En febrero, la Audiencia de Álava celebró el juicio contra Miguel Acedo, el que fuera 'alcalde' del pequeño concejo de Aretxabaleta, de apenas 300 habitantes y ubicado dentro del municipio de Vitoria. El tribunal consideró probada la acusación de la Fiscalía, que lo sentó en el banquillo por haber saqueado durante su mandato (2004-2014) las arcas del concejo en una cantidad que se cifró en 545.454,74 euros. Finalmente, Acedo fue condenado a devolver el dinero y a dos años de prisión, frente a los seis que solicitaba el ministerio público. Según han explicado a eldiarionorte.es fuentes judiciales, sin embargo, su condena de cárcel ha quedado suspendida y, en cuanto a la sanción económica, Acedo se ha declarado insolvente y únicamente está devolviendo unos 200 euros mensuales al concejo, lo que supondría que Aretxabaleta no recuperaría el dinero perdido ni en dos siglos.

El pequeño pueblo de Vitoria, que apenas tiene ingresos regulares, obtuvo de golpe una plusvalía de 1,5 millones de euros por la venta de una parcela. Con ese dinero, Acedo realizó hasta 715 reintegros con la tarjeta de crédito del concejo, de la que era el único autorizado. Además, en la localidad se celebraron durante años fiestas, eventos sociales y todo tipo de gastos con cargo a ese dinero. “Si se iba a hacer una paellada y había que comprar, íbamos, le pedíamos el dinero [al alcalde] y listo”, explicó gráficamente una testigo en el juicio. Así las cosas, cuando Acedo fue relevado en el poder en 2014 el saldo de la cuenta estaba en apenas 167 euros.

En la vista, Acedo reconoció que hubo despilfarro y que su gestión contable no había sido muy ortodoxa, pero rechazó haberse lucrado con el dinero de la parcela. El tribunal, sin embargo, aceptó la tesis de la Fiscalía y dictaminó una condena de dos años de prisión por apropiación indebida. A pesar de ello, con una pena de tan poca duración, como Acedo carece de antecedentes y como se estima que no hay un riesgo de reincidencia -está completamente apartado de la gestión de Aretxabaleta-, se ha decretado suspender el ingreso del condenado en un centro penitenciario, según han confirmado fuentes judiciales. 

En cuanto a la devolución del dinero, estas mismas fuentes explican que “esta persona es insolvente” y que el concejo no recuperará los más de 500.000 euros perdidos. El hecho de no tener patrimonio con el que cubrir el dinero saqueado entre 2004 y 2014 no supone que se revoque la suspensión del ingreso en prisión ya que Acedo habría acordado realizar un “esfuerzo reparador” al aportar cada mes 200 euros de sus escasos ingresos al concejo de Aretxabaleta, que serán más si mejora su posición. En el pueblo existe cierto malestar porque, con este ritmo, serían necesarios más de 200 años para cubrir todo el agujero.

Precisamente hace unos días en la Cadena Ser el fiscal-jefe de Álava, Josu Izaguirre, lamentó la “permisividad” con la corrupción. “Esto no es gratis, el daño social es inmenso”, reseñó sobre el efecto de la pérdida de dinero público por la gestión irregular. Y añadió que era fundamental articular mecanismos para que el patrimonio público no quedase mermado: “No puede ser que el dinero no sea recuperado”.

En su memoria, hecha pública el pasado mes de septiembre, el fiscal Izaguirre insiste en que la falta de control en la gestión de las entidades locales menores de Álava, como son los concejos, constituye un motivo de preocupación. En el documento se alude a “desviación indebida de fondos” por parte de los gestores de estas instituciones y se añade que su actitud “daña el crédito de las Administraciones públicas”. Existen otra media docena de casos en los juzgados relacionados con irregularidades económicas en los concejos de Álava, aunque en principio ninguno con el volumen del saqueo de Aretxabaleta.

La Audiencia de Álava ha condenado a dos años de cárcel al expresidente del concejo de Aretxabaleta, Miguel Acedo, por apropiación indebida al quedarse con dinero del concejo en beneficio propio. Además, debe reintegrar a las arcas del concejo (en las inmediaciones de Vitoria) los 545.000 euros de los que, según la sentencia, se apropió para su beneficio y el de terceros. El dinero procedía de la venta de una finca del municipio por 1,5 millones de euros. La sentencia considera que el acusado es autor de un delito de apropiación indebida.

Según la Audiencia, una parte de ese dinero sí redundó en actos y eventos organizados en favor del concejo (como organización de fiestas, viajes para jubilados...), pero otra parte fue al bolsillo del acusado y ahora condenado.

Aretxabaleta, durante los 18 años de mandato de Acedo, nunca entregó información sobre las cuentas de la junta administrativa a la Diputación, competente de la tutela financiera de los concejos y otras entidades locales. Pero poco importó que desde el Gobierno foral se cortara el grifo de las subvenciones anuales por este motivo, ya que el pueblo había hecho fortuna con una operación urbanística en 2004, la cual reportó alrededor de 1,5 millones de euros. Es parte de ese dinero el que aparentemente saqueó Acedo para su beneficio, como ha constatado ya el Tribunal de Cuentas del Estado y ha denunciado también el actual equipo que gestiona el concejo.

El aludido ya rechazó en su momento las acusaciones sobre su persona en el proceso abierto en el Tribunal de Cuentas y rebajó el desvío de fondos a una “poco estricta llevanza de las cuentas”.

Este miércoles a las 13.37 horas, después de toda una mañana de testimonios, ha quedado visto para sentencia en la Audiencia de Álava el juicio contra Miguel Acedo, el ex ‘alcalde’ hasta 2014 del pequeño concejo de Aretxabaleta, de apenas 300 habitantes y ubicado dentro del término municipal de Vitoria. En la sesión, ni siquiera los testigos del imputado, en su mayoría familiares y amigos, han podido negar que Acedo manejó “en metálico” importantes sumas de dinero mientras fue regidor y que realizó una gestión manirrota, que incluía facturas abultadas para fiestas y espectáculos. La Fiscalía reclama para él seis años de prisión tras haber desviado, según han calculado, 545.454,74 euros en su beneficio o en el de terceros, dinero procedente de la cuenta de la junta administrativa, que en 2004 vendió una parcela e ingresó 1,5 millones de euros. “Esta persona ha vivido mediante el dinero del concejo. En diez años quizás no es una cantidad desorbitada y no dé para ir al Caribe y comprarse casa y coches caros, pero sí da para tener un medio de vida”, ha resumido el fiscal del caso en su alegato final.

“El único perjudicado era el concejo de Aretxabaleta”, ha abundado el representante del ministerio público, que considera documentado que Acedo era el único autorizado en la cuenta corriente del pueblo y que era también el único con tarjeta de crédito, la cual usó en 715 ocasiones para sacar dinero de cajeros automáticos próximos a su domicilio o al de su madre. El actual responsable de la junta administrativa y denunciante del caso, Gerardo López de Suso, ha secundado también esta versión. Un dato: si en 2004 el saldo de la libreta de Aretxabaleta era de 1,5 millones en 2004, cuando Acedo perdió las elecciones y dio paso a López de Suso, en 2014, el dinero que quedaba de aquella operación urbanística eran “167 euros”. En esos años apenas estuvo unos meses dado de alta en la Seguridad Social.

Acedo, pese a los rumores que le situaban en paradero desconocido, ha comparecido en el juicio y ha respondido a todas las preguntas, tanto de la acusación como de la defensa. Eso sí, sus explicaciones, en la mayoría de ocasiones, no han pasado de los monosílabos. Durante los 24 minutos de interrogatorio del fiscal, el imputado ha explicado que dedicaba “hasta ocho y diez horas” al pueblo sin cobrar y que “hacía de todo”, incluso “cortar la hierba”. También ha querido dejar claro que llevaba una vida austera y que incluso ha tenido problemas económicos que le condujeron a volver a casa de su madre porque no pudo pagar la renta de su vivienda de alquiler, 400 euros mensuales.

A preguntas de su abogado, ha desplegado su estrategia de defensa:

-¿Ha hecho disposiciones a su favor con tarjetas de crédito?

-Nunca. Todo el dinero que he sacado lo he derivado a los vecinos del pueblo.

El gran argumento de Acedo, de su letrado y de sus testigos es que utilizaba permanentemente dinero en efectivo para todas sus gestiones y que en el pueblo había actividades “todos los días” que requerían de esos fondos. “Si se iba a hacer una paellada y había que comprar, íbamos, le pedíamos el dinero y listo”, ha indicado una testigo. En general, han dibujado a un gestor generoso o despilfarrador, según se mire, que en diez años trajo a artistas de elevado caché a un pequeño pueblo –se ha citado en el juicio a Mary Carmen y sus muñecos, a los hermanos Calatrava o a Marianico El Corto- y que montó grandes banquetes y viajes, incluido uno a Eurodisney, en París, y otro de “60 ó 70 personas” a Valladolid para un campeonato del Atlético Aretxabaleta, el equipo local al que también mimó a golpe de talonario el alcalde plenipotenciario.

El juez Jaime Tapia, presidente del tribunal, no ha podido ocultar su sorpresa ante semejante nivel de vida en un lugar como Aretxabaleta. “¿Pero es que nadie se preguntaba de dónde salía este dinero, este maná?”, ha lanzado al aire en un momento de la sesión. Incluso el letrado defensor ha reconocido que era cierto el “rumor” de que las fiestas de este concejo eran “espectaculares” y “excesivas”.

La conclusión de su abogado: “Puede discreparse sobre la idoneidad o no de estos gastos o sobre la llevanza o no de contabilidad [Acedo ni llevaba un control económico ni respondió a los requerimientos de vecinos y Diputación en una década] pero hay que analizar si hay beneficio para el imputado, además de ánimo de lucro. No se dan los elementos necesarios para la apropiación indebida”.

Una pariente estafó 18.300 euros a unos ancianos

La teoría esgrimida por Acedo y su entorno es que el dinero de la operación urbanística lo fundió en su totalidad en actividades para el pueblo hasta dejar la cuenta corriente con telarañas. La Fiscalía ha querido demostrar que esas actividades están contrastadas en los movimientos y transferencias bancarias (y no son precisamente facturas pequeñas) y que luego quedaron otros 545.454,74 euros para beneficio particular (como 18.000 euros en facturas telefónicas) o de terceros, el grueso sacado de los cajeros automáticos.

El imputado ha alegado en su comparecencia que si no hay pruebas de esos gastos aparentemente sospechosos es porque hubo un incendio en la oficina en la que se almacenaban las facturas. Fue en 2008, pero el despilfarro continuó hasta 2014. ¿Dónde están esas pruebas? Para esos últimos años de presuntas irregularidades, la defensa asegura que hubo también un robo en la sede del Atlético Aretxebaleta, adonde se trasladó el material tras el incendio. Sin embargo, un “amigo íntimo” del imputado ha terminado por admitir, para sorpresa de los presentes, que “cuando llevaban unas cervecitas de más” no guardaban las facturas y que incluso “se quedaba con las vueltas” tras alguna gestión. “Con las vueltas” del dinero de todos los vecinos.

Una de las testigos de Acedo ha sido su hermana, presidenta de la asociación de vecinos del pueblo durante varios años, en la que también estaba una sobrina del imputado. A esta entidad llegaron miles y miles de euros para cursos de flamenco, ludoteca, fiestas y hasta ordenadores e impresoras. Según los datos a los que ha accedido eldiarionorte.es, una familiar cercana de Acedo también fue detenida por estafa hace unos años acusada de utilizar las tarjetas de crédito de una pareja de ancianos a los que cuidaba para sacar de sus cuentas 18.300 euros.

¿La responsabilidad del Tribunal de Cuentas?

La parte final del juicio, la de las conclusiones, ha servido al letrado de Acedo para plantear dos cuestiones técnicas que podrían exonerar o al menos aliviar la condena de su patrocinado. La primera, que en 2010 el juzgado ya archivó una primera denuncia por este mismo asunto al no tener constancia documental (entre otras cosas porque Acedo no entregó las cuentas a la Fiscalía y sólo llegaron cuando López de Suso le relevó). Por ello, ha apelado al principio de “cosa juzgada” o de ‘non bis in idem’, extremo que ha desechado la Fiscalía.

En segundo lugar, y ya con ánimo de que el golpe de la sentencia sea el mínimo posible, el letrado ha recordado que el caso de Aretxabaleta ya fue ventilado en el Tribunal de Cuentas del Estado, que condenó a Acedo a reponer 397.000 euros por las irregularidades detectadas. A su entender, la jurisprudencia establece que la “responsabilidad civil” en una causa penal no puede ser diferente a la fijada en la jurisdicción contable y ha pedido al tribunal que tenga en cuenta esta circunstancia. El fiscal, entretanto, ha mantenido su petición de que devuelva exactamente 545.454,74 euros.

La Audiencia de Álava acogerá este miércoles a las 9.15 horas el esperado juicio contra Miguel Acedo (Valencia de las Torres, Badajoz, 1969), el que fuera 'alcalde' sin adscripción política hasta 2014 de la pequeña junta administrativa de Aretxabaleta, un concejo del término municipal de Vitoria de apenas 300 habitantes. Acedo se enfrente a seis años de cárcel por haber vivido durante una década del dinero que sacaba con dos tarjetas de crédito de la cuenta corriente de esta pequeña Administración. La Fiscalía estima que se apropió indebidamente de exactamente 545.454,74 euros, como adelantó eldiarionorte.es en octubre.

Aretxabaleta, durante los 18 años de mandato de Acedo, nunca entregó información sobre las cuentas de la junta administrativa a la Diputación, competente de la tutela financiera de los concejos y otras entidades locales. Pero poco importó que desde el Gobierno foral se cortara el grifo de las subvenciones anuales por este motivo, ya que el pueblo había hecho fortuna con una operación urbanística en 2004, la cual reportó alrededor de 1,5 millones de euros. Es parte de ese dinero el que aparentemente saqueó Acedo para su beneficio, como ha constatado ya el Tribunal de Cuentas del Estado y ha denunciado también el actual equipo que gestiona el concejo. “La intención nuestra es recuperar todo ese capital”, explican desde la actual junta administrativa de Aretxabaleta sobre su papel en el juicio, en el que comparecerán como testigos. 

El aludido ya rechazó de plano las acusaciones sobre su persona en el proceso abierto en el Tribunal de Cuentas. Rebajó el desvió de fondos a una “poco estricta llevanza de las cuentas”. Aunque él públicamente no ha dado la cara, su entorno familiar y de amistades ha creado incluso una plataforma llamada 'Todos con Miguel' que defiende esta versión de los hechos.

“El dinero que se reclama, que falta por justificar, se ha gastado en actividades para el pueblo. No ha sido robado por nuestro alcalde ni destinado a beneficio propio. Ni está en Suiza”, leyeron los portavoces de esta agrupación en una rueda de prensa celebrada en octubre entre vítores y aplausos al exregidor imputado. En concreto, enumeraron numerosas actividades desarrolladas en Aretxabaleta entre 2004 -el año de la operación urbanística- y 2014: un ‘show’ de Mary Carmen y sus muñecos, una visita de los Hermanos Calatrava, una actuación del cómico Manolito Royo, espectáculos de variedades, pirotecnia, una “cena de gala”, clases de flamenco o excursiones por España y Europa, incluyendo un viaje a Eurodisney, en París.

El pecado, arguyen tanto el acusado como su entorno, es no haber registrado correctamente esos gastos. Eso y que las pruebas de estas actividades habrían quedado destruidas en un incendio que se produjo en locales de la junta administrativa. El asunto del fuego ya fue esgrimido ante el Tribunal de Cuentas, pero, como remarcó este organismo en su sentencia, se produjo en 2008 y el desfalco se prolongó desde 2004 hasta 2014. El accidente pudo destruir pruebas de cuatro ejercicios, pero lo cierto es que Acedo continuó valiéndose de las dos tarjetas de crédito vinculadas a la cuenta de Aretxabaleta seis años más.

En la actual junta administrativa tienen claro que las actividades que enumera Acedo en su defensa se realizaron y que se pagaron con cargo a la cuenta municipal. Pero insisten en que se pudieron abonar con la diferencia entre los 0,5 millones aparentemente desviados para lucro personal y los 1,5 ingresados por la venta de parcelas. Lo uno no quita a lo otro, remarcan. Y denuncian que la plataforma 'Todos con Miguel' no tiene “ninguna prueba” que acredite su versión.

La vista judicial, en principio, se celebrará en un solo día. La Fiscalía, además de la pena de prisión, reclama que Acedo restituya los 545.454,74 euros de los que se benefició y que sea inhabilitado para el ejercicio del sufragio pasivo. Entiende que el imputado, “con ánimo de favorecerse un beneficio económico de carácter ilícito a costa de atentar contra el patrimonio del consejo que presidía”, dispuso “en su favor o en el de terceros” de “importantes cantidades de dinero provenientes de la venta de la parcela” en 2004.

El responsable del ministerio público en Álava, Josu Izaguirre, llegó a mostrar su preocupación por la falta de control de las juntas administrativas de los concejos de Álava, ya que el de Aretxabaleta no es el único caso judicializado sea en el Tribunal de Cuentas o en la justicia ordinaria. “Las juntas administrativas, entidades locales menores que, dada la distribución poblacional de Araba, tienen gran importancia en su entramado institucional, son fuente de muchas denuncias por irregularidades en la gestión. La experiencia adquirida en la tramitación de las causas incoadas, ya reflejada en anteriores memorias, pone de manifiesto la necesidad de una reforma legal que establezca mayores mecanismos de control contable y presupuestario de su actividad”, indicó Izaguirre en su memoria de actividades publicada en 2016.

Los vítores, gritos, aplausos y hasta ‘selfies’ de un heterogéneo grupo de una veintena de personas han roto este jueves a mediodía la quietud habitual del pequeño concejo de Aretxabaleta, de apenas 300 habitantes y perteneciente al término municipal de Vitoria. En varios vehículos han ido llegando a la casa del concejo los integrantes de la plataforma “Todos con Miguel”, que se ha propuesto cantar a los cuatro vientos la inocencia de Miguel Acedo Fernández, quien fuera regidor del concejo durante casi dos décadas. El aludido, que sigue sin dar señales de vida, está condenado ya por el Tribunal de Cuentas del Estado y  la Fiscalía pide para él seis años de prisión por apropiarse nada menos que de 545.454 euros de la cuenta corriente de la junta administrativa del pueblo.

En este insólito acto de desagravio, familiares, amigos y antiguos vecinos de Acedo han desplegado primero una vieja sábana con el lema pintado “Todos con Miguel, Aretxabaleta herria”. Después han leído ante los dos periodistas presentes en la concentración –custodiada discretamente por una patrulla de la Ertzaintza- un par de folios con las “pruebas” que demuestran, a su entender, que el saqueo de las arcas de Aretxabaleta es simplemente un montaje interesado, una mala interpretación de los medios de comunicación.

“El dinero que se reclama, que falta por justificar, se ha gastado en actividades para el pueblo. No ha sido robado por nuestro alcalde ni destinado a beneficio propio. Ni está en Suiza. Por ello presentamos la lista de actividades que se han realizado en sus años de mandato y dónde está el dinero que se le reclama”, ha leído Julia Risque Chacón, portavoz de los manifestantes. A gran velocidad, ha dedicado después varios minutos a enumerar actividades aparentemente puestas en marcha por Acedo “por y para el pueblo”, sin detallar en ningún momento el coste de todo ello. En la lista se incluyen un ‘show’ de Mary Carmen y sus muñecos, una visita de los Hermanos Calatrava, una actuación del cómico Manolito Royo, espectáculos de variedades, pirotecnia, una “cena de gala”, clases de flamenco y excursiones por España y Europa, incluyendo un viaje a Eurodisney, en París.

Todo pecado que asumen es que “no fueron del todo adecuado” los “controles” de los gastos. Pero de pillaje nada de nada. “Además, el incendio acaecido en las oficinas del centro social destruyó la mayoría de las facturas y albaranes de compras y gastos que justificarían esa cantidad”, han abundado, cifrando el supuesto dinero desaparecido en 400.000 euros, cuando la cantidad reclamada por la Fiscalía son casi 550.000, bastante más.

Todo el aplomo y firmeza argumental que la plataforma ha mostrado en la lectura de su comunicado se ha perdido en las preguntas formuladas por los periodistas. El asunto del incendio ya fue esgrimido ante el Tribunal de Cuentas. El fuego se produjo en 2008 y el desfalco se prolongó desde 2004 hasta 2014. El accidente pudo destruir pruebas de cuatro años, pero lo cierto es que Acedo continuó valiéndose de las dos tarjetas de crédito vinculadas a la cuenta de Aretxabaleta seis años más. La plataforma ha añadido después que “también hubo un robo” de papeles que servirían como coartada para el resto del período.

Tampoco han aclarado por qué Acedo era el único autorizado para usar las tarjetas de crédito y las cuentas cuando ni siquiera el “fiel de fechos” (una figura tradicional de los concejos similar a un tesorero) tenía firma en ellas. “No lo sé”, ha sido la respuesta. Al final del turno de preguntas y, a pesar de la lectura detallada de las actividades desarrolladas por Acedo, una mujer presente ha reconocido: “Nosotros somos una plataforma vecinal que estamos mostrando nuestro apoyo a Miguel. No tenemos ningún papel”.

Lo que sí tienen es una convicción profunda en el ‘savoir faire’ de Acedo, en su rigor como gestor. “Es una persona que tiene una vida normal y corriente. Ni lujos ni nada. Trabajando por y para su pueblo. Todo el mundo que lo ha necesitado ha tenido siempre la ayuda de Miguel”, han esgrimido los presentes. Incluso han acusado de ‘pucherazo’ a la nueva junta administrativa del pueblo, salida de los comicios de 2014. Aquel cambio institucional fue clave, ya que permitió reabrir la investigación judicial con las pruebas que ahora sí aportó Aretxabaleta a la Fiscalía tras la negativa de Acedo durante años.

Se da la circunstancia de que un familiar muy cercano de Miguel Acedo también está acusado de “estafa” por la Fiscalía de Álava. En este caso, fuentes policiales han confirmado a eldiarionorte.es que esta persona fue contratada para el cuidado de una pareja de ancianos y que sustrajo sus tarjetas de crédito. Desde finales de 2013 y durante casi un año, dispuso de 18.300 euros en distintos reintegros de dinero.

“Todos con Miguel”. Así se autodenomina la nueva “plataforma vecinal” de Arechavaleta, el pueblo integrado en el municipio de Vitoria cuyo ex ‘alcalde’, Miguel Acedo Fernández (actualmente en paradero desconocido) se expone a seis años de cárcel (ya ha sido condenado por el Tribunal de Cuentas de España) por llevarse de las arcas de la junta administrativa del concejo, aparentemente para lucro personal, exactamente 545.454,74 euros. Sus promotores, del entorno familiar del imputado, han convocado para este jueves a mediodía una “rueda de prensa” en la que se presentará información de “dónde fue a parar el dinero que se le acusa de haber sustraído”. “Miguel se gastó el dinero en el pueblo y para el pueblo. Todos con Miguel”, adelantan en Facebook los promotores.

El caso de Acedo, que no tenía ninguna adscripción política, fue denunciado por vecinos opositores de Arechavaleta ya en 2009. A falta de colaboración de su junta administrativa, aquella primera investigación quedó archivada. Sin embargo, en 2014 perdió las elecciones del concejo (independientes de las municipales de Vitoria) y los nuevos responsables locales trasladaron toda la documentación de las cuentas bancarias del pueblo a la Fiscalía, que pudo acreditar el desfalco y cuantificarlo en 545.454,74 euros (todos procedentes de la venta de una parcela de titularidad pública), casi 100 millones de las antiguas pesetas. Se descubrió que disponía para su uso personal de dos tarjetas de crédito a nombre del concejo y que se pasó sus 18 años de mandato sin entregar las cuentas a la Diputación.

Desde la actual junta administrativa de Arechavaleta insisten en que “ningún vecino del pueblo” está detrás de la nueva plataforma, que se trata de una iniciativa de su entorno para blanquear su actuación. “Decir lo que dicen es desviar y confundir un poco a la gente. Cuando tenían que haber aportado las pruebas es en el proceso penal o en el Tribunal de Cuentas, cuya, sentencia, por cierto, no han recurrido”, inciden estas fuentes, aunque reconocen que “claro que Miguel Acedo tiene gente afín” porque “si no no hubiese estado casi 20 años” en el poder. “Pero sí, es un poco sorprendente que pase ahora esto, aunque en este país cada vez nos sorprendan menos cosas”, remachan desde la pequeña localidad, de no más de 300 habitantes.

“Poco estricta llevanza de las cuentas”

¿Qué justificación dio Acedo a su gestión? Ante el Tribunal de Cuentas, rebajó el desfalco a una “poco estricta llevanza de las cuentas”. “Todas esas disposiciones dinero se hicieron para pagar cuestiones relacionadas con el funcionamiento”, insistió también en este foro, en la que parece también la línea argumental de la plataforma en su apoyo. Como mucho, unas fiestas del pueblo un poco caras, pero nada más.

Por el contrario, la acusación tiene pruebas de que el dinero se empleó para lucro personal durante los diez años que pasaron desde la venta de la parcela hasta la salida de Acedo de la institución local, y así lo cree también la Fiscalía en su petición de seis años de cárcel. “Hemos descubierto reintegros de 600 euros de cajeros a cualquier hora del día y de la noche y así cuatro, cinco y seis años. Era increíble”, declararon a eldiarionorte.es fuentes conocedoras del caso.

Donde la Fiscalía, el Tribunal de Cuentas del Estado y muchos testigos aprecian un saqueo indisimulado de las arcas públicas, el acusado lo rebaja a una “poco estricta llevanza de las cuentas”. Miguel Acedo Fernández, el ‘alcalde’ del concejo vitoriano de Arechavaleta ahora en paradero desconocido y que será juzgado próximamente por apropiarse de 545.454,74 euros de la cuenta corriente de ese pequeño pueblo de no más de 300 habitantes, mantiene como estrategia de defensa que “todas esas disposiciones dinero se hicieron para pagar cuestiones relacionadas con el funcionamiento” de Arechavaleta aunque las competencias de las juntas administrativas de los concejos del Ayuntamiento de Vitoria son mínimas.

Nunca hubo lucro personal, enfatizó su letrado en el juicio que ya se celebró en el Tribunal de Cuentas y en el que este organismo le condenó ya a devolver unos 500.000 euros. Como mucho, un gasto excesivo en fiestas, comidas u otras actividades para el pueblo. Pero nada más.

Ahora, Acedo se enfrenta a un proceso penal y la Fiscalía, como adelantó ayer eldiarionorte.es, solicita para él seis años de prisión al estimar en exactamente 545.454,74 euros el dinero que robó al concejo que él presidía entre 2004 y 2014. Los fondos tenían su origen en la venta de una parcela por 1,5 millones (estaba tasada en 200.000), una pequeña fortuna para una localidad cuya subvención anual para todas las competencias puede rondar los 3.000 euros dadas sus pequeñas dimensiones.

Al margen de poner en valor su inexperiencia como gestor para justificar la “poco estricta” llevanza de las cuentas, Acedo también alegó que no existen justificaciones de gran parte de los gastos de Arechavaleta porque un incendio de 2008 destruyó abundante documentación. Los informes periciales no han dejado claro que en ese fuego se destruyeran las cuentas y hay testigos que sostienen lo contrario y que nunca existieron los documentos que podrían exonerar a Acedo. En todo caso, el Tribunal de Cuentas ya le afeó que buscara como coartada un suceso que apenas cubre el desfalco cometido entre 2004 y 2008 cuando el imputado siguió valiéndose de las dos tarjetas de crédito municipales (de las que era el único titular) seis años más, hasta que un grupo vecinal opositor ganó las elecciones locales y destapó el fraude.

El papel del “fiel de fechos”

Los concejos, una institución tradicional alavesa, mantienen la figura del “fiel de fechos”, una especie de tesorero que supervisa las cuentas de la junta administrativa. Isidoro Rodríguez, el que acompañó a Acedo en esas funciones, también fue acusado en el Tribunal de Cuentas. Sin embargo, arguyó que en el caso de Arechavaleta el único autorizado para el manejo de la cuenta corriente era el alcalde-presidente. “Nunca tuvo firma en la cuenta, nunca tuvo poder, nunca sacó dinero y nunca realizó transferencias”, reflejó su letrado. Rodríguez ni siquiera está imputado en la vía penal por este motivo.

Uno de los cambios introducidos en el pueblo por la nueva junta administrativa ha sido apoderar a tres personas en la cuenta corriente y solicitar al menos dos firmas para cada operación. Acedo, sin embargo, usó libremente las tarjetas de crédito y realizó numerosas extracciones en cajeros automáticos durante muchos años.

“Los concejos están bien controlados”

Además de por este caso, el fiscal-jefe de Álava mostró su inquietud por las irregularidades contables detectadas en otros concejos, casos que se mantienen en investigación. En su reciente memoria, publicada en septiembre, reclamó más controles. En el caso de Acedo, en ninguno de sus 18 años de mandato entregó las cuentas a la Diputación, la institución competente para la tutela financiera de las entidades locales. El único mecanismo sancionador era retirar el 50% de la subvención anual, pero es evidente que poco importaban un par de miles de euros en Arechavaleta cuando en la cuenta corriente había 1,5 millones.

Miren Fernández de Landa es la presidenta de la asociación de concejos de la ciudad de Vitoria, que son 63 en total. En su opinión “éste es un caso aislado” que no debe hacer que se extienda una sombra de sospecha sobre estas instituciones históricas. “La hacienda de los concejos es un dinero muy bien controlado. Ya quisieran en muchos partidos políticos y administraciones tener solamente una oveja negra en sus organizaciones. Los concejos son una administración segura y fiable, y tienen una salud extraordinaria. Esto es ‘peccata minuta’ en comparación con lo que nos desayunamos todos los días”, argumenta Fernández de Landa sobre la corrupción en España.

Nadie es capaz de explicar dónde para Miguel Acedo Fernández (Valencia de las Torres, Badajoz, 1969). El que hasta 2014 fue alcalde-presidente sin adscripción política del concejo de Arechavaleta, un pequeño pueblo de no más de 300 habitantes dentro del municipio de Vitoria (no confundir con la localidad guipuzcoana, cuyo nombre oficial es en euskara), se enfrenta a seis años de cárcel por haber vivido durante nada menos que diez años del dinero que sacaba de la cuenta corriente de la junta administrativa del concejo, principalmente con dos tarjetas de crédito de las que era el único autorizado. La estimación de la Fiscalía es que se embolsó de las arcas públicas un total de 545.454,74 euros, casi 100 millones de las antiguas pesetas.

El origen de la pequeña fortuna que amasó la modesta junta administrativa de este concejo y que luego saqueó a golpe de tarjeta el alcalde pedáneo que antes conducía un Renault 18 hay que buscarlo en la hemeroteca. Las crónicas locales del 17 de mayo de 2004 narraban cómo Arechavaleta había logrado 1,5 millones de euros al vender en subasta a una promotora una parcela de 2.000 metros cuadrados que había tasado en unos 200.000. Fue un premio gordo para un pueblo con apenas una iglesia, una barriada y una vaquería. Para el pueblo y para su regidor.

Sin control de la Diputación

Desde entonces hasta 2014, ininterrumpidamente, Acedo vivió literalmente del dinero de todos. Con anterioridad a 2004 se le conocía un negocio de pintor autónomo y en esa década no consta que pagara más la cuota a la Seguridad Social. “Hemos descubierto reintegros de 600 euros de cajeros a cualquier hora del día y de la noche y así cuatro, cinco y seis años. Era increíble”, relata un vecino antes en la ‘oposición’ y ahora colaborador de la nueva junta administrativa, que ha contribuido de manera decisiva a esclarecer este caso.

Precisamente un grupo de ciudadanos de Arechavaleta, en 2009, empezó a cuestionar la gestión de las cuentas locales, que sólo han de costear las fiestas patronales y algunas excursiones para los vecinos más mayores, ya que el resto de servicios los pone Vitoria. El asunto llegó a manos de la Diputación, con competencias en materia de financiación y control de las entidades locales menores, como son los concejos. La conclusión es que durante todo el mandato de Acedo (18 años en total) Arechavaleta nunca había presentado sus números a la institución foral. Automáticamente, se suspendió parte de la subvención anual, aunque a Acedo poco le importó la pérdida de un par de miles de euros (lo que le tocaba a una población que nunca ha superado los 300 habitantes) cuando guardaba en la caja de ahorros toda una fortuna que podía disponer a su antojo. El asunto llegó a la Fiscalía y, de ahí, al juez más minucioso que ha pasado por Vitoria en mucho tiempo, Roberto Ramos. Conocido por desentrañar el mayor caso de corrupción del País Vasco, el ‘caso De Miguel’ (vinculado a excargos del PNV), dio su brazo a torcer y archivó las pesquisas porque no había manera de acceder a las pruebas que justificaban el desfalco.

Pero la “suerte” –la expresión sale del Palacio de Justicia- hizo que la oposición vecinal se impusiera en las elecciones de concejo (que se realizan independientemente de las municipales). Ocurrió en 2014 y no sin dificultades, ya que Acedo tenía sus partidarios. “Les había prometido a muchos que les permutarían sus casas viejas por los pisos nuevos de abajo”, apuntan en el otro bando en referencia a la nueva promoción urbanística, centro comercial incluido, que ha brotado bajo la colina de Arechavaleta y que condena al pueblo a ser absorbido por la trama urbana de Vitoria.

Sentencia del Tribunal de Cuentas

Los nuevos gestores comprobaron al instante de tomar posesión que “no existía libro de cuentas” y que, como sospechaban, Acedo vivió del dinero de todos “y de que vivió muy bien, además”. La documentación de la cuenta local (ahora es necesario aportar dos firmas autorizadas para cualquier movimiento) voló al juzgado y también al Tribunal de Cuentas del Estado. Y está dando sus frutos. En junio, el órgano fiscalizador dictaminó que Acedo había causado un grave quebranto económico a Arechavaleta y que debía reembolsar el dinero injustificado que se llevó. Señaló también como corresponsable al tesorero (técnicamente “fiel de fechos”), Isidoro Rodríguez. Y, ahora, la Fiscalía cuantifica el desfalco en exactamente 545.454,74 euros y lo califica como un delito continuado de apropiación indebida que podría costarle a Acedo seis años entre rejas por el “agravante” de que se sirvió de un cargo público para lucrarse.

“De momento, no ha devuelto nada al pueblo. Y andamos muy mal porque sólo tenemos deudas. Este proceso nos ha costado un ojo de la cara entre abogados, procuradores y peritos”, indican desde la junta administrativa actual con cierta desesperación. Se quejan de que la Diputación, que les prometió ayuda financiera y recursos, les diera la espalda en cuanto la hicieron responsable solidaria de lo ocurrido por no haber ejercido su función de control debidamente.

Distintas voces apuntan a que el de Arechavaleta no es el único caso de irregularidades graves en entidades locales de Álava. El fiscal-jefe, Josu Izaguirre, expresa su inquietud en este sentido en la memoria anual, publicada el pasado mes de septiembre. “Nos sigue preocupando el elevado número de causas que se incoan como consecuencia de irregularidades en la gestión de las juntas administrativas. Las juntas administrativas, entidades locales menores que, dada la distribución poblacional de Araba, tienen gran importancia en su entramado institucional, son fuente de muchas denuncias por irregularidades en la gestión. La experiencia adquirida en la tramitación de las causas incoadas, ya reflejada en anteriores memorias, pone de manifiesto la necesidad de una reforma legal que establezca mayores mecanismos de control contable y presupuestario de su actividad”, indica Izaguirre.

Es sistema, ya instalado en la zona, no se pondrá en marcha porque no resulta sostenible en barrios de menos de 2.500 viviendas.

El número de pisos en ese área, aún sumados los de las nuevas urbanizaciones de Olárizu- sin residentes todavía- no alcanza más de 400.

El Ayuntamiento, para evitar alargar la espera, estudia extender los buzones de recogida neumática de basura a zonas próximas como Iturritxu.

Los vecinos de Aretxabaleta, que esperan la puesta en marcha del sistema de recogida neumática de residuos ya instalado en sus calles, seguirán utilizando los contenedores para deshacerse de sus desperdicios hasta nueva orden. El funcionamiento de ese mecanismo no resulta sostenible en áreas con una densidad de población reducida y sí compensa allí donde se registra una alta concentración de usuarios y volúmenes altos de residuos.

En aquellas zonas con menos de 2.500 viviendas, como es el caso de Aretxabaleta, no es rentable. El número de pisos en ese área, aún sumados los de las nuevas urbanizaciones de Olarizu- sin residentes todavía- no suman más de 400. En un futuro próximo no se enchufará el sistema a la red eléctrica porque genera muchos costes, sobre todo después de la subida de tarifas eléctricas. Y aunque el barrio es una zona en expansión, la construcción de nuevas viviendas y la llegada de nuevos vecinos que aumenten su población será lenta.

Para no demorar mucho en el tiempo la entrada del funcionamiento del servicio de recogida en Arretxabaleta y evitar más quejas del vecindario, los responsables del Departamento de Medio Ambiente del Ayuntamiento barajan extender los buzones a zonas próximas como Iturritxu. En el último consejo sectorial de Medio Ambiente se trasladó la propuesta a los presentes, que no consideran desacertada la idea. En el mismo foro los representantes municipales insistieron en la necesidad de implicar más al ciudadano para lograr un sistema más efectivo.

Por ello no descartan emprender nuevas campañas de sensibilización, ya que en algunas zonas no se hace un uso correcto de los buzones, las bolsas siguen depositándose fuera de las recipientes. “En las zona de Salburua, donde la recogida de orgánicos se hace a través de los buzones, los vecinos siguen mezclando los residuos y llegan a así a la plante de Jundiz donde deben realizar de nuevo la selección que ha de hacerse en origen, en las casas”, explica Andrés Illana, de Ekologistak Martxan. “En el Casco Viejo también se registran problemas. Se instaló el sistema para evitar la entrada de camiones y los ruidos que provocaban pero siguen entrado cinco veces al día porque se acumula la basura fuera. Las bolsas han de ser de menos de 30 litros porque al usar mayores no caben por los orificios de entrada. Algunos vecinos que se encuentran con este problema las dejan fuera. Son necesarias más campañas de sensibilización para frenar ese tipo de comportamientos”.