El primer proyecto de ley del Partido Popular al frente del Gobierno de Cantabria después de año y medio de mandato arrastra reparos legales desde el propio seno del Ejecutivo autonómico. La Ley de Simplificación Administrativa, una de las normativas estrella del Gobierno que preside María José Sáenz de Buruaga (PP), cuenta con un informe desfavorable de la Consejería de Presidencia, departamento promotor de la misma.

En concreto, el asesor jurídico de la Consejería que dirige Isabel Urrutia (PP) advierte de la posible “inconstitucionalidad” de la citada ley por su “manifiesta violación del reparto competencial constitucionalmente establecido”. Así, Jorge Fondevila Antolín, en un escrito consultado por elDiario.es, hace referencia a la “imposición indiscriminada” de declaraciones responsables y comunicaciones en el ámbito local, que excedería las competencias autonómicas, y a la “vulneración de la autonomía financiera local” mediante la centralización de la gestión de tasas municipales.

“El artículo 27 establece un concreto procedimiento de gestión exclusivamente para las Entidades Locales, y por otro, la imposición del uso de la 'declaración responsable' y la 'comunicación' a las Entidades Locales, de forma general e indiscriminada a toda actividad. Los términos concretos de esta regulación exceden de forma clara y manifiesta las competencias autonómicas a este respecto”, señala el documento.

“El artículo 25, que establece la unificación de solicitudes con devengo de tasas, en su redacción al referirse a los 'sujetos incluidos en el ámbito de aplicación de esta Ley', salvo que se modifique el artículo 2º en los términos expuestos, supone una manifiesta violación de la 'autonomía financiera local', que, como ya hemos expuesto anteriormente, reserva en exclusiva a las entidades locales la gestión de su recaudación tributaria”, recoge también el informe.

El proyecto de ley, aprobado por el Ejecutivo autonómico el pasado mes de octubre, tiene como objetivo declarado “reducir y agilizar los procedimientos administrativos” de ciudadanos y empresas ante la Administración autonómica, pero también ante las administraciones locales y empresas y entes públicos asociados a las mismas.

Y precisamente uno de los instrumentos propuestos en la normativa para lograr que se agilicen los trámites es el uso de las declaraciones responsables en sustitución de licencias y autorizaciones, de manera que el interesado en impulsar un negocio no requerirá de la autorización previa de su ayuntamiento, sino que directamente dará cuenta de que cumple con los requisitos para ello, mientras que la Administración podrá corroborarlo con posterioridad mediante inspecciones.

Según el informe desfavorable citado anteriormente, en el texto de la ley “se impone un régimen procedimental común y general de uso de la 'declaración responsable' y la 'comunicación', y la Comunidad Autónoma no cuenta con título competencial ni legal al respecto”. No obstante, la normativa se encuentra en tramitación parlamentaria, en concreto en el periodo de comparecencias.

Informe alternativo

Posteriormente, en contraposición al reparo jurídico emitido por el asesor de la Consejería de Presidencia, el director general del Servicio Jurídico, Fernando José de la Fuente Ruiz, ha redactado otro informe en el que asegura que no aprecia un “desbordamiento” de las competencias autonómicas ni una violación directa de la legislación básica estatal. “No se advierte ninguna tacha de inconstitucionalidad por desbordamiento de las competencias autonómicas para invadir ya la legislación básica, ya la autonomía local constitucionalmente garantizada”, apunta.

En este sentido, no considera que el uso de la declaración responsable sea, en sí mismo, inconstitucional, siempre que se limite al ámbito competencial autonómico. “La proyección de la regulación [de los instrumentos de la 'declaración responsable' y de la 'comunicación'], por la Ley autonómica debe limitarse a su propia Administración, al ámbito autonómico de actuación. Así pues, el desarrollo normativo de lo básico que puede llevar a cabo la Comunidad Autónoma ha de limitarse a su propio ámbito competencial, con exclusión del ámbito local”, recoge el texto también consultado por este periódico.

Según fuentes parlamentarias, es la primera vez que se remite a la Cámara cántabra una ley con el informe jurídico en contra del asesor de la Consejería que presenta la ley. “Es normal que las asesorías emitan informes jurídicos que luego tengan que ser corregidos por la dirección jurídica, que es la que engloba todo, pero es la primera vez que pasa que la dirección jurídica tenga que justificar el por qué hay un informe en contra”, explican en declaraciones a este medio esas mismas fuentes. Y es que el procedimiento normal consiste en que la dirección jurídica emita un informe favorable previa corrección de los reparos por parte de la Consejería.

Rechazo de la oposición

A pesar de los reparos del asesor de la Consejería de Presidencia, este no es el principal escollo que tiene actualmente la Ley de Simplificación Administrativa para salir adelante. Y es que la oposición rechaza que a través de la misma, el Ejecutivo de Buruaga pretenda modificar la Ley del Suelo para incluir la posibilidad de construir vivienda libre en los Planes Singulares de Interés Regional (PSIR). “Es el pelotazo de la legislatura”, denunció el PRC hace unos días, tras criticar la intención de los populares de “colar por la puerta de atrás” esta reforma.

Así, el Gobierno del PP, en minoría parlamentaria, pierde en esta ocasión el que ha sido su socio preferente para sacar adelante tanto la investidura como dos presupuestos. El PSOE también se ha posicionado en contra de la medida: “Abre la puerta a futuros pelotazos que lamentablemente ya conocemos en Cantabria y de los que nos podamos arrepentir en el futuro”. Y la extrema derecha de Vox está sopesando si apoyar o no la aprobación de la normativa precisamente por esta modificación urbanística. El Gobierno, por su parte, defiende que la ley “es buena” y asegura que “va a luchar” para que salga adelante tal y como está.

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha anunciado en el inicio del curso político el recurso de inconstitucionalidad a la Ley de Amnistía que va a presentar el Ejecutivo aragonés. Azcón ha explicado que este recurso de interpondrá “de forma inmediata” tras aprobarse en el Consejo de Gobierno y que se han basado en los informes del consejo consultivo de Aragón y el informe de la Letrada de las Cortes de Aragón.

Azcón ha dicho que lo que ocurrió en Cataluña fue “un golpe de estado, los fiscales del Tribunal Supremo han llamado golpe de estado a lo que ocurrió en Cataluña. Es como se ha calificado juridicamente a nuestro sistema judicial a lo que ocurrió en Cataluña. Yo creo que un golpe de estado no merece ser amnistiado”.

Ha añadido que “los independentistas no quieren dejar de serlo” tras la salida de Puigdemont de España eludiendo a los Mossos: “Se vuelve a fugar de nuestro país, vuelve a burlarse del gobierno, del Pedro Sánchez, del PSOE, para decir que sus convicciones de volver a realizar un golpe de estado están más vivas que nunca”.

Por último, Azcón ha dicho que la actualidad política de Cataluña va a marcar el debate al que se suma el tema de la financiación “privilegiada que Pedro Sánchez va a darle a Cataluña, que significa un atentado contra la solidaridad, contra la constitucion, contra la ley y contra la igualdad”. A este respecto Azcón ha adelantado que el próximo 12 de septiembre se va realizar una comparecencia para tratar de llegar a un gran acuerdo de todos los grupos para “defender la solidaridad y la igualdad, esto significa estar en contra de esta financiación especial”.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ha anunciado este martes tras en Consejo de Ministros que el ministerio de Igualdad interpondrá dos recursos de inconstitucionalidad contra la Comunidad de Madrid por los recortes de derechos las leyes LGTBI. “Desde el momento que se interponen esos recursos las leyes afectadas quedan paralizadas”, ha señalado la portavoz.

El anuncio se produce conjuntamente con la declaración institucional que ha aprobado el Gobierno, esencialmente con el ministerio de Igualdad, con motivo el día internacional del orgullo LGTBI del próximo 28 de junio.

El pasado diciembre, la mayoría absoluta del PP en la Asamblea de Madrid eliminó de la ley trans regional (aprobada en 2016) el concepto identidad de género, se marcó que los menores deberán pasar por un examen de pediatras antes de recibir tratamiento y se explicitó que la atención psicológica o las valoraciones psiquiátricas no serían muestra de discriminación. En educación se eliminaron los contenidos relativos a las personas trans de los currículos.

En el artículo 23 de la ley de 2016, aprobada con consenso incluso con los votos del PP, se especificaba que debía respetarse “la imagen física del alumnado trans” y de la “libre elección de su indumentaria”. Pero en su modificación el equipo de Ayuso añadió una condición que trata de ponerle fin: “Sin menoscabo del debido respeto al resto de alumnos y las normas del centro educativo”.

La norma anterior recogía el derecho de las personas trans a acceder a “las instalaciones” de los centros educativos “de acuerdo con su identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios”. Con la modificación del PP se reescribió: “Si realizan actividades diferenciadas por sexo, se garantizarán las necesidades del alumno transexual, sin menoscabo de los derechos y la intimidad de los demás alumnos, especialmente de las chicas”.

En el caso de la ley ante la LGTBIfobia (aprobada también por consenso en 2016) se retocaron aspectos sanitarios, organismos como el Consejo LGTBI de la Comunidad o el régimen sancionador. Una de las partes centrales de la reforma fue el ámbito educativo, que concentró cinco de los veinte artículos derogados, entre ellos el que atajaba el acoso escolar. En concreto, se eliminó el plan contra el acoso a los alumnos LGTBI sale de los currículos en los centros educativos. Tampoco medios de comunicación públicos, es decir Telemadrid y Onda Madrid, tienen que contribuir a dar visibilidad a la diversidad sexual desde la aprobación de la reforma.

“Este gobierno considera que los derechos de las personas trans no pueden esperar y se debe garantizar que se lleven a cabo en todo el territorio”, ha comenzado a explicar la ministra de Igualdad, Ana Redondo, que ha asegurado que “las disposiciones de la Comunidad de Madrid son una limitación de derechos en el reconocimiento trans y LGBTI”. “Las comunidades autónomas deberían haber ampliado los derechos de la ley estatal, sin embargo, las de la Comunidad de Madrid son claramente regresivas, los limitan y vulneran”.

Cuatro motivos para la inconstitucionalidad

Los recursos del Gobierno ante el constitucional se fundamentan en cuatro motivos que ha desarrollado la ministra Igualdad. Primero, el Gobierno impugnará “la excepción que se hace de la prohibición absoluta de las terapias de conversión que, permitiendo la evaluación psicológica o psiquiátrica, a menudo son formas encubiertas de pseudoterapias”.

Segundo, la patologización que se hace de los menores trans y las condiciones para que estos puedan comenzar el tratamiento de transición. Tercero, se va a recurrir la “contraposición discriminatoria” que hace la ley de las personas trans frente a las mujeres y niñas cuando se les permite usar espacios o equipamientos “sin menoscabo de los derechos e intimidad del resto de usuarios, especialmente de las niñas y mujeres”.

Por último, el Gobierno también considera que la norma de la Comunidad de Madrid invade las competencias exclusivas del Estado en materia procesal y de procedimiento administrativo al excluir a las organizaciones LGTBI de la condición de interesados en procedimientos penales y administrativos.

Además, Redondo ha asegurado que “no ha sido posible llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid” y que la suspensión supondría la prohibición de las terapias de conversión y que los menores que no necesiten ni un informe médico favorable, ni un acompañamiento psicológico o psiquiátrico, para acceder a un tratamiento farmacológico.

El presidente del Ejecutivo murciano, Fernando López Miras, ha anunciado este martes tras una reunión extraordinaria del Consejo de Gobierno que sus servicios jurídicos van a presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía en el Tribunal Constitucional, “un segundo después de que sea aprobada”. López Miras lo ha comunicado este martes, un día después de que se registrara en el Congreso de los Diputados la Ley Orgánica de Amnistía para la normalización institucional, política y social en Cataluña. “Estamos ante un claro retroceso democrático y una pérdida de calidad de nuestra democracia”, ha considerado el jefe del Gobierno murciano, quien ha señalado que “con la ley de amnistía se entierra el espíritu de convivencia que nos ha fortalecido como país en los últimos 45 años, y se abre una situación de polarización en la sociedad, de enfrentamiento y de radicalización de las posturas no solo en las instituciones, sino en la calle”.

Al anuncio de López Miras se ha sumado también este martes el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno, quien ha hecho público que ha encargado al gabinete jurídico de su Gobierno que estudie y formalice un recurso ante el Tribunal Constitucional (TC) contra la proposición de ley de amnistía, registrada hace 24 horas por el PSOE en el Congreso.

López Miras la ha calificado como la ley de la “discordia” y la “división”, “una ley que contempla privilegios para unos pocos y desigualdad para la mayoría, que es igual de inconstitucional hoy que antes del 23J y que se traduce en que aquellos que cometieron un delito puedan volver a hacerlo con total impunidad para que el candidato a la presidencia del Gobierno de la Nación pueda seguir siéndolo a toda costa”.

“La Constitución cuenta con mecanismos de defensa para evitar su incumplimiento y garantiza que si alguien quiere modificar su contenido debe ceñirse a un procedimiento reglado que, indudablemente, no pasa por incumplirla, sino por contar con una amplia mayoría que, evidentemente, no se da, y con la participación y la decisión del conjunto de la ciudadanía a la que ahora se priva de ese derecho”.

En la declaración institucional que ha leído el presidente, se expresa la “preocupación” de las instituciones europeas por la ley de amnistía, una medida “que va mucho más allá de la política y que implica el sometimiento de la justicia a la decisiones del poder político”. Además, según ha afirmado López Miras, “las pensiones, la formación universitaria, la red de ferrocarriles, la cesión de la totalidad de los impuestos a unas regiones o la condonación de la deuda; todo ello quiebra la solidaridad nacional y va a suponer, ya a corto plazo, un enorme perjuicio para el millón y medio de españoles que viven en la Región de Murcia”.

La mayoría de las Corts valencianas piden al Gobierno que retire los recursos de incosntitucionalidad a las leyes aprobadas por esta cámara contra la pobreza energética y por la función social de la vivienda. PSPV, Compromís y Podemos han aprobado una iniciativa que insta al Consell a realizar esta exigencia al Ejecutivo central, que llevó al Tribunal Constitucional ambas leyes por extralimitación competencial e invasión de las competencias estatales. Los tres partidos critican la deriva centralista del Gobierno, mientras que PP y Ciudadanos no han apoyado esta iniciativa, respaldando el argumento del Ejecutivo central.

El consejo de ministros aprobó la primera semana de noviembre la impugnación de las normas aprobadas por las Cortes con un amplio consenso. Según argumentó, la ley de pobreza energética establece un procedimiento que contradice los plazos previstos en la normativa estatal para el corte de suministro e incide además sobre el régimen económico del sistema energético al mantener el suministro sin retribución del suministrador -evitar los cortes de luz, gas, etc-.

Respecto a la norma que evita los desahucios, el Gobierno considera que invade las competencias estatales en materia de régimen del derecho de propiedad, de legislación procesal y civil, “bases de la ordenación de crédito, banca y seguros” y “bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica”.

La diputada de Compromís encargada de defender la medida, Maria José Ortega, ha criticado que a la infrafinanciación y déficit de inversiones se una “el menosprecio político y social” del Gobierno central. “Sólo falta que recuerde que continúa vivo el Decreto de Nueva Planta”, ha insistido.

Antonio Montiel, diputado de Podemos, considera que el PP “no entiende el Estado de las Autonomías”. El parlamentario ha puesto de ejemplo que el Ejecutivo impugnó entre 2006 y 2015 un cerca de 40 leyes, “produciendo independentistas” y en dos años y medio lleva 10 en la Comunitat, por lo que duda sobre si “a este ritmo, no sé si quieren fabricar también independentistas en la Comunitat Valenciana”. “Nosotros no”, ha agregado.

El síndic socialista, Manolo Mata, ha criticado la “manipulación de la interpretación del papel del Tribunal Constitucional desde hace años” como “legislador negativo aprovechado en exceso” y ha advertido de que “se está aniquilando el Estado de las Autonomías por la vía de hecho”.

A instancias de la formación morada, se insta al presidente de la Generalitat, Ximo Puig, a poner en marcha los mecanismos necesarios para pedir la convocatoria de una reunión extraordinaria de la Conferencia de Presidentes para estudiar la “situación de deficiente articulación entre los diferentes territorios autonómicos y el Gobierno y poner medidas claras para revertir el proceso de recentralización del sistema político territorial de España”.

Podemos ha valorado que el Tribunal Constitucional (TC) haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la conocida como ley de las islas verdes, promovido por más de 50 diputados del Grupo Parlamentario Unidos Podemos – En Comú Podem – En Marea.

El Grupo Parlamentario Podemos presentó, además, un recurso de amparo a esta normativa al entender que se habían vulnerado sus derechos como cargos públicos, que también ha sido admitido a trámite.

En el último recurso, Podemos considera que se incumplen los preceptos constitucionales en los artículos 3 y 4, así como en las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera de la Ley 2/2016, de 27 de septiembre, que modifica la ley de ordenación territorial de la actividad turística en las islas de El Hierro, La Gomera y La Palma.

La diputada Carmen Valido afirma en un comunicado que “lo advertimos desde el principio, la normativa podría vulnerar la ley, así como generar graves daños para el territorio y medioambiente de Canarias, y la admisión a trámite del Tribunal Constitucional es un paso importante en la dirección correcta, que para nosotros no es otra que la defensa del patrimonio de esta tierra”.

El Tribunal Constitucional notificará este hecho en un plazo de 15 días al Congreso de los Diputados y al Senado, así como al Gobierno de Canarias y al Parlamento regional, por si quisieran personarse en el proceso.

Recuso de Amparo

El Tribunal Constitucional también ha admitido a trámite del recurso de amparo que los siete diputados canarios presentaron el pasado mes de septiembre contra esa misma normativa, al entender que se habían vulnerado sus derechos como cargos públicos durante su tramitación.

Podemos considera, y así se argumentó en el recurso, que “tal y como recoge el artículo 23 de la Constitución los diputados no pudieron debatir en condiciones de igualdad la tramitación de dicha ley, al negarles la posibilidad de participar en ponencia y comisión”.

La consejera de Fomento de Castilla-La Mancha, Elena de la Cruz, ha avanzado que la Junta de Comunidades trabaja en dos recursos. El primero, en contra del nuevo trasvase de 15 hectómetros cúbicos aprobado hoy por el Gobierno de España mediante una orden del Ministerio de Agricultura firmada el pasado viernes pero que se publicó este viernes en el Boletín Oficial del Estado. En este sentido, de la Cruz ha señalado que el recurso anterior se presentará en la Audiencia nacional la semana que viene, mientras el equipo jurídico de la Junta y de la Agencia del Agua regional trabajan en uno similar para el último trasvase aprobado.

De la Cruz ha señalado que el Gobierno regional está dispuesto a dialogar con el Gobierno de España para estudiar “alternativas viables” al trasvase, ya que considera que si se sigue trasvasando así no va a haber agua “ni para Castilla-La Mancha ni para la cuenca del Segura”. Sin embargo, durante estas negociaciones, se luchará en los tribunales en contra de las derivaciones que se producen, teniendo en cuenta las condiciones actuales de los embalses de Buendía y Entrepeñas.

El segundo recurso, es uno de inconstitucionalidad en contra de la recién aprobada Ley de Montes, que entra en vigor el próximo 21 de octubre, al considerar que se utiliza como herramienta “impropia” para trasvasar agua, a pesar de los bajos niveles de agua embalsada que presentan los pantanos de cabecera. En este sentido, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha acusado al Gobierno de Mariano Rajoy de mantener una actitud “prepotente y dictatorial”. De la Cruz ha señalado que este último trasvase es un “ninguneo” y una “falta de sensibilidad”, en especial en contra de los municipios ribereños que se han manifestado esta semana contra el trasvase anterior. Además, ha culpado al Gobierno de Rajoy de mantener un secretismo “inaceptable” en la aprobación de este nuevo desembalse.

La consejera de Fomento ha añadido también que el Gobierno considera que el límite de los 400 hm3 que plantea el Memorándum del Trasvase del Tajo-Segura y la Ley de Evaluación Ambiental es insuficiente, ya que “no hay más que mirar los embalses”. De igual modo, ha invitado al PP de Castilla-La Mancha y a la propia ex presidenta Cospedal a dejar de jactarse de que “esa cifra es un logro” y ejercer su influencia con Rajoy para apoyar al Gobierno de Emiliano García-Page en la consecución de un diálogo que sirva para aumentar el caudal del río.

Elena De la Cruz ha afirmado también que se han vuelto a utilizar datos obsoletos para justificarlo. En esta ocasión, el Gobierno de España emplea en la orden ministerial datos correspondientes al 1 de agosto, cuando Entrepeñas y Buendía almacenaban 402 hectómetros cúbicos mientras que ahora apenas llega a los 375 hectómetros, 25 por debajo de los 400 que establece la ley como mínimo para poder trasvasar.

El trasvase Tajo-Segura se incluyó en la Ley de Montes por parte del Grupo popular en el Congreso de los Diputados para dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Constitucional que tumbó varias disposiciones del mismo, debido a un recurso impuesto por Aragón. El Constitucional permitía, sin embargo, seguir aplicando las reglas del memorándum mientras se subsanaba el trámite.

La reforma del vigente Estatuto de Autonomía, que data de 1996, está gafada. Más aún que la que modificó la inicial Carta Magna canaria. Si aquella vez fue un largo y tortuoso camino de cinco años, la actual va rumbo a ningún sitio. Desde que el presidente Paulino Rivero, por cuestiones tácticas de plegarse a sus entonces socios del PP, decidiera retirar de las Cortes el texto consensuado en el Parlamento, todo ha sido una vereda de espinas para un texto fundamental que ya podría llevar más de cuatro años de vigencia. Ahora, el Consejo Consultivo se une a la cadena de desdichas emitiendo un duro informe que cuestiona la constitucionalidad del texto.

El naufragio político que existió en 2007 en el Congreso de los Diputados impidió que Canarias cuente en estos momentos con un Estatuto de Autonomía reforzado.

Una Carta Magna canaria de nueva generación como están demandando tanto el presidente del Gobierno, Paulino Rivero, como los dirigentes de los partidos que apoyan el Pacto (CC y PSC), los únicos que siguen adelante con el empeño de aprobarlo y remitirlo a las Cortes antes de que culminen las legislaturas estatal y autonómica.

Porque ni el Partido Popular (PP) ni Nueva Canarias (NC) ni el Partido Independiente de Lanzarote (PIL) están por la labor. Ni han presentado enmienda a la totalidad (el plazo concluyó el 14 de enero), ni van a presentar modificaciones parciales ni participarán en los trabajos de ponencia ni de la comisión.

Dentro de pocos días se celebrará el primer año del debate del 27 de enero de 2014, cuando la Cámara debatió una comunicación del Gobierno de Canarias el texto articulado en el que se incluían más garantías institucionales para el Régimen Económico y Fiscal, rebajas en las barreras electorales (el 15% insular y el 3% regional) y nuevas competencias en puertos, transporte aéreo interinsular, telecomunicaciones, costas, comercio y sanidad exterior.

Un debate en el que quedó claro que ni el PP ni NC iban a participar. Así que el Estatuto que apruebe el Parlamento antes del próximo mes de mayo será únicamente de nacionalistas y socialistas. Como sucedió en 2006.

Precisamente, el 13 de enero, un día antes de que venciese el plazo para presentar la enmienda a la totalidad, el presidente de NC, Román Rodríguez, aseguró que la propuesta de reforma está elaborada “de espaldas a toda la sociedad canaria”, con el único objetivo de “cubrir el expediente” y eludir la reforma electoral impulsada por NC y vetada por los socios del pacto.

Pero a este disenso político se une un nuevo actor, el Consejo Consultivo, que ha emitido un informe que cuestiona la constitucionalidad de muchos de los artículos del texto estatutario.

Un texto que, hay que recordar, incluye las enmiendas que en su momento pactaron los nacionalistas con la actual vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, y con Federico Trillo, precisamente, para constitucionalizar el que en su momento había aprobado el Parlamento canario con los únicos votos de CC y PSC (“nacionalsocialista”, lo llamó la diputada Mercedes Roldós).

El órgano encargado de vigilar para que se cumpla la legalidad de los proyectos legislativos de la Comunidad Autónoma ha sido taxativo: numerosos artículos no se ajustan a la Constitución española.

Un duro informe a un texto que tiene la intención de actualizar el sistema electoral, el sistema competencial y los derechos de los ciudadanos, además de garantizar que las singularidades de las islas estén reconocidas en el sistema de financiación autonómica.

Principales novedades

-Definición territorial. Se considera Canarias como Archipiélago Atlántico en el marco del Estado español, con el reconocimiento de las aguas canarias (el mar que conecta las islas y el espacio aéreo) como parte del territorio canario y el ejercicio de competencias en dichos espacios.

-Singularidades. Reconocimiento de la insularidad y la lejanía como hechos diferenciales canarios, plasmados en el Tratado de la UE, que obligan a los poderes públicos a adaptar sus políticas a estas especificidades del Archipiélago.

-Sistema electoral. Modular la mayoría reforzada en el Parlamento para regular el régimen electoral (pasará de 40 a 36 diputados), con la posibilidad de establecer una circunscripción autonómica, junto a las insulares, así como reducir un 50% las barreras electorales actuales.

-Competencias delegadas. Se incorporan al Estatuto competencias que en 2006 fueron incluidas en la propuesta de Ley de Transferencias a Canarias (Lotraca): puertos y aeropuertos de interés general, transporte aéreo, comercio exterior, sanidad exterior, telecomunicaciones, gestión del litoral e inmigración.

-Organización administrativa. Mejora de la distribución de competencias entre los cabildos y los ayuntamientos; creación de la Conferencia de Presidentes. Regulación del Poder Judicial y la Administración de Justicia en Canarias.

-Fiscalidad y financiación. Necesidad de negociación bilateral Canarias-Estado en la modificación del Régimen Económico y Fiscal de Canarias (REF), creación de la Agencia Tributaria Canaria y exigencia de singularidades en la financiación autonómica.

-Otras novedades. Posibilidad de disolución anticipada del Parlamento, potestad para que el Gobierno canario pueda dictar decretos leyes y ratificar por referéndum las futuras reformas del Estatuto de Autonomía.

Posibles inconstitucionales

Unas pretensiones sobre las que ha echado un jarro de agua fría el Consejo Consultivo al afirmar que, directamente, “se consideran inconstitucionales” al menos cuatro de los artículos de la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía:

Artículo 65, al regular el “sistema electoral de los Cabildos” que corresponde a la legislación de régimen electoral general del Estado.

Artículo 77.5, al atribuir al Tribunal Superior de Justicia de Canarias la competencia para resolver los “conflictos de competencias entre Corporaciones Locales”.

Artículo 80.3.b), al reconocer competencia al Consejo de Justicia de Canarias para informar, cuando sea requerido, “los recursos de alzada contra los acuerdos de los órganos de gobierno de los tribunales y juzgados de Canarias”.

Artículo 94.3, en cuanto determina (“de manera excepcional, debidamente acreditada”) el alcance de las competencias básicas a ejercer por el Estado.

Y no son temas baladís. Pues, la regulación del sistema electoral de los Cabildos corresponde a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (artículo 81.1), “sin que haya espacio para una intervención legislativa autonómica según el binomio bases-desarrollo”.

Por ello, la regulación autonómica del régimen electoral de los Cabildos prevista en el artículo 65 de la reforma “no se ajusta a la Constitución, dado que se trata de una materia reservada a la citada ley orgánica”.

“Tampoco puede el Estatuto, por todo lo antedicho, congelar el sistema de elección en el actual de elección directa de sus miembros, pues sólo a la ley orgánica reguladora del régimen electoral le corresponde optar por tal formula o por cualquier otra”, insiste el Consultivo.

Por lo que respecta al artículo 77.5 de la reforma, atribuye al Tribunal Superior de Justicia de Canarias “resolver los conflictos de competencias entre Corporaciones locales canarias”.

Sin embargo, para el Consultivo la resolución de los conflictos de competencia entre corporaciones locales canarias “no corresponde al Tribunal Superior de Justicia, sino a la Administración de la Comunidad Autónoma de Canarias (artículo 50.2 de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local).

“La atribución al Tribunal Superior de Justicia de Canarias de competencia para resolver estos conflictos vulnera la normativa básica en materia local y establece un cauce procesal no previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial”, dictamina.

El artículo 80 de la reforma atribuye al Consejo de Justicia de Canarias, respecto a los órganos judiciales situados en su territorio, “ser oídos en la planificación de la inspección de los tribunales y juzgados de Canarias”.

Pero el apartado b) del mismo, según el Consultivo, “no se salva de la inconstitucionalidad del precepto, pues implica una injerencia impuesta por la norma estatutaria en las funciones de un órgano estatal, además de no constituir una función de naturaleza administrativa, como exige el Tribunal Constitucional en relación con las atribuciones que puede asumir el Consejo de Justicia”.

Y, por último, el artículo 94, que regula las competencias de desarrollo legislativo y de ejecución y cuyo apartado 3 el dictamen considera que es inconstitucional.

Este apartado reza que “debido al carácter insular y ultraperiférico, solo de manera excepcional, debidamente acreditada, el Estado podrá dictar normativa básica específicamente dirigida a Canarias”.

Para este órgano, el Estatuto no puede señalar el modo (“excepcional”) y el (procedimiento “debidamente acreditada”) con que tal especificación se debe producir, “por lo que indicar que solo se hará de forma excepcional y además debidamente acreditada implica señalarle al legislador básico una pauta que solo a él le corresponde valorar”.

Más correcciones

Pero el varapalo no queda ahí. El dictamen, emitido el pasado 2 de diciembre, alerta de que “debe corregirse, para garantizar su plena constitucionalidad, la redacción” de al menos una decena de artículos.

Concretamente, los números 3 (lejanía, insularidad y ultraperiferia), 11 (establecer programas y acuerdos con los países vecinos y próximos), 64 (sobre organización y régimen jurídico de los Cabildos Insulares), 77.4 (resolver las cuestiones de competencia), 80.3.a) (planificación de la inspección de los tribunales y juzgados de Canarias), 80.3.c) (aplicar los reglamentos del Consejo General del Poder Judicial), 82.2 (delimitación de las demarcaciones), 102 (organización territorial), 105 (régimen jurídico, procedimiento, contratación, expropiación y responsabilidad de las Administraciones públicas canarias) 158 (transportes), y disposición transitoria segunda (régimen transitorio de los Cabildos Insulares).

Para el Consultivo tampoco es de recibo enarbolar “la condición de región lejana, insular y ultraperiférica”, para reclamar “la consignación de medidas específicas que en cada caso procedan”.

“Ha de señalarse que en ningún caso cabrá interpretar esta disposición estatutaria como límite o condición sobre las competencias del Estado, para evitar la interpretación de inconstitucionalidad derivada del establecimiento de tal doble condición en el Estatuto, por posible invasión de las competencias del Estado central”, asegura el dictamen.

Ahora bien, proponen una solución: “se debería sustituir el vocablo adaptarán por la expresión podrá tenerse en consideración”con el fin de que “no suponga una obligación concreta sino un deber genérico”.

Pero ahí no concluye el tirón de orejas del Consultivo al texto que defienden los socios del Gobierno canario, pues otros 22 artículos están contaminados: “se considera que los preceptos que a continuación se citan son constitucionales con el sentido y alcance interpretativo efectuado en cada caso: Arts. 4.1 y 2, 34.2, 61, 63, 67, 75.2, 78, 79, 89.1, 104, 126.2 Y 3, 129.2, 131, 133, 134.1 y 3, 142, 148, 153 y 179”.

En definitiva, más de 40 artículos presentan indicios de clara inconstitucionalidad o están en riesgo de serlo si no se modifican. Preceptos que, además, son los que tradicionalmente se han blandido para justificar la reforma: más competencias y el reconocimiento de la ultraperiferia, como hace el actual Tratado de Lisboa de la Unión Europea.

Proa a embarcar

Sin embargo, estas incidencias no parece que vayan a minar la moral de los integrantes del Pacto, pues el ponente socialista, Julio Cruz, ha asegurado que tanto el PSC como CC “vamos a presentar enmiendas para corregir muchas de las recomendaciones del Consejo Consultivo”.

Así que, contra viento y marea, en solitario y con el viento de la mayoría del PP en el Congreso en contra, el Pacto parece que insiste en timonear la reforma del Estatuto aunque embarranque en el Congreso de los Diputados.

Y es que si el PP no cambia de actitud, la nueva reforma está abocada a otro fracaso.

Quizás por ello, el líder de NC ha pedido, sin éxito, abordar el debate sobre el nuevo Estatuto en el marco de la reforma de la Constitución y en el Parlamento que se constituya tras la celebración de las elecciones de 2015, que Rodríguez considera que será más plural que el actual.

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El proyecto de ley que reforma la Ley de Vivienda de Canarias, en el que se prevén expropiaciones temporales a los bancos para aplazar desahucios, fue aprobado este martes en comisión parlamentaria por CC, PSOE y grupo mixto mientras que el PP lo considera inconstitucional y carece de un plan B propuesto por Nueva Canarias ante su previsible suspensión cautelar.

Al texto le queda el debate final en el pleno del Parlamento para su entrada en vigor, aunque si el Gobierno central presenta un recurso de inconstitucionalidad, como hizo en el caso de Andalucía, quedará presumiblemente suspendido cautelarmente hasta que haya un pronunciamiento definitivo del Tribunal Constitucional.

Para evitar que esa suspensión cautelar impida aplicar el objetivo esencial de la ley, que las personas no se queden sin casa por la imposibilidad de pagar la hipoteca, el portavoz de Nueva Canarias, Román Rodríguez, propuso “un plan B”, consistente en que el Gobierno de Canarias promueva un sistema de mediación entre el deudor y el acreedor y la creación de un fondo de ayudas para que las familias necesitadas puedan hacer frente a los pagos, sin perjuicio de que se tramite la expropiación temporal de la propiedad durante tres años a las entidades financieras.

Román Rodríguez propuso además que tanto la mediación como las ayudas a los pagos se extiendan no sólo para el caso de personas o familias con vivienda en propiedad que no puedan pagar la hipoteca, sino también a aquellas en situación de alquiler que no tienen recursos para pagar la renta.

Asimismo, debe protegerse a aquellos avalistas, normalmente familiares de deudores que también están en situación precaria y que pierden su propia vivienda.

El portavoz de Nueva Canarias dijo que los lanzamientos por impago de la hipoteca son solamente la mitad de los desalojos, mientras que la otra mitad son desahucios por impago del alquiler, una proporción esta última que va en aumento y a cuyos afectados debe proteger también la ley.

Los representantes de los grupos nacionalista y socialista admitieron la posibilidad de buscar fórmulas transaccionales con respecto a las propuestas de Nueva Canarias que podrían introducirse en el debate en el pleno del Parlamento.

La diputada del PSOE Rosa Guadalupe Jerez aclaró que el refuerzo de la mediación ya ha sido asumido por los grupos que apoyan al Gobierno en las enmiendas ya introducidas en la fase de ponencia en el proyecto de ley.

Pero en lo referente a crear un fondo de ayuda a las familias, consideró que eso desactivaría por completo la presión que la posibilidad de una expropiación temporal de la propiedad supone para que las entidades bancarias estén interesadas en llegar a un acuerdo con los deudores.

Si saben que de todos modos van a cobrar la hipoteca gracias a un fondo de ayuda de dinero público, las entidades bancarias dejarán de interesarse en llegar a un acuerdo con los deudores, argumentó Rosa Guadalupe Jerez.

Los grupos del Gobierno rechazaron además las sugerencias del PP para cambiar la ley y garantizar así su legalidad y exigibilidad ante los tribunales, y evitar la posibilidad de que sea declarada inconstitucional.

José Miguel Ruano, del grupo nacionalista, afirmó que de CC y PSOE ya han hecho un gran esfuerzo con sus enmiendas en el trámite parlamentario para reforzar la legalidad del proyecto de ley, que al fin y al cabo sólo trata de paliar el drama social que no ha querido evitar el Estado con su legislación respecto a las familias que se quedan sin vivienda, un derecho constitucional.

“Hemos intentado reforzar los objetivos de la ley y mejorar y reforzar las funciones de mediación de las autoridades gubernamentales en caso de alzamiento”, dijo Ruano, quien acusó al PP de intentar desnaturalizar su contenido.

La Ley introduce medidas especiales para que las viviendas en manos de los bancos no estén vacías y que no sean objeto de especulación, y trata de que el deudor hipotecario no quede protegido mediante la mediación y la expropiación temporal de la propiedad solamente en caso de que no sea aplicable la legislación del Estado de 2013, explicó.

El Gobierno puede poner recursos de inconstitucionalidad si lo estima oportuno, “pero sólo intentamos paliar los efectos” que no ha sido capaz de atajar el Estado, dijo Ruano, quien señaló que lo que les gustaría a socialistas y nacionalistas es que el PP se comprometiera más con este problema social.

Felipe Afonso El Jaber, diputado del PP, dijo que la ley “es un paripé para tapar la incompetencia y la incapacidad del Gobierno de Canarias para satisfacer la necesidad de vivienda de llos ciudadanos y para gestionar su propio patrinomio inmobiliario”.

Lamentó que los grupos del Gobierno de Canarias no hayan aprovechado la tramitación parlamentaria de la ley para corregir su evidente inconstitucionalidad debido a que supone cambios en la legislación básica de expropiaciones y sobre la propiedad.

“Nuestras enmiendas pretende que esta ley sea legal y exigible por los ciudadanos ante los tribunales”, porque tal como está será inútil y no servirá a las personas afectadas, advirtió el diputado del PP.

Afonso propuso que la misma cantidad que el Gobierno de Canarias quiere dedicar a expropiaciones temporales forzosas se destinen a los deudores o a los avalistas.

Señaló que a los bancos no les preocupan las expropiaciones temporales, porque se producen a un justiprecio y al final del plazo recuperan la propiedad.

También argumentó que es una ley que no garantiza la igualdad, puesto que prevé la posibilidad de convenios con los bancos para sacar al mercado sus viviendas, pero se excluye de esos convenios a promotores o incluso a particulares propietarios que también quieren ayudas para dar salida a sus inmuebles.

La creación de un registro público de viviendas vacías también fue criticada por el diputado del PP, ya que supone un señalamiento y una coerción para muchos propietarios.

Felipe Afonso El Jaber mantuvo su oferta a los grupos del Gobierno para llegar a acuerdos respecto a sus enmiendas y conseguir un texto final que sea legal y exigible.

El debate abierto en los últimos meses por la Plataforma

Mezquita-Catedral Patrimonio de Tod@s para obtener la titularidad pública de este

monumento hunde sus raíces jurídicas en deshacer la inmatriculación que la Iglesia

hizo del mismo apropiándose del edificio al inscribirlo como propio en el Registro de

la Propiedad en el año 2006. Para deshacer esa inmatriculación – que no da automáticamente

la propiedad del bien pero a la larga sí la otorga si no la cuestiona nadie- existe

un informe jurídico sobre la inconstitucionalidad de las inmatriculaciones de

bienes por parte de la Iglesia, informe redactado cuando se conocieron las

primeras apropiaciones de bienes a nombre de la Iglesia y que ahora ofrece apoyo

jurídico a quienes quieren recorrer el camino para conseguir la titularidad

pública de la Mezquita-Catedral de Córdoba.

Dicho informe, que fue elaborado por el catedrático del Área

de Derecho Eclesiástico del Estado de la Universidad Pública de Navarra,

Alejandro Torres, a raíz del trabajo de investigación que se desarrolló en la

comunidad foral y que sacó a la luz un inventario de más de mil bienes que el Arzobispado de Pamplona y Obispado de Tudela había inscrito a su nombre entre

1998 y 2007, contiene las bases jurídicas para declarar inconstitucionales

estas inmatriculaciones.

Así, Torres señala en

su informe que los artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento –

los utilizados en las inmatriculaciones por los que se equipara a la Iglesia

católica con el Estado y legitima a los diocesanos a expedir certificaciones

pertinentes-, los asimila de este modo “a auténticos funcionarios públicos en

un país cuya Carta Magna afirma que ninguna confesión tendrá carácter estatal“.

“¿Cómo entender esta extraordinaria prerrogativa preconstitucional reconocida a

los diocesanos católicos que les atribuye funciones de fedatarios públicos en

manifiesta contradicción con los postulados constitucionales?“, se pregunta.

Porque, de este modo, se pone sobre la mesa que los

principios de igualdad religiosa y de laicidad del Estado reconocidos en la

Constitución Española chocan con el privilegio de la Iglesia para

inmatricular bienes a su nombre con un certificado que firme el propio obispo,

como es el caso de la Mezquita-Catedral sobre la que la propia Iglesia admitía

que no tenía “título escrito de dominio” cuando la inscribió a su nombre en el

Registro de la Propiedad en 2006.

De un lado, el informe del profesor Torres recoge que “el

principio de laicidad impide dotar a las confesiones religiosas del estatuto de

Corporaciones de Derecho Público, no cabiendo asimilar los fines religiosos con

los públicos ni a los miembros de una confesión religiosa (…) con los

funcionarios públicos“. De otro lado, sobre el principio de igualdad entre

confesiones religiosas reconocidas en el Estado, explica que la solución no

pasaría por equiparar a las distintas religiones para que todas ellas pudieran inmatricular

bienes, pues de ese modo “quedaría permanente una lesión al principio de

laicidad de imposible solución“.

Jurisprudencia aplicable e “inconstitucionalidad sobrevenida”

Jurisprudencia aplicable e “inconstitucionalidad sobrevenida”

Junto a un estudio pormenorizado de la proyección de

inconstitucionalidad en las inmatriculaciones de estos dos principios básicos en la Constitución, Torres advierte en su informe que existe jurisprudencia del Tribunal

Constitucional al respecto y que podría aplicarse para deshacer las

inmatriculaciones de bienes por la llamada “inconstitucionalidad sobrevenida”,

es decir, por tratarse de normas de la época franquista que no han sido adaptadas

a la democracia y a la separación Iglesia-Estado que promulga la Constitución.

“Al

tratarse de normas previas a la Constitución y contrarias a ésta (…) habrían

quedado directamente derogadas por la Carta Magna“, indica Torres mientras el

profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Córdoba, Octavio

Salazar, señala sobre dichas normas: “Son claramente inconstitucionales.

Deberían entenderse derogados por inconstitucionalidad sobrevenida“, escribía

en un artículo público al respecto.

En ese sentido y recordando la jurisprudencia existente, tanto el informe jurídico de Torres como la

tesis que sostienen otros juristas como el profesor de Derecho Civil de la

Universidad de Córdoba, Antonio Manuel Rodríguez, señalan como precedente la

sentencia 340/1993 de 16 de noviembre del Tribunal Constitucional que declaró

la inconstitucionalidad de un artículo

de la Ley preconstitucional de Arrendamientos Urbanos, por el que se

consideraba a la Iglesia como si fuera una administración pública y se le

dispensaba de justificar la necesidad de ocupar un bien.

Ese “privilegio” fue declarado entonces inconstitucional “porque

vulneraba el principio de igualdad y de laicidad del estado“, cuenta Rodríguez,

a lgo que es, a la vista de estos juristas, equiparable al privilegio que otorga

a la Iglesia los artículos de la época franquista que hacen posible las

inmatriculaciones de bienes.

Anacronismo histórico tras más de 35 años de Constitución

Anacronismo histórico tras más de 35 años de Constitución

“La doctrina establecida por la sentencia del Tribunal

Constitucional 340/1993 de 16 de noviembre (…) es plenamente trasladable a los

artículos 206 de la Ley Hipotecaria y 304 de su Reglamento, constituyendo base

suficiente para plantear cuando menos una cuestión de inconstitucionalidad ante

el Tribunal Constitucional“, indica el profesor Torres en las conclusiones de

su informe.

Y sobre la permanencia de dichos artículos en la legislación

vigente, advierte: “Estamos ante un anacronismo histórico. La pelota está ahora

en el tejado de nuestro parlamento y quizás algo tengan que decir nuestros

representantes políticos a los que también les vincula la Constitución“.

Pero, como señala el profesor Salazar, “después de 35 años de sistema constitucional todavía

sigue pendiente en nuestro país la transición a un régimen aconfesional que es

el que mejor puede hacer compatibles libertad de conciencia, igualdad y

pluralismo“.

A juicio del presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes "cada isla debería tener un trato especial".

En su opinión, CC elaboró la ley turística "a medida" de los empresarios tinerfeños.

El presidente de la Confederación Española de Agencias de Viajes, Rafael Gallego, ha calificado como “buena noticia” que el Tribunal Constitucional (TC) haya admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de Renovación Turística de Canarias presentado por el Estado.

“Si en Canarias se nos llena la boca diciendo que somos siete realidades y destinos diferentes, lo que no se puede es legislar igual para todos. Cada isla debería tener un trato especial en la legislación por mucho que se diga que es complicado”, ha dicho a Efe Gallego.

En su opinión, “lo que pasa es que Coalición Canaria hizo una Ley de Renovación Turística a medida de los empresarios del sector de Tenerife y, con el tiempo, se ha demostrado que esta situación ha sido así”.

Gallego ha defendido que Gran Canaria, la isla que se considera más perjudicada por la ley, necesita que se puedan construir hoteles nuevos de cuatro estrellas porque “es lo que le está demandando el mercado”, ya que la norma regional solo autorizaba en su artículo 4.2 la nueva construcción con categoría de cinco estrellas o superior.

En su recurso, el Gobierno central ha considerado que esta limitación puede contravenir la libertad de empresa y varias normativas europeas.

El ministro de Turismo, José Manuel Soria, ha anunciado este domingo la presentación de un recurso de inconstitucionalidad contra la ley turística canaria de renovación por ser contraria a la normativa europea y española, y “atentar contra la libertad de prestación de servicios”.

Soria ha informado de la presentación de este recurso contra la ley canaria, en una conferencia durante el encuentro con la Confederación Canaria de Empresarios de Las Palmas, por condicionar la construcción de hoteles de cuatro estrellas a la rehabilitación, y limitar así una oferta demandada y necesaria en Gran Canaria. El ministro ha señalado que el recurso se presenta al no haber sido posible reconducir el aspecto inconstitucional de la ley en el marco de la comisión bilateral Canarias-Estado.

La Ley de Renovación y Modernización Turística de Canarias “parece que vulnera claramente uno de los preceptos básicos de actuación en la economía europea, española y canarias”, ha subrayado el ministro. También ha considerado “loable” que el Gobierno canario impulse la rehabilitación hotelera, pero “no puede hacerse desde el capricho de ninguna administración pública ni a base de imposiciones y en contra del criterio de los inversores y las empresas, y tampoco desde marcos normativos contrarios a las directivas comunitarias y la Constitución Española”.

La ley, aprobada el pasado mayo por el Parlamento canario con los votos en contra del PP, crea, según Soria , obstáculos a la libertad de establecimiento por parte de los prestadores de servicios de los estados miembros de la UE, en contra de la circulación de los servicios y de la ley de 2009, que transpone la directiva comunitaria en esta materia. Soria ha señalado que la libertad de prestación servicios tiene limitaciones que establece la propia ley, pero la norma canaria las “aprovecha para fijar otras que nada tiene que ver con lo que estable esa norma”, que supone condicionar la autorización previa de los hoteles de cuatro estrellas a “un requisito económico que es contrario a la normativa comunitaria”.

Para Soria es bueno que un Gobierno autonómico impulse la rehabilitación hotelera, pero no se puede “imponer a golpe de decreto” y, mucho menos, en contra de lo que establece la Constitución y las directivas comunitarias, como ocurre con la ley turística de canaria.

“Lo que necesitamos es que nos dejen trabajar”

Por su parte, el presidente de la Confederación Canaria de Empresarios (CCE), Agustín Manrique de Lara y Benítez de Lugo, ha pedido este domingo ante la presencia del ministro Soria que las administraciones públicas “más que dar ayudas” les “dejen trabajar”.

“Empezamos a ver el futuro con optimismo y más que ayudas lo que necesitamos es que nos dejen trabajar, dando saltos para nuestra tierra en cualquier actividad donde el mercado nos permita ser competitivos”, sostuvo durante un acto en la capital grancanaria. Manrique de Lara consideró que una vez “estabilizados los indicadores macro” solo se podrá hablar de salida de la crisis “cuando se recupere el tejido empresarial y el empleo” perdido estos años.

El representante de los empresarios pidió que se produzca una reforma fiscal en la línea de reducir la tasa de economía sumergida y que el Gobierno de Mariano Rajoy no suba más los impuestos a las empresas, además de bajar las cotizaciones de éstas a la seguridad social. “Nos preocupa la política de visados de Europa, el sector energético y que se tengan en cuenta las especificidades para Canarias”, remarcó, entre otras materias.

Pidió también que los empresarios sean quienes gestionen el 0,6% que aportan a cursos de formación; un Régimen Económico y Fiscal (REF) canario más simple y seguro jurídicamente y “abierto a cualquier persona del territorio nacional para que se materialicen en Canarias inversiones”. “Las administraciones deben propiciar que en Canarias se puedan hacer cosas. El papel de la administración debe ser el de facilitar la inversión”, resaltó.

Un informe jurídico que ha estudiado las medidas que la Comunidad de Madrid ha utilizado para llevar adelante su plan privatizador de seis hospitales y hasta 27 centros de salud abre la posibilidad de que sea un inconstitucional. El bufete López Rodó y Cruz Ferrer ha analizado (a instancias de la Asociación de Facultativos Especialistas de Madrid -AFEM-) el paquete de leyes en el que el Gobierno regional de Ignacio González ha sustentado el Plan de Medidas de Sostenibilidad de la Sanidad Pública madrileña y que pretende aumentar la cesión de una parte de la gestión sanitaria a empresas.

El documento (que ha podido leer eldiario.es) analiza que el movimiento del equipo de Ignacio González vulnera, por ejemplo, el artículo 41 de la Constitución Española que garantiza “la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad”. Los abogados hablan de que el doble régimen económico de la sanidad que atiende a los ciudadanos según sean los hospitales de dirección directa o privatizados. El primero es, dicen, “colaborativo” que exige la coordinación entre centros para atender a los pacientes y que no plantea impedimentos para que se reciba el tratamiento que se considera más adecuado para la dolencia. El segundo, el de concesión, es calificado de “competitivo” ya que si un paciente asignado por los pliegos de condiciones contractuales recibe tratamiento en otro centro, la empresa gestora sufre una pérdida en sus ingresos. De igual forma si atiende a un asegurado de otra zona recibirá una cantidad por lo que existen “incentivos para tratar o no a los pacientes en función del coste del tratamiento o de que sean ajenos o propios”, analizan los abogados.

Se crea así “un sistema de apartheid sanitario”, concluyen. Esta manera de organizar la sanidad pública agrede, de esta manera, “el artículo 149 constitucional porque la Comunidad de Madrid no tiene competencia para alterar el régimen público de aseguramiento sanitario, estableciendo uno propio”. A la vista del informe, queda comprometido el principio de igualdad amparado en el artículo 14 de la Constitución.

Además, el estudio jurídico del bufete y los médicos se fija en la manera de aprobar la ley de Medidas Fiscales y Administrativas de la Comunidad de Madrid que la Asamblea de Madrid votó en diciembre de 2012 y que da a la Consejería de Sanidad las herramientas legales para llevar a cabo su plan privatizador. Según este informe, el Gobierno madrileño ha fallado en la práctica de buen gobierno recogido en el artículo 44 de la Carta Magna que obliga a los ejecutivos a justificar sus movimientos. Dice el texto que se ha procedido sin “los antecedentes necesarios para pronunciarse sobre las mismas y para que pueda aplicarse un mínimo de seguridad jurídica”, es decir, que los diputados votaron sin tener elementos de juicio sólidos para saber que lo que se votaba era lo necesario y justificarlo: el Gobierno presentó su plan y la Asamblea lo aprobó como correa de trasmisión política.

Por último, los letrados alertan de la falta de control que acabará produciéndose en la acción de las empresas contratadas para dirigir los hospitales: “Los Sistemas de Información del Servicio Madrileño de Salud no parece que dispongan ni de la capacidad ni de las prestaciones para suministrar toda información que exigiría el cumplimiento de estos contratos especialmente la facturación intercentros, que es una cuestión clave para que los concesionarios no obtengan una retribución excesiva que no les corresponde”.

AFEM presenta este jueves el informe a la Defensora del Pueblo. Un recurso de inconstitucionalidad sólo puede ser presentado por el Gobierno central, los autonómicos, cincuenta diputados o cincuenta senadores, la Asambleas regionales o el Defensor.