Jordi Montull ha vuelto este martes a una sala de juicios. El segundo de a bordo del Palau de la Música, condenado por expoliar el auditorio junto a su jefe, Fèlix Millet (ya fallecido), se ha sentado otra vez en el banquillo, esta vez acusado de ocultar 31.500 euros que cobró alquilando un chalé para no devolver lo robado.

La Fiscalía pide dos años de cárcel para Montull y su mujer, Mercedes Mir, por alzamiento de bienes (ahora el delito se llama frustración de la ejecución) con el objetivo de evitar devolver las indemnizaciones al Palau a las que fueron condenados. Su defensa, en cambio, pide la absolución al entender que en ningún momento quisieron esquivar sus responsabilidades.

En una breve declaración, Montull, que camina con bastón, no ha recordado varios de los detalles sobre el alquiler, toda vez que fue su esposa quien firmó el contrato y se relacionaba con el inquilino de la casa. Se ha limitado a negar que quisiera ocultar su renta ya que, según su versión, tenía “prisa” para devolver todas las indemnizaciones al Palau.

Por su lado, Mir, ha recalcado que nunca quiso engañar a la Justicia. “Nunca tuve intención de hacer ninguna trama”, ha dicho, además de indicar que siempre actuó aconsejada por sus abogados. También ha alegado que no se lucró con el alquiler, ya que los ingresos fueron destinados al pago de impuestos y a la conservación de otras fincas “para tenerlas bonitas y no se metieran okupas”.

Al acogerse a su derecho de contestar solo a las preguntas de su defensa, ambos acusados no han respondido sobre el documento clave del caso: el “plan de pago” que Montull ofreció al Palau, desvelado por este diario en junio de 2020, en el que el saqueador mantuvo que sus únicos ingresos provenían de su pensión de jubilación.

No informó en ese plan Montull de que desde diciembre de 2019 obtenía un alquiler de la finca de El Masnou objeto de juicio, lo que para las acusaciones demuestra su voluntad de ocultar ingresos a la Justicia para eludir las indemnizaciones. No fue hasta que Montull declaró el alquiler en su declaración de la renta del año 2020 que el Palau se enteró de ese alquiler.

Sea cual sea la sentencia, la cantidad en cuestión que se reclama a los Montull (31.500 euros que cobraron de alquiler entre diciembre de 2019 y septiembre de 2021) es irrisoria en comparación con los alrededor de diez millones de euros que todavía quedan por cobrar del caso Palau. Según el último recuento, la Justicia ha logrado recuperar casi 14 de los 23 millones expoliados por Millet y Montull.

Anticorrupción solicita dos años de cárcel para Montull y Mir por eludir la devolución del saqueo ocultando a la Justicia el cobro de 31.500 euros de alquiler de una de las fincas embargadas.

En su informe, el fiscal Abel Andrade se ha reafirmado en su petición de pena y ha subrayado que los acusados urdieron el plan porque “necesitaban ‘cash’”, esto es, dinero en efectivo para sus gastos diarios mientras tenían todos sus bienes embargados por el caso Palau.

“No se reprocha su capacidad para arrendar sus fincas, sino que no entregaran las rentas a la Justicia”, ha aseverado Laura Parés, letrada del Palau de la Música. La defensa de los Montull, ejercida por Laura Bardají y Alberto Rocha, ha negado cualquier conducta “reprochable” de sus clientes, de quienes ha remarcado que estaban “deseosos de pagar” las indemnizaciones al Palau una vez condenados. En especial Montull, ya que era la vía para obtener más rápidamente el tercer grado, que obtuvo el año pasado tras más de dos años en prisión.

No es la única causa pendiente por alzamiento de bienes que les queda a los Montull. Un juzgado de Barcelona les mantiene imputados por un caso similar sobre alquileres y derechos de compra de fincas embargadas a su hija Gemma para eludir presuntamente las indemnizaciones. En esta causa están imputadas también las hijas de Millet, que viven en el extranjero y todavía esperan que el juzgado las cite para declarar por videoconferencia.

Los saqueadores del Palau de la Música vuelven al juzgado. El primero en hacerlo ha sido Jordi Montull, número dos de Fèlix Millet, conducido por los Mossos d'Esquadra porque se encuentra cumpliendo pena de prisión por el saqueo. Montull ha negado al juez que urdiera un plan junto a su mujer, Mercè Mir, y su hija, Gemma Montull, para ocultar a la Justicia ingresos de alquileres y evitar indemnizar así las indemnizaciones al auditorio.

Los coletazos del caso Palau siguen casi quince años después de su estallido. Millet y Montull fueron condenados a penas de hasta nueve años de cárcel. Gemma Montull fue condenada a cuatro años, pero esquivó su ingreso en prisión. Ahora todos ellos vuelven a estar imputados por ocultar supuestamente ingresos que obtenían del alquiler de fincas embargadas

Según han informado fuentes jurídicas, la declaración de Montull ha sido muy breve debido a que su estado de salud es delicado tras una operación de corazón a la que se sometió la semana pasada. Más extensa ha sido la de su esposa, Mercè Mir. Gemma Montull también estaba citada para este miércoles, pero un error en su citación ha hecho suspender su declaración.

En síntesis, la defensa de los Montull pasa por negar por cualquier plan para no pagar al Palau y alegar que los ingresos obtenidos de las dos fincas alquiladas (una de ellas a su hija Gemma, otra a un particular) en el Masnou (Barcelona) se declararon siempre a Hacienda y no reportaron beneficio alguno, ya que se dedicaron a gastos en reparaciones e impuestos de las propias fincas.

En cambio el Palau de la Música, que denunció el caso y viene observando con lupa todos los ingresos de sus saqueadores para que devuelvan hasta el último céntimo, tiene dudas de la versión de los Montull. Para empezar porque, tal y como quedó constancia en la ejecución de la sentencia del Palau, Montull no dijo que ingresaba nada por alquileres y alegó que sus únicos ingresos provenían de su pensión.

Pero además, el Palau ha descubierto que en los contratos de arrendamiento se incluyó una cláusula poco habitual por la que Gemma Montull tenía un derecho de tanteo cuando se vendiera la finca. Ello hace sospechar que la familia quería asegurarse la conservación de parte de su patrimonio embargado y que se debe subastar para indemnizar al Palau.

Esta es la segunda causa abierta que tienen Millet y Montull por ocultar ingresos a la Justicia. La Fiscalía Anticorrupción solicita dos años de cárcel para Montull y Mir por eludir la devolución del saqueo ocultando a la Justicia el cobro de 31.500 euros de alquiler de una de las fincas embargadas en la causa del expolio del auditorio.

La fiscal mantiene que Montull y su mujer decidieron alquilar la vivienda de El Masnou (Barcelona), propiedad de Mir desde 2001 pero cuyo arrendamiento se repartía el matrimonio, “sin poner en conocimiento” de la Justicia el cobro del alquiler. El matrimonio, según la acusación, tuvo “evidente intención de no hacer frente” a la devolución del saqueo del Palau, y por ello ocultó el alquiler de la vivienda “puestos de común y previo acuerdo y teniendo pleno conocimiento de las cantidades económicas a las que fueron condenados, y con evidente intención de no hacer frente a las mismas”.

Poco a poco y con algunas trabas, pero el Palau de la Música está consiguiendo recuperar los 23 millones que saquearon sus antiguos gestores, Fèlix Millet y Jordi Montull. La sección 10ª de la Audiencia de Barcelona ha informado este lunes que ya se han restituido al auditorio más de 12 millones de euros de los 23 que se saquearon, esto es, más de la mitad del expolio.

Entre las familias Millet y Montull (además de los dos saqueadores sus respectivas mujeres e hijas fueron condenadas bien como responsables del saqueo bien por beneficiarse de las obras, viajes o bodas que pagaron sus padres con dinero del Palau) han pagado 11,5 de los 23 millones que deben al Orfeó Català y el Palau.

Esto implica que el Consorcio del Palacio de la Música, la Fundación Privada Orfeó Català-Palau de la Música Catalana y la Associació Orfeó Català han recibido ya más de 12 millones de euros procedentes de la recuperación patrimonial sobre los condenados. La emblemática institución de la burguesía catalana es la principal perjudicada del caso de corrupción, el mayor de la historia reciente de Catalunya.

Durante los primeros seis meses del periodo de ejecución de la sentencia tras confirmarla el Supremo en 2020, el tribunal de la sección 10ª de la Audiencia de Barcelona, que fue quien juzgó el caso Palau, consignó más de 9 millones de euros. Desde entonces hasta ahora se ha logrado, superadas las tramitaciones que se han presentado, incrementar la recuperación en más de 3 millones de euros.

Ello no ha evitado que durante el proceso de recuperación del saqueo la Justicia se haya encontrado con trabas por parte de Millet y Montull. Ambos exmandamases del Palau tienen abiertas dos causas respectivamente, tal y como informó este diario, por ocultar ingresos con el objetivo de no indemnizar al Palau.

En conjunto, de Fèlix Millet se han recuperado más de 6 millones de euros; casi 1.600.000 euros de Jordi Montull; casi 3 millones de euros de Marta Vallès, esposa de Millet ya fallecida, y sus hijas, como herederas de la misma; así como casi 800.000 euros de Gemma Montull.

Más complicado será recuperar los 6,6 millones que Convergència cobró en comisiones ilegales: obligar a devolver el dinero ya no corresponde a la Audiencia de Barcelona sino al juzgado mercantil que lleva el concurso de acreedores del partido nacionalista. El Palau será el último de los deudores del partido a cobrar, lo que dificulta que Convergència devuelva el dinero.

En cambio de los 12,2 millones de euros de multas que impuso la Audiencia de Barcelona a 12 acusados ​​y que el Supremo ratificó, selo se han pagado 223.000 euros. Millet no ha pagado un euro de los 4,1 millones de multa. Tampoco Jordi Montull ha pagado ni un euro de 2,9 millones de multa. Su hija, Gemma Montull, debe también los 2,6 millones de multa que le impuso el Supremo.

Daniel Osàcar, extesorero de CDC condenado a 2 millones de multa, ha pagado menos de un 10%, unos 200.000 euros. Por su parte, Mercedes Mir, esposa de Montull, ya ha pagado 439.000 euros de responsabilidad civil, más los intereses, en el Consorcio y en la Fundación del Palau. En total los condenados han satisfecho a la Hacienda Pública, más de 160.000 euros.

El tribunal continúa el trabajo de identificación y recuperación de bienes de los condenados para progresar en la liquidación hacia los distintos perjudicados.

La Audiencia de Barcelona ha suspendido el ingreso en prisión de la exdirectora financiera del Palau de la Música, Gemma Montull, condenada a 4 años de cárcel por el saqueo del auditorio. La decisión ha dividido el tribunal, ya que uno de los magistrados ha formulado un voto particular contra el criterio de la mayoría de permitir a Montull seguir en libertad.

En un auto, la sección 10a de la Audiencia de Barcelona acuerda suspender el ingreso en prisión de Montull siempre que no delinca durante cinco años, que en este periodo realice 365 días de trabajos en beneficio de la comunidad y que además de los bienes que ya tiene embargados abone 500 euros al mes para devolver el expolio. Si incumple una de estas tres condiciones, advierte el tribunal, Montull ingresará en la cárcel.

Montull era la última de las condenadas por el caso Palau que esperaba la decisión de los jueces sobre si debía ir a la cárcel. Hasta ahora el tribunal había acordado de forma unánime el ingreso en prisión de los principales jefes de la trama, el expresidente del Palau, Fèlix Millet; su exnúmero dos, Jordi Montull –padre de Gemma–; y el extesorero de Convergència Daniel Osàcar –que ya disfruta del tercer grado, a diferencia de los otros dos condenados.

En el caso de Gemma Montull, el tribunal se ha dividido: la presidenta de la sección 10a, Montserrat Comas d'Argemir, y la magistrada Vanesa Riva han acordado la suspensión del ingreso en prisión al valorar el “esfuerzo reparador” de Montull para devolver el dinero del saqueo del Palau así como su carencia de antecedentes penales, la confesión del expolio y del cobro de comisiones de Convergència que realizó en el juicio y el largo tiempo transcurrido –once años– desde la comisión del delito.

Respecto a la devolución del dinero las magistradas destacan que Montull tiene embargados bienes que superan el millón de euros para “garantizar” el reintegro al Palau del millón y medio de euros que saqueó, y que además se ofreció a pagar 400 euros al mes –cifra que el tribunal eleva a 500– para completar el pago de la responsabilidad civil a la que fue condenada. Su padre y Millet tienen que devolver 24 millones, de los que ya se han recuperado 9,2 a la espera de la venta del resto de patrimonio que tienen embargado.

Por contra, el magistrado José Antonio Lagares se opone a la decisión mayoritaria del tribunal al considerar que Montull tuvo un “papel decisivo en el mayor expolio de la historia reciente contra el patrimonio cultural catalán y uno de los más importantes y sonados casos de corrupción política”.

Al contrario que sus colegas de tribunal, el juez Lagares no aprecia en Montull “un esfuerzo para reparar el daño causado”. Sostiene el magistrado que el ofrecimiento de sus fincas no es una forma de devolver el saqueo sino una mera “relación de bienes” en la que Montull incluyó patrimonio sujeto a deudas con Hacienda o bancos.

Además el juez duda de que Montull pueda devolver el expolio con los bienes que tiene embargados ya que a día de hoy “no puede saberse cuánto dinero puede obtenerse de la venta judicial” de sus inmuebles. A criterio del magistrado, Montull “no ha reparado el daño causado en proporción a sus posibilidades económicas”, en referencia al abundante patrimonio que, junto al dinero que tenía en sus cuentas cuando fue embargada, ascendía a 3,2 millones de euros.

Recuerda el magistrado que en el registro del Palau en el año 2009 Gemma Montull retiró de uno de los ordenadores un USB que contenía la contabilidad falsa por la que luego fue condenada junto a su padre y Millet y que lo guardó en su bolsillo para ocultar pruebas. Todo ello, agrega el juez, demuestra la “gravedad de los hechos” por los que fue condenada Montull.

Es más, frente a la argumentación de Montull de que su ingreso en prisión le privaría de llevar a cabo las labores de voluntariado que realiza, el magistrado replica que sería “mucho más loable” que la exdirectora financiera del Palau se pluriempleara porque de esta forma destinaría sus “remuneraciones extra” a la devolución del saqueo.

Los condenados por el caso Palau han reaccionado a la sentencia publicada este lunes a medida que iban saliendo del Palacio de Justicia de Barcelona. Francesc Sànchez, el representante legal de Convergència y uno de los hombres de confianza de Artur Mas, ha declarado que su partido recurrirá ante el Tribunal Supremo la sentencia que ordena el decomiso de 6,6 millones al partido. 

Estos 6,6 millones, según la sentencia, son el montante de las comisiones que Ferrovial pagó al partido a través del Palau de la Música a cambio de obra pública. El extesorero de CDC, Daniel Osàcar, ha resultado condenado por tráfico de influencias y blanqueo a cuatro años y cinco meses de cárcel.

“La jueza ha comprado la idea de la Fiscalía y no estamos de acuerdo”, ha lamentado Sànchez, poniendo el foco en el tribunal que ha condenado a su partido y en el fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled, la bestia negra de CDC en los juzgados. 

También ha hecho declaraciones la hija de Jordi Montull y exresponsable financiera del Palau, Gemma Montull, a quien de nada le ha servido su pacto con la Fiscalía alcanzado durante el juicio: pese a que el ministerio público pedía dos años de cárcel para ella, que suponían en la práctica que no entraba en prisión, ha terminado condenada a cuatro años y seis meses de cárcel.

Salvar de la cárcel a Gemma Montull fue la principal razón para que su padre y Fèlix Millet confesaran durante la vista oral las comisiones de Ferrovial a Convergència. El objetivo no se ha cumplido, ya que el tribunal ha situado en un lugar destacado a Gemma Montull como responsable del expolio y la trama de comisiones, a un nivel, eso sí, inferior al de los dos mandamases del Palau.

“La sentencia es muy injusta”, ha afirmado Gemma Montull, que se ha declarado “bastante triste” por el fallo.  De hecho, la hija de Jordi Montull es la acusada que más números tiene de entrar en prisión, por la edad avanzada del resto de condenados a penas altas de prisión (Millet, Montull padre y Osàcar).

Recta final del judici del cas Palau. A la Ciutat de la Justícia s'ha viscut aquest dimecres una jornada de transistors pel debat que el Parlament ha mantingut per intentar que la Generalitat donés el seu braç a tòrcer i forcés que el Palau de la Música acusés Convergència. Finalment el gir a l'acusació no s'ha produït i el Consorci del Palau tampoc ha demanat suspendre la sessió per la nova reunió que, a instàncies de l'Ajuntament de Barcelona, s'ha convocat pel 23 de maig.

El més rellevant de la sessió ha estat la rebaixa de penes sol·licitada per la Fiscalia després de les confessions dels exresponsables del Palau, Fèlix Millet, Jordi Montull i la seva filla Gemma Montull, sobre les comissions que Ferrovial hauria pagat a Convergència. Gemma Montull ha passat d'una petició de pena de 26 anys de presó a només tres, un d'ells substituïble per una multa, per la qual cosa podria evitar el seu ingrés a la presó. La multa que se li reclama és de 10 milions d'euros. La clau d'aquesta rebaixa tan substancial és que Gemma Montull, segons el nou criteri de la Fiscalia, passa de ser cooperadora enlloc d'autora en la majoria dels delictes dels quals se l'acusa.

El fiscal també ha rebaixat les penes sol·licitades per a Millet i Montull de 27 anys i mig de presó a 14 anys i nou mesos i 10 anys i deu mesos, respectivament, pels delictes d'apropiació indeguda, tràfic d'influències, blanqueig i falsedat documental i un delicte contra la Hisenda pública. I ha reclamat una multa de 22 milions per a cadascun.

A Millet i Montull, saquejadors confessos del Palau de la Música, els van entrar les presses per intentar no trepitjar la presó quan faltava poc per començar el judici. El segon objectiu era salvar de la presó a la filla de Jordi Montull, Gemma, per a qui la Fiscalia demanava 26 anys. I van anar a trucar a la porta del fiscal, Emilio Sánchez Ulled, amb disposició per delatar Convergència.

En la seva declaració com a acusats el passat mes de març, els tres van confirmar que Convergència va rebre comissions de Ferrovial a través del Palau, quelcom que havien callat durant els vuits anys d'instrucció. Aquest dimecres han obtingut la seva recompensa: la Fiscalia ha rebaixat les penes sol·licitades per a tots ells a l'apreciar els atenuants de confessió i disminució del dany. A més, a Gemma, el fiscal l'ha considerada enlloc d'acusada.

Respecte l'extresorer de CDC, Daniel Osàcar, la Fiscalia ha elevat a vuit anys de presó la seva petició de condemna, mig any més de l'inicialment sol·licitat. I per als directius de Ferrovial, Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, ha elevat mig any més la presó sol·licitada, de quatre anys i mig a cinc. Per a cada un dels tres acusats ha mantingut les multes sol·licitades de 10 milions d'euros.

El Palau no acusa CDC

Finalment, tot i la pressió política, ni el Consorci (on estan representades les administracions públiques) ni la Fundació del Palau de la Música han acusat CDC, pel que no han reclamat el decomís dels 6,6 milions que presumptament Ferrovial va abonar el partit a canvi d'obres públiques. Sí que ho han demanat la Fiscalia i la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona (FAVB), que exerceix d'acusació popular. La secretària del Consorci i advocada de la conselleria de Cultura, Maria Pilar Bayarri, ha acudit a la sessió de judici d'aquest dimecres.

Al contrari que la Fiscalia, al Palau, Hisenda i la FAVB sí que han mantingut les seves penes contra els saquejadors del Palau de la Música. El Consorci sol·licita 21 anys de presó per Millet i els Montull, petició que la Fundació eleva fins als 81. En el cas de la Fundació, la sol·licitud de presó augmenta fins als 81 anys pels exresponsables del Palau. La FAVB, per la seva banda, reclama 37 anys de presó per Millet i 25 per pare i filla Montull.

Recta final del juicio del caso Palau. En la Ciutat de la Justicia se ha vivido este miércoles una jornada de transistores por el debate que el Parlament ha mantenido para intentar que la Generalitat diera su brazo a torcer y forzara que el Palau de la Música acusara a Convergència. Finalmente el giro en la acusación no se ha producido y el Consorcio del Palau tampoco ha pedido suspender la sesión por la nueva reunión que, a instancias del Ayuntamiento de Barcelona, se ha convocado para el 23 de mayo.

La más relevante de la sesión ha sido la rebaja de penas solicitada por la Fiscalía tras las confesiones de los exresponsables del Palau, Fèlix Millet, Jordi Montull y su hija Gemma Montull. Esta última ha pasado de una petición de pena de 26 años de cárcel a solo tres, uno de ellos sustituible por una multa, por lo que podría evitar su ingreso en prisión. La multa que se le reclama es de 10 millones de euros. La clave de esta rebaja tan sustancial es que Gemma Montull, según el nuevo criterio de la Fiscalía, pasa a ser cooperadora en vez de autora en la mayoría de los delitos de los que se la acusa.

El fiscal también ha rebajado las penas solicitadas para Millet y Montull de 27 años y medio de cárcel a 14 años y nueve meses y 10 años y diez meses, respectivamente, por los delitos de apropiación indebida, tráfico de influencias, blanqueo y falsedad documental y un delito contra la Hacienda pública. Y ha reclamado una multa de 22 millones para cada uno.

A Millet y a Montull, saqueadores confesos del Palau de la Música, les entraron las prisas para intentar no pisar la cárcel cuando faltaba poco para comenzar el juicio. El segundo objetivo era salvar de la prisión a la hija de Jordi Montull, Gemma, para quien la Fiscalía pedía 26 años. Y fueron a llamar a la puerta del fiscal, Emilio Sánchez Ulled, con disposición para delatar a Convergència.

En su declaración como acusados el pasado mes de marzo, los tres confirmaron que Convergència recibió comisiones de Ferrovial a través del Palau, algo que se habían callado durante los ochos años de instrucción. Este miércoles han obtenido su recompensa: la Fiscalía ha rebajado las penas solicitadas para todos ellos al apreciar los atenuantes de confesión y disminución del daño.

Respecto al extesorero de CDC, Daniel Osàcar, la Fiscalía ha elevado a ocho años de cárcel su petición de condena medio año más del inicialmente solicitado. Y para los directivos de Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, ha elevado otro medio año la cárcel solicitada, de cuatro años y medio a cinco. Para cada uno de los tres acusados ha mantenido las multas solicitadas de 10 millones de euros.

El Palau no acusa a CDC

Finalmente, pese a la presión política, ni el Consorcio (donde están representadas las administraciones públicas) ni la Fundación del Palau de la Música han acusado a CDC, por lo que no han reclamado el decomiso de los 6,6 millones que presuntamente Ferrovial abonó al partido a cambio de obras públicas. Sí lo han pedido la Fiscalía y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona (FAVB), que ejerce de acusación popular. La secretaria del Consorcio y abogada de la conselleria de Cultura, Maria Pilar Bayarri, ha acudido a la sesión de juicio de este miércoles.

Al contrario que la Fiscalía, el Palau, Hacienda y la FAVB sí han mantenido sus penas contra los saqueadores del Palau de la Música. El Consorcio solicita 21 años de cárcel para Millet y los Montull, petición que la Fundación eleva hasta los 81. En el caso de la Fundación, la solicitud de cárcel aumenta hasta los 81 años para los exresponsables del Palau. La FAVB, por su lado, reclama 37 años de cárcel para Millet y 25 para padre e hija Montull.

L'expresident Artur Mas porta més d'un any revoltant-se contra “la paperera de la història”, el lloc on la CUP va assegurar haver-lo enviat al gener de 2016 quan van aconseguir que el seu cap rodés per donar pas a la presidència de Puigdemont. Però la llarga batalla del líder convergent contra la seva eliminació política ha quedat greument tocada en només una setmana, amb les declaracions de Fèlix Millet i Gemma i Jordi Montull en el judici pel cas Palau.

Els saquejadors confessos del Palau de la Música Catalana no han dubtat a assegurar que la seva institució era la tapadora a través de la qual Ferrovial abonava el 4% de comissió a Convergència a canvi d'adjudicacions d'obra pública. Els acusats, però, s'han limitat a assenyalar l'extresorer Daniel Osàcar, cuidant-se de no tacar a cap polític de CDC.

Aquesta estratègia processal d'avalar el circuit de finançament il·legal establint un cordó sanitari al voltant dels càrrecs de Convergència no és obstacle per deixar de fer connexions. El fiscal, Emilio Sánchez Ulled, ha preguntat a Millet i Montull si “tractaven amb algú per sobre del tresorer”. Tots dos ho han negat. Dos noms sobrevolaven la sala de vistes. D'una banda, l'exgerent de CDC, Germà Gordó. Montull ha reconegut que es va reunir amb ell, però que van parlar “de política i de futbol”, no de comissions. I també Artur Mas, secretari general de Convergència entre els anys 2000 i 2012, quan presumptament van succeir els fets.

Mentre a la Ciutat de la Justícia –irònicament una de les obres públiques investigades susceptibles d'haver estat adjudicades comissió mitjançant– es produïen les confessions de Millet i els Montull, al Parlament l'oposició al complet demanava responsabilitats al Govern, al president i, més concretament, al PDECat, la formació successora de Convergència. Aquest dijous, la reclamació de responsabilitats s'ha posat negre sobre blanc en una petició de compareixença de Mas davant del Parlament que han signat tots els grups de l'oposició, incloent la CUP.

La mateixa majoria que al gener de 2016 va aconseguir descabalcar-lo de la presidència de la Generalitat serà la que, un any després, posi en qüestió les seves possibles aspiracions a la presidència de la Generalitat com a candidat del PDECat. El setge polític a Mas arriba, a més, en plena campanya de rellançament de la seva figura. En l'últim mes, des del judici del 9-N, el líder de la dreta independentista ha pronunciat conferències a Oxford, Harvard i Madrid, ha concedit entrevistes a diversos mitjans, entre ells programes de televisió d'àmbit estatal.

Paraules i documents

La línia argumental que manté el PDECat és que no hi ha proves que relacionin els pagaments a CDC amb l'adjudicació d'obra pública. També que no es pot creure als saquejadors confessos de la institució cultural perquè busquen reduir en temps de descompte les penes de més de 25 anys de presó que demana la Fiscalia.

Igual que Osàcar en el judici, Mas, en un acte a l'Hospitalet aquest dijous a la nit, ha al·legat que les acusacions sobre CDC són “pura invenció, pura mentida i un intent de protegir-se d'alguna gent que necessita rebaixar les seves penes perquè és manifest que van robar diners del Palau”. L'expresident ha dit tenir “confiança absoluta i total” en la seva extresorer.

No obstant això, la confessió de Millet i els Montull no és només de paraula. En la seva declaració com a acusada, Gemma Montull va corroborar el contingut de diversos documents confiscats en el registre del Palau que sustenten l'acusació de la Fiscalia. Entre ells, un amb el revelador nom de “Factures convergents” i que, segons Montull, Convergència va lliurar al Palau per justificar davant Hisenda les comissions en efectiu que el partit havia rebut de la constructora Ferrovial a través de la institució cultural. O també un quadre d'Excel confeccionat per Jordi Montull amb una columna titulada “pagament a Daniel”, que pare i filla han identificat com les quantitats que s'abonaven en efectiu a Daniel Osàcar.

L'enorme quantitat de documents confiscats, més que la confessió dels Montull i Millet, és la base per la qual Convergència s'asseu a la banqueta del cas Palau com a responsable civil a títol lucratiu del saqueig. El fiscal eleva l'import total de les comissions a 6,6 milions d'euros, quantitat que demana decomissar al partit.

Mas respondrà al Parlament

Mas vol oferir imatge d'accessibilitat davant els mitjans, demostrant que no s'amaga davant les acusacions que li llancen. L'expresident tampoc rebutja anar al Parlament a respondre preguntes dels diputats, com ja va fer a l'octubre de 2015 després del registre de la seu del seu partit en el marc del cas “del 3%”.

Una altra qüestió és si tot això serà suficient per neutralitzar les ombres que el judici del Palau, l'oposició en ple i la investigació encara oberta pel jutge del Vendrell –la darrera operació va tenir lloc fa només un mes–, projecten sobre la seva figura política. Sobretot perquè la pràctica unanimitat sobiranista que apareix sempre que Mas és acusat penalment per la seva acció en el procés participatiu del 9-N, o quan es revelen maniobres en contra en l'anomenada 'Operació Catalunya', desapareix de manera fulminant davant de casos de corrupció que poc tenen a veure amb el procés.

“Primero era el 3% pero luego fue el 4% porque Convergència quería más dinero”. Así se ha expresado este jueves el exdirector administrativo del Palau de la Música, Jordi Montull, que se ha sumado a la confesión que hicieron este miércoles su hija Gemma y el expresidente del Palau, Fèlix Millet. El trío que comandaba el Palau ha avalado la tesis del fiscal sobre la financiación ilegal de Convergència con comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública. El fiscal pide para Millet y Montull padre 27 años de prisión, mientras que tras su confesión al final del juicio rebajará los 26 años de cárcel que solicitaba para Gemma Montull.

No obstante, la explosión de Millet y los Montull ha sido controlada y sólo han incriminado al extesorero de la formación, Daniel Osàcar, para quien el fiscal pide siete y años y medio de cárcel. Desde el banquillo de los acusados no se ha señalado a ningún político. Montull sí ha reconocido la reunión (que este miércoles Millet no recordó) con Germà Gordó, actual diputado de JxSí. Pero ha negado que el encuentro sirviera para acordar comisiones. “Hablamos de política y de fútbol”, ha indicado con una sonrisa.

En su interrogatorio, Osàcar lo ha negado todo: “Se ha mentido y mucho”. El extesorero ha devuelto el golpe asegurando que la confesión de Millet y Montull “es para justificar un desvío de dinero en beneficio de ciertas personas”, en referencia al dinero de la institución que los exresponsables del Palau se quedaron y gastaron en obras en sus casas y viajes.

Osàcar ha quedado acorralado tras las declaraciones de los exresponsables del Palau: lo han situado como el receptor del dinero en efectivo que Ferrovial pagaba a CDC usando al Palau de tapadera, y como el responsable de trasladar las facturas falsas al Palau para justificar a Hacienda los pagos. “Venía Osàcar y yo tenía el dinero a punto en un sobre. Él lo contaba y se iba”, ha dicho Montull, que ha asegurado, como su hija Gemma, que Millet pidió a Convergència que hiciera llegar al Palau facturas “para justificar [a Hacienda] las salidas de efectivo”.

“El recadero” de CDC

“Este 'run-run' de que cargábamos en efectivo es totalmente falso. El dinero se tiene que recibir en cheques nominativos”, ha afirmado Osàcar a preguntas del fiscal Emilio Sánchez Ulled. Según la versión del fiscal avalada por los dos mandamases del Palau, este método lo había implantado el antecesor de Osàcar en la tesorería de CDC, Carles Torrent (fallecido en 2005), a quien Montull ha apodado “el recadero”. El fiscal cree que de los 6,6 millones pagados por Ferrovial a CDC a cambio de obra pública, 3,7 llegaron al partido mediante entregas en efectivo a los tesoreros que se recogían en el Palau.

Otros 2,3 millones, según Sánchez Ulled, se camuflaron mediante facturas “falsas” giradas al Palau “para disimular pagos en beneficio real de CDC”. Osàcar se ha desmarcado totalmente de esta acusación. “Convergència ha pagado todas las facturas por trabajos de Convergència, y esto está fiscalizado”, ha indicado.

Montull, al igual que Millet el miércoles, ha certificado el reparto del 4% de comisión que Sánchez Ulled describe en su escrito de acusación: un 2,5% para CDC, un 1% para Millet, y un 0,5% para Montull. A diferencia de su exjefe, Montull sí ha confirmado dos de las obras bajo sospecha: la Ciutat de la Justicia (el complejo donde se celebra el juicio del Palau) y la Línea 9 del metro. El fiscal añade un pabellón de Sant Cugat y una acequia de Lleida.

La confesión de Montull ha supuesto uno de los momentos clave del juicio, similar al clímax de una película de Hollywood. “Primero era el 3% pero luego fue el 4%”, ha expresado Montull. “¿Por el coste de la vida?”, le ha preguntado, irónico, el fiscal Sánchez Ulled. “No. Porque Convergència quería más dinero”, ha respondido Montull, esbozando media sonrisa.

Convenios para sardanas

El fiscal sostiene que el resto del desvío se llevó a cabo con convenios entre el Palau y la fundación de CDC, la Trias Fargas, de la que Osàcar era administrador. Osàcar ha negado esta acusación y ha asegurado que los convenios estaban en vigor desde antes de 2005, cuando él asumió la tesorería del partido, y que su objetivo era divulgar la cultura catalana en las fiestas mayores de los pueblos.

Según Osàcar, con los convenios el partido y el Orfeó Català pretendían que en las fiestas mayores de los pueblos catalanes “no pusieran solo música andaluza” y que “no se olvidaran de las sardanas, la coral o el esbart”. “¿Y el dinero del Palau que yo sostengo que vino de Ferrovial no sirvió para algo que no fueran sardanas?”, ha respondido, irónico, Sánchez Ulled. El extesorero también se ha intentado defender asegurando que la exconsellera de Justicia, Montserrat Tura (PSC) dijo que los convenios entre el Palau y las Trias Fargas eran “totalmente legales”.

“A estos señores de Ferrovial les he conocido en el juicio”, ha añadido Osàcar. La constructora, por su lado, emitió anoche un comunicado desmarcándose de los hechos y señalando que el patrocinio al Palau de la Música siempre conllevó la celebración de los actos culturales previstos.

Garicano no sabe cómo se canalizaban los patrocinios

La última en declarar este jueves ha sido la exdirectora general del Palau de la Música, Rosa Garicano, que se enfrenta a 9 años de cárcel por ser cómplice de los tejemanejes de Millet y Montull. Garicano ha dicho desconocer cómo se canalizaban el dinero que recibía el Palau de la Música por los patrocinios, entre ellos el de Ferrovial, aunque ha indicado que Millet y Montull tenían sus “propios patrocinios”.

Asimismo, ha negado haberse reunido nunca con Osàcar y ha afirmado que con Juan Elizaga, exdirector de relaciones institucionales de Ferrovial y acusado en el caso, solo habló sobre los patrocinios.

Caldrà temps per valorar l'abast complet del terratrèmol que aquest dimecres han provocat Fèlix Millet i Gemma Montull. Després de la confessió que Convergència va rebre comissions de Ferrovial a canvi d'obra pública, els danys es concentren en l'antiga CDC. Millet, des de la seva cadira de rodes, ha encès el ventilador per escampar les acusacions que pesen sobre ell, convertint definitivament el judici a l'espoli del Palau en el judici sobre el finançament il·legal de Convergència.

No obstant, l'aire del ventilador s'ha centrat en el partit i en l'extresorer de CDC, el també acusat Daniel Osàcar. Ni rastre dels dirigents polítics, com Artur Mas, Felip Puig o Germà Gordó, que comandaven la formació en el moment de les donacions. El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha preguntat per algun d'ells, però la claredat amb la que Millet i Montull han avalat el finançament il·legal de CDC s'ha convertit en desmemòria.

Així, Millet ha dit que no recordava una reunió a l'hotel Diplomatic de Barcelona anotada a la seva agenda amb la seva mà dreta al Palau, Jordi Montull; l'exdiputat convergent Jaume Camps (exculpat de la causa a prescriure el seu delicte; declararà com a testimoni); i Germà Gordó, actual diputat de JxSí i exgerent del partit. Tampoc ha recordat si es va veure amb algun responsable de CDC en els mesos que va trigar Osàcar en assumir el càrrec de tresorer després de la mort el 2005 del seu antecessor, Carles Torrent. Millet només ha tret a col·lació a Jordi Pujol per dir que va compartir amb ell un viatge de l'Orfeó Català a Mèxic durant els anys 80.

Era previsible: el propi fiscal, en el seu escrit d'acusació, va lamentar no haver pogut acreditar si Osàcar, Camps i Torrent havien rebut ordres o el beneplàcit dels responsables polítics del partit perquè Convergència obtingués 6,6 milions de Ferrovial a canvi d'obres públiques. En conseqüència, als acusats en tenien prou amb confirmar el relat del fiscal, sense anar més enllà ni proporcionar noms de fora de la causa.

D'aquí que Millet i Montull s'hagin limitat a assenyalar que el “Daniel” que apareix en diversos documents de la causa és Daniel Osàcar, per a qui el fiscal demana set anys i mig de presó. Amb les seves paraules, Gemma Montull busca una rebaixa en els 26 anys de presó que li demana el fiscal, mentre que Millet pretén escurçar la seva estada a la presó aconseguint més beneficis penitenciaris dels que gaudirà pel seu delicat estat de salut. De fet, Millet ha instat el fiscal a que pregunti aquest dijous a Jordi Montull sobre els detalls de l'operació per camuflar comissions.

“Factures convergents”

Millet ha avalat les tres vies amb les que Sánchez Ulled creu que la constructora va fer arribar els 6,6 milions a Convergència a través del Palau: primer amb lliuraments d'efectiu als extresorers, després amb factures falses, i finalment a través d'un conveni entre el Palau i la Fundació Trias Fargas, vinculada a CDC. També ha reconegut que ell i Montull s'emportaven una part de les comissions.

Amb tot, ha dit desconèixer a canvi de quines obres concretes Ferrovial pagava el 4% de comissió, que posteriorment es repartien al 2,5% el partit, a l'1% Millet i al 0,5% Montull. “Això ho parlaven Ferrovial i Convergència”, ha afegit. Pel fiscal, les obres assenyalades són la Ciutat de la Justícia, la Línia 9 del metro, el revestiment de la Sèquia Bellet i un pavelló a Sant Cugat del Vallès.

Montull, per la seva banda, ha revelat detalls fins ara desconeguts dels moviments efectuats per la trama després que Hisenda obrís una inspecció al Palau per la quantitat sospitosa de diners en efectiu que movia la institució cultural. Després d'“una trucada” de Millet a CDC (no se sap amb qui va parlar), Montull ha explicat que Osàcar va lliurar al Palau un document amb les factures que s'havien de presentar a Hisenda per justificar els pagaments. El document aportat a la causa que ha confirmat Montull té el revelador nom de “factures convergents”. Segons l'exdirectora financera, un cop que Convergència els va lliurar aquestes factures, al Palau les van falsificar i van canviar-ne el nom per reutilitzar-les en diverses ocasions.

Explicacions de Mas i Gordó

Que Millet i Montull no hagin assenyalat a Mas –actual president del PDECat– ni a Gordó no fa que el cas Palau acabi per a tots dos exlíders de CDC. L'oposició en ple, tret de JxSí, ha reclamat que Mas i Gordó compareguin al Parlament. També la CUP, el partit que sosté el Govern de la coalició entre la nova Convergència i ERC. “Que ningú intenti blanquejar la corrupció a través del procés independentista”, ha avisat el diputat cupaire Benet Salellas. Per la seva banda, Mas farà una compareixença aquest dijous un cop acabin de declarar Osàcar, Jordi Montull, i l'exdirectora general del Palau, Rosa Garicano. Gordó, a més, està cada vegada més assenyalat en el cas del 3%.

Fonts judicials no esperen grans sorpreses de la declaració de Montull d'aquest dijous, més enllà que ratifiqui la confessió de la seva filla i de Millet. Montull és el més loquaç dels tres principals acusats: dimecres passat va pronosticar que aquesta setmana el judici seria “més divertit” i fa sis anys, després de declarar com a imputat, va al·legar que no hi havia “matat Kennedy”. Osàcar, previsiblement, ho negarà tot. Garicano és una incògnita.

Protestes per indefensió

Quina credibilitat donaran els jutges a la confessió de Millet i Montull? L'advocat Cristóbal Martell, que representa Pedro Buenaventura, un dels directius de Ferrovial encausats, ha protestat perquè, després de les noves revelacions, no ha pogut preguntar a Millet ni a Montull, cosa que ha considerat que deixa en situació d'indefensió a la seva client.

Martell també ha reclamat que es visionés un fragment de l'interrogatori de Montull com a imputada en veure contradiccions amb la seva declaració com acusada, sol·licitud a la qual s'han sumat Xavier Melero, advocat d'Osàcar i de CDC. La presidenta del tribunal, Montserrat Comas d'Argemir, ha rebutjat les dues peticions i ha afegit que el tribunal “valorarà totes les declaracions en la línia en què s'estan donant”. Una breu frase oberta a interpretacions. A la sortida de la Ciutat de la Justícia, Melero ha declarat: “Hi ha més alegria al cel per un pecador que es penedeix que per cent justos que se salven”.

Hará falta tiempo para valorar el alcance completo del terremoto que este miércoles han provocado Fèlix Millet y Gemma Montull. Tras la confesión de que Convergència recibió comisiones de Ferrovial a cambio de obra pública, los daños se concentran en la antigua CDC. Millet, desde su silla de ruedas, ha encendido el ventilador para esparcir las acusaciones que pesan sobre él, convirtiendo definitivamente el juicio al expolio del Palau en el juicio sobre la financiación ilegal de Convergència.

Sin embargo, el aire del ventilador se ha centrado en el partido y en el extesorero de CDC, el también acusado Daniel Osàcar. Ni rastro de los dirigentes políticos, como Artur Mas, Felip Puig o Germà Gordó, que comandaban la formación en el momento de las donaciones. El fiscal Emilio Sánchez Ulled ha preguntado por alguno de ellos, pero la claridad con la que Millet y Montull han avalado la financiación ilegal de CDC se ha convertido en desmemoria.

Millet ha dicho que no se acordaba de una reunión en el hotel Diplomatic de Barcelona anotada en su agenda con su mano derecha en el Palau, Jordi Montull; el exdiputado convergente Jaume Camps (exculpado de la causa al prescribir su delito; declarará como testigo); y Germà Gordó, actual diputado de JxSí y exgerente del partido.

Tampoco ha recordado si se vio con algún responsable de CDC en los meses que tardó Osàcar en asumir el cargo de tesorero tras la muerte en 2005 de su antecesor, Carles Torrent. Millet solo ha sacado a colación a Jordi Pujol para decir que compartió con él un viaje del Orfeó Català a México allá por los años 80.

Era previsible: el propio fiscal, en su escrito de acusación, lamentó no haber podido acreditar si Osàcar, Camps y Torrent habían recibido órdenes o el beneplácito de los responsables políticos del partido para que Convergència obtuviera 6,6 millones de Ferrovial a cambio de obras públicas. En consecuencia, a los acusados les bastaba con confirmar el relato del fiscal, sin ir más allá ni proporcionar nombres de fuera de la causa.

De ahí que Millet y Montull se hayan limitado a señalar que el “Daniel” que aparece en varios documentos de la causa es Daniel Osàcar, para quien el fiscal pide siete años y medio de cárcel.

Con sus palabras, Gemma Montull busca una rebaja en los 26 años de cárcel que pide para ella el fiscal, mientras que Millet pretende acortar su estancia en prisión consiguiendo más beneficios penitenciarios de los que disfrutará por su delicado estado de salud. De hecho, Millet ha instado al fiscal a que pregunte este jueves a Jordi Montull sobre los detalles de la operación para camuflar comisiones.

“Factures convergents”

Millet ha avalado las tres vías con las que Sánchez Ulled cree que la constructora hizo llegar los 6,6 millones a Convergència a través del Palau: primero con entregas de efectivo a los extesoreros, después con facturas falsas, y finalmente a través de un convenio entre el Palau y la Fundació Trias Fargas, vinculada a CDC. También ha reconocido que él y Montull se llevaban una parte de las comisiones.

Con todo, ha dicho desconocer a cambio de qué obras concretas Ferrovial pagaba el 4% de comisión, que posteriormente se repartían al 2,5% el partido, al 1% Millet y al 0,5% Montull. “Esto lo hablaban Ferrovial y Convergència”, ha añadido. Para el fiscal, las obras señaladas son la Ciudad de la Justicia, la Línea 9 del metro, el revestimiento de la Sèquia Bellet y un pabellón en Sant Cugat del Vallès.

Montull, por su lado, ha revelado detalles hasta ahora desconocidos de los movimientos efectuados por la trama después de que Hacienda abriera una inspección al Palau por la cantidad sospechosa de dinero en efectivo que movía la institución cultural.

Tras “una llamada” de Millet a CDC (no se sabe con quién habló), Montull ha explicado que Osàcar entregó al Palau un documento con las facturas que se tenían que presentar a Hacienda para justificar los pagos. El documento aportado a la causa que ha confirmado Montull tiene el revelador nombre de “factures convergents”. Según la exdirectora financiera, una vez que Convergència les entregó estas facturas, en el Palau las falsificaron y les cambiaron de nombre para reutilizarlas en varias ocasiones.

Explicaciones de Mas y Gordó

Que Millet y Montull no hayan señalado a Mas –actual presidente del PDECat– ni a Gordó no hace que el caso Palau termine para ambos exlíderes de CDC. La oposición en pleno, salvo JxSí, ha reclamado que Mas y Gordó comparezcan en el Parlament. También la CUP, el partido que sostiene al Govern de la coalición entre la nueva Convergència y ERC. “Que nadie intente blanquear la corrupción a través del proceso independentista”, ha avisado el diputado cupaire Benet Salellas.

Mas hará una comparecencia este jueves una vez terminen de declarar Osàcar, Jordi Montull, y la exdirectora general del Palau, Rosa Garicano. Gordó, además, está cada vez más señalado en el caso del 3%.

Fuentes judiciales no esperan grandes sorpresas de la declaración de Montull de este jueves, más allá de que ratifique la confesión de su hija y de Millet. Montull es el más locuaz de los tres principales acusados: el pasado miércoles pronosticó que esta semana el juicio sería “más divertido” y hace seis años, tras declarar como imputado, alegó que no había “matado a Kennedy”. Osàcar, previsiblemente, lo negará todo. Garicano es una incógnita.

Protestas por indefensión

¿Qué credibilidad darán los jueces a la confesión de Millet y Montull? El abogado Cristóbal Martell, que representa a Pedro Buenaventura, uno de los directivos de Ferrovial encausados, ha protestado porque, tras las nuevas revelaciones, no ha podido preguntar a Millet ni a Montull, lo que ha considerado que deja en situación de indefensión a su cliente.

Martell también ha reclamado que se visione un fragmento del interrogatorio de Montull como imputada al ver contradicciones con su declaración como acusada, solicitud a la que se han sumado Xavier Melero, abogado de Osàcar y de CDC. La presidenta del tribunal, Montserrat Comas d'Argemir, ha rechazado ambas peticiones y ha añadido que el tribunal “valorará todas las declaraciones en la línea en que se están dando”. Una escueta frase abierta a interpretaciones.

A la salida de la Ciutat de la Justicia, Melero ha declarado: “Hay más alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente que por cien justos que se salvan”.

“Ferrovial feia donacions a Convergència a canvi d'obra pública. Aquesta és la veritat”. Fèlix Millet, expresident del Palau de la Música, ha incriminat a Convergència en el cobrament de comissions a través de la institució cultural. L'exdirectora financera del Palau, Gemma Montull, ha seguit la mateixa línia: “Si Ferrovial passava diners a Convergència havia de ser a canvi d'alguna cosa”. El judici del cas Palau s'ha capgirat quan passava un minut de les onze del matí d'aquest dimecres, tot i que la confessió de Millet i Montull ha estat controlada: no han implicat en la trama a cap càrrec polític de Convergència.

És la primera vegada que Millet i Montull avalen la tesi del fiscal que Convergència es va finançar il·legalment a través del Palau de la Música. Al juliol es compliran vuit anys de l'esclat del cas, i fins ara Millet només havia reconegut, al setembre del 2009, que havia desviat 3,3 milions del Palau per al seu ús particular. En la seva declaració com a acusat, aquest dimecres ha reiterat que va gastar fons del Palau per pagar viatges personals, els casaments de les seves filles i obres a casa seva. “Però hi ha una cosa que no vaig dir a la meva confessió i és veritat: el tema de Convergència”, ha dit Millet.

Millet ha reconegut l'engranatge descrit en l'escrit d'acusació del fiscal Emilio Sánchez Ulled: Ferrovial feia una donació al Palau de la Música, i part de la mateixa se la repartien Millet i la seva mà dreta, Jordi Montull. La resta anava pels tresorers de CDC: Carles Torrent (mort en 2005) i Daniel Osàcar. Amb tot, ha evitat concretar si, com sosté el fiscal, la donació corresponia al 4% de l'import d'una obra pública encarregada a Ferrovial. “Això s'ho parlaven entre Ferrovial i Convergència. Els acords eren entre ells per unes obres determinades”, ha afirmat Millet.

Millet tampoc no ha inculpat a cap dirigent polític de Convergència en la trama, tot i la insistència del fiscal. S'ha limitat a assenyalar l'extresorer de CDC Daniel Osàcar (que també s'asseu a la banqueta i s'enfronta a set anys i mig de presó). “En els papers apareixen xifres i el nom de Daniel. Qui és?”, Ha preguntat Sánchez Ulled. “Daniel Osàcar”, ha respost Millet. En el mateix sentit s'ha expressat Gemma Montull, i ha assenyalat Osàcar com el destinatari dels “pagaments a Daniel” que apareixen en document del sumari.

Factures falses a instància de CDC

El fiscal Sánchez Ulled ha preguntat gairebé mitja hora sobre un document que es va trobar a l'ordinador de la secretaria de Millet. En ell apareixen les donacions de Ferrovial al Palau i com es repartien en pagaments Osàcar, pagaments a la fundació Trias Fargas de CDC i per a Millet i Montull. Segons el fiscal, del 4% d'una obra pública que Ferrovial abonava a través del Palau, el 2,5% acabava a CDC i l'1,5% anava per a Millet i Montull, que l'hi dividien al 80 i al 20%. Gemma Montull ha confirmat aquest repartiment.

A més, Gemma Montull ha confirmat que primer els lliuraments de diners es feien en efectiu al tresorer –el fiscal creu que d'aquesta manera van arribar a CDC més de la meitat dels 6,6 milions en comissions–, però que després el sistema va passar a basar-se en factures falses.

En aquest punt ha aportat una explicació rellevant, però també s'ha quedat a mitges. Montull ha assegurat que quan Hisenda va obrir una inspecció al Palau, Millet va trucar a Convergència i “va parlar amb algú” per trobar una manera de justificar les sortides d'efectiu cap al partit. Finalment, segons la seva versió, Osàcar va lliurar al Palau un document amb les factures falses que s'havien de fer servir com a justificant. Osàcar i Jordi Montull, el pare de la Gemma, declararan aquest dijous.

“L'error” del saqueig

Sobre el saqueig del Palau, que Hisenda xifra en 24 milions, Millet ha reconegut que es va autoimposar un bonus de 800.000 euros irregularment. També que va pagar amb diners de la institució 164.000 euros dels casaments de les seves filles al Palau –“va ser per fer publicitat del Palau”, ha al·lega– i viatges de luxe a Dubai, la Polinèsia i les Maldives. “Em vaig equivocar absolutament”, ha tancat. L'objectiu de Millet és aconseguir un atenuant per confessió o una rebaixa en la pena –el fiscal demana per a ell 27 anys i mig– que el salvi d'entrar a la presó.

No obstant això, no ha contestat a les preguntes del fiscal sobre les milionàries retirades d'efectiu dels comptes del Palau que van fer Millet i Montull. De fet, a dia d'avui no se sap on són 9 milions del saqueig que es van buidar en efectiu dels comptes de la institució. Així mateix, Millet ha trasllat la responsabilitat de la gestió financera del Palau a Jordi i Gemma Montull. “Es quedava els diners i ja està, no entra en els detalls”, ha llançat, irònic, Sánchez Ulled.

Per la seva banda, Montull, entre sanglots, ha assegurat que no s'ha quedat “ni un euro del Palau” i per això ha presentat davant el tribunal el document que va divulgar aquest diari la setmana passada, en què atribueix a Fèlix Millet 3,3 milions d'euros del saqueig.

Rebutjada la prescricipción d'Osàcar

Abans de la declaració de Millet, el tribunal ha resolt les qüestions prèvies que les parts van plantejar la setmana passada. La presidenta del tribunal, Montserrat Comas d'Argemir, ha estat l'encarregada de comunicar que Osàcar i els directius de Ferrovial, Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, hauran de seguir a la banqueta ja que els seus delictes no han prescrit.

Buenaventura i Elizaga havien sol·licitat la prescripció del delicte d'administració deslleial. El tribunal ha fet seu l'argument del ministeri fiscal per rebutjar la prescripció i ha recordat que l'administració deslleial no apareix en el marc de la gestió de Ferrovial, sinó en el context de finançament de Convergència. Per la seva banda, Osàcar va demanar quedar exculpat del delicte de tràfic d'influències -no del de blanqueo-, però el tribunal l'ha rebutjat perquè tots dos delictes estan en concurs i la prescripció que s'ha de valorar és la del blanqueig (deu anys).

“Ferrovial hacía donaciones a Convergència a cambio de obra pública. Esta es la verdad”. Fèlix Millet, expresidente del Palau de la Música, ha incriminado a Convergència en el cobro de comisiones a través de la institución cultural. La exdirectora financiera del Palau, Gemma Montull, ha seguido la misma línea: “Si Ferrovial pasaba dinero a Convergència debía ser a cambio de algo”. El juicio del caso Palau ha dado un vuelco cuando pasaba un minuto de las once de la mañana de este miércoles, aunque la confesión de Millet y Montull ha sido controlada: no han implicado en la trama a ningún cargo político de Convergència.

Es la primera vez que Millet y Montull avalan la tesis del fiscal de que Convergència se financió ilegalmente a través del Palau de la Música. Las comisiones de Ferrovial al partido, según el ministerio público, ascienden a 6,6 millones. En julio se cumplirán ocho años del estallido del caso, y hasta ahora Millet solo había reconocido, en septiembre de 2009, que había desviado 3,3 millones del Palau para su uso particular. En su declaración como acusado, este miércoles ha reiterado que se gastó fondos del Palau para pagar viajes personales, las bodas de sus hijas y obras en sus casas. “Pero hay algo que no dije en mi confesión y es verdad: el tema de Convergència”, ha dicho Millet.

Millet ha reconocido el engranaje descrito en el escrito de acusación del fiscal Emilio Sánchez Ulled: Ferrovial hacía una donación al Palau de la Música, y parte de la misma se la repartían Millet y su mano derecha, Jordi Montull. El resto iba para CDC a través de sus tesoreros: Carles Torrent (fallecido en 2005) y Daniel Osàcar, que también se sienta en el banquillo y se enfrenta a siete años y medio de prisión. Con todo, ha evitado concretar si, como sostiene el fiscal, la donación correspondía al 4% del importe de una obra pública encargada a Ferrovial. “Esto se lo hablaban entre Ferrovial y Convergència. Los acuerdos eran entre ellos por unas obras determinadas”, ha afirmado Millet.

Millet tampoco ha inculpado a ningún dirigente político de Convergència en la trama, pese a la insistencia del fiscal. Se ha limitado a señalar el extesorero de CDC. “En los papeles aparecen cifras y el nombre de Daniel. ¿Quién es?”, ha preguntado Sánchez Ulled. “Daniel Osàcar”, ha respondido Millet. En el mismo sentido se ha expresado Gemma Montull, y ha señalado a Osàcar como el destinatario de los “pagos a Daniel” que aparecen en documento del sumario.

Facturas falsas a instancias de CDC

El fiscal Sánchez Ulled ha preguntado casi media hora sobre un documento que se encontró en el ordenador de la secretaría de Millet. En él aparecen las donaciones de Ferrovial al Palau y cómo se repartían en pagos a Osàcar, a la fundación Trias Fargas de CDC y a Millet y Montull. Según el fiscal, del 4% de una obra pública que Ferrovial abonaba a través del Palau, el 2,5% terminaba en CDC y el 1,5% iba para Millet y Montull, que se lo dividían al 80 y al 20%. Gemma Montull ha confirmado este reparto.

Además, Gemma Montull ha confirmado que primero las entregas de dinero se hacían en efectivo al tesorero –el fiscal cree que de este modo llegaron a CDC más de la mitad de los 6,6 millones en comisiones–, pero que después el sistema pasó a basarse en facturas falsas.

En este punto ha aportado una explicación relevante, pero también se ha quedado a medias. Montull ha asegurado que cuando Hacienda abrió una inspección al Palau, Millet llamó a Convergència y “habló con alguien” para encontrar un modo de justificar las salidas de efectivo hacia el partido. Finalmente, según su versión, Osàcar entregó al Palau un documento con las facturas falsas que se tenían que usar como justificante. Osàcar y Jordi Montull, el padre de Gemma, declararán este jueves.

El “error” del saqueo

Sobre el saqueo del Palau, que Hacienda cifra en 24 millones, Millet ha reconocido que se autoimpuso un bonus de 800.000 euros irregularmente. También que pagó con dinero de la institución 164.000 euros de las bodas de sus hijas en el Palau –“fue para hacer publicidad del Palau”, ha alegado– y viajes de lujo a Dubai, la Polinesia y las Maldivas. “Me equivoqué absolutamente”, ha zanjado. El objetivo de Millet es lograr un atenuante por confesión o una rebaja en la pena –el fiscal pide para él 27 años y medio de cárcel– que le salve de entrar en prisión.

Sin embargo, no ha contestado a las preguntas del fiscal sobre las millonarias retiradas de efectivo de las cuentas del Palau que hicieron Millet y Montull. De hecho, a día de hoy no se sabe dónde están 9 millones del saqueo que se vaciaron en efectivo de las cuentas de la institución. Asimismo, Millet ha traslado la responsabilidad de la gestión financiera del Palau a Jordi y Gemma Montull. “Se quedaba el dinero y ya está, no entra en los detalles”, ha lanzado, irónico, Sánchez Ulled.

Por su lado, Montull, entre sollozos, ha asegurado que no se ha quedado “ni un euro del Palau y para ello ha presentado ante el tribunal el documento que divulgó este diario la semana pasada, en el que atribuye a Fèlix Millet 3,3 millones de euros del saqueo.

Rechazada la prescricipción de Osàcar

Antes de la declaración de Millet, el tribunal ha resuelto las cuestiones previas que las partes plantearon la semana pasada. La presidenta del tribunal, Montserrat Comas d'Argemir, ha sido la encargada de comunicar que Osàcar y los directivos de Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, tendrán que seguir en el banquillo pues sus delitos no han prescrito.

Buenaventura y Elizaga habían solicitado la prescripción del delito de administración desleal. El tribunal ha hecho suyo el argumento del ministerio fiscal para rechazar la prescripción y ha recordado que la administración desleal no aparece en el marco de la gestión de Ferrovial, sino en el contexto de financiación de Convergència. Por su parte, Osàcar pidió quedar exculpado del delito de tráfico de influencias –no del de blanqueo–, pero el tribunal lo ha rechazado porque ambos delitos están en concurso y la prescripción que se tiene que valorar es la del blanqueo (diez años).

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) viurà aquesta setmana una estació destacada en el seu particular viacrucis de la corrupció. Les negociacions de la Fiscalia amb Jordi i Gemma Montull perquè avalin que el partit es va finançar il·legalment a través del Palau de la Música han continuat des que la segona sessió del judici va acabar dijous passat i seguiran fins que aquest dimecres comenci la declaració dels acusats del cas Palau.

La peça clau en el tauler és Gemma Montull, exdirectora financera del Palau de la Música i per a qui la Fiscalia demana 26 anys de presó, un any i mig menys que la presó que sol·licita pel seu pare i pel totpoderós exlíder de la institució cultural, Fèlix Millet. Si es consuma l'acord amb el ministeri públic, Gemma Montull declararà en primer lloc en comptes de Millet, i ratificarà l'“acord criminal” descrit en l'acusació del fiscal Emilio Sánchez Ulled pel qual Ferrovial va pagar 6,6 milions d'euros a CDC en comissions il·legals a través del Palau per aconseguir contractes d'obra pública.

El pacte comportaria l'acord d'algunes preguntes. L'interrogatori del fiscal anticorrupció Emilio Sánchez Ulled a Gemma Montull es preveu que sigui tremendament minuciós i tan extens que podria ocupar tota la sessió de dimecres, cosa que deixaria la declaració de Fèlix Millet per dijous. Tot i que el partit al·legui que el relat de Gemma Montull obeeix a un intent desesperat d'alleujar la seva situació processal, la confirmació del finançament il·legal de CDC per part d'una de les principals implicades del cas causarà un terratrèmol polític de grans magnituds. L'oposició del Parlament ja es frega les mans.

Osàcar, assenyalat

Amb tot, els Montull no preveuen assenyalar cap polític de Convergència i, si es consuma la confessió, inculparan l'únic acusat del partit, el seu extresorer Daniel Osàcar, que afronta set anys i mig de presó. Perquè Gemma Montull aconsegueixi una rebaixa de la pena sol·licitada per la Fiscalia que la salvi de trepitjar la presó haurà de confirmar que el “Daniel” que apareix una vegada i una altra en els documents de la causa és Osàcar. Jordi Montull, segons les fonts consultades, ratificaria les paraules de la seva filla.

No s'anirà més enllà del relat acusatori del fiscal. Per tant, excepte sorpresa majúscula, no es podrà acreditar si Osàcar va rebre instruccions dels màxims responsables de CDC. A diferència de Millet i els Montull, Osàcar no va embutxacar-se ni un euro del Palau. Tot per i per al partit. Artur Mas va posar al 2015 la mà al foc per Osàcar, al qual s'ha vist cansat i decaigut en les primeres sessions del judici. Declararà després dels Montull i Millet.

La maniobra dels Montull ha agafat amb el pas canviat a qui va ser el capitost del Palau, Fèlix Millet. L'expresident del Palau també ha sondejat la Fiscalia, però té remotes possibilitats d'aconseguir una rebaixa en les penes per part de totes les acusacions –Fiscalia, el Consorci del Palau, la Fundació Orfeó Català, l'Advocacia de l'Estat i la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona. L'escenari per Jordi Montull es similar.

La partida de Millet es jugarà quan toqui sol·licitar els beneficis penitenciaris i escurçar la seva eventual estada a la presó. També intentarà convèncer el tribunal de l'atenuant de la confessió: dos mesos després d'esclatar el cas, va confessar haver-se dut 3,3 milions, xifra que Millet podria fer augmentar en la seva declaració com a acusat. Diverses acusacions no estan disposades a acceptar aquest reconeixement de l'espoli com una confessió que pugui comportar beneficis penitenciaris. Al judici s'ha arribat sense saber el destí de 9 dels 34 milions als quals ascendeix el saqueig, ja que els bancs no van proporcionar els resguards de les sortides d'efectiu.

El paper de Montull en camuflar les comissions

En l'engranatge de comissions de Ferovial a CDC a canvi d'obra pública, Sánchez Ulled sosté que Gemma Montull, com a directora financera del Palau, “controlava al seu gust tots els mecanismes” usats pel desviament de diners. “Va contribuir intencional i decisivament a la seva sofistifació”, afegeix el fiscal. Segons el fiscal, dels 6,6 milions desviats, 3,7 milions es van lliurar en efectiu Osàcar, i la resta es van camuflar en factures i convenis de col·laboració cultural “falsos” amb la Fundació Trias Fargas, vinculada a CDC.

En la partida dels Montull perquè Gemma no trepitgi la presó també ha cobrat importància la responsabilitat civil de més de 20 milions d'euros que demanen totes les acusacions. L'execució de la sentència ha de resoldre com es reparteix entre Millet, els Montull i Rosa Garicano, exdirectora financera del Palau, que ja tenen la major part dels seus béns embargats. A última hora, Gemma Montull ha presentat un document en el qual intenta demostrar que ella no va espoliar 3,3 milions del Palau, sinó que van anar a parar a despeses de Fèlix Millet.

També el dimecres, abans que comencin a declarar els acusats, el tribunal pot resoldre les qüestions prèvies plantejades, un tràmit que podria allargar-se perquè les parts al·legaran vulneració de drets fonamentals en funció del que decideixin els magistrats. Entre totes les qüestions prèvies plantejades destaquen la petició de prescripció per als dos directius de Ferrovial acusats. I l'exclusió com a prova, per haver-se trencat la cadena de custòdia, d'un CD amb diversos documents en què es va basar Hisenda per concloure que CDC es va finançar il·legalment a través del Palau. No obstant, el tribunal també podria dirimir algunes d'aquestes qüestions en la sentència.

Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) vivirá esta semana una estación destacada en su particular vía crucis de la corrupción. Las negociaciones de la Fiscalía con Jordi y Gemma Montull para que avalen que el partido se financió ilegalmente a través del Palau de la Música han continuado desde que la segunda sesión del juicio terminó el pasado jueves y seguirán hasta que este miércoles empiece la declaración de los acusados del caso Palau.

La pieza clave en el tablero es Gemma Montull, exdirectora financiera del Palau de la Música y para quien la Fiscalía pide 26 años de prisión, uno año y medio menos que la cárcel que solicita para su padre y para el todopoderoso exlíder de la institución cultural, Fèlix Millet. Si se consuma el acuerdo con el ministerio público, Gemma Montull declarará en primer lugar en vez de Millet, y ratificará el “acuerdo criminal” descrito en la acusación del fiscal Emilio Sánchez Ulled por el que Ferrovial pagó 6,6 millones de euros a CDC en comisiones ilegales a través del Palau para lograr contratos de obra pública.

El pacto comportaría el acuerdo de algunas preguntas. El interrogatorio del fiscal anticorrupción Emilio Sánchez Ulled a Gemma Montull se prevé que sea tremendamente minucioso y tan extenso que podría ocupar toda la sesión del miércoles. Esto dejaría la declaración de Fèlix Millet para el jueves.

Aunque el partido alegue que el relato de Gemma Montull obedece a un intento desesperado de aliviar su situación procesal, la confirmación de la financiación ilegal de CDC por parte de una de las principales implicadas del caso causará un terremoto político de grandes magnitudes. La oposición del Parlament ya se frota las manos. 

Osàcar, señalado

Con todo, los Montull no prevén señalar a ningún político de Convergència y, si se consuma la confesión, inculparán al único acusado del partido, su extesorero Daniel Osàcar, que afronta siete años y medio de prisión. Para que Gemma Montull logre una rebaja de la pena solicitada por la Fiscalía que la salve de pisar la cárcel, tendrá que confirmar que el “Daniel” que aparece una y otra vez en los documentos de la causa es Osàcar. Jordi Montull, según las fuentes consultadas, ratificaría las palabras de su hija. 

No se irá más allá del relato acusatorio del fiscal. Por lo tanto, salvo sorpresa mayúscula, no se podrá acreditar si Osàcar recibió instrucciones de los máximos responsables de CDC. A diferencia de Millet y los Montull, Osàcar no se llevó al bolsillo ni un euro del Palau. Todo por y para el partido. Artur Mas puso en 2015 la mano en el fuego por Osàcar, al que se ha visto cansado y decaído en las primeras sesiones del juicio. Declarará después de los Montull y Millet.

La maniobra de los Montull ha cogido con el paso cambiado al que fuera el mandamás del Palau, Fèlix Millet. El expresidente de la institución también ha sondeado a la Fiscalía, pero tiene remotas posibilidades de lograr una rebaja en las penas por parte de todas las acusaciones, que, además de la Fiscalía, son el Consorcio del Palau, la Fundació Orfeó Català, la Abogacía del Estado y la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona. El escenario para Jordi Montull es similar.

La partida de Millet se jugará cuando toque solicitar los beneficios penitenciarios y acortar su eventual estancia en prisión. También intentará convencer al tribunal del atenuante de la confesión: dos meses después de estallar el caso, confesó haberse llevado 3,3 millones, cifra que Millet podría hacer aumentar en su declaración como acusado.

Varias de las acusaciones no están dispuestas a aceptar este reconocimiento del expolio como una confesión que pueda comportar beneficios penitenciarios. Al juicio se ha llegado sin saber el destino de 9 de los 34 millones a los que asciende el saqueo, pues los bancos no proporcionaron los resguardos de las salidas de efectivo.

El papel de Montull en camuflar las comisiones

En el engranaje de comisiones de Ferovial a CDC a cambio de obra pública, Sánchez Ulled sostiene que Gemma Montull, como directora financiera del Palau, “controlaba a su gusto todos los mecanismos” usados para el desvío de dinero. “Contribuyó intencional y decisivamente a su sofisticación”, añade el fiscal. Según el fiscal, de los 6,6 millones desviados, 3,7 millones se entregaron en efectivo a Osàcar, y el resto se camufló en facturas “mendaces” de empresas y convenios de colaboración cultural “falsos” con la Fundación Trias Fargas, vinculada a CDC.

En la partida de los Montull para que Gemma no pise la cárcel también ha cobrado importancia la responsabilidad civil de más de 20 millones de euros que piden todas las acusaciones. La ejecución de la sentencia resolverá cómo se reparte entre Millet, los Montull y Rosa Garicano, exdirectora financiera del Palau, que ya tienen la mayor parte de sus bienes embargados. A última hora, Gemma Montull ha presentado un documento en el que intenta demostrar que ella no expolió 3,3 millones del Palau, sino que fueron a parar a gastos de Fèlix Millet.

También el miércoles, antes de que empiecen a declarar los acusados, el tribunal puede resolver las cuestiones previas planteadas, un trámite que podría alargarse porque las partes alegarán vulneración de derechos fundamentales en función de lo que decidan los magistrados.

Entre todas las cuestiones previas planteadas destacan la petición de prescripción para los dos directivos de Ferrovial acusados. Y la exclusión como prueba, por haberse roto la cadena de custodia, de un CD con varios documentos en los que se basó Hacienda para concluir que CDC se financió ilegalmente a través del Palau. No obstante, el tribunal también podría dirimir algunas de estas cuestiones en la sentencia.

Gemma Montull, exdirectora financera del Palau de la Música, no vol trepitjar la presó. La filla de l'exnúmero dos del Palau, Jordi Montull, va presentar aquest dimecres a la sala un document per intentar demostrar que 3,2 milions dels quals se l'acusa d'haver-se apropiat en realitat van ser espoliats per Fèlix Millet, l'expresident de la institució cultural i principal acusat. El fiscal Emilio Sánchez Ulled demana per a Gemma Montull 26 anys de presó.

En el document es registren 22 retirades de diners en efectiu entre 2004 i de 2007 d'un compte de Caixa Manresa. Ja formaven part de la causa però estaven atribuïdes a Gemma Montull. Ara l'exdirectora financera del Palau busca que sigui Millet qui carregui amb elles, ja que sosté que els milions no els va gastar ella sinó que van anar a anar a parar a despeses de l'expresident del Palau o a la caixa de seguretat o als comptes de Millet.

Segons el document, 1,5 dels 3,2 milions van anar a parar al registre comptable personal de Fèlix Millet, sense més detall sobre com es van gastar finalment. A més, el saqueig que Gemma Montull atribueix ara a l'exlíder del Palau va servir per comprar d'obres d'art, entre elles un quadre de Ramon Casas de 360.607 euros; i dos viatges per valor de 50.580,97 i 75.751 euros respectivament. Altres 36.606 euros es van destinar a “Fèlix vacances”.

Els diners també es va destinar a compres i a omplir la caixa de seguretat de Fèlix Millet al Palau. Així mateix, en el document aportat per la filla de Jordi Montull també figuren moviments sense justificar. És el cas d'un pagament a “Papitu Solans” de 120.202 euros.

En paral·lel a aquesta estratègia per lliurar-se de l'acusació pel saqueig del Palau, Gemma Montull manté converses amb la Fiscalia per confessar dimecres que ve que Convergència va fer servir el Palau de tapadora per rebre comissions de Ferrovial a canvi d'una rebaixa en la condemna per a Gemma Montull que li lliure de trepitjar la presó.

La manera en què ho faran encara està per definir, tot i que fonts judicials apunten que serà la filla de Montull, exdirectora financera del Palau per a qui el fiscal Emilio Sánchez Ulled demana 26 anys de presó, la que porti la veu cantant. Un cop els Montull han decidit estirar de la manta, ara Millet també vol sumar-se al pacte per no quedar-se sol, tot i que la Fiscalia en té prou amb la confessió de Jordi i Gemma Montull.

Primer absolt del cas Palau

La jornada d'aquest dijous també ha portat el primer absolt del cas Palau. El tribunal ha exculpat Ramon Marc Martí, administrador de l'empresa Publiciutat, perquè el delicte de falsedat documental del qual estava acusat ha prescrit. L'última factura de 50.000 euros de la societat de l'acusat del Palau de la Música, que el fiscal sosté que va servir després per finançar irregularment a Convergència, està datada el 5 de setembre de 2007. L'empresari va ser imputat el 25 de setembre de 2012, pel que per només vint dies es compleix el termini de cinc anys necessaris per a la prescripció del delicte. Els 15 acusats que queden començaran a declarar dimecres que ve.

La sessió d'aquest dijous, que ha durat poc més de dues hores, ha servit perquè les parts acabin d'exposar les seves qüestions prèvies. Igual que aquest dimecres, el més interessant no ho han pogut captar les càmeres ni els micròfons. Fèlix Millet i Jordi Montull, exgestors i saquejadors confessos del Palau, han continuat durant els 25 minuts de recés la conversa que van començar ahir després d'un biombo de l'entrada de l'auditori de la Ciutat de la Justícia on se celebra el judici.

Aquest dijous Montull parlava recolzat en una de les butaques vermelles de l'auditori, i Millet, des de la seva cadira de rodes, escoltava, assentia, i contestava amb poques paraules a qui va ser la seva mà dreta. Ni Fèlix Millet ni Jordi Montull han plantejat la prescripció de cap dels set delictes dels quals estan acusats pels quals s'enfronten a 27 anys de presó.

Més qüestions prèvies

Sí que havien demanat la prescripció del delicte de tràfic d'influències l'extresorer de CDC, Daniel Osàcar -per a qui el fiscal demana a més sis anys de presó per blanqueig. Per la seva banda, els exdirectius de Ferrovial, Pedro Buenaventura i Juan Elizaga, havien sol·licitat la prescripció del delicte d'administració deslleial. El fiscal creu que Ferrovial va pagar a través del Palau 6,6 milions d'euros en comissions a canvi d'obra pública.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled i l'acusació popular exercida per la Federació d'Associacions de Veïns de Barcelona s'han oposat a la prescripció de dos delictes. “L'administració deslleial no apareix en el marc de la gestió de l'empresa, sinó en el context de finançament d'un partit”, ha dit Sánchez Ulled per rebutjar la petició dels directius. Sobre Osàcar, el fiscal s'ha oposat a la prescripció perquè, segons la seva opinió, hi ha una “connexió natural” entre el delicte de tràfic i el de blanqueig, i la prescripció d'aquest últim és de deu anys.

D'altra banda, Sánchez Ulled també ha rebutjat les tesis de la defensa dels directius de Ferrovial que es va trencar la cadena de custòdia en una de les proves clau del cas, un CD amb diversos documents en què es va basar Hisenda per concloure que CDC es va finançar il·legalment a través del Palau. Ha al·legat que, malgrat que aquest disc es va ratllar, els pèrits havien fet una còpia al seu ordinador dels arxius, i posteriorment el jutge els va obtenir de nou a través d'un document notarial que va encarregar la direcció del Palau de l'etapa postMillet

Gemma Montull, exdirectora financiera del Palau de la Música, no quiere pisar la cárcel. La hija del exnúmero dos del Palau, Jordi Montull, presentó este miércoles a la sala un documento para intentar demostrar que 3,2 millones de los que se la acusa de haberse apropiado en realidad fueron expoliados por Fèlix Millet, el expresidente de la institución cultural y principal acusado. El fiscal Emilio Sánchez Ulled pide para Gemma Montull 26 años de prisión.

En el documento se registran 22 retiradas de dinero en efectivo entre 2004 y 2007 de una cuenta de Caixa Manresa. Ya formaban parte de la causa pero estaban atribuidas a Gemma Montull. Ahora la exdirectora financiera del Palau busca que sea Millet quien cargue con ellas, ya que sostiene que los millones no los gastó ella sinó que fueron a a parar a gastos del expresidente del Palau o a la caja de seguridad o a las cuentas de Millet.

Según el documento, 1,5 de los 3,2 millones fueron a parar al registro contable personal de Fèlix Millet, sin más detalle sobre cómo se gastaron finalmente. Además, el saqueo que Gemma Montull atribuye ahora al ex líder del Palau sirvió para comprar de obras de arte, entre ellas un cuadro de Ramon Casas de 360.607 euros; y dos viajes por valor de 50.580,97 y 75.751 euros respectivamente. Otros 36.606 euros se destinaron a “Fèlix vacaciones”.

El dinero también se destinó a compras y a llenar la caja de seguridad de Fèlix Millet en el Palau. Asimismo, en el documento aportado por la hija de Jordi Montull también figuran movimientos sin justificar. Es el caso de un pago a “Papitu Solans” de 120.202 euros.

En paralelo a esta estrategia para librarse de la acusación por el saqueo del Palau, Gemma Montull mantiene conversaciones con la Fiscalía para confesar que Convergència usó al Palau de tapadera para recibir comisiones de Ferrovial a cambio de una rebaja en la condena de 26 años de cárcel.

La manera en que lo harán todavía está por definir, aunque fuentes judiciales apuntan a que será la hija de Montull, exdirectora financiera del Palau para quien la Fiscalía pide 26 años de cárcel, la que lleve la voz cantante. Una vez los Montull han decidido tirar de la manta, ahora Millet también quiere sumarse al pacto para no quedarse solo, aunque a la Fiscalía le basta con la confesión de Jordi y Gemma Montull.

Primer absuelto del caso Palau

La jornada de este jueves también ha traído el primer absuelto del caso Palau. El tribunal ha exculpado a Ramon Marc Martí, administrador de la empresa Publiciutat, porque el delito de falsedad documental del que estaba acusado ha prescrito. La última factura de 50.000 euros de la sociedad del acusado al Palau de la Música, que el fiscal sostiene que sirvió después para financiar irregularmente a Convergència, está fechada el 5 de septiembre de 2007. El empresario fue imputado el 25 de septiembre de 2012, por lo que por solo veinte días se cumple el plazo de cinco años necesarios para la prescripción del delito. Los 15 acusados que quedan empezarán a declarar el próximo miércoles.

La sesión de este jueves, que ha durado poco más de dos horas, ha servido para que las partes terminen de exponer sus cuestiones previas. Igual que este miércoles, lo más interesante no lo han podido captar las cámaras ni los micrófonos. Fèlix Millet y Jordi Montull, exgestores y saqueadores confesos del Palau, han continuado durante los 25 minutos de receso la conversación que iniciaron ayer tras un biombo de la entrada del auditorio de la Ciutat de la Justicia donde se celebra el juicio. Este jueves Montull hablaba apoyado en una de las butacas rojas del auditorio, y Millet, desde su silla de ruedas, escuchaba, asentía, y contestaba con pocas palabras al que fuera su mano derecha. Ni Fèlix Millet ni Jordi Montull han planteado la prescripción de ninguno de los siete delitos de los que están acusados por los que se enfrentan a 27 años de prisión.

Más cuestiones previas

Sí habían pedido la prescripción del delito de tráfico de influencias el extesorero de CDC, Daniel Osàcar –para quien el fiscal pide además seis años de cárcel por blanqueo. Por su lado, los exdirectivos de Ferrovial, Pedro Buenaventura y Juan Elizaga, habían solicitado la prescripción del delito de administración desleal. El fiscal cree que Ferrovial pagó a través del Palau 6,6 millones de euros en comisiones a cambio de obra pública.

El fiscal Emilio Sánchez Ulled y la acusación popular ejercida por la Federación de Asociaciones de Vecinos de Barcelona se han opuesto a la prescripción de ambos delitos. “La administración desleal no aparece en el marco de la gestión de la empresa, sino en el contexto de financiación de un partido”, ha dicho Sánchez Ulled para rechazar la petición de los directivos. Sobre Osàcar, el fiscal se ha opuesto a la prescripción porque, a su juicio, existe una “conexión natural” entre el delito de tráfico y el de blanqueo, y la prescripción de este último es de diez años.

Por otra parte, Sánchez Ulled también ha rechazado las tesis de la defensa de los directivos de Ferrovial de que se rompió la cadena de custodia en una de las pruebas clave del caso, un CD con varios documentos en los que se basó Hacienda para concluir que CDC se financió ilegalmente a través del Palau. Ha alegado que, pese a que ese disco se rayó, los peritos habían hecho una copia en su ordenador de los archivos, y posteriormente el juez los obtuvo de nuevo a través de un documento notarial que encargó la dirección del Palau de la etapa postMillet.