Hasta 10 votaciones y más de 22 horas de debate han sido necesarias para que la Convención Constitucional eligiera este miércoles una nueva Mesa directiva, tal y como establece el reglamento. La convencional María Elisa Quinteros, integrante del bloque Movimientos Sociales, alcanzó los 78 votos de la mayoría absoluta en la novena votación, que se produjo este miércoles tras la jornada maratoniana y estéril del día anterior. “Yo vengo de las plazas de Talca, de las marchas, donde nos juntábamos y nos articulábamos personas comunes para seguir construyendo este sueño de nueva sociedad”, dijo Quinteros, de 39 años, una vez electa. “Estos son tiempos de cambio, de diálogo, de encuentro. Los invito a ser parte de esto, de la deliberación, de los acuerdos, a co-construir en conjunto los 2/3 que necesitamos para dar a los pueblos de Chile lo que tanto nos han solicitado”, añadió. 

Su dupla en la vicepresidencia, Gaspar Domínguez, del colectivo Independientes No Neutrales y de 33 años, resultó electo en primera votación por 112 votos. Ambos enfrentan el desafío de conducir la segunda y última etapa del proceso constituyente, hasta la convocatoria del plebiscito de salida, previsto para el segundo semestre de 2022. 

Dos protagonistas caídas

“Esto se viene largo”, vaticinaba este martes uno de los guardias de seguridad del Salón de Honor del antiguo Congreso tras finalizar la segunda votación sin que ningún nombre sumara los 78 apoyos. La votación, que se hace con una papeleta escrita a mano que se deposita en una copa, se desarrolla a través del sistema papal, que obliga a votar las veces que sea necesario hasta que algún candidato obtenga la cifra requerida. Las negociaciones iniciadas hace unos días (y aceleradas este lunes) terminaron sin un nombre de consenso y, al empezar la sesión, tres convencionales se disputaban el primer cargo: Cristina Dorador, microbióloga perteneciente al grupo Movimientos Sociales; Ramona Reyes, candidata del Colectivo Socialista (y apoyada por la coalición de izquierda Frente Amplio); y el representante del pueblo diaguita Eric Chingo. Aunque a lo largo de las ocho votaciones numerosos candidatos salieron al ruedo, Reyes y Dorador fueron las protagonistas de la primera jornada.  

Hasta la segunda votación, la socialista se perfilaba como favorita. Convencionales del Frente Amplio habían llegado a un acuerdo para promoverla a cambio de instalar a su candidata, Beatriz Sánchez, en la vicepresidencia. Sin embargo, durante la mañana, estallaron en redes sociales las denuncias sobre varias irregularidades de la época en la que la candidata fue alcaldesa del municipio sureño de Paillaco (2008-2021). Su nombre se transformó en tendencia y las críticas, incluso de los propios militantes de los sectores que la sostenían, la obligaron a deponer su candidatura. 

Fue entonces que la postulación de Cristina Dorador tomó fuerza y sumó los apoyos del Frente Amplio, el Partido Comunista y diversos movimientos sociales. En la sexta votación se quedó solo a seis votos de la mayoría, pero a medida que avanzaban las vueltas, su opción se desinflaba un poco más. Pasadas las 2.00 horas de la madrugada y después de la octava ronda, retiró su candidatura: “Espero que mi paso al costado sea útil para destrabar este asunto (...) Mi nombre no produjo consenso”. 

Tras este episodio y entre críticas de algunos de los convencionales, la sesión se suspendió hasta este miércoles por la tarde. “Pareciera que estamos cada cual preocupados de nosotros mismos o del colectivo al que pertenecemos, y no de respondernos las preguntas dónde estamos y para qué estamos”, lamentó el académico y Premio Nacional de Humanidades 2009, Agustín Squella, quien también consideró que la Convención “dio una mala imagen”.

Independientes versus partidos

El acuerdo entre los bloques de convencionales independientes y el Partido Comunista permitió, a la novena oportunidad, entregar la presidencia a María Elisa Quinteros. El resto de partidos insistieron en levantar sus propias cartas, en una especie de pulso entre independientes y partidos que se alargó durante las dos jornadas de votación. Solo con la elección de Gaspar Domínguez se alinearon unos y otros (excepto las fuerzas de derecha) en una holgada votación que superó con creces todas las expectativas.

“La votación de este miércoles ha significado un reagrupamiento y un triunfo de los sectores independientes en desmedro de los partidos políticos”, dice el analista político Ernesto Águila. Para el politólogo del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile Jaime Baeza, ambos bloques protagonizan “​​la pugna grande de la Convención”, pero eso no significa que los partidos desaparezcan, sino que cambian: “No son los mismos de la transición, cambian quiénes son y cómo miran la política”, añade. 

Tanto María Elisa Quinteros como Gaspar Domínguez pertenecen a dos grupos de convencionales independientes –Movimientos Sociales Constituyentes e Independientes No Neutrales, respectivamente–. Además, tienen menos de 40 años, se vinculan con el activismo social, son de regiones (y no de la capital), eran figuras de más bajo perfil (y desconocidas hasta ahora) y trabajan en el área de la salud. Quinteros es odontóloga y ejerce como investigadora y académica del Departamento de Salud Pública de la Universidad de Talca. Forma parte de organizaciones ambientales de la Región del Maule, al sur de Chile. En la Convención integra la comisión temática de Derechos Fundamentales. Domínguez es médico rural y vive en la zona de la Patagonia chilena. Es miembro de la “disidencia sexual”, como él mismo ha recalcado en su primer discurso, y desde el área de la salud ha impulsado varios proyectos comunitarios en zonas aisladas de su región. 

Impacto en el futuro gobierno

Mientras la primera mesa, liderada por la académica mapuche Elisa Loncon y el abogado del Frente Amplio Jaime Bassa, se enfocó en la puesta en marcha de la Asamblea (instalarla, redactar el reglamento de funcionamiento, crear las comisiones temáticas, etc.), esta segunda tendrá un rol más político. Por lo mismo, también será más sensible a los debates y agenda de los poderes constituidos –Ejecutivo y Legislativo–. “Se requerirá mucha capacidad de diálogo y acuerdo. La mayoría que existe es muy heterogénea y la redacción de ciertos temas será objeto de acuerdos complejos”, dice Águila.

En las nueve votaciones para la presidencia quedó en evidencia, una vez más, que la coalición de gobierno Apruebo Dignidad –formada por el Frente Amplio y el Partido Comunista– no existe dentro de la Convención. Ahí cada uno corre por su carril, y ha sido así prácticamente desde el inicio. Está por ver cómo estas dinámicas afectarán al futuro gobierno de Gabriel Boric. “La coalición que apoya al Gobierno de Boric no logró actuar unida en esta elección y, en general, en lo que va de la Convención, lo cual genera preocupación en el futuro gobierno, bastante demandado de dar señales de gobernabilidad”, dice Águila. Sin embargo, destaca que tanto en el próximo gobierno como en la nueva Mesa constitucional “se observan sensibilidades comunes y, sobre todo, la irrupción de una nueva generación política que deja atrás la de la transición”. Para Baeza, “la realidad de la Convención no necesariamente se trasladará a la del nuevo Gobierno”, por lo que considera que “no habrá un gran ruido frente al tema”.

Poco tiempo después de conocerse el resultado de la votación de la Mesa, Boric envió sus felicitaciones a la elegida: “No me cabe ninguna duda que va a ser una gran presidenta y que sepa, respetando por cierto la autonomía que le corresponde a la Convención Constitucional, que va a contar con todo el apoyo entusiasta del Ejecutivo para que el proceso llegue a puerto [...] Independientemente de las vicisitudes que tuvo el proceso, bienvenido sea el resultado”.

La derecha chilena lo tiene difícil para empujar sus propuestas en la Convención Constitucional, el órgano que desde julio redacta la nueva carta magna en el país sudamericano. En las elecciones constituyentes, la coalición conservadora Vamos por Chile obtuvo 37 escaños de los 155 disponibles. Fue la fuerza más votada. Sin embargo, quedaron lejos del tercio que les hubiese permitido vetar las propuestas que no son de su interés. Las cifras no les alcanzan si no llegan a acuerdos con otros sectores, un camino que, por ahora, no ha sido el usual. De hecho, los miembros más conservadores de la coalición apuestan por un papel más crítico y de enfrentamiento con el centro-izquierda y la izquierda. 

Para mejorar su estrategia, este grupo de los más conservadores en la coalición decidió pedir consejo a Vox, que, según ellos, pasó por un proceso similar, pero pudo sacar buenos resultados. Hace dos semanas, cinco constituyentes mantuvieron un encuentro virtual con la presidenta de Vox Madrid, Rocío Monasterio.

“Vox es un movimiento que creció en un ambiente hostil, análogo al que afrontamos nosotros dentro de la Convención Constituyente y su experiencia puede ser muy valiosa para nosotros”, dice Teresa Marinovic, independiente, miembro de Vamos por Chile y coordinadora de la reunión. Su par Rocío Cantuarias, también independiente, considera que la experiencia de la extrema derecha española es “aplicable en el proceso constitucional chileno” y que les permitirá “salir menos mal” de la experiencia actual. Ambas son cercanas al Partido Republicano, liderado por José Antonio Kast, la fuerza situada en la derecha más extrema que reivindica a Pinochet y su legado. 

Según trascendió en la prensa chilena, gran parte de la reunión, que duró cerca de una hora, puso énfasis en la importancia del trabajo territorial y en conceptos clave como “la libertad de enseñanza” y “la libertad económica”.

Según establece el reglamento de la Convención Constitucional aprobado este mes, los constituyentes tendrán un amplio despliegue por todo el país con asambleas en los territorios. “Nos dio una luz de esperanza en cuanto a que actuar sin complejos y de frente a la ciudadanía resulta exitoso”, comenta Cantuarias. 

“Mucho interés”

Según explicaron las políticas de la derecha chilena, esta no será la última reunión que sostendrán con Vox. “Acordamos volver a encontrarnos próximamente y abordar los temas, pero ahora de manera más focalizada y concreta”, dice Marinovic. Según ella, el proceso constituyente chileno despierta “mucho interés” en el partido de Santiago Abascal y, en particular, lo que ocurre en la Convención. 

Desde la irrupción de Vox en la política española, la ultraderecha chilena tiene los ojos puestos en sus avances.

Kast ha mantenido contacto con Abascal en varias ocasiones, tanto en España como en Chile. También se siguen mutuamente y se mandan mensajes a través de redes sociales. El último mensaje público entre ambos fue con motivo de la fiesta que Vox celebró hace unos días: “Un gran saludo a todos los amigos de Vox y al gran Santiago Abascal que hoy celebran #Viva21VOX para volver a poner a España de pie en defensa de la libertad”, tuiteó el líder de la extrema derecha chilena. 

Julio Chávez termina su arenga en pie, levantando y bajando el brazo a ritmo, coordinando sus subidas y bajadas con las palabras que pronuncia, índice recto y apuntando al cielo. Es uno de los constituyentes recién elegidos en Venezuela y es el tercer representante que habla del mismo tema. Para decir exactamente lo mismo que los anteriores, lo mismo que los siguientes. Con mínimas variaciones en las palabras usadas, con la misma exaltación.

Surge una duda al verlo y escucharlo: ¿Se pone en pie para dejarse ver con mayor facilidad o porque necesita espacio para mover los brazos con esa intensidad? La verdad, están bien apretados los constituyentes, sentados en sillas, sin espacio suficiente.

Chávez se ha venido arriba. Maneja a su público como harían un Dj o un sacerdote. Ese aplauso y movimiento simultáneo “de pie y aplaudiendo” lo pide, imperativo, él mismo. Actúa cual director de orquesta. Y obedientes, más de 500 personas se levantan y aplauden, a ritmo firme y constante, largo. Y aplauden. Y aplauden. Y aplauden. Y aplauden. Y aplauden. Y sonríen, felices. Y Chávez cada vez grita más y se exalta más. Como en un mitin de cierre de campaña, como en el bis de un concierto. Como en un congreso de partido socialista antiguo retransmitido íntegramente por televisión. Grita, Chávez, emocionado, desencajado, rota la garganta: “Se respira, se transita, se camina por el camino de la democracia participativa y protagónica”. Más gritos. “Viva el Comandante Chávez, viva el Presidente Maduro y viva la Asamblea Nacional Constituyente!”.

El motivo de la euforia era que minutos antes, otro miembro de la Asamblea, Earle Herrera, había lanzado la propuesta de la emoción: “Propongo que el proceso de elecciones regionales sea adelantado para el mes de octubre” (están programadas para diciembre). Entre bravos y aplausos, la asamblea puesta en pie clamó como si alguien hubiera marcado un gol. “El proceso electoral fue un bálsamo que le puso cota a una ola de violencia”, dijo, escueto y contenido, él más que Chávez. Por eso pidió que se vaya a votar cuanto antes.

La intención de Herrera al proponer el adelanto electoral no tiene nada de oculto. Reintroducir a la oposición en la arena institucional pero con los tiempos y las reglas de juego de la Asamblea Nacional Constituyente, trasunto del gobierno, nuevo órgano ejecutivo de Venezuela. Cerrado el ciclo de protestas, toca avanzar. Él mismo había publicado horas antes un artículo en la prensa en el que decía: “Si lo que querían (en referencia a la oposición) era ser gobernadores o legisladores regionales, debieron decirlo desde el principio, no solo a los jóvenes que inmolaron en el altar de sus mezquinas ambiciones, sino al pueblo en general”. Ahora que no hay marchas de protesta en Venezuela añadió una crítica dura a la oposición: “Inventarse una 'épica' de 'resistencia' y 'libertadores' para alcanzar cargos en la burocracia de provincia es una desproporción y una estafa”.

Es un hecho que la mayor parte de la oposición, pese a la denuncia continua de fraude y de dictadura y pese a no reconocer al Consejo Nacional Electoral ni a las instituciones, se ha inscrito, un poco confusa, para participar en las próximas elecciones regionales, sean en octubre como se propone ahora o en diciembre, como estaba previsto. Y a esa confusión de la oposición que no reconoce el sistema pero sigue participando, se contrapone la claridad de ideas del bloque chavista donde, al menos en público, el monolitismo raya lo servil.

Al de Herrera le siguió el parlamento de María León, que permite percibir más del estilo, de la vocación que inunda a los participantes. León es una mujer agradecida, -más fan que otra cosa- de la presidenta de la institución a la que pertenece hace apenas una semana. Quiere que el mundo lo sepa. Es ,además, jocosa. “Un saludo, no a Delcy Eloína sino a Delcy Heroína”, dice para comenzar, en referencia a la Presidenta de la Asamblea, Delcy Rodríguez. Siguen los saludos al Maduro, a Chávez y al pueblo, y el toque tropical: “El pueblo oyó esto y se puso de fiesta, dijo vamos, dijo adelantemos esas elecciones”. El de León termina como terminan los discursos en este salón. Música, en pie. Más o menos los mismos vivas! que el de Chávez.

A León le sigue el “constituyente joven”, como presenta la Presidenta de la Asamblea a Jorge Pérez que es efectivamente joven pero declama como lo haría un Catedrático de griego de los 30 del siglo pasado.

En su caso, la fórmula de saludo es a “a la directiva de la soberana y profundamente de pueblo, Asamblea Nacional Constituyente, a los camaradas y al pueblo que a cada paso, minuto a minuto le da seguimiento a este debate”. ¿Debate? En el bloque central de su intervención, de una retórica barroca, cansina, memorizada, recupera las palabras clave que muchos de los participantes repiten una y otra vez y una y otra vez y una y otra vez y suelen ser: “Dignidad, pueblo, patriotismo, violencia, intolerancia, terrorismo, minoritarios, imperialismo, soberanía, independencia”. En un discurso de diez minutos -se gustan, es evidente, les gusta escucharse y verse- apenas una frase concreta referida al objeto de su intervención. Esta: “Que se hagan esas elecciones para el mes de octubre de los corrientes” antes de una despedida que incluye. “Paz, futuro, esperanza, compromiso, presidenta”, aplausos enfervorecidos, en pie, y más música, y más puño en alto. Es imposible aburrirse.

La Presidenta de la Asamblea decide concluir el debate por hoy, emplazando a una nueva sesión para el día siguiente y anunciando que está sorprendida. Que no sabía - no sabía, claro- que sería propuesto el adelanto electoral, a “debatir” el día siguiente con mayor profundidad. Quizás entonces aparezca alguna opinión diferente. Será difícil sin oposición. Quizás si la oposición no hubiera decidido boicotear la Asamblea y algunos de sus representantes estuvieran sentados allí, el debate sería real.

Y se da por terminada una jornada que había comenzado con el otro punto del orden día, el que iba a ser el único antes de la sorpresa: La aprobación del decreto de subordinación del Consejo Nacional de Elecciones a las decisiones de una Asamblea Nacional Constituyente que, a medida que destituye funcionarios y aprueba decretos, se convierte más en un bloque de decisión ejecutiva por aclamación, una asamblea legislativa paralela y expedita, con normas de aplicación inmediata, que en un organismo de debate sobre una nueva constitución. El decreto de subordinación -repito, subordinación- aprobado el viernes se leyó y votó por unanimidad a mano alzada. En la retransmisión televisiva no se vio que ninguno de los más de 500 asambleístas presentes tuviera una copia del texto que aclamaron.

Fuera del salón donde sesiona la Asamblea, Germán Escarrá, uno de los sancionados esta semana por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, constituyentista también, dijo que el adelanto de elecciones era algo que la oposición había pedido y que “seguramente a va a ser”.

¿Se dudaba? Cree que lo que hemos visto es parte de la “restauración del orden”. Que “una vez que el presidente Nicolas Maduro ha venido a subordinarse al poder originario de la ANC, sigue la subordinación ordenada de todos los poderes del estado a la Asamblea Nacional Constituyente como hoy se subordinado el ente rector electoral” y profundiza: “Todos los poderes constituidos quedan al servicio y debidamente subordinados a ese poder. Esa es la fórmula que se está aplicando y va a seguir aplicándose”.

Por si alguien lo dudaba.

Los políticos opositores de Venezuela que quieran ser candidatos a gobernadores en las elecciones regionales de diciembre deberán tener un certificado de “buena conducta” expedido por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). Así lo ha confirmado este jueves Diosdado Cabello, uno de sus miembros más influyentes.

“El que quiera ir debe tener un certificado de buena conducta” de la ANC, dijo el oficialista Cabello durante su programa de televisión en el canal estatal a propósito de que este jueves se cierra el plazo para preinscribir candidatos.

Ese certificado debe decir que “usted nunca llamó a quemar a Venezuela”, indicó el también primer vicepresidente del gubernamental Partido Socialista Unido de Venezuela, dirigiéndose a los opositores que promovieron masivas protestas antigubernamentales y pidieron el respaldo de la comunidad internacional.

“Porque -añadió. si usted cree, ciudadano amargado en su casa, que usted ahora se va a ir a inscribir después que llamó a quemar a Venezuela, se fue por el mundo diciéndole que vamos a invadir Venezuela, usted rodó, oyó papá”.

Cabello aseguró que este requisito está enmarcado en el decreto aprobado este miércoles por la Constituyente, Ley Constitucional de la Comisión de la Verdad“, para establecer responsabilidades en los hechos de violencia política que se han producido en Venezuela desde 1999, pero especialmente en las protestas recientes.

Diosdado Cabello ha promovido hasta ahora las decisiones más duras tomadas por la Constituyente, electa hace casi dos semanas en unos controvertidos comicios a los que solo concurrieron candidatos oficialistas afines el Gobierno del presidente Nicolás Maduro.

La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, explicó este martes, tras la aprobación unánime de la ley que dio cuerpo a la Comisión de la Verdad, que esta “circunscribirá su ejercicio a los hechos de violencia por motivos políticos y de intolerancia, así como sus delitos conexos dirigidos a causar tal violencia”.

La oposición, decida a participar

La decisión de la oposición de participar en las elecciones regionales fijadas para el 10 de diciembre se dio a conocer este miércoles después de lograrse un consenso en la alianza Mesa de la Unidad Democrática (MUD), que mantenía posiciones encontradas al respecto.

Los opositores abandonaron su declaración de rebeldía inscribiéndose en estas elecciones pese a las dudas sobre el árbitro electoral y sus acusaciones a las instituciones del Estado de estar al servicio del Gobierno de Maduro.

Las principales diferencias para participar en estos comicios tenían que ver con acusaciones del antichavismo de que los oficialistas los bloquearían o manipularían el proceso.

Todos los líderes de la plataforma de partidos de oposición acompañaron las protestas antigubernamentales de los últimos meses, que se han saldado con más de un centenar de muertos, además de miles de heridos y detenidos. 

La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela ha aprobado este sábado la destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y su inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público, después de que el Tribunal Supremo hallara méritos para su enjuiciamiento.

“Aprobado ante juicio mérito contra la Fiscal General Luisa Ortega, por comisión de faltas graves durante el ejercicio de sus funciones”, ha anunciado el Partido Socialista de Venezuela en su cuenta de Twitter. Los diputados de la ANC han propuesto y designado a Tarek William Saab, actual defensor del pueblo, para ocupar el cargo.

La reacción de Luisa Ortega Díaz

La exfiscal general, Luisa Ortega Díaz, ha advertido que el Gobierno de Nicolás Maduro busca “perpetuar el desfalco a la nación” y desconoce su destitución como jefa del Ministerio Público (MP) decidida por la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). “En Venezuela está en pleno desarrollo un golpe contra la Constitución promovido por el Tribunal Supremo de Justicia y el Ejecutivo Nacional”, reza un comunicado publicado por el MP y firmado por Ortega Díaz como “Fiscal General de la República”.

“Hoy denuncio que el Tribunal Supremo de Justicia y la ilegal Asamblea Nacional Constituyente presidencial, pasando por encima de la Constitución y las leyes, decidieron removerme del cargo de Fiscal General de la República para que no siga defendiendo los derechos del pueblo”, señala el escrito. La jurista ratificó su desconocimiento a las decisiones de la corte suprema dictadas por un grupo de magistrados cuya designación intentó ser impugnada por ella alegando irregularidades en su nombramiento, pero que fueron desestimadas por los propios jueces del alto tribunal.

La exfiscal se declaró fiel a la Constitución de 1999 y bajo esas premisas, señala, se mantendrá “firme hasta el final”. Dirigiéndose a los venezolanos, subraya que no se trata solo de ella ni del Ministerio Público; que dice son “una muestra ínfima de lo que viene para todo aquel que se atreva a oponerse a la forma totalitaria de gobernar”. “Si esto se lo están haciendo a la fiscal general, en qué estado de indefensión viven todos los venezolanos”, preguntó.

Asimismo, advierte al Gobierno de Maduro que serán “los principales responsables de este golpe contra la institucionalidad del Estado y como tal asumirán ante la historia las consecuencia de esta destrucción de la democracia venezolana”. Ortega Díaz dice a quienes detentan posiciones de poder que la historia “es implacable con aquellos hombres y mujeres que teniendo la autoridad para frenar las arbitrariedades, contribuyen a su profundización”.

El “asedio” al Ministerio Público

La destitución de Luisa Ortega se produce después de que ella misma denunciara este sábado a través de Twitter que había un “asedio” a la sede principal del Ministerio Público en Caracas por parte de un contingente de la Guardia Nacional Bolivariana que mantenía rodeada la institución. La situación se registra un día después de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), elegida hace una semana y con poderes para redactar una nueva Constitución.

“Rechazo asedio al @MPvenezolano. Denuncio esta arbitrariedad ante la comunidad nacional e internacional”, indicó la fiscal en un mensaje en Twitter junto a una imagen de los efectivos militares con escudos acordonando la entrada de la Fiscalía. El contingente de medio centenar de agentes militares bloqueó los accesos a la sede del MP en el centro de Caracas y se mantuvo apostado desde primeras horas de la mañana a las puertas.

La Constituyente había anunciado desde el inicio de su campaña que la “depuración” de Ministerio Público sería una de sus primeras acciones que tomaría una vez que ocupara el poder de la ANC. El presidente venezolano, Nicolás Maduro, acusó este viernes al Ministerio Público de ser cómplice de la “insurgencia armada” que según su discurso ha vivido el país desde que empezara la ola de protestas contra su Gobierno el pasado 1 de abril.

La Asamblea Nacional Constituyente venezolana se ha instalado este viernes con los 538 representantes elegidos en los comicios del pasado domingo, a falta de siete delegados que serán escogidos el próximo 13 de agosto. La excanciller Delcy Rodríguez ha sido elegida para presidir la Asamblea y ha pedido defender Venezuela de las “agresiones imperialistas”.

El dirigente chavista Fernando Soto Rojas ha sido el encargado de encabezar su apertura, asegurando que este órgano se instala para luchar contra la opresión extranjera y la “burguesía” nacional.

“Debe constituirse el Estado para liberar a la nación de toda dominación, opresión, explotación extranjera (...) y de la burguesía nacional”, ha dicho Soto Rojas durante el acto de instalación en el Palacio Federal Legislativo, en Caracas, en el que los constituyentes cantaron el himno nacional puestos en pie.

Un tribunal venezolano rechaba este viernes la solicitud que el Ministerio Público de Venezuela presentó ayer para anular la instalación de la Constituyente.

El tribunal señaló que declaró “nula” la petición porque no se ha “dictado la correspondiente orden de inicio de investigación”, lo que “imposibilita” determinar la existencia de una indagación penal, “requisito indispensable” para la competencia del órgano jurisdiccional.

El tribunal también indicó que la solicitud del Ministerio consistía “en suspensión provisional e inmediata del acto de totalización, adjudicación, proclamación e instalación” de la Constituyente además del resguardo del material electoral.

La Fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunció el miércoles la apertura de una investigación sobre la presunta manipulación de los resultados de la votación, que implica a cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral del país caribeño.

El presidente de Bolivia, Evo Morales, ha mostrado su apoyo a la Constituyente de Nicolás Maduro en un tweet en el que también ha hecho referencia a la “intervención de EEUU”.

La denuncia de la empresa proveedora del sistema electoral electrónico, Smartmatic, de un posible fraude en las elecciones de la Asamblea Constituyente de Venezuela ha provocado un alud de críticas y acusaciones. El Gobierno de Nicolás Maduro anunció la participación de 8,1 millones de personas en la Constituyente, un 41,5% del censo, que la empresa pone en duda ya que “no hubo auditores de la oposición porque ésta no participó”.

Los partidos de la oposición organizados alrededor de la Mesa de la Unidad (MUD) han justificado su ausencia porque califican el proceso de la Constituyente como un vehículo más “para profundizar de manera grosera en lo que es el golpe de Estado en Venezuela”, según señaló el jefe del Parlamento venezolano, el opositor Julio Borges.

La denuncia de la compañía tecnológica al asegurar que “la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores” ha echado más leña al fuego en un momento de protestas continuas y violencia en las calles venezolanas.  

¿Qué es Smartmatic?

Es una multinacional fundada en Estados Unidos, con sede en Londres, de origen venezolano, que pertenece al grupo SGO. La compañía fue creada en 2000 por los venezolanos Antonio Mugica, Alberto Anzola y Roger Piñate. Desde 2004, cuando ganó la licitación para proporcionar el sistema de votación ha gestionado junto al Consejo nacional Electoral todas las elecciones en Venezuela.

En 2006, el FBI investigó a la compañía por sus posibles vinculaciones con el chavismo, según publicó The New York Times. Un cable de la embajada de Estados Unidos en Caracas de ese mismo año, publicado por Wikileaks, apunta que “sus verdaderos dueños —probablemente miembros de la élite venezolana de diferentes afiliaciones políticas— permanecen ocultos detrás de una red de holdings en Holanda y Barbados” y señala que un miembro del Gobierno de Hugo Chávez fue colocado en un sillón del consejo de administración de la compañía tras recibir una subvención de 200.000 dólares.  

El contrato de las tres primeras elecciones venezolanas le proporcionó a la firma 120 millones de dólares, lo que les permitió crecer rápidamente mediante compras y trabajar en diferentes países. Desde entonces han trabajado en procesos electorales de países tan diferentes como Filipinas, Brasil, Ecuador, Estados Unidos, Bélgica o Bulgaria. La compañía se vanagloria de haber participado en numerosos procesos electorales que han permitido a “cientos de millones de votantes emitir 3.700 millones de votos en elecciones por todo el mundo”. En 2012 trasladaron su sede a Londres, tienen 500 empleados en 12 oficinas alrededor del mundo. Según Financial Times tuvieron 250 millones de dólares de ingresos en 2014.

¿Qué hacía exactamente la empresa informática Smartmatic?

Smartmatic es la empresa proveedora del sistema de votación y de las máquinas para votar del modelo SAES (Smartmatic Auditable Election Systems). De hecho, la propia compañía asegura que han formado a 380.000 operadores para instalar 540.000 máquinas en los diferentes procesos electorales de Venezuela.

El sistema de esta compañía permite casi en tiempo real detectar el fraude debido a los mecanismos de auditoria que rodean al proceso de votación. Por un lado, las máquinas se activan con la impresión dactilar del votante, que además del voto electrónico imprime un voto en papel especial, normalmente con marcas de agua y tinta de seguridad, e identificado a través de un código no secuencial, que resguarda el secreto del voto. Además el voto queda registrado en la memoria fija de cada máquina y su memoria removible, hay un acta de escrutinio de cada mesa de votación, un voto electrónico transmitido a los centros de totalización (recogen todos los datos), un acta electrónica transmitida a los centros de totalización y el acta de totalización.

Smarmatic se limita a colocar las máquinas y controlar que el sistema funcione bien. El recuento de los votos depende del Consejo Nacional Electoral.

¿Qué ha denunciado? ¿Ha aportado alguna prueba?

El fundador y consejero delegado de la compañía, Antonio Mugica, denunció el pasado miércoles que “en las pasadas elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente hubo manipulación del dato de participación” y que “la diferencia entre la cantidad anunciada y la que arroja el sistema es de al menos un millón de electores”.

Mugica no presentó ninguna prueba ni aportó ningún documento que avalara el posible fraude. De hecho, en ningún momento apuntó que el sistema hubiera fallado sino que aseguró que “los mecanismos de auditorías intrínsecos al sistema son imposibles de eludir”.

El directivo de Smarmatic argumentó que hubo fraude porque “no hubo auditores de la oposición porque ésta no participó” en el proceso electoral. Tanto los informes de las mesas de votación como el que se envía a la sala de totalización se reparten entre todos los auditores de todos los partidos políticos que suelen participar en la jornada electoral. En el caso de la votación de la Constituyente, Mugica añadió que la ausencia de miembros de la oposición es la razón por la que hay una diferencia entre el anunció  de votos que hizo la CNE y “la que arroja el sistema”, aunque también admite que “una auditoría permitiría conocer la cantidad exacta de participación”.       

¿Informó Smartmatic del posible fraude a las autoridades venezolanas?

Aunque la empresa se jacta de que ofrecen “el portafolio más completo de soluciones para hacer más eficiente y transparente la administración electoral”, su consejero delegado, Antonio Mugica, no fue capaz de dar una respuesta concreta a los motivos por los que no informó del posible fraude al CNE o al Gobierno venezolano el pasado 30 de julio cuando se realizó la votación.

“No sentimos que alertar a las autoridades del CNE antes de hacer esta declaración fuera lo correcto. Pensamos que a las autoridades no les iba a gustar lo que teníamos para decir”, declaró Mugica.

El mismo miércoles en las que hizo la denuncia ante los medios de comunicación la sede de la empresa en la capital venezolana amaneció vacía. Unos 20 gerentes técnicos de Smartmatic se fueron del país por seguridad, según publica El Nacional. Marco Ruiz, secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, explicó que los técnicos salieron antes de que la compañía informara de una posible manipulación en la elección de la Asamblea Nacional Constituyente.

¿Qué es el Consejo Nacional Electoral (CNE)?

Es el órgano rector que se encarga de la “organización, administración y supervisión” de los procesos electorales en Venezuela. Este organismo está formado por tres instituciones: La Junta Nacional Electoral que se encarga de planificar y ejecutar todos los actos relativos a la elección de los cargos, proponer las circunscripciones electorales, establecer el número y ubicación de los centros de votación y de mesas electorales y proclamar a los candidatos y candidatas que resulten elegidos. Además están la Comisión del Registro Civil y Electoral, con la responsabilidad supervisar y controlar el registro civil, y la Comisión de Participación Política y Financiamiento que se dedica al control del registro de partidos y su financiación.

En definitiva, la CNE tiene la responsabilidad de toso el proceso electoral, desde el registro de partidos hasta la participación, la contratación de proveedores como es el caso de Smarmatic, y el recuento de votos. 

La oposición acusa a la CNE de ser un “brazo del Gobierno” por no escuchar las peticiones de los partidos para organizar un referéndum revocatorio, entre otros, y admitir un supuesto fraude en las elecciones de 2013 que ganó el presidente Nicolás Maduro, con el 50,61% de los votos, frente al candidato Henrique Capriles, que consiguió el 49,12%, con Smarmatic como proveedor.  

¿Cuál ha sido la posición del CNE ante las acusaciones de fraude en la Constituyente?

Tibisay Lucena, presidenta del CNE, recordó que “el único rol en el proceso electoral de Smarmatic es la de proveer ciertos servicios y soporte técnico que no son determinantes en sus resultados”. 

Lucena señaló que “la empresa Smartmatic participó en todas las auditorias, colocó su clave para el cifrado de los archivos y protección de las aplicaciones que se desplegaron en la plataforma electoral. Estas auditorías incluyen la certificación del software de la máquina y del sistema de totalización que ahora se pone en duda. Es decir, cualquier manipulación como la que señala Mugica, supone desconocer que Smartmatic es parte de la seguridad del sistema de totalización”.

La responsable del CNE, al igual que hizo el presidente Maduro, argumentó que la postura del directivo de Smarmatic obedece a posibles presiones que sufre la compañía por parte de Estados Unidos. “Esta acción del gobierno estadounidense afectó también a otros proveedores que prestan servicios a nuestra institución y de los que ya tenemos conocimiento les han sido bloqueadas sus cuentas en el exterior”, declaró.

Además, Lucena denunció que las acciones violentas de la oposición les obligaron a “reubicar 1.200 centros de votación por causa del asedio” el día antes y durante el día de la elección hubo “200 ataques directos a cerca de 200 centros de votación” que hizo necesario “movilizar centros a fin de garantizar la continuidad del proceso”. Según la dirigente del CNE se contabilizaron “181 máquinas de votación quemadas”.

¿Hay una única posición sobre el posible fraude en el CNE?

No. Luis Emilio Rondón, uno de los cinco rectores principales del Consejo Nacional Electoral y presidente de la Comisión de Participación Política y Financiamiento, declaró que “no se puede tener confianza en cifra alguna que haya surgido de un proceso que no contó con todos los controles”.

Rondón apuntó que los controles fueron “flexibilizados, incluso en algunos casos eliminados” y aseguró que hay “razonables dudas” porque “se llevaron a cabo menos auditorías, además, a pocas horas de la realización del proceso, se permitió que los venezolanos votaran en cualquier centro electoral de su municipio, no se utilizó la tinta indeleble y el CNE entregó primero al presidente de la República una copia del balance parcial antes que el pueblo, e incluso los candidatos en su totalidad, conocieran los resultados a través de la página web.

El rector pidió al CNE que hiciera públicas “a la brevedad las actas de escrutinio de cada mesa utilizada el domingo”.

¿Se hicieron auditorías de la votación?

Sí, aunque como asegura Luis Emilio Rondón, el rector del CNE crítico con el proceso electoral de la Constituyente, fueron menos que en otras elecciones. “En primer lugar se llevaron a cabo menos auditorías. Estas son revisiones que permiten afianzar cada fase del proceso y que a lo largo de los años han ido aumentando con la finalidad de comprobar el correcto funcionamiento del proceso. A diferencia de 2015, cuando se realizaron 18 auditorías, para este proceso tan solo se planificaron 8. Esto, no solo implica un retroceso, sino que debilita gravemente el sistema electoral venezolano”, señaló Rondón. 

Entre estas auditorías están del software y de  producción de las máquinas de votación de Smarmatic, la calidad de la información dactilar, la efectiva configuración y correlatividad de datos dactilares con los datos biográficos de los electores o las bases de datos de electores, entre otros.

¿Hubo o no hubo observadores internacionales?

Todos los observadores que comprobaron las elecciones del 30 de julio fueron invitados por el Gobierno del presidente Nicolás Maduro. Como la oposición se desentendió de la consulta, no hubo invitados internacionales por su parte. Ninguna de las organizaciones que habitualmente forman delegaciones de observadores internacionales ha enviado a ningún grupo para supervisar el proceso.

La senadora de Unidos Podemos, Vanessa Angustia, y el exeurodiputado del PSOE, Vicent Garcés, fueron algunos de los observadores del grupo de una treintena de “acompañantes internacionales” invitados por el CNE. Tanto Angustia como Garcés han comentado que el proceso electoral de la Constituyente se ha hecho con “absoluta pulcritud”.

¿Se va a investigar el proceso de votación?

La Fiscal general de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, anunció el pasado miércoles la apertura de una investigación sobre la presunta manipulación de los resultados de la votación, que implica a cuatro rectoras del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“He ordenado investigar si estamos en presencia de un delito, incluso de lesa humanidad. Por eso, designé a dos fiscales para investigar a cuatro rectoras del CNE por este hecho escandaloso”, afirmó Ortega.

El Gobierno de Maduro considera a la fiscal como un apéndice de la oposición. Ortega Díaz se posicionó contra la Constituyente asegurando la necesidad de que debería ser primero aprobada en un referéndum por la ciudadanía. Ante esta posición, el presidente Maduro avisó que la Constituyente debería “reestructurar de inmediato y declarar en emergencia” a la Fiscalía. Además, el Gobierno acusa a la institución judicial de tener “el monopolio de la acusación” lo que ha provocado impunidad ante la corrupción y el crimen.

De todas maneras, varios diputados entre los que se encontraba Manuela Bolivar han denunciado a los rectores de la CNE por supuesto fraude de la Constituyente ante el Ministerio Público. 

Diarios muy católicos, tertulianos de orden y políticos de misa de doce aplauden el levantamiento de barricadas incendiarias y justifican atentados contra la policía. Históricos comunistas y no tan históricos izquierdistas defienden a las fuerzas de orden público que aporrean ciudadanos, llaman terroristas a los manifestantes y se indignan por la magnitud de las protestas callejeras. Quizás algún día se estudie en nuestras universidades el kafkiano efecto que la crisis política venezolana está generando… en España.

¿Es Maduro un dictador, o un presidente democrático amenazado por los grandes poderes fácticos? ¿Es la oposición un grupo de conspiradores golpistas pagados por el Capital o una legión de desprendidos héroes dispuestos a inmolarse por su amado pueblo? ¿Son terroristas los manifestantes que paralizan, cada día, las calles de Caracas o son ciudadanos hartos de la represión y la miseria? ¿Están las naciones extranjeras que se oponen a Maduro movidas por el amor a la libertad o, más bien, les empujan intereses económicos?

Es obvio que, como suele ocurrir en cualquier conflicto nacional o internacional, las grandes preguntas no pueden responderse sin entrar en una serie de matices. En Venezuela, especialmente, apenas hay blancos o negros, todo está lleno de tonos grises de distinta intensidad. Quizás por eso sorprenden los juicios tan categóricos, tan radicales que se emiten en nuestro país y que no dejan resquicios para la duda, el debate o los matices.

Antes por tanto de entrar en el fondo de la crisis venezolana, conviene preguntarse por qué este tema suscita tanto interés y tanto hooliganismo entre nuestros políticos y periodistas. No dudo de que en algunos casos prima la normal preocupación que genera la situación de violencia y de involución democrática que se está registrando en ese país. Sin embargo, esa explicación por sí sola no sirve para la mayoría de quienes claman, desde los atriles y los medios, contra “el dictador Maduro”. Estos lo hacen, principalmente, por intereses puramente económicos y, ya de paso, porque creen que les viene bien para atacar a un adversario político llamado Podemos. Si no fuera así, si la libertad fuera verdaderamente su bandera, no se irían corriendo a vender nuestro AVE a Arabia Saudí, o a hacer negocios en Guinea Ecuatorial, o a incrementar nuestras relaciones comerciales con China… por citar tres ejemplos. ¿Solo nos importa la libertad de Venezuela? O más bien ¿solo nos importa la libertad si el tirano de turno es incómodo para nuestras aspiraciones económicas?

Pruebas para pensar mal las tenemos cada día. Nuestro Rey y nuestro Gobierno agasajan a los príncipes saudíes para sacar tajada y no tienen reparos en callar ostentosamente ante las violaciones de los derechos humanos que se perpetran, cada día, en esa dictadura; da igual que las mujeres saudíes no puedan ni siquiera conducir, que exista el esclavismo, que se decapite en las plazas públicas o que su Ejército esté masacrando a la población de Yemen. Y qué decir de esos prohombres del socialismo que como José Bono negocian pingües contratos con el dictador Obiang sin importarle un pimiento que el siniestro personaje lleve casi cuarenta años tiranizando a su pueblo. ¿Y Felipe González?, ese antiguo socialista que se ha convertido en el martillo inquisidor contra el líder venezolano. ¿Qué quiere nuestro expresidente que pensemos cuando le oímos decir barbaridades tales como que Pinochet respetaba más los derechos humanos que Maduro… y cuando no le oímos levantar un mísero susurro para denunciar regímenes como el saudí, el guineano o el chino. ¿Somos podemitas por pensar que su obcecación personal, casi enfermiza, en Venezuela y solo en Venezuela debe obedecer a intereses que poco tienen que ver con la salvaguarda de la democracia?

En la orilla contraria son cada vez menos las voces en Podemos que respaldan incondicionalmente a Maduro. Después de unos años de cierre de filas con el régimen bolivariano, ha llegado a la coalición morada, afortunadamente, el tiempo de los matices. Aún así sigue habiendo un número nada desdeñable de políticos, periodistas y ciudadanos de izquierdas que apoyan, casi fanáticamente, al Presidente venezolano. La mayoría de los ejemplos que he dado antes, utilizados a la inversa, servirían para poner en evidencia sus discursos. ¿Nos parece despreciable que se disparen pelotas de goma en las manifestaciones contra el G-20, pero lo justificamos en Caracas? ¿Somos los estandartes de la libertad y de la denuncia de cualquier ataque a los derechos fundamentales… salvo que los excesos los cometa “uno de los nuestros”?

Intentando ser objetivo, aunque consciente de que no lo lograré y, sobre todo, de que no contentaré a nadie, resumiré brevísimamente cómo veo la situación actual. Nicolás Maduro no es un dictador, pero los pasos que está dando nos hacen pensar que puede acabar siéndolo muy pronto. Digan lo que digan sus detractores, es un presidente democrático puesto que fue elegido en unas elecciones libres que fueron avaladas por la mayor parte de los observadores internacionales (entre ellos había políticos españoles, incluidos miembros del PP). Es también cierto que, desde el principio, tuvo que lidiar con una oposición y una comunidad internacional que trataron de deslegitimarle y de desestabilizarle. Sin embargo la pérdida de buena parte del apoyo popular que ha ido sufriendo, obedece al dramático deterioro de la economía, fruto del bajo precio del petróleo y también de su nefasta gestión financiera. Fue por ello, principalmente, por lo que Maduro perdió estrepitosamente las elecciones de 2015 que permitieron a la oposición controlar la Asamblea Nacional con una apabullante mayoría.

Desde entonces lo que ha habido en Venezuela es un choque de trenes entre dos legitimidades paralelas: Presidencia frente a Parlamento. No seré yo el que diga quién ha retorcido más la ley para intentar restar poder al contrario. Dejémoslo en que ambos lo han hecho de forma torticera. No obstante, es un hecho que las últimas elecciones, celebradas con garantías, las ganó holgadamente la oposición y ello le confiere una legitimidad que no tiene un Maduro hundido también en las encuestas.

Venezuela debe encontrar una salida del angosto callejón en el que se encuentra. Para buscarla se puede optar, como hace su Presidente, por encarcelar opositores, reprimir violentamente a los manifestantes, amenazar a fiscales, jueces y periodistas y, finalmente, hasta disolver el Parlamento; o bien, como hace la oposición, se puede atentar contra policías, sumir el país en el caos, disparar desde un helicóptero contra el Tribunal Supremo y hasta derribar por la fuerza al inquilino del Palacio de Miraflores. Cualquiera de los dos desenlaces sería dramático y, muy probablemente, iría acompañado de un baño de sangre. Hay una tercera vía (yo no encuentro una cuarta) que pasa por dar la voz al pueblo. Unas elecciones con todas las garantías y supervisadas por observadores internacionales se presentan como la única salida incruenta. No es una tarea fácil, pero la comunidad internacional debería ponerse ya manos a la obra. Espero que lo hagan sin dejarse contagiar por el hooliganismo español y consigan que sean las urnas y no las armas las que marquen el futuro de Venezuela.

La Unión Europea (UE) ha comunicado este miércoles que no reconocen la Asamblea Constituyente impulsada por el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por dudas sobre su legitimidad. Los Estados miembros de la Unión advirtieron de que “intensificarán” su respuesta si se siguen socavando los principios democráticos en ese país.

La alta representante de la Unión para la Política Exterior, Federica Mogherini, ha anunciado, mediante un comunicado, que la UE y sus Estados miembros “no pueden reconocer la Asamblea Constituyente por su preocupación en cuanto a su efectiva representatividad y legitimidad”.

“La efectiva instalación de la Asamblea Constituyente debería suspenderse y las atribuciones de todas las instituciones previstas por la Constitución deben ser expresamente reconocidas”, puntualiza el comunicado europeo.

El llamamiento no ha sido solo para el Ejecutivo de Maduro, también hay un mensaje para la oposición. Bruselas también ha hecho un llamamiento en el que pide “a todas las partes que se abstengan del uso de la violencia” y a las autoridades venezolanas que garanticen los derechos humanos además de mostrarle su preocupación por la situación de los detenidos Leopoldo López y Antonio Ledezma.

Sin sanciones, de momento

Los países de la UE piden a Maduro que tome “medidas urgentes para rectificar el curso de los acontecimientos”. A pesar de la negativa a reconocer el proceso constituyente en Venezuela el asunto de las sanciones como pedía el Gobierno de Mariano Rajoy ha quedado aparcado de momento.

“Por ahora no se habla de sanciones”, han explicado este miércoles fuentes diplomáticas a Europa Press, al tanto de las consultas entre Estados miembro.

La Unión Europea aboga por una solución política al conflicto que vive Venezuela y se presta “dispuesta a ayudar en todos los asuntos que puedan aliviar la situación cotidiana del pueblo venezolano”.

Catherine Ray, portavoz de la Alta Representante de Política Exterior y de Seguridad Común de la UE, ha explicado que “la prioridad es la ayuda urgente para el pueblo venezolano y rebajar la tensión, promover una solución política a la crisis y estamos listos para dar un apoyo ulterior a los esfuerzos de mediación regional”.

El Mundo, ABC y La Razón han abierto su edición impresa con una imagen de una revuelta en Caracas para criticar al presidente venezolano

En la imagen se ve un grupo de policías en moto pasar al lado de una llamarada en un ataque contra el cuerpo

Este lunes las portadas de los grandes diarios españoles se hacen eco de los altercados vividos en las calles de Venezuela alrededor de la votación de la Asamblea Constituyente promovida por el gobierno de Nicolás Maduro.

Los cabeceras llevaban a primera página una llamativa fotografía, que pertenece a una explosión que ha atentado contra la policía venezolana, presuntamente provocada por manifestantes de la oposición, y en el que siete agentes han sido heridos. En este vídeo se aprecia lo que sucede en las calles de Caracas al paso de la caravana policial.

Sin embargo, la lectura de titulares en la mayoría de los periódicos junto esta fotografía sugiere más bien que la violencia y la explosión eran obra del gobierno de Maduro.

El diario ABC lleva esta fotografía a tamaño completo y titula con “Maduro encubre con violencia y represión el fracaso de su constituyente”.

El Mundo parte su portada en dos imágenes. A la izquierda, las revueltas que se sucedían en las calles de Caracas al paso de la policía. A la derecha, el presidente venezolano votando en una urna. El titular unía las dos imágenes en una: “Maduro perpetra su golpe”.

La Razón utiliza la misma imagen y titula “Baño de sangre en el 'Madurazo” refiriéndose una vez más a los muertos con los que se saldaron las protestas. Anota en el pie que se trata de una “fuerte explosión en los enfrentamientos entre la Policía bolivariana y los opositores en Caracas”.

Las cabeceras de medios autonómicos como La Voz de Galicia, El Heraldo de Aragón o el Norte de Castilla también han abierto con la misma fotografía y titulares que señalan al gobierno venezolano como responsable de la violencia. El País, en un subtítulo de portada, asegura que “el plan para imponer una nueva Asamblea que sustituya al Parlamento provoca al menos nueve muertos”.

El Ministerio Público de Venezuela (MP) informó de que investiga las muertes de 10 personas, ocurridas este domingo en el país durante las protestas contra la elección de la Asamblea Nacional Constituyente. Una votación impulsada por el Gobierno de Nicolás Maduro para cambiar la Carta Magna que finalmente ha recibido el respaldo de ocho millones de votantes, un 41,53 % del censo electoral

“El Ministerio Público investiga la muerte de 10 personas, ocurridas en el país este domingo 30 de julio, durante manifestaciones en los estados Lara, Mérida, Sucre, Táchira y Zulia”, informó este organismo en un comunicado.

Mérida detalló que cuatro de estas muertes ocurrieron en Táchira; tres en Mérida, Ángelo Méndez, de 28 años, Eduardo Olave, de 39 y Marcel Pereira, de 38; uno en Lara, Luis Zambrano, de 43 años, que recibió un disparo en una manifestación; uno en Zulia (oeste) y uno en el oriental estado Sucre, donde perdió la vida el dirigente de la formación opositora socialdemócrata Acción Democrática (AD) Ricardo Campos, de 30 años. Un fallecimiento que medios medios regionales y dirigentes opositores han atribuido su muerte a la Guardia Nacional.

“Vale señalar que de ese número de víctimas, dos eran adolescentes de 13 y 17 años, así como un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada)”, ha querido enfatizar la Fiscalía.

16 muertos, según la oposición

La cifra actualizada de fallecidos del MP sigue siendo más baja que la que ofrece la alianza opositora Mesa de la Unidad Democrática (MUD) que asegura que en esta jornada electoral y en el marco de las protestas murieron al menos 16 personas.

“El Ministerio Público lamenta profundamente la muerte de estas personas y ratificamos nuestro compromiso de actuar apegados a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes para establecer las responsabilidades de estos hechos”, señaló el organismo en el escrito.

La cifra oficial de fallecidos se suma a la lista de los que han caído durante la ola de manifestaciones antigubernamentales que se viene desarrollando desde hace casi cuatro meses y que alcanza las 119 víctimas fatales.

Más de medio centenar de detenidos

El Ministerio Público de Venezuela también ha informado de que la cifra de personas detenidas asciende a 19 por delitos electorales y 39 por manifestaciones, para un total de 58.

Sin embargo, la ONG Foro Penal Venezolano (FPV) contabilizó en total 64 arrestos a lo largo la jornada de protestas en contra de las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente.

El FPV señaló a través de Twitter que 30 de esas detenciones se produjeron en el estado Zulia, al noroeste del país, mientras que en Mérida (oeste) y Monagas (este) hubo cinco detenidos en cada uno.

Entretanto, en el estado norteño de Aragua hubo seis arrestos, tres en la capital venezolana, tres en Carabobo (centro norte), y tres más en Anzoátegui (noreste) fueron detenidas en escenario de protestas.

En Miranda (centro) y en los occidentales Táchira y Trujillo hubo dos en cada estado, y en los céntricos Lara y Cojedes hubo uno en cada uno. En el sur del país hasta el momento también hay un detenido, en el estado Bolívar, según la ONG.

Este domingo Venezuela elige a 545 representantes que integrarán la Asamblea Nacional Constituyente, el órgano que redactará una nueva Constitución y que tendría mayores poderes que el actual Parlamento, de mayoría opositora. La oposición, la coalición Mesa de la Unidad Democrática (MUD), no participa en el proceso por considerarlo “fraudulento”. Defienden que tendría que incluir un referendo previo, como ocurrió en 1999 cuando se aprobó la actual Constitución.

Venezuela celebra estos comicios frente al rechazo de buena parte de la comunidad internacional y en medio de una oleada de protestas iniciada el pasado 1 de abril, que han causado 109 muertos, cientos de heridos y casi 5.000 detenidos.

Paralelamente, la oposición ha convocado este domingo a una gran concentración en el este de Caracas, así como el corte de las principales vías en el interior del país, pese a que el Gobierno de Nicolás Maduro ha prohibido cualquier manifestación o reunión que pueda interferir o afectar al proceso electoral. 

¿Cómo será la composición de la Constituyente?

La Asamblea Nacional Constituyente incluirá 364 representantes territoriales y a otros 173 de ámbitos sectoriales. A mayores, otros ocho representantes pertenecerán a las comunidades aborígenes. Los delegados tomarán posesión la primera semana de agosto.

La oposición, que tiene la mayoría del Parlamento desde hace dos años, recuerda que Hugo Chávez convocó un referéndum previo para la redacción de la Constitución de 1999, algo que no ha ocurrido en esta ocasión. Además, critican que la Carta Magna permite que los poderes constituidos “no podrán en forma alguna impedir las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente”, por lo que esto daría mayor poder al presidente venezolano.

Nicolás Maduro: “Quise ser el primer voto por la paz”

“Quise ser el primer voto por la paz, la soberanía y la independencia de Venezuela (...) Hoy es un día histórico”, han sido las declaraciones del presidente venezolano, Nicolás Maduro, tras votar ante algunos de los acompañantes internacionales que fueron invitados por el Consejo Nacional Electoral (CNE) para observar el proceso.

Maduro reiteró su invitación a votar “con fe, esperanza y amor” para “buscar la reconciliación, la justicia, la verdad, y superar los problemas que tenemos”. “Le pido a Dios todas sus bendiciones para que el pueblo pueda ejercer libremente su derecho democrático”, aseguró el presidente venezolano. 

Unas 130 personas han asistido este sábado a la asamblea constituyente de Ganemos Las Palmas de Gran Canaria, una plataforma ciudadana que aspira a aglutinar en una candidatura unitaria a las fuerzas de izquierda para concurrir a las elecciones locales que se celebrarán en mayo de 2015.

El acto se ha celebrado en el Edificio Sindical, situado en la calle Primero de Mayo de la capital, y se ha extendido durante cerca de dos horas.

Con esta asamblea constituyente desaparece el grupo promotor, que ha dado “un paso atrás”, y se han conformado seis equipos de trabajo que serán los que, a partir de ahora, marcarán la hoja de ruta y elaborarán las propuestas concretas, según ha afirmado Iván Llamazares, miembro de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y una de las caras más reconocibles de este proyecto.

Llamazares se mostraba este sábado “eufórico” con la respuesta obtenida de la ciudadanía y con las sensaciones de una asamblea que le recordó “al fluir del 15-M, pero con un carácter más resabiado, con propuestas más concretas”.

Varios movimientos vecinales, entre ellos los afectados por la reposición de viviendas en el barrio de Tamaraceite, han asistido al acto de este sábado y han planteado sus soluciones para mejorar una ciudad castigada por la elevada tasa desempleo. “Ha habido intervenciones muy emotivas. Hemos hablado, sobre todo, del problema de los servicios sociales, de la pobreza estructural, de la infantil, y de cómo resolverlo”, ha explicado Llamazares.

Ganemos Las Palmas de Gran Canaria ha vuelto a hacer un llamamiento a los partidos rupturistas y de transformación para que se vayan sumando, “a su ritmo”, a un proyecto que está “enfocado en la ciudadanía”.

“Creemos en la política como una forma de resolver los problemas desde una ideología concreta. La prioridad del PP son las grandes fortunas. Nuestra prioridad son las mayorías sociales y los desfavorecidos”, ha aseverado Llamazares.

Para esta plataforma ciudadana , esta asamblea ha sido un punto de partida “sólido e ilusionante” que tendrá continuidad en la reunión que celebrarán el próximo miércoles los grupos de trabajo con la finalidad de “intercambiar la información e ir fijando las prioridades”, “Hay que ir a los barrios, hablar con los colectivos. Queda muchísimo trabajo”, ha concluido.

Llegados a este momento, será a partir de los inicios del siglo XXI cuando este proceso avanza hacia una nueva etapa, y se empezaron a dar los primeros pasos en un cuarto y decisivo pilar. Se trataba de la formación política y social que debía complementar la recibida por tantos comunicadores y comunicadoras formadas desde el inicio del proceso. Recordamos que no se pretendía hacer simples videos (a estas alturas también radio) por una cuestión artística o mercantil, sino al servicio de los procesos indígenas y campesinos, por lo tanto las organizaciones nacionales vieron inmediatamente la necesidad de esta formación política complementaria. Hasta tal punto que desde los primeros talleres de trabajo en derechos, género, procesos sociales, etc. incluyeron dirigentes de diferentes niveles de las propias organizaciones y toda la formación se orientó pensando en la posibilidad de alcanzar en algún momento una Asamblea Constituyente y cómo se construiría una propuesta propia de las organizaciones sociales.

En la totalidad de las formaciones se dio prioridad no solo a la formación en derechos o comunicación, sino también a que éstas debían incluir un análisis desde la perspectiva de género para visibilizar la discriminación y vulneración de derechos que enfrentan las mujeres indígenas y campesinas. Al fin y al cabo si el objetivo es ir construyendo un sistema político y social diferente, más justo y equitativo, éste no podrá ser realidad sin abordar no solo la necesidad de la descolonización sino también la de la despatriarcalización. Hoy este cuarto pilar confluye, en una escuela de formación permanente y reglada de la que en 2014 saldrá la segunda promoción de dirigentes y comunicadores y comunicadoras indígenas, en la que, posteriormente, las personas formadas asumen la obligación de multiplicar sus conocimientos en sus territorios y organizaciones. Desde los inicios del proceso comunicacional y formativo, muchas de las personas que han estado inmersas en los mismos, posteriormente, han fortalecido a las propias organizaciones indígenas y campesinas y han tomado parte activa en la constituyente o en el legislativo así como en muchas otras estructuras del nuevo estado plurinacional. Todo ello, además de seguir reforzando el propio proceso comunicacional.

En este amplio contexto, a la hora de hacer una revisión de los frutos alcanzados en estos más de 15 años de proceso comunicacional hay cierta dificultad para destacar los más importantes, pero por citar algunos de éstos:

- Gran e importante producción de materiales comunicacionales hechos y orientados desde la cosmovisión y planteamientos políticos indígenas y campesinos.

- Incidencia en la sociedad desde espacios de difusión, divulgación y debate en radio y televisión.

- Puesta en marcha de sistemas regionales de comunicación, manejados y dirigidos por equipos indígenas.

- Proceso de capacitación que derivó hacia un importante proceso de formación en derechos, género y comunicación de comunicadores y comunicadoras así como de dirigentes. Con una amplia posterior proyección hacia y en las comunidades, organizaciones e instancias del estado plurinacional.

- Aporte a la creación y sostenimiento del Pacto de Unidad de las cinco confederaciones indígenas y campesinas, pilares del proceso constituyente.

- Proyección hacia otros países y organizaciones indígenas del continente, dando apoyo formativo y fortaleciendo la comunicación indígena en el continente.

- En suma, apropiación y empoderamiento de los pueblos indígenas y campesinos de Bolivia de los medios comunicacionales al servicio de sus procesos.

Toda la experiencia comunicacional y formativa acumulada a lo largo de este tiempo de más de quince años permite hoy afirmar que se ha operado un proceso permanente de apropiación social y política de los espacios y medios comunicativos y político sociales. Y son las organizaciones indígenas y campesinas las que protagonizan este empoderamiento, para el fortalecimiento de sus identidades diversas y como sujetos emancipadores en el marco de construcción de un país diferente, transformado social, cultural, económica y políticamente hacia modelos más justos y equitativos.