El Partido Popular de Madrid va dando pasos para solventar su debilidad parlamentaria en la Asamblea de Madrid. El portavoz del PP en la cámara autonómica, Enrique Ossorio, y la diputada popular Elena González-Moñux han enterrado el hacha de guerra tras una larga confrontación en el que se denunciaron mutuamente por acoso laboral y injurias.

Ambos parlamentarios han acordado desactivar las respectivas demandas. Fuentes del partido han admitido que la parlamentaria seguirá “de momento” en el Grupo Popular de la Asamblea, aunque también se había barajado la posibilidad de una salida en un cargo.

La parlamentaria popular se encontraba de baja por depresión desde el pasado 10 de octubre tras acusar a Ossorio de acoso laboral. El pasado viernes ya anunció que acudirá a votar a la Asamblea las medidas importantes como los presupuestos de la Comunidad de Madrid, que se encuentran prorrogados.

La participación de González-Moñux es fundamental para que el Gobierno Cifuentes consiga sacar adelante medidas con el apoyo de Ciudadanos, ya que con la baja de esta diputada empataban a votos con Podemos y el PSOE.

El abogado de la diputada Elena González-Moñux, José María Garzón, ha anunciado que su clienta, de baja por depresión desde hace cuatro meses, ha accedido a ir a la Asamblea de Madrid a votar los presupuestos, de modo que el PP podrá sacarlos adelante con Ciudadanos en el momento de su aprobación.

Así lo ha adelantado el letrado a Europa Press, justo el día en el que González Moñux coincidirá con sus compañeros de partido en el Congreso Nacional que el PP celebra este fin de semana en la Caja Mágica, y donde acude en calidad de compromisaria.

Hasta el momento, la ausencia de la parlamentaria provocaba una situación de bloqueo en la Asamblea, pues sin ella, el PP y Ciudadanos tienen los mismos votos que el PSOE y Podemos y de no salir adelante las cuentas de 2017, el Gobierno regional se hubiera visto obligada a prorrogar los presupuestos de 2016.

En un comunicado, el abogado ha explicado que “con independencia de su estado, Elena es y se siente del PP por el que espera seguir trabajando tan pronto se recupere, al igual que lo ha hecho en los últimos 30 años”.

Asimismo, se compromete a seguir votando en cada una de las ocasiones que su Grupo lo requiere a través del voto telemático, pendiente de aprobarse en la Asamblea, pero hasta que así sea “realizará todos sus esfuerzos” para acudir a votar al Parlamento en las “cuestiones de importancia como pueden ser los presupuestos, donde sus votos pueden afectar al resultado de la votación, anteponiendo el interés de los ciudadanos madrileños y el de su partido al suyo y al propio”.

Además, el abogado señala que su ausencia estos meses en la Cámara regional se debe a “una enfermedad grave”. “Los facultativos que la tratan han acordado su baja médica y desaconsejan expresamente, al menos de momento, su vuelta a la Asamblea, ya que esta actividad se considera contrapruducente para su recuperación”, señala el comunicado.

“Elena desea en definitiva tanto recuperarse como acabar con las disputas y volver a la normalidad cuanto antes”, concluye el comunicado.

La debilidad parlamentaria del Partido Popular de Cristina Cifuentes en la Asamblea de Madrid va a retrasar la aprobación de los presupuestos de la Comunidad. La baja por enfermedad de la diputada autonómica Elena González-Moñux ha convertido la aritmética parlamentaria en un enemigo de la gestión de Cifuentes. Sin la parlamentaria, la suma de los populares y Ciudadanos, que apoyó la investidura de la presidenta de la gestora del PP, solo consigue el empate con PSOE y Podemos, por lo que es imposible aprobar las nuevas cuentas autonómicas.

Esta situación está provocando el retraso en la aprobación de los presupuestos de la Comunidad de Madrid. La presidenta había ya admitido en enero la tardanza y formalizó un nuevo cronograma: “El borrador del proyecto de presupuestos estará preparado en la primera semana de febrero, de manera que podamos aprobarlo ese mismo mes, para que en marzo entre en tramitación parlamentaria y quede finalmente aprobado en el primer trimestre”. Ninguna de estas fechas se va a cumplir y la aprobación de las cuentas se va a alargar hasta finales de abril o mayo, según fuentes de la Asamblea de Madrid. 

Hay dos obstáculos que impiden sacar adelante los presupuestos: Por un lado, las exigencias de Ciudadanos, que han puesto sobre la mesa la necesidad de más inversiones en áreas como Sanidad, Justicia, Educación y Transportes, aunque ambas partes admiten que solo quedan flecos para cerrar un acuerdo en las próximas semanas.  Por otro lado, la ausencia de la diputada del PP.

El PP ha intentado esta semana un movimiento de última hora. En la pasada junta de portavoces de la Asamblea los populares llevaron una modificación del Reglamento mediante procedimiento de lectura única para aprobar de urgencia el voto telemático. Así se solventaría la ausencia de la parlamentaria autonómica.

Sin embargo, Ciudadanos, PSOE y Podemos votaron en contra, aunque las tres formaciones admiten que están a favor de la medida. Los tres partidos son conscientes de las necesidades del PP y que con este acto de filibusterismo político reducen la fuerza de los populares en la Asamblea.

Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos, argumentó que llevan meses negociado un nuevo reglamento de la cámara autonómica y que no tenía sentido aprobar solo un punto de esa norma. Lorena Ruiz-Huerta, portavoz de Podemos, aseguró no entender ahora las prisas cuando el PP se había negado a aprobar una propuesta similar del PSOE o de Izquierda Unida en otras legislaturas. 

Más fácil es que Partido Popular y Ciudadanos cierren un acuerdo de presupuestos. Según fuentes de la formación naranja todavía tienen que cerrar “flecos” en la negociación de las cuentas autonómicas en el capítulo 6, de inversiones reales, en infraestructura. 

La próxima reunión de Presupuestos, ya se han reunido otras cuatro veces,  no será como pronto hasta la semana que viene. La protagonizarán Ignacio Aguado y Cristina Cifuentes, además de la consejera de Economía, Empleo y Hacienda, Engracia Hidalgo. De esta manera quieren impulsar un acuerdo que dé vía libre a unos presupuestos que se llevan negociando meses.        

A pesar de que Cifuentes ha tratado de restar importancia a tener unos presupuestos prorrogados, la presión política se ha acrecentado desde que Ahora Madrid y el PSOE anunciaron esta semana un acuerdo que desatascaba las cuentas en el Ayuntamiento de Madrid.

González-Moñux está de baja por depresión desde el pasado 10 de octubre. La parlamentaria denunció acoso por parte del portavoz del PP en la cámara autonómica, Enrique Ossorio. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid archivó la denuncia, aunque los abogados de González-Moñux la han recurrido. Fuentes del PP aseguran que se le está buscando una salida a González-Moñux  que les permitan restablecer los equilibrios parlamentarios que decidieron los ciudadanos con sus votos.

La Sala de lo Civil y de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado por unanimidad el archivo de la denuncia presentada por la diputada del Partido Popular en la Asamblea de Madrid Elena González-Moñux, contra el portavoz del dicha formación, Enrique Ossorio, al que acusaba de acoso laboral, al entender que no hay “indicios de infracción penal”.

Como ha informado el Tribunal madrileño, la denuncia de la parlamentaria era por la supuesta comisión de “un continuo trato humillante y vejatorio” por parte de Ossorio. La Sala considera en el auto que hay que proceder al archivo del expediente “ante la total inexistencia de indicios de infracción penal”.

La Sala del TSJM, competente en este asunto dado que Ossorio tiene la condición de aforado, ha adoptado esta decisión tras tener conocimiento y estudiar detenidamente la denuncia, así como el escrito de la Fiscalía de la Comunidad de Madrid, conocido este martes, en el que el Ministerio Público solicitaba que no se procediera a la apertura de un proceso penal para comprobar los hechos denunciados que, de ser acreditados, “en ningún caso serían constitutivos de delito”. Esta resolución puede ser recurrida en súplica ante el mismo Tribunal en el plazo de tres días.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, y la diputada regional Elena González-Moñux no han alcanzado un acuerdo en el acto de conciliación al que estaban convocados este miércoles en relación al caso de acoso laboral denunciado por Muñox contra su compañero de partido. Ahora Ossorio tendrá que decidir si presenta una demanda (vía civil) o una denuncia (vía penal) en los Juzgados por un delito de injurias y calumnias.

González-Moñux denunció ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid a Ossorio el pasado noviembre por trato humillante y vejatorio y le acusó de acoso laboral. La parlamentaria detalla en su denuncia que el diputado le espetó: “¡Es que no te sabes la ley, eres tonta, tonta! Ahora coges y te vas y te estudias la ley y las enmiendas ¡Venga, ve y te las estudias! Y a las cinco voy a convocar una reunión y te vamos a preguntar”. Muñox lleva dos meses sin acudir a votar a la Asamblea debido a una baja por depresión.

Tras hacerse pública la denuncia, Ossorio reclamó 100.000 euros a la diputada en concepto de daños por una “falsa información”.

La decisión se produce un día después de que la Fiscalía de Madrid haya pedido el archivo de la causa por no apreciar un delito en los hechos denunciados. No considera que se pueda justificar la apertura de un proceso penal para comprobar los hechos, que de ser acreditados, “en ningún caso serían constitutivos de delito”.

La pasada semana, el abogado José María Garzón, que defiende a Moñux, adelantó que “jamás” aceptarían la existencia de un delito de calumnias, dado que ello implicaría que su denuncia de acoso laboral es falsa.

El letrado solicitó la suspensión del acto de conciliación porque el delito que se denuncia -injurias y calumnias por el caso de acoso denunciado- no está resuelto y, por tanto, no se puede impugnar.

En un escrito, razonaba su solicitud en que “ya interpuso denuncia en fecha de 18 de noviembre de 2016 referente a los mismos hechos y contra Enrique Ossorio, bajo el conocimiento de la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Madrid”.

Cristina Cifuentes quiere que la Asamblea apruebe el voto telemático cuanto antes. Es una propuesta que se discute desde hace tiempo y estaba previsto que se abordase con la reforma del reglamento. Pero a la presidenta de la Comunidad de Madrid le han entrado las prisas por la baja de una de sus diputadas, lo que le impide sacar adelante las leyes con el único apoyo de Ciudadanos. Quiere que se discuta en la primera Junta de Portavoces del año.

El debate sobre el voto telemático que ahora se aborda en Madrid ya se ha discutido en multitud de parlamentos autonómicos, y muchos lo regularon hace años. Ha sido un caso individual el que ha abierto el debate en la Comunidad de Madrid. Elena González-Moñux lleva dos meses sin acudir a votar a la Asamblea. Está de baja por depresión, después de haber acusado al portavoz del grupo popular, Enrique Ossorio, de acoso laboral. Lo que en principio era una denuncia verbal se transformó en denuncia judicial a finales de noviembre.

Sin su voto, el PP no es capaz de aprobar iniciativas con el apoyo de Ciudadanos, porque empata con PSOE y Podemos. Hasta ahora esta situación ha impedido sacar adelante algunas normas, pero ahora ha obligado a Cifuentes a prorrogar los presupuestos de 2016. González-Moñux ya avisó de que, por el momento, no tenía previsto regresar a su puesto de trabajo.

La posibilidad de implantar el voto telemático lleva discutiéndose desde hace tiempo en la Asamblea de Madrid. A principios de este año, Ciudadanos propuso que se implantase con la reforma del reglamento que tienen pendiente los partidos, una cuestión en la que hay consenso. Pero Cifuentes quiere adelantar esa medida e implantarla ya, antes de la reforma de la normativa interna de la Asamblea.

En el Congreso, vigente desde 2012

El voto telemático está aprobado en el Congreso desde 2012. Un acuerdo de la Mesa autorizó esta posibilidad para casos de “maternidad, paternidad o enfermedad grave”, y depende de cada parlamentario pedir la contraseña que le habilita para votar a distancia.

En el caso de la Cámara Baja, el diputado debe ejercer su voto unas horas antes de que se celebre el Pleno. Lo hace a través de la intranet del Congreso y necesita un certificado de firma digital para ello. Cuando ha votado, desde Presidencia se ponen en contacto con el parlamentario por teléfono, para comprobar que realmente ha sido él quien ha emitido el voto y para asegurar el sentido de este. Antes de cada votación, se anuncia cuántos votos se han emitido mediante este sistema.

En Andalucía el voto telemático está vigente desde 2009 para casos de maternidad, paternidad y enfermedad prolongada. Galicia y Castilla y León solo lo contemplan para casos de maternidad y paternidad. En el caso de Euskadi o Cataluña, no hay voto telemático, pero recogen la posibilidad de delegar el voto al portavoz del grupo o a otro parlamentario.  

Otros parlamentos lo han ido aprobando en los últimos años, como Cantabria, Baleares, Extremadura, La Rioja o Valencia. En Asturias, Canarias y Aragón no se ha implantado, en Murcia hay acuerdo para para hacerlo y en Castilla-La Mancha se debate desde hace meses, pero aún no hay consenso.

Lo que tienen el común el Congreso y los parlamentos autonómicos que han puesto en marcha esta medida es que dejan a merced del parlamentario solicitarla. Es el diputado quien debe pedir autorización para ejercer el voto de manera telemática o delegarlo, justificando sus motivos.

González-Moñux dejó claro hace tiempo que su última preocupación son las votaciones, y más recientemente ha asegurado que no tenía ninguna prisa por reincorporarse para votar los presupuestos. En principio, aunque se apruebe el voto telemático, no parece dispuesta a realizar los trámites para ejercerlo.

Además, este requisito le eximiría de enfrentarse a una multa por romper la disciplina de voto, que el PP aplica a quienes no siguen las direcciones del partido en las votaciones. Así le ocurrió a los parlamentarios autonómicos que no apoyaron la ley contra la LGTBIfobia. A González-Moñux le bastaría con no pedir la autorización.

Los ayuntamientos tienen problemas para instaurarlo

A diferencia de los parlamentos, los ayuntamientos tienen más problemas para instaurar el voto telemático. La Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, que rige el funcionamiento de estas entidades, establece que el voto en los Plenos requiere la presencia física de los ediles.

A pesar de este requisito, algunos ayuntamientos han intentando sortearlo para aprobar el voto a distancia. Es el caso del de Zamora o Huelva, y más recientemente, el de Madrid, que el pasado 23 de diciembre aprobó el voto telemático después de una larga discusión entre los grupos sobre su legalidad.

La primera vez que se llevó esta propuesta al Pleno, Ciudadanos y PP advirtieron de que al ser contrario a la ley, podría derivar en la impugnación de todas las votaciones que saliesen adelante con este sistema. Finalmente se aprobó la posibilidad de votar mediante videoconferencia, que según Ahora Madrid garantiza “la plena participación en el debate y en la votación de los asuntos”.

La diputada del PP en la Asamblea de Madrid Elena González-Moñux acusó al portavoz del grupo, Enrique Ossorio, de acoso y constantes humillaciones. Aunque dijo que no quería denunciarle para no dañar al partido, la parlamentaria ha cambiado de opinión y ha presentado una demanda en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por coacciones, amenazas y acoso laboral.

Así lo revela la propia diputada del PP en una entrevista en El País, en la que afirma que ha pedido al juez que “que un perito sordomudo lea sus labios y transcriba lo que dice” Ossorio durante un pleno de la Asamblea. González-Moñuz afirma que durante ese pleno el portavoz la llamó “tonta” y le prohibió comer hasta que no se aprendiese una de las enmiendas.

“Espero, y confío, que esa grabación no se pierda hasta que el juez la pida y, por supuesto, que nadie la manipule ni elimine ningún pasaje”, afirma la diputada, que recalca que probará todas las acusaciones que ha hecho contra Ossorio.

González-Moñux también cuenta en esa entrevista que la presidenta regional, Cristina Cifuentes, no se ha interesado aún por su estado de salud o por su versión de lo ocurrido. Añade que sigue siendo leal a su partido y que por el momento no se plantea abandonar el grupo parlamentario o renunciar a su acta de diputada.

Además de la denuncia contra Ossorio, también va a presentar una querella por su destitución como portavoz adjunta del PP. Pedirá al juez que el partido aporte el informe en el que se basaron para echarla, y que recogía que no había una relación laboral con la diputada.

“Soy víctima de un maltrato laboral, y la respuesta ha sido destituirme y vapulearme todavía más echándome de la portavocía adjunta aprovechando que estoy de baja médica. No es justo”, afirma en la entrevista sobre su destitución definitiva acordada por el PP.

La parlamentaria autonómica insiste en que su voluntad es volver a su puesto de trabajo, pero lanza una advertencia a su partido: “Si me empujan al abismo porque alguien quiera que haya otras elecciones en Madrid, por un tema de maltrato laboral y con la que ha caído este año, tendrá que explicar a los ciudadanos el motivo de esas nuevas elecciones”.

La ausencia de González-Moñux en los plenos pone en peligro la mayoría sobre la que se asienta el gobierno de Cifuentes. El apoyo de Ciudadanos le da un diputado más que el bloque PSOE-Podemos, así que desde el PP no descartan que la situación actual obligue a buscar más pactos con los socialistas.

La presidenta de la Comunidad ha opinado sobre este asunto durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. “Tenía la obligación de denunciarlo para que la Justicia se pronuncie sobre si ese delito ha ocurrido o no y también para permitir el derecho de la defensa de la parte acusada”, ha afirmado Cifuentes.

Desde el estallido de esta polémica, Cifuentes ha defendido a su portavoz -al igual que el resto de diputados del PP- y ha mostrado su confianza en Ossorio, que reaccionó a las acusaciones con una demanda contra González-Moñux en la que reclama 100.000 euros por “gravísimo e irreparable daño moral, personal y reputacional”.

Elena González-Moñux ya no es portavoz adjunta del PP en la Asamblea de Madrid. El grupo ha comunicado a la diputada, de baja por depresión, que la aparta de su puesto de manera “permanente”. González-Moñux está de baja por depresión desde hace semanas después de haber acusado al portavoz del grupo parlamentario, Enrique Ossorio, de acoso laboral.

Su sustituta será Isabel González, que ha sido la encargada de comunicarle la noticia y de anunciarla a la prensa. Según ha explicado, el grupo ha encargado un informe a los servicios jurídicos para ver cuáles eran sus opciones, y de este extraen que “no hay una relación laboral” del grupo con la diputada. Por eso han decidido destituirla durante su baja.

“Ella misma reconoce que estar en la dirección del grupo es lo que le produce ese malestar”, ha afirmado González, en referencia a las acusaciones que hizo la diputada contra Ossorio, al que le acuso de constantes humillaciones y de no convocarla a algunas reuniones. Ossorio negó las acusaciones y anunció que se querellaría contra ella por sus palabras.

La nueva portavoz adjunta ha reconocido que González-Moñux no se ha tomado bien esta decisión, pero que el grupo no podía mantener “una situación tan anómala como esta”.

La decisión de apartar a la diputada no afecta a las votaciones en la Asamblea de Madrid. La presidenta madrileña, Cristina Cifuentes, sigue necesitando más votos que los de Ciudadanos para sacar adelante las iniciativas, porque la baja de González-Moñux iguala las fuerzas en el parlamento regional. En caso de empate, las iniciativas se pueden volver a presentar dos veces más, pero si no salen adelante decaen.

La diputada no está acudiendo a votar, y el grupo parlamentario no sabe cuando se va a reincorporar. De hecho, no descartan que esta situación se prolongue durante mucho tiempo, o que decida dejar el grupo y mantenerse como diputada no adscrita. Ese hecho obligaría a Cifuentes a tener que pactar todas las iniciativas con PSOE o Podemos, porque el apoyo de Ciudadanos no sería suficiente.

El Gobierno regional de Cristina Cifuentes se sostiene sobre una endeble mayoría. Sus diputados y los de Ciudadanos, con quien firmó un acuerdo de legislatura, suman 65 asientos en la Asamblea de Madrid. Enfrente, PSOE y Podemos ocupan 64 escaños. Esa mínima diferencia entre uno y otro bloque podría alterarse por el conflicto surgido en las filas del PP entre una diputada y el portavoz del grupo.

El PP no descarta que ahora tenga que enfrentarse a un escenario en el que el apoyo de Ciudadanos no le sea suficiente para aprobar leyes en la Asamblea.

El conflicto surge tras la acusación de acoso laboral de la diputada Elena González-Moñux al portavoz del grupo, Enrique Ossorio. Según El País, la diputada está de baja por depresión debido las “elevadas agresiones verbales” y “humillaciones” que había sufrido por parte de Ossorio en algunas reuniones de la dirección.

El portavoz niega los hechos y ha anunciado una demanda contra la diputada por injurias y calumnias. Tiene el respaldo de todo el grupo parlamentario, que en un comunicado han mostrado su “completo apoyo” a Ossorio.

La “crisis” –como define la situación algún diputado popular– puede repercutir en la estabilidad del gobierno regional. Si González-Moñux no acude a las votaciones en la Asamblea, se producirá un empate. Aunque Ciudadanos no vota siempre junto al PP, su apoyo es fundamental para que saque adelante su acción de gobierno, que en estas fechas incluye los presupuestos para 2017.

Si la diputada decide no acudir al próximo Pleno, el PP no podrá sacar adelante sus iniciativas con el único apoyo de Ciudadanos. En caso de empate, los grupos pueden volver a presentar los textos legislativos dos veces más. Si persiste la situación de bloqueo, la iniciativa decae y no puede ser aprobada.

Desde las filas del PP confían en que la situación se resuelva y González-Moñux vuelva a ocupar su escaño y a sumar su voto al del resto de los 47 diputados populares. Pero no descartan por completo que su mayoría en la Asamblea pierda un voto. “Todavía no nos ha dicho nada, pero esperamos que vuelva”, dice Isabel Díaz Ayuso, portavoz adjunta del PP de Madrid, la persona que se sienta entre González-Moñux y Ossorio.

Al igual que sus compañeros de bancada, niega que se haya producido una situación de acoso laboral: “La relación y el trato que hay con todos los diputados es muy buena. No hay un ejemplo de que a unos se les trate de a una manera y a otros de otra”. Díaz cree que la diputada se reincorporará a la disciplina parlamentaria, aunque no descarta que tarde un par de plenos en hacerlo. “Yo creo que va a volver todo a la normalidad, la política es su vida, este es su sitio, este es su grupo”, afirma en conversación con eldiario.es. Si decide no volver al grupo, señala, es “porque tiene otras metas profesionales”.

Aunque confía en su regreso, Díaz no descarta la posibilidad de que ahora el PP tenga que prepararse para un escenario en el que el apoyo de Ciudadanos no sea suficiente. “Si así fuera, no pasa nada”, responde sobre si el PP teme que la pérdida de un diputado cambie el equilibrio de mayorías.

Recuerda que la Asamblea ha sacado adelante varias leyes con un consenso amplio, y afirma que la mayoría “no solo es una cosa de PP y Ciudadanos”. Díaz admite que el partido está preparado para perder votaciones y “no pasa nada” si eso comienza a ser más habitual. Si hay que tirar de “cintura política” para negociar más cosas con el PSOE, “pues habrá que hacerlo”, afirma.

El PP se muestra así dispuesto a enfrentarse un nuevo escenario en la Asamblea. Lo que descartan por ahora es que esta situación pueda desembocar en una moción de censura, porque los populares no creen que González-Moñux se preste a ello, así que el único camino pasa por sumar a Ciudadanos. Díaz es tajante en este punto: “Ni en cien vidas Ciudadanos pactaría con Podemos para eso”.

La sombra de la moción de censura ha planeado ya sobre la Asamblea. Durante las negociaciones entre PSOE, Podemos y Ciudadanos de cara a la investidura de Pedro Sánchez el pasado marzo, eldiario.es publicó que los socialistas estaban estudiando esta opción. Querían un pacto para tumbar a Cifuentes que abriese la puerta a un acuerdo a nivel nacional, pero no fraguó.

Las opciones de PSOE y Podemos para intentarlo de nuevo pasarían por sumar a González-Moñux. No parece que la diputada esté dispuesta a ello. En una entrevista en la cadena SER dijo el pasado jueves que, a pesar de lo ocurrido, estaba “muy orgullosa de ser del Partido Popular”. Por eso, añadió, no había denunciado el acoso laboral en los tribunales.