La guadalajareña María Teresa López Tomé (Romanones, 1975) ha sido nombrada consejera titular del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha en sustitución de Lourdes Luna, que ha sido cesada.

La Consejería de Educación, Cultura y Deportes ha publicado sendas resoluciones de cese y nombramiento, según publica este martes el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). López Tomé formará parte del Consejo Escolar en representación del Instituto de la Mujer de Castilla-La Mancha.

Este reemplazo se produce un mes después que López Tomé sustituyera a la propia Luna como presidenta del Instituto de la Mujer. La nueva representante del Consejo Escolar regional compaginará estos cargos con el de concejala en el Ayuntamiento de Guadalajara.

Carrera profesional ligada a la infancia y juventud

López Tomé fue investida concejala por el PSOE en dicho Consistorio tras la renuncia de Sara Simón al puesto cuando fue nombrada consejera de Igualdad. También fue en 2020 jefa de Gabinete del entonces delegado de la Junta en la provincia de Guadalajara, Eusebio Robles. Ha desarrollado su carrera profesional en el ámbito de la infancia, adolescencia y juventud. Además, es experta universitaria en juventud y sociedad.

Por su parte, el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha es el órgano de consulta y asesoramiento del Gobierno Regional para la participación de la sociedad castellano manchega en la programación general de la enseñanza, en los niveles anteriores a la Universidad, dentro del ámbito territorial de la Comunidad Autónoma, tal y como explica el Portal de Educación de Castilla-La Mancha.

CCOO, UGT, Marea Palestina, PSOE, IU, PCTE y Frente de Estudiantes han convocado este martes, 30 de septiembre, una concentración para protestar por el “veto” del Consejo Escolar de Cantabria de la semana pasada a debatir una resolución sobre Palestina promovida por la Federación de Enseñanza de CCOO en Cantabria.

La movilización será a las 17.30 horas en el antiguo CEP Simón Cabarga de la calle Montevideo 2 de Santander, coincidiendo con la celebración en este mismo espacio del Pleno del Consejo Escolar de Cantabria, ha indicado CCOO en nota de prensa.

Al grito de 'La educación no puede ser neutral ante el sufrimiento humano', las organizaciones y movimientos convocantes quieren “dar un paso al frente y responder al argumento de la Administración, que se escuda en que el Consejo Escolar no hace pronunciamientos políticos”.

Han subrayado que esta proposición de resolución “vetada” responde a “una defensa de la paz, de los derechos humanos, de la resolución de conflictos y de la protección del sistema educativo de todo un país devastado, es decir, es defensa de la vida, tal y como establece en sus fines la LOMLOE (Ley Orgánica de Modificación de la Ley Orgánica de Educación)”.

Las organizaciones han insistido en que “la LOMLOE sí establece en sus fines la formación para la paz, respeto a los derechos humanos, a los seres vivos y al medio ambiente y promueve la educación en la convivencia, el respeto y la prevención de conflictos”.

“Estos conceptos se integran a través de la educación para la ciudadanía democrática, que busca desarrollar una conciencia crítica, la comprensión de los derechos humanos y el fomento de valores como la tolerancia, la justicia y la solidaridad para construir sociedades más justas y pacíficas”, han defendido.

STEC pide posicionarse al Consejo Escolar

Por su parte, STEC ha señalado este lunes en un comunicado que el Pleno del Consejo Escolar de Cantabria tiene “otra oportunidad” este martes para “posicionarse, mostrando humanidad ante lo que está ocurriendo”.

Según ha indicado, establece que “el tema debe volver a tratarse en el Pleno”, “al no alcanzarse la mayoría de dos tercios que exige el reglamento en su artículo 14 para delegar las decisiones en la Comisión Permanente”.

Así, STEC ha hecho un llamamiento a todos los componentes del Pleno del Consejo Escolar de Cantabria para que “reflejen el sentir abrumador de nuestra comunidad educativa y permitan que este órgano pueda ponerse del lado de la humanidad en un contexto histórico en el que nadie entiende mirar hacia otro lado”.

Mejorar los mecanismos de participación en la comunidad educativa, apretar el acelerador para acabar con el acoso escolar y mejorar la ejecución del gasto inversor en centros educativos y equipamientos son tres de las recomendaciones que el Consejo Escolar de Cantabria ha realizado al consejero del área, Sergio Silva (PP), tras la entrega del último informe sobre la situación educativa en la Comunidad, elaborado con datos correspondientes al curso 2023-2024.

Silva ha valorado positivamente las conclusiones del informe, elaborado con datos públicos, poniendo énfasis en los baremos que sitúan a Cantabria a la cabeza del país en algunos aspectos educativos, al tiempo que ha defendido el actual reparto del gasto público regional entre la educación pública y la privada concertada. A su juicio, que el 25% del gasto público tenga por destino la privada es algo justificable por el papel que desempeña.

La justificación de Silva se basa en que Cantabria cuenta con “26-27% en alumnos y centros, con unos 26.000 alumnos” en el total de los centros concertados. “En términos absolutos, el gasto real de la concertada es de 110 millones de euros. Históricamente, se ha presupuestado por debajo y de ahí el incremento (presupuestario) de 92 a 100 millones. No es que sea un incremento real, sino que se recoge presupuestariamente la realidad de lo que se gasta. Tenemos una red pública del 75% y privada del 25%. Ese equilibro es conveniente seguir manteniéndolo, funciona y los resultados van bien. Lo que va bien se ha de mantener”.

María Ángeles Navarro y Eduardo Caballero, presidenta y vicepresidente del Consejo Escolar de Cantabria, han comparecido junto al consejero para presentar el último informe de este organismo que representa a la comunidad educativa en su conjunto.

Las recomendaciones de informe pueden agruparse en tres áreas: participación (refuerzo del papel de las familias y el alumnado); igualdad de oportunidades (más recursos contra el acoso escolar y la violencia en el entorno educativo y un plan de acción para conocer y mejorar los resultados matemáticas y lengua extranjera en todas las etapas educativa); y recursos (mejorar la ejecución de inversiones y alcanzar el 5% del PIB para la financiación educativa en su conjunto [actualmente se está en el 4,6%]).

Las reflexiones del consejero van en el sentido de valorar positivamente “la calidad del sistema educativo de Cantabria, en magnitud, inversión pública, reducida tasa de abandono escolar y resultados de PISA. En estos aspectos, Cantabria se encuentra a la cabeza del país. En sentido negativo, valoró ”la pérdida de alumnos. Hemos consolidado un descenso de 3.000 nacimientos, y en el último quinquenio hemos perdido al 6% del alumnado, y eso es algo estructural“.

Para Silva, estos son datos que acaban con muchos tópicos sobre deficiencias del sistema. “Creo honestamente que estamos envueltos en polémicas ideológicas que nos alejan de datos que nos unen que separarnos. Todos hemos de hacer un esfuerzo para volver al dato al tomar decisiones estratégicas. Estamos en el ámbito de los tópicos que no se corresponden con la realidad”.

En este sentido, Sergio Silva ha avanzado que este curso se implantarán dos planes de refuerzo: uno sobre competencia matemática y otro sobre lengua, Cantabria Plurilingüe. En este contexto, la Consejería está pensando en elevar la formación del docente (exigiendo una titulación de C1) y reforzar la presencia de los auxiliares lingüísticos, “o que la planificación sea asumida por el centro y el claustro en su totalidad”.

CEC: “Buena salud” educativa

La presidenta del CEC se ha preguntado por el estado de salud de la educación en Cantabria. A la vista de los resultados del informe, ha concluido que es buena. “Sí, tanto en comparación con la de España y el resto de comunidades autónomas”, ha dicho. En este sentido, ha puesto como ejemplo que el nivel de formación general de la juventud, en especial de las mujeres, está en un nivel alto, al igual que en la tasa de abandono escolar, en donde está entre las más reducidas (también aquí destacan las mujeres). Asimismo, ha añadido que Cantabria destaca en formación permanente y profesorado (8.061 docentes en la pública y 2.400 en la privada).

“Somos la autonomía con la ratio más baja del país, con 8,1 alumnos por profesor. La educación tiene buena salud y está en camino de mejorar”, ha valorado María Ángeles Navarro.

Participación e inversiones

El vicepresidente del CEC ha demando una mayor participación de la comunidad educativa y puso el ejemplo de las elecciones de los consejos escolares con una participación “ínfima” que no supera el 3%.

También ha destacado los recursos a la atención a la diversidad que se prestan en Cantabria: 14.000 alumnos reciben apoyo con 793 docentes y 209 no docentes para atenderlos.

Una de las pegas que ha puesto a la Consejería ha sido la falta de ejecución del gasto previsto en inversiones, en un contexto general en que “el gasto en todas las enseñanzas se ha más que duplicado en 25 años hasta los 770 millones”.

Sin embargo, si en los dos ejercicios se ha desbordado lo previsto en sueldo en 45 y 28 millones, respectivamente, en inversiones, las consignas presupuestarias no se agotan.

La Consejería de Educación, Universidades y Formación Profesional de Cantabria tiene previsto reformar la Ley regional de Consejos Escolares para dar mayor representatividad a este órgano colegiado de participación, consulta y asesoramiento de los sectores educativos y sociales en la programación general de la enseñanza no universitaria.

Así lo anunciado el consejero, Sergio Silva, en la primera reunión del Consejo de este curso, señalando que su departamento está trabajando en un anteproyecto de ley para modificar la actual norma de 1999 que permita “ensanchar” la composición de este órgano, “haciéndolo más plural”.

Para ello, ha explicado, se está barajando la inclusión en el Consejo Escolar de representantes de los directores de centros de Cantabria, así como otras modificaciones que persiguen que “el consenso sea la base de la toma de decisiones” en este órgano.

En esta primera reunión, Silva también ha puesto en valor la labor del máximo órgano de representación de la educación en Cantabria informando al Consejo Escolar de las novedades del curso 2024-2025.

Esta comparecencia se enmarca en el compromiso adquirido por el consejero el pasado año para informar de estas novedades al inicio de cada curso y para escuchar a la comunidad educativa representada en el Consejo.

Tras esta reunión, el consejero abrirá una ronda de contactos con todos los sectores de la comunidad educativa, arrancando este viernes, 11 de octubre, con la Junta de Personal Docente y posteriormente directores de centros educativos, familias, sector de la educación concertada y estudiantes, informa el Gobierno en un comunicado.

El Consejo Escolar de Cantabria, además de representantes de la administración educativa, está integrado por representantes del profesorado de los niveles educativos no universitarios de centros públicos y privados, asociaciones de padres y madres del alumnado, titulares de centros docentes privados, entidades locales, la Universidad de Cantabria, entidades asociativas de empresas, organizaciones sindicales, personalidades de reconocido prestigio, personal de la administración y servicios de los centros docentes, representantes de alumnos y alumnas, y el Consejo de la Juventud.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha reafirmado su “compromiso” con el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deporte de prohibir el uso de los teléfonos móviles en las aulas de Educación Infantil y Primaria y de regularlo en las de Secundaria para usos exclusivamente pedagógicos.

En una atención a medios en Daimiel, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Amador Pastor, ha explicado que hoy, en la reunión que va a mantener la ministra de Educación con las comunidades autónomas en Madrid, se va a presentar el documento que acordó el Consejo Escolar del Estado sobre el uso o no de estos dispositivos en las aulas.

Amador Pastor ha recordado que Castilla-La Mancha fue la primera Comunidad Autónoma en regular este uso, y que, actualmente, solo lo tienen legislado otras dos más, Madrid y Galicia.

Concretar los fines pedagógicos del móvil en Secundaria

“Una vez ratificado el documento por parte las comunidades autónomas, la tarea que tienen que acometer las mismas es la de concretar, en las mesas de trabajo propuestas, los fines pedagógicos en la etapa de Secundaria, de tal forma que haya una autonomía por parte de los centros, del profesorado y de los departamentos para que se determinen las tareas específicas de los usos en sus respectivos contextos”, ha aseverado.

Amador Pastor igualmente ha subrayado que el sistema educativo, más allá del reto de la permisibilidad o no de los dispositivos en el aula, tiene también “el desafío de trabajar y educar sobre el uso del teléfono móvil no solo dentro del horario lectivo, sino también fuera de este contexto”. 

También la consejera portavoz Esther Padilla se ha referido hoy a esta cuestión durante su habitual comparecencia ante la prensa de los miércoles. Ha explicado que “Castilla La Mancha es de las pocas comunidades autónomas que ya tenemos regulado de alguna manera ese ese uso, que no llega a la prohibición pero sí a la recomendación de no utilizarlo en los centros educativos”.

El exalcalde de Puertollano (Ciudad Real) y actual número uno del PSOE y portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la ciudad industrial, Adolfo Muñiz, ha confirmado este martes que presentará la renuncia a su acta de concejal en el pleno ordinario de la corporación que tendrá lugar el próximo jueves.

En rueda de prensa, el edil socialista ha explicado que su marcha le permitirá poner todo su “conocimiento y experiencia educativa” al servicio de la región, tras su reciente nombramiento como presidente del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, y además contribuirá a la “renovación del partido” en la localidad.

Muñiz ha asegurado que se siente muy “halagado y orgulloso” de asumir esta nueva responsabilidad, en la que se volcará para conquistar los nuevos “retos” educativos que plantean proyectos como el plan de refuerzo de las aulas de Castilla-La Mancha.

Además, considera que este “paso al lado” permitirá que otro compañero, el joven de 26 años Sergio García de las Bayonas, pueda entrar en la corporación municipal con todo su bagaje de “ilusión y preparación” y contribuir así a la “renovación del partido”.

En todo caso Muñiz ha asegurado que seguirá apoyando al proyecto socialista “en todo lo que esté en su mano”, y ha puntualizado que seguirá viviendo en Puertollano y trabajando en su sede socialista. El exalcalde ha agradecido todo el apoyo prestado por sus compañeros, con quienes seguirá trabajando para que el PSOE “recupere la Alcaldía en los próximos comicios municipales”.

A preguntas de los periodistas, el aún edil ha asegurado que se va con un “sabor de boca muy dulce”, ya que tiene el honor de desempeñar una responsabilidad “muy importante” para la que se siente especialmente capacitado, y que además seguirá trabajando en lo que para él es toda una vocación, el servicio público.

Muñiz ha estado acompañado de buena parte de los miembros del grupo municipal socialista y del secretario general del PSOE de Puertollano, Miguel Ángel González Caballero, quien ha avanzado que la ejecutiva del partido tendrá que tomar nuevas decisiones para reorganizar el funcionamiento del grupo municipal socialista.

González Caballero ha agradecido a Adolfo Muñiz “sus años de servicio por Puertollano y su labor como alcalde”. En este contexto ha definido a Muñiz como una persona “muy implicada en la ciudad, respetada y querida por todos”, incluso antes de estar en la política, por su vinculación al mundo educativo.

Así, se ha mostrado convencido de que Muñiz seguirá “muy comprometido y vinculado” a los proyectos iniciados en la legislatura que presidió desde la corporación municipal, siempre mirando “por el empleo y el progreso” de Puertollano como “gran aliado de la ciudad” desde su nueva responsabilidad.

El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento del exalcalde de Puertollano, Adolfo Muñiz Lorenzo, como nuevo presidente del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha. Así lo ha dado a conocer la consejera Portavoz, Esther Padilla, quien ha informado también de que el hasta ahora presidente de este órgano, Casto Sánchez Gijón, ha pasado a ser delegado de Desarrollo Sostenible en Ciudad Real.

Durante su intervención, Padilla ha recalcado la estrecha vinculación profesional que ha mantenido Adolfo Muñiz con la educación pública en Castilla-La Mancha al recordar que, desde 1996, desarrolló su labor docente en el Conservatorio Profesional de Música 'Pablo Sorozábal' de Puertollano “como profesor de Lenguaje Musical, donde llegó a ser director del centro durante 18 años de forma ininterrumpida en el periodo de mayor transformación del educativo”.

Un hito que, según la consejera, supuso que, “durante esta etapa con él al frente, se incrementó la oferta de nuevas especialidades hasta un total de 21 que tiene en la actualidad”.

El nuevo presidente del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha ha sido también profesor asociado de la UCLM en Toledo, “impartiendo docencia en la escuela de Magisterio de la capital de Castilla-La Mancha durante dos cursos consecutivos”, tal y como ha explicado a los medios la portavoz del Gobierno autonómico.

Con este nombramiento, tal y como ha resaltado Esther Padilla, el Gobierno regional sigue “dando garantía a la participación efectiva de todos los sectores sociales involucrados en la programación general de las enseñanzas previas a la universidad en nuestra región”, a la vez que ha hecho hincapié en que la comunidad educativa regional está representada en este órgano consultivo a través “tanto de docentes como del alumnado, madres y padres, personal de administración y servicios, entre otros”.

Biografía

Adolfo Muñiz Lorenzo es natural de La Robla (León) y nació en 1964. Estudió en el colegio público y en el instituto público de la localidad industrial y minera de La Robla.

Cursó estudios musicales en el Conservatorio de León, donde obtuvo el título de profesor de Piano y profesor de Solfeo y Teoría de la música y estudió también en la Universidad de León, donde adquirió el título de profesor de EGB, especialidad preescolar.

Es también licenciado en Psicopedagogía. Tras desarrollar su actividad como docente, a partir de 1990 obtiene la plaza de funcionario por oposición del cuerpo de Profesores de Música y Artes Escénicas, desarrollando su labor en el Conservatorio de música de Alcázar de San Juan (Ciudad Real), del cual fue el primer funcionario nombrado en ese centro.

A partir de 1996 desarrolla su labor docente en el Conservatorio Profesional de Música 'Pablo Sorozábal' de Puertollano. En 2014 es el responsable de Enseñanza Pública de FETE-UGT de Ciudad Real. Posteriormente, es nombrado secretario de organización de FeSP-UGT Ciudad Real y responsable de enseñanza pública de Castilla-La Mancha.

En octubre de 2018 pasó a ser director provincial del SEPE de Ciudad Real y en 2019 es nombrado concejal de Personal, Administración Interna, Educación y Cultura, bajo el mandato de Isabel Rodríguez como alcaldesa. Ha sido alcalde de Puertollano desde julio de 2021 hasta junio de 2023, fecha a partir de la cual ha ejercido como el portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de la citada localidad.

El Consejo Escolar de Navarra ha aprobado por una amplia mayoría el dictamen del proyecto de orden foral por el que se establece la obligatoriedad de la jornada partida en Infantil (de 3 a 6 años) y Primaria (de 6 a 12 años) en los centros públicos, así como privados que reciben financiación pública. De esta forma se pone fin al horario intensivo por las mañanas que se había expandido durante la última década e intensificado tras la pandemia de COVID-19. Navarra se convierte así en la primera comunidad en regresar al horario partido, que se aplicará en los centros escolares a partir del curso 2024/2025.

La orden foral, que tras la aprobación del consejo escolar será publicada en el Boletín Oficial de Navarra, no afectará al ciclo de Educación Secundaria, que en la actualidad tienen jornada intensiva matutina, y la mantendrán. Desde Educación destacan el “amplio” respaldo con el que ha contado el dictamen en el Consejo Escolar, que solo ha contado con cuatro votos en contra de los sindicatos docentes y una abstención, tras varios años de debate.

Añaden que de esta forma se dota de “estabilidad” al ciclo educativo en Navarra, que está regulado en base a la jornada partida. En los últimos años se experimentó un cambio a las jornadas continua y parcial, que se fueron expandiendo hasta ser mayoritarias, que no ha dado los resultados esperados. Ahora, tras su debate y publicación en el portal de transparencia para recibir aportaciones, ha sido votado en Consejo Escolar regresar al modelo de mañana y tarde.

El texto establece la distribución de las sesiones curriculares a lo largo de la semana “atendiendo a razones pedagógicas”. Así, la nueva regulación establece la obligación de los centros de ofertar actividades de atención al alumnado en horario de tarde, voluntarias para los escolares, que serán atendidas por docentes y consideradas de horario lectivo para el profesorado en los centros públicos. 

No obstante, abre la puerta a que los centros puedan tener la posibilidad de otra modalidad de jornada escolar. Para ello deberán concurrir a la convocatoria de elección de jornada que el Departamento dictará a través de resolución a lo largo del presente curso 2023/2024. Según informan desde Educación, para cambiar de jornada es necesario contar con el voto favorable de tres quintos del censo de votantes de las familias y, posteriormente tener el respaldo de dos tercios de los representantes del Consejo Escolar, en el que también están representados los sindicatos docentes y la dirección del centro. Además, matizan a este periódico, que en caso de llevarse a cabo la votación, su resultado será aplicado durante los próximos cuatro cursos, en los que no se podrá volver a votar. Los colegios que decidan mantener el horario de mañana y tarde no tendrán que acogerse a ninguna votación. Tampoco los centros privados con concierto educativo, donde la decisión de cambiar o no del tipo de jornada dependerá de la titularidad del centro.

Peor rendimiento escolar y la sufren más las madres

Un estudio reciente de EsadeEcPol demuestra que la jornada intensiva no es mejor para el alumnado en términos de rendimiento escolar ni tampoco para la economía del país. Además, destaca que este modelo de jornada afecta más a las madres que a los padres. “La evidencia internacional muestra que una expansión del tiempo en la escuela (tanto lectivo como no lectivo) favorece de forma decisiva la incorporación de las mujeres en el mercado de trabajo, y a su vez, el número de horas que estas trabajan”, destacan sus autores, quienes cuantifican la brecha de género: 7.670 euros anuales de diferencia con jornada continua, 7.970 euros con jornada partida.

Además, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) recomendó hace unos meses a España a eliminar el horario intensivo como fórmula para reducir el abandono escolar. En un informé apuntó que del 47% de los hogares pagan clases extraescolares para sus hijos, más de la mitad se corresponden con clases de apoyo sobre materias curriculares en el caso de los hogares de ingresos bajos.

El Consejo Escolar de Canarias ha presentado este lunes el nuevo informe sobre la realidad educativa en las islas, pero enfocado a las políticas de igualdad de oportunidades y a la equidad. En él se refleja que en el Archipiélago hay más de 13.000 estudiantes (el 5,6% del total) con necesidades específicas de apoyo educativo, y que es necesario seguir bajando las ratios para mejorar su atención así como disponer de más recursos y de formación. El documento ha sido presentado por la presidenta de este órgano, Natalia Álvarez Martín, y la coordinadora del proyecto, Isabel Teresa Gómez Gutíérrez, que lo defendieron como una herramienta con propuestas constructivas para que la administración pública siga mejorando sus políticas. Más plazas para educación especial en entornos alejados de las ciudades, llegar al 5% del PIB en inversión o comedores para alumnado de cuota cero de institutos, son algunas propuestas del nuevo informe. 

Las aulas enclave, son una de las opciones de escolarización para alumnado con necesidades específicas educativas. En el curso 2020-2021 existían casi 200 y atendían a más de mil alumnas y alumnos. El comedor, explican las participantes en el informe, es un lugar clave para la inclusión de estos estudiantes, pero su horario no incluye ni la acogida tardía ni las actividades extraescolares. Se trata de una demanda que venían realizando las familias de estos estudiantes y es por ello que el informe recoge que “resulta fundamental aumentar la coordinación entre instituciones para garantizar la transición del alumnado a la vida adulta y su acceso a la formación profesional adaptada y al empleo adaptado”. 

Los centros de educación especial acogen a alumnado con estas necesidades y requieren de recursos de difícil generalización y un mayor grado de supervisión y ayuda. El Consejo Escolar explica que en estos centros se cuenta con profesorado de apoyo, especialistas en audición y lenguaje, en orientación, psicopedagogía, y personal complementario. Hay unos mil estudiantes, pero insiste en aumentar las plazas en zonas más deshabitadas. Isabel Gómez remarcó que “la diversidad es inherente al ser humano”, por lo que cree que hay que derribar de la mente que es algo que sucede a otro. “La diversidad no es puntual, los seres humanos somos ricos en diversidad”, recordó.

Gómez también insistió en que hay que reforzar las medidas que permitan la inclusión de este alumnado en la sociedad y en la educación tras la etapa obligatoria, ya que el 70% desaparece del sistema educativo tras la escolarización básica. “Este alumnado cuando sale del sistema educativo ¿cómo se produce su inserción laboral posterior?”, se cuestiona. Por ello, el Consejo Escolar hace propuesta como aumentar la oferta de especialidades en Formación Profesional Básica, potenciar la coordinación con el tercer sector para favorecer la incorporación del alumnado NEAE al mercado laboral, crear órganos de coordinación con las distintas consejerías y con los cabildos, crear un órgano de coordinación sobre la FP Adaptada… entre otras muchas propuestas. 

Canarias, a la cabeza en alumnado de comedor

Las expertas recordaron que Canarias se encuentra a la cabeza en comunidades donde se hace un mayor uso del comedor, algo en lo que es clave el alumnado de cuota cero debido a la pobreza estructural que existe en las Islas. Sin embargo, el informe recuerda que el alumnado que lo usa se concentra en Primaria (12.000 de cuota cero), porque solo once centros de Secundaria ofertan este servicio complementario. 

Es por ello que tanto Isabel Gómez como Natalia Álvarez inciden en la necesidad de que se busquen fórmulas para que el alumnado que tiene derecho a acogerse a la cuota cero de comedores también en Secundaria pueda ser atendido, ya sea con tarjetas de comedor como ocurrió en pandemia o con otras fórmulas. 

El informe detalla que sucede algo similar con el transporte escolar, ya que “los cursos de Bachillerato generalmente no disponen de plazas para el transporte propio de cada centro. Esto dificulta su acceso a las instalaciones y puede desanimar para seguir cursando estudios no obligatorios. En esta línea de lucha contra el abandono escolar temprano se debe extender también la disponibilidad del servicio de comedor al alumnado de Bachillerato, así como el transporte escolar”, recoge.

Educación de cero a tres años

El Consejo Escolar es contundente al afirmar que la educación de cero a tres años mejora las oportunidades para el alumnado. Isabel Gómez recordó que en esta época se pueden detectar cuestiones que a más largo plazo se hacen más difíciles de atender, y no solo las que tienen que ver con el ámbito educativo, sino también de tipo social. 

En el curso 2021-2022, no existía oferta de plazas en un cuarto de los municipios canarios y la tasa de escolarización estaba 20 puntos por debajo de la media estatal. Por ello “resulta imprescindible” aumentar los recursos para en los próximos tres años estar en la media y para conseguirlo inciden en la importancia de cumplir con la financiación que mandata la Ley Canaria de Educación, que es llegar a que se destine el 5% del PIB  de la comunidad autónoma a esta área. Así mismo, abogan por aumentar el número de plazas en entornos más desfavorecidos y que se beneficie a los niños y niñas más vulnerables o municipios donde no se disponga de oferta pública. 

Sobre la educación de cero a tres años, sí recuerdan que en el curso 2022-2023 se han creado casi 600 nuevas plazas en más de 30 centros públicos. Un aspecto que, añadido a otras medidas que impulsen la escolarización, pretende garantizar que de aquí a 2030, todas las niñas y todos los niños tengan acceso a servicios de atención y desarrollo en la primera infancia y educación preescolar de calidad.

Salud Mental

Las expertas del Consejo Escolar hicieron hincapié también en la importancia de abordar la salud mental en los centros educativos, y cuestiones que reflejó la pandemia como la importancia de  trabajar las emociones y de reducir la brecha digital.

El pasado 9 de febrero el Consejo de Ministros aprobaba el nombramiento de Encarna Cuenca (Albacete, 1958) como presidenta del Consejo Escolar del Estado, un cargo del que tomaba posesión unos días después. Cuenca, licenciada en Bellas Artes por la Universitat Politècnica de València, ocupaba desde 2015 la presidencia del Consell Escolar valenciano.

Lo primero que me gustaría preguntarle es cómo surge la posibilidad de presidir este organismo. ¿Cómo le proponen ocupar el cargo?

Supongo que ha debido contribuir el hecho de haber sido seis años presidenta del Consejo Escolar de la Comunitat Valenciana y miembro de la Junta de Participación Autonómica del Consejo Escolar del Estado, unido a mi trayectoria profesional. Conocer el trabajo en el aula y en las administraciones autonómica, estatal y europea, siete años en el Ministerio, imagino que fueron claves para pensar en mí como relevo a Enrique Roca, que manifestó su deseo de jubilarse.

Formalmente, la propuesta fue, como estos tiempos de pandemia aconsejan, por teléfono. Recibí una llamada del secretario de Estado de Educación ofreciéndome la posibilidad de presidir el Consejo. Me honra enormemente que pensasen en mí y agradezco a la ministra su confianza.

En su toma de posesión definió este órgano como un espacio de diálogo y de encuentro de voces diferentes que deben sonar de manera armónica. ¿Pero qué es el Consejo Escolar del Estado? ¿Para qué sirve?

El Consejo Escolar del Estado es el órgano de participación de los sectores que están más directamente relacionados con el mundo educativo. Está integrado por 105 personas en representación del alumnado, las familias, los centros educativos, las organizaciones sindicales y empresariales, la administración educativa, universidades, entidades locales y organizaciones de mujeres, además de personalidades de reconocido prestigio en el campo de la educación y los presidentes y presidentas de los consejos escolares autonómicos.

La función del Consejo es asesorar, a instancias de la administración, sobre proyectos normativos que hayan de ser propuestos o dictados por el Gobierno, mediante la emisión de dictámenes, y a iniciativa propia mediante informes y propuestas. Otro instrumento fundamental es el informe sobre el estado del sistema educativo, donde se incluyen las propuestas de mejora de la educación relacionadas con diversos aspectos de la enseñanza no universitaria.

Por otra parte, el Consejo Escolar del Estado integra la participación territorial a través de la Junta de Participación, compuesta por los respectivos presidentes y presidentas de los consejos escolares autonómicos, cuyo papel considero fundamental.

Por eso es crucial escuchar juntas todas las voces que lo integran, alumnado, familias, profesorado… dialogando, porque son las voces que nos permitirán conocer sus intereses y elaborar propuestas acordes a las necesidades de las personas destinatarias de las normas. “Deben sonar armónicas” es una metáfora para ilustrar la necesidad de consenso, de la imprescindible tarea de escuchar y llegar a acuerdos, como fórmula para potenciar al máximo las soluciones adoptadas.

Supongo que estos días está teniendo mucha actividad. ¿Cómo lleva estas primeras semanas? ¿Cuáles son los primeros 'deberes' que se ha puesto?

Estas semanas están siendo muy enriquecedoras. La primera tarea que considero clave es conocer, de primera mano, las sensibilidades de los diferentes sectores, sus necesidades, puntos de vista, pero también aquello que pueden aportar. Por eso estamos realizando reuniones con los distintos sectores en las que intercambiamos ideas y reflexionamos juntos. A partir de las conclusiones elaboraremos nuestra agenda de prioridades y puntos de encuentro.

¿Y más a largo plazo, cuáles son los objetivos que se ha marcado como presidenta?

Una vez identificados los puntos de encuentro y consensuada la agenda, poner en marcha el trabajo conjunto contando con todas las personas que integran el Consejo Escolar del Estado para buscar las mejores respuestas a las necesidades planteadas. Además, obviamente, de elaborar los dictámenes que nos sean solicitados.

¿Cómo valora su experiencia al frente del Consell Escolar Valencià?

Siento un profundo agradecimiento. Me llevo grandes regalos: amistades, oportunidad de conocer puntos de vista diferentes contados en primera persona, capacidad de escucha... He visto que las personas podemos avanzar poniendo el acento en lo que compartimos, que necesitamos un tiempo inevitable para pensar juntas y sentir que las diferencias no nos separan sino que nos complementan.

Es evidente que la educación se ha resentido en este último año. ¿Se ha perdido un curso?

Que el golpe de esta pandemia ha sido muy grande en todos los ámbitos y en todos los sectores es un hecho indiscutible. También en la educación. La comunidad educativa ha sido y está siendo golpeada duramente. Pero hemos aprendido el valor del trabajo conjunto y se han puesto en evidencia necesidades, pero también posibilidades de enfrentarlas juntos y, por tanto, seguir avanzando más firmemente.

Si consideramos ganar o perder un curso académico en términos clásicos, de contenidos, seguramente la respuesta a su pregunta es sí, la educación se ha resentido. Pero si tenemos en cuenta los aprendizajes significativos a lo largo de este año, tal vez podemos sacar una visión más positiva. Sería un buen ejercicio reflexionar sobre qué nos ha enseñado la pandemia a cada uno de nosotros.

La COVID-19 ha sido muy dura para toda la comunidad educativa, sobre todo para los alumnos. ¿Cómo se ha adaptado el sistema educativo a la pandemia?

Con todos los recursos, personales y materiales disponibles puestos al servicio de la educación. Con dedicación por parte del profesorado y de los equipos directivos, de las familias, de las administraciones educativas, el apoyo de los miembros de la comunidad educativa. Con ganas, como en una guerra, sacando fuerzas de flaqueza para seguir ofreciendo la mejor educación posible. Y el alumnado nos ha demostrado su capacidad de responder, su deseo de colaborar en la lucha.

¿Necesitamos mejorar? Eso siempre, pero de momento solo tengo palabras de agradecimiento.

¿Qué opina de la Ley Celaá?

Personalmente creo que está planteada desde una perspectiva muy adecuada: dar respuesta a los problemas de la educación en nuestro país apuntados por diferentes estudios nacionales e internacionales y ser lo suficientemente flexible como para permitir adecuar las soluciones a situaciones específicas.

¿Y en su experiencia como presidenta del Consell Escolar Valencià, qué le parecen las polémicas generadas a cuenta del decreto de plurilingüismo o con la concertada en la Comunitat Valenciana?

Creo que muchas veces las polémicas se podrían resolver, o al menos mitigar. Todo debate, racionalizado, es bienvenido. Escucharse con ánimo de entender al otro es un signo de amistad y por tanto, el primer paso para llegar a acuerdos.

¿Se utiliza la educación como arma política?

Por encima de cualquier planteamiento particular, lo que es imprescindible para el futuro de las nuevas generaciones es conseguir una educación universal de calidad, para todas las personas, sin excepción, que permita desarrollar todas sus potencialidades. Como dijo Mandela, “la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo”.

Quien pretenda utilizar la educación como arma política, con fines partidistas, debería asumir la culpa del daño que ello conlleva para las futuras generaciones.

Y para finalizar, me gustaría saber qué opinión le merece el hecho de que en España parezca imposible consensuar una ley educativa.

Una pena. Tendremos que buscar la manera de conseguir que esta lamentable tradición desaparezca y ser capaces de encontrar un camino en el que la discrepancia no sea un obstáculo para seguir avanzando juntos.

Un total de 11 centros educativos de la provincia de Toledo siguen sin poder reanudar las clases presenciales debido al impacto de la borrasca ‘Filomena’.

De ellos, nueve permanecen cerrados a las clases presenciales al menos hasta este martes 26 de enero y otros dos que la Consejería de Educación espera poder reabrir a lo largo de esta semana.

Así lo ha detallado la consejera de Educación, Cultura y Deportes, Rosa Ana Rodríguez en una comparecencia para presentar el calendario del proceso de admisión del curso 2021-2022.

Los centros que más dificultades tienen y que no podrán abrir a las clases presenciales de momento son el CEIP ‘Pastor Poeta’ de Ocaña, que tiene problemas en la cubierta y IES ‘La Cañuela’ de Yuncos donde se sigue reparando la caldera.

Además, hoy tampoco han abierto -aunque se espera que lo hagan mañana- el IES Alfonso X, el IES Carlos III, el IES María Pacheco, todos ellos en Toledo capital, además del CEIP de Mocejón, el IES ‘Profesor Emilio Lledó’ de Numancia de la Sagra y el colegio concertado ‘Karol Wojtyla’ de Seseña.

Los problemas más repetidos en los centros son los de calefacción y abastecimiento de agua (en algunos casos afectan a toda la localidad) o a problemas en la cubierta a causa de la nieve.

Desde que se iniciasen los efectos de ‘Filomena’ en la región el pasado 7 de enero, su impacto “ha sido diferente” en las provincias de la región, con mayor afección a Toledo. Rosa Ana Rodríguez se mostraba “satisfecha” por el “esfuerzo de coordinación” entre su departamento y los de Fomento, Desarrollo Sostenible y Administraciones Públicas.

Hoy el 99,2% de los centros están abiertos a las clases presenciales aunque, ha recordado, se ha seguido trabajando de forma online.

Aulas confinadas por COVID

Además, la consejera ha detallado que hoy se encuentran confinadas a causa de la pandemia el 0,78% de las aulas de la región. La mayor incidencia está en Cuenca, seguida de Ciudad Real, Guadalajara, Toledo y Albacete, que es la menos afectada.

Precisamente, el sindicato STE viene reclamando desde hace más de una semana la convocatoria del Comité de Seguridad Laboral ante el aumento de casos de coronavirus en la región. También ha denunciado las bajas temperaturas en las aulas -entre 10 y 14ºC- cuando la normativa indica que lo óptimo es hacerlo entre los 17 y los 27ºC.

La recuperación de días lectivos perdidos

Este martes 26 de enero se reunirá el Consejo Escolar de Castilla-La Mancha para debatir sobre la recuperación de tres días lectivos perdidos a causa del temporal.

El Gobierno regional llevará una propuesta, aunque se dejará flexibilidad en la elección a los centros, y que supondría, por un lado, dos días lectivos de la Semana Blanca y el tercero hacia final de curso.

“No queremos imponer calendarización”, señalan los responsables de Educación y se optará, aunque un criterio común, por que cada centro pueda tomar su propia decisión.

El Consejo Escolar del Estado, el máximo órgano representativo de la comunidad educativa, ha cargado de nuevo contra el decreto de becas para el próximo curso, una norma –aún en fase de proyecto– que continúa con el modelo de dos cuantías implantado por el exministro Wert en 2013.

Todos los miembros de la Comisión Permanente, salvo los representantes de la administración, comparten este rechazo y lo han mostrado votando en bloque a favor de varias enmiendas al proyecto de real decreto de becas 2017-2018 de la asociación estudiantil CANAE para aumentar el importe y estudiar “la viabilidad de un nuevo modelo de gestión” que evite que los estudiantes reciban la segunda parte de la beca casi a final de curso.

“La convocatoria de becas de carácter postobligatorio se viene publicando a principios del mes de agosto, dando plazo para presentar solicitudes hasta octubre. De este modo, los estudiantes conocen la resolución de su solicitud de beca entre noviembre y diciembre y reciben el ingreso entre enero y febrero. Esta situación provoca una grave inestabilidad entre el alumnado, ya que no conocen el resultado de la solicitud de la beca bien empezado el curso, de forma que no pueden realizar ningún tipo de planificación económica, causando los ya conocidos problemas de inestabilidad”, dice una de las enmiendas de CANAE.

“Estamos en una situación crítica: recibir la beca entre el segundo y tercer trimestre del curso crea una inestabilidad terrible, es una decisión política”, añade el presidente de la asociación estudiantil, Carles López.

No es la primera vez que el Consejo Escolar pone pegas al sistema de becas. Lleva haciéndolo varios años sin respuesta por parte del Ministerio, que aprueba anualmente un decreto de becas sobre el que “no ha cambiado ni una coma”, denuncia CANAE.

El dictamen del Consejo Escolar no es vinculante y el Ministerio ya ha dicho que no va a aceptar las enmiendas al decreto que regulará las ayudas del próximo curso, pero se ha comprometido a encargar un “estudio de impacto” a Hacienda sobre el modelo actual sin dar más detalles.

Así funciona el sistema actual

Con el sistema actual, herencia de José Ignacio Wert, las becas, universitarias y no universitarias, se dividen en dos partes: una fija y una variable. La fija incluye cantidades concretas en función de si se cumplen o no determinados requisitos: por ejemplo, a un universitario que vive en la Península, no supera el umbral más bajo de renta y estudia lejos de donde vive su familia le corresponden 3.000 euros.

El estudiante puede saber de antemano cuánto debe recibir de la parte fija, según los requisitos que cumple. Esta parte se la conceden unos meses después, empezado el curso, pero sin saber cuánto recibirá en total porque hasta final de curso no recibe la resolución definitiva con el último pago correspondiente a la parte variable. Esta segunda cuantía se calcula a través de una fórmula matemática prácticamente indescifrable.

El método de distribución del presupuesto de becas es el siguiente: una vez que se han asignado todas las cantidades fijas, el Ministerio de Educación reparte el dinero que le sobra entre todos los becarios. Y de ahí sale esa parte variable, que se reparte ponderando la nota y la renta de cada estudiante con la nota y la renta del resto de alumnos. Es decir, la cuantía que recibirá un estudiante no solo depende de sus resultados académicos y de su situación económica; también depende de los de todos los estudiantes que han recibido beca en el país y del dinero que le quede disponible al Ministerio.

El Consejo Escolar del Estado pide al Gobierno “reflexionar” sobre su decisión de permitir a los estudiantes pasar la ESO con menos de un cinco de nota media antes de aprobar el real decreto que la recoge. El máximo órgano representativo de la comunidad educativa debatirá el próximo martes un informe, a cuyo borrador ha accedido eldiario.es y ha adelantado El País, que incluye esta cuestión.

El documento, aún sujeto a cambios tras la discusión en la Comisión Permanente y sin carácter vinculante para el Ejecutivo, refleja la contradicción de que los alumnos y alumnas salgan con un título en el que quedará plasmada una calificación suspensa. Esta posibilidad estaba contemplada en la LOE, con la diferencia de que con la ley anterior no había una casilla en el título donde incluir la nota media y con la Lomce sí.

Para el Consejo Escolar del Estado, esto provoca una “circunstancia anómala, como es la obtención del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria por parte de alumnos que obtengan una media de calificación inferior a la considerada como aprobado”.

El Ministerio de Educación, de incluir esta decisión de forma definitiva en el real decreto que prevé firmar antes de verano, continúa con el desmontaje por piezas de la Lomce de Wert. La ley permite que los alumnos y alumnas obtengan el título de Secundaria con hasta dos suspensas, siempre que no sean Lengua Castellana y Literatura y Matemáticas, pero incluye la exigencia del cinco, que ahora quiere relajarse.

La idea inicial de final de etapa que idearon Wert y su equipo queda con esta modificación desintegrada casi en su totalidad: ya no hay que aprobar una reválida para promocionar a Bachillerato u obtener el título de ESO –en su lugar, solo algunos centros harán una prueba muestral sin efectos académicos– y los estudiantes que tengan menos de un cinco de media, siempre que no tengan más de dos suspensas, podrán continuar sus estudios en la etapa postobligatoria.

El Consejo Escolar de Castilla-La Mancha elaborará un informe en el que se contemplen las iniciativas adoptadas en materia de igualdad en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de los últimos dos años. Así se da respuesta a lo dispuesto en el artículo 34 de la Ley 12/2010, de 18 de noviembre, de Igualdad entre Hombres y Mujeres de Castilla-La Mancha.

La decisión de elaborar este informe se tomó en el último Pleno del Consejo, donde se acordó también que en los futuros informes bienales que elabore este órgano se incluirá un apartado en el capítulo del Informe sobre Políticas para la Igualdad de Oportunidades, en el que se aborde la igualdad de género.

Así, se recogerán las actuaciones y medidas puestas en marcha en el ámbito educativo, tal y como dicta la Ley de Igualdad en su título II “Medidas activas para implementar la igualdad de trato y de oportunidades de hombres y mujeres, capítulo I -igualdad de trato y oportunidades en la educación (artículos 31 a 35)-.

Según ha destacado la presidenta del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, Pilar Guillén, el informe que va a elaborarse ahora para contar con datos de 2015 y 2016 será el primero en realizarse, ya que aunque la encomienda se remonta al 2010, hasta la actualidad no se ha llevado a cabo nada en este sentido

Para ello ya se ha procedido a la petición de datos a los diversos servicios de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes, y se ha acordado que sea la Comisión de Participación de este Consejo, con la colaboración del Instituto de la Mujer, quienes elaboren el borrador de dicho informe a lo largo del segundo trimestre. La fecha prevista de presentación y aprobación está fijada para el mes de junio, coincidiendo con el final del curso escolar.

En el Pleno del Consejo Escolar de Castilla-La Mancha, que se celebró el 19 de diciembre, y en el que estuvo presente el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Ángel Felpeto, se aprobó el Informe Bienal correspondiente a los cursos 2013/2014 y 2014/2015.

La Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias ha resuelto nombrar vocal titular en el consejo escolar de Canarias en representación del Cabildo de La Gomera a la consejera insular de Política Sociocultural, Patrimonio Histórico y Juventud, Elena García Meneses.

Según el anuncio publicado este martes en el Boletín Oficial de Canarias (BOC), la Consejería ha procedido al cese y nombramiento de vocal titular y suplente en el consejo escolar como consecuencia de nueva propuesta efectuada por la institución insular para el sector de representantes de los cabildos insulares.

En el BOC se expone que el Cabildo de La Gomera remitió el pasado 7 de abril a la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias la resolución del presidente, de fecha 28 de marzo de 2016, en virtud de la cual propone el nombramiento.

En consecuencia, se cesa como vocal titular a Nieves González Cámpora y se nombra en su lugar a Elena García Meneses.

Por otra parte, en función de la propuesta de referencia se ratifica como vocal suplente al consejero insular de Presidencia, Economía y Hacienda, Información y Transparencia, y alcalde de San Sebastián, Adasat Reyes.

El Gobierno de Castilla-La Mancha ha valorado los datos ofrecidos por el último informe del Consejo Escolar, al atribuir los malos resultados académicos de los estudiantes de la región a la “falta de recursos” provocada por los recortes del anterior Ejecutivo de María Dolores de Cospedal. Precisamente esa es la relación que se deduce de este estudio, donde puede extraerse la relación entre la reducción de inversión presupuestaria en educación y el aumento del número de repetidores en esta comunidad autónoma. 

“Es fácil destruir y no tan fácil reconstruir, pero no quiero renunciar al reto de tener más titulados”, ha dicho al respecto la consejera de Educación, Reyes Estévez. De hecho, ha indicado que atendiendo a los datos históricos, Castilla-La Mancha nunca había alcanzado ese nivel de fracaso escolar, considerando “complicado” recuperar los niveles de otras épocas.

Ha añadido además que el “estrés” que viven muchas familias de la región se puede trasladar a los resultados académicos de sus hijos, “pues se llevan ese estrés a las aulas”. Por ejemplo, ha explicado que en Formación Profesional Básica, sólo tres de cada diez alumnos pasan de curso y que en Primaria los niveles de fracaso escolar son “realmente inasumibles” como consecuencia de la falta de recursos. “Es fácil destruir, pero no tan fácil ir recuperando”, ha reiterado.

El informe al que se ha referido la consejera establece que el gasto en educación realizado por Castilla-La Mancha bajó casi un 5% entre 2013 y 2015, convirtiéndose en la segunda región que más recortó en inversión en políticas educativas en esos dos años, tan solo por detrás de Cataluña. Estos datos coinciden con la posición que la comunidad autónoma ocupa en cuanto al porcentaje del alumnado que no promocionó de un curso al siguiente en ese mismo periodo de tiempo. También en ese caso, Castilla-La Mancha ocupa la segunda posición: un 13,6% en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y hasta un 15,9% en Bachillerato. En ambas variables es Andalucía la que se sitúa en la primera posición con un 16,2% en el primer caso y hasta un 24% en el segundo.

El principio de acción-reacción se ha reflejado con claridad en Castilla-La Mancha a cuenta de los recortes en educación llevados a cabo por el anterior Ejecutivo de María Dolores de Cospedal. Dedicar menos presupuesto público a las políticas educativas no solo ha propiciado, según los sindicatos de enseñanza, el empeoramiento del sistema regional a nivel de docencia. Sus estragos también pueden verse en la calidad educativa y también en los alumnos. Así lo reflejan los datos del último informe sobre el estado del sistema educativo y que analiza el curso 2013-2014.

En este amplio estudio se refleja que el gasto en educación realizado por Castilla-La Mancha bajó casi un 5% entre 2013 y 2015. Concretamente, pasó de 1.448 millones de euros a 1.378 millones, convirtiéndose esta región en la segunda que más recortó en inversión en políticas educativas en esos dos años, tan solo por detrás de Cataluña, que recortó hasta un 10,3%, y por delante de Andalucía, que lo hizo en un 2%.

Estos datos coinciden con la posición que la comunidad autónoma ocupa en cuanto al porcentaje del alumnado que no promocionó de un curso al siguiente en ese mismo periodo de tiempo. También en ese caso, Castilla-La Mancha ocupa la segunda posición en cuanto a las regiones con mayor porcentaje de alumnos repetidores: un 13,6% en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y hasta un 15,9% en Bachillerato. En ambas variables es Andalucía la que se sitúa en la primera posición con un 16,2% en el primer caso y hasta un 24% en el segundo.

Los porcentajes de repetidores en cada uno de los cursos experimentan variaciones significativas en el caso de la ESO. Así, en el primer curso de Secundaria, la tasa alcanza el 17,1% en Castilla-La Mancha, frente al 10,9% en el cuarto curso. En cuanto al Bachillerato, el porcentaje de repetidores varía del 13,3% de alumnos en el primer curso al 18,7% en el segundo (el porcentaje más algo de toda esta fase educativa).

En todos los casos, lo cierto es que estas cifras se sitúan por encima de la media nacional. En España, un 10,8 % del alumnado no promociona en alguno de los cuatro cursos de los que consta la etapa de Educación Secundaria Obligatoria (11,9% en el primer curso, 10,6% en segundo curso, 11,1% en tercer curso y 9,5% en cuarto curso).

Escuelas rurales y evolución de la escolarización

El informe del Consejo Escolar abunda en otras cuestiones significativas como el grado de dispersión escolar sobre el total de alumnos, de los escolarizados en municipios pequeños en cuanto a la población. Es este un factor determinante en Castilla-La Mancha, región que está entre las primeras posiciones con un porcentaje de hasta el 33%. De hecho, relacionado con este asunto, se ofrecen también datos sobre las escuelas rurales o Centros Rurales Agrupados. Castilla-La Mancha refleja igualmente datos negativos, con una reducción significativa del 8,6% en cuanto al alumnado escolarizado en estos centros.

En lo referente a la evolución de la escolarización entre los cursos 2004-2005 y 2013-2014, mientras en todo el país se ha producido un incremento del 16,9% en el conjunto total de centros, destaca el dato castellano-manchego en cuanto a centros privados no concertados, como la segunda comunidad en la que más ha crecido la escolarización en este tipo de escuelas: hasta un 127% en diez años, solo por detrás del 270% de la Comunidad Foral de Navarra.

El Consejo Escolar de Euskadi ha apremiado al Departamento de Educación a aumentar el control sobre los colegios concertados para que no cobren cuotas irregulares, especialmente a los alumnos inmigrantes con bajos recursos. Los colegios concertados cobran a menudo cuotas indebidas a los padres por las actividades extraescolares que organizan para los alumnos. Ante esa situación, el Consejo exige al Gobierno mayor celo en su labor inspectora para que estos centros, que son financiados con dinero público, dejen de cobrar esas cuotas.

En su informe 'La Educación en Euskadi, 2012-2013', el Consejo (un órgano de carácter consultivo, pero integrado por toda la comunidad educativa) muestra su “preocupación” por el cumplimiento de la gratuidad efectiva de la educación. Esa inquietud le llevó en su momento a solicitar al departamento la publicación de una orden sobre la inspección del cobro de cuotas al alumnado, pero no ha sido atendida. El problema es especialmente relevante entre el alumnado inmigrante de nueva incorporación y bajos recursos. Cuando un alumno llega con el curso empezado, una comisión de escolarización se encarga de adjudicarle el centro. Por lo habitual, esas comisiones procuran un reparto equitativo de este tipo de alumnos entre la red pública y concertada.

El problema llega con el inicio del siguiente curso. “El Consejo considera que la Administración debe establecer medidas de control para evitar que los cambios de centro de estos alumnos al siguiente curso sean por razones discriminatorias, como el cobro de cuotas por conceptos como el comedor, el transporte u otros”.

El órgano consultivo recuerda que “todo el alumnado escolarizado en las etapas obligatorias, y en particular el alumnado inmigrante de nueva incorporación y bajos recursos, tiene derecho a disfrutar de un servicio escolar gratuito”. Puesto que es el Departamento quien decide el centro en que se escolariza, resalta la necesidad de que “no se cobren cuotas a este alumnado por cualquier concepto”.

Reparto desigual

La distribución de alumnos inmigrantes entre las escuelas públicas y las concertadas no ha mejorado prácticamente nada en los últimos años. Los colegios de la red pública acogen a la mayoría de los alumnos inmigrantes: casi 10.000 de los cerca de 15.000 matriculados en el sistema. Es decir, uno de cada diez escolares de colegios públicos que cursan la etapa obligatoria (Primaria y Secundaria) es extranjero. Pero dentro de esta red también hay diferencias muy notables. Mientras que los colegios dependientes de la Iglesia (agrupados en torno a Kristau Eskola) cuentan con un 6,4% de extranjeros, las ikastolas privadas apenas llegan al 2,6%. Esto significa que la red pública escolariza cuatro veces más inmigrantes que las ikastolas concertadas.

La práctica de este tipo de cobros irregulares ya ha sido denunciada en varias ocasiones por el Ararteko. Mediante los conciertos educativos, aquellos centros privados que lo deseen pueden impartir la educación obligatoria (de 6 a 16 años) de manera gratuita. El Departamento de Educación aporta fondos públicos para cubrir los salarios de los profesores (incluidas las cotizaciones a la Seguridad Social), los gastos del personal de administración y servicios, así como los de mantenimiento del centro. De manera recíproca, los colegios concertados asumen la obligación de impartir gratuitamente la enseñanza.

De esta forma, las actividades escolares complementarias (como visitas a museos o excursiones), las actividades extraescolares y los servicios escolares complementarios (comedor y transporte) deben ser en todo caso voluntarios y no pueden tener carácter lucrativo. Esto es, solo deben pagar los padres que quieran que sus hijos realicen la actividad y no todos, incluidos los de los niños que no las realizan. Por lo general, no cobra la cuota el propio centro, sino que lo hace la Asociación de Padres de Alumnos del Colegio.

Uno de los expertos que ha colaborado en el informe del Consejo Escolar de Euskadi lamenta que la sociedad haya terminado por asumir de manera más o menos pacífica que, si un padre opta por llevar a su hijo a un centro público, todo va resultar gratuito, mientras que si lo matricula en uno privado concertado van a cobrarle algo. “Los sucesivos departamentos de Educación no han tomado medidas para terminar con las cuotas, hablan de la libertad de las familias para elegir el centro que quieran”.

La financiación de la red pública desciende desde 2009 un 12,4%, mientras que la de los concertados no sufre merma.

La red pública concentra el mayor número de inmigrantes y los alumnos de familias con menos recursos, pero el Gobierno reduce su aportación.

La creciente desigualdad social que sufre la población también tiene su reflejo en la escuela pública, un ámbito que tradicionalmente ha conseguido neutralizar esa diferencia. Desde 2009 a 2012, la financiación de los colegios públicos por parte del Gobierno ha caído un 12,4%. Por el contrario, la red concertada ha mantenido invariable sus niveles de financiación. A pesar de que los colegios públicos son los que deben escolarizar a más inmigrantes (lo que requiere de más recursos) y alberga a los alumnos de familias con menos recursos, el Gobierno ha reducido su aportación. El nivel socioeconómico de unos y de otros guarda una estrecha relación con el rendimiento escolar de sus estudiantes y por eso la escuela debe contribuir a reducir esa brecha. En la actualidad, el Gobierno destina el 59,6% de su presupuesto a los colegios públicos y el 40,4% a los concertados. Mientras, las dos redes se reparten prácticamente al 50% a los alumnos.

Este es uno de los datos contenidos en el informe La Educación en Euskadi 2012-2013, elaborado por el Consejo Escolar de Euskadi, el máximo órgano de participación de la comunidad educativa no universitaria y asesor del Gobierno Vasco. El informe indica que los resultados académicos están relacionados con la extracción socioeconómica y cultural del alumno, por lo que se solicita al Departamento de Educación que plantee medidas dirigidas a mejorar la equidad del sistema educativo y “compensar los déficits de origen”. En este plazo de tiempo, las cuotas a las familias han aumentado un 25,7% en los colegios públicos (sobre todo, las de comedor), mientras que en la red concertada han bajado un 0,5%.

A pesar de que el Gobierno vasco se enroca en la tesis de que no ha bajado su financiación a la red pública, los datos le desmienten. La presidenta del Consejo Escolar de Euskadi, Maite Alonso, atribuye la caída por la disminución de la partida relativa a gastos de personal, ya que en el curso 2011-2012 se eliminaron las indemnizaciones por jubilaciones anticipadas; no se abonó la paga extraordinaria de Navidad, y las bajas del profesorado se redujeron en un 29,7% en Primaria y un 27% en Secundaria. Esta disminución, que coincide con la puesta en marcha de una normativa que reduce el salario según los días de baja, ha originado también que se gaste menos en concepto de sustituciones.

El Consejo Escolar también plantea al Gobierno vasco que “haga un esfuerzo” por mejorar las inversiones en educación, principalmente para atender necesidades en materia de instalaciones.

Por otro lado, el informe revela que el 25 % de alumnos que cursa materias en euskera no cuenta con el nivel suficiente en ese idioma. El estudio recoge evaluaciones de alumnos de cuarto de Primaria (9 años) y segundo de Secundaria (13 años), con un 94% y un 88%, respectivamente, matriculados en modelos D o B (bilingüe), lo que quiere decir que utilizan el euskera como lengua de enseñanza. Con este dato, el Consejo Escolar recomienda elaborar un plan para mejorar la competencia en euskera de estos alumnos.

El Consejo Escolar de Euskadi considera que es imposible aplicar el próximo curso la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE). Además, el Consejo, integrado por profesores, padres, alumnos y por miembros del Gobierno vasco, solicita al Departamento de Educación que “minimice” en todo lo posible los “efectos negativos” que conlleva la conocida como Ley Wert, por el nombre del ministro de Educación (José Ignacio Wert) que la impulsa.

El rechazo del Consejo hacia esta ley se debe a varias razones. Por una parte, a que los objetivos europeos que persigue la norma ya han sido alcanzados en su mayoría en Euskadi. Por otro lado, para el Consejo no resulta “aceptable” condicionar la obtención de un título y la continuidad de los estudios al resultado de una evaluación final entendida como una reválida por tener un carácter puntual referido a un único examen escrito.

La medida de separar tempranamente al alumnado en distintas enseñanzas ―académicas y profesionales― dentro del periodo de escolarización obligatoria significa un “retroceso respecto al modelo comprensivo actual”. La ley también representa una centralización de competencias que “reduce” las establecidas en el Estatuto de Autonomía del País Vasco, según el Consejo.

Por otra parte, la LOMCE conlleva un currículo “altamente prescriptivo y muy normativizado”, que no posibilita que los centros y sus equipos docentes lo adecuen a su realidad y entorno. Eso resta eficacia y eficiencia al funcionamiento del sistema. La rigidez de la propuesta de materias troncales, al ocupar un mínimo del 50% del tiempo previsto, limita las opciones de los centros a diseñar sus propios horarios.

El diseño de la Formación Profesional Básica, así como la flexibilización de los requisitos de acceso al grado medio de Formación Profesional también son muy criticadas por el Consejo. En su opinión, desvalorizan estas enseñanzas y las convierten en un itinerario de segunda categoría.

Además, el traspaso de competencias desde los consejos escolares a la figura del director perfila “un estilo de dirección individual” frente a una gestión “más democrática y corresponsable”, y supone “un claro retroceso en la participación de las familias en la gestión del centro escolar y en la propia calidad del sistema educativo”.