas”. Recio dio a entender que es casi imposible que el ministerio se pronuncie antes de las elecciones de mayo.

Un proyecto contra parte de los vecinos y toda la oposición

Los problemas legales y el alto coste de la prolongación hacen de la conexión del centro de Valencia con la fachada marítima un proyecto casi inviable. Toda la oposición –y parte de los vecinos, con Salvem el Cabanyal al frente- están en contra. Si, de confirmarse la tendencia de los últimos sondeos, la izquierda gana las elecciones y forma gobierno en Valencia, el sueño imposible de Barberá puede devenir en pesadilla.

Podemos será Guanyem en Valencia ciudad. La asamblea del partido decidió el miércoles por la noche con un 94% de apoyo -144 votos a favor, 5 en contra y 3 abstenciones- integrarse en esa plataforma electoral para competir contra el PP de Rita Barberá, en la alcaldía desde 1991. “Guanyem es un proyecto coherente, que se identifica con el código ético de Podemos, comprometido con la ciudadanía y decidido a rescatar el Ayuntamiento de las garras de quienes lo han saqueado”, asegura Jaime Paulino, secretario general de Podemos Valencia.

Decidida la dilución de las siglas de Podemos en un partido, que probablemente se llamará Volem, falta por saber que harán Compromís y EU. Parece muy difícil que la formación liderada por Joan Ribó se una: se ve con fuerza, como en muchos de los municipios de la Comunitat Valenciana, de competir en solitario.

La integración de EU tampoco será fácil. Amadeu Sanchis, concejal y elegido en primarias de nuevo como candidato del partido en Valencia, ya lo advirtió. “No creemos positivo diluir nuestras siglas, que la marca EU se pierda”. Esa es la fórmula elegida por Guanyem, que será un partido político y no la suma de varios, la “sopla de siglas”, una coalición coyuntural, que Podemos no quería a ningún precio. Aunque EU si irá con Guanyem en Alicante y otros municipios, la añorada confluencia de la izquierda en Valencia parece lejana.

El 14 de abril, el cabeza de lista

Guanyem (o Volem) tendrá cabeza de cartel el 14 de abril, tras unas elecciones primarias abiertas a las que concurrirá cualquiera que suscriba el código ético de la plataforma. Éste obliga a renunciar al aforamiento, limita el número de mandatos a dos y el salario de los cargos públicos a tres veces el salario mínimo.

El Ayuntamiento de Valencia mima al Valencia Club de Fútbol, una sociedad anónima propiedad de un magnate de Singapur y la institución deportiva más importante de la ciudad. El club tardará 20 años en pagar al Ayuntamiento de Valencia el solar sobre el que se levanta su nuevo estadio, cuya inauguración está ahora prevista para 2019. Las obras, con la estructura del coliseo ya levantada, están paradas desde 2009.

Las facilidades de pago ofrecidas al club fueron anunciadas ayer por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, que se felicitó por un acuerdo que, de momento, acaba con una de las pesadillas del ayuntamiento. El consistorio y el club pactaron en 2005 para hacer posible el nuevo campo.

Entonces, se acordó la cesión de un solar municipal al club (valorado en 45 millones de euros) a cambio de otros 32 terrenos en la ciudad y 20 millones de euros. El Valencia nunca cumplió su parte del acuerdo, destrozado económicamente por la gestión de su anterior máximo accionista, Juan Soler, arruinado e imputado por tentativa de secuestro.

El ayuntamiento se quedó sin el dinero prometido y con un estadio a medio hacer en una de las avenidas más importantes de la ciudad, la de las Corts Valencianes. Para no agravar la crisis del club, que bordeó la quiebra, no exigió los pagos pendientes. Con el nuevo acuerdo, no cobrará todo hasta 2024, casi 20 años después del convenio de 2005. El club pagará a plazos con intereses y el ayuntamiento se queda, como garantía, las 3.000 plazas de aparcamiento bajo el estadio y la zona comercial anexa al mismo.

Barberá, contenta

“Es motivo de felicitación y alegría para todos los valencianos porque es el mejor de los acuerdos posibles tanto para los intereses de la entidad deportiva como de la ciudad, una solución plenamente satisfactoria para todos”, dijo Barberá en el anuncio del nuevo acuerdo. La alcaldesa desgranó que el nuevo convenio permitirá la construcción de instalaciones deportivas y colegios tanto en las parcelas entregadas por el club como en los terrenos que ocupa Mestalla, el campo actual del Valencia, que será demolido con la inauguración del nuevo.

Otros no lo ven tan claro. Amadeu Sanchis, concejal de EU, por ejemplo. “Es increíble que Barberá no exija el pago inmediato de la deuda tanto del dinero en metálico como del derivado de las parcelas, es decir, de los más de 45 millones de euros que supone esta operación”. Según Sanchis, “es del todo incomprensible que una entidad privada como el club valencianista vaya a tardar casi dos décadas en saldar una deuda con la ciudad”.

El portavoz del grupo municipal de Esquerra Unida, Amadeu Sanchis, ha intervenido en el pleno del Ayuntamiento de Valencia sobre la revisión simplificada del Plan General de Ordenación Urbana de Valencia para defender su postura contraria a un documento que, a pesar de ser el instrumento más importante donde se rige el futuro de una ciudad a todos los niveles, el PP ha reducido la participación ciudadana simplemente al periodo de alegaciones.

Según un comunicado de EU, “desgraciadamente el equipo de gobierno del PP nos tiene acostumbrados a redactar proyectos sin que exista una verdadera participación real de la ciudadanía, es decir, tan sólo se les da el margen legal de presentar alegaciones durante el periodo de exposición pública y, por tanto, una vez más estamos en contra en cómo se han hecho las cosas con la revisión del Plan General”, ha defendido Sanchis.

Sin embargo, EU no sólo se ha mostrado contrario a las formas sino también al contenido del texto de la revisión. Para Sanchis, “el objetivo de la revisión del Plan es lo que ha causado la crisis económica en nuestro país, es decir, el crecimiento desmesurado de viviendas a través de un incremento no contrastado con las necesidades de la población”. Por ello, -ha continuado- “nos sorprende que el PP siga incidiendo en un proyecto a todas luces fracasado desde un punto de vista urbanístico y económico como es la construcción de nuevas viviendas y que, además, paradójicamente no contemple una de las tristes fotografías de la crisis económica como son los desahucios”.

Sobre las viviendas, el concejal ha recordado que en la ciudad de Valencia existen cerca de 60.000 viviendas vacías y, por tanto, “no se entiende cómo algo que empezó a revisarse en el año 2007, cuando la crisis aún no había empezado, sigue teniendo la misma filosofía en el 2014, cuando los indicadores sociales siguen siendo muy duros para la población trabajadora de nuestra ciudad”.

Sin Plan de Protección de la huerta

Otro de los puntos en los que el concejal ha hecho hincapié durante su intervención ha sido en la reclasificación de la huerta que prevé la revisión del PGOU. Amadeu Sanchis se ha opuesto a la reclasificación de más de 400.000 metros cuadrados de huerta “porque no hay ninguna justificación ni necesidad de hacerla para llegar a una previsión de cerca de 850.000 habitantes y, por tanto, volvemos a insistir en que es una idea probablemente ya equivocada en 2007 pero injustificada en 2014”. “¿En qué cabeza cabe que se quieran construir 17.000 nuevas casas cuando tenemos un parque de viviendas de cerca de 60.000 vacías y, además, cuando el PP es absolutamente insensible a la situación de desahucios que se están produciendo?”, ha preguntado Sanchis dirigiéndose a la bancada popular.

En este mismo sentido, ha indicado que el Plan de Acción Territorial de Protección de la huerta de Valencia aún no ha sido aprobado. “Viendo que el objetivo es la reclasificación de la misma y que no ha sido aprobado este documento, está claro que lo que pretende el PP es actuar contra la huerta con total legalidad”, ha insistido el concejal.

Respecto al sector Vera II se contempla la ejecución de un nuevo vial, la ampliación del Politécnico y un parque lineal en la huerta. “¿Por qué se permite que la Universidad Politécnica vaya ampliando su campo a través de la poca huerta que queda en el norte de la ciudad?”, se ha preguntado el edil, quien ha recordado que se podría expandir pero no a costa de la huerta si no rehabilitando barrios, como el Cabanyal, o a través de otras fórmulas como la de la Universitat de València, que no tiene un único campus.

Sobre la reclasificación de 83.000 metros cuadrados de huerta en la pedanía de Mahuella que pasarán a ser suelo terciario, Sanchis ha señalado que no hay que olvidar que se trata de una actividad que se ha demostrado que no es motor económico, que no crea empleo y que si lo hace es temporal o estacional y, por tanto, “vemos que otro de los elementos económicos del Plan es la excesiva querencia por la actividad comercial”, ha apuntado el regidor.

Gran parque lineal de huerta

También ha considerado el edil una contradicción que se hable de crear un gran parque lineal de huerta en el norte de la ciudad y que a su vez se reclasifiquen como suelos urbanizables. “Es decir, por un lado, se dice que se va a proteger y se va a hacer una especie de museo virtual y, por otra, se da la oportunidad legal para que si esto no ocurre puedan ser urbanizables”, ha dicho, quien ha añadido, además, que esta posibilidad que incluye la revisión “incluso nos parece de dudosa legalidad si tenemos en cuenta que la huerta es absolutamente intocable”.

Por tanto, “creemos que esa contradicción es la fotografía del PGOU y, sobre todo de la falta de compromiso del PP de proteger la huerta valenciana cuando en realidad su verdadero objetivo es seguir desarrollando proyectos urbanísticos que se han quedado en el tintero por la crisis económica”, ha dicho el portavoz en el hemiciclo.

Mantenimiento del acceso norte al Puerto

Otro punto al que ha hecho referencia Sanchis durante su intervención plenaria ha sido al acceso norte al Puerto. Es decir, “con todo lo que está cayendo con el tema del Cabanyal, con la fachada marítima, con la situación en la que se encuentra el barrio de Nazaret y el incumplimiento por parte de la Autoridad Portuaria y la insensibilidad absoluta del equipo de gobierno del PP respecto a los problemas de los Poblados Marítimos, se sigue manteniendo este acceso que será una herida de muerte para esta zona de la ciudad”, ha comentado.

Precisamente sobre el tema del Cabanyal el regidor ha calificado como “muy curioso” que a la espera de que se solucione la adaptación-modificación del PEPRI, el documento de revisión del PGOU indique que este Plan “asume el contenido del PEPRI aprobado, y en su caso, la adaptación que se haga de este planeamiento para adecuarse al contenido de la Orden del Ministerio”. Es decir, “que el PP se está adelantando ya a lo que será la respuesta del Ministerio de Cultura a la modificación-adaptación del PEPRI , por tanto, es un Plan que en su revisión contempla la agresión urbanística al barrio del Cabanyal y la prolongación de Blasco Ibáñez”, ha asegurado el portavoz municipal, quien ha anunciado que “vamos a pedir en las alegaciones que presentaremos que se elimine cualquier referencia al PEPRI del Cabanyal precisamente porque está fuera de la competencia del Ayuntamiento de Valencia”. “¿Cómo es posible que se pretenda asumir en esta revisión un Plan que está anulado por expolio y que ya no es competencia municipal sino estatal?”, ha preguntado a los ediles del PP durante su intervención.

Transformación de Vara de Quart

Sanchis también ha hecho referencia a la recalificación de Zona de Vara de Quart de industrial a terciaria. “Aunque es cierto que la actividad industrial no tiene que estar en la ciudad consolidada, nos parece una verdadera barbaridad que se siga apostando por una política económica fracasada y precisamente no creadora de empleo y se decida convertir este polígono en un nuevo centro comercial, en más edificios administrativos, en nuevos hoteles o en nuevos restaurantes”, ha explicado.

Palacio de Congresos y subestación de Patraix

Igualmente, Amadeu Sanchis se ha referido al hecho de que quede en el limbo la ampliación del Palacio de Congresos al seguir consolidándose el suelo que está al lado de dicho edificio. “Entendemos que después del debate que se ha producido en la ciudad, lo normal sería que en la revisión del PGOU quedara claro que no se iba a emplear dicho suelo para ampliarlo, pero desgraciadamente no ha sido así”, ha insistido.

El concejal ha manifestado, asimismo, que en el documento no queda claro el desmantelamiento de la subestación eléctrica de Patraix, así como el compromiso, a pesar de los informes del Ministerio de Industria, de que las estaciones futuras van a estar todas soterradas.

ATE ‘Valencia Dinamiza’

Por último, el edil ha manifestado que con la revisión del PGOU se da luz verde, asimismo, a la operación de la ATE ‘Valencia Dinamiza’, “dejando en manos privadas el desarrollo de dos importantes y estratégicas zonas de la ciudad, cuando en un principio lo desarrollaba AUMSA”. Es decir, -ha explicado el regidor- “el PGOU recogerá lo que quiere el Valencia a tiro hecho, saltándose previsiones de viviendas de protección pública, por ejemplo, a petición de este Ayuntamiento”.

“Escandaloso”. “Injustificado”. “Innecesario”. Esquerra Unida (EU) ha cargado contra la alcaldesa de Valencia por gastar 15.000 euros al año en el alojamiento de sus escoltas, muchas veces en hoteles de lujo, coincidiendo con las vacaciones o días de descanso de la alcaldesa.

Según Interviu, siete de los 15 escoltas que forman su equipo de seguridad acompañan a Barberá en cualquiera de sus desplazamientos, por lo que pernoctan allá donde lo hace la alcaldesa. La revista asegura que el ayuntamiento de Valencia ha gastado 60.000 euros desde 2010 por ese concepto. Ha llegado a pagar 233 euros por una noche de hotel para un escolta.

EU critica “lo injustificado y lo innecesario de este derroche de recursos públicos”. Según Amadeu Sanchis, portavoz del partido en el ayuntamiento, “estamos hablando de unos gastos muy elevado durante unos años en los que no hay amenaza terrorista que los justifique”.

“Nos parece un abuso porque no tiene ninguna justificación que se pueda relacionar con medidas de seguridad. En definitiva, estamos hablando de que por cada noche de hospedaje de estos escoltas, los valencianos hemos pagado en torno a 233 euros”, sigue Sanchis.

Barberá gobierna Valencia desde 1991, por lo que “la alcaldesa confunde su persona con el cargo que ostenta”, cree Sanchis. El gobierno aclaró en 2012, a preguntas de Ricardo Sixto, diputado de IU, que los cargos públicos de las administraciones valencianas, como las del resto de España excepto Euskadi y Navarra, no necesitan seguridad extra. “La protección de los concejales es decisión de las correspondientes corporaciones locales”, aclaró entonces el Ministerio del Interior.

Los concejales de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Valencia, Amadeu Sanchis y Rosa Albert, junto al abogado José Luis Ramos, han anunciado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo interpuesto contra el acuerdo del 21 de julio de la Dirección General de Evaluación Ambiental que acordó “no someter a Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) la modidicación del Plan Especial de Protección y Reforma Interior (Pepri) del Cabanyal-Canyamelar por considerar que no tiene efectos significativos en el medio ambiente”.

Además, EU considera que sí que se puede recurrir el acuerdo “tal y como ha estimado el TSJCV al admitir a trámite el recurso”, ya que desde Esquerra Unida estiman que el Pepri requiere de EAE por tener “efectos significativos sobre el medio ambiente”.

Así, Sanchis recuerda que la Comisión Europea tramitó en dos ocasiones denuncia contra España por falta de Evaluación Ambiental Estratégica del Plan del Cabanyal al estimar que afectar a más de 1.500 viviendas y a unos 100.000 metros cuadrados urbanos en un centro histórico “necesariamente debe generar un impacto que se debe evaluar antes de decidir si se hace o no el plan”.

El concejal de EU recuerda que en ambas ocasiones se suspendieron las denuncias porque se paralizó el Pepri, la primera vez por la suspensión del TSJCV y en la segunda por el ministerio de Cultura “por medio de la declaración de espolio”. Por eso,

Sanchis recuerda que el vigente Plan General “no tuvo en cuenta la ejecución de la prolongación de la avenida Blasco Ibáñez atravesando el Cabanyal”, lo que resulta “contrario a la doctrina legal que establece la necesidad de la evaluación ambiental estratégica en proyectos urbanísticos que afectan a un núcleo histórico”.

Esquerra Unida ha presentado la demanda “precisamente porque en la primera alegación que presentamos el 18 de septiembre solicitamos precisamente la retirada del Pepri miestras no contara con la EAE favorable”, por lo que han decidido presentar la demanda que ha sido admitida a trámite, “esperamos que sea el primer paso para la paralización del plan”.

Por último, Ramos ha declarado que la falta de EAE es “sólo uno de los puntos negros del nuevo Pepri, por lo que será muy difícil que los tribunales puedan confirmar su legalidad. Pretender negar el acceso a la justicia de los ciudadanos, como han hecho en este caso, delata la falta de confianza sobre la legalidad del que están aprobando”.

El grupo municipal de Esquerra Unida en el Ayuntamiento de Valencia ha apelado hoy a la sentencia del Tribunal Constitucional sobre la Ley de Patrimonio Histórico de la Comunidad de Madrid para afirmar que la aplicación de esa jurisprudencia haría imposible la aprobación del plan del Cabanyal.

El portavoz del grupo municipal de EU, Amadeu Sanchis, ha presentado, junto al abogado José Luis Ramos, la sentencia, del pasado 17 de julio, que declara la inconstitucionalidad y nulidad de ocho artículos de la legislación madrileña.

En concreto, la sentencia, facilitada por la formación política, considera inconstitucional el haberse eliminado la necesidad de que las intervenciones en inmuebles situados en conjuntos históricos, paisajes culturales y sitios históricos necesiten de la autorización de la administración competente.

También se declara nulo permitir la posibilidad de segregación parcelaria de Monumentos y Jardines Históricos; desplazar inmuebles protegidos de su emplazamiento con la autorización de la Comunidad de Madrid o permitir la modificación de alineaciones rasantes y características volumétricas de un monumento o jardín histórico con la autorización de la Administración autonómica.

Para Sanchis, la jurisprudencia que crea esta sentencia “es aplicable al caso del Plan Especial de Protección y de Reforma Interior (Pepri) del Cabanyal y, por tanto, hace imposible que la Generalitat haga un informe favorable con respecto al mismo”.

Al respeto, Ramos ha señalado que actualmente los artículos 39.1 i) de la Ley de Patrimonio de la Comunitat Valenciana justifican cualquier proyecto que quiera aprobar el Gobierno valenciano sin importarle las limitaciones establecidas en el artículo 21.3 de la Ley estatal“.

Asegura que eso resulta contrario a la doctrina aplicada por el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, y considera que está en manos de la Administración valenciana “solucionar el problema antes que los tribunales se vean en el deber legal de darles un nuevo varapalo jurídico”.

El portavoz municipal ha anunciado que EU pedirá en Les Corts la inmediata devolución del Pepri del Cabanyal al Ayuntamiento, y planteará la modificación de la actual Ley de Patrimonio Cultural Valenciano con el objetivo de adaptarla a la ley española.

Sanchis también ha emplazado a la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, “16 años después de que se aprobara el primer Pepri, a que lo retire o condicione su continuidad como cargo público, tanto como alcaldesa como diputada autonómica, a la legalidad” de este plan urbanístico.

Asimismo, ha avanzado que su grupo presentará una alegación a la totalidad del plan, durante el período de información pública que se abre hoy y acaba el próximo 22 de septiembre, en la que pedirá su retirada “por la ilegalidad manifiesta del mismo”.