La cúpula de la Fiscalía se reúne este martes para unificar su postura en torno a uno de los puntos clave de la amnistía: si el delito de malversación entra o no en el perdón de la ley. Con los cuatro fiscales de la causa del procés convencidos de que esa puerta al regreso de Carles Puigdemont no debe abrirse, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, afronta uno de sus combates más complejos en un momento muy delicado de su mandato: pendiente de una posible imputación por el comunicado que desmentía un bulo sobre pareja de Isabel Díaz Ayuso y tras varios varapalos judiciales por ascender a Dolores Delgado.

La ley de amnistía entró en vigor hace siete días. Según los cálculos de la propia Fiscalía, la norma puede afectar a un total de 82 procesos penales todavía en tramitación con 486 personas encausadas. Causas que, en su mayoría, permanecen abiertas en juzgados de instrucción de Catalunya, pero también en organismos centrales, como es la causa principal del procés en el Supremo. En la que permanece procesado por malversación de caudales públicos el expresident catalán Carles Puigdemont.

[[ACTUALIZACIÓN - La Junta de Fiscales apoya que la amnistía se aplique a la malversación que afecta a Puigdemont]]

La aplicación de la amnistía no depende del Ministerio Público, depende de los tribunales, y gran parte de los jueces que instruyen causas relacionadas con el procés ya han pedido su opinión a las partes. La postura de los cuatro fiscales que han participado en la causa del Tribunal Supremo, en la que defendieron sin éxito la acusación por rebelión, es clara: la malversación de dinero público para financiar la independencia de Catalunya no es amnistiable.

Los fiscales del procés –Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Javier Moreno y Fidel Cadena– han activado el mecanismo legalmente establecido para que sea la junta de fiscales de sala la que resuelva la discrepancia de criterios. Pero más allá del formalismo, hay poco de habitual en la situación, con un enfrentamiento directo entre los cuatro fiscales y su superior jerárquico, plasmado incluso por escrito. La última palabra, sea cual sea la decisión que tome la cúpula de la Fiscalía este martes, está en manos de García Ortiz.

La postura de los cuatro encargados del caso es nítida y pública desde pocos minutos después de la publicación de la ley, incluso antes de que el trámite para informar se pusiera en marcha y aludiendo no solo a lo estrictamente jurídico, sino a otras cosas como el rechazo popular “ampliamente mayoritario” a la ley o el “brusco e inesperado cambio de opinión” del PSOE. El fiscal general pidió un informe libre de valoraciones políticas y la respuesta fue similar: la amnistía no abarca la malversación y, en la práctica, Carles Puigdemont no puede volver a España sin arriesgarse a ser detenido.

El criterio de los fiscales del procés choca frontalmente con el del fiscal general. Allí donde ven “beneficio patrimonial” y “ánimo de lucro” para apropiarse de dinero público, Álvaro García Ortiz afirma que no existió ese “propósito de enriquecimiento” que marca la línea roja para aplicar la amnistía. La tesis de los cuatro del procés, dice García Ortiz, “contradice” la voluntad del legislador, que con claridad alude a que se debe amnistiar la distracción de fondos públicos limitándose al referéndum de independencia de 2017.

Amnistía y una Fiscalía incendiada

En los despachos de la calle Fortuny la previsión es la de un debate profundo e igualado entre los que defienden la aplicación total de la amnistía y los que optan por rechazar que la malversación pueda entrar dentro del perdón de la ley. El criterio de la junta de fiscales de sala no es vinculante, pero una votación a favor de los cuatro del procés obligaría al fiscal general a imponer su criterio en contra de la mayoría de la cúpula del Ministerio Público por segunda vez en unos pocos meses.

La última vez fue en febrero, cuando la mayor parte de esta junta apoyó acusar a Carles Puigdemont por terrorismo en el caso Tsunami Democràtic. Una reunión de alto voltaje precedida de días de filtraciones y descalificaciones hacia Álvaro Redondo, el fiscal conservador que rechazaba esta imputación, y que terminó con Ángeles Sánchez-Conde, teniente fiscal del Supremo, optando por pedir sin éxito al Supremo que no recogiera ese guante del juez Manuel García-Castellón.

No está previsto que el debate de este martes sobre la amnistía esté menos astillado. Nuevamente con el procés como telón de fondo y con Carles Puigdemont como protagonista, y en esta ocasión como una meta flotante para la aplicación de la ley de amnistía. La reunión se celebra un día antes de que termine el plazo que dio el juez Pablo Llarena para que las partes informaran sobre los efectos de la norma sobre la causa.

La malversación es el único delito de la causa que ha sobrevivido a la despenalización de la sedición. Es, por tanto, el delito de cuya amnistía depende que Carles Puigdemont pueda volver a España sin tener que enfrentarse a los tribunales por la estrategia independentista de 2017, el referéndum y la Declaración Unilateral de Independencia. Todo en pleno terremoto político en Catalunya con el líder de Junts anunciando que su objetivo es volver a Barcelona y presentarse a la investidura para volver al cargo de president.

El debate en la cúpula de la Fiscalía llega también en un momento delicado del segundo mandato de Álvaro García Ortiz como fiscal general del Estado. Las dos sentencias del Tribunal Supremo que anulan el ascenso y el nombramiento de Dolores Delgado como fiscal de sala se han solapado con el avance de la investigación por el comunicado con el que la Fiscalía de Madrid intentó desmentir un bulo sobre el caso de Alberto González Amador, pareja de Isabel Díaz Ayuso. La Fiscalía se encuentra a la espera de saber si el Tribunal Superior de Madrid decide enviar la causa al Tribunal Supremo y si este decidirá abrir una causa contra el propio fiscal general.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, se reunió el pasado 18 de abril con medio centenar de fiscales conservadores a quienes prometió derogar varias leyes del Gobierno. Según informa este martes el diario El País, el encuentro tuvo lugar en el Hotel Claridge de Madrid y todos los miembros del Ministerio Público con los que habló el líder de la oposición forman parte de la conservadora Asociación de Fiscales, la organización mayoritaria del sector.

El diario de Prisa señala que, entre otros asuntos, Feijóo prometió a estos fiscales recuperar el delito de sedición sustituido por el Gobierno por el de desórdenes públicos, y planteó llamarlo “de otra forma” como “deslealtad constitucional”. Además, el líder del PP recordó una de sus exigencias constantes a lo largo de la legislatura tipificar como delito la convocatoria de un referéndum ilegal. Este martes, Feijóo ha defendido el encuentro.

“Fue una reunión correcta e institucional a la que fui tras una invitación oficial”, ha explicado Feijóo antes de participar en los actos con motivo de la celebración del Dos de Mayo, Día de la Comunidad de Madrid. “He sido invitado con una asociación de fiscales, la mayoritaria, a mantener un encuentro, les dije que es lo que creía yo y cuál es mi modelo para la fiscalía general. Hubo una serie de preguntas a las que yo respondí”, ha explicado.

Durante el encuentro, siempre según la información de El País, fiscales con cargos en el Tribunal Supremo cargaron con dureza contra las políticas del Gobierno progresista y hablaron de “falta de democracia en los procedimientos legislativos” puestos en marcha por el Ejecutivo que, sin embargo, han salido adelante por mayorías amplias en el Congreso de los Diputados gracias a las alianzas con fuerzas políticas de izquierda y nacionalistas.

Uno de los fiscales presentes fue Antonio Narváez, que fue magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta del PP hasta hace tan solo cinco meses. La información del diario de Prisa señala que él apoyó expresamente la llegada de Feijóo a la Moncloa pero puso en duda la legalidad de los procesos electorales en España por las supuestas negligencias de la empresa Indra. Además, denunció una “alianza de los socialistas con los filoetarras de Bildu”.

En un intercambio de alabanzas y halagos, en la comida los fiscales expresaron su preferencia por el PP y su deseo de que el partido conservador gane las próximas elecciones generales. En respuesta, Feijóo agradeció a los miembros del Ministerio Público que “restablecieran el orden constitucional” por sus actuaciones ante el referéndum independentista catalán del 1 de octubre de 2017.

Madrigal, contra el procedimiento parlamentario

Además, la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal cargó expresamente contra la forma de legislar del Parlamento al considerar “más grave” que la utilización del decreto ley “el de las proposiciones de ley que se presentan y que se tramitan a través de enmiendas donde los deseos de los grupos minoritarios se convierten en ley”.

Feijóo también prometió a estos fiscales conservadores “derogar muy rápido, de forma inmediata” algunas de las leyes aprobadas por el Gobierno, dando a entender que lo haría nada más llegar a la Moncloa y a través de un único instrumento legislativo. El PP, sin embargo, ha evitado confirmar a El País cómo será esa ley para derogar las normas más polémicas del Ejecutivo y se limitó a señalar que el líder de los populares no revela lo que “manifiesta en reuniones privadas”.

Un total de 16 fiscales de sala del Tribunal Supremo, entre ellos dos ex fiscales generales del Estado, firman en estos momentos una carta en la que se dirigen a la fiscal general para que inste al PSOE a retirar una enmienda parlamentaria en el Congreso de los Diputados. Los fiscales firmantes se dirigen a la Fiscalía General y se refieren a la enmienda 603 presentada por el grupo parlamentario socialista en la tramitación de la reforma de la Ley Concursal y que afecta a los supuestos en los que la Fiscalía está obligada a informar al Gobierno sobre investigaciones en curso.

La misiva está siendo firmada por pesos pesados del Ministerio Público: los fiscales del procés Javier Zaragoza, Jaime Moreno y Fidel Cadena, la fiscal de criminalidad informática Elvira Tejada o el exfiscal Anticorrupción Manuel Moix, entre otros. También hay dos antiguas fiscales generales del Estado: Consuelo Madrigal y María José Segarra. La Fiscalía, tal y como explica su estatuto, está integrada en el Poder Judicial pero con autonomía funcional. El número de fiscales que van a firmar la misiva constituye casi la mitad de la junta de fiscales de sala, formada por más de 30 miembros.

El actual Estatuto del Ministerio Fiscal, vigente desde 1981, explica textualmente en su artículo 9.2 que la Fiscalía General debe informar al Gobierno “cuando éste lo interese y no exista obstáculo legal, respecto a cualquiera de los asuntos en que intervenga el Ministerio Fiscal, así como sobre el funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia. En casos excepcionales podrá ser llamado a informar ante el Consejo de Ministros”. La enmienda del PSOE añade que la Fiscalía informará a petición del Gobierno “en aquellos asuntos de especial trascendencia en los que intervenga y que por su naturaleza y relevancia deba conocer. Esta información podrá venir referida también al funcionamiento, en general, de la Administración de Justicia”.

Los fiscales de sala que planean enviar el documento, según ha sabido elDiario.es, cargan con dureza contra esta enmienda que se tramita en la cámara baja. “Representa inequívocamente un reforzamiento de la relación de dependencia del Fiscal General del Estado respecto del Gobierno”, dicen en una misiva que también afirma que la enmienda implica “una quiebra importante de la autonomía y de la independencia” de la Fiscalía.

La enmienda, dicen estos fiscales de sala, “consagra un privilegio en virtud del cual el Poder Ejecutivo, más allá de las relaciones de política criminal que debe mantener con la institución para el buen funcionamiento de la Administración de Justicia, dispondría a través de la actuación que desarrolla el Ministerio Fiscal de un acceso extraprocesal que le permitiría conocer de primera mano el contenido de procedimientos judiciales e investigaciones especialmente sensibles, particularmente penales, a los que nadie que no sean las partes del proceso debe tener acceso”.

La misma enmienda del grupo socialista en el Congreso, disponible en la web de la cámara baja, propone otro cambio en su artículo 8.2 para reforzar la transparencia de estas consultas. Establece que “la comunicación del Gobierno con el Ministerio Fiscal se hará por escrito y de modo debidamente registrado en el soporte que reglamentariamente se determine por conducto del Ministro de Justicia a través del Fiscal General del Estado”. Actualmente, el Estatuto especifica que se hará a través del Ministerio de Justicia pero no por escrito ni debidamente registrado.

Dolores Delgado fue recientemente intervenida por un quiste sinovial en la columna vertebral y su agenda y actividad han quedado suspendidas hasta que se recupere.

El teniente fiscal del Tribunal Supremo, Luis Navajas (Granada, 1948), es un profesional profundamente conservador que a ochenta días de su jubilación ha denunciado públicamente que otros fiscales conservadores le intentaron influir en su decisión de no respaldar las querellas contra el Gobierno por la gestión de la crisis sanitaria. Con su informe a la Sala de lo Penal y las afirmaciones acerca de las intromisiones de sus compañeros, Navajas ha dado una patada al guion según el cual jueces y fiscales actúan de acuerdo a sus convicciones políticas, una acusación que provoca amargo lamento en el seno de ambas carreras, por otra parte mayoritariamente conservadoras.

Puede que la explicación del comportamiento del teniente fiscal Navajas haya que buscarla en el teniente general Miguel Primo de Rivera, bajo cuya dictadura se instauró el estatuto que aún regía en los primeros años de su carrera y que dejó en herencia la terminología militar de “tenientes fiscales” y “destacamentos”. Navajas, explican compañeros de carrera de uno y otro corte, tiene un profundo sentido del carácter jerárquico de la institución y de la obediencia debida al fiscal general del Estado, sea éste quien sea. 

“Luis es un fiscal de los antiguos, de los que el principio de jerarquía tiene una dimensión cuartelaria, como ha sido el Ministerio Fiscal toda la vida. Se podría decir que es más teniente que fiscal”, describe gráficamente un compañero.  

Los dos principales nombramientos de Navajas durante su trayectoria, primero como fiscal de sala y luego como teniente fiscal del Tribunal Supremo, se produjeron durante los Gobiernos de Aznar y Rajoy. La actual fiscal general del Estado decidió al tomar posesión en febrero que Navajas continuara como su número dos, lo que implica que la sustituya en todos los asuntos que afectan al Gobierno al que Dolores Delgado perteneció. 

Ese sentido de la obediencia jerárquica es para otros, en realidad, pura habilidad para haber sabido mantenerse en el puesto de teniente fiscal. Si no fuera por la escasa habilidad mediática de Navajas, que coinciden en señalar todos los consultados, podría decirse que el veterano fiscal supo dar una de cal y otra de arena cuando criticó a Pedro Sánchez por situar públicamente a la Fiscalía a las órdenes del Gobierno. “Fue un error del presidente que nos causó mucho daño”, dijo Navajas el lunes pasado en Onda Cero. Para añadir después: “Un error gravísimo que se rectificó días después”.

Algo similar ocurre con la afirmación de Navajas respecto a que la fiscal general del Estado no ha participado “por activa, ni por pasiva, ni directa, ni indirectamente” en la redacción del informe de 300 páginas para rechazar las querellas contra el Gobierno. En la misma entrevista, Navajas alabó la intervención en ese trabajo de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado, el equipo de máxima confianza de Dolores Delgado. 

En lo que hay consenso respecto a Navajas es en la “valentía” e “independencia” que han guiado el grueso de su carrera. El más famoso fue el denominado Informe Navajas sobre los presuntos vínculos entre narcotraficantes y guardias civiles del cuartel del barrio donostiarra de Intxaurrondo. Era 1989 y todavía pesaban los años de plomo, en los que la Guardia Civil se había llevado la peor parte de la estrategia criminal de ETA. 

En la fiscalía guipuzcoana hubo fiscales que apenas aguantaron unos meses en esos años de bombas-lapa y funerales casi clandestinos. Sin embargo, Navajas permaneció en San Sebastián desde 1987 a 2003. Años después, ya como teniente fiscal, defendió con vehemencia la inocencia de Baltasar Garzón en la causa por haber investigado los crímenes del franquismo. El Tribunal Supremo le dió la razón por 6 votos a 1. Solo se opuso a su informe José Manuel Maza, quien como fiscal general del Estado renovó la confianza de sus antecesores en Navajas.

Esos predecesores de Maza en el cargo habían sido Eduardo Torres-Dulce y Consuelo Madrigal, una de las fiscales “contaminadas ideológicamente” que según Navajas entró en su despacho a recomendarle que no pusiera “un baldón” en el tramo final de su carrera y apoyara las querellas contra el Gobierno. Ese hecho, que Madrigal hubiera sido su fiscal general, con el sentido de obediencia que tiene Navajas, convirtió la recomendación en una coacción a los ojos del que fue su número dos.

Pero Navajas no denunció los hechos ante la inspección fiscal y ha sido solo cuando ha visto su nombre manchado en los medios de comunicación, con afirmaciones anónimas sobre la calidad de su informe, cuando ha decidido acudir a los medios. Que se haya abierto ahora y no entonces una investigación por esas supuestas presiones mantiene soliviantado a los fiscales conservadores, y así se ha pronunciado la asociación que los representa, mayoritaria en la carrera. 

Navajas piensa que ha actuado con toda la diligencia que requiere la gravedad que corresponde a la crisis sanitaria, que no era posible contar para su informe con fiscales tan “contaminados ideológicamente” y que lo hizo junto a otros dos veteranos, entre ellos la fiscal de víctimas, así como con los miembros de la Secretaría Técnica de Delgado. 

En este sentido recuerda cómo las más de 13.000 querellas contra Aznar por la participación de España en la Guerra del Golfo fueron despachadas por la Fiscalía en unos pocos folios y sin convocar a la Junta de Fiscales, como pretendía el grupo de presión de la Fiscalía del Supremo y la asociación conservadora.

Luis Navajas considera anecdótico que se le critique el hecho de que, entre 300 folios, se califique en una línea de “idónea” la tarea del Gobierno central. O que se considere partidista la afirmación de que “resulta contrario a las reglas de la lógica pensar que el conjunto de las administraciones, con distinto signo político, obraron todas ellas de forma poco diligente”. Navajas insiste, según sus allegados, en que tan independiente era cuando se opuso a una investigación al presidente del PP por su máster en la Universidad Rey Juan Carlos como ahora. Él mismo presume que el informe sobre Casado es uno más de todos los que ha respaldado la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena. Un “100% de éxito”, resume Navajas. 

Tres “M” y un rumor

Esa defensa de su profesionalidad e independencia se ha visto comprometida en las dos entrevistas concedidas, a Okdiario y Onda Cero, cuando da por hecho que un compañero suyo de Anticorrupción mantuvo una relación con una abogada de la acusación popular del caso Villarejo, afirmación periodística basada en un chat de Podemos donde la letrada sugiere esa relación, si bien lo desmiente en otra conversación. “Monárquico, monógamo y madridista”, según se define Navajas, el teniente fiscal reveló que tuvo ganas de “vomitar” al leer esas informaciones y darlas por ciertas. 

Se produce además el agravante de que, como miembro del Consejo Fiscal, Navajas debe pronunciarse en las próximas semanas sobre las plaza que ocupa ahora como interino Ignacio Stampa, aludido por las citadas informaciones y uno de los miembros de Anticorrupción que impulsa desde el principio el caso Villarejo, que ya cuenta con una treintena de piezas separadas. 

Navajas, al que le gustaría acabar de diplomático acreditado ante la Santa Sede, se confiesa muy aficionado al cine. La Asociación de Fiscales acaba de solicitar que sea él el investigado por la afirmación sobre sus compañeros. Del desarrollo de los acontecimientos se podrá concluir si a 80 días de su jubilación, Luis Navajas ha protagonizado un acto heroico, como el viejo soldado Walt Kowalski en Grand Torino, defendiendo al joven vecino de una raza que antes odiaba; o si ha perpetrado una despedida esperpéntica, como la de Juncal lanzándose espontáneo a la plaza, sin traje de luces, a matar el toro que su hijo no se atreve. 

Aviso parcial sobre el desenlace: Kowalski y Juncal se redimen, pero acaban mal. 

El cambio al frente de la Fiscalía General del Estado es el giro más radical de guión de cuantos ha supuesto la última formación de Gobierno. Las declaraciones elogiosas del ministro de Justicia, Rafael Catalá, adelantaban la renovación de Consuelo Madrigal al frente del Ministerio Público. Sin embargo, la sorpresa recorrió las fiscalías de España con el nombre del nuevo jefe, el magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo José Manuel Maza. Todo eran especulaciones habida cuenta de que la principal afectada, Consuelo Madrigal, aguardaba su renovación la víspera, según fuentes fiscales.

El nuevo fiscal general tiene pendiente más de treinta nombramientos, acumulados por la situación de interinidad del anterior Ejecutivo. Junto a los de mayor relumbrón, como la Fiscalía de la Audiencia Nacional y la Fiscalía Anticorrupción, Maza deberá avalar nombramientos en esas tres decenas de fiscalías provinciales, superiores y de Sala, que constituyen el músculo del Ministerio Público en España. Como alguien ajeno a la carrera fiscal, el juez Maza tendrá libres las manos de ataduras personales en las designaciones que deba acometer.

De ninguno de los análisis que siguieron al anuncio escapa la cuestión catalana, una agenda que Mariano Rajoy ha encomendado a Soraya Sáenz de Santamaría otorgándole el nuevo Ministerio para las Administraciones Territoriales. Pero ahí surge el interrogante sobre lo que espera de José Manuel Maza el Gobierno. Precisamente las discrepancias de Eduardo Torres-Dulce con los fiscales del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) provocaron la renuncia del primero y la llegada de Madrigal hace dos años.

Madrigal ha impulsado la actuación de la Fiscalía contra el desafío soberanista sin queja del Gobierno. Catalá, considerado próximo a la vicepresidenta, sustituyó a Alberto Ruiz-Gallardón presentando un perfil técnico y se ha revelado como un halcón en las cuestiones políticas. Y el ministro de Justicia avalaba el trabajo de la exfiscal general.

Maza es un juez que, por su marcado carácter conservador, parece alejado de opciones posibilistas con la cuestión de Cataluña. En el caso de la investigación de los crímenes franquistas por Baltasar Garzón se quedó solo en su pronunciamiento de condenar al ya exjuez por prevaricación. El juez Maza también se posicionó a favor de investigar penalmente al expresidente del CGPJ Carlos Dívar por sus 'semanas caribeñas'.

Por otra parte, su historial deja muestras de independencia. Su firma consta en sendos escritos de queja por las injerencias del Gobierno en el trabajo de los jueces. Del Gobierno de Zapatero y también del de Rajoy. En 2008 ante la “intolerable presión” por el expediente al juez Vicente Tirado. Hace dos años por las declaraciones de Jorge Fernández Díaz y otros miembros del Gobierno en relación a la excarcelación de etarras.

Precisamente, el nombramiento de Maza obligará a buscar otro ponente para el auto que debe decidir sobre la admisión a trámite de la querella de Convergència y Xavier Trias contra el ministro del Interior por las grabaciones en su despacho. Fuentes judiciales apuntan a la elección que haga Maza del nuevo fiscal jefe Anticorrupción como pista de lo independiente que será su mandato.

Vinculado a la polémica Schola Iuris

Otras fuentes recuerdan que Maza es uno de los magistrados que ha impartido clases en Schola Iuris, un exclusivo instituto jurídico creado en Madrid en 2004. En sus máster han coincidido jueces con abogados que luego tenían que defender a sus clientes ante ellos, según denunció el exfiscal general del Estado Carlos Jiménez Villarejo.

Al frente de Schola Iuris está el psicólogo forense Ángel Benseny Pellicer, socio en una empresa del conglomerado empresarial vinculado al polémico comisario José Manuel Villarejo. Otros jueces que han pasado por Schola Iuris son el influyente presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, Manuel Marchena, gran amigo de Maza; o el antiguo fiscal jefe de Madrid Manuel Moix.

Asociaciones de fiscales

Desde la Asociación de Fiscales, su portavoz Emilio Frías ha felicitado a Maza por su nombramiento y ha desvinculado el éxito de su gestión de su condición de juez. Frías ha recordado que otros jueces como Carlos Granados o Cándido Conde-Pumpido ejercieron de fiscales generales con “buen resultado”. Como retos le ha marcado la “modernización” del ministerio fiscal, el impulso de la reforma del Estatuto Fiscal y adaptar la carrera a la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Por su parte, el presidente de la Unión Progresista de Fiscales, Álvaro García Ortiz, se ha interesado por conocer “qué proyectos tiene” un miembro ajeno a la carrera fiscal y “por qué quiere ser fiscal general del Estado”. “Al no conocernos, esperamos que no tarde mucho en responder”, ha dicho a eldiario.es. “Hay que empezar ya con proyectos importantes en la Fiscalía que le devuelvan el peso institucional que tenía hace cuatro años”, ha añadido.

La Unión Progresista de Fiscales contra el ministro

La Unión Progresista de Fiscales ha deseado éxito al nuevo fiscal José Manuel Maza Martín en un comunicado en el que han cargado contra Rafael Catalá. El motivo, las declaraciones del ministro de Justicia en las que aseguraba que “la Fiscalía puede recibir instrucciones por escrito del Gobierno”, que denotan “un profundo desconocimiento” del funcionamiento de la institución y de la concepción de su avance hacia “una escrupulosa autonomía”.

El Gobierno va a proponer que José Manuel Maza sea nombrado nuevo fiscal general del Estado, en sustitución de Consuelo Madrigal. Según han confirmado fuentes gubernamentales a eldiario.es, el Consejo de Ministro hará este viernes la propuesta para que sea refrendada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y por el Congreso.

Maza es en la actualidad magistrado de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, y relevará a Madrigal, que lleva tan solo dos años en el cargo. Será el tercer fiscal general del Estado bajo la presidencia de Mariano Rajoy. El primero, Eduardo Torres Dulce, dimitió en a finales de 2014.

Para su nombramiento se precisará la participación de los tres poderes del Estado, ya que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) deberá aprobar un informe de idoneidad tras la propuesta del Consejo de Ministros, y después comparecerá en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados para obtener su aval.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, el portavoz del Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, ha confirmado la propuesta de Maza y ha querido “destacar y agradecer el trabajo desempeñado por Consuelo Madrigal”.

Madrigal abandona la dirección del Ministerio Público después de tan solo dos años en el cargo. El trabajo de la primera mujer en acceder a esa responsabilidad durante este tiempo ha consistido en buena parte en lidiar con los procesos judiciales abiertos contra los responsables de la consulta del 9N en Cataluña.

Fue este asunto el que hizo dimitir a su antecesor en el cargo. Torres Dulce anunció su dimisión en diciembre de 2014 por las malas relaciones con el ministro de Justicia, Rafael Catalá, y por las desavenencias con el Ejecutivo por la consulta independentista.

Defendió inhabilitar a Garzón

Durante su etapa en el Tribunal Supremo, Maza fue uno de los siete magistrados que juzgaron a Baltasar Garzón por abrir una causa para investigar los crímenes de la dictadura franquista. Seis jueces decidieron absolver a Garzón por este hecho, pero Maza disintió con un voto particular.

En él, defendió que el juez, inhabilitado más tarde por las escuchar ordenadas durante la instrucción del caso Gürtel, debía ser apartado de la carrera judicial por “prevaricación dolosa” al intentar asumir una competencia que no le correspondía.

Según Maza, Garzón puso el procedimiento judicial “al servicio de sus propias intenciones subjetivas”, y le reprochó que iniciase una investigación “contra personas ya fallecidas y por delitos que habían sido objeto de amnistía o en todo caso, se encontraban claramente prescritos”.

Durante la rueda de prensa del Consejo de Ministros, Méndez de Vigo ha evitado dar ninguna razón para el cambio de Madrigal por Maza. El portavoz del Gobierno no ha justificado de ninguna manera la destitución de la hasta ahora fiscal general, a pesar de la insistencia de los periodistas.

Según Méndez de Vigo, el ministro de Justicia ha propuesto a Maza con el mismo y “único elemento” con el que se justifican el resto de nombramientos en el Ejecutivo: la idoneidad. “Es el candidato más idóneo, no puedo decir nada más”, ha afirmado. “Es la persona que mejor puede cumplir con esa función”, ha añadido el portavoz del Gobierno, eludiendo contestar a si el nombramiento tiene que ver con el proceso judicial contra los impulsores de la consulta del 9N en Cataluña.

El PSOE, por su parte, ha calificado de “mala noticia” la desginación de Maza. En un comunicado, los socialistas afirman que la trayectoria “conservadora” del magistrado “no garantiza en absoluto el perfil independiente que requiere” el cargo y alertan de que Maza “puede dejar al Ministerio Fiscal en una posición de subordinación frente al Gobierno”.

La llegada del nuevo Gobierno obligará a nombrar nuevo fiscal general del Estado, un puesto al que su actual ocupante, Consuelo Madrigal, puede volver a optar por no haber transcurrido dos años desde que tomó posesión de su cargo en enero de 2015. De ser nuevamente designada lo será por cuatro años más.

Así lo posibilita el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, una de cuyas últimas reformas reforzó la autonomía de este órgano mediante la limitación del mandato y la fijación de los motivos de cese del fiscal general, entre los que se incluye el del Gobierno que lo haya nombrado.

Si se da la circunstancia de que Madrigal vuelve a ser propuesta por el Gobierno, deberá volver a pasar por todos los trámites para ser nombrada que detalla el artículo 29 del Estatuto, y que implican a los tres poderes del estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, según han explicado a Europa Press fiscales.

El nuevo o nueva fiscal será nombrado por el Rey a propuesta del Gobierno pero oído previamente el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), al que de ser propuesta Madrigal volvería a preguntarse sobre su idoneidad para el cargo.

Una vez recibido este informe, el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy comunicará su propuesta al Congreso de los Diputados, que convocará a la persona elegida ante la Comisión de Justicia, cuyos miembros escucharán al candidato o candidata y podrán valorar así sus méritos.

Una vez nombrado, el fiscal general del Estado prestará ante el Rey el juramento o promesa que previene la Ley y tomará posesión del cargo ante el Pleno del Tribunal Supremo, según detalla el Estatuto.

Además de Madrigal, otros nombres que suenan como candidatos al cargo son el presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional Fernando Grande-Marlaska y el propio presidente de este órgano, José Ramón Navarro, según se comenta en círculos judiciales consultados por Europa Press.

Renovaciones en la cúpula judicial

La toma de posesión del Ejecutivo de Rajoy también permitirá “desatascar” una decena de nombramientos que estaban pendiente realizarse en la cúpula fiscal y que se encuentran pendientes desde hace meses, entre ellos el de la Fiscalía Anticorrupción, a cuyo frente se encuentra en funciones la teniente fiscal de este departamento Belén Suárez tras la salida de Antonio Salinas por haberse jubilado a mediados del pasado mes de octubre.

Se trata de un puesto que muchos consideran estratégico dada la cantidad de procedimientos pendientes de resolución y que afectan a cargos públicos, y también por las operaciones que pudieran iniciarse por nuevas tramas descubiertas. Para él se postula entre otros fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Javier Zaragoza -cuyo mandato en dicho órgano caducó el pasado mes de junio-, si bien todas las quinielas colocan como más probable a Alejandro Luzón, un fiscal muy experimentado en este departamento y actualmente en la Secretaría General Técnica.

Otros nombramientos pendientes son el de fiscales jefe de la salas de lo Penal y de lo Social del Tribunal Supremo, el de la propia Audiencia Nacional, el de fiscal jefe Antidroga, de Medio Ambiente, de Criminalidad Informática, de Extranjería, de Cooperación Internacional y el de Seguridad Vial.

La Fiscalía ha vuelto a rechazar que se abra una investigación a Jorge Fernández Díaz por las grabaciones en su despacho que confirman las maniobras del Ministerio del Interior contra el proceso soberanista en Cataluña. Esta vez, el Ministerio Público califica las conversaciones entre el ministro y el entonces jefe de la Oficina Antifraude de Catalunya como “un intercambio de información” amparado por la ley. 

En un escrito de 18 líneas, al que ha tenido acceso eldiario.es, el fiscal jefe de la Sala de lo Penal, Antolín Herrero, se opone a la admisión de la querella presentada por el Partit Demòcrata Català (PDC) (la antigua Convergencia) y el exalcalde de Barcelona Xavier Trias contra Fernández Díaz y Daniel de Alfonso.

El PDC y Trias presentaron su querella en el Supremo por ser Fernández Díaz un miembro del Gobierno y estar, por tanto, aforado ante la Sala Segunda del Alto Tribunal. En la misma atribuyen a Fernández Díaz los delitos de violación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos.

El fiscal Herrero califica la conspiración entre Fernández Díaz y De Alfonso como un “intercambio de información que podría quedar amparado” por la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la Ley 14/2008, por la que se crea la Oficina Antifraude de Catalunya.

En esa línea y media del escrito, Herrero descarta que el ministro haya cometido un delito de violación de secretos, a pesar de que el propio ministro cita en los audios a varios medios de comunicación como destinatarios de las informaciones que preparaba con De Alfonso. Algunos de esos medios dieron publicidad a informes apócrifos sobre supuestos delitos de políticos independentistas que nunca acabaron en los juzgados. 

El diario El Mundo llegó a publicar una información sobre una cuenta falsa de Xavier Trias en Suiza. Según la querella, en la grabación queda patente “la intención de perjudicar políticamente al afectado”, pese a que Fernández Díaz y De Alfonso “reconocen que no tienen evidencia alguna” de la supuesta cuenta en un banco suizo del exregidor de la Ciudad Condal. 

El fiscal Herrero amplía hasta las tres líneas el espacio que dedica a descartar los otros dos delitos atribuidos al ministro; prevaricación y malversación de fondos. Así dice que las afirmaciones de Fernández Díaz en las grabaciones se producen “sin que se relate decisión alguna que tenga el carácter de resolución administrativa y sin que se concrete la financiación pública que sustente la malversación que se presume”.

El fiscal cita el artículo 7.1 de la Ley de creación de la Oficina Antifrau para defender la legalidad del “intercambio de información”. Ese punto se limita a señalar que Antifrau tendrá unas funciones “sin perjuicio” de las que corresponden a otros organismos catalanes. Es en el segundo punto de ese artículo donde la ley señala que el organismo catalán no puede sustituir a jueces, fiscales, ni policía judicial y que debe poner en conocimiento de estos cualquier indicio de delito que obtenga. 

De la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Fiscalía recupera el artículo 259 y siguientes, destinados a la obligación de poner en conocimiento de la Fiscalía los indicios de delito. El citado artículo 259 recoge: “El que presenciare la perpetración de cualquier delito público está obligado a ponerlo inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción, de paz, comarcal o municipal o funcionario fiscal más próximo al sitio en que se hallare, bajo la multa de 25 a 250 pesetas”.

“La Fiscalía te lo afina”

Este desarrollo argumentativo puede conocerse gracias a que PDC y Trias decidieron presentar una querella, incluso después de que la Fiscalía General del Estado dejara claro en julio que impediría cualquier intento de buscar responsabilidades penales en la actuación de Fernández Díaz. En las conversaciones filtradas, el ministro del Interior llega a decir a De Alfonso: “Esto la Fiscalía te lo afina”. En otro punto asegura que el plan para filtrar las maniobras policiales en Cataluña es conocido por el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.  

En el desarrollo de las conversaciones, Fernández Díaz menciona por su nombre a varios funcionarios públicos implicados en la guerra sucia. Sin embargo, la Fiscalía considera que no hay indicios de que el ministro del Interior se haya excedido y perjudicado el patrimonio público, ni que haya dictado resolución arbitraria alguna, según describe el Código penal los delitos que le atribuyen los querellantes.

eldiario.es desveló en noviembre de 2014 la existencia de un grupo policial dedicado en exclusiva a perseguir a políticos independentistas, a los que se desplazaba a Cataluña y dotaba de recursos para ello.

El fiscal Herrero casi dedica el mismo espacio a presentar los argumentos para oponerse a la querella que para reprochar a PDC y Trias que no especifiquen si quieren ejercer la acción popular o particular. Además, asegura que la querella se presentó en nombre de CDC y que el partido, “al parecer”, se ha disuelto “sin que conste sucesión de personalidad”. La Fiscalía del Supremo añade que no se pronuncia sobre la presunta implicación de De Alfonso porque éste no es aforado.

Denuncian “sistemática desviación de poder”

La querella asegura que Fernández Díaz “provoca, posibilita, facilita y favorece activamente” la revelación de información confidencial por parte de De Alfonso, puesto que le “incita” a actuar y le emplaza a una segunda reunión, por lo que “sería partícipe en los delitos de revelación”.

El texto, de 42 páginas, alerta de una “política sistemática de revelaciones y desviación de poder en el ejercicio de las potestades investigadoras que, en modo alguno, puede ser casual y que, una vez vistos en su conjunto, permiten pasar del estadio de la conjetura al de indicio”. Así, para los querellantes, de las conversaciones se desprende una “premeditación especialmente insidiosa” de “revelación de información confidencial”.

El propio Fernández Díaz se presenta como víctima de la grabación, a pesar de que una supuesta investigación interna confirma que los instrumentos para captar la conversación estaban en el despacho del titular de Interior. El departamento dice continuar con las pesquisas y no ha actuado aún contra ningún funcionario. La actuación del ministro en funciones le valió el pasado martes la reprobación del Congreso de los Diputados, ante el que deberá comparecer en comisión de investigación. 

“La transición fue voluntad del pueblo español”. Con esta rotunda afirmación, la Fiscalía General del Estado advierte a la jueza argentina María Servini de que ella no es quien para cuestionar el proceso político que siguió a la dictadura de Franco. El mensaje aparece en un escrito de Consuelo Madrigal a las fiscalías provinciales sobre cómo deben oponerse a las declaraciones de cargos franquistas y víctimas a los que investiga Servini y de los que la magistrada ha solicitado su declaración en distintas sedes judiciales españolas.

“Precisamente, porque la transición fue voluntad del pueblo español, articulada en una ley, es por lo que ningún juez o tribunal, en modo alguno, puede cuestionar la legitimidad de tal proceso. Se trata de una ley vigente (Ley de Amnistía) cuya eventual derogación correspondería, en exclusiva al Parlamento”, escribe Madrigal en su orden, fechada el pasado 30 de septiembre y a la que ha tenido acceso eldiario.es.

La jueza Servini pretende interrogar a 19 cargos del franquismo, entre ellos los exministros  Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina -suegro del exministro de Justicia del PP Alberto Ruiz-Gallardón- dentro de la investigación que sigue por la denuncia de un grupo de víctimas de la dictadura. Para ello ha remitido varias comisiones rogatorias a distintos juzgados españoles que han hecho saltar la alarma en la Fiscalía General.

Entre argumentos como que los delitos están prescritos o que son delitos cometidos por españoles contra españoles, de los que solo los tribunales locales serían competentes para investigar, la Fiscalía General desliza una serie de consideraciones que trascienden el ámbito estrictamente jurídico.

Así, en su “orden interna” a los fiscales -según la calificó un portavoz de la Fiscalía General del Estado-, Madrigal afirma que la Ley de Amnistía “fue una consecuencia de una clara y patente reivindicación de las fuerzas ideológicamente contrarias al franquismo” a las que fueron incorporándose “otras posiciones, de izquierda y de centro e, incluso, de derecha”.

La defensa de la Ley de Amnistía ocupa el apartado más amplio del escrito de Madrigal. Asegura que fue fruto de la “reconciliación nacional” y la necesidad de que “no hubiera dos Españas enfrentadas”. “Tal norma no contenía, como no podía ser de otro modo, ninguna delimitación de bandos (…) La idea fundamental de la transición, tan alabada nacional e internacionalmente, fue la de obtener una reconciliación pacífica entre españoles”, escribe la fiscal general en su orden para oponerse a la instrucción que desarrolla la jueza Servini.

Para apoyar su tesis, Madrigal no duda en acudir al episodio de Paracuellos del Jarama durante la Guerra Civil. Aduce la fiscal general que la Ley de Amnistía sirvió, por ejemplo, para que la Audiencia Nacional rechazara una querella de la Asociación de Familiares y Amigos de Víctimas del Genocidio de Paracuellos del Jarama.

Apela a la Ley de Memoria Histórica

En el punto séptimo, Consuelo Madrigal recuerda que en España existe desde 2007 una Ley de Memoria Histórica que, por otra parte, las víctimas del franquismo denuncian una y otra vez que no se cumple. Madrigal se refiere a ella como “otros procedimientos y actuaciones” que buscan “el esclarecimiento de los hechos”, el “restablecimiento de la memoria histórica” y la “recuperación de la dignidad”. 

La fiscal general española acusa a la jueza argentina de perseguir intereses distintos a la búsqueda de la justicia. “El proceso penal seguido en Argentina es un proceso inviable y, ajeno, por tanto, al interés de la Justicia”, escribe Madrigal. Se trata, añade, de “una causa general radicalmente incompatible con el propio concepto de proceso penal y con sus principios inspiradores”.

La fiscal general no pierde la oportunidad para recordar lo que le ocurrió a Baltasar Garzón por intentar investigar los crímenes del franquismo desde la Audiencia Nacional, aunque sin citarlo. “Debe recordarse que un proceso seguido en España similar al que se sigue en Argentina motivo una causa penal contra el Magistrado Instructor que, si bien tras el juicio oral fue absuelto por el Tribunal Supremo, lo fue porque pese a haberse incurrido en exceso en la aplicación e interpretación de las normas (…) no alcanzan la injusticia de la resolución que requiere el tipo de prevaricación y no merece le reproche de arbitrariedad exigido en la tipicidad del delito de prevaricación objeto de la acusación”.

Madrigal llega a esta conclusión después de desarrollar la prescripción de los delitos investigados. El tipo de crímenes que se persiguen en la causa se convirtieron en imprescriptibles en la ley española en 2004 y, según el Tribunal Supremo, no se puede aplicar una norma penal de forma retroactiva. Aun cuando los tratados internacionales firmados por España nieguen la prescripción de esos delitos, tales tratados no pueden ser aplicados en la jurisdicción española de forma retroactiva de acuerdo a la propia Constitución, añade. 

Carlos Lesmes, presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo desde que fuera elegido en 2013 con los votos de la mayoría conservadora, ha defendido este martes el actual sistema de elección del órgano que preside. Hace diez días, el Partido Popular y Ciudadanos pactaron una reforma del CGPJ para que la mayoría de sus miembros pasaran a ser elegidos por los propios magistrados y no por el Parlamento, como ocurre en la actualidad.

Durante su discurso con motivo de la Apertura del Año Judicial, y en presencia de Felipe VI, Carlos Lesmes se refirió a las críticas que “opinadores de todo tipo” hacen sobre una supuesta politización de la justicia, centradas en el “modelo de gobierno judicial”. Según Lesmes, la actuación a diario de los jueces permite desmentir “una y otra vez” la opinión de que los partidos políticos controlan a los jueces por el sistema de elección del CGPJ.

Mientras que Ciudadanos da por muerto el acuerdo con el PP que facilitaría la investidura de Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno en funciones insiste en “preservar y mantener” su vigencia, según dijo hace dos días ante el comité ejecutivo de su partido. El acuerdo recoge que 12 de los 21 miembros del CGPJ pasen a ser elegidos por los jueces y el resto por el Congreso y el Senado. En la actualidad son los partidos, con su representación parlamentaria, los que se reparten la composición del CGPJ.

“Todos los jueces son independientes”

Ni una desviación en la actuación de los magistrados ha admitido Lesmes. La corrupción, ha asegurado, encuentra en la Justicia española “la más eficaz y contundente respuesta, desde la rabiosa independencia de todos nuestros jueces, desde el nuevo juez de instrucción a los que sirven en este Tribunal Supremo, jueces que no admiten injerencias ni presiones de ningún tipo y que no tienen más señor que la propia Ley, expresión de la voluntad de la mayoría”, ha afirmado Lesmes.

El presidente del CGPJ y el Supremo ha recordado que “son muchas las causas de corrupción” y que en todas ellas los jueces, todos, “están actuando con total y absoluta independencia, sin aceptar injerencia alguna”.

Al monarca, Lesmes le ha recordado que, frente a la corrupción, la acción de la justicia “no basta: tiene que ir paralela a la definición de unas estrategias de buen gobierno, de prevención y, sobre todo, de regeneración de la gestión pública”. Respecto a la carga de trabajo de los magistrados, Lesmes ha dicho que cada uno de ellos firma 300 fallos al año, “más sentencias que días laborables”.

Madrigal, contra la tergiversación de la “libertad”

La fiscal general del Estado ha coincidido en solicitar más medios y reformas, entre ellas la que modificaría el modo de instruir los casos y sobre la que, ha dicho“parece haber consenso” y solo demanda “un imprescindible pacto de Estado”.

Parte del discurso de Consuelo Madrigal ha estado dedicado al “total desprecio al ordenamiento constitucional que se plantea desde sectores independentistas”. Frente a ello, ha añadido, “conviene mantener la integridad de la conciencia intelectual, tal como ha hecho el TC en su sentencia de 2 de diciembre de 2015”, que tumbó la declaración independentista del Parlamento catalán.

Madrigal ha reprochado a los independentistas que tergiversen, en su opinión, el término “libertad”, “una palabra poderosa que todos quieren utilizar, olvidando que en su significado original y en el de sus equivalentes en griego y latín, siempre hacía referencia a una condición legal”.

“Frente a las vías de hecho, o las pretensiones demagógicas que contrapone legitimidad democrática y legalidad constitucional, sólo cabe recordar, como hace la sentencia del constitucional, que en una concepción democrática del poder no hay más legitimidad que la fundada en la Constitución. En esta línea ha actuado y actuará la Fiscalía ante el TC y ante los tribunales penales si fuera el caso”, ha advertido la fiscal general del Estado.

La Fiscalía General del Estado ha concluido que el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no cometió ningún delito derivado de su conversación con el ya exjefe de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso. Para adoptar esa decisión se ha tomado dos semanas desde que publico.es le entregara la grabación, que comenzó a publicar hace 24 días. 

“En relación a las denuncias presentadas contra el ministro del Interior en funciones, Jorge Fernández Díaz, y el exdirector de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso, por prevaricación, revelación de secretos y malversación de caudales, entre otros tipos penales, la Fiscalía del Tribunal Supremo ha concluido respecto del Ministro del Interior, único aforado ante el Tribunal Supremo, que del contenido de las conversaciones no se desprenden indicios suficientes para iniciar una investigación penal por preconstitución falsa de pruebas, por prevaricación administrativa ni por los restantes tipos penales”, dice la nota que el gabinete de prensa de la Fiscalía General del Estado ha decidido difundir pasadas las 19:30 horas. 

Al aludir al “contenido de la conversación”, la Fiscalía se desentiende del hecho de que la grabación en sí pudiera constituir un delito, así como su difusión. Pero es más, ni entra a valorar que pudiera haber participado del acto de grabar y filtrar. 

Sin mencionar a nadie más, optando por la denominación “en relación con los hechos denunciados relativos a personas no aforadas”, la Fiscalía General del EStado ha derivado las actuaciones a la Fiscalía de Madrid “para la valoración en sede competente de la posible existencia del también denunciado delito de revelación de secretos”.

“Respecto a una posible malversación de caudales públicos, se ha remitido testimonio a la Fiscalía Provincial de Barcelona, competente para ello, a fin de que proceda a su investigación”, concluye la nota. Fue a esa Fiscalía a la que recurrió ERC para presentar una denuncia por las grabaciones. 

Fernández Díaz fue grabado en dos ocasiones en su propio despacho en octubre de 2014. En las más de cuatro horas de conversación, él y De Alfonso maquinan para perjudicar, con dudosas investigaciones policiales y ayuda de algunos medios de comunicación, el proceso soberanista en Cataluña y a sus líderes. 

La Fiscalía descarta que esa utilización de recursos públicos para perjudicar a la oposición sea delito. Queda por dilucidar que piensa el órgano que dirige Consuelo Madrigal, elegida por el Gobierno del PP, sobre la grabación y la difusión del audio. El Ministerio del Interior mantiene estancada una investigación interna que sirve de excusa a Fernández Díaz para no acudir a un juzgado, a pesar de presentarse como “víctima”. 

eldiario.es publicó que los ocho primeros minutos de la grabación difundida por publico.es apuntan a que el instrumento con el que se captó la conversación estaba en el despacho de Fernández Díaz antes de que entrara en él su interlocutor. 

El grupo parlamentario de UPyD ha solicitado la comparecencia conjunta del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, y la fiscala general del Estado, Consuelo Madrigal, para que expliquen cómo se coordinaron para los registros y detención de Rodrigo Rato, “en caso de que haya existido dicha coordinación”. La comparecencia conjunta de dos cargos es una posibilidad que no prohibe el Parlamento, explicaron fuentes de UPyD.

La formación magenta ha presentado igualmente varias preguntas por escrito al Gobierno en relación con la información de eldiario.es acerca de que Hacienda actuó a espaldas de la Fiscalía Anticorrupción para explotar la investigación al exvicepresidente del Gobierno. UPyD pregunta al Gobierno si Hacienda comunicó a la Fiscalía General la información “relativa a los delitos que se imputan” a Rato y el motivo de que optara por la Fiscalía provincial cuando Anticorrupción “posee mayor conocimiento sobre sus actividades”.

Montoro fue preguntado acerca de esta cuestión en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Dijo que Vigilancia Aduaneraes un cuerpo que actúa “como policía judicial” y que siempre lo hace a requerimiento del juez, “con mucha frecuencia”. El ministro de Hacienda enmarcó las dudas acerca de su participación, en detrimento de Policía y Guardia Civil, a que normalmente sus funcionarios no salen “en una foto”.

Sin entrar en detalle sobre la marginación de la Fiscalía Anticorrupción, Montoro aseguró: “Todo lo demás es ordinario” dentro de un proceso judicial abierto

El partido de Rosa Díez también se interesa por si el Ministerio del Interior tenía conocimiento de la operación y, si fue así, porque tardaron dos horas en llegar al domicilio de Rato los agentes de la Unidad de Intervención Policial (UIP).

El Gobierno y el PP han utilizado la operación a Rato para enviar un mensaje de que es “implacable” contra la corrupción. UPyD pregunta: “¿Considera el Gobierno que es implacable contra la corrupción cuando en otros casos como el de Bankia, y a través del FROB, ha solicitado el archivo y sobreseimiento de consejeros imputados por las tarjetas 'black'?

La fiscala de sala Consuelo Madrigal ha defendido este jueves su perfil profesional, alejado de cualquier militancia, ante los diputados que la evaluaban como próxima fiscal general del Estado. “He aceptado porque el Gobierno podía o tenía a su alcance un nombramiento diferente, político. Habría políticos dispuestos, o compañeros juristas, que podrían tener un perfil más político. Yo no estoy en la cabeza del Gobierno, pero mi perfil no es político, es profesional. La política me interesa como afición cultural, como la historia”, ha asegurado Madrigal ante la comisión de Justicia del Congreso.

Su comparecencia se debatía entre el trámite o la exigencia parlamentaria. El Estatuto Fiscal señala que es obligatoria, pero los diputados ni siquiera votan la idoneidad de la candidata propuesta por el Gobierno, desde un acuerdo tácito adoptado en tiempos de Cándido Conde-Pumpido. Una de las palabras de moda se ha colado así en la Cámara esta mañana: “hearing”, han repetido varios diputados para referirse a la presentación de Madrigal.

El más explícito en su interrogatorio ha sido Gaspar Llamazares. ¿Le ha exigido algo el Gobierno?, le ha preguntado. “No me ha exigido nada, no me ha pedido nada, solo que aceptara”, ha contestado Madrigal, insistiendo en su perfil profesional: 34 años en la carrera fiscal y ni siquiera afiliada a una asociación, conservadora o progresista.

Sin embargo, la firma en 2008 de un manifiesto contra el aborto ha dado pie a Llamazares para preguntarle por su posible pertenencia a alguna organización religiosa, una pregunta que ha causado escandalosa indignación en los diputados del PP. “No pertenezco a ningún movimiento religioso. Soy católica, lo digo sin orgullo, sin vergüenza, como tantos ciudadanos españoles. Y sin tener obligación, porque la Constitución me ampara. Practico mi religión en la parroquia más cercana”, ha afirmado Madrigal en su turno de respuesta.

Respecto a la firma del manifiesto, Consuelo Madrigal ha dicho haberlo hecho acogiéndose a su libertad de expresión y manifestación. Lo volvería a hacer, ha añadido, pero siempre precisando públicamente que su “obligación no es otra que defender la legalidad en los términos que las leyes los definan”.

También en respuesta a Gaspar Llamazares ha negado haber militado en algún partido o tener cuentas en el extranjero. Y ha precisado, sin que se le hubiera requerido, que solo figura en dos cuentas bancarias junto a su marido, con el que está casada en régimen de bienes gananciales. Las dos cuentas, ha rematado, las tiene abiertas en una sucursal próxima a su domicilio.

Durante la comparecencia, varios diputados de la oposición han mostrado su oposición a que el fiscal general sea propuesto por el Gobierno y no por la Cámara. Ella ha comentado que “probablemente” tenían razón, pero que esa reforma no le competía a ella sino a sus señorías. En cualquier caso, de no contar con el aval de la cámara, la fiscal ha dicho que abandonaría su propósito de ser fiscal general. CiU y ERC, por su disconformidad en el método de elección, han dicho que se abstendrían. Aun así valoraron, como todos los grupos sin excepción, la trayectoria profesional de Madrigal.

Respecto a su predecesor, Madrigal solo ha tenido palabras de elogio como fiscal y persona para Eduardo Torres-Dulce. Ha dicho conocerle en plano corto porque son amigos desde hace años y así se ha atrevido a decir que las razones que debió valorar para su renuncia fueron las mejores, no solo en el plano personal, sino también en el “institucional”. “Hizo de la independencia su bandera de trabajo”, ha dicho en otro momento.

Sobre posibles injerencias, ha asegurado que se pueden producir del Gobierno, la oposición o los medios de comunicación, pero que la mejor forma de enfrentarlas es una elevada cualificación técnico-jurídica, sobre las que se basarán las decisiones de la Fiscalía, ha adelantado.

También se ha referido a la carencia de medios materiales y humanos que denunció una y otra vez su predecesor. En este plano, ha solicitado unas secciones especializadas de investigación que integren policías, funcionarios de la Agencia Tributaria y de la Intervención General, entre otros. Ha rechzado que todo ese déficit actual se pueda compensar con el celo de los fiscales, pero mientras llegan los medios, ha dejado una frase: “la diferencia entre lo posible y lo imposible es un corazón dispuesto”.

En contra de alcanzar acuerdos con los imputados

En los macro-procesos por delitos económicos se ha mostrado favorable de “desgajar” investigaciones para que las instrucciones no se eternicen y se llegue “lo más pronto posible” a una sentencia. En el mismo sentido, ha dicho que se evitarán acuerdos entre acusaciones y defensas “difícilmente asumibles por la sociedad”. Entre los objetivos prioritarios, ha añadido, está recuperar el dinero del delito y “trasladar a los ciudadanos y a la sociedad desmoralizada que delinquir no es rentable” siempre con el respeto al derecho a las garantías de todos los inculpados. “No debe haber zonas de penumbra en las que se puedan agazapar quienes se lucran del interés común”, ha apostillado.

Los grupos catalanes han mostrado su desacuerdo con la actuación de la Fiscalía en el asunto de la consulta y que le ha valido la imputación a, entre otros, el president Mas. Ella ha recordado que había participado en la reunión de 27 fiscales de sala en la que se decidió la conveniencia de interponer la querella y en la que solo uno de los representantes del Ministerio Público puso objeciones “procesales” a la misma.