El Vaticano habría tratado de negociar una oferta de asilo en Rusia para el presidente venezolano, Nicolás Maduro, antes de su captura y detención por parte de las fuerzas estadounidenses el pasado sábado, según informó el viernes The Washington Post.

El diario informó de una conversación entre el cardenal secretario de Estado vaticano, Pietro Parolín, y el embajador de Estados Unidos ante la Santa Sede, Brian Burch, acerca de una supuesta propuesta rusa para conceder asilo a Maduro.

“Lo que se le propuso (a Maduro) fue que se marchara y pudiera disfrutar de su dinero”, dijo una persona familiarizada con la oferta rusa, que añadió que “parte de la propuesta era que el presidente ruso, Vladímir Putin, garantizara su seguridad”.

La cita en el Vaticano, que se mantuvo en absoluta reserva y no había sido anunciada, formó parte de una serie de gestiones infructuosas impulsadas por actores estadounidenses y diversos intermediarios —entre ellos, representantes rusos, cataríes y turcos, además de la Iglesia católica— para desactivar una escalada diplomática y ofrecerle a Nicolás Maduro una salida segura antes del operativo estadounidense del sábado destinado a detenerlo.

Desde la Santa Sede lamentaron que se hayan difundido fragmentos de un diálogo privado que, según señalaron, no reflejan fielmente lo conversado durante el encuentro, realizado en el período navideño. Así lo indicó la oficina de prensa del Vaticano al medio estadounidense. El portavoz de Burch derivó las consultas al Departamento de Estado, que optó por no pronunciarse, mientras que el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, no respondió a los pedidos de comentario.

“Es decepcionante que se hayan revelado partes de una conversación confidencial que no reflejan con precisión el contenido de la conversación, que tuvo lugar durante el período navideño”, declaró la oficina de prensa del Vaticano a The Washington Post.

En las semanas y meses previos, se sucedieron oportunidades que el exmandatario venezolano dejó pasar. Maduro pareció subestimar el nivel de riesgo que enfrentaba. Su negativa a aceptar distintas alternativas de salida, incluso cuando buques estadounidenses comenzaron a interceptar presuntas embarcaciones vinculadas al narcotráfico frente a las costas venezolanas y el tono de Washington se volvió cada vez más duro, terminó por definir su suerte.

Aun así, las gestiones para garantizarle una vía de escape se mantuvieron activas hasta último momento. De acuerdo con una fuente al tanto de las conversaciones, recibió una advertencia final pocos días antes del operativo estadounidense. El mandatario, sin embargo, volvió a rechazarla.

A pesar de ello, EEUU acabó llevando a cabo una operación militar ilegal que resultó en la captura y detención del mandatario venezolano y de su esposa, Cilia Flores, que ahora se encuentran en una cárcel en Nueva York para encarar acusaciones de narcoterrorismo.

Según el Washington Post, que cita a una fuente familiarizada con el asunto, el presidente estadounidense, Donald Trump, incluso habría invitado a Maduro a Washington, para que pudieran discutir en persona un salvoconducto que él mismo le ofreció pero que el venezolano aparentemente rechazó.

La investigadora Hegoa Ibazeta ha concluido, tras un repaso del derecho canónico, que el “expolio” en 1913 del retablo y frontal del monasterio de Quejana, en la provincia de Álava, fue “ilegal”. Acabaron en el Art Institute of Chicago estadounidense, donde se encuentran todavía en la actualidad. Arguye que, dado que la obra era por entonces un bien eclesiástico y que superaba el precio de venta fijado en 10.000 pesetas de la época, debería haber contado a comienzos del siglo XX con el beneplácito de la Santa Sede. Y, según sus indagaciones, no llegó hasta esas instancias, se quedó en un escalón inferior. “Lo más probable es que la enajenación a principios del siglo XX del retablo y frontal de la Virgen del Cabello de Quejana se ejecutase sin la licencia requerida de la Santa Sede, lo cual la haría cuando menos ilícita”, sostiene en las conclusiones de su investigación.

El monasterio, de la orden de las dominicas, lo fundó Fernán Pérez de Ayala en el siglo XIV, sobre la base de una iglesia, la de San Juan Bautista, que databa del XI. Una de las dependencias del conjunto es la capilla de la Virgen del Cabello, concebida para albergar los bultos sepulcrales tanto del fundador como de su esposa, Elvira Álvarez de Ceballos, así como de otras figuras relevantes. Es ahí donde se encontraba el retablo, con sus escenas evangélicas y también con representaciones de miembros de la familia, que ahora se expone al otro lado del océano Atlántico. Su función era la de servir de súplica perpetua por su salvación eterna. El Art Institute of Chicago aventura que el altar hubo de construirse y pintarse dentro de la pequeña capilla que luego lo cobijó durante siglos. Se proponía “impresionar” a través de “su escala monumental, su claridad narrativa y sus costosos materiales, entre los que se encuentran pan de oro y plata y esmaltes de un azul ultramarino raro y caro”. Su lugar, presidiendo la capilla funeraria, lo ocupa ahora una réplica confeccionada en 1959 por Cristóbal González de Quesada, restaurador del Museo del Prado.

La fundación del monasterio estuvo ligada a la creación de un mayorazgo. ¿Qué implicaba esta figura legal? Se aseguraba que ciertos bienes quedaban ligados a una familia. En el estudio de Ibazeta, titulado 'La legalidad en torno a la enajenación del retablo y frontal de la Virgen del Cabello' y publicado en el primer volumen de 2025 de la 'Revista Española de Derecho Canónico' de la Universidad Pontificia de Salamanca, se esboza una línea argumental que sostiene que, pese a que el patronato acabó recayendo en la duquesa de Alba a través de una larga línea que descendía desde el Ayala fundador, el retablo nunca fue de su propiedad.

Apunta Ibazeta que el retablo fue siempre una “propiedad eclesiástica, patrimonio de la Iglesia”, y no “propiedad civil, vinculada al mayorazgo de los Ayala”. “Es un error que yo también tuve al principio: ligar automáticamente el derecho de patronato con el derecho de propiedad. Ser el patrono de una entidad eclesiástica no te convertía automáticamente en propietario de los bienes que tenía esa entidad patrocinada”, ha resumido esta semana la investigadora en una presentación de su estudio llevada a cabo en la Casa de Cultura Ignacio Aldecoa de Vitoria. “Lo que yo defiendo es que lo más probable fue que la familia Ayala encargase el retablo y frontal y lo donase al monasterio de Quejana, porque era su responsabilidad como patrono”, concluye. Según su tesis, la propiedad era de la Iglesia, era un bien eclesiástico y no de la casa de Alba.

En el siglo XX, las monjas se decidieron a enajenar el retablo para aliviar sus necesidades económicas y para ello intercambiaron misivas con la titular de la casa de Alba para buscar su beneplácito. Todo ello a pesar de que, siendo un bien eclesiástico, no necesitaban su visto bueno. La investigadora, sin embargo, defiende que no fue fruto de su desconocimiento del derecho canónico, en el que habrían estado versadas, sino que era simplemente una forma de mostrar “deferencia” y “respeto” hacia la duquesa. “De todos modos, si la capilla hubiese sido una propiedad eclesiástica reconocida, estas cartas no alterarían el derecho de propiedad de la Iglesia sobre ella”, apostilla Ibazeta en el artículo.

12.900 pesetas y un beneplácito apostólico

El precio por el que el retablo y el frontal se vendieron en 1913 es otra de las claves de la cuestión. La venta ascendió a las 12.900 pesetas. Un anticuario inglés, de nombre Lionel Harris, se hizo con las piezas, que años después acabaron en manos de Charles Deering, que fue quien lo llevó a Estados Unidos, su actual paradero. Ibazeta se ha sumergido en el estudio del 'Acta Sanctae Sedis' y del 'Acta Apostolicae Sedis', una suerte de boletines oficiales de la Santa Sede. En ellas, se fijó un techo de 10.000 liras (que, como demuestra en el artículo, equivalían exactamente a 10.000 pesetas de la época) para las compraventas. De ahí para arriba, se requería la obtención de un beneplácito apostólico de la propia Santa Sede.

El quid de la cuestión reside, según Ibazeta, en que el nuncio fue el último en validar la compraventa. A través de las correspondencia de la época de la transacción (recabada por Micaela Portilla y Javier Aspuru), la investigadora concluye que no escaló más arriba. Las nuncias son misiones diplomáticas de la Santa Sede, una suerte de embajadas, con el nuncio como 'embajador'. Ibazeta concluye, sin embargo, que no estaba cualificado para otorgar el beneplácito apostólico. “Ni las nunciaturas ni los nuncios formaban parte de la Curia Romana durante la enajenación del retablo y frontal de la Virgen del Cabello. Además, los organismos que no formasen directamente parte del gobierno interno de la Santa Sede, aunque estuviesen vinculados, no se considerarían parte de la Curia Romana”, sostiene.

Para darle mayor empaque a la teoría, se apoya en la evidencia documental, representada en este caso por las cartas. Según sus cálculos, apenas transcurrieron seis días desde que la pelota llegó al tejado del nuncio y volvió nuevamente al obispado. “¿Podríamos pensar que en esos seis días hubo tiempo realmente de que llegara esa solicitud a la Santa Sede y de que, además, en la Santa Sede lo debatieran, dieran la autorización y que en ese periodo de tiempo tan acotado volviese esa validación? Muy muy improbable”, zanja.

El Vaticano ha anunciado a media mañana el ingreso del Papa Francisco en un hospital romano para tratarse de la bronquitis que lo aqueja hace cerca de una semana. “Esta mañana, al final de las audiencias, el Papa Francisco ingresó en el Policlínico Agostino Gemelli para someterse a algunas pruebas diagnósticas necesarias y continuar en un entorno hospitalario el tratamiento de la bronquitis que aún padece”.

Bergoglio ha mantenido su abultada agenda del año jubilar y las reuniones tradicionales con religiosos y jefes de Estado pese a su bronquitis. Este viernes, sin ir más lejos, el pontífice recibió durante media hora al premier eslovaco Robert Fico en el amplio salón de la planta baja de la Domus en la que vive, reconvertido en sala de audiencias, en un encuentro marcado por la preocupación compartida por la situación internacional.

Hace pocos minutos, y en un nuevo comunicado el Vaticano anunciaba que “tras el ingreso de Francisco, la audiencia jubilar de mañana, 15 de febrero, ha sido cancelada; la Santa Misa con motivo del Jubileo de los Artistas y del Mundo de la Cultura, el domingo 16 de febrero, será presidida por Su Eminencia el Cardenal José Tolentino de Mendonça, Prefecto del Dicasterio para la Cultura y la Educación, mientras que el encuentro con los artistas, previsto para el lunes en Cinecittà, se cancela debido a la imposibilidad del Papa de participar”.

El Papa arrastra síntomas de bronquitis desde al menos el domingo 2 de febrero, aunque hasta este miércoles no suspendió su agenda. En las últimas fechas sí que ha debido ceder la lectura de su discurso, al menos en las dos últimas audiencias públicas de los miércoles, y en la misa del pasado domingo en la plaza de San Pedro. En ese momento, admitió ante el público sus “dificultades en la respiración”.

No es la primera vez que el Papa padece bronquitis. Entre el 29 de marzo y el 1 de abril de 2023 ya estuvo ingresado por una dolencia similar. Francisco regresó al Gemelli en junio de ese año, para una laparatomía en el abdomen, una operación que requirió anestesia general e incluyó la colocación de una malla en la pared abdominal.

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Hace 87 años, la jerarquía católica española publicó, con fecha de 1 de julio de 1937, la Carta Colectiva del Episcopado español a los obispos del mundo entero con motivo de la guerra en España, piedra angular del nacionalcatolicismo que sería inseparable compañero de viaje de la dictadura franquista a lo largo de 35 años. 

Al margen de otras consideraciones, la elección de bando en la guerra civil de la jerarquía de la Iglesia española, lo que sería decir del Vaticano, fue mera cuestión de supervivencia: frente a la treintena, el centenar si se quiere, de personas de religión asesinadas por el Nuevo Estado –los blancos, en el lenguaje eclesiástico; los azules, en el propio–, los rojos, la Segunda República, han de acusarse de casi siete mil asesinatos, la persecución documentada más sangrienta de la historia de la Iglesia; desmedido balance que no contrapesa el que los primeros tuvieran carácter institucional o casi y que los segundos fueran producto de la fiebre revolucionaria de las turbas. Las cifras aceptadas por la historiografía eclesiástica son las documentadas pormenorizadamente –especificando identidad, condición religiosa, fecha, lugar y, a menudo, circunstancias de la muerte– por el historiador Antonio Montero Moreno, que fue arzobispo de Mérida-Badajoz: 13 obispos, 4.184 sacerdotes seculares, 2.365 religiosos y 283 religiosas, es decir, un total de 6.845 víctimas, sin contar los católicos asesinados por su actividad política, cuya religión era un agravante para ambos bandos. 

Pues aunque las cosas empezaron bien –la pragmática Congregación de Asuntos Eclesiásticos Extraordinarios vaticana reconoció a la República Española a los diez días de su proclamación pese a considerar, sin duda por desconocimiento o interpretaciones de parte, que había llegado al poder mediante un golpe de Estado, y a pesar de la jerarquía española, en su gran mayoría alineada con monárquicos y carlistas–, las cosas no tardaron en torcerse. 

El anticlericalismo en España, nacido en la Edad Media con la decadencia de Roma e incrementado por el abuso de poder ilimitado de la Inquisición, estaba fuertemente arraigado desde las revoluciones liberales de principios del siglo XVIII y el pronunciamiento de la Iglesia por el antiguo régimen, de modo que, en adelante, no hubo revuelta popular que no dirigiera su ira contra la Iglesia, siempre aliada con las clases pudientes y las fuerzas reaccionarias. La activa participación del clero en la guerra civil de 1822 para la restauración absolutista del ‘Rey Felón’, Fernando VII, instituyó el antagonismo entre las fuerzas del progreso y amplias capas populares y sus contrarias de la reacción capitaneadas por la cruz y la espada. Clerofobia que alcanzó su cima en la matanza de frailes en Madrid de 1834, con 75 religiosos asesinados y cinco edificios religiosos asaltados; en los motines anticlericales de 1835 en Zaragoza y Cataluña por la complicidad de la Iglesia con los carlistas, también con decenas de asesinados y templos arrasados, y, sobre todo, en la Semana Trágica de Barcelona, del 26 de julio al 2 de agosto de 1909, que iniciada como protesta antibelicista por las movilizaciones para las guerras del norte de África, desembocó en un levantamiento anticlerical en el que murieron más de un centenar de personas y otros tantos edificios, sobre todo religiosos, fueron incendiados.  

El odio anticlerical volvió a las pocas semanas de la proclamación de la II República. Los antecedentes fueron las furiosas cartas pastorales de algunos obispos contra el nuevo régimen, desoyendo los consejos de Roma de emitir pastorales contemporizando con la República. Especialmente, la del integrista y colérico monárquico cardenal primado y arzobispo de Toledo Pedro Segura –“Cuando los enemigos del reinado de Jesucristo avanzan resueltamente, ningún católico puede permanecer inactivo” (el trasunto actual es el “quien pueda hacer, que haga” del no menos integrista José María Aznar)–, que sería expulsado de España por la República y luego por la dictadura. Y, aún más especialmente, las instrucciones secretas que hizo a los obispos: se intervinieron documentos en los que Segura comunicaba el permiso de la Santa Sede –que no constó pero tampoco fue desmentido– para “colocar seguros, dentro o fuera de España, los bienes [de la Iglesia] consistentes en títulos de la Deuda Pública” y autorizando a diócesis y monasterios a vender sus bienes muebles e inmuebles. Junto a estas comprometedoras instrucciones, el dictamen del abogado Rafael Marín Lázaro, de la Asociación Católica Nacional de Propagandistas, en el que aconsejaba que las ventas de inmuebles fueran ficticias, a personas interpuestas, y que el producto de la venta de bienes muebles se evadiera, adquiriendo deuda pública francesa o inglesa, preferible a la española. El dictamen, fechado el 8 de mayo, tres días antes de la quema de conventos, revelaba la existencia previa al estallido anticlerical de un plan delictivo contra la estabilidad de la República. 

La chispa fue la sesión del 10 de mayo de 1931 en el Ateneo de Madrid, en la que los jóvenes ateneístas condenaron la pastoral de Segura y se unieron a la protesta por la inauguración de la sede del Círculo Monárquico Independiente, recién creado a fin de organizarse para conseguir la vuelta del autoexiliado Alfonso XIII. Los manifestantes republicanos trataron de asaltar el inmueble y al no conseguirlo, intentaron incendiar el edificio del diario ABC, que, lógicamente, había reiterado su militancia monárquica ante la proclamación republicana y su disposición a conseguir la restauración “por medios lícitos”. A los grupos radicales se fueron uniendo masas desquiciadas por un intencionado rumor: los monárquicos habían asesinado a un taxista, naturalmente republicano; los dos muertos y heridos que produjeron los enfrentamientos con las fuerzas públicas terminaron por crear el malsano caldo de cultivo que sirvió de excusa para los bárbaros sucesos de los días 11 y 12, con decenas de asesinatos, incendios, saqueos y destrucciones de edificios y bienes eclesiásticos que extendieron la fiebre anticlerical por todo el territorio, desde el centro del país a Burgos, Andalucía, Valencia y Murcia y en algunas ciudades, como en Málaga, de manera tan virulenta que obligó a fuerza tan poco proclerical como el sindicato anarquista Confederación Nacional del Trabajo (CNT) a publicar un manifiesto pacificador pidiendo el fin de los disturbios.   

Dudas vaticanas y división en la cristiandad 

Si bien el Vaticano hizo oídos sordos a la petición de explicaciones del presidente de la República, Niceto Alcalá-Zamora, sobre los tejemanejes del cardenal Segura y le exigía saber si realmente respondía al criterio del Papa, “y entonces toda conciliación háceseme imposible”, o, en otro caso, “la desautorización [de Segura] precisa y visible, a fin de que desaparezca todo obstáculo a las buenas relaciones entre Roma y la República”, cuando estalló la guerra civil, Roma prefirió congelar la urgencia con que el cardenal Isidre Gomà i Tomàs –primado de España desde 1933– pretendía que la Santa Sede reconociera al gobierno rebelde de Franco.  

En 1937, a presiones de éste, que buscaba con ansiedad algún reconocimiento internacional del alzamiento, Gomà –quien había sido nombrado encargado de negocios del Vaticano ante la Junta de Defensa Nacional desde el golpe– se dirigió con tal petición al cardenal Eugenio Pacelli –secretario de Estado de Pío XI y a quien sucedería en el papado con el nombre de Pío XII–. En septiembre de 1937, la Santa Sede acreditó como encargado de negocios ante el gobierno de Franco a Ildebrando Antoniutti, a quien había enviado como delegado apostólico en junio, rechazando ir más allá con palabras contundentes: “Se trata de un gobierno que está condicionado por la Alemania nazi, por la Alemania nazi que está persiguiendo a la Iglesia en Alemania. Por tanto, si apoyamos a este señor, éste va a hacer lo mismo en España; nos va a destruir también. Por consiguiente, no le apoyamos de ninguna manera”. 

Ante el silencio de Roma sobre las maniobras de Segura –señal de que si no las había inducido no las condenaba–, el gobierno de la República promulgó un decreto urgente prohibiendo la venta y compra de bienes eclesiásticos y, en un mes, igualó la situación institucional de la Iglesia católica española con la de sus homólogas en los países democráticos europeos: se decretó la voluntariedad de la enseñanza religiosa en las escuelas; la sustitución del juramento por la promesa en la toma de posesión de cargos públicos y la supresión de la exención tributaria de la Iglesia; la obligación de poseer el título oficial de maestro para impartir enseñanza ordinaria en las escuelas; la libertad de conciencia y culto y la obligatoriedad de inscribir en el registro los bienes correspondientes a las capellanías privadas.

En junio, se disolvieron los cuerpos eclesiásticos del Ejército (el 18 de abril se había suprimido el carácter obligatorio de los actos religiosos en días festivos); la obligación de informar sobre los haberes de cada clérigo con miras a la supresión del presupuesto eclesiástico a costa del Estado y se secularizaron los cementerios y se regularon las condiciones para los enterramientos. Entremedias, órdenes menores, pero insidiosas: prohibición de que los gobernadores provinciales asistieran a actos religiosos con otro carácter que el personal, privación de derechos civiles a la Confederación Nacional Católico-Agraria, exclusión de prelados del Consejo de Instrucción Pública, supresión de honores militares al Santísimo Sacramento en las procesiones, retirada de los crucifijos de las aulas donde algún alumno rechazara la enseñanza religiosa y pérdida de la inmunidad de los clérigos en cualquier tipo de delito común. 

En las jerarquías de la cristiandad europea no habían surgido dudas en el apoyo a la rebelión golpista tras los desmanes revolucionarios y la legislación republicana contra la Iglesia. Pero la opinión predominante tanto en los círculos intelectuales y dirigentes del catolicismo internacional como en los católicos de base eran netamente favorable a la República, por ser la legalidad democrática, y contraria a los sublevados, pues incluso una vez convalidados los respectivos vandalismos, los republicanos eran obra de criminales descontrolados, mientras que los de Franco tenían sello institucional. 

Las noticias sobre las matanzas de Badajoz en agosto de 1936 y la sucesivas de las tropas del coronel Yagüe y las partidas falangistas en su avance hacia Madrid; de los asesinatos masivos de refugiados que huían por la carretera de Málaga a Almería, la Desbandá, en febrero de 1937, y de los bombardeos aéreos contra la población civil, especialmente los de Durango (31 de marzo) y Gernika (26 de abril de 1937), eran imposibles de asimilar con la idea de cruzada o guerra santa, a pesar de los esfuerzos de la propaganda nacionalista y el empeño de la jerarquía católica. 

Lo de cruzada fue un invento del obispo de Pamplona, Marcelino Olaechea, quien fijó el concepto para el enfrentamiento civil en su pastoral de 23 de agosto de 1936: “(...) no es una guerra la que se está librando; es una cruzada y la Iglesia (...) no puede por menos que poner cuanto tiene en favor de los cruzados”. El 31 de agosto, el arzobispo de Santiago de Compostela, Tomás Muñiz, retomó o reincidió en el concepto: “(…) la Cruzada que se ha levantado contra ellos [”nuestros enemigos“] es patriótica (…) pero fundamentalmente una Cruzada religiosa, del mismo tipo que las Cruzadas de la Edad Media, pues ahora como entonces se lucha por la fe de Cristo y por la libertad de los pueblos”.

Tras éstos, el obispo de Salamanca, Enrique Pla i Deniel, que sucederá a Gomà en la sede primacial de España de 1941 a 1968, lo retomó y difundió en su pastoral Las dos ciudades (30 de septiembre de 1936), en la que afirmaba que no se trataba “(...) de una guerra civil, sino de una cruzada por la religión, por la patria y por la civilización”. Gomà terminó de darle carta de naturaleza en su opúsculo El caso de España (23 de noviembre de 1936): “(...) si la contienda actual aparece como guerra puramente civil (...), en el fondo debe reconocerse en ella un espíritu de verdadera cruzada en pro de la religión católica”. Y Franco, en fin, se apropió de tan conveniente concepto en su discurso con ocasión del decreto de Unificación (19 de abril de 1937): “(...) lo que empezó el 17 de julio como una contienda nuestra y civil es ahora una llamarada (...) tiene, cada día más, el carácter de cruzada”. 

Y es que el alzamiento militar, aún seguido de la indeseable y sangrienta guerra civil, fue “la oportunidad” para la Iglesia, dice José Agustín González-Ares, profesor de la Universidad de Vigo, “de poner en práctica un vasto programa de reconquista religiosa y de realizar uno de los procesos de conformación ideológica más completos de nuestra historia contemporánea. La jerarquía eclesiástica legitimará la sublevación, calificada de auténtica Cruzada, contra lo que consideran una España laica impuesta por la República. La semilla del nacionalcatolicismo empezaba a germinar”. 

La poderosa personalidad e influencia del filósofo francés Jacques Maritain, protestante convertido al catolicismo a los 24 años y cuyo pensamiento impregnaba de modernidad ortodoxa la teología europea, impuso su punto de vista sobre la guerra en España: “Que invoquen, pues, si la creen justa, la justicia de la guerra que hacen, ¡pero que no invoquen su santidad! Que maten, si creen que han de matar, en nombre del orden social o de la nación; es ya bastante horrible, pero que no maten en nombre de Cristo Rey, que no es un caudillo guerrero sino un Rey de gracia y de caridad, muerto por todos los hombres y cuyo reino no es de este mundo”. 

El historiador eclesiástico y sacerdote Hilari Raguer señala de las diversas proclamas golpistas de julio de 1936: “Si recorremos estos bandos para encontrar en ellos los propósitos iniciales del Alzamiento, comprobaremos, tal vez con sorpresa, que en ninguno de ellos se invoca la motivación religiosa”. La guerra santa era un plus de legitimidad que la jerarquía española había otorgado a un golpe de Estado entre cuyos impulsos no se encontraba ni de lejos la tan repetida “defensa de la Iglesia y la fe amenazadas” y entre cuyos impulsores, junto a católicos fervientes como era Franco, se encontraban generales masones como Miguel Cabanellas y anticlericales como Emilio Mola...  

La Carta colectiva de la jerarquía española 

El pronunciamiento de Maritain –a quien el miserable cuñadísimo del ‘Caudillo’, Serrano Suñer, acusó de “judío converso”– tuvo tal repercusión en el catolicismo internacional que el Vaticano censuró las referencias a la cruzada y la guerra santa –así como los excesos del entusiasmo episcopal español por el Movimiento y por la figura de Franco, que ya se había hecho con el poder total– en la Carta colectiva del Episcopado español a los obispos de todo el mundo con motivo de la guerra en España con la que jerarquía y golpistas trataban de argumentar y defenderse de esas condenas de los influyentes pensadores católicos y de las campañas, prorrepublicanas o antifranquistas, que se sucedieron. 

La Carta fue idea del dictador, que buscaba desesperadamente algún reconocimiento exterior a su trágica y sangrienta traición para la que sólo tenía dos cómplices, los dictadores alemán e italiano, repudiados por la Santa Sede, y la aquiescencia de otro colega, el dictador portugués Oliveira Salazar. Gomá lo reconoció así, al reiterar la petición de permiso al Vaticano para tramitarla, al cardenal Pacelli en escrito de 12 de mayo de 1937, “por el que le daba cuenta a V.E.R. del ruego que me había hecho el Generalísimo Franco en orden a la difusión en el extranjero de un Escrito colectivo del Episcopado español con el fin de desvirtuar la información falsa o tendenciosa que tanto daño ha hecho al buen nombre de España y de la Iglesia en ella”. En la carta le enviaba un esquema de la futura redacción y la aquiescencia general de los metropolitanos con la idea, a los que también había querido dejar claro la paternidad intelectual de la Carta: “Con fecha del 15 de mayo escribí a los reverendísimos metropolitanos enterándoles de una invitación que había recibido pocos días antes del Jefe del Estado y requiriendo su parecer sobre la conveniencia de secundarla”, les reiteraba a los obispos en la carta del 7 de junio de 1937 con el borrador del escrito colectivo. 

Ante las reticencias y el silencio vaticano sobre la Carta, Gomá, presionado por Franco –“el Jefe del Estado español siente un fondo de amargura por no haber sido reconocido de iure por la Santa Sede”–, volvió a insistirle a Pacelli el 25 de junio y de manera sibilina culpaba a la pusilanimidad del Vaticano de la incierta situación de la Iglesia en España –amenazada por el deseo falangista de una “Iglesia nacional” al estilo nazi en vez del deseable nacionalcatolicismo–, pues de las tres causas de que se haya “podido crear este estado espiritual, tan equivocado y peligroso”, dos eran directamente imputables a Roma: “el descontento producido en algunos sectores políticos, durante los años últimos, por la orientación de lo que llamaríamos política religiosa en nuestro país” y “el hecho de que algunos hayan calificado indebidamente a la Santa Sede de remisa en el reconocimiento del gobierno de Franco”, y la tercera, indirectamente, pues las dos causas anteriores abonaban el terreno donde desarrollar “la labor tendenciosa de los políticos extranjeros que aprovechan esta situación espiritual para atraer a los espíritus extraviados a la política del nacional-socialismo alemán y de antipatía a la Santa Sede”. 

Finalmente, el secretario de Estado de Pío XI remitió a Gomà el escrito colectivo del episcopado, censurado, con la siguiente observación: “El Santo Padre lo deja plenamente a su prudente juicio. Su Eminencia podrá por tanto, si lo cree oportuno, de acuerdo con el Excelentísimo Episcopado y con su notorio tacto y prudencia, proceder a la publicación de tal documento”. La Santa Sede no asumía ni prohibía la iniciativa; seguía en fase de ver y esperar, sin comprometer un futuro todavía incierto. Como se ha contado, era aún muy grande la desconfianza del Vaticano hacia un Franco “condicionado por la Alemania nazi, por la Alemania nazi que está persiguiendo a la Iglesia en Alemania”, escribió el historiador y sacerdote Vicente Cárcel Ortí, quien tuvo acceso a los documentos diplomáticos sobre España de los papados de Pío XI y Pío XII 

La Carta colectiva del Episcopado español a los obispos de todo el mundo con motivo de la guerra en España, fechada el 1 de julio de 1937 y hecha pública el 10 de agosto, fue un importante documento en el desarrollo de la guerra civil; sin duda, la principal operación de propaganda de los golpistas. La próxima semana analizaremos sus interesantes y reveladores detalles. 

Los principales dirigentes políticos internacionales han llenado de condolencias las redes sociales tras el fallecimiento de Joseph Ratzinger -Benedicto XVI-, este sábado a los 95 años de edad.

El papa Francisco ha expresado su “gratitud” a su antecesor, el pontífice emérito Benedicto XVI, fallecido hoy en el Vaticano: “Solo Dios conoce el valor y la fuerza de su intercesión”, ha sostenido en la celebración de las primeras vísperas de cierre del año en la basílica de San Pedro. “Hablando de gentileza, en este momento, el pensamiento va espontáneamente al queridísimo papa emérito Benedicto XVI, que esta mañana nos ha dejado. Con conmoción, recordamos su personalidad tan noble, tan gentil”, ha señalado Francisco en su homilía.

Y ha agregado: “Sentimos en el corazón mucha gratitud, gratitud a Dios por haberlo donado a la Iglesia y al mundo, y gratitud a él por todo el bien que cumplió y, sobre todo, por su testimonio de fe y de oración, especialmente en estos últimos años de vida retirada”.

El presidente español, Pedro Sánchez, ha lamentado la muerte del Papa emérito en un tuit y ha destacado la condición de Ratzinger de “gran teólogo entregado al servicio de los demás, la justicia y la paz”.

Por su parte, el líder de la oposición, Alberto Núñez-Feijóo, ha resaltado la “intelectualidad y cercanía” del pontífice emérito.

Asimismo, el rey Felipe VI ha enviado un telegrama de pésame al papa Francisco, según fuentes de la Casa Real. El monarca ha resaltado el “fecundo legado intelectual” que deja el santo padre y ha destacado su “extraordinaria vocación de servicio, humildad, entrega y amor”. Para finalizar, el rey ha rememorado las visitas de Joseph Ratzinger a Valencia, Santiago de Compostela, Barcelona y Madrid: “Guardamos, con profundo sentimiento, el recuerdo del cariño con que siempre distinguió a España en sus visitas”.

Los dirigentes internacionales

Desde la política internacional, en Alemania -lugar de procedencia de Benedicto XVI- el canciller Olaf Scholz ha lamentado en su perfil de Twitter la defunción del papa emérito, al que describe como “teólogo inteligente” con una “personalidad controvertida” y una “figura formadora para la Iglesia Católica”. “Para muchos -continúa Scholz- no solo en este país, era un líder especial para la Iglesia”. “Mis pensamientos están con el Papa Francisco”, ha concluido en su tuit.

“Benedicto XVI fue un destacado religioso y estadista, un firme defensor de los valores cristianos tradicionales”, ha aseverado el presidente de Rusia, Vladímir Putin en un telegrama enviado al Papa Francisco, citado por el Kremlin. Putin ha recordado que durante el pontificado del santo padre, “se establecieron relaciones diplomáticas plenas entre Rusia y el Vaticano, y se desarrollaron las relaciones entre las iglesias ortodoxa rusa y católica romana”. “Siempre guardaré los mejores recuerdos de él”, ha añadido el gobernante ruso.

La primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha mostrado su “dolor” por el fallecimiento de quien fue “un gigante de la fe y la razón” y “un gran hombre que la historia no olvidara”. “Un hombre enamorado del Señor que puso su vida al servicio de la Iglesia universal y habló, y seguirá hablando, al corazón y a la mente de los hombres con la profundidad espiritual, cultural e intelectual de su magisterio”, ha señalado Meloni en su perfil sobre el primer papa en renunciar al pontificado en la historia moderna de la Iglesia.

El ministro de Exteriores de Italia, el conservador Antonio Tajani, también ha expresado su “profundo dolor” por la muerte de este “gran papa y gran teólogo” de quien, ha dicho, “apreció sus enseñanzas y su modo de explicar la fe”.

También se han pronunciado dirigentes como el presidente francés, Emmanuel Macron, que ha mostrado su apoyo a los católicos del mundo por la pérdida del quien trabajó con alma e inteligencia por un mundo más fraternal“.

A su vez, el primer ministro del Reino Unido, Rishi Sunak, ha destacado la visita de Ratzinger a Reino Unido en 2010, que fue “un momento histórico tanto para los católicos como para los no católicos” del país. “Mis pensamientos están hoy con los católicos del Reino Unido y de todo el mundo”, ha sentenciado.

Del mismo modo, se han pronunciado sobre la muerte las lideresas de la Unión Europea. La presidenta, Ursula von der Leyen, ha reseñado la renuncia en 2013 del papa, pues “se consideraba ante todo un servidor de Dios y de su Iglesia” y que, cuando su fuerza física disminuyó, “continuó sirviendo a través del poder de sus oraciones”.

“No tengas miedo ni del mundo, ni del futuro, ni de tu debilidad”, ha sido la cita del expontífice escogida por la mandataria de la Eurocámara, Roberta Metsola, para iniciar su pésame. “Europa le llora”, ha afirmado Metsola.

El secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, ha recordado en un comunicado la visita de Benedicto XVI a Nueva York -sede de la ONU-. Guterres destaca el llamamiento de Ratzinger a “construir relaciones internacionales de forma que cada persona y cada pueblo sienta que puede marcar la diferencia” y a “cerrar la brecha cada vez mayor entre ricos y pobres son más pertinentes que nunca”.

El catolicismo español

En España, el arzobispo de Toledo y Primado de España, Francisco Cerro Chaves, ha destacado este sábado la “gran personalidad” y la “profunda espiritualidad” del Papa emérito, quien le nombró obispo de Coria-Cáceres. “Nos causa a todos tristeza, en el sentido de pérdida de una persona tan querida y apreciada por su gran labor”, explica el arzobispo de Toledo en su mensaje.

La Conferencia Episcopal Española ha destacado en un comunicado la “profunda huella” que Benedicto XVI dejó en los católicos españoles durante sus ocho años de pontificado en los que visitó nuestro país hasta en tres ocasiones y aprobó la mayor beatificación de la historia al proclamar beatos a 498 españoles.

Hay debates recurrentes en los congresos del PSOE como el modelo de Estado -siempre hay una enmienda en favor de la república que se transacciona de madrugada- y otro de los siempre polémicos es la relación entre Iglesia y Estado. José Luis Rodríguez Zapatero fue el primero en plantear la derogación de los acuerdos con la Santa Sede, Alfredo Pérez Rubalcaba repitió el compromiso y, posteriormente, lo hizo Pedro Sánchez en las dos campañas de primarias por el liderazgo del PSOE. La ponencia del 40º Congreso que el partido celebrará a mediados de octubre -que se someterá ahora a un proceso de enmiendas de los militantes- recoge de nuevo esa propuesta, pero incluye esta vez que el proceso se hará con “diálogo” y el “consenso” de la Iglesia. 

“Es el momento de actualizar unos acuerdos que son de hace más de 40 años, algunos previos a la Constitución -señala el texto sobre el Concordato-. Esta revisión, que en términos propios de Derecho Internacional se denomina ”denuncia“, la llevaríamos a cabo en diálogo con la Iglesia, buscando el consenso e impulsando desde el Gobierno unos nuevos acuerdos con el Vaticano propios de nuestro tiempo, en el marco de los valores y principios de la democracia constitucional y desde el respeto mutuo y adecuada distinción entre el Estado y la Iglesia, beneficiosa para ambos”. 

Ferraz incluye en esta ocasión la prevención de que la revisión se producirá de la mano de la Iglesia católica, que no figuraba en la resolución final del anterior congreso, en el que Sánchez recuperó la secretaría general bajo el lema “Somos la izquierda”. Hace cuatro años, afirmaban que “la condición laica del Estado requiere la derogación de normas y acuerdos constitutivos de privilegios heredados del pasado”. “Por ello es preciso proceder a la denuncia de los cuatro Acuerdos suscritos entre España y la Santa Sede en 1979, que dieron continuidad al Concordato establecido en 1953 entre el Régimen franquista y la Santa Sede”, remataba el documento, que hacía referencia al “establecimiento de la autofinanciación de la Iglesia, la secularización de las ceremonias y signos y la neutralidad de todas las instituciones, servicios y servidores públicos respecto a las convicciones ideológicas y religiosas de los ciudadanos”. 

El PSOE no incluyó la denuncia de los acuerdos con el Vaticano en el programa electoral de las generales de abril de 2019, aunque aseguró en una entrevista en elDiario.es a las puertas de la repetición electoral de noviembre de ese año que el PSOE “siempre” lo ha planteado. “Nosotros somos un partido político que siempre ha defendido la laicidad. Yo creo que también en ese ámbito tenemos que dar pasos”, afirmaba. Los socialistas incluyeron ese compromiso de denunciar los acuerdos e impulsar “un nuevo acuerdo bilateral entre ambos Estados, basado en el principio de laicidad, para mantener unas relaciones de cooperación moderna con la Iglesia Católica”.

Fuentes socialistas recalcan la importancia de que esa promesa de renegociar los acuerdos con el Vaticano se vincule con la aprobación de una Ley de Libertad de Conciencia, Religiosa y de Convicciones, que es un compromiso del Gobierno de coalición en su acuerdo programático para el “avance” hacia la laicidad. No obstante, también en las resoluciones de 2017 figuraba junto al compromiso de impulsar una “Ley de Conciencia y de Libertad religiosa que asegure la no discriminación entre creyentes y no creyentes de determinadas religiones”. 

Esa ley que será competencia del nuevo ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, pretende promover “el desarrollo de las diferentes opciones de ética privada, religiosas, morales o filosóficas de todas las personas” así como garantizar “la libertad de culto, la neutralidad del Estado, la adecuada separación ética pública–ética privada y el pluralismo religioso y filosófico”.

Eliminar la prisión en delitos de expresión

El PSOE también reafirma de cara a su 40º Congreso el compromiso adquirido desde el Gobierno de revisar los denominados delitos de opinión para evitar situaciones como la del rapero Pablo Hasel, condenado por enaltecimiento del terrorismo en sus letras y algunos tuits. Tras su entrada en prisión, el Gobierno aseguró que reformaría el Código Penal para acabar con las penas de cárcel para ese tipo de delitos y Unidas Podemos registró una proposición de ley en el Congreso. 

“Algunos episodios recientes han mostrado la necesidad de modificar nuestro Código Penal para garantizar que una opinión y, sobre todo, una expresión artística, por crítica o mordaz que sea, no conlleve una pena de prisión. Solo deben merecer un reproche penal aquellas expresiones que inciten a la violencia, impliquen una amenaza real contra personas o instituciones o menoscaben la dignidad de colectivos especialmente vulnerables”, recoge la ponencia del PSOE. 

Castigo a la mala praxis en experimentación con animales

El Ministerio de Justicia lleva tiempo trabajando en una reforma integral de la legislación penal en la que, entre otras cosas, quiere abordar el maltrato animal. En ese sentido, los socialistas consideran que queda “mucho camino por recorrer para eliminar prácticas que causan un dolor innecesario por interés económico o por mera crueldad”. “Por eso apostamos por reformar el Código Penal para imponer un castigo adecuado a la mala praxis en la experimentación con animales llegando incluso a clausurar las instalaciones o disolver las empresas responsables de la misma”, reza el documento. También pretende que la Fiscalía de Sala de Medio Ambiente y Urbanismo incluya también la Protección Animal.  

Los socialistas también recogen en su ponencia una propuesta en la que estaba trabajando el departamento gubernamental de Función Pública para articular un sistema de becas para la preparación de oposición para los altos cuerpos del Estado, como la judicatura, o a la Administración General del Estado. “Hay que garantizar que jóvenes universitarios, que no tengan los recursos necesarios, puedan optar a plazas de altos funcionarios mediante la articulación de un programa de ayudas”, figura en el documento, según ha adelantado la Cadena SER. 

Esa idea se deslizaba hace cuatro años cuando los socialistas aseguraban que “a modernización del sistema de justicia pasa necesariamente también por garantizar la democratización de la carrera judicial”. “Debemos garantizar que nadie se quede fuera de la carrera judicial por falta de recursos”, prometían en sus resoluciones del 39º Congreso. También en la conferencia política que impulsó Rubalcaba en 2013 apostaban por la “actualización del proceso selectivo de Jueces y Fiscales, así como de Secretarios Judiciales, con un tiempo global de preparación más reducido y con nuevas formas de evaluación de técnicas y de habilidades jurídicas y psicotécnicas no estrictamente memorísticas”. “Se facilitará un sistema de acceso a través de becas y de ayudas que posibiliten la preparación de oposiciones a los juristas que, con demostrado historial académico, no puedan pagar su formación para superar las pruebas selectivas”, decía aquel documento del que un jovencísimo Sánchez fue uno de los coordinadores. 

El PSOE también recupera la vieja idea de eliminar el aforamiento para los diputados y senadores, que requiere una reforma constitucional. Igualmente, recoge someramente la intención de “profundizar en la transparencia y rendición de cuentas de todas las instituciones del Estado, incluida la Casa Real”, aunque no precisa cómo y se limita a decir que “coincide con la voluntad manifestada por la Jefatura del Estado”. La monarquía es una de las instituciones más opacas de España, con decenas de partidas presupuestarias millonarias al margen de su asignación en los Presupuestos Generales del Estado.

Ciudades en 15 minutos

El PSOE, que pretende incluir los conceptos de partido feminista y ecologista en su definición en los estatutos, incluye el concepto “ciudades en 15 minutos” en el apartado de transición verde. La idea que defiende es implementar “modelos de ciudad y territorios sostenibles ligados a la salud y bienestar de las personas se trata de una pretensión que impregna todos los niveles de gobernanza y de gestión”. 

“Esta apuesta significa construir ciudades saludables y habitables basadas en la movilidad sostenible como eje transformador urbano, implica la regeneración urbana en áreas deterioradas, el fomento de soluciones urbanas sostenibles basadas en la naturaleza, y el tratamiento del espacio público como espacio de equidad en el que materializar la igualdad de oportunidades”, expresa el documento que han coordinado la portavoz madrileña, Hana Jalloul, y la eurodiputada Lina Gálvez. “Nos disponemos a promover las ciudades verdes accesibles en 15 minutos, que responden al objetivo clave de hacer las ciudades más habitables, de modo que los servicios básicos como el trabajo, la sanidad, las tiendas, la cultura y el ocio estén a menos de 15 minutos de casa, andando o en bicicleta”, concluye el documento que incorpora así la que fue una de las promesas estrellas de la alcaldesa de París, Anne Hidalgo, con quien Sánchez mantiene una excelente relación. 

Un nuevo escándalo de abuso a menores vuelve a salpicar al Vaticano. En esta ocasión, ha sido la propia oficina de comunicación de la Santa Sede la que ha emitido un comunicado anunciando la apertura de una investigación contra un sacerdote que formaba parte de la delegación diplomática en Washington y que ha sido acusado de tenencia de material pornográfico infantil.

El religioso, que ya se encuentra en Roma a la espera de ser juzgado, y que ha sido relevado de su puesto, tendría decenas de imágenes comprometedora en su ordenador, según el aviso que el pasado 21 de agosto hizo el Departamento de Estado norteamericano a la Secretaría de Estado vaticana.

En la investigación, que se encuentra en fase de instrucción y está afectada por el secreto de sumario (por lo que aún no se conoce el nombre ni el cargo del religioso), la Santa Sede ha solicitado la colaboración internacional. No se descarta que pueda haber más clérigos implicados.

Ya se produjo un caso similiar en 2015, cuando el entonces nuncio en República Dominicana, Josef Wesolowski, fue detenido tras hallarse en su ordenador centenares de fotografías de niños desnudos o en actitudes pornográficas. Wesolowski murió en la cárcel del Vaticano mientras esperaba a ser juzgado, en agosto de 2015.

“Es el primer gran error del Papa, y puede ser una traba a sus intentos por cambiar la Curia y acabar con su poder”. Las impresiones son de un clérigo español, que lleva varias décadas trabajando en la Santa Sede. La declaración del cardenal George Pell ante la policía australiana para responder a las acusaciones de abusos sexuales durante su etapa en Australia amenazan con tambalear el proceso de reformas auspiciado por Bergoglio.

Hace unos meses ya había sido investigado por posible encubrimiento de otros casos. Ahora, dos hombres han denunciado al religioso por tocamientos mientras un tercero asegura haberle visto exponiéndose desnudo ante varios jóvenes. El cardenal niega las acusaciones. 

No hay que olvidar un dato fundamental: George Pell es el actual número tres del Vaticano, una suerte de superministro de Economía de la Iglesia católica, como le llaman informalmente, y uno de los firmes defensores de las políticas de austeridad iniciadas por el Papa, lo que le ha valido grandes detractores en el seno de la Curia.

Las diferencias con Pell fueron, precisamente, una de las causas del estallido del caso Vatileaks. Por la filtración de documentos confidenciales, que acabaron con la condena del sacerdote español Lucio Ángel Vallejo Balda, se conocieron los despilfarros que se cometían en la curia vaticana y que tanto el Papa como Pell querían atajar. 

Trama de pederastia en Australia

Desde hace años, la policía australiana está investigando toda una trama de abusos sexuales en la Iglesia del país, que durante años comandó Pell, aunque las supuestas agresiones sexuales fueron denunciadas hace solo un año y medio.

Hasta la fecha, se acusaba al cardenal de gestionar de manera negligente casos de abusos cometidos por sacerdotes durante su etapa como arzobispo auxiliar de Melbourne. De hecho, el purpurado declaró hace meses ante la Real Comisión de Abusos del Parlamento australiano respecto a estos casos. En esa comisión admitió que se habían encubierto delitos. 

Pell lo hizo a través de videoconferencia en el Hotel Quirinale, aduciendo problemas de corazón y de exceso de grasas, que le impedirían viajar. Sin embargo, esa misma semana se le sorprendió degustando una jugosa y calórica comida en un lujoso restaurante romano.

Ahora, son varias personas las que acusan directamente a Pell de haber abusado de ellas cuando era un joven sacerdote en la década de los 70. En julio, dos hombres denunciaron que Pell les tocó de forma inadecuada en una piscina, mientras que otro declaraba a un programa de televisión del país que había visto al hoy cardenal exhibiéndose desnudo ante tres menores a finales de los 80.

En la declaración, el cardenal negó estas acusaciones, tal y como confirmó una portavoz de la policía australiana, que aseguró que “las investigaciones siguen en marcha”. Por su parte, desde la oficina de Pell se subraya que “el cardenal repite su rechazo anterior a todas y cada una de las acusaciones de abusos sexuales y continuará cooperando con la policía de Victoria hasta que finalice la investigación”.

Pérdida de confianza

El propio Francisco fue cuestionado en agosto, a su vuelta de un viaje, por las acusaciones contra Pell. “Debemos esperar a la justicia y no hacer juicios antes de tiempo”, dijo el pontífice. Inocente o culpable, lo cierto es que los colaboradores de Francisco ya se están moviendo, y que el propio Pell está perdiendo la confianza del Papa.

Una muestra de ello se produjo la pasada semana, cuando tras la firma del nuevo acuerdo entre el Estado Vaticano e Italia en materia de transparencia económica se supo que la administración de la misma dependerá de la Secretaría de Estado (bajo el mando del cardenal Parolin), y no de la Secretaría de Economía (dirigida por Pell), como estaba previsto en sus estatutos.

En una nota de prensa, la Sala Stampa informó que el nuevo acuerdo –que requiere que poseedores de cuentas en el Banco Vaticano declaren estas cuentas a las autoridades italianas si es que aún no lo han hecho– será exclusivamente la competencia de cardenal Pietro Parolin. Sin embargo, desde Roma se apunta a que esto “no será suficiente” y que, “por el bien del propio Papa”, la caída de su superministro de Economía debería darse de inmediato.

Una mujer en el centro del poder del Vaticano. La periodista española Paloma García Ovejero (Madrid, 1975) se convertirá, a partir de este 1 de agosto, en la “voz” del papa Francisco. Por primera vez en la historia, una mujer ejercerá como portavoz del líder de la Iglesia católica. En un mundo estrictamente reservado a varones, la llegada de García Ovejero supone un soplo de aire fresco y toda una declaración de intenciones del pontífice argentino, quien en numerosas ocasiones ha pedido perdón por la marginación que sufre la mujer en la Iglesia católica, y se ha comprometido a reforzar su papel en los puestos de toma de decisión en el Vaticano.

Paloma García Ovejero, hasta la fecha corresponsal de Cope en Roma, ha sido nombrada vicedirectora de la Oficina de Prensa de la Santa Sede, donde formará tándem con el norteamericano Greg Burke. Dos laicos, dos periodistas de carrera, que sustituirán al jesuita Federico Lombardi después de diez años de trabajo, dos cónclaves y una renuncia papal. Su nombramiento supone un triple guiño del Papa Francisco.

El primero, a los periodistas, pues serán dos profesionales, bregados en la Sala Stampa, quienes ejercerán la portavocía papal, con lo que ello supone en aras de una mayor profesionalización de la información vaticana. El segundo, a la importancia que el Pontífice da al papel de la mujer en la Iglesia. Puede parecer un pequeño gesto, pero el hecho de que la viceportavoz del Papa sea mujer supone, en el caso de la Iglesia católica, un paso de gigante; y el tercero, una apertura al mundo hispano, donde viven la mitad de los católicos del mundo.

A partir de ahora, el italiano ya no será el único idioma oficial, y tendrá que convivir con el inglés (el nuevo portavoz, Greg Burke, es norteamericano) y el castellano. Con un añadido, que pocos han advertido y que parece otra de las claves del nombramiento de la española: Paloma García Ovejero habla chino, y el viaje de Francisco al gigante asiático es el gran objetivo de los próximos años, después del histórico encuentro entre Bergoglio y el patriarca de la Iglesia ortodoxa rusa.

García Ovejero nació en Madrid el 12 de agosto de 1975. Licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid en 1998, ha desarrollado casi toda su carrera periodística en la Cope. Desde 2012 es su corresponsal para Italia y el Vaticano.

Un Papa mediático

¿Cuáles son las funciones del portavoz vaticano? En primer lugar, ser la voz del Papa, que es la de una institución como la Iglesia católica, con 1.700 millones de fieles en todo el mundo. Sin lugar a dudas, la principal multinacional del planeta que, en un mundo globalizado, tiene una voz escuchada en todos los foros. No hay que olvidar, además, que Francisco es, además del líder de una confesión religiosa, un jefe de Estado.

Burke y García Ovejero, además, habrán de luchar contra la creciente “oposición interna” al Papa por su posicionamiento respecto a los gays, los divorciados vueltos a casar, la apertura a la mujer y el cambio de lenguaje, absolutamente necesario en la Iglesia, para pasar de una institución oscura e inquisitorial a lo que Francisco ha denominado “Iglesia hospital de campaña”. El tratamiento de los escándalos de abusos sexuales o filtraciones de documentos son otros de los aspectos que tendrá que abordar el nuevo equipo comunicativo de la Santa Sede.

“Yo solo soy periodista, solo sé hacer periodismo y es lo único que he hecho, pero si él se fía, yo me fío. Y si me lo pide el Papa, pues me salto los semáforos”, ha declarado García Ovejero, quien se comprometió a “cumplir la voluntad del Papa y, en la medida de lo posible, la voluntad de los periodistas. Yo sigo siendo periodista”.

“A mí me gustaría que el hecho de ser mujer cuente tanto como el hecho de ser morena, o madrileña, o española, o no muy alta. Afortunadamente, Francisco lo tiene claro, la Iglesia lo tiene claro”, subrayó la nueva viceportavoz del Papa.

“Todo comenzó un día de la Virgen del Pilar, después de una confesión. Él me forzó, yo me resistí y me castigó”. Así arranca el desgarrador testimonio de Valeria (nombre ficticio), protagonista, a su pesar, de Víctimas de la Iglesia. Relato de un camino de sanación, de la editorial PPC, el primer libro que relata los abusos sexuales de un sacerdote a una mujer en España.

El volumen describe en primera persona el proceso de supervivencia de una mujer abusada durante meses por un sacerdote, y el camino emprendido, en el ámbito eclesiástico, psicológico y judicial, para buscar reparación y justicia. En esta travesía Valeria se ha visto acompañada por un sacerdote, José Luis Segovia (Josito en el relato), uno de los hombres de confianza del arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Y por el psicólogo Javier Barbero, en la actualidad concejal de Seguridad y Salud del Ayuntamiento de Madrid. Ambos recorrieron junto a esta mujer un camino que culmina con la publicación de este libro, en pleno debate sobre si la actuación de la Iglesia ante las víctimas de abusos sexuales por parte de clérigos -sean menores, mujeres u hombres- se está quedando a medio camino.

“Como un depredador que acecha a su víctima, él llevaba mucho tiempo cercándome. De manera gradual y sutil había ido neutralizando mis defensas al tiempo que tejía una red que, sostenida en la confianza, impedía presagiar lo que iba a suceder. Cuando consideró que ya estaba lista, me asaltó”, escribe Valeria, quien admite que “quien abusó de mí consiguió corromper mi mundo de relaciones, me traicionó al brindarme ayudas que siempre se cobró y me manipuló al cargar sobre mis espaldas deberes morales y religiosos que él no dudaba en incumplir”. Y es que, en todo caso de abusos de autoridad, y los abusos sexuales también lo pueden ser, siempre se da el mismo cliché: una persona que te domina, oprime tu mundo y te hace sentir culpable.

La huella del miedo

Y aterrada. “Si algo recuerdo de aquellos años es el miedo. De hecho, la huella del miedo ha quedado impresa en mi vida. Y lo ha hecho hasta tal punto que se ha convertido en mi peor tentación”, prosigue el relato, que traza un recorrido que hoy, más de seis años después, le ha llevado a dar el paso de relatar, en primera persona, el horror padecido, las tentativas de suicidio, el aislamiento, la profunda tristeza y la manipulación de cuerpo y alma a manos de quien se supone un servidor de Dios. Y, en ocasiones, el silencio o la tentación de mirar hacia otro lado de la propia Iglesia y de la sociedad.

Aunque el relato huye del morbo y de los detalles concretos, sí refleja el modus operandi del depredador, las terribles consecuencias de las vejaciones sufridas –manifestadas, entre otras, en una anorexia-, el silencio y rechazo de algunos católicos, las lagunas del proceso canónico. “Reconozcámoslo -subraya en la primera parte del libro el sacerdote José Luis Segovia- durante mucho tiempo la Iglesia ha tenido pavor a mirar a los ojos de las víctimas. Las ha silenciado, siquiera mirando hacia otro lado o haciéndolas sospechosas, y a los culpables los ha convertido en meras piezas de un triste juego de ajedrez en el que la respuesta consistía todo lo más en cambiar la pieza de la casilla”.

Alejaron al sacerdote

Esto también sucedió en el caso de Valeria: después de decidirse a denunciar el caso, la primera respuesta de la Iglesia fue la de sancionar privadamente al sacerdote, y alejarle de su víctima. “Cuando decidí denunciar mi caso confié en que las decisiones adoptadas serían definitivas. No fue así. El culpable decidió acortar la duración de su condena y regresar a algunas de sus actividades apostólicas (…). Mi reacción fue visceral y automática. Indagué, acumulé pruebas y tomé una decisión”.

Denunció ante las autoridades civiles, y acudió a testificar. Los tiempos en la Iglesia también habían comenzado a cambiar, y hoy el sacerdote ya no lo es, y la víctima fue compensada económica y moralmente. Porque este libro, además de un relato crudo de abusos, es el testimonio de una “sanación” de una mujer que hoy continúa siendo creyente y ha conseguido seguir adelante. El perdón hacia el agresor es otra cosa.

“Yo no decidí convertirme en víctima, pero sí dejar de serlo. Por eso me gustaría pediros que no hiciérais de esta experiencia compartida un escándalo, un objeto de lucro o un pase de facturas”, culmina su testimonio Valeria. “Hoy sé que hay vida después de los abusos, que es posible disfrutar de los sentidos corporales: sentir el placer del tacto, el agrado del olfato, el gozo de la mirada, la complacencia del oído y el deleite del gusto”, termina.

Para ello ha sido imprescindible el trabajo de Josito y el de Javier Barbero. El psicólogo cierra el volumen con una reflexión acerca del lugar de las víctimas de abusos en la sociedad y en la Iglesia. “Llegó a mi consulta con un enorme bagaje de sufrimiento -relata-. Una mujer dañada, asustada, sabiendo que se aproximaba a un espacio desconocido para ella, en el que tenía que plantear algo que había experimentado y que era extremadamente duro, hiriente y humillante: los abusos realizados por un sacerdote”.

“En la primera sesión le planteé dos cuestiones básicas. En primer lugar, si quería dejar el lugar de víctima en la centralidad de su vida (…). Dicho en otra clave: uno puede vivir con cicatrices, pero no con heridas abiertas (…). En segundo lugar le dije que yo tenía una posición clara. No iba a haber equidistancias en mi discurso. La conducta de ese maltratador es, sencillamente, una inmoralidad, sin ningún tipo de matiz, y él es el responsable fundamental del abuso. Me da igual su infancia, sus condicionamientos institucionales, su posible ausencia de educación sexual, las dificultades de vivir el celibato en la sociedad actual, su soledad mal gestionada... No me importa tampoco que en otras áreas de su vida pueda ser muy piadoso, o muy brillante, o muy solidario, o muy... Me da lo mismo. Él era un hijo de puta que había generado mucho daño. Sin matices”.

“Yo soy un psicólogo creyente, subraya Barbero, pero creo que necesitamos llamar a las cosas por su nombre, precisamente para poder gestionarlas (…). Para que una persona abusada por un miembro de la Iglesia pueda ser sanada necesita de la compasión de la institución y de los profesionales que intervienen. No solo de su empatía. Es decir, vínculo significativo y compromiso con la persona. Nada más. Y nada menos”.

En una década, la Santa Sede ha recibido 6.000 denuncias por pederastia, como ha publicado en exclusiva eldiario.es, y ha expulsado a un millar de sacerdotes. El Vaticano cuenta con sus propias leyes -el derecho canónico- y tribunales, diferentes a los ordinarios, para juzgar y condenar a los culpables de abusos, cómplices y encubridores. Y, desde hace unos meses, también para demostrar la mala praxis de los obispos que, por ignorancia o mala fe, no obraban según la “tolerancia cero” auspiciada desde Roma, perpetuando el modelo de ocultación y secretismo que fomentó la lacra de abusos contra menores en todo el mundo. Los obispos que no denuncien teniendo conocimiento del delito, a partir de ahora pueden ser también expulsados del orden episcopal.

¿Cómo se investiga un caso de abuso? Tres son las vías fundamentales. La más frecuente, la que combina la denuncia ante las autoridades religiosas -tanto los menores como sus familias suelen ser creyentes practicantes- con la justicia ordinaria. Las normas vaticanas obligan a que la colaboración de la Iglesia con las autoridades sea exquisita, aunque esto no siempre se da (ver el caso de Granada).

Algo menos frecuente es la denuncia exclusivamente a través de la diócesis. En ese caso, es el obispo, o la persona indicada por éste, quien inicia una investigación y, si es creíble, la envía al Vaticano. A la par, la Santa Sede insta a los obispos a animar a la víctima a denunciar el caso ante las autoridades civiles.

El tercer caso, el menos frecuente, es la apelación directa a Roma, una opción que hasta hace pocos años no tenía recorrido, pero que la presencia del Papa Francisco ha incrementado. Los casos de Granada y del colegio del Opus Gaztelueta, donde el propio Bergoglio llamó y escribió a las víctimas para invitarles a denunciar y promover las investigaciones canónicas correspondientes, son prueba de ello.

Las penas religiosas

Más allá de las condenas jurídicas, ¿cuáles son las penas canónicas para un cura pederasta, para un obispo encubridor, para quienes miraron hacia otro lado y no denunciaron? El Código de Derecho Canónico tiene tipificados diversos delitos sobre abusos sexuales cometidos por un sacerdote.

Así, el canon 1395 subraya que el clérigo que abuse de un menor “debe ser castigado con penas justas, sin excluir la expulsión del estado clerical cuando el caso lo requiera”. Esto es lo que ha sucedido en 848 de los 3.420 casos que el Vaticano ha considerado “creíbles” y que han sido juzgados por la Doctrina de la Fe.

Hay que subrayar que muchos de los condenados son ancianos -las víctimas muchas veces denuncian tras décadas desde que sucedió el delito-, por lo que la mayoría no tiene cargos eclesiásticos ya que han prescrito, y no se les expulsa oficialmente del sacerdocio. Aun así, según la justicia vaticana, “el delincuente deberá conducir una vida de oración y penitencia. No se le permitirá celebrar la misa públicamente o administrar los sacramentos. Se le ordenará no usar el traje clerical, o presentarse públicamente como sacerdote”.

En los casos considerados menos graves -donde no se dieron abusos sexuales, sino otro tipo de abusos de poder contra el menor, o en los casos de condena por desconocimiento de la obligación de denunciar -la formación sexual de los curas y su valoración de lo que son o no abusos- los clérigos pueden regresar al sacerdocio después de un periodo de reclusión y tras un examen psicológico. No obstante, se les prohibe cualquier trato con chicos y chicas.

Empieza en la diócesis

El proceso eclesiástico en el caso de abusos a menores se inicia siempre en la diócesis donde se produce la denuncia, salvo casos especialmente graves, que afecten al obispo o que lleguen directamente al Papa, en cuyo caso la causa pasa directamente a Roma. Tras la investigación diocesana -que obligatoriamente debe colaborar con la justicia ordinaria, si hay caso abierto, y denunciar el caso si se tienen pruebas fehacientes de que se cometió un delito penal-, el dossier pasa a la Congregación para la Doctrina de la Fe, actualmente desbordada.

Un proceso de este tipo puede prolongarse durante unos tres años. Mientras tanto, los sacerdotes acusados suelen ser apartados de sus parroquias o suspendidos “a divinis”, es decir, se les impide celebrar misa o presentarse como sacerdotes en público, aunque lo siguen siendo hasta que haya condena oficial.

En cuanto a la prescripción de los delitos, en el caso de abusos a menores, es de 20 años, y el plazo comienza a correr cuando la víctima cumple 18 años. En la justicia ordinaria española prescriben entre los 5 y los 20 años, según la gravedad del delito. En casos puntuales, la Santa Sede puede extinguir la prescripción si así lo considera oportuno, algo que no sucede en ningún país del mundo.

En casos muy graves, en los que el proceso penal ordinario haya declarado al clérigo culpable de abuso sexual de menores, o cuando las pruebas son abrumadoras, la Doctrina de la Fe puede optar por llevar el caso directamente al Papa con la petición de que promulgue con un decreto «ex officio» la expulsión del estado clerical. Ante esta medida no cabe recurso canónico: si el Papa expulsa a un cura ya no hay marcha atrás.

Tras la publicación de los datos de abusos en eldiario.es, el portavoz de la Santa Sede, Federico Lombardi, ha subrayado a Radio Vaticana que, reconociendo el delito y el drama de los abusos en la Iglesia, ahora “los casos de abuso se han vuelto muy raros y la mayor parte de los analizados hoy o que continúan saliendo a la luz pertenecen a un pasado relativamente lejano de varios decenios”.

Para el portavoz vaticano, la mejora en “procedimientos y normas canónicas universales”, así como las “líneas guía” de actuación para los obispados de todo el mundo han servido “no solo para responder a los abusos cometidos, sino también para prevenirlos”.

El pasado martes, el portavoz vaticano, Federico Lombardi, comenzó a abandonar sus cargos de responsabilidad en la comunicación, dejando su puesto de director general de Radio Vaticana. La decisión se inserta dentro del proyecto de reestructuración de los medios de comunicación de la Santa Sede auspiciada por el Papa Francisco que, como ha podido saber eldiario.es, apuesta por un servicio comunicativo basado en el “modelo BBC”, la televisión pública británica, y en el sistema de comunicación de la factoría Disney, según fuentes conocedoras del proyecto.

El papa Francisco es una figura de ámbito mundial con una voz y un mensaje reconocibles. Pero los medios de comunicación vaticanos -tiene radio, internet, editorial, prensa escrita, agencia de comunicación...- carecen, hasta la fecha, de rapidez, profesionalidad y, sobre todo, de capacidad de marcar la agenda. Algo que Bergoglio quiere solucionar. De hecho, la reforma de la comunicación vaticana es el primer punto de la reestructuración de la Curia que ya ha comenzado a dar sus frutos.

El principal hasta la fecha ha sido la creación de un dicasterio (ministerio) de Comunicación, presidido por el religioso italiano Dario Viganò, y que se ha rodeado de expertos. Uno de ellos es Lord Patten, expresidente de la BBC, una de las cadenas más reputadas del mundo. Una de las conclusiones que se sacaron en los informes preliminares fue que la Santa Sede es una experta en los grandes acontecimientos, pero no sabe llevar el día a día de la comunicación.

El Papa en Instagram

Entre las novedades más concretas de la nueva etapa comunicativa vaticana, Viganò destacó “los cursos breves para que los cardenales aprendan a comunicar en televisión”, crear una cuenta del papa en Instagram, transformar por completo los portales web del Vaticano o buscar consultores “de todo el mundo y que estén en activo”.

El próximo modelo comunicativo del Vaticano será, como ha dicho el propio Viganò, “similar al de la Disney, porque nos pareció el modelo más profesional y mejor integrado”. Un modelo sin dibujos animados, pero que busca la máxima penetración en el mercado tan cambiante de las comunicaciones globales. El modelo Disney es reputado porque manda un mensaje claro y unívoco a través distintas plataformas -físicas, digitales- y a distintas velocidades por todo el mundo. Además, su merchandising y su variedad de plataformas la ha colocado como modelo de éxito en el mundo de la comunicación.

Así las cosas, el nuevo dicasterio de la Comunicación nació para “repensar el sistema informativo de la Santa Sede y reorganizarlo, valorando lo que históricamente se ha desarrollado dentro del ámbito de la comunicación en el Vaticano”, según rezaba una nota enviada por la Santa Sede para presentar el departamento. El objetivo es, precisamente, el de la “integración y gestión unitaria” de todos sus recursos. En el dicasterio destacan, asimismo, “la presencia y el desarrollo de los medios digitales y se mencionan factores como la convergencia y la interactividad de los medios de comunicación”.

Integración y coordinación

La nueva secretaría de comunicación vaticana quiere integrar todos los organismos comunicativos de la Santa Sede (Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales, la Oficina de Prensa de la Santa Sede, el Servicio de Internet del Vaticano, Radio Vaticano el Centro Televisivo Vaticano, L'Osservatore Romano, la Tipografía Vaticana, el Servicio Fotográfico y la Libreria Editrice Vaticana) y, a la vez, coordinar el trabajo de conferencias episcopales y diócesis, especialmente en graves crisis y respuesta comunes ante escándalos como los abusos sexuales, los divorciados vueltos a casar o el uso de preservativos, que encuentran fácil acomodo en las portadas de diarios, televisiones, radios y webs de todo el mundo.

Hace unas semanas, monseñor Viganò pasó por Madrid para explicar a los responsables de prensa de las diócesis españoles algunas de las claves de la nueva etapa comunicativa. Una reforma profunda y compleja, fácil de plasmar en diapositivas, pero mucho más difícil de llevar a la realidad. Estamos en plena “cultura digital” y en “pleno gran cambio de era”. Y en esta nueva época hay que “encarnar” también el cristianismo, señalaba Viganò.

Tres nuevos departamentos

En este proceso de reformas de la comunicación, el prefecto también indicó que próximamente nacerán otros tres “departamentos”. Uno “tecnológico”, que deberá integrar horizontalmente las competencias de los diferentes medios de comunicación vaticanos. Uno “teológico pastoral”, que trabajará desde la preparación de los mensajes papales hasta las relaciones con las diferentes Conferencias Episcopales del planeta. Y, por último, un departamento “editorial”, que pueda “concertar en los diferentes medios la comunicación de dentro hacia afuera”.

Se la conoce como la fundación “del padre Tocino”, porque su fundador, el padre Werenfried, daba trozos de tocino a los más pobres tras la II Guerra Mundial. Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN), una de las ONG pertenecientes a la Iglesia (es fundación pontificia), una de las más reputadas del mundo, está en el ojo del huracán. Según un exhaustivo informe publicado por la revista cristiana “21”, su organización en España podría tener “cuentas opacas”, pagos en B o sueldos exorbitantes de sus gestores.

Según la publicación, su actual presidente, Javier Menéndez Ros -a quien algunas investigaciones llegaron a vincular con la asociación paraeclesial ultra El Yunque- cobraría un sueldo superior al del presidente del Gobierno, que cobra 79.000 euros, con un seguro médico privado para él, su mujer y cinco de sus hijos, además de coche de empresa que renueva cada cinco años.

Y, lo que es peor: que dedican más del 20% de los ingresos a nivel nacional -y entre el 40% y el 70% de los fondos destinados al extranjero- a “gastos de gestión”. Según sus cuentas públicas -que no están auditadas, pese a las insistentes peticiones de distintas instituciones-, éste concepto apenas alcanza el 6%.

Se aporta un documento que muestra que los ingresos suman 66.321.351 euros, mientras que los gastos de Personal, Administración y Propaganda ascienden a 26.331.122, un 39,7% de los ingresos, lo que dejaría los “ingresos netos” (así se denominan en el documento) en 39.990.229 euros. A ello se sumarían 1.900.383 de intereses financieros. “Solo la partida de personal ya se lleva el 16,45% de los ingresos (muy alejado del 6%). Porcentajes que, con ligeras variantes, se repiten en los distintos ejercicios contables”, afirma la revista.

“¿Quién ayuda a quién?”, se pregunta la publicación, que cuenta con testimonios de exdirectivos y actuales trabajadores, que han elevado una denuncia pública, similar a la que, hace diez años, llevó a la Santa Sede a “intervenir” a la asociación en España y destituir a su anterior directiva. “AIN cumple cincuenta años de presencia en España. Junto a la celebración por sus logros en la ayuda a las iglesias pobres o la visibilización de dramas como la persecución a cristianos en todo el mundo, resurge la sospecha de malas prácticas que ya hace diez años denunciaron ante la Santa Sede varios consejeros y directivos internacionales y suscribieron directores de oficinas de AIN de varios países”, apunta la revista 21.

20.000 socios en España

En España cuentan con casi 20.000 benefactores, que acaban de enterarse de que según el documento “se quedan en AIN entre el 50% y el 75% de los estipendios de misa que reciben”. Un exconsejero de AIN denuncia directamente “dispendios y emolumentos del nivel de empresas privadas o multinacionales de alto rango, escandalosos desde un baremo eclesial de las características” de la asociación.

Los escándalos llegan al caso del anterior director, José María Sánchez, quien, según la revista 21, contrató a su mujer como secretaria (con 3.000 euros brutos de sueldo), además de a otros familiares. “El actual presidente propuso a su hija para uno de los puestos, pero esta vez el Consejo lo rechazó”.

En comparación con otras organizaciones católicas, como Cáritas o Manos Unidas, que apenan destinan un 5-6% de sus fondos a personal -el grueso va a cooperación, dentro o fuera de nuestras fronteras-, en AIN la cantidad es muy superior. Además, tanto Cáritas como Manos Unidas someten sus cuentas al control de transparencia de la Fundación Lealtad. “Nosotros nos queremos someter. Estos son nuestros planes de futuro”, aseguró el presidente de AIN a la revista.

Otra de las fuentes afirma con contundencia que tiene constancia de la existencia de una caja B sobre la que la auditora (actualmente KPMG) no tiene control. Y sostiene: “Una obra de la Iglesia no puede tener caja B. Punto y pelota. Eso es totalmente inmoral, injusto y todo lo que se quiera. No le puedo decir en qué se gastaba pero si había alguna factura era sin IVA”. ¿Adónde va ese dinero? Según otra de las fuentes, su destino son “las gratificaciones en sobres que reciben los voluntarios”.

La explicación de AIN

Entretanto, la respuesta de AIN ante las acusaciones se ha tramitado a través de su web, y es la siguiente: “Ayuda a la Iglesia Necesitada desarrolla una gestión económica con criterios de máxima profesionalidad y austeridad en su administración. Los gastos de gestión en AIN España, similares a los de otras instituciones de Iglesia, supusieron en 2015, un 13,9% (…).

Y prosigue: “Las cuentas de las 21 oficinas nacionales de AIN son auditadas por KPMG. Dichas auditorías, consolidadas a nivel internacional, se presentan cada año a la Santa Sede. En febrero de 2016, AIN España será auditada por su ejercicio de 2015, por lo que el informe se publicará en esta web en marzo de 2016”. A la espera de dicha auditoría, la sospecha se ha instalado en el seno de la ONG del “padre Tocino”.

En conversación con eldiario.es, responsables de AIN apuntan que la organización “procura desarrollar una gestión económica con criterios de austeridad en su administración. En este sentido, si se comparan con criterios homogéneos las cuentas públicas de instituciones de la Iglesia equiparables y ONG relevantes, se comprueba que el porcentaje de gastos de gestión de AIN está totalmente en el rango medio del sector”.

Sólo tres semanas después de la Conferencia Política, donde se produjo un gran debate interno para concretar hasta dónde debía llegar el PSOE en su apuesta por un Estado aconfesional -y que ganó el sector más laico, pese a la oposición de Ramón Jáuregui-, la Ejecutiva Federal decidió este lunes levantar la bandera de la laicidad para garantizar, ahora sí, que los socialistas ya están maduros para dar este paso con todas sus consecuencias después de tantos incumplimientos.

La vicesecretaria general del PSOE, Elena Valenciano, explicó que la primera iniciativa del PSOE será presentar una Proposición de Ley en el Congreso con tres puntos muy concretos: denunciar los acuerdos preconstitucionales con la Santa Sede, instar a la elaboración de una ley orgánica sobre Libertad Religiosa y de Conciencia y, por último, crear un protocolo civil para todos los actos institucionales solemnes, incluidos los funerales de Estado.

La número dos del PSOE cree que ha llegado el momento de afrontar con valentía estos tres temas, “porque estamos en una sociedad más secular, más laica y mucho más plural, ya que hay mucha más gente que profesa otras religiones, además de la católica, y hay que dar un trato igual a todas”, afirmó.

Pero, lógicamente, la dirigente socialista se vio obligada a contestar por qué ahora y, sobre todo, por qué el PSOE no lo hizo cuando estuvo en el Gobierno. Más de 20 años en toda la etapa democrática, como les gusta recordar.

Valenciano, refiriéndose a la última legislatura de José Luis Rodríguez Zapatero y precisando que ella no estaba en el Gobierno, explicó que el contexto hizo que el Ejecutivo no se atreviera a dar el paso. Recordó que había un gran enfrentamiento con la Iglesia por la Ley de Matrimonios Homosexuales y la Ley del Aborto, dando a entender que el Gobierno socialista no se atrevió a abrir otro frente, como era la ley de Libertad Religiosa, cuyo anteproyecto estaba prácticamente ultimado.

Sin embargo, la vicesecretaria general del PSOE se esforzó en asegurar que ahora la apuesta es de verdad. Aseguró que la Proposición de Ley está abierta a todos los grupos parlamentarios de la Cámara Baja para buscar los mayores apoyos posibles y, además, abierta a modificaciones. Y añadió que si la mayoría absoluta del Partido Popular la tumba en el Congreso -como es más que seguro- los socialistas incorporarán dicha proposición a su programa electoral de las próximas elecciones generales con el compromiso de llevarla a la práctica si gobiernan.

El PSOE, además, parece que ya huele elecciones y se afana por recuperar a ciudadanos que le llevan dando la espalda desde 2011. Por ello, también quiere levantar otra bandera: la de una ofensiva total contra la Ley de Seguridad Ciudadana. Con este motivo, el 11 de enero -lo que ha hecho retrasar el Comité Federal del PSOE sobre las primarias al 18- se creará en Ferraz el Consejo de Libertades Públicas. Pretende ser una plataforma con colectivos sociales que lidere una oposición al proyecto que prepara el Ministerio del Interior.

El PSOE quiere hacer algo similar al movimiento ciudadano que se opuso a la guerra de Irak en el 2003. Pero los socialistas no se mojan demasiado. Al ser preguntada Elena Valenciano sobre si convocarán una manifestación de protesta contra dicha ley, se quedó a medias: “No descartamos convocar a la ciudadanía”, dijo, para añadir que aún no está decidido.